AGLI

Recortes de Prensa    Martes 14 Julio 2009

 

POCOS ARTÍCULOS SE DECLARARÁN INCONSTITUCIONALES
El TC alcanza la mayoría suficiente para aprobar la sentencia sobre el Estatuto
De la reunión que este lunes celebran los 10 magistrados del TC podría salir definitivamente la sentencia sobre el Estatuto catalán, según informa El Mundo. El fallo se aprobaría antes de agosto. El texto será básicamente interpretativo y pocos preceptos serán declarados inconstitucionales.
Libertad Digital 14 Julio 2009

La sentencia sobre el Estatuto de Cataluña se eterniza. El fallo continúa entre los muros del Tribunal Constitucional, aunque parece que el desenlace se aproxima. Según informa Victoria Prego en El Mundo, este lunes se reúnen los magistrados para examinar la tercera propuesta de sentencia. Y es muy probable que antes de que acabe el mes se dé a conocer el texto. Eso sí, nunca antes del 20 de julio, día en que Zapatero comparece en el Congreso.

Victoria Prego adelanta que “en el fallo va a haber pocos preceptos declarados abiertamente inconstitucionales”. Los artículos podrían agruparse en cuatro grandes grupos.

En la mayoría de casos se va a decir al Estatuto lo que no dice para no tener que declarar inconstitucionales a muchos de los preceptos; en otros, a la redacción del artículo se le va a añadir la coletilla “este precepto no obliga al Estado”, convirtiéndolo de esta manera en inofensivo; en un tercer grupo de artículos se afirmará que el precepto es constitucional “siempre que se salven las competencias del Estado”; y por último están las excepciones en las que a los magistrados les ha resultado imposible interpretarlo y no han tenido más remedio que declararlo inconstitucional.

Según Prego, se declararán inconstitucionales los artículos 90 y 91 sobre las veguerías, que hacían desaparecer las provincias y privaban de competencias a las diputaciones. “Si las provincias desaparecieran de Cataluña, desaparecería también el control organizativo y presupuestario del Estado sobre todo el territorio catalán, que pasaría a estar bajo el control de la Generalitat”, explica la periodista.

En el fallo también estará, por inconstitucional, todo el capítulo relativo a la Justicia, en general. En concreto, la creación del Consejo del Poder Judicial de Cataluña con las competencias que el Estatuto le asigna. También la aspiración de que el Parlamento catalán determine los tributos locales. Pocas cosas más se declararán abiertamente inconstitucionales.

Nada relativo a la lengua irá en el fallo. Junto a la financiación, estará en los fundamentos jurídicos donde ambas cuestiones, explica Prego, “perderán virulencia”.

La periodista señala que “el truco que esconde esta sentencia es evidente: consiste en decir sí en apariencia a lo que está diciendo no en realidad. De modo que tiene algo de timo, un timo que, sin embargo, podría permitir a los políticos catalanes vender como un éxito lo que acabe siendo todo un varapalo”, lo que provocará un “inmenso campo de inseguridad jurídica”.

La relación de votos, señala El Mundo, está a punto de llegar al 6-4 a favor de la sentencia tal y como está en la última propuesta. Incluso podría alcanzar el 7-3. Ahora bien, si en la reunión que este lunes celebran los 10 magistrados se retrocediera hasta un 5-5, la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, prolongaría las discusiones hasta pasado agosto para evitar que fuera su voto de calidad quien inclinara la balanza a favor del fallo.

Negando la mayor
IGNACIO CAMACHO ABC 14 Julio 2009

QUE no, que no, que no. Que no se trata de discutir quién se lleva cuánto, sino de impugnar la premisa mayor del silogismo de la financiación autonómica, la que establece como un falso dogma político la necesidad de un nuevo modelo. Ésa es la trampa en la que es lógico que caigan los dirigentes de las autonomías, a quienes nunca parece suficiente ningún dinero, pero para los contribuyentes la cuestión no consiste en debatir sobre los detalles del acuerdo, sino sobre la necesidad del acuerdo mismo. Sobre la conveniencia de dar aún más recursos a las comunidades para que mantengan su desaforado tren de gasto, sin vincularlos a ninguna clase de plan de austeridad ni ningún requerimiento previo de racionalización. ¿Quién ha dicho, dónde está escrito que ahora, precisamente ahora, con el país en quiebra y el déficit disparado, sea el momento de repartir aún más fondos y de exigir un sacrificio aún mayor a los ciudadanos?

Pues está escrito en el Estatuto de Cataluña, que es precisamente la piedra angular del descontrol y la zozobra que envuelven nuestra política desde que Zapatero decidió tirar el carro de la gobernación del Estado por un pedregal de exigencias nacionalistas. Y ése es el problema que conduce al delirio paradójico de que la estabilidad del Gobierno de España dependa del criterio de tres diputados independentistas cuya aspiración más profunda consiste en dejar de ser españoles, y cuyo respaldo es de apenas medio millón de votos. Un problema que impone al conjunto de la nación una exigencia financiera desigual y un reparto desequilibrado.

En su lógica endogámica, la clase dirigente se ha enzarzado en el debate sobre quién se lleva más y quién menos porque los propios partidos nacionales están sometidos al impulso centrífugo de sus aparatos autonómicos. Pero cuando para cuadrar esas cuentas artificiales es menester aportar once mil millones de euros suplementarios en una tesorería endeudada ya no se trata de que unos pierdan y otros ganen. Eso es lo de menos: perdemos todos. Perdemos exactamente esos once mil millones, casi dos billones de pesetas, que se van a entregar a unas voraces instituciones territoriales descomprometidas con cualquier atisbo de contención de gasto, arrastradas por el crecimiento exponencial de sus necesidades clientelares. Y sin una sola condición o contrapartida... ¡salvo la de que no bajen los impuestos!

Aliado con el «lobby» político catalán, el zapaterismo ha montado una gran farsa para procurarse un precario pacto de estabilidad, y al agitar la bolsa de los cuartos ha hecho acudir al reparto a los virreyes de las autonomías nerviosos por el tintineo de las monedas. Pero el debate está viciado porque su premisa principal se ha establecido a espaldas de los dueños del dinero, que sólo van a pagar y callar sin que nadie de entre sus representantes legítimos clame por este nuevo atropello de sus intereses.

Tropelía autonómica
M. MARTÍN FERRAND ABC 14 Julio 2009

SIN luz, sin taquígrafos y hasta sin vergüenza democrática el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha cerrado la cuenta de la financiación autonómica. Ha sacado 11.000 millones más de nuestros bolsillos para repartirlos, al margen del espíritu de la Constitución, en cantidades directamente proporcionales a los apoyos que el PSOE necesita para aliviar su escasez parlamentaria. A mayor abundamiento, ha disimulado tan singular golpe de mano con el ruidoso telón que les ha fabricado el PP entretejiendo los guiños de Luis Bárcenas, los trajes de Francisco Camps, las desemejanzas de Esperanza Aguirre y José María Aznar y la habitual somnolencia de Mariano Rajoy.

La emperejilada sacerdotisa que, como vicepresidenta segunda, se encarga de estos asuntos en el Gobierno se encaramó a las antenas de la Cadena Ser, la torre del homenaje de su castillo mediático, para gritar a los cuatro vientos que «la nueva financiación no traerá más déficit, sino mayor equi-dad». Como no está penado, ni mal visto, engañar a los contribuyentes -y menos cuando se habla del Presupuesto-, no pasará nada; pero esos 11.000 millones suponen el 1 por ciento del PIB y, además de incrementar el déficit, que la materia ni se crea ni se destruye, nos convierten en el país más endeudado entre los de nuestro entorno.

Más de una tercera parte de esos millones con los que el Gobierno cierra la cuenta de sus frívolos compromisos, reforzará el Presupuesto de la Generalitat. Es el precio que ha exigido ERC y gestionado José Montilla para que los partidos que integran el Govern mantengan su nada desinteresado apoyo a la causa del poder de Zapatero. Queda así establecida, en los hechos, una clasificación de los españoles. Unos, los de primera, podrán disfrutar del plus que, sobre la media nacional, les atribuye la voluntad del Gobierno y otros, los de segunda, tendrán que prescindir de gollerías para que los servicios públicos fundamentales no decaigan en sus territorios. No podrán sostener una sola «embajada» en el extranjero.

En tiempos de tribulación, el Gobierno ha hecho una gran mudanza presupuestaria que aumentará las desigualdades regionales y contribuirá grandemente a marcar distancias en-tre los contribuyentes de los distintos territorios del Estado. Una insensatez. Favorecer a los ricos con perjuicio para los pobres es el modelo social de Zapatero, el de las ocurrencias.

NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Castigo a la rebaja de impuestos y premio a la imposición lingüística
La nueva financiación autonómica repartirá 11.000 millones de euros adicionales. Sin embargo, Cataluña y Andalucía acaparan más de la mitad de esta cuantía. Además, el modelo desincentiva la "competencia fiscal" y premia con más dinero a las regiones con competencias lingüísticas.
M. Llamas Libertad Digital 14 Julio 2009

El nuevo modelo de financiación autonómica aportará más de 11.000 millones de euros adicionales, 2.000 millones más con respecto a su última propuesta, de 9.000 millones.

Cataluña recibirá 3.855 millones de euros extra de forma progresiva hasta 2012, y su nivel de recursos per cápita quedará cinco puntos por encima de la media. De este modo, el Gobierno da cumplimiento a las exigencias de financiación planteadas por ERC.

Cataluña recibirá el 35% del nuevo pastel territorial. Es decir, 1 de cada 3 euros nuevos a repartir serán gestionados por la Generalidad. Andalucía es la otra gran beneficiada en el nuevo reparto. Así, se llevará 1.795 millones del fondo adicional. De este modo, ambas autonomías concentran casi el 50,8% de los nuevos fondos.

El nuevo modelo ha intentado contentar las reivindicaciones planteadas por las distintas CCAA en el reparto de fondos, ya que los criterios de ponderación para distribuir el dinero son el aumento de la población, pero también la densidad demográfica o la insularidad.

Para ello, el Gobierno dotará a las autonomías de mayor corresponsabilidad fiscal. Así, la propuesta prevé ampliar el porcentaje cedido del IRPF del 30 al 50%; del IVA del 35 al 50%; y de los impuestos especiales del 40 al 58%.

Cuatro fondos de reparto
En base al principio de solidaridad interterritorial, el Ejecutivo establece cuatro fondos de reparto autonómico: el Fondo de Garantía, para costear la sanidad, la educación y los servicios básicos, en base a la población ajustada de cada región; el Fondo de Suficiencia, para asegurar la financiación de las competencias transferidas, no sólo las esenciales; un Fondo de Cooperación, para incrementar los recursos de las regiones con menor riqueza relativa y una dinámica poblacional "especialmente negativa" (Asturias, las dos Castillas y Extremadura); por último, el modelo diseña un Fondo de Competitividad, para reforzar la convergencia autonómica en financiación per cápita.

La clave radica en que el Gobierno decidirá cómo distribuir cada año el Fondo de Cooperación y de Competitividad. Éste último está destinado a las CCAA que más aportan al sistema (Fondo de Garantía) y menos reciben del de Suficiencia (las más ricas), mientras que el de Cooperación se distribuye entre las más pobres en renta.

Sin embargo, hay un elemento a destacar. El Fondo de Competitividad, que se nutre de recursos adicionales del Estado, se repartirá anualmente entre las autonomías con financiación per cápita inferior a la media o a su capacidad fiscal, en función de su población ajustada relativa. Eso sí, "desincentivando en lo posible la competencia fiscal a la baja", según recoge la propuesta. Es decir, castigará a las autonomías que recorten impuestos.

De este modo, la ministra de Economía, Elena Salgado, se pliega a una de las exigencias más reiteradas por el consejero de Economía de la Generalidad catalana, Antoni Castells. En 2007, Castells tildó de "efecto indeseado" la competencia autonómica en materia fiscal, en clara referencia a la supresión y rebaja de impuestos puesta en marcha por la Comunidad de Madrid.

Castells viene reclamando desde entonces que el Gobierno se instituya en "árbitro" tributario para lograr un "equilibrio entre el autonomismo" y la "coordinación" del Estado. Gracias al nuevo modelo, el Gobierno central podrá ahora limar a su gusto los efectos de la "dañina" competencia fiscal que genera la política económica de algunas regiones como Madrid.

Más dinero para política lingüística
Por otro lado, el nuevo modelo aumenta la financiación destinada a la política lingüística. Así, según el texto, "se refuerza la financiación de estas políticas con un importe equivalente a multiplicar por 2,5 la financiación que proporcionaría el actual sistema en el año 2009, por estas políticas, en aquellas comunidades con competencias en la materia".

Es decir, multiplica por más del doble los recursos destinados a política lingüística. De este modo, Salgado responde a otra de las reivindicaciones históricas de los nacionalistas catalanes y gallegos

Otras novedades son la derogación del céntimo sanitario implantado por algunas CCAA. Pero a cambio, al mismo tiempo, permite a las CCAA crear un "suplemento" en el Impuesto de Hidrocarburos

Por otro lado, además de ampliar la cesión de tributos, aumenta la capacidad normativa de las autonomías en el IRPF en cuanto al mínimo personal y familiar a aplicar. Así, con el nuevo modelo, las autonomías podrán añadir un suplemento del 10%, superior o inferior respecto a la cifra que marque el Estado. Prácticamente el 25% de los impuestos nacionales recaudados serán gestionados por las CCAA.

No merecía la pena
FERNANDO FERNÁNDEZ ABC 14 Julio 2009

Pienso como Jordi Pujol y Felipe González que 3.855 millones de euros son un montón de dinero pero no compensan abrir aún más la brecha entre Cataluña y el resto de España. Pienso igualmente, contra la opinión de Montilla y Zapatero, que es un precio demasiado alto por asegurarse un año más de gobierno.

Modificar sustancialmente el sistema de financiación autonómica es una decisión de Estado. Hacerlo por miopes intereses de partido, sin consenso previo con el principal partido de la oposición, a escondidas y sin coraje político para presentar los números resultantes, es un tremendo ejercicio de irresponsabilidad. Le confiere un elemento de transitoriedad indeseable, porque nadie podrá pedirle al PP que mantenga este sistema cuando llegue al poder.

Firmar el acuerdo con un gobierno autónomo, anunciarlo como un hecho consumado y amenazar a los dieciséis restantes con un trágala es un hecho sin precedentes que no dejará de tener consecuencias. La más grave, que ha consagrado el bilateralismo. Las formas en democracia lo son todo. El tripartito catalán tiene razones para estar contento, ha conseguido doblegar al Estado español. Para España es un acuerdo tan inútil como aquel pacto por el que se accedió a constitucionalizar un régimen medieval de concierto económico en el País Vasco a cambio de acabar con ETA. Ya hemos escuchado a Puigcercós: el acuerdo abre las puertas para negociar el concierto catalán. No será con dinero como se comprará la lealtad constitucional de los independentistas. Y menos aún poniéndose el PSOE a la cabeza de la manifestación. El acuerdo consagra una lógica económica letal. Las autonomías saben ya que pueden gastar sin límite, que al final vendrá el Estado a avalar sus deudas, aumentar las cantidades transferidas y abonar la factura con cargo a las generaciones futuras. La crisis fiscal de España está hoy más cerca.

Financiación
El puzzle y el sudoku
Cristina Losada Libertad Digital 14 Julio 2009

Cuando se discutió en las Cortes de la República el Estatuto de Cataluña, el periodista Camba contó en un artículo cómo tuvieron que llevar a Ortega y Gasset por la noche al Congreso para que explicara que los conceptos de federalismo y autonomía no eran análogos, sino opuestos. Nadie sabía eso en la cámara. "Para aquellos energúmenos era lo mismo ensamblar las piezas de un puzzle a fin de formar un cuadro, que coger un cuadro y hacerlo añicos al objeto de crear un puzzle", escribió don Julio. Ahora se le ha llamado sudoku a la ensalada de cifras que quedó sobre la mesa una vez destrozado el cuadro de la financiación autonómica.

