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Recortes de Prensa    Viernes 17 Julio 2009

 

La catalanofobia catalanista
Alfredo Casquero El Semanal Digital 17 Julio 2009

Si en España a alguien se le puede acusar de catalanofóbico, es a los propios catalanistas. Es a CIU y a la ultraizquierda independentista de ERC, y al PSC, y a la ultraizquierda en teoría nacional que representa ese reducto primitivo de IU. No hay nada más anticatalán que haber convertido a Cataluña en una tierra de silencios, corruptelas, y abstenciones abrumadoras. Una región española dominada por el absolutismo nacionalsocialista que impide la libertad de sus ciudadanos. Y no hay libertad en una región en la que no se puede elegir el idioma en el que escolarizar a tus hijos. Y no hay libertad en una parte de España en la que por decirse español seas arrinconado por el poder oficial, totalitaria y antidemocráticamente ejercido. El bulo ese de que el PP es anticatalán, o cualquiera que opine contrario a las tesis predominantes, ha calado de tal forma que hasta el propio PP se ha plegado en muchas ocasiones a esos métodos dictatoriales.

La aprobación del Estatuto catalán, silenciado el desastre y el desapego ciudadano por los medios públicos, privados y atados de Cataluña evidencia la auténtica fobia de los catalanes a los dirigentes políticos. Un Estatuto aprobado por menos de la mitad de la población es un Estatuto que no interesa a la gente. La lectura dada, evidentemente, es la contraria. Y eso que algún dirigente de convergencia auguró un descalabro anímico en caso de no alcanzar la mítica cifra del 50 % en participación. Pero allá quedó, para vergüenza de los políticos, el desinterés demostrado por los votantes.

La negociación llevada a cabo por los socialistas no buscaba una igualdad entre todos los españoles. Buscaba exclusivamente la tranquilidad parlamentaria de Zapatero. Buscaba no perder los votos tan necesarios de ERC e IU en el Parlamento, Y lo que ha conseguido es situar a unos ciudadanos por encima de otros. No es un asunto menor. Que el presidente del Gobierno haya pactado la financiación que afecta a todos los españoles con un partido radical, antiespañol, y que se ufana además de haber doblado al Estado, y de conseguir el dinero para la posterior independencia es muy grave. El insulto de ERC a los catalanes no debe pasar por alto. Y los ha insultado al negarles la condición española. Y los insulta cada vez que ofende a la nación de todos.

Por tanto, el PP debería remachar que los únicos que odian a Cataluña son quienes precisamente enfrentan a Cataluña con el resto de España. Aquellos políticos de pacotilla que prefieren abrir suntuosas embajadas, en vez de arreglar carreteras. Quienes se gastan millones de euros en perseguir a quien no hable catalán en lugar de mejorar la sanidad, o los servicios sociales. Aquellos políticos catalanes que han preferido ocultar el tres por ciento, y el sometimiento de la prensa, y extender la asfixiante dictadura nacionalista en vez de permitir a cada uno ser como quiera ser.

La catalonofobia no está en Madrid, sino en Cataluña. Este autodesprecio del nacionalista por saberse español y no querer serlo es la verdadera catalonofobia. Y no viene precisamente del PP. Cataluña no es una nación. Nunca lo ha sido. Será necesario seguir siendo tan obvios durante el tiempo que haga falta. Al menos hasta que el pueblo catalán despierte, reaccione y expulse del poder a los que, desde el nacionalismo y el independentismo, les odian con tanto dinero como vehemencia.

Agravio y comodidad
IGNACIO CAMACHO ABC 17 Julio 2009

ZAPATERO ha vuelto a cambiar la Constitución de tapadillo. O más bien a desobecerla, a desaplicarla, a retorcerla. Lo hizo primero con el Estatuto de Cataluña y con la ola de reformas estatutarias que se derivaron de él, y ahora lo hace de nuevo con el modelo de financiación autonómica, que tritura de facto el Título VIII de la Carta Magna al abolir el sistema de solidaridad interterritorial. Los estatutos se aprobaron como leyes orgánicas, por mayoría simple bien lejana del consenso constitucional, pero el nuevo marco financiero ni siquiera ha pasado por el Congreso de los Diputados, sino que queda establecido en un consejillo de representantes de las propias comunidades autónomas.

Un grupo de dirigentes taifales ha convertido el texto angular de la democracia en un papel mojado. Tinta que ha de borrar el agua, como escribió Alberti.

La Constitución del 78 estableció un mecanismo solidario entre regiones que ha quedado pulverizado por este pacto tan vergonzante que el Gobierno no se atreve a desvelar en sus cifras concretas. En cuatro años, las comunidades más ricas dejarán de aportar -todas menos dos, Madrid y Baleares- fondos a las menos desarrolladas, tal como preveía el modelo vigente desde la refundación democrática.

Este sencillo principio se sustituye por un alambicado dispositivo de compensaciones a la carta en el que cada autonomía negocia con el Estado, que le proporciona fondos más o menos discrecionales con cargo a su propio presupuesto, lo que en época de crisis supone apelar directamente al endeudamiento. Y todo ello sin ningún requisito de saneamiento económico, ni de austeridad de gasto, ni de finalidad precisa en el empleo del dinero para sostener servicios públicos -sanidad, enseñanza, asistencia social- que garanticen la proclamada igualdad de los ciudadanos. Al menos en los sistemas federales, como el norteamericano, los estados tienen prohibido el déficit.

Lo irritante del asunto es que ni siquiera procede de un designio político de fondo, de un proyecto coherente, sino de la necesidad de que Cataluña se sienta «más cómoda» (sic) dejando de aportar recursos de solidaridad nacional. Al proclamar su verdadera intención con un descaro tan impropio, Zapatero provoca en la opinión pública un peligroso desafecto, un sentimiento de agravio que le importa bien poco ante su interés por obtener el favor del electorado catalán que le sostiene en el poder.

Ha descoyuntado de forma probablemente irreversible la cohesión del Estado autonómico para complacer a su clientela sin molestarse en ocultarlo. Antes bien, saca pecho y blasona de su sensibilidad para con las ambiciones excluyentes del «lobby» político que le sirve de aliado. Los que salgan perdiendo, los que estén más incómodos, que se fastidien. Ajo y agua. Esos no le sirven para ganar las elecciones.

El chantaje de las fobias
CARLOS HERRERA ABC 17 Julio 2009

ESTOY del cuento de las fobias hasta donde yo te diga. Usted se llama Pepe, pongamos, yo emito una consideración crítica hacia su forma de guiarse en un determinado aspecto, usted se cabrea y me suelta que lo que yo padezco es, básicamente, «Pepefobia». Algo parecido ocurre cuando discrepas abiertamente del criterio de un musulmán integrista, de un sionista o de un nacionalista. Si usted es abiertamente contrario a la utilización de la religión islámica por parte de aquellos que lo hacen para masacrar a no musulmanes y a otros musulmanes, para censurar a los que en nombre del Islam enarbolan cruzadas cotidianas contra las mujeres o los homosexuales, usted tiene todas las papeletas de convertirse en un claro ejemplo de «Islamofobia», eso que algunos timoratos dan en llamar «miedo irracional al Islam».

