AGLI

Recortes de Prensa    Viernes 10 Julio 2009

 

El problema de los problemas
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 10 Julio 2009

El sistema no funciona. La corrupción lo impide. Chaves, Bárcenas, «Gürtel», Saiz ... Los partidos se entregan a estos problemas en vez de afrontar la «crisis». Los juzgados suplantan el protagonismo político del Parlamento. La vida pública queda rebajada por el descubrimiento de la picaresca de los representantes del «pueblo», de su amor al delito sistemático. El lenguaje desciende a la chanza, al insulto, al disparate. Para salvar la validez del sistema hay que recurrir al tópico de la democracia como el sistema menos malo. La náusea. Pero quizá la peor de las consecuencias de los periodos de corrupción es el relegamiento de las grandes cuestiones. En nuestro caso, la nacional. Son momentos ideales para la disolución de la Nación.

En el País Vasco se ha querido interpretar el apoyo del PP a López como una gran solución: el final feliz de los gobiernos del PNV. La encuesta del euskobarómetro no va por ahí. Un 70% habría preferido el pacto PNV-PSOE. Perdonados los socialistas de sus andanzas pactistas, volverán a las mesas de negociación con ETA. Sucede que el debilitamiento de ETA ha sido compensado por el entreguismo de los socialistas a la causa vasca.

En Cataluña, los nacionalistas han desterrado de las aulas el castellano y está funcionando con presupuesto un «Ministerio de Exteriores» (ABC). ¡Un triunfo de la democracia! En ERC están convencidos de que se aproximan circunstancias favorables «para saltar la pared», que esa es la imagen de lo que en otros tiempos se llamaba «liberación» o «independencia». Saltarán la pared cuando sea hacedero, cuando el «resto» deje hacer porque estará tan corrupto que eso le parecerá cosa menor. De momento Carod ha visitado Cuba cuya explotación alimentó el capitalismo catalán y cuya separación fue aprovechada por éste para alejarse del Estado «imperial»

Financiación y competencias
Daniel Martín Estrella Digital 10 Julio 2009

La principal y esencial característica de los políticos españoles es su escaso interés en el devenir nacional y los intereses de los ciudadanos. Tal divorcio entre sus aspiraciones personales y partidistas y los problemas reales de la gente real está motivado por varias y muy diversas causas, aunque principalmente por el hambre de poder, por la incapacidad para afrontar los asuntos críticos de nuestro tiempo y por la consiguiente necesidad de lanzar cortinas de humo para ocultar su endeblez mental.

Actualmente nos enfrentamos a un crisis seria, agravada en España por nuestras serias carencias estructurales en el sistema productivo y el entorno laboral. Por si fuera poco, somos un país fracturado en pequeños más poderosos entes autonómicos que rara vez corren en la misma dirección del Estado. Las perspectivas de futuro son claramente desoladoras, porque cuando una cifra macroeconómica viene de buenas como la del paro del junio pasado suele acompañarse de otra dramática, como fue la baja de 180.000 personas en la Seguridad Social.

A pesar de la crisis, en alarde ostentoso y obsceno de su pasotismo y escaso interés en los problemas españoles, José Luis Rodríguez Zapatero y su poderoso equipo de propaganda se empecinan en tomar medidas precarias y buscar otros asuntos con los que distraer nuestra atención. Por ejemplo, esa ley sobre la energía nuclear que se coloca ahora entre las prioridades del Gobierno. La ley saldrá adelante. La pregunta es si, como ha sucedido con la de la mal llamada violencia de género o la de dependencia, el Ejecutivo estará dispuesto a aplicarla una vez sancionada.

Aunque lo que más me asombra es que el Gobierno del PSOE -es preocupante la creciente identificación entre los conceptos de ejecutivo-partido-líder- se empeña en avanzar en la nueva financiación autonómica. Cuando peor andan las cuentas del Estado, más prisas hay por llegar a un acuerdo con las Comunidades Autónomas para saber cuánto se las va a pagar.

El momento es malo en cuanto sumergidos en una crisis económica. Lo que no entiendo es cómo se ponen a hablar de dinero para financiar las administraciones autonómicas cuando aún no se ha desarrollado del todo el reparto de competencias. La Constitución del 78 dejó abierta la posibilidad de transferirlas sin establecer un numerus clausus. Y así, poco a poco, lo periférico va vaciando lo central. No estoy de acuerdo con el sistema, pero es lo que hay. Los nuevos Estatutos que se han aprobado en los últimos años prevén que las Autonomías irán adquiriendo nuevas competencias, pero tampoco establecen un límite. Entonces, la financiación que valga en 2009, ¿valdrá dentro de cinco años?

Sin embargo, Zapatero no para de reunirse con distintos presidentes autonómicos para ver qué quiere cada uno. Y la única conclusión que se puede sacar de estas negociaciones -donde el Estado parece someterse a la administración inferior- es que todas recibirán más que la media, disparatado sortilegio estadístico propio de una película de los hermanos Marx, profetas nunca suficientemente venerados.

Así están las cosas y así seguirán. Una vez asumido como inevitable este sistema autonómico de mierda -que me parece disgregador y debilitador-, me pregunto si, de todas maneras, estos asuntos que afectan al dinero de los impuestos de todos los españoles, independientemente de la comunidad que les aflija, no deberían ser tratados en el Congreso de los Diputados como cualquier otra ley que afecte al interés general. Claro que uno cree en el sistema democrático parlamentario y en la publicidad de los grandes asuntos de Estado. Algo, evidentemente, anacrónico y antisistema.

Ahora en serio, es para echarse a temblar que estén hablando de cómo repartirse los cuartos cuando ni siquiera se sabe qué podrán o no hacer las Autonomías dentro de unos años. Y aún más que la partida se juegue en 17 mesas clandestinas en lugar de en la central, la única legítima y a la que mejor se podría iluminar. Mientras España se desintegra en un marasmo de confusiones estructurales y administrativas, en una anarquía fáctica donde el Estado de Derecho es una utopía y en un clima social de desencanto e indolencia, los políticos juegan al Monopoly de la financiación autonómica. Perfecto. Pero que luego, cuando se vean los resultados y la nave española se hunda, nadie se queje.

dmago2003@yahoo.es

La cuadratura del círculo
Editorial ABC 10 Julio 2009

EL sudoku sigue siendo imposible. Después de muchas reuniones, giras ministeriales y fotos aquí o allá, las cuentas no encajan a efectos de la financiación autonómica y todo apunta a que tampoco esta vez se cumplirá el último plazo -15 de julio- fijado por Rodríguez Zapatero. A pesar del voluntarismo del presidente del Gobierno, los círculos no son cuadrados ni los números pueden manipularse al servicio de la imagen partidista. El mensaje de que «todos salen ganando» resulta pura y simplemente una falsedad. Si unas comunidades autónomas quedan por encima de la media, es inevitable que otras queden por debajo. A mayor abundamiento, las formaciones políticas que el Ejecutivo necesita como socios para completar una precaria mayoría parlamentaria exigen expresamente que Cataluña aparezca en la «lista» de los ganadores para demostrar ante su clientela que tienen capacidad de presión.

En rigor, el Ejecutivo ha buscado fórmulas en las que aparentemente todos salen beneficiados porque las cifras absolutas son superiores a las que perciben hoy día, todo ello naturalmente a costa de que el Estado reduzca de forma notable su participación en el conjunto del gasto público. Sin embargo, muchas comunidades no están dispuestas a que disminuya su porcentaje en la distribución total porque ello implica una ruptura del principio constitucional de solidaridad y, a medio plazo, perjudica directamente al sistema de bienestar. En la práctica, el Gobierno plantea un mecanismo que beneficia especialmente a Cataluña, feudo electoral del PSOE, con el señuelo aparente de una mejor financiación para todos que no consigue engañar ni siquiera a otras regiones gobernadas por los socialistas.

Mientras el estatuto catalán se eterniza ante el TC, el efecto dominó provocado por una norma que altera el modelo de organización territorial sin modificar la letra de la Constitución da lugar a un despliegue insolidario de los intereses particularistas en perjuicio del interés común a todos los españoles. El Gobierno incumple de forma patente su obligación de garantizar los derechos de todos los ciudadanos por mucho que pretenda guardar las formas con un fondo de suficiencia y otros mecanismos artificiales. Lo único cierto es que los compromisos de Rodríguez Zapatero con sus socios radicales rompen la coherencia del sistema y dejan al descubierto planteamientos egoístas que resultan incompatibles con un Estado moderno basado en la ciudadanía y no en el privilegio.

Es lamentable el espectáculo de la «rapiña» generalizada ante la pasividad y la debilidad del Gobierno de España. Por desgracia, el interés coyuntural del PSOE se sitúa por encima de la política de Estado, ya que las instrucciones del presidente a sus subordinados se limitan a un imposible deseo de quedar bien con unos y con otros y a conseguir que las cuentas cuadren «como sea». Dado que no se puede contentar a todos al mismo tiempo, el plazo está a punto de vencer y la negociación sigue planteando un escenario complejo, muy lejos de un acuerdo que tendría que pasar por el reconocimiento de que hay ganadores y perdedores. A día de hoy, es posible que algunas comunidades opten por quedar al margen, lo cual supondría un problema adicional para desarrollar una programación racional del gasto público.