El culpable del estropicio se encuentra en la misma sede a la que llevaron a Ortega a ilustrar a los energúmenos. Fue el Congreso de los Diputados quien aprobó el nuevo Estatuto de Cataluña que está en el origen del entuerto. Muchas de las voces críticas contra el modelo de financiación presentado por Salgado a media luz claman contra el hecho de que la autonomía catalana se lleve la parte del león. Pero cuanto más señalan los dedos acusadores a Cataluña, más se olvida que los leones de esta historia son los que se encuentran en la Carrera de San Jerónimo. Fueron los depositarios de la soberanía nacional, con los votos de la mayoría y, en primer lugar, del partido de Zapatero, quienes decidieron cargarse el cuadro y enredarse en un sudoku irresoluble.

Ah, pero lo han resuelto, objetarán algunos. Ha sido una jugada maestra, dicen otros. Si incrementar la deuda y el déficit, aumentar las desigualdades y romper el principio de cohesión demuestran maestría, adelante con los faroles. También habrá quien elogie la habilidad de un estafador en lo suyo. Es muy fácil pagar con el dinero que no se tiene y que apoquinen los que vengan detrás de uno. Entretanto, fiesta. Y fiesta grande allí donde haya tocado un trozo mayor de la tarta. Las autonomías harán con los millones lo que les venga en gana, sin control alguno. No en vano se ha establecido como norma superior que el Estado no decide cómo se financian las Comunidades. Son ellas las que ordenan la financiación del Estado. Y, huelga decir, unas más que otras. Todo por voluntad y decisión del Gobierno de España, el de los anuncios.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Estrasburgo
Otra victoria de Aznar
GEES Libertad Digital 14 Julio 2009

En materia antiterrorista, dos son las noticias importantes de esta primera quincena de julio. La mala, el atentado de ETA en Duranto el día 10; la buena, la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra Batasuna. Supone un hito en la historia de la lucha de la democracia contra ETA.

En democracia, cabe distinguir tres periodos de la lucha contra ETA. El primero, el de los gobiernos de Felipe González, cuyos máximos y desgraciados exponentes fueron la puesta en marcha de los GAL y los continuos procesos de acercamiento a ETA, que comenzaron en noviembre de 1982 y llegaron hasta marzo de 1996. Se caracterizaron por la búsqueda de atajos, legales e ilegales, en la lucha antiterrorista.

El segundo periodo es el que va desde 1996 a 2004, y se caracteriza por dos cosas. En primer lugar, por el respeto absoluto al Estado de Derecho y al Imperio de la Ley. En segundo lugar, por la puesta en marcha de la lucha integral contra ETA: la lucha no sólo contra los comandos terroristas, sino contra todo el entramado político-social de la banda. Dentro de esta lucha global contra ETA se enmarcaba la persecución de organizaciones sociales, juveniles, de comunicación que jugaban un importante papel en el funcionamiento de ETA. Entre ellas se encontraba ilegalizar Batasuna, una vieja aspiración del Partido Popular. Enfrente se encontró con todo el arco nacionalista y con los comunistas, que no querían ni oír hablar de la ilegalización del brazo político de ETA. Tampoco los socialistas creían demasiado en ella, y en el año 2002 se vieron arrastrados a regañadientes, con muchas tensiones internas, a apoyar al PP en la Ley de Partidos. Por un lado, afirmaban que ilegalizar el brazo político de ETA implicaría desórdenes públicos, lo que se demostró falso. Por otro lado, siempre dispuestos a favorecer el garantismo de los delincuentes, aludían a los derechos humanos para poner peros a la política de ilegalización. En tercer lugar, los pactos del PSOE –con los ultranacionalistas de ERC públicos, y los contactos ya con ETA privados–, le impedían defender con el mismo entusiasmo que el PP esta ilegalización.

El tercer periodo es el del Gobierno de Zapatero, que dejó en desuso este instrumento para la derrota de ETA. Primero, la negociación con la banda, el "proceso de paz", dio lugar al bochornoso espectáculo del PCTV, ANV y AS, sucesores de Batasuna y HB legalizados por un gobierno que negociaba con ETA. Fue entonces cuando Zapatero afirmaba que Otegi realizaba "un discurso de paz" y lo hacía interlocutor válido para un gobierno democrático. También era la época de las reuniones del PSE con ETA y de Patxi López con Batasuna. Y cuando Conde-Pumpido hablaba de "guantánamos electorales" y de ensuciar la toga del Estado de Derecho en el polvo de los pactos con ETA.

Después, en la segunda legislatura, el Gobierno ha actuado con inercia, sin profundizar en el camino de la derrota de ETA iniciado por Aznar. A día de hoy, el brazo político de ETA sigue presente en ayuntamientos del País Vasco y Navarra, ante la actitud titubeante del Gobierno, que no se ha decidido a hacer efectiva su ilegalización. El Ejecutivo de Zapatero se ha convertido en un experto a la hora de poner excusas a su pusilánime actitud en este tema.

Su actitud contrasta con las consecuencias de la política llevada a cabo por Aznar entre 1996 y 2004: la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es una victoria personal del ex presidente sobre la banda, cinco años después de abandonar la política. Los intentos del mundo abertzale, dedicando todos sus esfuerzos a lograr la victoria en Estrasburgo, han chocado cinco años después con el legado de Aznar.

Además, la sentencia de Estrasburgo pone en su sitio las dos formas de apelar a la comunidad internacional. Zapatero llevó el terrorismo a Europa para que legitimizara sus pactos con ETA; Aznar lo hizo para lograr apoyos en la detención y extradición de etarras. Si el socialista buscó que Europa amparara su diálogo con los terroristas, el popular buscó que le ayudara a derrotarla. Con la última sentencia, el triunfo de la doctrina Aznar sobre el apaciguamiento zapateril es clamoroso. El Partido Popular debiera recordárselo, entre otras cosas porque el éxito de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo es suyo y no del PSOE, que siempre ha sido ambiguo en este tema y no la ha aplicado nunca con decisión.
Para el Gobierno, la sentencia de Estrasburgo unida al atentado etarra del día 10 implica una exigencia imperiosa: ETA no está vencida, y la expulsión de ANV de los ayuntamientos vascos y navarros es una necesidad imperiosa. Bien es cierto que el Ejecutivo ha tenido ocasiones de sobra antes de ahora, y ha tenido que ser la sombra de Aznar, la pesadilla obsesiva de ZP, la que le recuerde, vía Estrasburgo, cómo se acaba con ETA. Es otra victoria de Aznar, sobre la criminal ETA y el dubitativo ZP.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

El escenario del pasado

MANUEL MONTERO El Correo 14 Julio 2009

El autor rechaza que la sentencia de Estrasburgo contra Batasuna se mueva «en los parámetros del pasado», como ha dicho Otegi. «Hasta hace menos de diez años las organizaciones políticas del entorno terrorista campaban a sus anchas», recuerda

Al discurso de Arnaldo Otegi se le podrá tachar de avieso o camorrista, pero sería injusto descalificarlo por sofisticado o dado a la innovación. Lleva década y media repitiendo las mismas jaculatorias, que no sugieren gran poso intelectual. Se construyen sobre dos simplezas, que repite una y otra vez, año tras año, toque tregua, pretregua, periodo intertregual, inmunidad ideológica o ilegalización. Siempre cita «el escenario» y dice que hay que construir un «escenario de paz», cambiar «el escenario vasco» o ir a un «escenario democrático», según le dé. No está claro qué quiere decir el eufemismo.

Echando mano del Diccionario, podría ser que se refiera al «conjunto de circunstancias que rodean a un persona o a un suceso», tarea complicada, pues si bien yo soy 'yo y mi circunstancia', resulta más fácil cambiar el yo que las circunstancias. Como su capacidad de abstracción no parece exagerada, quizás sea literal: o sea, se refiere al escenario teatral y quiere cambiar decorado y mobiliario. Se verá el hombre como titiritero -y a los demás como marionetas a las que tirar de los hilos- o, más bien, como tramoyista. El otro sonsonete con que nos castiga el libertador es la abominación del pasado. De creerle, seguimos patas arriba por el empecinamiento de todos -menos la batasunía- en emplear políticas «del pasado». «No valen ya las viejas recetas del pasado» es su admonición preferida para afear cualquier iniciativa democrática. Así que reprende al «Estado español» o al «Estado francés» por seguir anclados en medidas del pasado, impidiéndole al héroe diseñar un nuevo escenario democrático, un escenario de paz o un escenario de diálogo y negociación.

Fiel a su precariedad argumental, ambos conceptos le han iluminado para explicar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que sanciona la ilegalización de Batasuna. Tal veredicto, asegura, se mueve «en los parámetros del pasado». ¿La salida, para remontar la moral de la tropa? Conseguir un «escenario democrático», que en el concepto arnaldiano debe de consistir en un sistema político en la que un grupo pueda asesinar, extorsionar y chantajear a los demás y que éstos digan 'qué bien, qué gusto, qué más queréis'. ¿Escenario democrático? Más bien andamiaje de patíbulo.

El oráculo de Elgoibar incurre esta vez en la manía de confundir los deseos con la realidad, el vicio de creer que las palabras sustituyen a los hechos.

Cabe entender que no le guste una sentencia que impide que el terrorismo tenga su trama civil, pero lo que no vale es difundir la especie de que éstos son parámetros del pasado. Eso no: en el pasado el tratamiento de la cuestión fue precisamente por el otro lado, con resultados no muy boyantes o directamente nefastos. El pasado se construyó sobre la legalidad de la abertzalía violenta. Hasta hace menos de diez años las organizaciones políticas del entorno terrorista campaban a sus anchas. Funcionaban con impunidad y alevosía. Durante décadas. No sirvió más que para darles aire y hasta una pátina de respetabilidad. No valió para que se acercasen a la democracia. No contribuyó nada a resolver el problema vasco, es decir, la existencia del terrorismo. Más bien lo alentó.

Desde ningún punto de vista podría sostenerse que la ilegalización de las organizaciones políticas afines a ETA sea una estrategia del pasado. Es bien reciente. Del siglo XXI. Arnaldo se confunde o quiere confundirnos.

De otro lado, que Otegi se queje de la pervivencia del pasado resulta un sarcasmo. Si algún movimiento/partido no evoluciona desde hace décadas es precisamente la llamada 'izquierda abertzale', al menos la que él representa. Siempre da vueltas a la misma noria. Se mueve en los páramos del pasado, incapaz de romper con el terrorismo, incapaz de comprender la democracia, vive anclada en clichés vacíos, del tipo 'diálogo y negociación', 'escenario de paz'.

Incapaz de evolucionar. Lo prueba el propio liderazgo de Arnaldo Otegi. Irrumpió en la política vasca hacia 1994 y desde entonces ha mantenido su caudillaje sobre la 'izquierda abertzale'. Es, en toda España, el dirigente político más antiguo -con diferencia-, una herencia el pasado. Un fósil viviente, como si dijésemos. Cuando llegó para quedarse dirigían sus partidos Arzalluz y Garaikoetxea. Felipe González estaba en el poder, Aznar lo buscaba, Rodríguez Zapatero e Ibarretxe andaban de meritorios, Pujol reinaba en Cataluña, Ardanza en el País Vasco. Lo que ha llovido: llegó y pasó Ibarretxe, lo mismo Josu Jon, llegó y pasó Aznar, se acabaron Pujol y Arzalluz. González perdió el poder, el PSOE ensayó líderes hasta que le cuajó ZP, que va por la segunda legislatura. En el partido de Garaikoetxea manda ahora el sucesor del sucesor de la sucesora. Y así sucesivamente: nada es igual. Los partidos han cambiado líderes y estrategias, se han adaptado a los cambios sociales y políticos (a veces a regañadientes, pero lo han hecho), han buscado el respaldo de la ciudadanía.

Todo ha cambiado, sólo Arnaldo permanece. Es el único dirigente de hace quince años que sigue siéndolo. Es una reliquia. Un 'parámetro del pasado', el mejor síntoma de la incapacidad evolutiva que aqueja a la 'izquierda abertzale', convertida en un residuo fosilizado de una época antediluviana. Los tiempos avanzan, lo que quizás le resulte inasimilable a la 'izquierda abertzale'. O tiene vocación de piedra paleozoica, su misma capacidad de renovación.

Lo más sorprendente: la larga supervivencia política de Arnaldo Otegi se produce en el ámbito que por su configuración -estructuras no normalizadas, clandestinas o semiclandestinas y relacionadas con una organización terrorista en la que cambian sucesivamente los mandos, policía obliga- se diría más proclive a la inestabilidad y a las crisis de liderazgo. Sólo se me ocurren tres explicaciones para este raro fenómeno: a) este hombre tiene un carisma caudillil oculto, que pasa inadvertido a todo el mundo menos a los suyos; b) es un tipo servil con los jefes, a los que les gusta su peloteo, lo que le mantiene contra viento y marea, incluso al llegar los nuevos; c) tiene mando en plaza. Las tres posibilidades no son incompatibles entre sí, pero sería crucial saber cuál predomina. Es un misterio, si bien forma parte de la naturaleza humana que duren más en su puesto los señores que los mayordomos.

Réquiem por las dos almas
Ni 'conflicto ancestral', ni 'España no es Europa', ni 'ocupación extranjera', ni 'violación de derechos humanos': el auto de Estrasburgo desbarata los pretextos ideológicos de los terroristas y aquellos que aún los justifican
SANTOS JULIÁ El País 14 Julio 2009

En un auto impecable, sobrio, de lectura obligada para cualquier ciudadano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza los recursos presentados por Herri Batasuna y por Batasuna contra el Reino de España, ratifica en todos sus términos la sucesiva disolución de estos dos partidos y da la razón al Gobierno al fallar por unanimidad que el artículo 11 del Convenio de Derechos Humanos no fue violado, como pretendían los recurrentes. Si este auto se añade a la no admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Partidos Políticos presentado por el Gobierno autónomo de Euskadi en septiembre de 2002, ya se comprende que la apuesta que, según el manifiesto publicado con motivo del último Aberri Eguna, hacen siempre los nacionalistas vascos por Europa habrá de obligarles a aceptar que España es Europa, un hecho que al parecer no cabe en algunas de sus empecinadas cabezas.

Aparte de su relevancia jurídica, tiene interés destacar que el Tribunal Europeo considera que los actos de Herri Batasuna y de Batasuna "deben ser analizados en su conjunto como parte de una estrategia para llevar a término su proyecto político". En el auto no hay conflictos ancestrales ni culturas populares; lo que hay son actos y estrategias con vistas a la realización de un proyecto político "contrario en su esencia a los principios democráticos propugnados por la Constitución española". Con esta inversión de la mirada, el Tribunal desbarata las confusas relaciones entre las distintas ramas del nacionalismo vasco, que llevan medio siglo considerando la violencia como resultado de un conflicto ancestral y que entienden el recurso a las armas como parte, si no obligada, comprensible, de una cultura política en la que Euskadi aparece como víctima de la ocupación del Estado español.

La historia viene de lejos, de cuando los partidos políticos que aspiraban a transformar el mundo se presentaban con dos programas: el mínimo, que proponía reformas del sistema político y social; y el máximo, que pretendía su derrocamiento y sustitución por otro. Así ocurrió durante la República, cuando la democracia, para amplios sectores de derecha y de izquierda, no tenía más que un valor instrumental: valía en la medida en que servía para adelantar el día de la revolución o de la conquista de todo el poder. Los nacionalistas vascos han sido, desde su origen, maestros en este juego de estar dentro, único camino para avanzar hacia el nuevo mundo en que pueblo, nación, territorio y Estado serán al fin la misma cosa; y mantenerse fuera, porque algún día será preciso dar un salto adelante y proclamar la independencia.

De ahí la vieja historia de las dos almas del nacionalismo vasco: una que aspira a la autonomía, otra que sueña con la independencia. Tradicionalmente, esas dos almas habitan el mismo cuerpo, pero en los últimos años de la dictadura una de ellas se escindió y voló en busca de su propio cobijo. Los veteranos se quedaron en el PNV, conquistaron su Estatuto de autonomía y desecharon la autodeterminación como "virguería marxista", en palabras de su líder, Xabier Arzalluz. Las nuevas camadas se echaron al monte, rompieron con una tradición casi centenaria y, en un ejercicio libérrimo de su voluntad, crearon una nueva organización, ETA, y decidieron recurrir a la violencia como privilegiado instrumento de acción.