Si usted, desde el reconocimiento por el derecho a existir del Estado de Israel y el aprecio sincero por su peripecia histórica, discrepa de algunas estrategias adoptadas por algunos gobiernos judíos en relación con su difícil -y a veces injustificable- vecindad, pasará a ser, con toda probabilidad un «antisemita» colindante con los nazis. Si a usted se le ocurre competir de igual a igual con un ciudadano de una «raza» de dimensiones demográficas menores que la suya y aplica todo su empeño en vencer en una disputa, una pendencia o una simple discusión, no pasarán más de unos segundos en que algunos lerdos le califiquen de «racista». Y ya no hablemos si a usted se le ocurre discrepar de los argumentos viscerales -básicamente intestinales- de cualquiera de los nacionalismos que pastorean por España. Entonces está usted perdido porque no habrán de pasar más de unos minutos para que alguien le acuse de «Catalanofobia» o «Vascofobia».

Remitámonos a los hechos: el gobierno de esto nuestro que dicen es un Estado, ha diseñado un reparto de dinero conocido como «Financiación de las Comunidades Autónomas» mediante el cual los diferentes gobiernos pueden hacer frente a sus obligaciones, a sus pagos, a sus deudas y, en suma, a las labores que les están transferidas. Cataluña, que ha visto sensiblemente aumentada su población y que arrastra un significativo déficit fiscal desde años atrás, ha sido en consecuencia generosamente tratada por el Gobierno Central en función de necesidades reales, que nadie en su pleno juicio puede negar, y en función, también, de estrategias partidistas referidas a la estabilidad parlamentaria: yo te doy más dinero para que te lo gastes y tú no me tocas las narices. El agravio comparativo con otras comunidades de menor peso electoral es notorio, pero, en cualquier caso, merecedor de un debate serio exento de calentones primarios. Cuando se han elevado protestas por lo que se considera un trato desigual -se tenga o no razón- no han pasado ni diez horas en las que se maneje el término «Catalanofobia», que es un argumento babosamente elemental y profundamente injusto.

Aquí nadie señala a los catalanes en su conjunto, o a los andaluces en el suyo, como sujetos activos de expolio alguno. Aquí se señala o se discrepa de una clase política experta en incendiar pajares que soliviantan relaciones comunitarias con políticas irresponsables. Que el argumento de catalanofobia, además, haya salido de la boca de un expresidente andaluz hace aún más cómico el esperpento. Ninguno de estos pavos -empezando por el vicepresidente mentado- han dicho ni una palabra por los gestos de «Españofobia» oficial y publicada que se vive en algunas regiones españolas, lo cual lleva a intuir que esa es la única fobia políticamente correcta, patéticamente progresista y, por lo tanto, aceptable en el tanteo. Si te acusan de algunas de las otras fobias mentadas más arriba, corres el peligro de ser excomulgado por los sumos sacerdotes de la gilipollez patria, pero si tu rechazo es a la España que alimenta tantas pasiones y tantas iras, tú eres un elemento distinguido con un aura de revolucionario indomable. En esto de las fobias consiste el nuevo chantaje a la sociedad. Valientes majaderos.

Defensa de las autonomías
Cristina Losada Libertad Digital 17 Julio 2009

No es el mejor momento para salir en defensa del sistema autonómico, de ahí que resulte el más adecuado. Justo cuando la gresca de la financiación hace aparecer a las comunidades como piratas rivales en salvaje lucha por el botín. Y el reparto dispuesto por el capitán Zeta en oscuras transacciones expide el tufo del privilegio y la injusticia perpetrados a golpe de interés electoral. Las autonomías se retan a duelo y cruzan los sables, mientras el causante de la pelea huye de la escena y deja a un repetidor de consignas la tarea de azuzarla con vertidos demagógicos letales para la convivencia. Con amigos así el Estado de las autonomías no necesita enemigos.

A lo que iba: el régimen autonómico ha perdido defensores y ganado críticos. Razones hay. Las autonomías hechas feudos y taifas donde toda corrupción económica y política puede tener y tiene asiento. El poder incontrolado e incontrolable, las comisiones, las subvenciones, el nepotismo, el despilfarro, el atropello de derechos civiles, el adoctrinamiento, el secesionismo. Lógico que ante ese repulsivo panorama haya quienes interpreten tales abusos como resultado de un error sistémico. Si nos dejáramos de autonomías, dicen, mejor nos iría. Y más barato. Y desaparecería el campamento base del nacionalismo, aquel desde el que desafía y vampiriza al Estado.

Pero conviene echar un vistazo al revés de la trama. Basta imaginar a un Gobierno central omnímodo, a uno del estilo del que ahora disfrutamos, imponiendo al pie de la letra todos sus caprichos hasta en el último rincón del territorio, para apreciar que un grado de autonomía tiene sus ventajas. Unas ventajas que valoraron en su día los liberales clásicos al observar el sistema federal, que no es el nuestro, pero se asemeja. Lord Acton lo consideraba "la más eficaz y la más congénita de todas las regulaciones de la democracia" por su capacidad para limitar y restringir el poder. Y Hayek explicaba cómo "la división de poderes entre distintas autoridades disminuye el poder de quienquiera que lo ejerza".

Esa es la teoría, alegarán los críticos, pero luego viene la práctica. Y en España la práctica se distorsiona, sobre todo, por el juego tramposo del nacionalismo, su sobrerrepresentación en las instituciones y la dependencia resultante. Entre su labor de zapa y la labor de Zeta la descentralización se desprestigia. Pero apuntarán mal los dardos si el rechazo a los excesos de las autonomías se transforma en repudio del sistema de las autonomías. Viene a ser como imputar a la democracia las tropelías de gobiernos democráticamente elegidos. O a la política los desmanes de los políticos.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Réplica al ABC
Una oposición que se abstiene
Guillermo Dupuy Libertad Digital 17 Julio 2009

No pocos diarios han destacado en sus titulares la frase con la que la vicepresidenta económica Elena Salgado ha resumido acertadamente lo ocurrido el miércoles en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera: "Lo importante es que el nuevo modelo de financiación autonómica no ha recibido ningún voto en contra". Aunque esta votación no sea jurídicamente vinculante, tiene ciertamente un evidente valor político que es de hecho el que Salgado ha querido destacar y explotar. Y no es para menos, teniendo en cuenta que lo que el gobierno socialista ha logrado sacar adelante sin ningún voto en contra no es más que el resultado de sus componendas con sus aliados separatistas para beneficiar de manera descarada a aquellas regiones donde el PSOE tiene su principal granero de votos.

Los socialistas tienen aun más motivos para celebrarlo si tenemos en cuenta que, apenas cuarenta y ocho horas antes de la votación, el líder del PP ponía muy merecidamente a caer de un burro al nuevo modelo de financiación y que era conocido que no pocas comunidades gobernadas por los populares –como Madrid, Galicia y la Rioja– estaban en disposición de votar en contra, en lugar de limitarse a abstenerse.

Rajoy ha tenido que pagar con la incoherencia de la abstención su incapacidad para fraguar un voto negativo común y acorde tanto a los principios del PP como a las durísimas críticas que él y su partido habían dirigido a la forma y el fondo de un irresponsable sudoku; un modelo que no sólo reparte de manera injusta el dinero de los contribuyentes, sino que también nos somete a un astronómico déficit y endeudamiento público.

Que haya diarios en la órbita ideológica del PP que no denuncien editorialmente esta sonora incoherencia del principal partido de la oposición ya es lamentable. Pero lo que ya resulta delirante es ver al ABC editorializar a favor de la misma. En un editorial que, sin ironía alguna por su parte, lleva por título Rajoy impone la lógica, este diario asevera que "la opción del PP por la abstención ha sido la más inteligente y, sobre todo, la más ajustada como respuesta a la táctica de confusión empleada por el Gobierno". Este diario habla de la "estrategia socialista de acorralar a los populares en la aparente contradicción de criticar la nueva financiación al mismo tiempo que aceptan los incrementos de recursos económicos ofrecidos por el gobierno".