Dos peor que uno
M. MARTÍN FERRAND ABC 10 Julio 2009

LA responsabilidad de un gobernante le obliga, en ocasiones, a sumir circunstancias que le desagradan y tomar decisiones que no son de su gusto. El problema se suscita cuando, por la fuerza de la costumbre, el gobernante atribulado por el peso de la púrpura pasa a gozar su servidumbre y encuentra placer donde antes le angustiaban los escrúpulos. Malo es que eso ocurra entre quienes ocupan turno de poder; pero alcanza la dimensión del esperpento, y se pierde la esperanza de la alternativa, cuando quienes exhiben las mayores tragaderas son los líderes de la oposición.

A nadie se le escapa que la escalada autonómica, que no tiene frenos previstos en la Constitución, es uno de nuestros mayores problemas nacionales. A largo plazo, mucho mas que el paro y las crisis económicas y estructurales que nos empobrecen y debilitan. Aun así se puede entender que el Gobierno de Zapatero, acomplejado por su debilidad parlamentaria y con el objetivo prioritario de sostenerse en La Moncloa, aborde iniciativas legislativas discutibles y hasta perniciosas para la Nación. Está instalado de espaldas a la Historia y carece de un proyecto unitario de Estado.

Lo inexplicable, lo que queda lejos de todos los parámetros de la lógica política, es que el primer partido de la oposición, su monopolista, se sume a tan disparatada iniciativa gubernamental y alegue para ellos razones de responsabilidad. El Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca, el FROB, que como su nombre no indica se diseña en beneficio de las Cajas, es una iniciativa del Gobierno que cuenta con el respaldo del PP. Ante una crisis soterrada que, antes de un año, se llevará por delante dos docenas de cajas y cooperativas de ahorro, algo hay que hacer. Pero, ¿sin la intervención vigilante del Tribunal de Cuentas y sin la autoridad incontestable del Banco de España?

Una vez más, el «respeto» autonómico tiene más fuerza que la ley de la gravedad. Un presidente quiere, como el de Andalucía, una gran Caja -tal que La Caixa o Caja Madrid- y se le ríe la gracia en vez de estimularle en la creación de un marco que la haga posible. Ahora, el presidente autonómico que, de hecho, nombre al máximo responsable de «su» Caja, cuando fracase, podrá decidir sobre el remedio que deba aplicarse y, además, mantenerle en el machito. Es la confirmación legal de la situación fáctica de la de Castilla-La Mancha.

el mercado autonómico
Ernesto SÁENZ DE BURUAGA La Razón 10 Julio 2009

España se gobierna desde Cataluña. La aritmética política se impone al sentido del estado y empequeñece a nuestros gobernantes. Vivimos el mercadeo de la financiación autonómica. Y habíamos supuesto que el presidente tendría un plan, un modelo, una propuesta que llevar a cabo, basada en la igualdad y la solidaridad, independientemente de donde vivamos.

Pero una vez más nos hemos equivocado. No lo tenía. Improvisa sobre la marcha en función de sus necesidades electorales y dice a cada uno de los presidentes lo que quiere escuchar. Cuando llega la hora de la verdad las cifras no cuadran. Y Cataluña, sus compañeros del PSC, mas nacionalistas que CiU, se miran al ombligo, sacan pecho y le chantajean. Con Cataluña no se juega. A los demás palo y zanahoria. Pero le han salido gallitos incluidos los suyos porque tienen que atender a su clientela. A los que se preguntan dónde queda ese progresismo basado en la solidaridad que tan bien queda en los manuales de estilo. Dijo el presidente que con la financiación todos estarían contentos. Otra vez se equivocaba en las previsiones y éstas no dependían de factores internacionales, ni del precio del petróleo.

Estamos instalados en el disparate y más de uno se cuestiona el funcionamiento del estado autonómico con un modelo de justicia, de educación o de sanidad a la carta según donde tengas la suerte o la desgracia de vivir en España. Mientras unos abren hospitales otros abren embajadas en el extranjero. Así nos va.

¿Para qué sirven las autonomías?
JOSÉ MANUEL PONTE La Opinión 10 Julio 2009

Discuto cortésmente con un querido pariente y destacado economista sobre la estructura del Estado en España y sobre la financiación de las comunidades autónomas, que cambia cada poco según ocupe el gobierno uno u otro de los dos grandes partidos; es decir, PP y PSOE. Cuando alguno de esos dos partidos goza de mayoría absoluta el asunto se arregla teniendo en cuenta el equilibrio de poder dentro de la propia organización, una vez oídas las baronías regionales más influyentes. Y si gobierna en minoría, hay que pactar con los partidos nacionalistas, que aquí funcionan impropiamente como partidos bisagra, por causa de una sobrerepresentación parlamentaria propiciada por una legislación electoral injusta y poco equitativa. (En alguna ocasión, Izquierda Unida, con más votos populares, ha obtenido menos diputados que Convergencia i Unió, o Esquerra Republicana, con muchos menos).

El querido pariente y destacado economista es totalmente partidario del llamado Estado de las Autonomías, porque estima que el centralismo en España siempre ha sido dictatorial y madrileño mientras que el Estado autonómico ha sido siempre democrático, gracias, sobre todo, al influjo de los centros de poder periféricos, burgueses, dinámicos y sensatos. Intento hacerle ver que un sistema que cambia de criterios de financiación continuamente, y fomenta el caciquismo burocrático, no es muy fiable, pero no me hace caso. Además, le hago ver que el autonomismo madrileño ha propiciado la creación de una macrociudad que engulle a pequeñas capitales de provincia próximas, a medida que avanza la red ferroviaria del AVE. Esfuerzo baldío.

El parentesco y los conocimientos en economía le dan una sensación de aplastante superioridad. Ya un poco a la desesperada, recurro a citar puntos de vista ajenos sobre el mismo tema. Por ejemplo, la opinión de don Carlos Losada, recogida hará cosa de un mes en La Vanguardia. Según el director general de Esade, hasta dos personajes aparentemente tan opuestos como don José María Aznar y don Felipe González están de acuerdo en afirmar que "el actual modelo autonómico estorba la adopción de medidas eficaces contra la crisis económica porque desarticula la unidad del mercado nacional". Al respecto, el ex presidente del Gobierno socialista, aún es más contundente.

Cito textualmente: "Se está revelando tozudamente que no es verdad que los poderes públicos más cercanos al ciudadano sean quienes ejercen mejor las competencias". El querido pariente y destacado economista ni se inmuta. "¿Si creían en eso -replica- porque no arreglaron el problema cuando gobernaban?". Y yo que sé. Todos los políticos se vuelven sensatos cuando dejan el poder.

Casquero
Este indigno no echa siesta
Salvador Ulayar Libertad Digital 10 Julio 2009

En la última asamblea de la AVT el presidente García Casquero llamó indignos a los socios que alzamos la voz públicamente contra su gestión. En mi caso ya di opiniones e hice reproches interna y discretamente e intenté construir algún entendimiento, todo ello sin éxito. Y aún así se me dice que debía callar, seguir siendo cómplice de la situación y fiarlo todo a lo que pudiéramos hablar en una asamblea general imposible.

Según García Casquero esa fue la estrategia de la Junta, callar –y sufrir en silencio– hasta la asamblea, que ese es el foro para plantear y aclarar las cosas; como si alguien se pudiera creer que en una asamblea general fuera factible tal cosa. Y por supuesto, una vez allí la Junta no entró en debate ni explicaciones. Y uno pensaba: "estos tipos, además de insultarnos, nos toman por idiotas".

En el último número de la revista de la AVT, el presidente adereza su insustancial escrito llamándonos vanidosos a quienes no tragamos con el dogma de la Santísima Unidazzz de las Víctimas, al que todo hay que supeditar. Vanidosos. Eso me lleva a una nota que la AVT colgó en su web el 15 de mayo. Se refería a las víctimas que mostramos nuestro desacuerdo por la demanda judicial planteada por la Junta contra la revista Época y su director Carlos Dávila. Decía que estábamos situados en los "extremos del espectro político". Vamos, una forma cursilísima de llamarnos fachas. Reconozco que los batasunos de mi pueblo me lo llamaban de forma más cruda y sincera. ¡Qué ingenio el del departamento de prensa!

Bueno, a riesgo de ser objeto de los cariños de esta Junta, he de decir alguna cosa. Me causa verdadera sorpresa el hecho de que la AVT no se sume a una iniciativa tendente al esclarecimiento del 11M. Hablo de la querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M contra el señor Sánchez Manzano, una perita y quienes pudieran verse implicados en los delitos que se detallan: omisión de perseguir delitos, encubrimiento por ocultación de pruebas y falso testimonio. La AVT ha tenido la oportunidad de suscribirla y no ha querido. No nos dicen los porqués. He leído alguna declaración con letra y música digna de una excusa de mal pagador a la espera de que el verano se lo lleve todo por delante.