Nada en la tradicional cultura nacionalista les determinaba a esa opción. Fueron ellos quienes, sacudiéndose ataduras ancestrales, diseñaron y practicaron una estrategia consistente en buscar un enfrentamiento con el Estado que desencadenara la siniestra espiral de acción-reacción-acción y despertara de su letargo a la sociedad vasca para iniciar una guerra contra el invasor. No fue casualidad que los años de 1978, 1979 y 1980 se saldaran con un total de 247 asesinatos perpetrados por ETA mientras el PNV rechazaba la Constitución y celebraba el Estatuto, una opción estratégica que le permitía, con el dictador muerto, mantener su parte del alma independentista a la par que expandía hasta el límite su alma autonomista.

Matar a un ritmo de uno cada tres días fue la acción de esos años; y construir de la nada una cultura política en la que matar apareciera, no ya justificado sino legítimo y heroico, era parte de la estrategia. Actos y estrategias se fundieron para rodear a quienes empuñaban las armas del calor de familiares y amigos y de la paternal comprensión e indisimulada admiración de quienes compartían los mismos fines: dirigentes y simpatizantes del nacionalismo tradicional. Las dos almas aprendieron a convivir en la nueva cultura política que el PNV colaboró a construir desde el gobierno y que su máximo dirigente compendió en una frase para la historia: unos sacuden el árbol, otros recogen las nueces. Los veteranos contemplaban con algo más que complacencia la eficacia de una división del trabajo que permitía a la joven rama escindida del tronco común golpear desde fuera del Estado mientras ellos gobernaban desde su interior: años de presión combinada acabarían por rendir al Estado opresor.

Piedra angular de esa nueva cultura política fue la elevación del terrorista a la sagrada categoría de mártir que ofrece su vida por la liberación de su pueblo y la caracterización del Estado con los rasgos del enemigo a batir. España era la potencia colonizadora, violadora de derechos humanos, una tesis que sirvió de base a la alianza estratégica del PNV con los representantes políticos de los terroristas en el pacto de todas las almas suscrito en Lizarra. El Estado, España, Madrid, será también el culpable de alterar las reglas de juego democrático para impedir que todos los vascos encuentren su representación en el Parlamento de Euskadi: el PNV, que había recibido de Batasuna el apoyo necesario para sacar adelante el plan Ibarretxe, denuncia en su último manifiesto que en España no hay democracia, que estamos como hace 70 años, cuando José Antonio Primo de Rivera proclamó la necesidad de uniformizar España.

En este contexto, histórico y muy actual, los nacionalistas habían abrigado la esperanza de que el Tribunal Europeo, al pronunciarse sobre los recursos de Herri Batasuna y de Batasuna, ofreciera algún resquicio para seguir alimentando la cultura política del victimismo de Euskadi y la denuncia de violación de derechos humanos por España. Pero los siete jueces del Tribunal, sin ningún voto particular en contra, y sin cargar la prosa con tecnicismos que pudieran prestarse a interminables debates, han emitido un fallo en el que actos y estrategias reciben, por fin, la calificación que merecen. Al conocerlo, Batasuna respondió con lo de siempre y el PNV, tras unos días de perplejidad, tendió un ramo de olivo como si aquí no hubiera pasado nada. Pero sí ha pasado algo, y aun mucho, y no estaría de más que el PNV sacara las consecuencias de la magistral lección impartida por el TEDH y se comprometiera formalmente a romper con esa cultura política que le ha permitido alimentar sus dos almas. Todo partido político, reconoce el Tribunal, puede "hacer campaña a favor de un cambio de la legislación o de las estructuras legales o constitucionales del Estado"; pero con "dos condiciones: que los medios sean legales y democráticos y que el cambio propuesto sea compatible con los principios democráticos fundamentales".

La cosa es tan simple que da reparo repetirla: en los Estados europeos, la democracia vale como fin y como medio. Se acabó la historia que permitía a astutos estrategas obtener lo mejor de los dos mundos golpeando desde fuera mientras administraban los dineros desde dentro. La música que acompaña al fallo suena como un réquiem por la vieja cultura política de las dos almas: cuanto antes lo entiendan los nacionalistas, menos frustraciones se llevarán si el TEDH se ve de nuevo obligado a recordarles que en un Estado democrático la única estrategia para modificar las leyes y las constituciones es aquella que respeta los principios democráticos fundamentales, entre otros, no matar al adversario político.

Un sistema insolidario y poco transparente
EDITORIAL El Mundo 14 Julio 2009

EL NUEVO modelo de financiación de las Comunidades Autónomas va a suponer, a corto plazo, un aumento del déficit público -11.000 millones de gasto adicional, que representan nada menos que el 1% del PIB-, y un incremento del peso relativo de las autonomías con respecto a una Administración Central en retirada y cada vez más débil. A medio plazo se producirá el efecto perverso de profundizar aún más en las diferencias que ahora existen entre las regiones más ricas y más pobres de España. Es, además, una propuesta hecha a la medida de las necesidades políticas y hasta electoralistas de Zapatero, especialmente en Cataluña.

La vicepresidenta económica del Gobierno subrayó ayer que todos salen ganando con el nuevo sistema, pero la realidad es que Cataluña recibirá una financiación adicional de unos 3.800 millones de euros, lo que supone el 35% de los 11.000 millones de incremento total.

Cataluña tiene el 16% de la población española, pero su PIB supone el 18% porque es una de las comunidades con rentas más altas. A pesar de ello, recibirá una financiación por encima de la media nacional, lo que resulta bastante difícil de conciliar con una noción redistributiva de los impuestos.

Como se ha podido constatar en los últimos días, Zapatero ha negociado de forma bilateral con Montilla, que ha conseguido un trato de privilegio para Cataluña. El president ha hecho valer la fuerza de los escaños del PSC en el Congreso y la importancia de una alianza política que es vital para que el PSOE siga gobernando. Igualmente, la amenaza de ruptura de ERC -socio del tripartito- forzó a Zapatero a elevar en el último momento su ya generosa oferta.

Como aseveró ayer Cristóbal Montoro, el Gobierno ha diseñado un sistema «antisocial» que «va a dar más al que tiene más», primando los criterios de interés político sobre los principios de cohesión y solidaridad.

Lo primero que hay que reprocharle al Ejecutivo es la falta de transparencia de la negociación, en la que el Gobierno ha marginado al PP. Todo indica que Zapatero ha primado a las comunidades afines.

Elena Salgado se jactó ayer de que el nuevo sistema es mucho más justo que el de 2001 porque el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales va a asegurar que los habitantes de todas las comunidades tengan una financiación equivalente para esas prestaciones básicas, como la salud y la educación. El 75% de la recaudación de todas las comunidades irá a una caja común para financiar ese fondo, al que el Estado contribuirá también.

La idea es buena, pero, como Salgado reconoció nada garantiza que las comunidades dediquen el dinero de ese fondo a servicios básicos. En el libre ejercicio de su autonomía financiera, podrían dedicar esos recursos a abrir embajadas en el extranjero, como está haciendo Carod-Rovira.

Otro de los aspectos más criticables del nuevo sistema es que aumenta la cesión al 50% de la recaudación del IRPF y del IVA a las comunidades, lo que favorece a las regiones más ricas, cuya media de ingresos fiscales es más alta. Este incremento hace que el Estado disponga de cada vez menos fondos para redistribuir.

Habrá que esperar para valorar con más conocimiento de causa el nuevo sistema de financiación, ya que ayer Elena Salgado rehusó facilitar cifras concretas. De momento, el juicio no puede ser favorable. Ni es más equitativo que el anterior ni va a contribuir a reactivar la economía. Eso sí, las comunidades van a tener mucho más dinero para gastar cuando todos los ciudadanos se aprietan el cinturón.

Financiación
El pacto de los buitres
Emilio J. González Libertad Digital 14 Julio 2009

El nuevo sistema de financiación autonómica se ha convertido en un banquete para buitres, que se arrojan hambrientos sobre el cadáver de lo poco que le va quedando al Estado central para darse un festín financiero en el que, como en la zoología, los carroñeros más poderosos, o sea, las autonomías con más capacidad para chantajear al Estado, van a llevarse el mejor pedazo de carne y los restos, que se los repartan los demás como buenamente puedan.

Este, precisamente, no es el mejor momento para poner en marcha un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas. Con un déficit público que cabalga desbocado hacia el 10% del PIB y una deuda pública hacia el 90%, lo que tienen que hacer todas las administraciones públicas, empezando por las autonómicas, es apretarse el cinturón y gastar menos porque, en caso contrario, habrá que subir impuestos y los pocos recursos financieros con que cuenta el país irán a financiar semejante desequilibrio astronómico, en lugar de destinarse a la necesaria inversión empresarial. Transitar por esta vía no conduce más que a profundizar y alargar la crisis, al tiempo que se agrava todavía más el problema del desempleo. A Zapatero, sin embargo, esto le importa un bledo. Para él lo fundamental es permanecer en el poder a cualquier precio, aunque sea a costa de esquilmar el Estado y el bolsillo de los españoles lo máximo posible. Así, a ZP no le ha temblado lo más mínimo el pulso a la hora de ceder a las exigencias de ERC con tal de conseguir los apoyos necesarios para aprobar en el Congreso de los Diputados los próximos presupuestos y evitar la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña. El presidente del Gobierno, sin embargo, podría haber logrado lo mismo mediante una negociación con el Partido Popular, mucho menos onerosa para el Estado. Sin embargo, como eso le hubiera obligado a cambiar su estrategia de gastar por gastar para que imperase la racionalidad, como hubiera forzado a los socialistas catalanes a poner fin a su alocada carrera hacia el independentismo y como, en última instancia, Zapatero quiere destruir el PP a toda costa para convertir al PSOE en el PRI en versión española y convertirse a sí mismo en poco menos que presidente vitalicio, de pactar con el PP, nada de nada. Lo malo es que, con esta actitud, a ZP le quedan cada vez menos cosas que poner encima de la mesa para negociaciones futuras con ERC.

Si esta actitud es lamentable, mucho más lo es la de los líderes autonómicos, tanto socialistas como "populares", así como la de la propia dirección nacional del PP. Sólo dos autonomías, Cataluña y Andalucía, van a repartirse la parte del león del nuevo modelo de financiación autonómica. Al resto no le van a quedar más que migajas, hasta el punto de que la financiación por habitante en regiones más atrasadas, como Extremadura o Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por el PSOE, van a ser mucho menor que la de la rica Cataluña, cuando tendría que ser al revés. Pero como al final les va a caer a todos más dinero de lo que venían recibiendo hasta ahora, los presidentes autonómicos socialistas bajan la cabeza y se callan porque dispondrán de más recursos para gastar, o malgastar, aunque ello implique condenar a sus ciudadanos a no poder acercarse nunca a los niveles de vida de los catalanes.

Esto no tiene nombre, como no lo tiene tampoco lo del Partido Popular. Todos están en contra de este modelo de financiación, lo critican y protestan, pero están dispuestos a firmarlo. Por desgracia, es como decía María Teresa Fernández de la Vega, que su actitud es la de "toma el dinero y corre". Mala imagen dan los populares en este sentido como alternativa de Gobierno a los socialistas porque están demostrando claramente que, a la postre, todos son iguales y que aquí a nadie le importa España. Sólo piensan en sus propios cacicatos, en sus particulares reinos de Taifas. Y, mientras tanto, la dirección nacional del PP no es que sea incapaz de llevar a todas las autonomías en las que gobierna el partido a un frente común contra semejante disparate –con el objetivo de rechazarlo de plano y sin aceptar un solo euro, que sería lo lógico–, es que, por desgracia, ni siquiera se lo plantea.

Así es que, al final, todo esto de la financiación autonómica no es más que un banquete de buitres de todas las especies en el que los más poderosos comen más y mejor, a costa de lo poco que nos queda del Estado español; con Zapatero encantando de quitarse de en medio un problema a corto plazo que le permite seguir en el poder; y con el PP mirando hacia otra parte. Un PP, éste, que si algún día llega al poder, no se atreverá a revocar lo que ahora se está aprobando con su consentimiento cómplice. ¿Dónde ha quedado aquello de la idea de España del congreso nacional del partido de 1999?

El espectáculo de la financiación autonómica
JOSEBA ARREGI El Mundo 14 Julio 2009

AYER se produjo al fin el parto de los montes y la ministra de Economía, Elena Salgado, presentó la propuesta del Gobierno de financiación autonómica. Unos habrán quedado contentos, otros insatisfechos. Suponiendo que el límite temporal máximo no tenga que ser prorrogado una vez más. Más difícil de creer es que se haya encontrado la fórmula de estabilidad que tanto necesita, no sólo la propia financiación autonómica, sino España como Estado.

El espectáculo vivido a lo largo del último año es, cuando menos, penoso. A no pocos ha recordado tiempos ya pasados en los que el emperador recibía a los príncipes electores para preguntarles qué es lo que querían. Y a unos les concedía un favor, a otros una regalía, a otros algún tipo de apoyo en sus luchas particulares... Dando por sentado que la finalidad de la ronda de visitas no era el bien del conjunto, ni siquiera el bien particular de cada territorio, sino asegurarse la lealtad de los príncipes.

Algo de lo que está sucediendo con la financiación autonómica es comprensible dada la indefinición del reparto del poder territorial que caracteriza a la Constitución española: ni se definía el número de autonomías, ni se definía el modelo. Abría varias vías, algunas de las cuales han ido confluyendo. La financiación de las autonomías, de las que hubiere, quedaba al aire menos en el caso de las que contaban con el sistema de concierto: País Vasco y Navarra.

Treinta años después, sin embargo, el modelo se va aproximando a su cierre. Todo el territorio del Estado está organizado en autonomías -quedan pendientes Ceuta y Melilla-. Y todas han ido accediendo al máximo de competencias reconocidas a las nacionalidades. El proceso de transferencias está casi acabado. Ha llegado, por tanto, la hora de pensar seriamente en el cierre del modelo.

Y ello requiere responder a la pregunta -mal respondida con el actual Senado- de cómo se representa al conjunto del Estado en virtud de la pluralidad de territorios, completando la representación del conjunto desde la perspectiva de la igualdad de los ciudadanos que se refleja en el Congreso. Y el cierre del modelo requiere establecer de forma definitiva -que no significa ni inflexible ni inmovilista- la financiación del Estado autonómico. Y requiere también adecuar el lenguaje a la realidad del Estado que es España.

No es posible continuar hablando de lo que cada autonomía pide al Estado, como si las autonomías no fueran Estado. Lo son, y muchas veces se les pide a sus gobernantes que actúen con sentido de Estado. Pero entonces no se puede seguir hablando de la cesión de impuestos a las autonomías, como si los recursos fueran propiedad de la Administración central, y no del Estado, es decir, como si esos recursos no fueran, por definición, también propiedad de las autonomías. Todos son Estado: la Administración central, las autonomías, los ayuntamientos, el Congreso, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial.

En todos los estados compuestos, la financiación está sujeta, por un lado, a unos principios básicos, claramente definidos, y, por otro, a la discusión de los ajustes necesarios por los cambios que van definiendo la realidad. Tomemos, de forma simplificada, el caso de Alemania, del que tanto se usa y abusa: la Constitución de la República Federal establece que el impuesto de la renta y el impuesto de sociedades se lo reparten a medias, al 50%, la federación y los länder. Los ingresos del IVA son también correspondientes a ambos niveles de gobierno, pero debe ser establecido, y puede ser cambiado, por una ley federal que requiere de la aprobación del Senado -representación del conjunto del Estado desde la perspectiva de la pluralidad de los distintos territorios, y compuesto por los gobiernos de los länder-. Después de las discusiones provocadas por la reunificación, por poner un ejemplo en el tiempo, el año 1993 el reparto quedó de la manera siguiente: 44% para los länder, 56% para la federación.

Esta distribución de las grandes cantidades no evita que exista un debate permanente sobre la financiación, especialmente sobre el reequilibrio financiero entre los länder. Länder ricos como Baviera, Hesse (Frankfurt) y Baden-Württenberg elevaron su queja al tribunal constitucional entendiendo que pagaban demasiado. Su recurso fue denegado. Y todos toman como ejemplo del buen funcionamiento del reequilibrio el que la pobre Baviera de 1945, tan necesitada de la ayuda de los estados ricos, sea ahora una de las regiones más desarrolladas, punteras y ricas de Alemania gracias a las aportaciones de las regiones ricas.