Sin embargo, sólo un memo o un fanático, de esos que Revel decía que no mueren por sus ideas sino de sus ideas, puede verse atrapado por esa falsa contradicción. Por poner un ejemplo: imagínense que el Consejo de Administración de una empresa decide elevar la cuantía de los dividendos que reparte entre sus accionistas, sólo que a unos se la elevan más que a otros. ¿Le parecería a alguien que los accionistas menos favorecidos deberían renunciar a los dividendos que le ofrecen para no contradecir su oposición al injusto reparto?

Yo no niego –es más, denuncio– que los socialistas en su afán por obtener la menor oposición posible a su modelo de financiación hayan utilizado esta grosera estrategia. Lo que también denuncio es que Rajoy, lejos de "desarmarla con la abstención", tal y como pretende ABC, la ha hecho efectiva. El PP ha caído en la trampa al creer como real una contradicción que hasta el ABC tilda de "aparente".

En cuanto a lo de respaldar la abstención como medio de fijar "una posición común de los gobiernos populares", eso es tanto como ensalzar el mínimo denominador por el hecho de ser común. Lo más grave es que ni siquiera lo es. Ahí está, en el colmo de lo lamentable, el voto favorable de dos comunidades en las que gobierna el PP como Canarias y Ceuta. Por otra parte, ¿al ABC le hubiera parecido de recibo que el PP para evitar su discrepancia con UPN se hubiera también abstenido el año pasado a los Presupuestos Generales del Estado en lugar de votar en contra, tal y como hizo? Pues, visto lo visto, tal vez sí, si a Rajoy entonces se lo hubiera parecido. De hecho, estoy seguro de que si ahora las comunidades del PP hubieran votado en contra del nuevo modelo de financiación, el ABC lo habría igualmente respaldado sin considerar "más inteligente" la abstención.

Yo no niego que en el PSOE haya habido, entonces y ahora, voluntad de generar discordia en el seno del principal partido de la oposición. Lo que digo es que la "unidad" y la "posición común" hay que forjarla entorno a los principios y la lógica. Y nada más ilógico y contradictorio que ver que algo denigrado por el líder de la oposición como "profundamente antisocial", una "frivolidad", un "caos", una "enorme chapuza de inevitables consecuencias negativas para los españoles" y que "ha dejado a la mayoría de las comunidades autónomas en meros convidados de piedra", salga aprobado, cuarenta y ocho horas más tarde, "sin ningún voto en contra". A eso, sin embargo, le llama ABC "imponer la lógica".

Financiación
Más dinero para Cataluña, no para los catalanes
Jorge Valín Libertad Digital 17 Julio 2009

En la sociedad de hoy día existe un dualismo terrible entre la vida real y la vida política. La primera es la concerniente a la economía de las familias, de las empresas, la seguridad ciudadana, la justicia, la prosperidad individual... La vida política, aunque tendría que ser las respuestas a los problemas de la vida real, no es más que el mundo de las buenas intenciones, de lo políticamente correcto, de las mentiras, de la crispación y de los cortos eslóganes casposos donde se defiende el bien común, al indefenso, al trabajador...

Esta aura que tiene la política, de servir desinteresadamente al ciudadano, ha sido siempre el mayor reclamo para atraer a cantamañanas, personas incapaces de conseguir nada en el libre mercado, estafadores, voceros y oportunistas que se unen a cualquier segmento ideológico para obtener beneficios personales. Ahora, con el nuevo modelo de financiación autonómica el Gobierno catalán aprovecha cualquier ocasión donde hay periodistas para soltar que Cataluña va a tener más dinero. El catalán medio se enorgullece del resultado porque es bueno para Cataluña.

La pregunta es: ¿quién es Cataluña y en qué se gastará este dinero? En el lenguaje político, Cataluña son los catalanes de la calle y sus empresas. Más dinero para la región, pues, es más dinero para el ciudadano. Pero en la vida real, Cataluña no es más que una oligarquía política. Un manojo de políticos populistas que usarán ese dinero para el beneficio personal y para arremeter contra aquellos que no estén alineados con el movimiento nacional catalanista. No destaca la administración catalana por su simpatía hacia la diversidad ideológica y la libertad, precisamente.

Este año, Carod Rovira (vicepresidente del Gobierno de Cataluña), gastó casi medio millón de euros del contribuyente para que algunos religiosos hablasen en catalán. Va por el mundo con 29 tarjetas de crédito (necesitará un maletín para llevarlas). En lo que lleva de legislatura se ha gastado más de medio millón de euros en viajes. Un millón de euros para apoyar las lenguas indígenas de Ecuador. La pasada legislatura dilapidó seis millones en casas regionales y deportes desconocidos.

Carod Rovira no es una excepción entre los políticos del mundo ni entre los catalanes. Todos son unos manirrotos. No es dinero que hayan ganado ellos con su esfuerzo, simplemente les cae del cielo y lo despilfarran sin ningún control ni responsabilidad.

Mientras tanto, en la vida real, la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) ha advertido que los trabajadores recurren al "dopaje" para rendir más en el trabajo y que no les despidan. En España hay gente joven con varios empleos de baja categoría que también recurren a esos "dopantes" para llegar a final de mes. ¿Cree que algún político tiene ese nivel de estrés? No. Ir de mecenas por el mundo en plan Carod Rovira con un dinero que no es el suyo no es nada estresante.

La encuesta de este mes del CIS nos vuelve a mostrar que la economía y el desempleo son los principales quebraderos de cabeza del ciudadano. El mayor problema de la Generalitat hasta hace poco eran las bolsas de plástico porque no son ecológicas (¡Eso sí que es un drama para la economía catalana y mundial!). La solución pasará por más impuestos y prohibiciones. Para los políticos catalanes, tener muchas embajadas también es necesario para irse a dormir tranquilos cada noche, por eso destinaron 24 millones de euros a este fin.

La conclusión inevitable sólo puede ser que más dinero para el político es mayor pobreza para el ciudadano. Las regiones que más fondos reciban van a ser aquellas donde la oligarquía política va a tener más fuerza contra el hombre libre. El dinero de las personas no ha de transferirse de unos a otros para conseguir más votos o intereses personales. Ha de quedarse en el bolsillo de quien lo gana. Sacárselo es un robo. Algún día, Occidente, España y Cataluña han de salir de este dualismo entre vida real y política para darse cuenta de que esta última tiene efectos devastadores en la vida real. Desconfíe de quienes dicen trabajar para servir al ciudadano o a la nación. Sólo buscan su propio beneficio.
Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana

Se suponía que las autonomías iban a propiciar las libertades ciudadanas, pero no ha sido así
Tristezas autonómicas
Carlos RODRÍGUEZ BRAUN La Razón 17 Julio 2009


La financiación autonómica me entristece por partida cuádruple. En primer lugar, por su desprecio obsceno hacia el que paga la cuenta. Mientras hierve el colectivismo más demagógico nadie tiene el detalle de respetar al contribuyente. Al contrario, el pagano es abiertamente insultado, porque se habla de lo bueno que es Smiley al haberle dado tanto dinero a tal autonomía o a tal otra, como si el dinero fuera suyo y no les fuera arrebatado a los ciudadanos por la fuerza.