Y es que, como si alguien pudiera creerse que el equipo jurídico de la AVT dedicado al 11M no conociera la cosa de sobras, van y nos cuentan que los abogados de la asociación tenían que estudiar la querella; que después ya verían si se sumaban o si la apoyan con un comunicado o cosa así. ¡Con un comunicado! De no ser asunto tan grave, uno consolaría su desconcierto dejando caer entre media sonrisa un "¡qué cachondos!". Pero a uno le resulta difícil negociar la realidad. Y se acuerda de que en la última asamblea de la AVT, como en tantas otras ocasiones, García Casquero aseguró que seguiría reclamando conocer toda la verdad sobre el 11M. Y ahí uno queda suspenso. Pero también recuerda que, al poco de tomar posesión, esta Junta decidió algo –a mi juicio un error– sobre el lema de la AVT. A nuestro MEMORIA, DIGNIDAD y JUSTICIA le añadió la palabra VERDAD por delante, en clara referencia al 11M. Y aquí se le caen a uno los palos del sombrajo.

Resulta imbatible la elocuencia del relato de los hechos, o "no hechos", según se vea. Conque pa´ qué seguir. Y por cierto... Ternera sigue pastando plácidamente por Europa pese a ser un jefe de los matarifes de ETA. ¿Qué pasa? Ya se sabe que los partidos políticos no pierden el tiempo en nonadas, que están para cuestiones más importantes. Pero ¿y en la AVT? ¿Tras dos meses siguen sin respirar a cuenta de esta menudencia? ¿Y esa correcta y unitaria constelación de asociaciones, fundaciones y demás circunstantes? Supongo que, a estas alturas del estío, no juzgarán conveniente importunarnos la siesta con alguna opinión al respecto. En definitiva, una encomiable consideración para con todos nosotros. Velan por nuestro sueño. Pero nunca he sido hombre de siesta, acaso diez minuticos. A riesgo de ser nuevamente motejado de facha, indigno o vanidoso, declaro mi fatalidad: no hay modo de que me entre ese sueño olvidadizo y ando ojiplático por las tardes.
Salvador Ulayar es hijo de Jesús Ulayar.

DOCUMENTO CLAVE DE LA GUARDIA CIVIL PARA INVESTIGAR EL 11-M
¿Por qué omitió Manzano al juez que ETA había montado bombas con móviles?
IMPRESIONES El Mundo 10 Julio 2009

TRAS ACREDITAR el miércoles ante la juez que el 11-M Sánchez Manzano eludió la norma que ordena ceder a la Policía Científica el estudio de las muestras de explosivos, y tras demostrar también que faltó a la verdad en lo que se refiere al móvil hallado en la mochila de Vallecas, hoy publicamos otro documento clave. Si lo divulgamos por separado es precisamente por su especial valor. Se trata del oficio de la Dirección General de la Guardia Civil que corrobora que dos años antes de los atentados se le incautó a ETA documentación con el diseño de un móvil «manipulado como sistema de iniciación de explosivos», una información que el ex jefe de los Tedax omitió al juez instructor.

Ese documento confirma la información publicada en junio de 2006 con gran impacto por Casimiro García-Abadillo. De entonces a hoy se ha publicado además el informe Titadyne, que revela que ése explosivo estalló en los trenes. ¿Confirman esos datos que ETA intervino en el 11-M? No, pero sí dejan claras dos cosas: que había indicios sólidos para haber iniciado esa línea de investigación, ya que se utilizó el explosivo habitual de ETA y con una técnica que la banda tenía, y que sigue habiendo motivos para investigar a la banda como posible suministrador de la tecnología, por cuanto ni los suicidas de Leganés ni los encausados conocían técnicas tan sofisticadas. Hoy podemos constatar que en su día se obstruyeron vías lógicas de investigación y que se escamoteó a la Justicia información clave.

El caos presupuestario
Pedro Montes* El Confidencial 10 Julio 2009

La confusión que existe sobre la situación presupuestaria y la orientación de la política fiscal no desmerece, forma parte y completa el gran desbarajuste que existe sobre la crisis y la política económica del Gobierno. Pocas veces la desinformación y el desconcierto han conformado un magma tan indescifrable. A estas alturas, se pronostica que el déficit público en 2009 registrará un aumento enorme y alcanzará un nivel inédito, que se evalúa en el 10% del PIB, frente al 3,8% del año pasado. De no corregirse, se está cebando una bomba de relojería en el marco de una crisis internacional que ha acrecentado las dificultades de financiación, aunque fuera de esto poco más se sabe. Las grandes partidas de los ingresos, IVA, IRPF e impuesto de sociedades están cayendo intensamente como consecuencia del hundimiento de la actividad y el consumo.

Por otro lado, los gastos públicos están aumentando de manera importante, entre otras razones por cierta política fiscal expansiva, pero no es posible evaluar el monto de los gastos comprometidos, ni el grado de ejecución de dichos compromisos, ni el alcance de su impacto en la economía. A ello cabe añadir el embrollo de las medidas para hacer frente a la crisis financiera, algunas de las cuales no implican gastos por el momento, como los avales, y otras los generan, como las ayudas a la Banca y Cajas y el salvamento de CCM, o el nuevo Fondo de rescate, pero sin estar claro a cargo de quien corren, quien los recibe y en concepto de qué. Domina una opacidad densa, en parte propiciada por el Gobierno, cuya política para afrontar la crisis no es tal, sino una cadena de ocurrencias inconexas, improvisadas y contradictorias, que lo mismo se dirigen a subvencionar la venta de automóviles que a reducir el consumo elevando los impuestos del tabaco y la gasolina. Así es imposible evaluar la situación y entender lo que por parte del gobierno se pretende conseguir, lo cual, como es evidente, no es inocuo para la propia crisis.

En resumen, creo que actualmente nadie está en condiciones de interpretar en qué consiste la política fiscal del Gobierno. Es incuestionable que el sector público está desempeñando un papel expansivo por la magnitud del déficit, pero no se sabe en qué medida se debe al impacto de la crisis en los ingresos y gastos públicos, lo que se suelen llamar los elementos anticíclicos automáticos del presupuesto, y en qué medida es reflejo de decisiones políticas dirigidas a combatir la crisis. Mas aún: es difícil interpretar el sentido del combate, si toca avanzar o retroceder, pues, por ejemplo, del mensaje evangélico de “id y consumir” se ha pasado sin solución de continuidad a postular la austeridad.

Si nos adentramos en los años siguientes, la confusión se transforma en una caja negra que no emite señal alguna sobre lo que ocurrirá y lo que pretende hacer el Gobierno. Ya veremos en otoño si con motivo del nuevo presupuesto se hace la luz. En descarga de aquél, una vez puesta de manifiesto su mayúscula incompetencia hace apenas un año a la desaceleración era exagerado llamarla crisis y la nueva ocurrencia de la designación, no para dirigir sino para ser dirigida, de la señora Salgado como ministra de Economía y Hacienda, se puede afirmar que la situación es tan compleja, si se quiere tan inmanejable, que el Gobierno sólo está en condiciones de tomar desesperadas y espasmódicas medidas, como haría alguien que no sabe nadar chapoteando en un mar agitado. Después de todo, se trata nada menos que de lograr la cuadratura del círculo: corregir el déficit público en medio de una profunda crisis.

Así, parece que debe impedirse por todos los medios que el déficit siga creciendo y esto requiere aumentar los impuestos -no entramos a considerar cuáles-, pero la elevación de los impuestos es una medida que puede dañar la recuperación de la economía, lo cual tendría efectos sobre los propios ingresos públicos. También sería aconsejable estimular la demanda para impulsar la actividad, pero ¿cómo hacerlo desde el sector público sin agravar la situación de un déficit ya insostenible? Dicho esto, la política defendida por el PP, su panacea, de reducir los impuestos tiene el grave inconveniente de incrementar el déficit público (a menos que vaya acompañada recortes que este partido no aclara) y es ilusorio pensar que contribuya a paliar la crisis, pues ésta nada tiene que ver con una crisis de oferta o de rentabilidad sino con una crisis financiera que ha desarbolado y está destruyendo el tejido productivo.

Las cuestas del sector público
El lío es gordo, muy gordo, al punto que cuando se recuerda al presidente Zapatero alardear de la saneada situación del sector público por el buen hacer del gobierno al manejar las recursos públicos y las ventajas comparativas que teníamos para afrontar la crisis, u otros desvaríos de parecido carácter, es normal que todas sus declaraciones carezcan de credibilidad y el desconcierto se adueñe de los ámbitos económicos. Parece evidente que como mejor está Zapatero es callado.

Todo son incógnitas sobre lo que sucederá a las cuentas del sector público en el próximo futuro. El Presidente ha declarado que su política estará dirigida a conseguir en el año 2012 el equilibrio presupuestario –¿o se trata de la estabilidad presupuestaria con el margen del 3% de déficit?-, pero esto no pasa de ser otra ocurrencia. Primero, porque para conseguirlo, este objetivo debiera estar encuadrado en un proyecto de actuación más general del Gobierno para lograr una determinada evolución de la economía, que no existe. Y segundo, porque se trata de un objetivo inalcanzable bajo cualquier supuesto razonable de política fiscal. No existe posibilidad alguna de que se produzca una recuperación de los ingresos públicos, con o sin reformas fiscales, para anular un déficit de la magnitud del que se alcanzará este año y el siguiente.