Es necesario establecer criterios claros. En este punto tienen razón los catalanes, que así lo reclaman, más allá de determinadas cantidades concretas. También tienen razón cuando critican que la lógica actual, que pone patas arriba el ranking de autonomías en el PIB con un ranking de gasto público por habitante sin ninguna relación con el puesto en el PIB, no posee ninguna coherencia. Pero no tienen razón cuando dicen que el Estado, es decir, la Administración central, debe tener interés en que Cataluña siga siendo la economía puntera que ha sido hasta ahora, pues ello significaría que lo que ha sido producto de la historia no tiene más remedio que seguir siéndolo por toda la eternidad.

Es difícilmente comprensible el recurso a los distintos criterios y variables que se argumentan para recibir mayor financiación. Pongamos el caso de la población: si ésta ha aumentado de forma mayor que la media, en especial por el incremento de la inmigración, el 50% del impuesto sobre la renta multiplicado por el aumento de la población activa ya de por sí produce un aumento de la financiación. El problema de las distintas variaciones que favorecen a unos y resultan inaceptables para otros pertenecen al ámbito de los reequilibrios entre las distintas autonomías, y a la posibilidad de actuación discriminada que puede llevar a cabo el Gobierno central, siempre que éste cuente con recursos suficientes y siempre que la autonomía que lo necesite esté dispuesta a hacer un esfuerzo propio.

NO SÉ si sería necesario ni conveniente elevar a rango constitucional los criterios básicos que regulen el reparto de los recursos procedentes de los grandes impuestos entre la Administración general y las autonomías. Pero es algo que debiera quedar fuera del debate permanente sobre la financiación autonómica, y que debiera adquirir el peso de criterio definido. Queda suficiente espacio para el debate en lo que al reequilibrio financiero entre las autonomías se refiere, y en el papel a cumplir por la administración general en la superación de los grandes desequilibrios regionales.

Pero el debate actual sobre financiación autonómica, unido a la propagación de la voluntad de bilateralidad en la relación de cada autonomía con la Administración general, aunque la referencia sea siempre, y es muy significativo, con el Estado, produce inestabilidad y hace que éste, en lugar de serlo, parezca un bazar oriental en el que todo está sometido a la capacidad no del que más puje, sino del que tenga mayor capacidad de chantaje.

Es incomprensible que, a estas alturas del desarrollo autonómico, los dos grandes partidos no intenten acordar unos principios reguladores que doten a todo el proceso de estabilidad, definición, dirección y cohesión. Claro que para ello PSOE y PP debieran obtener claridad sobre los principios básicos que regulan los estados federales: la lealtad federal -del todo con las partes y de las partes con el todo-, el principio de que ley federal se impone a la normativa de los länders -Bundesrecht bricht Landesrecht- y, sobre todo, lo que el ex ministro de Interior en tiempos de Helmut Schmidt decía recientemente en Bilbao: «Las autonomías deben entender como su cometido el bien del conjunto».

Joseba Arregi fue consejero de Cultura del Gobierno vasco.

Zapatero y el asesinato de la equidad
Francisco Rubiales Periodista Digital 14 Julio 2009

Al financiar a las autonomías y repartir los fondos públicos de manera desigual, dando más a las regiones que más tienen, generando desequilibrio y desigualdad y comprando con dinero los votos que necesita para permanecer en el poder, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de asesinar la equidad, el valor más respetado por la izquierda mundial desde el siglo XIX y, probablemente, el único valor que la izquierda mundial se atrevía a defender todavía, después de haber traicionado la libertad, la fraternidad y la limpieza ética.

La Equidad fue la mejor bandera de la izquierda desde la Revolución Francesa, aunque ciertamente fue más una etiqueta que un principio respetado porque los líderes siempre se entregaron al privilegio y se situaron por encima del partido, mientras que los miembros del partido se situaban por encima de la sociedad.

La Fraternidad nunca existió en la vida real y fue únicamente un producto de la literatura y de la filosofía izquierdistas. La Libertad fue traicionada el día en que el primer partido de izquierda alcanzó el poder e impuso una opresión del Estado que se justificaba afirmando que la autoridad y hasta la violencia eran necesarias para construir un mundo mejor y más justo. Pero la Igualdad resistió, al menos teóricamente, y durante muchas décadas fue la gran bandera de la izquierda mundial.

Bajo el grito de "Igualdad" se hizo la Revolución Francesa, se alzó la Comuna de París, se construyó la revolución bolchevique y Fidel Castro tomó el poder en Cuba. Era sólo un grito, pero respetado por la propaganda y defendido como la gran etiqueta que sustentaba el prestigio de la izquierda.

Ahora, el español Zapatero, que se presenta ante el mundo como líder de una nueva izquierda emergente, al dar más dinero a Cataluña y a Andalucía, gracias a cuyos votos se mantiene en el poder, ha consumado la perversión de una ideología que a lo largo de los dos últimos siglos ha ido arrojando por la borda todos sus principios y valores, sustituyéndolos por un descarnado y sucio apego al poder que ha transformado a la mayoría de los partidos de izquierda en bandas obsesionadas por gobernar, a costa de cualquier precio.

Cataluña es una de las regiones más ricas en renta per cápita de España y la que menos cree en la solidaridad y en el concepto de España como patria común. Cataluña es también el territorio donde el nacionalismo extremo, excluyente e independentista ha anidado con más obscenidad y descaro. El premio de Zapatero a ese bodrio nacionalista antiespañol y autoritario es otorgarles más dinero que al resto de las regiones españolas, un mal ejemplo que propicia el desencanto, consagra la desvergüenza del poder, apuntala la corrupción pública e incita a los demócratas a la desesperación y a la rebeldía.

Andalucía, aunque en menos cuantía, es la otra beneficiada por Zapatero en el reparto de unos fondos que El Estado ya no tiene y que tendrán que salir de los impuestos al ciudadano, cada días más opresivos e injustos, y del endeudamiento, al que el gobierno de Zapatero recurre sin contemplaciones y sin prudencia, sólo para seguir despilfarrando en tiempos de crisis. El "premio" lo recibe Andalucía por ser el principal granero de votos del PSOE, gracias a los cuales Zapatero se mantiene en el poder, a pesar de que Andalucía, junto con Cataluña, es la región española menos demócrata y en la que el poder de la izquierda ha tejido una red clientelar de intereses y de corrupciones que ha degenerado la democracia hasta niveles vergonzantes en una país europeo.

El nuevo modelo de financiación autonómica diseñado por el gobierno de Zapatero es el enésimo y último escándalo de la degradada política española, un paso adelante más hacia el desprestigio del poder, el hundimiento del liderazgo y el desprecio de los verdaderos demócratas a la casta que gobierna al país sin decoro, de manera ineficiente y sin respeto a las reglas más básicas de la convivencia, de la democracia y de la Justicia.

Voto en Blanco

LAS AUTONONUESTRAS
LUIS DEL VAL El Ideal Gallego 14 Julio 2009

La idea de descentralizar España y tejer una red de autonomías fue una buena idea sobre el papel. También fue una buena idea sobre el papel crear una sociedad comunista. Sobre el papel es que las cosas tienen un futuro que casi hay que sentarse para que la emoción no te derribe. ¡Pues anda que la sociedad hippy!

Sobre el papel lo de la fraternidad de la comuna era la leche, que diría un antiguo, o “lo más” que definiría un pijo actual, pero ya vemos lo que sucedió con el comunismo, con la comuna hippy, y ya veremos qué sucede con las comunidades autónomas que, en lugar de acercar los problemas del administrado a la administración, y evitar que un tipo de Madrid diseñe un barrio de viviendas protegidas para Santiago de Compostela, habiendo vivido toda su vida en Málaga, se han convertido -las comunidades autónomas, me refiero- en una familia que cada año muestra sus maneras más egoístas e insolidarias ante la lectura del testamento del abuelito, léase los presupuestos autonómicos.

De momento, hemos aumentado considerablemente el gasto al multiplicar el número de funcionarios sin que se hayan multiplicado el número de servicios.

España era en otros tiempos un restaurante que funcionaba medianamente bien con cien camareros, pero se nombraron a diecisiete maîtres para que controlaran cada uno una zona de mesas, y ahora tenemos a cuatrocientos camareros, incluidos embajadores que salen a la calle para decir, no lo bien que se come en el propio restaurante, sino para recomendar la zona de la mesa de uno de los maîtres. Nadie habla de reducir gastos.

Y el maître es más aplaudido cuanto más egoísta y aprovechado se muestra, con lo que hay una carrera permanente a ver quién se muestra más chulo con el jefe del comedor. Y, encima, ese dinero que sale de nuestros bolsillos se reparte como si fuera del padre del maître. ¡Su padre!
www.luisdelval.com

LA ESPUERTA AUTONÓMICA
ANTONIO PÉREZ HENARES El Ideal Gallego 14 Julio 2009

Creo entender, que no lo entiendo muy bien como creo que apenas nadie, que el Gobierno alardea de un gran logro el haber cerrado la financiación con la comunidades autónomas. Que parece, eso sí que parece, que era darle todo lo que pedía, hasta ayer que mañana será otra y más, a Cataluña y luego zurcir con el resto. En resumidas cuentas, un total de 11.000 millones más. Que de algún sitio tendrán que salir.

Ese dinero del Estado, o sea, de todos, llega a las autonomías para que estas paguen los servicios que tienen transferidos. Es lógico. Hasta ahí. Parece ya mucho menos que en función de territorio o de la capacidad de presión o de chantaje es como se reparten y existe la más que sospecha que unas acaban siendo privilegiadas. A tanto llega la sospecha que se establece algo tan inaudito como que los más ricos son los que más reciben, lo cual ya saben que es el principio esencial del socialismo, la igualdad y la solidaridad. Pero como esto lo hace el PSOE y sus “hermanos” del PSC, pues como tal se admite a pies juntillas.

España está cada vez más enredada con su sistema autonómico. Eso sí que es un hecho evidente. Como lo es, y así se refleja crecientemente en los sondeos de opinión, que los ciudadanos están cada vez más descontentos. Ven, por mucho que les quieran tapar lo ojos, que lo que cada día se ahonda no es la vertebración de la nación sino su desvertebración. En suma, que lejos de resolver problemas los ha disparado y hasta disparatado. La conversión de sus entramados de poder en verdaderos reinos de taifas, con boato y clientelismo como norma muy extendida de conducta añade cotas de auténtico enfado con lo que crecientemente se percibe como despilfarro.

No tengo en este asunto apenas ninguna esperanza. No creo que ninguno de los dos grandes partidos (y, por supuesto, en absoluto los nacionalistas o regionalistas de diversos pelajes y separatismos) y mucho menos juntos, que sería la única solución, tengan la más mínima voluntad política de afrontar una verdadera reflexión y una contundente acción para afrontar la cuestión. Para redefinirla y, si fuera preciso, que en temas como la educación o la sanidad bien pudiera serlo, hasta para desandarlo cuando bien a las claras se ha demostrado que la trocha seguida esta conduciendo al desfiladero.

Pero tengámoslo claro: nadie se atreverá a hacerlo. Porque, como partidos, como entramados de poder, no les interesa en absoluto a hacerlo por mucho que el interés general sea, cada vez más, otro muy diferente.

CARO, INJUSTO E INOPORTUNO
Juan IRANZO / Director General del IEE La Razón 14 Julio 2009

El nuevo modelo de financiación autonómica hay que calificarlo, en primer lugar, de inadecuado, puesto que es el resultado de negociaciones bilaterales que han tenido como objetivo fundamental adaptar el sistema al Estatuto catalán. Se trata también de un modelo caro, toda vez que significa un incremento adicional de 11.000 millones de euros con carácter recurrente, lo que se traducirá automáticamente en más gastos para las arcas del Estado al consolidarse año tras año.

Es también un modelo injusto. A Cataluña, una comunidad con un alto nivel de renta per cápita, se le destina más del 35% del incremento, lo que no puede ser justificado desde el punto de vista de la equidad. Otro de los calificativos con el que se puede tildar es el de inoportuno, ya que se desarrolla en un momento de profunda crisis económica, en el que las cuentas públicas han pasado de tener un superávit del 2,2% en 2007 a un déficit que sobrepasará este año el 10% del PIB, déficit que irá acompañado de un espectacular incremento del nivel de endeudamiento, que el Banco de España ha estimado ya en torno al 90% de la riqueza nacional en el año 2011, algo más del doble del nivel con el que comenzamos el año.

El acuerdo tiene aún más peros: es confuso. No quedan claramente definidos los criterios de asignación –el crecimiento de la población, por ejemplo, como en el caso de Madrid– y queda algo confuso el funcionamiento de los nuevo fondos, muy especialmente el de competitividad. Hay que poner de manifiesto que en las estimaciones no se incluyen las inversiones destinadas a infraestructuras, que según el criterio de PIB también benefician claramente a Cataluña. Finalmente hay que decir que no se refuerza la corresponsabilidad, puesto que el incremento de la cesión de impuestos va acompañado de un aumento de las transferencias financieras.

Conclusión, no es momento ni tampoco forma de aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica.

Dinero por votos
Alfredo Casquero El Semanal Digital  14 Julio 2009

El último capítulo que plasma Zapatero en su libro de Gobernación titulado "Mentira e improvisación", aportará más confusión y caos en la ya de por sí caótico sistema autonómico español. A la espera de que a los dos grandes partidos nacionales, y perdón por lo de nacional, se les ocurra cerrar definitivamente el Título VIII de nuestra Constitución, y a la espera también de que el alto Tribunal, presidido por la filosocialista Casas pronuncie la última palabra sobre el Estatuto Catalán, la negociación del nuevo sistema de financiación adolece de un interés electoral que rompe definitivamente la igualdad de todos los españoles y sitúa por primera vez a la Presidencia del Gobierno en una posición de sumisión ante las ambiciones independentistas de la ultraizquierda catalana, que ha sido quien ha marcado el ritmo, la cifra y la firma del acuerdo.

La negociación bilateral entre el Gobierno de España y una región española con ínfulas de independencia aleja al Gobierno de la defensa de un interés común, general y equitativo. La precariedad parlamentaria de Rodríguez Zapatero ha sido el elemento decisorio para llevar a cabo una negociación que supone un menosprecio a la Constitución y al resto de Comunidades autónomas. Además el reparto de dinero, a la espera de leer la letra pequeña y oculta del acuerdo, prima igualmente a Andalucía, granero de votos, crisol de caciquismos, y auténtico sostén electoral socialista. Como el concepto de nación es discutido y discutible para nuestro presidente, es también discutido y discutible cualquier otro precepto constitucional. Lo es el de la igualdad de todos los españoles. Lo es aquél que establece la obligatoriedad de una distribución de la renta regional y personal más equitativa. Pisotea por la vía de los hechos la necesaria y consagrada unidad nacional tan menospreciada por la pacata visión del Presidente.

No cabe esperar ya una solución definitiva al problema eterno de qué es España. Ni el PSOE ni el PP, al menos en un horizonte lejano, decidirán de una vez por todas cerrar el capítulo autonómico que permanece aún abierto por la visión electoralista y utilitarista de ambos. No parece que se vayan a poner de acuerdo en una reforma electoral que daría la justa representación a los nacionalistas, y que evitaría las concesiones continuas a cambio de apoyo parlamentario. No es la intención, seguro, que el Gobierno ejerza y cumpla la Constitución allí donde la presión nacionalista es más fuerte, ni se antoja tampoco demasiado cercano el día en que el Ministerio de Educación, establezca como le permite la Ley, los mínimos contenidos que garanticen el estudio común de materias comunes en todas las comunidades. Ha consagrado Zapatero el principio de que más recibe quien más votos da, o quien evita en mayor medida su creciente soledad en el Parlamento.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera sacará adelante este mal acuerdo. Los medios afines, que son todos, lo venderán como un éxito del presidente y de la ministra Salgado. Pero a nadie se le escapa las nefastas consecuencias económicas de este acuerdo in extremis que salva la cara y los votos de los socialistas. Zapatero puede presumir ya de haber evitado un varapalo político por parte del PSC y de la ultraizquierda catalana, aunque para ello haya tenido que usar el dinero de todos los españoles para cambiarlos por votos.