En segundo lugar, me parece lamentable la hipertrofia de los argumentos vaporosos que justifican la violación de las libertades individuales en aras de unos supuestos objetivos sociales que no son más que disfraces de la política. Así se explican tanto las absurdas proclamas de justicia y solidaridad, y las múltiples razones por las cuales las autoridades autonómicas reivindican usurpar un porcentaje mayor del dinero del pueblo, como los favoritismos que revelan que todo esto obedece a una estrategia dominante: mantener el poder a cualquier precio, sobre todo si el precio lo paga otro. Curiosa teoría sociológica: suben los impuestos y Smiley se ufana de la mayor «cohesión».

En tercer lugar, me aflige la fundamental insolubilidad de la cuestión. Quiero decir, se suponía que las autonomías fueron concebidas teóricamente para propiciar la libertad de los ciudadanos, permitiéndoles controlar mejor un poder que les resultaría más cercano. El resultado ha sido justo el contrario. Las autonomías se han vuelto un mecanismo diabólico para la expansión del poder.

Vistas como entes gastadores pero no recaudadores, son una suerte de Papá Noel que tiende a favorecer la permanencia de los partidos que gobiernan y a aumentar el gasto sin límite, porque es, cómo no, un gasto «social». Es decir, político. Y en cuarto y último lugar, me entristece el desaseado papel de un PP incapaz de articular un discurso coherente en contra de la coacción fiscal, ante el infinito y descarado regocijo de Smiley y sus secuaces.

Cataluña coloniza Expaña. ¡Gracias PSOE!
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 17 Julio 2009

Los menores de 60 años trabajamos y cotizamos no sólo para los jubilados, sino, por obra y gracia de ZParo, para la oligarquía catalana. ¡Independencia ya! ¡Disolución de derecho de Expaña y que cada cual arree con sus embajaditas, sus teles autonómicas y sus funcionarios!

ZParo nos ha devuelto a los fueros medievales: una ley y unos impuestos distintos según el lugar de residencia. ¡Muchas gracias! Los españoles teníamos que padecer el convenio navarro y el concierto vasco desde mediados del siglo XIX; el franquismo los limitó a Álava y Navarra; la democracia, lamentablemente, los amplió a Vizcaya y Guipúzcoa. ¡Y ahora ZParo y su PSOE nos imponen otro privilegio, éste para la Cataluña del 3%!

¿Por qué ZParo rompe el principio fiscal socialista de que los que más tienen deben pagar más que los que menos tienen? ¿Por qué se sigue alimentando a un región corrupta e incompetente como Andalucía, con más de un millón de parados?

Las claves de la financiación son las siguientes:

-ANDALUCÍA: 2,3 millones de votos para el PSOE y 36 diputados socialistas. Premio: 1.795 millones de euros más.
-CATALUÑA: 1,6 millones de votos para el PSOE y 25 diputados socialistas. Premio: 3.855 millones de euros más.

Lo único que me consuela es que las moscas de Extremadura, Asturias, Aragón y Castilla La Mancha van a comer mucha eme. Con la caída de la recaudación de impuestos, tanto los cedidos como los que todavía permanecen en poder del Gobierno central, la pérdida de población y la falta de incentivos para las empresas, ¿qué profesionales y qué industrias van a quedar en Extremadura y Asturias?, ¿bares para jubilados y funcionarios?, ¿traductores de bable?

La cosa debe de ser gorda para que ZParo no se atreva a ir al Congreso a explicarnos a los ciudadanos la financiación.

Y dentro de poco, por presión de los catalanistas, se reintroducirá el Impuesto de Sucesiones. Y se subirá el IVA... Hasta que este engendro se derrumbe.

Y el PP, de perfil. ¿Qué apostamos a que Mariano tampoco gana las siguientes elecciones?

Para Carod, denunciar un despilfarro es delito
EDITORIAL Libertad Digital 17 Julio 2009

Parece ser que las huestes nacionalistas que gobiernan en Cataluña no han tenido suficiente con el CAC. Al fin y al cabo, este organismo tiene un gran defecto desde su punto de vista: sólo posee competencias en materia de televisión y radio, que es donde pueden quitar frecuencias a los discrepantes. Sin embargo, parar una rotativa es un proceso más complicado y que exige la intervención de un juez, lo cual pone una serie de trabas que impiden que se haga sin más la voluntad de los mandamases de ERC.

Así, Carod Rovira ha anunciado que la Generalidad emprenderá "acciones legales" sin especificar contra el diario ABC y la diputada del PPC Carina Mejías por criticar el despilfarro que suponen las pseudo-embajadas catalanas. Lo que denunciaban ambos era que los miembros de esos organismos pueden llegar a cobrar hasta 12.000 euros mensuales en dietas, dependiendo del destino; la defensa de Carod se limita a especificar que eso no es así en los cargos de designación directa, sino sólo en los de los funcionarios de carrera que estén desplazados. Por tanto, los pseudo-embajadores "sólo" cobrarían 9.000 euros al mes.

Resulta difícil encajar esas "acciones legales" en un tipo penal realmente existente. Al fin y al cabo, nadie ha acusado a Carod Rovira de cometer un delito, ni tampoco parece que sea una ofensa al honor que el político nacionalista se gaste un pastizal en sus embajaditas, algo que defiende y de lo que se siente, de hecho, orgulloso. Se suele decir que en las democracias la oposición acosa al Gobierno y en las dictaduras es el Gobierno quien acosa a la oposición. Denunciar con dinero público a un diputado de la oposición porque ha criticado un derroche del Gobierno es un ataque directo a la libertad de expresión, aun cuando Carod tuviera razón en las cifras exactas del despilfarro.

En Cataluña se ha instaurado un régimen en que la crítica al Gobierno se toma como algo delictivo que, además, no está dirigido contra los políticos concretos que llevan las riendas sino contra Cataluña entera. Un régimen en el que los principales medios locales colaboran, colocando los conocidos sambenitos de "anticatalanes" o "catalonófobos" a quienes piden, simplemente, que se respete la libertad individual en cuestión de lengua o que se deje de derrochar dinero público –especialmente en tiempos de crisis– en informes sobre temas absurdos que no se leen, en pseudo-embajadas, en selecciones catalanas o, incluso, ¡en apoyar las lenguas indígenas de Ecuador!

Cuando se ha pactado principalmente con la Generalidad de Cataluña –con los demás gobiernos autonómicos de convidados de piedra– una nueva financiación que convierte al Ejecutivo de esta región en receptor neto de fondos públicos según algunos baremos, los políticos catalanes deberían ser especialmente cuidadosos a la hora de gastar. Resulta hiriente para muchos españoles que creen que las regiones más ricas deben sufragar parte de los gastos de las más pobres que Cataluña pase ahora a recibir más de lo que aporta. Si encima se gasta el dinero en fomentar el separatismo, es comprensible que la indignación sea mayor.

Pero nada de esto importa a Carod. Lo que le preocupa es que una diputada y un periódico de "Madrit" le critiquen por gastarse una millonada en una paletada ridícula. Pocas cosas definen más y mejor –es decir, peor– a un político.

Líbano
UNIFIL: la gran coartada
Florentino Portero Libertad Digital 17 Julio 2009

No por anunciada la noticia deja de ser relevante. Desde el momento en que se aprobó la Resolución 1701, y el entonces secretario general de Naciones Unidas dio las claves para su interpretación, fuimos muchos los que pronosticamos que la Misión de Naciones Unidas destacada al sur del río Litani (UNIFIL) estaba condenada a ser la coartada internacional para facilitar el rearme de las milicias chiíes e islamistas de Hizboláh. Si el desarme quedaba reservado al ejército libanés, más débil que Hizboláh y formado en gran medida por chiíes, resultaba evidente la dejación internacional. El rearme estaba en marcha y con él se preparaba el siguiente capítulo de la guerra con Israel.