Las cifras se pelean entre sí sin pudor alguno, en la vorágine de declaraciones y pronósticos que se llevan a cabo sin base alguna. Frente al objetivo de Zapatero de equilibrio presupuestario, en el cuadro macroeconómico recién elaborado por el Gobierno se recoge que el déficit público será en 2012 del 3% del PIB. Frente a la caída que recoge ese cuadro del déficit en el año 2010, del 7,9% del PIB, la OCDE lo eleva y lo sitúa en el 9.6%. El acuerdo mayoritario del Congreso, pendiente de ratificación tras el rechazo del Senado, limitando el crecimiento de los gastos no financieros en 2010 no tiene categoría de noticia: a estas alturas, sin saber que ocurrirá a lo largo de lo que queda de este año y el próximo, algo así no pasa de ser una mera anécdota.

Y hasta ahora hemos hablado de cuestiones económicas, pero si introducimos también las condiciones políticas el resultado es un cambalache que no tiene interpretación alguna, en el sentido comentado de no saberse en que consiste la política fiscal del gobierno. Estando en minoría parlamentaria, necesitado desesperadamente de apoyos, sufriendo presiones y demandas de gasto de todo tipo, actúa haciendo cabriolas y firmando acuerdos evanescentes, que añaden confusión, desconfianza e incertidumbre, reforzándose la opinión de que el país anda sin dirección política en medio de una crisis económica devastadora.

El lector preguntará entonces qué es lo que debería hacerse. No hay solución fácil a este embrollo, pero si hubiera que aconsejar a un gobierno del PSOE o del PP, que a los efectos de estos asuntos económicos es prácticamente lo mismo, y conociendo los intereses supremos que deben garantizarse, los emplazaría a lo siguiente: hay que procurar que las secuelas de la crisis no generen un grado tan agudo de desesperación que haga prender las llamas del conflicto social y político. Para ello es necesario incrementar los gastos sociales de protección y redistribución e impulsar reformas progresivas de los impuestos. Los sacrificios exigidos a los poderosos y acomodados son pequeña cosa, por molesta que sea, comparada con los riesgos de que todo se vaya al traste. Hay mucho camino por recorrer, pues los gastos sociales en relación con el PIB están siete puntos por debajo de la media de la UE, y muchas situaciones dramáticas que aliviar, pues más de cuatro millones de parados sin esperanza son muchos parados.

*Pedro Montes es economista

EL FORO ERMUA CONDENA EL ATENTADO
FORO ERMUA 10 Julio 2009

EL FORO ERMUA CONDENA EL ATENTADO CONTRA LA CASA DEL PUEBLO DE GUECHO Y ESPERA QUE SUS RESPONSABLES ESTÉN PRONTO EN LA CÁRCEL

* El atentado contra la casa del Pueblo de Durango es una acción despreciable como todas las acciones cometidas por terroristas. Desde el Foro Ermua condenamos el atentado y mostramos nuestra solidaridad con el PSE-EE-PSOE.

Los autores no sólo han destrozado la casa del Pueblo, sino que han destrozado también sus propias vidas: su futuro se limita desde ahora a pasar decenas de años en prisión.

* Con este atentado ETA pretende forzar al PSOE a sentarse una vez más en la mesa de negociación. El Gobierno de España, el Gobierno vasco y todas las fuerzas políticas deben dejar claro que nunca jamás volverán a aceptar ningún tipo de diálogo con los terrorista y que todas las acciones de la banda destinadas a este fin son absolutamente inútiles.

Resultaría muy conveniente que tanto el Gobierno y el Parlamento vasco, como el Gobierno y el Parlamento de España hicieran una declaración oficial, solemne y expresa rechazando de manera definitiva cualquier tipo de diálogo o negociación con ETA. Ése sería el mensaje más positivo para la lucha antiterrorista.

* El Gobierno de España debería comenzar de una vez los procedimientos para la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV, brazo político de los terroristas. El dinero público que reciben estos ayuntamientos sirve para financiar la estructura terrorista y los atentados como el sufrido por la casa del Pueblo.

Asimismo, si Iniciativa Internacionalista se niega a condenar el atentado, existirá una evidencia más de su instrumentalización por Batasuna y deberá intentarse de nuevo su ilegalización.

* Estamos en el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ni la sociedad, ni las Instituciones, ni los políticos deben olvidar el clamor popular y el compromiso adquirido en esas fechas para hacer frente a ETA con todos los instrumentos del Estado de Derecho hasta derrotarla sin negociación alguna. En esos días quedó muy claro lo que querían los españoles: una política antiterrorista desde la unidad y la firmeza sin concesión de tipo alguno a la banda.


MANZANO OCULTÓ EL INFORME A DEL OLMO
ETA era capaz de montar bombas activadas con móviles como las del 11-M
Además de las pruebas aportadas en la demanda de Sánchez Manzano, El Mundo presentó un oficio de la Guardia Civil en el que se señalaba que en 2002 se intervino a un etarra el diseño de un móvil para activar bombas como las del 11-M. Esto fue omitido por Manzano cuando Del Olmo le pidió un informe.
Libertad Digital 10 Julio 2009

Según informa este viernes Joaquín Manso en El Mundo, Juan Jesús Sánchez Manzano no informó en mayo de 2006 al juez Juan del Olmo sobre el diseño encontrado al etarra Balbino Sáenz Olarra cuando éste le pidió un informe sobre los atentados en los que ETA usó un móvil para activar la carga explosiva y así compararlos con el artefacto de la mochila de Vallecas.

De hecho, en el informe comparativo de Manzano, éste señaló sólo tres atentados de ETA: uno en Inchaurrondo, otro Zarauz y el último en el puerto de Pasajes. Pero precisó que los móviles fueron montados de una manera distinta al 11-M ya que los etarras activaron las bombas mediante una llamada y no a través de su "alarma recordatorio diario".

Recuerda El Mundo que en mayo de 2002 fue desarticulado el grupo Txirrita de ETA en Madrid y que fue intervenida una nota manuscrita del etarra Balbino Sáenz Olarra con instrucciones para montar un móvil como iniciador de un artefacto explosivo. Después se las investigaciones se determinó que el sistema era idéntico al utilizado en las bombas del 11-M. Así lo señaló además la Guardia Civil en el informe remitido a la Audiencia Nacional tras el arresto de los terroristas.

ETA ataca de nuevo a los socialistas
YOLANDA RUIZ / MARTA ARANBARRI DURANGO El Correo 10 Julio 2009A

ETA perpetró ayer una nueva acción terrorista dentro de su campaña de acoso contra los socialistas vascos. Al filo de la medianoche y sin aviso previo, la banda explosionó una potente bomba, compuesta por unos tres kilos de explosivos, junto a la sede del PSE en la localidad vizcaína de Durango. La deflagración, que no causó heridos y se oyó en amplias zonas del municipio, se produjo poco antes de las doce de la noche en la casa del pueblo, ubicada junto al número 3 de la calle Astxiki, en la zona central del municipio.

La onda expansiva provocó importantes daños materiales en el local, así como en dos portales anejos que albergan 36 viviendas. Según explicaron fuentes del Departamento de Interior, la deflagración afectó también a una conducción de gas, cuya fuga consiguieron controlar unidades de bomberos y de la empresa Naturgas. Mientras duraron los trabajos los vecinos de los inmuebles afectados, cerca de 40 familias, no pudieron regresar a sus viviendas.

Con la colocación de esta bomba, ETA ha querido 'recordar' de nuevo las amenazas que ya vertió el pasado mes de abril contra los socialistas vascos pocas semanas antes de que asumieran el Gobierno de Euskadi. En su comunicado, la banda terrorista declaraba "objetivo prioritario" al Ejecutivo de Patxi López, tachaba de "caudillo" al nuevo lehendakari y no le reconocía "legitimidad democrática".

Desalojo de vecinos
Anoche, sobre las 23.00 horas, un vecino de la zona observó cómo un encapuchado colocaba un paquete sospechoso -al parecer, una bolsa negra de plástico- junto a la puerta trasera de la sede socialista y huía con rapidez de la zona. Inmediatamente, este testigo se dirigió a un restaurante situado junto a la casa del pueblo y utilizó el teléfono para avisar a la Policía Municipal.

Los agentes locales alertaron a su vez a la Ertzaintza, cuyas patrullas acudieron al lugar sobre las 23.20 horas y procedieron al desalojo de los inmuebles más próximos a la casa del pueblo y acordonaron la zona. La explosión de la bomba se produjo unos minutos antes de la medianoche, cuando los artificieros manipulaban un robot en su intento de desactivar el explosivo. La sede del PSE en Durango, inaugurada en octubre de 2005, ya había sufrido antes ataques de menor entidad, como pintadas o lanzamiento de huevos contra su fachada.

Poco después de producirse el atentado, acudieron al lugar de los hechos, entre otros cargos políticos, el consejero del Interior, el socialista Rodolfo Ares, y la alcaldesa de Durango, la peneuvista Aitziber Irigoras, quien expresó su más "enérgica condena contra esta nueva acción terrorista", que calificó de "asqueroso acto". "Al menos -matizó Irigoras-, no tenemos que lamentar daños personales".

La banda terrorista ha atentado contra varios objetivos socialistas. El pasado 23 de febrero, una bomba compuesta por ocho kilos de explosivo destrozó la casa del pueblo de la localidad guipuzcoana de Lazkao. La explosión produjo una bola de fuego que arrasó por completo el local y la fachada de un edificio ubicado enfrente. Hace más de un año, el 17 de abril de 2008, otra bomba reventó la casa del pueblo en el barrio bilbaíno de La Peña y tan sólo tres días después, otro artefacto explosivo destrozó la sede de Elgoibar.