El sistema castiga a las autonomías con menor carga impositiva ¿ El reparto está calculado con los datos de 2007, cuando la economía crecía al 3%
Los puntos oscuros del nuevo modelo
Esther L. Palomera La Razón 14 Julio 2009

MADRID- No crean nada de lo que oigan o lean. Cataluña dice que tendrá 3.850 millones del total de los 11.000 adicionales que pone el Estado para la financiación autonómica, pero nadie sabe de dónde sale el cálculo. Y es que el documento, de 50 páginas, remitido por Economía a las comunidaes autónomas, tiene mucha literatura, poca concreción y mucha fórmula matemática para que cada cuál haga sus cálculos en función de una serie de variables y de una estimación aproximada de ingresos vía impuestos.

Total: que es imposible saber cuánto dinero corresponderá a cada autonomía hasta que no se haga la liquidación por ingresos tributarios que se realiza una vez cerrado cada ejercicio. Así que no es de extrañar que quienes entienden de fórmulas matemáticas, curvas económicas y estadísticas hablen de una bomba de relojería que en dos años podría estallar cuando las autonomías no recauden lo estimado y llamen a la puerta de «papá» Estado para pedir más. Estas son las principales quejas: ¿ Un modelo irreal e inoportuno. Los datos con los que Economía ha redactado el nuevo modelo de financiación son de 2007, un año en el que la recaudación del Estado era mucho mayor que hoy, y en el que la economía crecía por encima del 3 por ciento.

Las estimaciones realizadas, por tanto, son irreales. Más claro: gastaremos como si tuviéramos las arcas del Estado tan llenas como hace dos años y como si la economía no se hubiera desplomado. Conclusión: más déficit y más deuda pública. ¿ Penaliza las rebajas de impuestos. Sostienen los expertos que el modelo castiga el pasado, el presente y el futuro de aquellas comunidades que han rebajado los impuestos, en especial a quienes eliminaron el Impuesto de Sucesiones. Y es que uno de los cálculos para el reparto se realiza en función de los impuestos propios que recaudan las autonomías. Así, el modelo penaliza a las que menos impuestos tengan y premia a las que suban los tributos. Es el cómputo para acceder al llamado fondo de competitividad, lo que el portavoz en Economía del PP, Álvaro Nadal, llama «fondo para ricos». ¿ Insolidario.

El sistema es insolidario porque el 80 por ciento del gasto (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) está igualado entre todas las Comunidades, pero el 20 por ciento restante se recibe en función de lo recaudado por cada Comunidad. Es este dinero el que se destina a infraestructuras, medio ambiente, seguridad... a la competitividad. ¿ El Gobierno se desprende de la dependencia. Los 11.000 millones adicionales a los 114.000 que ya ponía el Estado se desembolsan a cambio de que el 100 por ciento del coste de la dependencia pase a las autonomías. Esto supone que las comunidades que tengan más dependientes reconocidos tendrán más dinero. ¿ El fin de la política fiscal. Desde ahora el Estado es socio minoritario en impuestos especiales y paritario en IVA e IRPF, por lo que cualquier reforma fiscal se antoja imposible para cualquier Gobierno.

La judicialización de la lengua
FRANCISCO RICO El País 14 Julio 2009

El español, como todas las grandes lenguas y muchas de las pequeñas, está dejando de ser una lengua natural. Una lengua natural es la que una comunidad conforma en el proceso largo de interiorización de unas normas y va regulando por consenso tácito de los hablantes, que comparten un mundo conocido por todos en una medida sustancialmente igual y en el que todos pueden influir con más o menos la misma competencia idiomática. Una lengua natural es también, pues, un fenómeno arcaico, de otro tiempo.

Hoy, bien de otro modo, la inmensa mayor parte del mundo que habitamos, el que constituye nuestro principal horizonte de referencias cotidianas, está ocupado por los productos de las técnicas, los medios, la industria, las propagandas, las administraciones..., que, por necesidad, por capricho o por perversa conveniencia, no sólo tienden a expresarse en un lenguaje propio, sino que lo imponen a la comunidad sin posibilidad de reacción.

Ocurre a menudo que las jerigonzas que llegan de las alturas atentan contra la naturaleza del idioma, desmembrándolo y volviéndolo artificial. Cuando alguien pide "una segunda taza de café" (y no "otro café") es que ya no habla castellano, sino que recurre a un artefacto ajeno: se ha quedado huérfano de sistema lingüístico. Pero mayor gravedad tiene que la jerga de un cierto sector se instaure socialmente como única y establezca unas categorías estándar de pensamiento y de valoración en detrimento de las normales en la lengua de todos: entonces el ciudadano se queda huérfano de criterio.

Un triste ejemplo está en la judicialización de la lengua aneja según es obvio, a la judicialización de la política. España ha sido siempre tierra de leguleyos, amigos de liquidar una cuestión con un tecnicismo jurídico, que sin embargo se recibía como tal, como el dictamen de un especialista que contemplaba una sola cara del asunto. En los últimos tiempos, el tecnicismo con frecuencia desplaza y anula todas las otras perspectivas.

Leíamos en la Biblia que los hebreos "prevaricaron contra el Señor" y oíamos a don Quijote tratar a Sancho de "prevaricador del buen lenguaje", y no se nos ocurría que el pueblo elegido ni el leal escudero incurrieran en ningún delito castigable por las leyes de los hombres (civilizados), porque los derivados del latín praevaricor (ojo, es esdrújulo) se venían usando tradicionalmente en español con el amplio alcance que recoge el Diccionario de Autoridades: "Trastrocar o invertir el orden y disposición de alguna cosa colocándola fuera del lugar que le corresponde", flaquear en un deber, "faltar uno a la obligación de su oficio quebrantando la fe, palabra, religión o juramento".

De unos años para acá, en cambio, es imposible usar una palabra de esa familia léxica sin tener en la cabeza el paréntesis que los periódicos, al arrimo del Código Penal, indefectiblemente le añaden a prevaricar: "Dictar una resolución a sabiendas de que es injusta".

La consecuencia es que la lengua se ha empobrecido y los hablantes hemos perdido capacidad de opinión y decisión. Al constreñirnos al uso técnico, se nos fuerza a razonar dentro de un restringido planteamiento jurídico y a excluir las consideraciones de otro tipo y en otros ámbitos, que el uso castizo sí permitía y aun estimulaba.

Las etiquetas impuestas desde los olimpos del poder se apoderan así de los espacios sociales y personales, para robarle dimensiones a la complejidad de las acciones y las conductas humanas y reducirlas a un único aspecto. Con ello no sólo se mina la lengua, sino que se debilita la imagen de la realidad, muchas veces con deliberado propósito de engaño.

En el caso de la judicialización de la lengua, no puede estar más claro: medir el comportamiento de un individuo por un rasero exclusivamente legal implica descartar todas las otras posibilidades de valorarlo. Cuando se trata de una figura pública, es invariablemente una artimaña para distraer la atención e impedir que se le apliquen patrones distintos de los específicos de los tribunales: la arquetípica falacia, por ejemplo, de que el asesino no es culpable (no se confunda con "penalmente responsable") porque el crimen ha prescrito.

Parece un hecho firme que un cierto Alonso Pérez, alias El Bigotes, a quien la prensa describe como director de la hijuela valenciana de una "gran trama de corrupción política vinculada al PP", regaló (que se sepa) media docena de trajes al presidente del antiguo reino, don Francisco Camps, y no sé qué niñerías preciosas a sus más allegados. La materia ha ido a los tribunales y todo el interés se centra en si uno de los dos o los dos a una han incurrido en un delito de soborno, "cohecho pasivo impropio" (que ahora resulta ser noción familiarísima al común de los mortales) u otra figura jurídica, y si el proceso, de llevarse a cabo, se celebrará con jurado o sin él, y qué precio ha de tener un obsequio para convertirse en soborno.

Como siempre en ocasiones similares, los secuaces del señor Camps alegan la presunción de inocencia constitucional, mientras por presunto entienden los rivales supuesto culpable, según es de rutina (en general, ¿no valdría la pena sustituirlo por acusado?).

Sin embargo, cifrar el asunto en las facetas legales, o simplemente tomárselas demasiado en serio, sí que es prevaricar "trastrocando el orden de las cosas", por descuidar, en especial, las conversaciones entre el presidente y Pérez hechas públicas por EL PAÍS:

Camps: "Feliz Navidad, amiguito del alma".
Pérez. "Oye... que te sigo queriendo mucho. (...)".
Camps. "Ya, ya lo sé, pero sobre todo para decirte que te quiero un huevo", etcétera, etcétera.

Un vetusto magistrado dictamina en la Red que "si la acusación no prueba la realidad de un regalo en atención al cargo, y no por exclusivas razones de amistad, será absuelto". Pamplinas. El meollo del caso no es el regalo, punto de mínima importancia, sino la amistad con un tipo como El Bigotes; y quien puede juzgar sobre la amistad no es Papiniano con sus códigos, sino Cicerón con términos naturales y corrientes ("usitatis verbis et propriis"). Ni los que cuentan son los criterios estrechamente jurídicos, sino los criterios políticos, morales, de decoro, hombría de bien, dignidad y coherencia: los propios de la experiencia diaria, de la mirada personal y de la lengua común. No otro es el jurado de veras relevante.

Las buenas gentes de a pie se están quedando sin opinión y sin lengua, porque no tienen otras palabras ni ideas que el repertorio prefabricado que se les sirve en bandeja.

La judicialización del idioma es sólo una muestra, multiplicable por cien, de cómo los lenguajes sectoriales colonizan la realidad, la ocultan tras cortinas de humo o la reducen a los datos más fácilmente manipulables. Es, también, una corrupción de la libertad y el juicio de cada cual.

Francisco Rico es miembro de la Real Academia Española.

ESPAÑA
Madrid también pide dinero para financiar el bilingüismo en la escuela pública: español-inglés
El Confidencial 14 Julio 2009

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha advertido hoy al Gobierno de que "no se puede tratar a unos mejor que a otros" a la hora de distribuir la financiación porque el dinero que se reparte lo pone el contribuyente y no "el bolsillo generoso de Rodríguez Zapatero".

Tras colocar la primera piedra de un centro de salud en la localidad madrileña de Alcobendas, Aguirre ha rechazado el modelo de financiación autonómica que ayer le entregó el Gobierno, al considerar que se basa en datos de población de 2007 y que, por tanto, omite a 300.000 madrileños.

Asimismo, ha criticado que al repartir la financiación entre las autonomías se utilicen parámetros como la franja de edad de la población o el bilingüismo, y ha dicho que si esto es así, "que nos financien también nuestra parte, porque Madrid también es bilingüe español-inglés" en la enseñanza pública.

En este sentido ha advertido de que a la Comunidad de Madrid le cuesta "mucho dinero" enviar a los profesores de los colegios públicos -y desde el próximo curso, también de los institutos- a la "inmersión lingüística" en países anglosajones y ha exigido que también se valore esta circunstancia.

“No es momento de particularismos”
La presidenta regional ha demandado al Gobierno un trato igualitario para todas las comunidades y ha advertido de que "no es momento de particularismos o de localismos" sino de tratar a Madrid como a todos, ya que "nosotros tenemos los mismos derechos y no somos de peor condición".

El nuevo sistema incorpora una partida para lo que denomina “normalización lingüística”. No se fija una cuantía exacta, sino que el resultado saldrá de multiplicar por 2,5 veces la financiación que se proporciona actualmente en esta materia. Se trata, como es evidente, de una vieja reivindicación de los nacionalistas catalanes y gallegos, que reclaman que el Estado les pague el coste de sus políticas lingüísticas.

Frente a las declaraciones de Aguirre, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, ha pedido hoy "coherencia" a las comunidades gobernadas por el Partido Popular porque no se puede acusar al nuevo sistema de financiación de provocar más déficit y, al mismo tiempo, "poner la mano" para recibir los recursos.

Por su parte, la diputada de UPyD, Rosa Díez, ha acusado al Gobierno de haber cedido al "chantaje" del tripartito catalán con el nuevo sistema de financiación autonómica. Díez, en un comunicado, ha negado que todas las comunidades ganen con el nuevo modelo y ha asegurado que lo que va a ocurrir es que todas van a pagar "los caprichos y arbitrariedades" del Ejecutivo.

"Con la nueva financiación no hay mejora de los servicios, sino más impuestos, ya que la Administración deberá hacer frente a más déficit y deuda que habrá que pagar elevando los impuestos", ha añadido la dirigente de UPyD.

Tras reclamar un debate abierto y transparente entre todas las comunidades, ha asegurado que lo que ha habido es un acuerdo de los socialistas con los nacionalistas catalanes.

Un instituto de Inca (Mallorca) pregunta a sus alumnos si han nacido en "países de habla catalana" o en el "Estado español"
Distribuyen una encuesta sobre los usos lingüísticos de los niños y sus familias
 www.lavozlibre.com 14 Julio 2009

Inca (Mallorca).- La comisión de Normalización Lingüística del Instituto Pau Casesnoves de Inca, en Mallorca, ha distribuido entre los 800 alumnos del centro una encuesta sobre los usos lingüísticos de los niños y de sus familias y su relación con la lengua y cultura catalanas.

En la primera de las 22 cuestiones el niño debe indicar si ha nacido en “países de habla catalana” o en el “Estado español”. Posteriormente se le pregunta acerca de la procedencia de sus padres, de la lengua que utiliza con su familia, con sus amigos, en el aula o en el recreo, qué cadenas de televisión ve y qué diarios compra, qué grado de utilidad considera que tiene el catalán para encontrar trabajo, cuál es el sentimiento de estima que el niño profesa hacia el catalán y si formaría parte de alguna asociación en defensa del catalán y de la lengua y cultura catalanas.

“El fin de esta encuesta es integrar a los alumnos debido al alto porcentaje de inmigrantes que posee el instituto, en torno a un 35 por ciento”, argumentan Joan Planas, profesor y coordinador de la comisión de Normalización Lingüística, y Joana Prohens, directora del Instituto. “Para favorecer la integración de estos chicos no basta con saber sólo una lengua. Las preguntas no nos parecen tendenciosas y nuestro único objetivo es integrar”, explican.

“Hacemos esta encuesta cada dos o tres años, como indica el proyecto lingüístico del centro. No vulneramos ninguna normativa”, manifiesta la dirección. Este documento, colgado en la página web del Instituto, obliga a que todo el personal del centro se dirija al alumnado en catalán, además de ser la lengua que los propios trabajadores deben emplear entre ellos. Además anima a los profesores a no cambiar de lengua con los castellanohablantes para que así los alumnos hagan lo mismo. “Es importante que el alumnado vea que puede utilizar la lengua (el catalán) en todas las funciones y en todas las ocasiones. A los alumnos que saben catalán pero no lo utilizan hay que tratarles como catalanohablantes”, informa el proyecto lingüístico del centro.

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La tercera vía lingüístico editorial y los libros de texto
ADOLFO GIL GÓMEZ La Opinión 14 Julio 2009

La guerra lingüística está abierta desde hace tiempo y desde este folio se dijo que era una guerra artificial, que al populacho le importaba un nabo y que sólo se estaban ventilando votos entre unos miles de ciudadanos más conscientes o más desocupados, que de todo hay.

Hace unas semanas comentábamos la posibilidad de que apareciese el famoso manifiesto programa que días atrás vio la luz como solución entre los insurgentes que desde el Gobierno desenterraron el hacha de guerra lingüística y los portadores del fuego eterno, proporcionado por los dioses del galleguismo y de la pureza y conservación del idioma, que no renunciarán a él porque son sus dueños por los siglos de los siglos y que no consentirán que ningún humano o semihéroe se atreva a considerar que hay otra verdad distinta de la suya.

Tal es así que, después de tantos dimes y diretes, después de tantos cafés tomados, después de tantear hasta al Apóstol Santiago para ver si era o no firmante del famoso manifiesto, después de que hubiese pasado por las manos y por el correo electrónico de los ordenadores de miles de personas, vio por fin la luz con 1.300 firmas.