En la pequeña población de Khirbet Slim ha volado un edificio de dos plantas que se había convertido en uno de los arsenales que Hizboláh tiene dispersos por todo el sur del territorio. La precisa información ofrecida por el Ejército israelí sobre el armamento que se encontraba allí depositado da alas a la posibilidad, aireada por fuentes de Hizboláh, de que la explosión no fue accidental sino que, bien al contrario, fue resultado de una acción de sabotaje israelí.

Lo de menos es por qué el arsenal voló. Lo realmente importante es que este hecho demuestra que el armamento iraní continúa penetrando en Líbano a través de la frontera siria; que el ejército libanés es incapaz, en el hipotético caso de que lo intente, de impermeabilizar la frontera o de localizar y eliminar los depósitos de armas de la milicia chií; y que, por lo tanto, UNIFIL sólo sirve para garantizar un interregno de paz mientras el rearme continúa.

A la vista de esta noticia resulta patética la información, brindada por nuestro oficial de mayor rango allí destinado, de que nuestras fuerzas estaban colaborando con el ejército libanés en la localización de supuestos espías israelíes. ¿Para qué estamos allí? ¿Para facilitar el rearme de Hizboláh o para combatir a esa organización? Es evidente que la España de Zapatero está para lo primero. Afortunadamente la incompetencia de los perseguidores no ha alterado la calidad de la información generada por la inteligencia militar israelí que, ellos sí, parecen no tener dudas de que Hizboláh es el enemigo.

El arsenal desaparecido es un ejemplo ilustrativo de un problema que tenemos ante nuestros propios ojos. Sin embargo, su voladura no altera la capacidad de la milicia chií. Llevan años estableciendo depósitos de armas, a menudo pequeños, en casas particulares, mediante la técnica de crear habitaciones ciegas. Un sencillo tabique aísla un espacio que sólo será recuperado cuando los milicianos necesiten echar mano del armamento que previsoramente fue guardado allí tiempo atrás. Dejar que el enemigo se recupere cómodamente no es la mejor estrategia. Negar que Hizboláh es el enemigo es una irresponsabilidad que acabaremos pagando.

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Gracias por saber que nuestra lucha ayuda y dignifica a las víctimas y ampara a la sociedad
En pié
Irene VILLA La Razón 17 Julio 2009

Sin el cariño y el respaldo que ofrecen iniciativas como la de Cuenca, que inauguró una escultura en homenaje a las víctimas del terrorismo, hay ciertas noticias que son difíciles de digerir. Seguimos precisando apoyo y esos maravillosos actos en recuerdo de quienes fueron asesinados en el nombre del resentimiento, porque la realidad empaña nuestro progreso.

Quienes apoyan, consienten o reclaman acciones violentas disfrazadas de libertad, no pueden representar al pueblo vasco protagonizando actos públicos. Como tampoco es lícito, pero ocurre, homenajear a asesinos, reavivar odios para captar ejecutores o que sigan participando en los plenos representantes de partidos ilegalizados incluso por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

No podemos volver a ese olvido que tanto daño hizo a cientos de viudas, huérfanos, familiares y amigos de los asesinados por ETA. No queremos revivir la injusticia, el desprecio y la soledad. Hoy tenemos algo tan importante como es el amor de los españoles que quieren mantener vivos el recuerdo, la dignidad y la lucha por los valores que las víctimas ostentan.

También en Cuenca se encuentra ahora la exposición «En pie de foto». Son imágenes que proyectan el dolor y el desconsuelo que ha provocado el terrorismo a lo largo de nuestra historia, pero también la valentía de las víctimas y la persistencia de unos valores sin los que la democracia peligra. Una dura realidad, pero nuestra, que la Fundación Miguel Ángel Blanco con el apoyo de la Fundación de Víctimas del Terrorismo acerca al ciudadano.

Gracias por decirnos que también queréis que se haga justicia. Gracias por saber que nuestra lucha no sólo ayuda y dignifica a las víctimas, sino que ampara a toda sociedad. Gracias por respaldar esa lucha por la libertad y la defensa de la democracia por la que vamos a seguir en pie. Sabemos que la sociedad española está con las víctimas del terrorismo y eso nos llena de amor y esperanza, unos preciados regalos, que impedirán que nos rindamos.

Un buen plan de estudios
Daniel Martín Estrella Digital 17 Julio 2009

Cuando hablas con la gente sobre el problema de la educación, generalmente se termina hablando del sistema educativo, de si debe haber itinerarios a partir de este o aquel curso, de las asignaturas de religión y educación para la ciudadanía, del número de suspensos con los que poder pasar de curso, de la capacidad de maniobra de los colegios concertados -cuando los privados en estado puro apenas tienen ninguna-, de la capacitación de los profesores... de muchos temas que, siendo más o menos importantes, son de segundo orden. Primero hay que imponer cierto orden en las aulas ?los alumnos no sólo tienen derechos, sino también obligaciones, y mucho más rigurosas que los profes? y establecer un plan de estudios profundo, amplio y exigente que prepare a los alumnos para, sobre todo, ser sujetos de los derechos y deberes democráticos.

El plan de estudios, desde la Ley Moyano del siglo XIX, ha sido sistemáticamente recortado. Mi abuela se sabía todos los afluentes de los grandes ríos y los grandes puertos de montaña. Mi padre conoce bien los partidos jurídicos de su época. Yo apenas me sé unas cuantas capitales de Europa y los reyes de España a partir de 1469. Y mis sobrinos, quién se esconde tras Hannah Montana y los últimos fichajes del Real Madrid.

Quizás exagere, pero lo cierto es que da vergüenza estudiar con cierto detenimiento qué estudian los chavales de hoy en día, esos que muchos se empeñan en llamar los mejor preparados de la democracia. Insisto en que muy pocos saben escribir y leer con corrección, y muchos menos elaborar un pensamiento complejo -sin meterme ahora a hablar de aquellos que en lugar de castellano aprenden, mal, alguna lengua cooficial-. Sus conocimientos matemáticos son más rutinarios, reflejos o intuitivos que fruto de un dominio del lenguaje algebraico. De geometría, simplemente, no tienen ni idea. Muchos de ellos han pasado de puntillas por el siglo XVI español y Carlos V les suena más a un nombre de plaza o calle que a un rey español y emperador de Alemania. En un mapa mudo tienen serias dificultades para colocar más de siete provincias. Chapurrean de mala manera un segundo idioma. Y de filosofía saben algo, y de memorieta, sobre los cinco autores que entran para selectividad.

Curiosamente, los buenos alumnos saben más de física, química o matemática aplicada que de su entorno socio-histórico y, aunque estén plenamente motivados, tienen serias carencias en el dominio de cualquiera de los dos lenguajes -lingüístico y matemático- que son la base para que todo lo demás tenga solidez y sentido. Así, cuando se consigue que algún chaval sobresalga, en contra de los tiempos, la ley, el entorno social y el sistema, el pobre tendrá un edificio alto y lustroso con unos cimientos horrorosos.

Y esto suele pasar en la mayoría de los grandes países del mundo. En Estados Unidos, nuestro modelo en esto aunque no en las cosas donde sí es modélico, la escuela es una fábrica de ignorantes. Sólo en algunas escuelas privadas se busca una buena educación científica y humanística. Y en las universidades se busca una especialización altamente pragmática y de éxito seguro sin tener en cuenta los fundamentos humanos del sujeto. No sólo es un sistema mucho más accesible para los que tienen dinero, sino que no garantiza ni por asomo la correcta educación del ciudadano.