El sindicato de profesores ASPEC-STS eleva una queja al Defensor del Pueblo por la Ley de Educación de Cataluña
Piden que se presente un recurso de inconstitucionalidad
 www.lavozlibre.com 10 Julio 2009

Madrid.- Los sindicatos de profesores declaran la guerra a la LEC. Ayer miércoles, representantes del sindicato ASPEC-STS instaron al Defensor del Pueblo a recurrir al Tribunal Constitucional para presentar un recurso contra la Ley de Educación de Cataluña.

Los miembros de ASPEPC-STS, uno de los tres sindicatos más representativos del profesorado de Secundaria y Bachillerato, se desplazaron a Madrid para protestar ante el Defensor del Pueblo porque desaprueban completamente la regulación de la LEC en la función pública docente y la creación de cuerpos propios de profesores (art. 112), que no se corresponden con los cuerpos definidos por el Estado.

En su queja, que presentarán en cuanto la LEC se publique en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, el sindicato explica las contradicciones con el artículo 149.18 de la Constitución, que atribuye al Estado la regulación del funcionariado público, y con la Ley Orgánica de Educación (LOE) en varias de sus disposiciones adicionales.

Según los representantes, la ley catalana reduce a cinco los 12 cuerpos docentes en los que la LOE divide al profesorado de la escuela pública. Además, cambia su denominación y los clasifica sólo por el título académico de los docentes. Como ejemplo, engloba en un mismo cuerpo docente a catedráticos de Secundaria, de escuelas de idiomas, de música y de artes plásticas, que son cuatro cuerpos separados en la LOE.

El secretario general del sindicato, Xavier Massó, se pregunta en la queja "¿Cómo podía garantizarse, en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, un concurso de traslados de ámbito nacional entre funcionarios del único cuerpo de catedráticos de Cataluña y los cuatro estatales?". "Se pierde la relación uno a uno que desemboca en una vulneración flagrante del principio de intercomunicabilidad", respondió el propio Massó.

Por otra parte, también denunciaron que la ley le atribuya a la Generalitat y a los directores de los centros la potestad para determinar las especialidades de cada cuerpo docente.

Para Ignasi Fernández Daroca, abogado del sindicato, éste es otro de los motivos por los que, "la LEC no respeta la normativa básica estatal", según aseguró tras su reunión con el adjunto a Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, con quien volverá a encontrarse a finales de este mes. "Si esta ley se queda como está, el Estado deja de tener competencia en materia de educación", añadió.
 

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La lingüística-ficción
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 10 Julio 2009

Acaba de enviarme Pedro Larrauri un relato titulado "¡En Britonia, en bretón!" que resulta demasiado largo para publicar en mi blog, pero del que aprovecho para hablar de un más que posible nuevo género literario muy acorde con los tiempos que corren: la lingüística-ficción. En primer lugar, Britonia existió y los estudiosos la sitúan en el noroeste de la Península Ibérica, o sea en Galicia, allá por la Temprana Edad Media (siglos V al X). (Prefiero lo de Temprana a lo de Alta, pues estamos hablando de tiempo, no de estatura, y lo de Alta viene de una mala traducción del alemán donde "alt" significa viejo, antiguo y no "alto" ni "alta").

Britonia: http://www.britonia.fsnet.co.uk/index.html
Bibliografía sobre Britonia: http://www.britonia.fsnet.co.uk/bibliography.html

Diego Marani, autor de "Memoria callada" y "El último vostiaco" (publicadas en español por Gadir Editorial), nació en Ferrara (Italia) en 1959. Estudió en la Universidad de Trieste y actualmente vive en Bruselas, donde trabaja como traductor e intérprete del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Su obra de ficción suele tener como protagonista a la lengua y su papel en nuestras vidas. Ha llegado a inventar un idioma, el "europanto", réplica humorística y provocadora del "esperanto".

Marani es un darwinista de los idiomas. Considera inevitable que algunos mueran si no tienen detrás una sociedad y una cultura que los respalden. En "El último vostiaco" reflexiona sobre la desaparición de las lenguas y la utilización de éstas por los nacionalismos, llegando a decir que "hacer de la lengua un elemento ideológico es un crimen".

Marani compara el afán de los Estados y Gobiernos por conservar las lenguas con el "ensañamiento terapéutico" que se practica con algunos enfermos terminales a los que se les prolonga artificialmente una vida que es pura agonía. A su juicio, hay que aceptar que algunas lenguas mueren y que no se las puede proteger "ni con leyes ni con tanques" sino "alimentando la cultura y manteniendo viva la sociedad que habla esa lengua".

A Marani le parece absurdo que las instituciones inventen una neolengua artificial y normativa para unificar los dialectos de una lengua que se está perdiendo (una especie de koiné, de eusquera batúa o de galego xunteiro). Me parece fundamental su idea de que lo único que puede mantener viva a una lengua es el respaldo de una sociedad y de una cultura.

Y de ello deduzco que lo peor que le puede pasar a una lengua minoritaria es su asociación con el conflicto y la barbarie, es decir, con lo contrario del respeto y la cultura. Por eso tengo mis dudas de que los impositores vayan a hacer algo positivo por el gallego. Hay amores que matan y el de ciertos nacionalistas y galleguistas pertenece a esa especie tóxica. Dicen amar tanto el idioma que lo imponen, provocando su rechazo y acabando por asfixiarlo en el corazón de quienes debieran ser sus "agarimosos falantes".

Por eso dice muy bien Diego Marani que "es un crimen hacer de la lengua un elemento ideológico" pues la víctima de ese crimen no es otro que la lengua ideologizada.

Las mejores series de ficción no están en la TV, sino en los presupuestos autonómicos
Carlos Sánchez El Confidencial 10 Julio 2009

Es de sobra conocido que el escenario ideal para la mayoría de los gobernantes es que no ocurra nada. Un país en el que los semáforos se encienden con normalidad cada mañana, y en el que los niños van al colegio sin contratiempos relevantes, se presenta como el colmo de la felicidad. Y llega al paroxismo si, además, se pagan puntualmente las pensiones o los trabajadores cobran puntualmente las nóminas. Al contrario, un país con tensiones sociales -lógicas en un sistema de democracia participativa que no se limita a votar cada cuatro años- se presenta como débil. Inestable.

Esta concepción de la cosa pública explicaría que la sociedad se haya vuelto terriblemente conservadora. Chirrían los cambios económicos, políticos o culturales, como si no fueran inherentes a la evolución social o a la propia condición humana. Hasta el punto de que este comportamiento ajeno al cambio social impide contrastar empíricamente si el semáforo que funciona cada mañana de forma aparentemente normal lo podría hacer de forma más eficiente. O si los colegios no debieran cambiar algunos de sus hábitos en aras de mejorar su funcionamiento y su rendimiento académico. O si el sistema de pensiones cumple realmente con los principios de equidad. O si la estructura salarial de una empresa es la más adecuada.

Lo ‘normal’, por lo tanto, se asimila al mantenimiento de un determinado orden social que funciona básicamente por inercia, y eso puede explicar mejor que nada un hecho verdaderamente singular. Todo el mundo sabe que muchos ayuntamientos y comunidades autónomas están al borde la quiebra, pero sus gobernantes siguen actuando como si no pasara nada. Como si los problemas no fueran con ellos. De esta forma, transmiten a los ciudadanos la idea de que todo está bajo control y que, por lo tanto, no hay motivos para alarmarse. Es como el padre que pierde el empleo y no atreve a decírselo a su familia. Y para evitar ese mal trago acude periódicamente al banco (en el caso de las administraciones públicas a los mercados de deuda) para que le sigan financiando su tren de vida. De esta manera, el afectado elude enfrentarse a la frustración de tener que decir a sus hijos la verdad: que ha sido despedido y está en la ruina.

Con el agua al cuello
Este es el caso de muchas administraciones territoriales que están literalmente con el agua al cuello, pero ninguna se atreve a decir la verdad. Y como consecuencia de ello, han emprendido una especie de fuga hacia adelante que les obliga a mantener el gasto corriente (el más visible), como si el modelo fuera sostenible en el tiempo.

Se ha llegado al absurdo -caso de Cataluña- que se fía la solución de los problemas a la firma de un acuerdo sobre financiación autonómica, lo cual es absolutamente irreal. En el mejor de los casos se está hablando de un nuevo sistema (lo de ‘nuevo’ es un acto de fe) que tendrá probablemente una dotación presupuestaria de unos 9.000 millones de euros. Es decir, se trata de una cantidad equivalente a lo que el Estado ha destinado a salvar Caja Castilla La Mancha, lo que da idea de su escaso impacto sobre la naturaleza del problema. Con tanta verborrea se ha olvidado que ese dinero apenas representa el 6% de los 146.000 millones de presupuesto inicial que tuvieron las CCCAA en 2006, lo que da idea de su escaso impacto en las cuentas autonómicas. Y de esa cantidad, nada menos que el 78% se destina a financiar gasto corriente, por lo que evidentemente si no se actúa sobre estos capítulos del presupuesto de gasto difícilmente se va a poder enderezar la situación.