El Manifiesto Galego se presenta en Vigo, lo monopoliza el mundo nacionalista editorial moderado con toques centristas y se contraprograma con otro acto de baile de salón entre la Federación de Municipios y Provincias de la mano de la Consellería de Educación. En resumen, los ayuntamientos quieren seguir trincando pasta a espuertas de Normalización Lingüística y la Consellería de Educación, que tan amablemente recoge el guante de la promoción de gallego, se muestra favorable a tal proposición y seguirá tirando de talonario mientras el cuerpo aguante.

Claro que no se comentó en su momento, mea culpa, el papel de los editores en la movida y quizá convenga saber quién se moja y quién no se moja. Examinando la presentación viguesa comprobamos que la filial del grupo Anaya está bien representada; sin embargo el grupo Santillana está poco lucido en el acto, aunque en las firmas no falten más que alguno de los intelectuales orgánicos. Líbrenme todos los dioses de proyectar sombra de intereses espurios en la tal iniciativa, que seguro sólo está promoviendo lo que dice promover.

Ambos grupos tienen mucho que ganar y que perder en la guerra de los libros de texto en gallego. Si cada año todos los padres han de comprar la colección de ejemplares en gallego, queda claro que el negocio editorial y librero sale bien parado, con o sin subvención de la Xunta; por el contrario si estabas más preparado para el anterior servicio de préstamo a las familias, la cuenta de resultados te puede quedar perjudicada o no, según pinten las subvenciones.

También puede influir la capacidad de cada uno de los dos grupos para situarse en la venta de ejemplares según salga el Decreto del Gallego con un porcentaje u otro de asignaturas en cada idioma; incluso pueden llegar a influir los nombres de los autores de los manuales que usen los escolares. Lo que sepamos lo seguiremos contando; pero, de momento, tengan el oído atento.

www.lafelizgobernacion.blogspot.com

Esperando sentencia del TC
VALENTÍ PUIG ABC 14 Julio 2009

EL segundo estatuto autonómico catalán viene siendo una engañosa peripecia que fijará un antes y un después en lo que hubiera podido ser una España autonómica racionalizada. Se está a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional y ya no se sabe lo que es peor. El mal de raíz es que los cálculos generalmente son electorales, de partido, y no de Estado. Lo sugiere abiertamente el proceso de nueva financiación autonómica, cuya contabilidad ha envalentonado a ERC, pero en realidad para demostrar que el PSC es mucho PSC. El paradigma del zapaterismo en cuanto a modelo territorial ha excedido todas las expectativas al necesitar tanto los votos del ERC y habiendo dicho antes en Barcelona que cuando estuviese en La Moncloa aceptaría cualquier nuevo «estatut» que le enviase Cataluña. Tomó nota el PSC, ese componente tan costoso e inestable del socialismo español, decididamente particularista al percibir que el poder en Cataluña se te hace asequible si aventajas en nacionalismo a quien sea.

Hay socialistas, incluso en Cataluña, cuyo desapego respecto a este paradigma zapaterista les margina. No es que fuesen jacobinos drásticos. Simplemente, habían creído en el consenso autonómico de 1978. Reflexionan con cierta melancolía sobre los sobresaltos de la relación entre los socialistas y el Estado autonómico, como ha hecho Luis Fajardo Spínola en el estudio «¿Hacia otro modelo de Estado?». Como diputado socialista que fue largos años por Santa Cruz de Tenerife, vivió de cerca las evoluciones del proceso autonómico en la creencia de que cualquier perspectiva de reforma debía contar con la más amplia mayoría, y que antes de dar cualquier paso -para operar, dice, en las entrañas de la estructura territorial del Estado- tenía que quedar «absolutamente clara la viabilidad constitucional» de la propuesta. De porqué las cosas no han sido así tienen la clave los augures del presidente Rodríguez Zapatero.

El prólogo de «¿Hacia otro modelo de Estado?» pertenece a la afilada autoría de Joaquín Leguina. Son, como las de todo el libro, páginas aleccionadoras sobre el trecho que va del consenso constitucional de 1978 a las asimetrías más recientes. A la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, «¿Hacia otro modelo de Estado?» es como esos artículos de largo alcance que leemos inesperadamente en la antesala del dentista. Nunca se le ha escapado a Leguina la aportación en términos de grave incógnita que hizo Pasqual Maragall al seducir territorialmente a Zapatero. Frente a la idea antipática de «cerrar el modelo territorial», se impuso la imprecisión intuitiva y procelosa de lo siempre abierto. Desde luego, nadie hubiese podido imaginar que José Montilla daría un paso más en la tan arbitraria política de inmersión lingüística.

Dice Joaquín Leguina que aceptar el bilingüismo sería aceptar la existencia de comunidades complejas y el nacionalismo requiere de una comunidad homogénea: por eso detesta el bilingüismo. En otro ámbito, en las competencias comunes a todas las Comunidades Autónomas, las fórmulas de Zapatero garantizan la «cooperación federal multilateral», mientras que los «hechos diferenciales» dan lugar a una relación bilateral entre Estado y Comunidad Autonómica. En un mapa entrecruzado de líneas rojas, el zapaterismo avanzó a paso de carga para pasmo de los socialistas que -como Leguina o Fajardo Spínola- habían hecho contribuciones sustanciales a los procesos autonómicos y a la estabilidad constitucional. Ahí queda el Estado, entre los barones territoriales y la reforma constitucional.
www.valentipuig.com

Esto sí que es contubernio
Lorenzo Contreras Estrella Digital 14 Julio 2009

No habrán sido pocos los curiosos de la política que habrán recordado ahora aquella declaración de Pedro Solbes en la que confesaba que su máxima aspiración, cuando todavía figuraba como vicepresidente económico del Gobierno, era marcharse a casa. El personaje que aparentaba dormirse en las sesiones parlamentarias, seguramente para no dar la sensación de complicidad consciente con lo que un día y otro se ventilaba frente a sus propias convicciones, ya no "existe" sobre el banco azul. Ahora calienta su "sitial" la ministra, y también vicepresidenta económica, Elena Salgado. Ha tenido que ser ella la que preste el rostro, posiblemente más duro de lo que piensa, para otorgar el nuevo modelo de financiación de la España de las Autonomías taifales. Solbes prefirió de antemano quedar en off side.

El español medio que presta oído o atención a lo que se dice o escribe sabrá a estas alturas que el máximo representante de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) estuvo oficialmente a punto de reventar de gozo cuando el "modelo" quedó ultimado tras una especie de vis a vis a la máxima escala Generalitat-Gobierno central, en cuya elaboración los epígonos de Carod-Rovira ejercieron desde fuera una presión chantajista, frente a la cual Montilla, el president del Ejecutivo catalán, se mostró dispuesto a arrodillarse, y así lo hizo. Puigcercós lo expresó con todo descaro: "Hemos plantado cara al Estado y hemos ganado". Gloria a los "duros" entre bambalinas.

Es harto posible que Zapatero crea que él, último y definitivo responsable de todo este contubernio, se considere vencedor. Y, desde luego, si para él vencer es asegurarse unos votos en los próximos compromisos parlamentarios, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, ha salido sin duda ganador de la partida. Sin contar con la Cámara legislativa ni orquestar tampoco una verdadera consulta democrática entre Autonomías, el presidente del Gobierno ha apuñalado definitivamente las normas "sagradas" de la Constitución en las que ésta se autoproclama como garante de "la solidaridad entre todas ellas" (artículo segundo de la Carta Magna).

En realidad, la solidaridad entre las Autonomías ya era de antemano la tragicomedia de un naufragio histórico. Cuando se piensa que el Tribunal Constitucional juega con el tiempo para que a Zapatero, previo pago del importe financiero-político correspondiente, le resulte también perfecta la dosis de tiempo personal que necesita asegurarse, forzoso resulta llegar a la conclusión de que la España en crisis económica ya estaba en vías de ser la España "mejor madurada" para una crisis política. Una situación en la que un Estatuto de Autonomía, en este caso el catalán, más conocido como el "Estatut", es capaz de imponerse a toda una Constitución y paralizar sus decisiones de manera asombrosa, no puede merecer otro diagnóstico que el espejo de un país en vías de derrumbe. El insignificante grupo de ERC ha sido capaz de urdir frente a un impresentable Montilla el reparto de dinero estatal más condicionado y chantajeado que habría podido imaginar el español medianamente consciente del país que le toca vivir.

Pues bien, a pesar de toda la arbitrariedad e injusticia que alberga el tal modelo de financiación, resulta que desde el seno de CiU, la Convergencia "made in Pujol", un tal Felip Puig, número dos de la coalición citada, acusa al tripartito montillesco de estar haciéndole al Tribunal Constitucional español nada menos que ¡el "trabajo sucio" que éste necesitaba! Para Puig, el pacto alcanzado con Zapatero y sus allegados representa, para Cataluña, así como suena, una "estafa política". Una "estafa" que el mismísimo Puigcercós, presidente de ERC, ha valorado como "un logro histórico" que sitúa a Cataluña, desde la restauración de la democracia, "por encima de la media en el ranking de las Comunidades".

Las ventajas son reconocidas, cuando lo son, con la boca pequeña, porque, en definitiva, el ideal para ERC, más allá del deseado concierto económico, es, según su líder actual, "la independencia de Catalunya". Lógico.

Lo que hay en juego es lo que hay. Y ZP lo sabe perfectamente. Prohibido sorprenderse.

Ya llega, ya llega
VICTORIA PREGO El Mundo 14 Julio 2009

En plena agitación de examen y cálculo sobre el modelo de financiación y su traducción en millones de euros para cada comunidad autónoma, el otro gran asunto que aún colea en este final de curso podría estar a punto de despejarse definitivamente. Hoy se reúnen en sesión plenaria los magistrados del Tribunal Constitucional para examinar la tercera, y esperemos que última, propuesta de sentencia -ya muy adelgazada en páginas porque se le ha quitado la mayoría de las citas de jurisprudencia- sobre la totalidad del Estatut, y hay que esperar que a partir de hoy se despeje la gran incógnita pendiente: cuándo se le va a dar por fin matarile al calvario jurídico y político en que se ha convertido esta sentencia de nunca acabar.

Lo que es seguro es que el esperadísimo fallo del TC no va a estar listo para cuando el presidente del Gobierno comparezca ante el Congreso, en torno al día 20 de julio. Por una cuestión estética más que nada: sería una chirigota que el Alto Tribunal hubiera estado esperando a que el Gobierno cerrara la negociación sobre financiación autonómica para presentarse inmediatamente después con la sentencia en bandeja como ofrenda a Zapatero. Eso no va a pasar, pero lo que sí es muy probable es que antes de que acabe julio sus señorías hayan por fin alcanzado un pacto.

La médula de las deliberaciones ha seguido invariable en su espíritu, de modo que se mantiene la información de que la sentencia va a dejar el Estatut en algo parecido al agua de borrajas porque, aunque en el fallo va a haber pocos preceptos declarados abiertamente inconstitucionales, habrá una enormidad de artículos que, a su paso por los fundamentos jurídicos, van a perder su virulencia.

En muchos casos -los más- y para no tener que declarar inconstitucionales un montón de preceptos, se va a hacer decir al Estatut lo que no dice o, al menos, lo que no quería decir, y se va a interpretar que el artículo equis dice algo que en realidad no se desprende de la letra del precepto ni tampoco se podría inferir de la voluntad expresada infinidad de veces por los redactores del Estatuto dentro y fuera del Parlament o de las Cortes Generales.

En otro puñado de casos, el artículo se va a convertir en inocuo porque a su redacción se le va a añadir la afirmación de que «este precepto no obliga al Estado»; con lo cual, ponga éste lo que ponga, resultará irrelevante.

Y en un tercer grupo de artículos se va a afirmar que el precepto es constitucional «siempre que se salven las competencias del Estado». Ésta es la repetición del famosísimo recurso en el que se refugiaron en 1979 los negociadores gubernamentales de los primeros estatutos vasco y catalán, que literalmente trufaron sus respectivos articulados con la coletilla «sin perjuicio de». Sin perjuicio de las competencias del Estado. Tres humildes palabritas que lograron, ellas solas, levantar una sólida empalizada de protección de la acción estatal en la gobernación de España. El Constitucional va a repetir ahora la fórmula.

Si las posiciones de los magistrados no dan mañana en el Pleno un vuelco inesperado, esto es lo que va a suceder con todas y cada una de las materias importantes del Estatut, porque éstos son los criterios que en esta tercera propuesta de sentencia - que en eso no varía en nada respecto de la anterior- se van a aplicar sistemáticamente a su articulado.

Pero hay excepciones. Hay casos en que el precepto ha salido tan tozudo y tan imposible de interpretar o de retorcer que sus señorías no han tenido más salida que llevarlo al fallo y declararlo directamente inconstitucional.

Van al fallo, por ejemplo, los artículos 90 y 91 sobre las veguerías, que hacían desaparecer las provincias y privaban de competencias a las diputaciones. La explicación del intento de cambiar provincias por veguerías es que la regulación de los recursos asignados a las provincias y sus entes locales corresponde al Estado en exclusiva.

Si las provincias desaparecieran en Cataluña, desaparecería también el control organizativo y presupuestario del Estado sobre todo el territorio catalán, que pasaría a estar bajo el control de la Generalitat. Eso es lo que quería el Estatut, y eso precisamente va a ser declarado inconstitucional sin paliativos.

Va también al fallo la creación del Consejo del Poder Judicial de Cataluña con las competencias que el Estatuto le otorga y, en general, todo el capítulo relativo a la Justicia.

Va al fallo, por inconstitucional, la pretensión de que el Parlament establezca los tributos locales, algo que corresponde al Estado.

En materia de financiación hay, sin embargo, muy pocas cosas más que se declaran inconstitucionales. Habrá que ver cómo interpreta el tribunal esa parte del Estatuto.

Nada de lo relativo a la lengua va al fallo. No iba en el segundo borrador y tampoco va en el tercero. También en este caso habrá que leer atentamente los fundamentos jurídicos para ver si el Constitucional hace, o no, una traducción del articulado que lo prive parcialmente de su fuerza.

El truco que esconde esta sentencia es evidente: consiste en decir sí en apariencia a lo que está diciendo no en realidad. De modo que tiene algo de timo, un timo que, sin embargo, podría permitir a los políticos catalanes vender como un éxito lo que previsiblemente acabe siendo todo un varapalo.

La sentencia tiene otra pega, y es que va a crear un campo inmenso de inseguridad jurídica. Las sentencias están para resolver conflictos, pero ésta va a multiplicarlos porque no deja las cosas claras. Como no expulsa ningún artículo del ordenamiento jurídico, sino que los deja todos dentro, permitirá que el Estatut se siga aplicando entero, lo cual va a generar recursos a go-gó. Seguro.

Por lo que se refiere a la posición de los 10 magistrados que han de emitir su voto -nueve más la presidenta-, algunos de los más renuentes asumen ya que, interpretado de esta manera, el Estatut deja de representar un peligro para el Estado, así que no se oponen. Por eso la relación de votos está a punto de llegar al 6-4 a favor de la sentencia tal y como está en la última propuesta. Y, apurando las cosas, incluso podría alcanzar el 7-3. Pero si ahora se produjera un vuelco que nadie quiere y se retrocediera hasta el empate del 5-5 -una proporción que convertiría la sentencia en un escándalo-, la presidenta del Constitucional prolongaría los debates hasta más allá de agosto para evitar que fuera su voto de calidad el que decidiera el fallo. Y tendría razón, porque no sería de recibo que, después de tres largos años, un asunto de esta envergadura acabara sustanciándose por los pelos.

María Emilia Casas ha invitado a todos los magistrados el día 29 a una copa de fin de curso. ¿Será verdad que sus señorías se van a ir de vacaciones con los deberes terminados? Cuando acabe el Pleno de hoy podremos aventurar fechas.

victoria.prego@elmundo.es

El 80% de los recursos del sistema se destinará a los servicios públicos fundamentales -sanidad, educación y prestaciones sociales
La financiación espera el sí quiero
Editorial La Razón 14 Julio 2009

El largo culebrón de la financiación autonómica parece que ha llegado a su fin. Tras semanas de especulaciones sobre las entrevistas de Chaves y Salgado con distintos presidentes de comunidades autónomas -especialmente con Cataluña y Andalucía-, a la búsqueda de encontrar la cuadratura del círculo de sus demandas, ayer, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, anunció que el «sudoku» estaba resuelto. El Ejecutivo aportará más de 11.000 millones de euros anuales adicionales, que se entregarán íntegros en el año 2012 aunque irán introduciéndose gradualmente desde este mismo año, para conseguir un acuerdo en el nuevo modelo de financiación autonómica. Rodríguez Zapatero, este pasado viernes, desde la ciudad italiana de L¿Aquila, había anunciado que el nuevo sistema se traduciría en más dinero para todos. Más fondos, anunció en esta época de crisis, para educación y sanidad.