Así, un plan de estudios de una democracia auténtica debe basarse en los valores de la excelencia, el mérito, el esfuerzo, la disciplina y un currículum ciertamente exigente. La lengua española, separada de nuevo de la literatura, debe ser, junto a las matemáticas, el punto de partida del plan de estudios. Y se deben trabajar todas las facultades humanas, desde la creatividad a la imaginación, pasando por la obediencia, la voluntad, la capacidad de iniciativa y, sobre todo, la recuperación definitiva y sólida de la memoria, la gran proscrita de unos años para acá. Sin memoria no hay base de datos con que pueda trabajar el cerebro.

Luego hay que potenciar enormemente los estudios históricos, no sólo en referencia a España, sino a toda la Humanidad, con especial atención a Europa y en concreto, a algunos países como Francia, Reino Unido y Alemania. Hay que tener un dominio geográfico de todo el mundo, tanto a nivel físico como humano. Las ciencias naturales, físicas y químicas deben dominarse aunque luego se vayan a estudiar carreras de letras. La formación filosófica, ética, literaria, musical y, en general, humanística, debe ser constante, sistemática y sincera, buscando la creación de un espíritu crítico, imparcial e independiente. Por fin, hoy más que nunca, se debe estudiar un segundo idioma, el inglés, con criterio y garantía de que el chaval lo vaya a dominar al terminar la enseñanza obligatoria.

Entonces, cuando se haya garantizado un conocimiento bueno de todas esas materias, si hay espacio para las "marías", como plástica, educación física, tecnología... y en las comunidades autónomas aquella lengua que les ayuda a comunicarse entre ellos pero no con el resto del mundo, sólo entonces comenzarán a buscarse horas donde colocar esas asignaturas residuales.

Este es, en líneas generales, el plan de estudios que propongo para una democracia que pueda considerarse como tal. Hay que formar alumnos para que desarrollen al máximo sus respectivos cerebros. Cualquier camino que rehuya la excelencia y el esfuerzo y sitúe como objetivos principales la comodidad del alumno y la perentoria necesidad de pasar de curso será un camino equivocado. Por lo menos si queremos ciudadanos en lugar de borregos.

dmago2003@yahoo.es


Los magistrados, algunos de los cuales han pedido tiempo para estudiar el texto, se reunirán de nuevo la próxima semana
El TC maneja ya el tercer borrador de la sentencia del Estatuto, aún sin acuerdo
NIEVES COLLI | MADRID ABC 17 Julio 2009 17 Julio 2009

Quedan dos semanas para que termine el mes de julio y aún no se sabe con certeza si el Tribunal Constitucional tendrá lista la sentencia del Estatuto de Cataluña antes de que den comienzo las vacaciones judiciales de verano, que coinciden con el mes de agosto. En fuentes del Tribunal se insiste, ahora de igual modo que hace algunos meses, en que la intención es notificar la resolución este mes; pero al mismo tiempo se advierte que hace falta algo más que la mera intención y que no sería de extrañar que la espera se extienda hasta el mes de septiembre.

Lo cierto es que pese a las interminables deliberaciones -en medios judiciales se considera que después de tanto tiempo el debate termina irremediablemente «enquistado»- el Pleno no ha conseguido aún cerrar un acuerdo mayoritario sobre las cuestiones «fundamentales». Así las cosas, los magistrados siguen dándole vueltas al tercer borrador de sentencia, que les fue entregado por la ponente, Elisa Pérez Vera, el pasado lunes.

Reducir el número de folios
Ese mismo día, el Pleno estuvo reunido durante poco más de una hora, pues varios miembros del Tribunal pidieron tiempo para estudiar el borrador antes de iniciar el debate. Los diez magistrados no volvieron a tocar la cuestión, aunque sí está previsto que vuelvan a reunirse la próxima semana. Es intención del Tribunal, según fuentes jurídicas, reducir sensiblemente el número de folios de la sentencia -para lo que se ha optado por eliminar citas de resoluciones anteriores-, de tal forma que en lugar del millar inicialmente previsto, estén por debajo de los 800.

Las fuentes consultadas ven muy complicado que la sentencia pueda estar lista en lo que queda de julio y opinan que, de ser así, mejor que darla a conocer en agosto es posponer su notificación al mes de septiembre. En cualquier caso, la presidenta del TC, María Emilia Casas, ha habilitado agosto, lo que significa que el Tribunal podría quedarse sin vacaciones.

A medida que pasan los meses sin acuerdo sobre el Estatuto catalán, van pesando sobre las espaldas de los magistrados otras preocupaciones, ajenas a las cuestiones puramente jurisdiccionales. En medios próximos al Tribunal Constitucional se recuerda cómo se aproxima la fecha de la siguiente renovación parcial del Tribunal (la que corresponde al Congreso, en noviembre de 2010) sin que se haya llevado a cabo la anterior (que corresponde al Senado y tenía que haberse producido en diciembre de 2007). En ella tenía que haber salido, junto a otros tres vocales, la presidenta Casas.

La cada vez mayor cercanía en el tiempo de ambas renovaciones parciales va en perjuicio de los magistrados que aspiran a sustituir a Casas en la presidencia, pues no sólo ven cómo se reduce el tiempo que les queda para presidir el TC antes de ser ellos mismos renovados, sino también cómo se van extinguiendo sus posibilidades de ser elegidos. Según es tradición en la institución, siempre se nombra al presidente de entre los cuatro vocales que pertenecen al tercio más antiguo. Si éstos tienen a su vez que ser renovados, podría saltar el turno.

Al TC y a la sentencia del Estatuto se refirió ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en cuya opinión el Tribunal «no ha estado a la altura» porque «retrasa por motivos políticos» su decisión. La dirigente popular indicó que, «con independencia» de lo que diga la sentencia, el Estatuto contiene previsiones «absolutamente contrarias» a la Constitución y el PP, añadió, tiene «razones jurídicas» para defender esta tesis.

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Tempus regit actum
ENRIQUE ÁLVAREZ CONDE Catedrático de Derecho Constitucional ABC 17 Julio 2009

La problemática inherente a las relaciones entre el Tiempo y el Derecho es una cuestión clásica de Teoría General. Baste recordar las aportaciones de Orlando o las realizadas por Santi Romano. El planteamiento es muy claro: la seguridad jurídica es un principio estructural de todo ordenamiento jurídico democrático, siendo predicable tanto de las normas integrantes del mismo como de toda la actuación de los poderes públicos. Una de las manifestaciones de esta seguridad jurídica es el principio «tempus regit actum», que viene a significar que los actos jurídicos se someten a las normas bajo cuya vigencia se realizan (SSTS de 26 de marzo de 2009 y 20 de abril de 2009 y STC 43/2008). Este principio se incorporará a otras disciplinas jurídicas como el Derecho Penal (irretroactividad de las normas), Derecho Administrativo, Derecho Medioambiental, Derecho Fiscal, etc., conociéndose en los procesos jurisdiccionales como la «perpetuatio jurisditionis», con lo que se quiere decir que en un litigio no es posible discutir ni añadir un nuevo objeto de juicio distinto al planteado en la demanda.

Este principio también puede y debe ser analizado desde el punto de vista del Derecho Constitucional que, al fin y al cabo, es el Derecho común de todo el ordenamiento jurídico. Es más, dicho principio cobra especial relevancia en el caso del Tribunal Constitucional, cuya especial posición constitucional exige de él antes que de ningún otro poder público un escrupuloso respeto al principio de seguridad jurídica, al tempus regit actum y a la perpetuatio jurisditionis.