Lo curioso del asunto, sin embargo, es que todo el mundo parece obsesionado por cerrar un acuerdo lo antes posible, pero sin abordar con carácter previo los problemas de fondo que explican las angustias presupuestarias actuales. Tanto desde el punto de vista de los ingresos como de los gastos. Lo razonable hubiera sido evaluar en qué medida se puede racionalizar -lo que no significa recortar- el gasto público en las partidas más importantes del presupuesto autonómico: nóminas, sanidad o educación. Y es probable que de esa reestructuración del gasto salieran más recursos para las escuelas y hospitales o para pagar la dependencia, eliminando gasto improductivo y superfluo que actúa a modo de colesterol malo.

Sistema de sospechas mutuas
En su lugar se ha optado por un sistema que hoy se negocia en secreto, y que se basa en acuerdos bilaterales entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Con el inconveniente de que ninguna región sabe lo que madrid ha pactado con cada una de las regiones, por lo que se ha generado un sistema de sospechas mutuas. Hasta el extremo de que todo el mundo sabe que Zapatero tendrá que contentar las exigencias de Cataluña o Andalucía –sus principales graneros electorales- con acuerdos bajo cuerda. En el primer caso, a través del cumplimiento de lo que marca el Estatut, y en el segundo mediante la socorrida fórmula de la deuda histórica, una caja de sastre donde cabe todo.

Pero sin abordar, sin embargo, el problema de fondo desde el punto de vista de la recaudación autonómica. La inexistencia de impuestos propios que vayan sustituyendo progresivamente a los impuestos cedidos, lo que sería un paso de gigante en la corresponsabilidad fiscal. En su lugar, se ha optado por un sistema clientelar que se basa en la participación de los ingresos del Estado, lo que produce efectos perversos. Cuando se cierre la liquidación del año 2009 se dará la paradoja de que el adelanto a cuenta entregado por el Estado a muchas comunidades autónomas será superior a lo que en realidad les corresponde, toda vez los ingresos previstos van a ser muy inferiores a lo liquidado. Es decir, que se va a producir un ajuste negativo, lo que en roman paladino significa que las regiones van a tener que devolver al Gobierno central dinero cobrado de más.

En esta ilusión presupuestaria es la que viven hoy ciertas comunidades autónomas, incapaces de decir la verdad: que el cabeza de familia ha perdido el empleo.

Pintadas
CARLOS HERRERA ABC 10 Julio 2009

UN ejército de gamberros pintarrajea todas las noches las fachadas de viviendas y comercios de muchas ciudades de España. ¡Qué le voy a contar a usted! Son unos simples saboteadores a los que un número no despreciable de cretinos considera «elementos sintomáticos de rebeldía juvenil», otorgándoles un romántico trazo de conciencia despierta ante al agresivo tono de la sociedad moderna. Tontunas de quienes se niegan a crecer física e intelectualmente.

Gracias a la inacción de muchos munícipes timoratos no hay calle española que no vea afear su aspecto mediante un garabato absolutamente absurdo. Algunos consiguen controlar y reparar el fenómeno y sus consecuencias pictóricas; otros ni siquiera lo intentan.

Pero quede constancia: en algunos territorios las pintadas no son sólo una grafía absurda, no sólo una muestra del paso por esa calle de un capullo con spray: en pueblos del País Vasco, por ejemplo, son una muestra de odio, una exaltación del terrorismo, una exhibición de impunidad criminal.

Ahora que el gobierno vasco del Lehendakari López quiere proceder, mediante una higiénica campaña de limpieza, al borrado de tanta falta de respeto a la ley, a las víctimas de ETA, a los ciudadanos pacíficos partidarios de pensamientos complementarios al famoso «pensamiento único nacionalista», surgen problemas que hasta ahora no se producían. La polémica está servida desde el momento en el que el PNV protesta airadamente por lo que supone una injerencia, un exceso del gobierno de la Comunidad Autónoma vasca al pretender borrar el rastro de ETA de las calles de pueblos y ciudades.

Lectura rápida aunque no ligera: al PNV le molesta que se retire la presencia de ETA de la vida cotidiana y oficial de la Comunidad. Urkullu, el jefe de la cosa, considera «exagerado» borrar unas frases -que vaya usted a saber cuánto tiempo llevan ahí- en la que se dan vivas a ETA, se celebra la muerte de algún objetivo o se insta a la banda terrorista a no dejar nunca las armas. ETA, mátalos.

Con esta toma de postura resulta inequívoco el desprecio por los asesinados que el nacionalismo vasco evidencia de nuevo: un partido que ha primado infinitamente más a las familias de los asesinos que a las de las víctimas -acuérdense del miserable Azcárraga, Consejero de Justicia, miembro de EA- decide solidarizarse con el escritor de lemas apologistas del terror. Tal conducta debería irritar a conciencias medianamente dignas, pero pocas cosas pueden sorprender ya. Retirar pintadas, retirar fotografías de asesinos, disolver cualquier tipo de expresión filoterrorista debería ser tarea inexcusable de quienes gobiernan en nombre de la democracia: en todos los años en los que el nacionalismo vasco ha estado en el poder, en cambio, no se ha realizado ni siquiera el ademán más tímido.

Ahora, como consecuencia de la voluntad del actual gobierno vasco de erradicar del paisaje urbano la sorda presencia de los asesinos etarras, el nacionalismo opositor hace piña con los chicos del spray, versión pictórica de los chicos de la gasolina, versión alborotadora, a su vez, de los chicos de las pistolas. Borrar una frase en la que se puede leer «Menganito, serás el próximo» o «Gora ETA» o «Por fin ha muerto Zutanito» es, para Urkullu, un exceso. Qué concepto tendrán del exceso, me pregunto, el tal Menganito o los hijos del tal Zutanito. Prefiero no pensarlo. No es un problema de choque de competencias o de invasión de legitimidad municipal: es un problema de solidaridad, de la solidaridad estratégica que ejercen los nacionalistas con el mundo «abertzale».

A Urkullu, por lo visto, le entusiasma pasear por un bulevar repleto de pintadas partidarias de la extorsión y el asesinato: ¡qué hermosura de calles garabateadas con las siglas de los agitadores de árboles! Si a alguno le quedaba alguna duda acerca de qué parte es la que merece su comprensión espero que deje de vivir en el guindo y se aperciba de una vez que estos tíos están con quien están y, a su vez, deciden sin dudar quienes son sus enemigos reales.

La lengua propia de España
Jesús Royo Arpón  www.lavozlibre.com 10 Julio 2009

Si la definición de 'lengua propia' fuese una mera descripción, no pasaría nada. Su uso sería inocente, no produciría ninguna discriminación. Pero, tal como se la utiliza en la normativa de la actual Generalitat, la idea de 'lengua propia' es la base teórica de la desigualdad. Se dice: las dos lenguas son oficiales, pero sólo el catalán es propia. Entonces, es justo que sea preeminente, hegemónica, la única lengua de uso público.

Eso es sectarismo puro. Yo no veo por ningún lado que del título de lengua propia se derive ninguna prioridad. Ni que pueda tener ninguna trascendencia jurídica relevante. Más bien me da la impresión de lo contrario: que para justificar una 'prioridad social necesaria' se echa mano de la idea de lengua propia. Eso es un uso perverso de las ideas: utilizarlas como una justificación a posteriori de una situación de hecho, de un statu quo de privilegio.

Me quedo atónito al ver cómo esta terminología no ha sido impugnada desde ninguna posición intelectual catalana. ¡Si es un concepto que hace aguas por todas partes! Para empezar, si el catalán es la lengua propia de Cataluña, significa que lo es de los catalanes. Si no, ya me diréis qué cosa es Cataluña. Eso comportaría que la mitad de catalanes tenemos una lengua materna diferente de la lengua propia. Y eso, ¿cómo se come?

En segundo lugar, lo de la lengua propia de un país me parece una (mala) copia del españolismo más anticuado. En España también habría una lengua propia: el español. Eso tiene un efecto disgregador en Cataluña: el Estado propio de los castellanohablantes sería España, allá donde nuestra lengua es propia. Si los castellanohablantes somos españoles y, tal como dice la obra de Francesc Ferrer, 'Los españoles no son catalanes', la conclusión es clara: aquí somos extranjeros. Es decir, charnego, no reclames nada, que no tienes ningún derecho. Paga y calla. Y en las autonómicas, no votes. Esto no es tu casa. Esto no es tuyo.

El inglés se cuela en la guerra de las lenguas
En plena revisión de la política educativa, varias comunidades apuestan por el trilingüismo - Mientras Galicia y País Vasco amplían la oferta, Cataluña consolida su modelo de inmersión en catalán
SEBASTIÁN TOBARRA El País 10 Julio 2009

La Ley Lingüística catalana se aprobó en tiempos de Aznar, que no la recurrió
Las comunidades con dos lenguas no tienen peores notas, dice el ministerio
La nueva Xunta reducirá el gallego en la escuela a un tercio de las materias
Los socialistas vascos derogarán decretos para avanzar hacia un modelo trilingüe

La enseñanza de las lenguas sigue en el campo de la batalla política más allá de criterios educativos, pero hay novedades en el escenario: mientras Cataluña consolida el modelo de inmersión en catalán y hace oídos sordos al decreto del Gobierno que impone tres horas en castellano, Galicia y País Vasco dan pasos en sentido contrario. En esta nueva etapa, el inglés se abre camino como tercera vía en comunidades bilingües, con el mismo peso que las lenguas oficiales.