Ayer, la vicepresidenta Salgado, tras el sí quiero de ERC -fundamental para salvar el escollo de la Generalitat catalana- hizo el anuncio y aseguró que el sistema será «más solidario» y «favorecerá el estado del bienestar», aunque, curiosamente, se negó a precisar las cifras que recibirá cada una de las comunidades autónomas. Unas autonomías que ayer por la tarde hacían sus propias cábalas en atención a los parámetros de población, dispersión, insularidad, envejecimiento, población escolar, bilingüismo o superficie para saber «a cuánto salen». Sólo garantizó Salgado que Cataluña «estará ligeramente por encima de la media» en términos de financiación por habitante y que otras regiones, sin precisar cuáles, quedarán por debajo.

Algo que ha hecho afirmar al portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, que «se ha puesto en riesgo la igualdad de los españoles a la hora de acceder a los servicios públicos». Sin duda la reforma del modelo de financiación era necesaria, como bien explicaba ayer la ministra, ya que el modelo presente no actualizaba correctamente la población, a pesar de que ha crecido entre 1999 y 2009 en más de 6 millones de habitantes, y tampoco garantizaba la financiación de los servicios públicos, como la sanidad y la educación. Sin embargo, ese abrir la caja del Estado ha provocado recelos y desconfianzas entre las distintas comunidades ante la posibilidad de que unas resultasen más beneficiadas. En este sentido, el modelo, que se actualizará anualmente, incorpora mayor corresponsabilidad fiscal al ceder a las autonomías el 50% del IVA y el 50% del IRPF, además del 58 por ciento de los Impuestos Especiales. Un reparto que aportará más fondos a las CC AA pero que debilitará la caja del Estado y puede provocar su endeudamiento.

En lo que respecta a las autonomías se ha de mirar con lupa el destino de ese dinero, ya que, si en vez de dedicar los fondos a enjugar sus elevados déficit se destinan a más gasto público, autobombo o gestiones dudosas -como abrir en los lugares más insospechados «embajadas»-, el resultado del «sudoku» que Solbes comenzó a resolver sería nefasto. No estaría de más que el Estado mantuviera algún tipo de control sobre el destino del dinero de todos. La propuesta de financiación ya tiene fecha de presentación ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera: el próximo miércoles. El Ejecutivo no tendrá mayor problema para sacarlo adelante, con el apoyo de las comunidades gobernadas por el PSOE. Otra cosa será si el nuevo modelo cumple su propósito, de servir al ciudadano, y no deriva en más dinero público para ser despilfarrado en cometidos dudosos, ajenos a la austeridad que demandan estos tiempos.

PSC
¿Quién teme a la Esquerra feroz?
José García Domínguez Libertad Digital 14 Julio 2009

Uno, que de economía poco sabe y de hacienda pública todo lo ignora, sólo se atrevería a refutar una única cifra entre las demasiadas que giran en ese carrusel algebraico que ha puesto en marcha Elena Salgado a mayor gloria de la intendencia de las taifas. Y es que, como en el poema célebre, uno no sabe muchas cosas, es verdad, pero lo han dormido con todos los cuentos... y se sabe todos los cuentos.

De ahí que no esté dispuesto a comprar la moto de la Esquerra feroz. Ésa con la que pretenden convencerle de que los ridículos 297.000 votos de ERC habrían forzado, ellos solitos, la quiebra del principio de equidad financiera del Estado. No, ni hablar del peluquín. Por mucho que alardee de testosterona centrífuga Puigcercós, y por más golpes en el pecho que se propinen los machos alfa del ‘clan de la avellana’, los histriones de la Esquerra no le harán creer que han representado algo más que el papel simples figurantes en esa comedia de enredo.

Muy al contrario, el supremo muñidor del gran entuerto asimétrico no ha sido otro que Antoni Castells, uno de los contados supervivientes entre aquellos burgueses ilustrados y discretamente separatistas –en la intimidad– que fundaron el PSC. Es a ese letrista ocasional de Lluís Llach a quien deberemos agradecer los privilegios que tanto entusiasmo han despertando ya entre los socialistas de la España pobre. Así el sustituto del Bellotari –no recuerdo ahora su nombre–, que casi llora de alegría festejando la marea de dinero extra que habremos de disfrutar en Barcelona.

Sin embargo, y por nada arcanas razones de política nacional, Zapatero sigue empecinado en ocultar tanto a la opinión pública como a la publicada, que ha sido el PSC, y sólo el PSC, su interlocutor principal, si no el único. Igual en la maquinación del Estatut que en la comisión del nuevo reparto del botín fiscal. Ya ocurrió aquella noche de vino, rosas y cajetillas de Fortuna, en La Moncloa, cuando Artur Mas se llevó toda la gloria mediática del recién alumbrado engendro confederal. E igual vuelve a suceder ahora mismo, con los comparsas de la Esquerra chupando cámara a cuenta del esforzado Montilla. Sic transit...
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

El nuevo pacto Cataluña-Estado español
Fernando önega La Voz 14 Julio 2009

Mi tesis es: el nuevo sistema de financiación autonómica es, antes que nada, un pacto entre el Estado español y Cataluña. Así fue gestionado, así fue negociado y así fue finalmente acordado. De hecho, la vicepresidenta Elena Salgado solo compareció ante el país en un momento preciso: el momento en que uno de los miembros del tripartito, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), dijo sí al sistema. Para conseguirlo, se tuvo que emplear el propio presidente Zapatero, que le dio a Esquerra categoría de interlocutor necesario, por no decir privilegiado. Si ERC -diez mil militantes, tres diputados en el Congreso y seiscientos mil votos- lo hubiera rechazado, a estas horas estaríamos en una de estas dos situaciones: o crisis en el Gobierno catalán, o ausencia de financiación.

A esa situación se ha llegado por la confluencia de dos hechos: el Estatut y la capacidad de presión política de Cataluña. El Estatut prevé diálogo bilateral y una cantidad determinada. Como es una ley orgánica, el Gobierno central no tiene más remedio que cumplirla. La capacidad de presión viene determinada por la compleja relación PSOE-PSC: o Zapatero cumplía el Estatut, o había una ruptura suicida. Por todo eso hubo que pactar de forma angustiosa. La historia se repite con distintos protagonistas: Aznar pudo hacer su primer Gobierno por un pacto económico con Pujol, el famoso pacto del Majestic . Zapatero puede seguir y quizá aprobar sus próximos Presupuestos por un acuerdo con el Gobierno Montilla. Cataluña sigue decidiendo.

La cuestión siguiente era convencer a las demás autonomías. ¿Cómo? No quedaba otro camino que «aflojar la pasta». Y así se entró en una carrera de vértigo: los 6 o 7.000 millones que manejaba Solbes se transformaron en los 11.000 de Salgado. En solo diez días, se pasó de 9.000 millones a la cantidad final. Esa ha sido la forma fácil de deshacer el nudo: comprar la conformidad de las comunidades con la fórmula milagrosa de que todo el mundo reciba más dinero. Todo lo demás es literatura política, mejor o peor construida, para vestir el santo con bellas palabras que aparenten sentido de Estado.

«La negociación empieza ahora», dijo ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. Me temo, presidente, que no queda mucho que negociar. Solo queda aclarar conceptos, discutir lo discutible mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y firmar o rechazar, pero coger el dinero. Y no hacerse demasiadas ilusiones. Si Salgado iguala o supera lo pedido por los partidos gallegos (el famoso 7,1%), seguirá siendo cierto que nos separa un abismo de Cataluña, pero el Gobierno central siempre nos podrá decir: «Mejoramos lo que habéis pedido; es injusto que os quejéis».

Tarea pendiente
EDITORIAL El Correo 14 Julio 2009

El informe extraordinario del Ararteko sobre atención institucional a las víctimas del terrorismo en Euskadi, presentado ayer, tiene, entre sus virtudes, la de poner en números el desgarro que ETA ha provocado y provoca en la sociedad vasca.

Un saldo criminal cifrado en mil asesinados, 16.000 personas heridas y miles de exiliados, cuyo impacto brutal se multiplica en familiares, compañeros y amigos. En la actualidad, 42.000 ciudadanos, uno de cada cincuenta vascos, sufren amenazas, extorsiones o coacciones por parte de ETA. Ninguna sociedad puede soportar semejante golpe sobre los derechos fundamentales de sus integrantes, semejante agresión contra su normalidad, sin pagarlo. Es evidente que el compromiso institucional con las víctimas del terrorismo ha crecido exponencialmente, desde la proposición no de ley aprobada por el Parlamento vasco en 2003 a la más reciente y, relevante, Ley de Reconocimiento y Reparación de hace un año.

Precisamente el desarrollo de esta norma, que convierte a las víctimas en sujetos de derecho, es una pieza clave en la construcción de un andamiaje público que las ampare de forma estable y definitiva. Hay que reconocer, también, los pasos dados tanto a nivel gubernamental como por otras administraciones para subsanar el clamoroso abandono que padecieron durante décadas. Pero, siendo ciertos estos avances, en el informe del Ararteko se constatan dos preocupantes carencias. Una de presente: la irregular colaboración municipal; y otra de futuro: la actitud mostrada por una parte de la juventud vasca ante la violencia.

La acción de los ayuntamientos, la institución más cercana a los ciudadanos y, por tanto, más influyente en la creación, o corrección, de pautas de comportamiento, es fundamental para la deslegitimación diaria del terrorismo, para la protección de los amenazados y la recuperación de las víctimas. Una tarea que, aun asumida por muchos municipios, presenta graves deficiencias. Las reticencias a retirar pintadas o carteles favorables a ETA -sólo el 43% de los consistorios lo ha hecho- es la evidencia de una inadmisible inhibición, en el mejor los casos, que se transforma en abierta oposición en los ayuntamiento erigidos en focos de propaganda etarra.

Pero, sin duda, el dato más inquietante es ese 15% de adolescentes vascos que no rechaza e incluso justifica la violencia de ETA. Un porcentaje que delata graves carencias en la formación en valores, tanto en la enseñanza como, sobre todo, en la familia y en los ámbitos más próximos de socialización. Y sin una juventud educada en la tolerancia y el respeto a los derechos, incluido el de la vida, el futuro de Euskadi estará mediatizado. Hay mucha tarea pendiente.

La Euskadi oculta
MAITE PAGAZAURTUNDUA, PRESIDENTA FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO El Correo 14 Julio 2009

En Euskadi, los uniformes de los ertzainas, policías, guardia civiles o militares no se cuelgan al sol. Cuando la familia del superintendente de la Ertzaintza Carlos Díaz Arcocha regresó a tu tierra natal, Teresa, una de sus hijas, era estudiante de secundaria. En el instituto alguien le preguntó que a qué se dedicaba su padre y contestó, con toda candidez, que era militar. Al salir de clase, una joven, hija de un guardia civil, le explicó que no volviera a repetirlo. Aisha Mohamed, viuda de un policía nacional asesinado en Irún, también ocultaba la profesión de su marido. Ella había contado que eran emigrantes, que venían de Francia. El documental producido por la Fundación Víctimas del Terrorismo que relata estas y otras vivencias también se emitió en secreto, sin aviso, con nocturnidad, en ETB-2 hace algún tiempo.

El informe del Ararteko desvela parte de la realidad brutal y aberrante con la que nos hemos acostumbrado a convivir. Cuarenta y dos mil personas amenazadas de muerte. Miles de exiliados. Un porcentaje de adolescentes importante que no entiende que la mayor vulneración de los derechos humanos es el asesinato de un ser humano. Si se asesina en nombre de la identidad sagrada de los vascos, pueden asumirlo. Hay muchos padres que no se enteran de que han criado fanáticos de la identidad hasta que es demasiado tarde y les han pasado desapercibidos todos los indicios, porque la toxicidad ambiental ayuda a la impunidad y a la ignorancia consentida. Las escuelas vascas necesitan que los jóvenes en edad escolar conozcan la persecución absurda, el dolor de los seres humanos vejados hasta la muerte. Los ciudadanos también necesitan recuperar la sensibilidad, incluso si duele y molesta mirar lo que resulta difícil de ser asumido.

Los inocentes reclaman que se deje de mirar hacia otro lado. Que los claustros escolares no busquen ahora excusas por miedo. Que se borren las pintadas. Que se honre la memoria de seres humanos inocentes asesinados e invisibles en nuestros pueblos. Que los Ayuntamientos no se escondan del Ararteko, y sobre todo, de sí mismos, de su propia responsabilidad. Que ETB no se ampare en las audiencias para enviar ciertos documentales a la clandestinidad. Podemos seguir mirando hacia otro lado y aumentando la cuenta de la ignominia compartida. Y podemos actuar.

INFORME SOBRE ATENCIÓN INSTITUCIONAL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
El Ararteko cifra en 42.000 las personas que sufren la coacción terrorista en Euskadi
Iñigo Lamarca denuncia que no existen «fronteras ideológicas» y que cualquiera está «potencialmente amenazado» por ETA
MANU RUEDA. VITORIA El Correo 14 Julio 2009

El Ararteko, Iñigo Lamarca, realizó ayer una estremecedora radiografía de la violencia terrorista en el País Vasco, que habla de más de mil personas asesinadas y 42.000 que sufren «en este momento» amenazas, extorsiones o coacciones de ETA. Con los datos en la mano, el temor que expresó el Defensor del Pueblo en Euskadi es que, a día de hoy, «no hay fronteras ideológicas» y que cualquiera está «potencialmente amenazado».

Lamarca presentó el informe sobre Atención Institucional a las Víctimas del terrorismo que, por primera vez, ha elaborado la institución del Ararteko y que entregó a la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga. El estudio pretende reflejar la respuesta que las administraciones públicas y la ciudadanía ha concedido a «todas las víctimas de todos los grupos terroristas que han operado u operan en el País Vasco», dándole un mayor protagonismo a ETA «por el número de víctimas que ha producido y por ser el único que en la actualidad permanece en activo».

Pero sin olvidarse, añadió, «de la realidad de las víctimas del terrorismo practicado por los grupos incontrolados de extrema derecha, extrema izquierda o el GAL». Una línea que hace quince días ya marcó la directora de la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, que anunció la puesta en marcha durante esta legislatura de una política «integral» que no deje al margen a ningún damnificado por la sinrazón de la violencia.

En este contexto, el Ararteko cifró en 42.000 las personas que sufren hoy la violencia de persecución, pertenecientes a numerosos colectivos. Las amenazas y coacciones terroristas, según el informe, existen desde hace muchos años, pero el número de personas que las experimentan se incrementó cuando ETA puso en marcha la llamada «socialización del sufrimiento»: desde miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -incluyendo después a ertzainas-, militares y empresarios que no ceden al chantaje, a cargos políticos no nacionalistas, jueces, fiscales, funcionarios de prisiones, intelectuales, artistas, profesores, periodistas..., que expresan su crítica a ETA.

«Escalofriante»
Por este motivo, afirma el documento, «muchas personas se han marchado del País Vasco». Esta dramática situación sufrió otra vuelta de tuerca tras el asesinato, el 7 de marzo de 2008, del ex concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco. Desde entonces, la amenaza a los concejales se extiende en el tiempo aunque dejen de serlo. En las elecciones del 27 de mayo de 2007, se eligieron 339 ediles del PSE y 184 del PP que deben vivir escoltados por más de mil agentes. Unos cien millones de euros son destinados cada año por el Ministerio del Interior para protección, incrementándose, desde 2004, la partida destinada a la salvaguarda de la vida de los cargos públicos en Euskadi.