El hecho de que las leyes nazcan con una presunción de validez no atenúa estas exigencias. Al contrario, las acentúa. Una ley en vigor implica toda una serie de actos jurídicos, todos los cuales parecen padecer una «cierta interinidad» de validez a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Si, además, se trata de Estatutos de Autonomía, dada su posición en el bloque de constitucionalidad, esta necesidad adquiere caracteres perentorios.

Todas las normas, y los Estatutos de Autonomía en particular, deben ser enjuiciados a la luz de la situación existente en el momento de su aprobación, ateniéndose a la norma en sí misma y con contraste único y exclusivo con la Constitución. Lo contrario supondría violar los principios anteriormente descritos. Ello es una exigencia, además, del control abstracto, como es el presente caso, de las normas. En cambio, el control concreto, realizado fundamentalmente a través de la cuestión de inconstitucionalidad, no queda afectado por estos principios, pues el problema surge en el campo de la aplicación concreta de la norma.

Próximamente van a cumplirse tres años desde que se aprobó el Estatuto de Cataluña en 2006 y se interpusieron los correspondientes recursos contra el mismo. Sin necesidad ahora de analizar su contenido y sin necesidad también de pronunciarnos sobre su inconstitucionalidad (que alguna al menos hay), lo cierto es que tanto su significado jurídico como político parecían requerir un esfuerzo por parte de nuestro TC para zanjar la cuestión en un plazo razonable de tiempo. Los tres años tomados para dictar la futura sentencia carecen de cualquier elemento de razonabilidad. ¿Qué ha hecho el Tribunal durante este periodo de tiempo, además de resolver, con mayor o menor acierto, otros asuntos sometidos a su jurisdicción?
Mientras se resuelve el «contencioso catalán» se están produciendo una serie de consecuencias jurídicas y políticas nada alentadoras y que ponen en tela de juicio el propio principio de seguridad jurídica:

1) Como es obvio, la Generalitat ha ido desarrollando normativamente los preceptos del Estatuto de Cataluña, que es una norma jurídica que, como todas, goza de presunción de constitucionalidad.

2) El Estado ha visto paralizada su actividad normativa hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el asunto.

3) Los órganos legitimados se han mostrado incapaces de proceder a la renovación de los magistrados del Tribunal, los cuales, a este paso, pueden convertirse en magistrados permanentes; o, lo que es más probable, puede producirse una acumulación de renovaciones. Recordemos que la próxima renovación, de cuatro magistrados, debe efectuarla el Congreso de los Diputados en el año 2010. Todo ello pone en entredicho el carácter parcial de las renovaciones de los magistrados, que viene constitucionalmente impuesto.

4) Las Comunidades Autónomas que aún no han aprobado sus Estatutos están esperando expectantes a ver que sucede.
Pero lo peor del asunto es que la futura sentencia del Tribunal no va a resolver nada. Y ello tanto si declara la inconstitucionalidad de algunos preceptos estatutarios como si, a través de una sentencia interpretativa (que es un mecanismo, en este caso y en este momento, mediante el cual se evita hablar «alto y claro»), se opta, haciendo una especie de Manual de Derecho Autonómico, por declarar la constitucionalidad del mismo. Si se declara la inconstitucionalidad de algunos preceptos estatutarios puede suceder que los mismos hayan sido ya objeto del desarrollo normativo correspondiente y que la norma autonómica no haya sido recurrida. En tal caso, el Tribunal no puede extender los efectos de la inconstitucionalidad a esta norma, la cual para ser declarada inconstitucional debe ser objeto del correspondiente recurso a través de otros procedimientos. Las mismas consideraciones son de aplicar a otras normas estatutarias exactamente iguales que las del Estatuto catalán y que tampoco han sido recurridas.

Si se opta por una sentencia interpretativa dispondremos de una larguísima sentencia-manual (cuya lectura reflexiva requerirá varios meses), sin duda con muchos interrogantes que cada operador jurídico interpretará a su antojo. Además, no debemos olvidar que toda sentencia interpretativa en el fondo supone una declaración de inconstitucionalidad, aunque en el fallo se declare lo contrario. Si la norma fuese claramente constitucional no haría falta dicha sentencia interpretativa, que lo que hace es forzar una interpretación para evitar la nulidad de la norma. Por otro lado, creo sinceramente que ya ha pasado el tiempo de las sentencias interpretativas. Ahora lo que se necesita es claridad y rotundidad, pues el principio democrático, interpretado en buena lógica jurídica y política, así parece exigirlo.

Ante estas posibles perspectivas, ¿qué sucede con todas las consideraciones que hacíamos al comienzo sobre el principio «tempus regit actum»?. El Tribunal parece haber olvidado que sus competencias han sido fijadas por el poder constituyente, del cual es un mandatario, un poder constituido en suma, por lo que situarse en su posición y ejercer sus competencias fuera del marco temporal establecido implica, como mínimo, que se hace irreconocible su propia función. El Tribunal, con la decisión que adopte, ya ha violado el principio «tempus regit actum» y no ha garantizado la seguridad jurídica. Por ello, está obligado a realizar un esfuerzo adicional para garantizar dicha seguridad jurídica, de la cual también forman parte, y no en poca medida, la predecibilidad de las decisiones judiciales. Desde otro punto de vista, no ajeno al anterior, el Tribunal ha perdido buena parte de la consideración y respeto que tenía desde sus primeros momentos. A mi juicio, y desearía vivamente equivocarme, se ha perdido ya la posibilidad de una sentencia con sentido de Estado, que era lo que requería el asunto, en la cual el Tribunal se sobrepusiera a los avatares políticos y convenciese a todos, recuperando así su auctoritas con sólidos argumentos jurídicos. ¿Será capaz el Tribunal de hacer ese esfuerzo? ¿Serán los partidos políticos capaces de sustraer este tema del debate político-electoral? Muchos problemas, muchas incógnitas y un solo principio: tempus regit actum.

Rosa Muguerza (Vigo): "Al colegio no se va para cantar himnos"
"No quiero que mis hijos digan 'Texo' en vez de Tajo o 'montan' en vez de montaña"
 www.lavozlibre.com 17 Julio 2009

Vigo (Pontevedra).- “El modelo que aquí se sigue tiene un referente en Cataluña. Esto no tiene solución”. Rosa Muguerza está desesperada con la situación lingüística de Galicia. Ella nació en Coín (Málaga), pero llegó a Vigo hace 11 años, después de pasar por Madrid, Burgos y Orense. Actualmente trabaja como cirujana pediátrica de la Sanidad pública gallega.

- ¿Cuándo se dio cuenta de que no le gustaba el rumbo que estaban tomando las cosas en Galicia?
- A principios del curso 2007-2008 traté de matricular a mi hija en primero de Primaria en el colegio SEK de Pontevedra. En cuanto hojeé su libro de Conocimiento del Medio me di cuenta de la inmersión lingüística. Algunos compañeros del hospital trataron de restarle importancia diciéndome que sólo era una asignatura en gallego, pero yo me enfadé porque pensé que no era sólo una asignatura. Los ríos, las montañas y los árboles son conceptos importantísimos a esa edad. Yo no quiero que mis hijos digan 'Texo' en vez de Tajo o 'montan' en vez de montaña.

- ¿En qué centro había cursado la niña la enseñanza infantil?
- En una guardería bilingüe español-inglés, por lo que sus conocimientos de gallego eran escasos. Tras ver cómo estaban las cosas en el SEK de Pontevedra, me decanté por inscribirla en el centro privado-concertado Los Sauces, donde la aplicación de la normativa lingüística es más suave y los niños pueden expresarse en castellano.