La escuela vuelve a estar sacudida por los cambios políticos. Los nuevos Gobiernos de Galicia y del País Vasco ya han anunciado que quieren dar más peso al castellano. En dirección contraria y amparándose en las competencias que le da el nuevo Estatuto -aún pendiente del Constitucional-, Cataluña acaba de aprovechar su primera Ley de Educación para tratar de blindarse ante un decreto del Ministerio de Educación e intentar eludir la exigencia de una tercera hora semanal de castellano en las escuelas. La mayoría imparten dos horas por semana. El Ministerio de Educación está analizando la ley catalana y tiene tres meses por delante para decidir si la recurre al Constitucional.

En Cataluña, la lengua vehicular en la escuela es el catalán; Galicia quiere pasar del 50% en gallego al 33% y el Gobierno, del PP, ha retirado la subvención a las aulas de acogida en gallego en la etapa infantil; el País Vasco -con opciones en euskera, castellano y mixta- quiere sacar adelante un modelo trilingüe. Y en Navarra existen las opciones en vasco, castellano y mixto, aunque se están introduciendo modelos trilingües en castellano, euskera e inglés. Y avanza, al tiempo, con fuerza en toda España la enseñanza de lenguas extranjeras, principalmente del inglés.

¿Y qué dicen los resultados? ¿Hay diferencias entre los alumnos de comunidades monolingües y los de las bilingües? No, según el Ministerio de Educación. Éste hizo una encuesta en 2007 en 450 centros a 9.500 alumnos de último curso de primaria (12 años). Sobre una puntuación promedio de 250 puntos que se dio a todos los alumnos participantes, los de territorios bilingües sacaron 256 puntos y los de comunidades que tienen una sola lengua oficial 252 puntos. El informe PISA de la OCDE confirma estos datos.

El argumento de la Generalitat para tratar de esquivar la tercera hora de castellano es que el Estatuto le da competencias para ello y que una ley autonómica prevalece sobre un decreto estatal. Isidro Cabello, catedrático de Lengua y Literatura Castellana en un instituto de Terrassa (Barcelona) e investigador en temas lingüísticos sostiene que "los niños pueden aprender varios idiomas a la vez, pero se necesitan especialistas, que ahora no tenemos". Para Cabelllo, la inmersión escolar en una lengua "no es buena". "Las lenguas deben repartirse y debería haber líneas escolares en una u otra lengua porque lo mejor es estudiar en lengua materna".

En Cataluña, la inmersión lingüística en catalán se empezó a aplicar hace 25 años. En 1998, con José María Aznar en La Moncloa, y Jordi Pujol, en la Generalitat, el Parlamento catalán aprobó la Ley de Política Lingüística que consagró la inmersión. El PP estaba entonces en minoría, se apoyaba en CiU en el Congreso, y votó en contra de la Ley en el Parlamento catalán, pero no la recurrió. Ahora, la primera ley catalana de educación se ha aprobado en su apartado lingüístico con los votos en contra del PP y de Ciudadans y el apoyo del 87% restante de la cámara.

Los alumnos tienen derecho en Cataluña a recibir la primera enseñanza (hasta el segundo ciclo de primaria, es decir, hasta los ocho años), "en su lengua habitual", catalán o castellano. "Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique", dice la norma. Los pocos -un centenar, según la Generalitat- que han pedido escolarizarse en castellano son atendidos en esta lengua. El profesor se dirige a ellos en castellano y reciben material escolar en castellano, pero siempre en la misma clase que el resto de alumnos.

Ahí, sin embargo, ha habido problemas jurídicos. A raíz de algunos recursos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, primero, y el Tribunal Supremo, después, han respaldado el modelo de inmersión pero han instado a la Generalitat en sendos fallos a incluir una casilla preguntando a las familias en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos, siempre en la primera enseñanza. La Generalitat, sin embargo, no ha puesto esa casilla en las hojas de preinscripción. Para salir del paso, hace tres años añadió una casilla en la preinscripción preguntando "las lenguas que entiende" el alumno y remitiendo a través de una llamada a otra hoja en la que figura recogido el derecho a escolarizarse en castellano en la primera enseñanza.

La Generalitat de Cataluña dice que apenas hay diferencia entre las notas en castellano y catalán. A la hora de escribir un texto con orden y claridad, el 56% de alumnos de cuarto de primaria superan la prueba en catalán y el 61% en castellano. Si se trata de producir un texto explicando los conocimientos lingüísticos sobre léxico y ortografía el 56% lo superan en castellano y el 53% en catalán, según un informe de la Generalitat del curso 2006/2007.

En Galicia, los tiempos están cambiando. El modelo lingüístico está regido por un decreto aprobado en 2007 con los votos del Partido Socialista de Galicia (PSdeG) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) tras la renuncia, a última hora, del PP. La norma dice que, al menos, la mitad de las asignaturas se den en gallego. Pero la nueva Xunta tiene previsto derogar el decreto y se plantea un reparto porcentual de idiomas en la enseñanza obligatoria que reduciría el gallego a un tercio de las materias. El otro 66% se impartiría en castellano e inglés, con margen para la decisión de los padres. La Consellería de Educación analiza ahora los datos de una encuesta dirigida a las familias que será "el punto de partida" para el borrador del nuevo decreto. Feijóo aseguró en dos ocasiones que la consulta iba a ser vinculante, una promesa que se ha ido desinflando poco a poco. La normativa se empezará a aplicar el curso 2010-2011.

El cambio de modelo fue una de las promesas estrella del ahora presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La lengua estuvo, por primera vez en Galicia, en el centro del debate político y electoral. Henrique Monteagudo, sociolingüista y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, explica que "el PP vio en la lengua una oportunidad para desgastar al gobierno bipartito", dice.

En Navarra, la norma lingüística varía según el lugar de residencia. Así lo decidió en 1986 el Parlamento Foral y así quedó plasmado en la Ley Foral del Vascuence. La comunidad se divide en tres áreas: la zona vascófona, al norte; la mixta, con Pamplona y su comarca; y la zona sur o no vascófona. La zona mixta, que engloba a la mitad de la población Navarra -es decir, a más de 300.000 habitantes- también ofrece el derecho a estudiar íntegramente en lengua vasca a quien lo desee. En los últimos años, uno de cada tres alumnos que se incorporan a las aulas opta por la enseñanza en euskera. Los principales partidos de Navarra, Unión del Pueblo Navarro y Partido Socialista de Navarra, al igual de Convergencia de Demócratas de Navarra -juntos suman el 80% de los votos- defienden la vigente ley del euskera.

Pero en Navarra los cambios políticos también han traído cambios en la lengua escolar. La llegada al Departamento de Educación de CDN en la presente legislatura permitió desbloquear algunos contenciosos vinculados a la lengua. Se ha trabajado para asentar un nuevo modelo integrado de lenguas en el que los alumnos aprendan castellano, inglés y euskera -siempre con carácter voluntario- al mismo tiempo.
El departamento quiere que en el futuro éste sea el modelo básico y todos los colegios de nueva creación lo ofrecen ya.

En el País Vasco, la nueva consejera de Educación, la socialista Isabel Celaá, tendrá que dedicar buena parte de su gestión al conflicto lingüístico que dejó abierto su antecesor, Tontxu Campos (de EA), en el Ejecutivo tripartito que presidía Juan José Ibarretxe. Celaá repite que un sistema educativo es mucho más que la lengua en la que se imparten los conocimientos, pero en Euskadi casi todo gira en torno a los tres modelos lingüísticos en los que se imparte la enseñanza y al uso político que se hace de ellos.

La llegada de los socialistas al Ejecutivo vasco traerá cambios sustanciales. El primero será derogar los decretos actuales para dejar claro que los dos idiomas oficiales de la comunidad siguen en pie de igualdad. El objetivo de los socialistas es sacar adelante un modelo trilingüe, donde euskera, castellano e inglés compartan espacio.

Los socialistas vascos son conscientes de que la fórmula deberá experimentarse antes de aplicarla, algo que puede llevar toda la legislatura. Al menos, en este camino parece que cuenta con el apoyo de los otros dos grandes partidos: PNV y PP.

Baleares, con apenas l,1 millones de habitantes, ha protagonizado en 12 años una explosión demográfica con fuertes impactos en el ámbito educativo. Ante esta avalancha migratoria, las escuelas no se han fragmentado o segregado en dos líneas educativas. "Los recién llegados, extranjeros en general, se incorporan al aula genérica, y tienen acceso a las clases de apoyo lingüístico y cultural una vez a la semana hasta que tenga conocimientos culturales y de los idiomas oficiales", dice la consejera de Educación y Cultura, Bàrbara Galmés.