Con este panorama, Lamarca calificó de «escalofriante» el número de personas afectadas, al tiempo que denunció esta «dinámica infernal de hacer cada vez más expansivo el terror», al no existir «fronteras ideológicas ni personales». «Fuera de sus apoyos incondicionales, todos podemos estar en un futuro potencialmente amenazados por ETA». Por ello, alertó de que la amenaza de la banda armada «nos concierne a todos».

Como antídoto contra ETA, invitó a que se siga trabajando «unidos» en el respeto a los Derechos Humanos hasta llegar al 100% de la sociedad, porque ése será el momento en el que la organización terrorista desaparecerá. «ETA se diluirá en el sistema de valores democrático», pronosticó.

RECOMENDACIONES
El Ararteko, en su informe de Atención Institucional a las Víctimas del terrorismo, establece una serie de recomendaciones que las divide por ámbitos. Justicia: Que la Dirección de Víctimas del Terrorismo acompañe a las víctimas o actúe de oficio suministrándoles información del estado de las investigaciones. Estudiar la posibilidad de que las instituciones se personen como acusación popular.

Derecho a la dignidad: En el ámbito municipal, la eliminación de pintadas y carteles en favor de ETA que resultan humillantes para sus víctimas. Retirada de las placas y los monumentos en homenaje a los victimarios.
Derecho a la memoria: Promover en todos los municipios, y necesariamente en los que se haya producido una victimación terrorista, una calle o instalación pública en memoria de las víctimas del terrorismo.
El derecho a la paz: El diseño y la evaluación de los programas de concienciación y de educación para la convivencia, dirigidos a grupos escolares y a todos los foros de la sociedad civil, deben contar con la participación de las propias víctimas.

Derecho a la verdad: Debe reconocerse social e institucionalmente que las víctimas del terrorismo, incluyendo las personas amenazadas, representan una verdad política porque han sido atacadas o amenazadas por simbolizar la pluralidad ciudadana de la sociedad vasca y defender la libertad.
Derecho a la reparación: Deben facilitarse los cambios de vivienda, previa acreditación de la amenaza y coacción, para las personas que sufren violencia de persecución. Debe otorgarse la misma importancia a los daños psicológicos que a los físicos, producidos ambos por la victimación terrorista. Debe facilitarse el acceso a la asistencia psico-social por parte de los amenazados por ETA y de sus familiares directos.

El Gobierno de Montilla se felicita por el pacto en financiación y Castells prepara la puesta de largo ¿ CiU estudia impugnar el acuerdo en Cataluña
El tripartito vive en una nube

M. Pardeiro/M. Sanuy La Razón 14 Julio 2009

BARCELONA- Son días de vino y rosas para el Gobierno de Cataluña. Con la nueva financiación bajo el brazo, el tripartito ha superado el mayor reto que presentaba la Legislatura. Hoy, la coalición de PSC, ERC e ICV se siente más fuerte porque ha permanecido unida durante la recta final de la negociación y ha conseguido un resultado con el aval del empresariado catalán. Ayer, todo eran palabras de satisfacción entre los socios de un ejecutivo al que no le suelen sobrar las alegrías. El principal artífice del pacto, el consejero de Economía, Antoni Castells, calificó el acuerdo de «magnífico». «Hemos conseguido los objetivos fundamentales que nos habíamos propuesto», celebró.

Ningún líder de ERC e ICV discute que el pacto es óptimo. Ni tan siquiera el vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, quien opinó que «de un mal Estatut hemos sacado la mejor financiación posible». Eso sí, avisó de que sus reivindicaciones no acaban aquí. «Este acuerdo no es un punto de llegada; es una etapa más hacia nuestro objetivo en materia de financiación, que es el concierto económico», advirtió Carod. Queda por ver si la cifra de recursos adicionales que obtendrá Cataluña en 2012 llega a los 3.855 millones de euros, tal y como asegura ERC. ICV la suscribe, pero ni el Gobierno ni el propio Castells han querido precisarla.

El PSC se limitó a confirmar que, en efecto, los ingresos de Cataluña superarán los 3.600 millones y apuntó que una reactivación de la economía podría elevar la cifra sobre los 3.855 millones. Después de que Montilla solemnizara el pacto con una declaración en el Palau de la Generalitat, hoy está previsto que Castells realice la puesta de largo con una exposición más exacta del acuerdo, la cual llevará a cabo tras la reunión del Gobierno catalán. Los argumentos de CiU Nada de lo que diga el consejero convencerá a Convergència i Unió, cuyo líder, Artur Mas, compareció junto a toda su cúpula para oficializar su rechazo al nuevo modelo y, de paso, para negar que esté aislada, tal y como dice el tripartito.

La soledad que les achaca el Ejecutivo catalán no preocupa a los nacionalistas, que aseguran que su aspiración es «estar al lado del pueblo de Cataluña» y no de la clase empresarial, ni del tripartito. La federación está decidida a erigirse como garante del Estatut y, por este motivo, insistió en la «ilegalidad» de un acuerdo que no respeta «ni el modelo, ni las cifras ni los plazos» del Estatut. Es más, están convencidos de que el pacto no cumple ni con «el 50 por ciento de los preceptos estatutarios referidos a la financiación» y que reportará menos dinero que el modelo de 2001. Los de Mas estudian ahora llevar el nuevo modelo ante el Consejo de Garantías Estatutarias una vez se apruebe la reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Más de un 50% de los municipios vascos no borra las pintadas en favor de ETA
Iker Moneo La Razón 14 Julio 2009

VITORIA- Menos de la mitad de los municipios vascos (43 por ciento) ha eliminado de sus calles pintadas o carteles favorables a ETA, un 32 por ciento no ha actuado y un 25 por ciento ha dado la callada por respuesta. Así se desprende del informe sobre Atención Institucional a las Víctimas del terrorismo elaborado por primera vez por el Ararteko (Defensor del Pueblo vasco), Iñigo Lamarca, quien consideró que los motivos aducidos para no acometer la tarea, relativos al alto coste que supone, no justifican la infracción de la ley.

Sin actos de homenaje
Asimismo, se constata que muchos municipios no han organizado actos de homenaje a las víctimas, ni siquiera cuando el asesinado era un vecino de la localidad. El Ararteko recomienda a los ayuntamientos que eliminen de forma prioritaria la simbología pro etarra, que dediquen calles a las víctimas y que se les dé voz en los homenajes. El informe recuerda que hay 42.000 personas que viven bajo la amenaza de ETA, que ha habido más de mil víctimas mortales, unas 16.000 heridos y que hay miles de exiliados vascos por el terrorismo. Además, incluye un cuestionario realizado a 762 estudiantes de ESO que refleja que el 15 por ciento de los adolescentes vascos no rechaza o justifica la violencia de ETA y que el 18 por ciento es contrario a las víctimas.

Doce años después de la muerte de Miguel Ángel Blanco, los populares rinden tributo al edil y apuestan por una mayoría política en «rebelión» contra ETA
Homenaje a la libertad desde Galicia
G. Valdivieso La Razón 14 Julio 2009

ORENSE-El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el líder del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti, rindieron ayer homenaje al edil de Ermua Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace doce años. Al acto también asistieron los padres y la hermana de Blanco, quien subrayó que «los españoles recuerdan todavía dónde estaban y lo que hacían ese día». Además, Maria Mar Blanco señaló que la muerte de su hermano supuso un «cambio» en la mentalidad de la sociedad vasca que permitió «acabar con la impunidad» de la que gozaba el terrorismo.

La hermana del concejal asesinado agradeció el apoyo recibido y se mostró «esperanzada» por el «cambio de rumbo» que se ha producido en el País Vasco después de 30 años. Igualmente se expresó el presidente gallego, quien calificó la muerte del edil como un «aldabonazo en las conciencias de todos». Feijóo recordó además que el asesinato de Blanco fue uno de los más «viles» y «cobardes» de la democracia española y se mostró orgulloso de que la familia del edil haya decidido «continuar engrandeciendo la política». «Si hoy estuviera vivo, Miguel Ángel Blanco estaría orgulloso, no sólo de su partido, sino también del camino que ha iniciado el pueblo vasco», añadió Feijóo. P

or su parte, el presidente del PP vasco destacó el «cambio histórico» que se ha producido en el Gobierno de Vitoria donde «se está consiguiendo que haya más libertad, menos terrorismo y menos apoyo a la gente que defiende la violencia». Basagoiti aseguró que la «rebelión» que salió a la calle el 12 de julio de 1997 para pedir la puesta en libertad de Miguel Ángel Blanco se está viendo reflejada ahora en las instituciones vascas, aunque matizó que no se trata de una «rebelión contra el nacionalismo democrático, sino contra los asesinos de pistola».

Cambio de conciencia
El líder de los populares en el País Vasco también criticó la impunidad que hasta ahora habían tenido los terroristas y se mostró orgulloso del cambio que se ha producido en la «conciencia» de la sociedad, informa Efe. El multitudinario homenaje, celebrado en el municipio gallego de A Merca, incluyó una misa y una ofrenda floral ante de la tumba del joven asesinado. Los restos mortales de Miguel Ángel Blanco fueron trasladados en noviembre de 2007 desde Ermua al cementerio de Faramontaos, por deseo familiar. Junto a Feijóo y Basagoiti también rindieron tributo al concejal asesinado varios miembros de Nuevas Generaciones del PP vasco, el secretrario xeral, Alfonso Rueda, y el portavoz del partido, Antonio Rodríguez Miranda, entre otros.

Jesús Centeno (Lugo):
"Un idioma que sólo se reduce a nuestra comunidad no es un futuro"

"Me sentiría defraudado si Feijóo no cumpliera sus promesas"
 www.lavozlibre.com 14 Julio 2009

Lugo.- "Vivimos en una sociedad globalizada donde hay que ser consciente de que el futuro de tu hijo puede no estar en Galicia". Así lo cree Jesús Centeno, de Lugo, preocupado por el futuro de su hijo de dos años y su hija de cuatro, a los que no le gustaría que les impusiesen el gallego. El niño empieza el colegio en septiembre y ella acaba de terminar segundo de Infantil.

- ¿Cree que existe un conflicto lingüístico en Galicia?
- No. El conflicto lo crea la gente que no quiere libertad de idiomas. Estamos en una sociedad libre y democrática y cada uno debería poder expresarse, aprender y leer libros en el idioma que le dé la gana. Yo no estoy en contra del gallego, me parece muy bien que alguien quiera estudiar en gallego, pero pido que respeten la libertad y la voluntad del resto de la gente que quiere expresarse en un idioma oficial en todo el Estado. Sólo eso.

- ¿Existe una vulneración de ese derecho?
- Sí, sobre todo, cuando ves actitudes como las que tuvieron lugar no hace mucho contra Gloria Lago, la presidenta de Galicia Bilingüe. Le insultaron y amenazaron y, al final, resulta que lo que se entiende por libertad hay quien no lo puede asimilar. Francamente, no sé el porqué de ciertas actuaciones. Es algo que no me cabe en la cabeza. Vivimos en una sociedad que se basa en un principio de igualdad, libertad y democracia y yo creo que es fundamental poder ejercer esos derechos con plena libertad, sin amenazas, sin pintadas y sin violencia. Creo que es algo tan básico que deberíamos plantearnos en qué sociedad vivimos.

- ¿Ha vivido personalmente la vulneración de ese derecho?
- No, gracias a Dios me expreso en el idioma en el que creo que me debo expresar y nunca nadie me ha dicho nada. Por supuesto, yo también respeto cuando alguien me habla en gallego. Lo entiendo perfectamente, aunque no lo hablo porque no lo hago bien y no me encuentro a gusto utilizándolo. Siempre me expreso en castellano y si hay gente que me quiere hablar en gallego lo respeto, lo entiendo y si hay alguna cosa que por lo que sea no comprendo bien, le digo a la persona en cuestión que, por favor, me diga lo que significa. Yo nunca me he visto directamente afectado.

"NO ESTOY EN CONTRA DE QUE SE APRENDA UNA ASIGNATURA EN GALLEGO"
- ¿Cree que en los colegios puede existir un problema en este sentido?
- Sí. Bastante complicados son algunos temas como para que encima se estudien en gallego. Vivimos en una sociedad globalizada donde hay que ser consciente de que el futuro de tu hijo puede no estar en Galicia. Lo más seguro es que acaben viviendo en otras partes de España o incluso en otras regiones del mundo. Quizás terminen en Estados Unidos, en Inglaterra o Suramérica, por lo que deberían hacer más hincapié en el castellano y en el inglés. Recalco que no estoy en contra de que se aprenda una asignatura de gallego. Es lógico, vivimos en Galicia y es normal, pero no me parece bien meter toda la educación en gallego.

- ¿Cómo ve el futuro en lo que concierne a la educación de sus hijos?
- Espero que el nuevo Gobierno cumpla lo que ha prometido y podamos tener un bilingüismo real y libertad de idioma. Los padres que quieran que sus hijos estudien en gallego, estudiarán en este idioma, y los que quieran hacerlo en castellano, también lo podrán hacer. Creo que no hay lugar a discusión. Lo que pasa es que hay gente que no admite que pueda existir libertad. Por el contrario, quieren estar por encima de todo. Tenemos que caminar hacia una sociedad moderna y respetuosa con los derechos de sus ciudadanos.

"LAS GALESCOLAS IBAN DIRIGIDAS A OBTENER LA 'PUREZA DE LA RAZA"
- ¿Qué opina de las galescolas?
- Creo que intentaron imitar el modelo vasco buscando no sé muy bien el qué. Creo que los gallegos somos exactamente iguales que los vascos, los catalanes o los aragoneses. Vivimos en un mundo globalizado en el que no hay diferencias entre unos y otros. Me da la sensación de que las galescolas iban dirigidas a obtener, en cierta manera, la 'pureza de la raza'.

- ¿Alguna vez se ha encontrado con alguna situación problemática en su lugar de trabajo?
- No, trato a la gente con mucho respeto y la gente me trata de la misma manera. Siempre nos acabamos entendiendo. Si hay gente que me habla en gallego, lo respeto, porque pueden ser personas del medio rural que se expresan de manera cotidiana en este idioma y no conciben hacerlo de otra forma. Intento hablar en gallego y si veo que no me sale, cambio al castellano. El problema ha venido cuando los que están en el poder intentaron imponer un idioma a nuestros niños, a nuestro futuro.

- ¿Cómo piensa combatir eso?
- En principio, confío en que el nuevo Cobierno concrete la libertad de idioma. Me parecería muy injusto que a mis hijos les impusieran un idioma que sólo se habla en Galicia. Si fuera una lengua extendida y global, con la que te puedes entender en todas partes del mundo, quizá te diría que sí, pero un idioma que sólo se reduce a nuestra comunidad no es un futuro. Además, no se puede imponer a nadie nada. Me parecería estupendo que mis hijos acabaran trabajando en Galicia, pero tampoco los quiero enmarcar en un idioma con el que sólo puedan ejercer su actividad en esta región. Mis hijos serán habitantes del mundo y podrán expresarse y hablar en el idioma que ellos quieran. Haría muchísimo hincapié en el inglés, porque es lo que les puede abrir muchas puertas.

- ¿Le preocupa que las nuevas medidas del Gobierno de Feijóo no vayan más allá y todo siga como hasta ahora?
- Estoy a la expectativa, pero si no se llevasen a cabo, me quedaría defraudado. Sé que, en parte, el cambio de Gobierno que se ha producido en Galicia ha tenido como telón de fondo el bilingüismo. Deseamos poder expresarnos libremente en castellano, ya que es uno de los idiomas oficiales del Estado y que no nos impongan una lengua que no es oficial en todo el país. Deseo comunicarme en un idioma en el que nos podamos entender todos. Las lenguas deberían unir, no desunir. Tanto el gallego como el castellano.

- ¿Qué pediría al Gobierno regional?
- Además de libertad, que introdujeran progresivamente el inglés en los planes de enseñanza. Si queremos tener una Galicia moderna y próspera para nuestros hijos, han de aprender inglés. Así, estarán más preparados para el futuro. Es importante conocer el gallego porque forma parte de nuestra cultura, pero si vas a Nueva York, por ejemplo, no hablas gallego, sino inglés y castellano. Nuestros niños necesitan tener amplitud de miras. Y que después ellos elijan. Porque yo no quiero que mis hijos se limiten sólo a Galicia.

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