- ¿Dónde inscribió finalmente a su hija este curso?
- La dueña de la guardería a la que acudía la niña había logrado crear el Colegio Internacional, que es bilingüe inglés-español, escapando al control político de la Consejería de Educación. Aunque los profesores son británicos, ha implantado el sistema educativo norteamericano, por lo que su supervisión depende de Estados Unidos. Con este sistema, el centro puede dar las clases en inglés y en español sin ningún problema, y en su currículo se incluyen cuatro horas semanales de gallego, una imposición de la Consejería de Educación de la Xunta.

- ¿Ha tenido algún incidente a propósito de este tema?
- Sí, especialmente el curso pasado. El sobresalto más importante me lo llevé cuando encontré en el bolsillo de mi hija de seis años un panfleto con la letra del himno gallego. Les habían dicho que tenían que memorizarlo para el Día de las Letras Gallegas. Me enfadé y escribí una carta al director para decirle que al colegio no se va para cantar himnos. En todo caso, podrían enseñarles el del estudiante o el del colegio, pero no era facultad del centro instruirlos en otro tipo de himnos. Todavía estoy esperando la respuesta.

- ¿Qué ha hecho con respecto a los libros de texto?
- Decidí comprarle el libro de Conocimiento de Medio en castellano. Así puedo lograr que la niña adquiera un nivel de castellano acorde con su edad.

- ¿Ha hablado con otros padres de este tema?
- No directamente. Desconozco cuál es su situación, pero he ido un par de veces a ver a mi hijo jugar al fútbol y he palpado que la mayoría de la gente está en contra de este sistema educativo. Sin embargo, no hay una actitud de rebeldía para poderlo frenar.

- ¿Qué va a hacer frente a ello?
- Más pronto que tarde terminaré abandonando el barco. Yo puedo hacerlo, pero soy consciente de que los que peor lo tienen son los gallegos de nivel económico bajo, que encontraban en la enseñanza la forma de ascender a nivel social. La mujer que me arregla los zapatos se queja cuando me ve: “Nosotros sí que lo tenemos mal. Mi nieta, ¿cuándo va a poder aprender a 'falar castelá'?”
 

CASAS, SIN PRISAS
La sentencia del Estatut vuelve a "romper" el TC
Si la semana pasada todo apuntaba a que el fallo del TC sobre el Estatuto de Cataluña se haría público de forma inminente, ya que las deliberaciones habían llegado a su término, este viernes cuenta El Mundo que ha vuelto a romperse la mayoría que habría logrado sacar adelante la sentencia.
 Libertad Digital 17 Julio 2009

Si la semana pasada todo apuntaba a que la sentencia del Estatuto de Cataluña estaba lista para que los magistrados del Tribunal Constitucional estamparan su firma en ella, este viernes Victoria Prego cuenta en El Mundo que ha vuelto a romperse la delicada mayoría que habría logrado sacar adelante el fallo.

El motivo es que el último borrador presentado por la ponente Elisa Pérez Vera (es el tercero) se ha reducido tanto que ha dejado el proyecto carente de la solidez jurídica exigible. A los fundamentos jurídicos se les ha despojado de las citas de jurisprudencia, lo que convierte a la más que esperada sentencia en un resolución sin doctrina jurídica y decisionista.

Este hecho ha provocado que el magistrado Guillermo Jiménez, que la semana pasada ya se había mostrado dispuesto a sumar su voto a la última propuesta de sentencia, se plantó el pasado lunes y se negó en redondo a apoyar la propuesta.

El voto de Jiménez era precisamente el que iba a componer esa mayoría de 6 a 4 que habría proporcionado un poco más de solidez a la resolución. Sin su voto a favor, la relación de apoyos en el seno del TC habría quedado de nuevo en un empate 5 a 5, lo que habría requerido el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas, para inclinar la balanza en sentido favorable al Estatut. Una hipótesis que Casas rechaza contemplar, entre otras cosas porque sería un escándalo político de primera magnitud.

Otro de los miembros del Alto Tribunal, Ramón Rodríguez Arribas, que también estaba a punto de apoyar la sentencia con su voto, se ha negado igualmente a votar a favor del proyecto que se les ha presentado. El voto de Rodríguez Arribas era el que habría podido conformar la relación de 7 a 3 que habría permitido al Tribunal salir a la palestra pública con una resolución respaldada por una amplia mayoría.

Este revuelo inesperado ha sentado mal a Casas, quien según apunta Vitoria Prego no tiene “prisa” en que el fallo del Estatut vea la luz tras tres años de aplicación de la norma estatutaria. Este nuevo desacuerdo vaticina que la polémica sentencia volverá a retrasarse aún más.

Educación supera ya el centenar de asesores, la mayoría elegidos a dedo
La nómina, que incluye a muchos docentes, aumenta en cada legislatura y supone más de 3 millones al año
El colectivo de funcionarios y opositores MIEP denuncia que muchos no figuran en la relación de puestos de trabajo
Serafín Lorenzo La Voz 17 Julio 2009

La aplicación de la política de austeridad de la que Alberto Núñez Feijoo ha hecho bandera en el arranque de su mandato todavía tiene margen de mejora en la Consellería de Educación. El departamento que dirige Jesús Vázquez cuenta con más de un centenar de asesores en nómina, según denuncia el Movemento pola Igualdade no Emprego Público (MIEP) a partir de datos extraídos del propio directorio de la consellería.

Este colectivo, que integra a funcionarios y opositores, asegura que la mayoría de esos cargos son de libre designación. Es decir, se trata de personal que ha sido reclutado a dedo, aunque entre los asesores los hay con un perfil puramente político y los que, además, prestan un asesoramiento «supostamente técnico». En el directorio de la consellería aparecen identificados como asesores técnicos, de contenidos, o como asesores sin más.

Cambiar aulas por despachos
La plataforma sostiene que buena parte de esos asesores «son docentes que cansos de traballar nas aulas deciden cambiar de aires por unha temporada, unha modalidade especial de excedencia voluntaria pero pagada». Según el MIEP, la factura que conlleva esa política para las arcas públicas es elevada, porque cada asesor percibe una retribución igual o superior a la que recibía como docente en activo, con un coste anual que cifra en más de 3 millones de euros. El colectivo, que ya fue uno de los más activos en la denuncia de la gestión del Gobierno bipartito en el ámbito de la función pública, estima que ese «despilfarro» podría rebajarse a más de la mitad sin que los servicios públicos se resintieran por ello, con unas restricciones en el número de plazas que en muchos casos, recriminan desde el MIEP, «nin siquiera aparecen na relación de postos de traballo».

Trabajo administrativo
La cifra de asesores de Educación ha ido creciendo en cada legislatura, sin que los sucesivos cambios de Gobierno hayan corregido esa tendencia. De hecho, hay docentes que ejercen como asesores desde 1989. El MIEP objeta que, desde el punto de vista del discurso político del Gobierno del PP, el censo actual de asesores al servicio de esa consellería «non é coherente co plano de austeridade de Feijoo».

Advierte, además, que la repercusión del abuso de esta figura administrativa va más allá de su coste económico. «Tamén hai que ter en conta que a maioría dos asesores ou ben están ociosos ou ben están facendo traballo administrativo e de xestión propio dos corpos xerais, co que se están ocupando prazas que deberan estar cubertas polos funcionarios dos corpos xerais, quitándolle prazas a estes grupos e sen ter a cualificación acaída», denuncia.

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