"Los alumnos que dominan un idioma no tienen ningún problema para aprender dos o tres más". La profesora de Mallorca Araceli Matas, que enseña Lengua y Literatura Española en el instituto de Marratxí, razona desde su experiencia. Con 1.200 escolares de una área inmigrante y rural del entorno de Palma, el catalán es idioma vehicular en casi todas las clases. "En castellano hemos ganado el primer premio nacional de periodismo escolar EL PAÍS de los estudiantes. Algo demuestra: los alumnos son y salen bilingües de verdad". "La lengua catalana, propia de las islas Baleares, es la lengua vehicular de la enseñanza", recuerda el Gobierno balear de centro-izquierda. El último Ejecutivo del PP, en 2006, anunció el primer golpe de timón con la introducción del trilingüismo, con el inglés, con recorte del tiempo de clases en catalán. Pero "aquellos cambios políticos no llegaron a las aulas", reconocen los directores de los centros. Las notas y puntuaciones en Baleares no son un fiasco: En primaria, la materia de castellano la aprobaron el 86%, el catalán el 84% mientras que el 83% superó el inglés. En cuarto de ESO, en castellano superó la prueba el 62% y en catalán al 56%.

En la Comunidad Valenciana, en 1979 el presidente del Gobierno Adolfo Suárez autorizó que el valenciano se estudiara tres horas por semana en el antiguo BUP. Con este gesto, el centro-derecha se anticipaba al Estatuto de Autonomía, en 1982, y la ley de Enseñanza y Uso del Valenciano en 1983, gobernando ya los socialistas. La arquitectura normativa diseñada por el socialista Ciprià Ciscar bajo el gobierno de Joan Lerma ha sido el edificio sobre el que se ha consolidado el modelo valenciano. Este consenso estuvo a punto de truncarse en 2002 cuando el PP, siendo ministra, Pilar del Castillo, aprobó la Ley Orgánica de Calidad (LOCE), hoy derogada. Esta ley que tenía la pretensión de reforzar el horario lectivo del castellano (con cinco horas semanales) y reducir a la mitad (2,5 horas) la enseñanza del valenciano y otras lenguas cooficiales rompiendo el equilibrio alcanzado de tres horas para cada idioma. De haberse consumado la operación, se hubiera truncado la implantación de los Programas de Enseñanza en Valenciano (PEV) y de Inmersión Lingüística (PIL) que funcionan, con éxito, desde hace dos décadas en la Comunidad Valenciana, como demuestran las sucesivas evaluaciones de 1998, 2001-2002, 2003 y la más reciente de 2006.

Jaume Fullana, director pionero hace 20 años en la implantación de los programas de inmersión lingüística y de inmersión progresiva en el colegio público Gabriel Miró de Calpe (que está delimitado en la Llei d'Ensenyament como territorio castellano parlante), "al término de la Primaria, un niño en cinco cursos de aprendizaje en los idiomas, adquiere la doble competencia en las dos lenguas".

Información elaborada con aportaciones de Eduardo Azurmendi, Neus Caballer, Anna Flotats, Andreu Manresa y Mikel Muez.

El lucrativo negocio del “galego”
Redacción Minuto Digital 10 Julio 2009

El PP de Feijoo camina hacía buen puerto, cuando por fin se decide a poner al descubierto los millones que se ha llevado el nacionalismo gallego para respaldar su política de exclusión del español e imposición del gallego. La presentación de iniciativas en el Parlamento para conocer a fondo el importe de las subvenciones que el Gobierno bipartito concedió en la pasada legislatura a “A Mesa pola Normalización Lingüística” y el uso que esa organización dio a las ayudas, ha desatado la rabia de los nacionalistas que han arremetido contra el PP, amenazando con una querella por injurias y una lluvia de demandas de rectificación.

Los comisarios políticos del galego afirman en un comunicado que La Mesa no recibió financiamiento del Gobierno para infraestructura, ni para su línea de trabajo reivindicativa», establece el comunicado, que recoge también, con ironía, que «en ningún caso la Mesa recibió dinero público para comprar trajes de lujo». Pero la verdad es que según los datos que maneja el PP entre el 2006 y el primer trimestre del año en curso, la Mesa ingresó 659.309 euros en subvenciones de la Xunta. Las aportaciones a la organización nacionalista creada en 1986 se multiplicaron en el 2007, cuando pasaron de 54.761 a 385.912 euros, de los que 342.000 fueron aportados por consellerías dirigidas por el BNG. En aquel ejercicio, la Mesa ingresó 125.000 euros todavía más procedentes de las arcas autonómicas, a través de convenios y de inserciones publicitarias en la revista Longa lingua, que los que recibió la Real Academia Galega. En el conjunto de la legislatura, la Academia ingresó casi 300.000 euros más que La Mesa.

La organización nacionalista también aprovechó para arremeter contra Galicia Bilingüe, igual que afirmaron que los manifestantes de Santiago a favor de la libertad de elección habían venido en autobuses de Madrid, ahora afirman que «resulta sospechoso que, por el contrario, se pase por alto el financiamiento opaco de entidades creadas para atacar al gallego», en clara alusión a Galicia Bilingüe, plataforma encabezada por Gloria Lago. Ya que hablan de opacidad, los nacionalistas podían aprovechar para contarnos cuántos liberados tienen en la Mesa por la Normalización Lingüística y cuantos viven a costa del “galego”. Puestos en contacto con Galicia Bilingüe, su organización afirma que ninguno de sus miembros cuenta con remuneración alguna y que han pasado por serios apuros económicos para poder fletar un autobús por dos meses para su pasada campaña de recogida de firmas – que encima fue objeto de repetidos ataques por parte de radicales nacionalistas- y que la asociación no administra subvención alguna hasta la fecha.

Peces-Barba anuncia recortes del Tribunal Constitucional en el Estatut
I. A. | BARCELONA ABC 10 Julio 2009

El catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Gregorio Peces-Barba, aseguró ayer que el Estatut tiene «posibles inconstitucionalidades» y señaló como «curioso» el hecho de que «sólo» se recurra el catalán, «y no el del PP de Valencia o el del PSOE en Andalucía». No obstante, vaticinó que el recurso presentado al Estatut «afectará» a estas comunidades.

La advertencia del jurista llega después de que en las últimas semanas se haya especulado con la posibilidad de una sentencia adversa hecha pública en agosto. Una posibilidad que ha puesto en pie de guerra a los partidos catalanes y que el miércoles llevó al conseller de Interior, Joan Saura, a advertir de que si el TC recorta el Estatut, habrá que reformar la Constitución.

El jurista aseguró, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que en la reforma estatutaria hay «dimensiones excesivas» que el Tribunal Constitucional (TC) «tendrá que recortar», bien declarando que un precepto es «inconstitucional o con una sentencia interpretativa». Criticó también la relación bilateral entre las comunidades y el Estado que, en su opinión, es una «relación directa contraria a la Constitución».

En este sentido Peces-Barba se refirió a la financiación y se centró en el caso catalán para advertir de que «no puede haber una relación directa» entre Cataluña y el Estado, porque la financiación «se resuelve en el contexto de distribución de fondos entre todas las comunidades».

Por contra, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, defendió la constitucionalidad del Estatut y resaltó que lo importante ahora es tener una sentencia «bien fundada», más allá de los plazos, y que dé respuesta a todas las cuestiones que han planteado los recurrentes.

El titular de Justicia, que participó de forma muy activa en la redacción del texto como secretario de Estado y negociador del Gobierno a su paso por las Cortes, pidió que no se hagan «cábalas» sobre cuándo se hará pública la sentencia y señaló que «los tiempos de la justicia no son los de la política».

PP y C´s reclaman de nuevo en el Parlament la casilla en castellano
El resto de los grupos precisó que la LEC ya contempla esa opción
BARCELONA ABC Cataluña 10 Julio 2009

El diputado del PP catalán Rafael López y el diputado del Grupo Mixto Antonio Robles volvieron a insistir ayer en el Parlament en el derecho de los padres a elegir la lengua de escolarización de sus hijos en la preinscripción escolar en Infantil y primer ciclo de Primaria, propuesta que fue rechazada por el resto de los grupos aduciendo que la Ley de Educación de Catalunya (LEC) ya garantiza esta opción.

En la Comisión parlamentaria de Educación y Universidades, López defendió que se pregunte sobre la opción lingüística de los padres al preinscribir a los alumnos, mientras que la diputada de CiU Irene Rigau interpretó que con la LEC -que pregunta por ello en la matrícula y no en la preinscripción- «se asegura más el derecho».

«No sé en que país vive usted», dijo el diputado de ERC Josep Maria Freixanet a López, a quien acusó de intentar confundir a la gente con su discurso a cambio de algunos «réditos». Con esto, la propuesta de PP y del Mixto sólo obtuvo dos votos a favor y 20 en contra. Robles se refirió a la intervención de Rigau y preguntó: «¿Se puede uno oponer a que las mujeres voten y decir que se defiende la libertad?». En referencia al aval del Consell Consultiu a la LEC sobre el capítulo lingüístico, añadió: «¡No es lo mismo el Consultiu que la Constitución española!». Durante el discurso de Robles, la presidenta de la comisión, Flora Vilalta, le pidió al diputado que centrara su intervención en posicionarse sobre la propuesta, y advirtió al diputado: «Guarde las formas y posiciónese».

«La que está perdiendo las formas es usted, no me corte», respondió Robles, y criticó que la presidenta no hubiera intervenido en los discursos de otros diputados, sino sólo en el suyo.
 

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