AGLI

Recortes de Prensa    Domingo 19 Julio 2009

 

Unidad nacional, no; integridad, tampoco
José Javaloyes Estrella Digital 19 Julio 2009

Ni unidad nacional ni, tampoco, integridad territorial. Doble plato de la coherente incoherencia del presidente Rodríguez en el curso de este fin de semana. De una parte, y ante el Comité Federal del PSOE, la autocomplacencia por el sudoku letal para la unidad de España, en lo territorial y en lo funcional, felicitándose por la monstruosidad perpetrada en la distribución autonómica de los recursos presupuestarios. Es decir, Rodríguez se felicita por no haber sabido resolver en términos contables su rectificación del error "azañista" en que consistió su ofrecimiento estatutario al nacionalismo catalán de que apoyaría en Madrid el Estatuto que le enviaran desde Barcelona.

Contrariamente a lo que luego hiciera quien fue último presidente de la II República, que rectificó su wilsoniana posición inicial - antes aún de la traición de Companys cuando la revolución de 1934, al proclamar el Estado Catalán -, Rodríguez se solaza y se felicita de la forma en que ha cuadrado su "sudoku" con el nacionalismo catalanista, que considera la más acertada, expresiva y plenaria del Estado Autonómico. ¡Sabrá lo que dice!

Su objetiva conspiración confederalista va mucho más allá, desde luego, del genuino federalismo en que consiste el Estado Autonómico consagrado en la Constitución de 1978 - puesto que en términos de gasto de las Administraciones Autonómicas éstas pesan, en el caso español, como poder descentralizado y respecto del gasto de la Administración central, mucho más de cuanto lo hacen en el caso de EEUU los gastos y las competencias de los Estados respecto de los gastos federales.

El disparate conceptual y el embuste político del Faro de la Moncloa parece como si estuviera dirigido, en términos de oportunidad, a que el Tribunal Constitucional se lance finalmente por una sentencia interpretativa y ambigua sobre los recursos presentados contra el Estatuto de Cataluña. Nada abundaría más ni mejor en la coronación del disparate anti-español a que se ha llegado para que los socialistas conserven el poder al precio que sea, por mucho que signifique como coste nacional medido en términos de cohesión y unidad solidaria.

La otra parte, la referente a la integridad territorial de España, ha expresado también una culminación de la disparatada ocurrencia de haber otorgado en su día condición de parte en lo que fue el contencioso de Gibraltar, a la Administración colonial del Peñón y de sus excrecencias - por metástasis territorial - más allá de lo que se pactó en el Tratado de Utrech. Pero no es sólo el hecho de la visita a la Colonia por parte del catastrófico Moratinos, la primera que efectúa un ministro español, sino la reacción irritantemente inane al insólito suceso desde el Partido Popular. Me refiero a un comentario, el de Javier Arenas por Almería, en la que en vez de objetar esa insostenible visita, se ha limitado a censurar el comportamiento de las autoridades del Peñón contra los pesqueros y servicios costeros españoles. Parece que ya no es sólo el Gobierno socialista, sino también la oposición mayoritaria quien ha perdido el sentido de las cosas. La posición de España en el Estrecho ha perdido muchos más enteros. Atención a la devaluada base de Rota. Los llanitos compiten en facilidades para USA.

Los nacionalistas vascos y catalanes ansían como algo consustancial con ellos chuparnos la sangre impositiva hasta dejarnos secos
Más de impuestos
César VIDAL La Razon 19 Julio 2009

Como indicaba en mi entrega anterior, los impuestos son algo de enorme relevancia para los norteamericanos. No es que no lo sean para los ciudadanos de otras naciones, pero aquí se tiene la absoluta convicción de que la salud de la democracia está relacionada con la capacidad que tiene el poder para exprimirnos fiscalmente a los ciudadanos y que cuanto mayor es la presión, mayor es el abuso de poder. Partiendo de esa base -y no es la única- no sorprende que el socialismo nunca haya tenido peso político en Estados Unidos.

Lejos de contemplarlo como una panacea esperanzadora, la inmensa mayoría de la población lo ha visto siempre como una plaga contra la libertad. Esta circunstancia explica la reacción verdaderamente negativa que está provocando el anuncio de una mayor presión fiscal por parte de Obama. De entrada, los «motines del té» -una mera celebración de carácter histórico que rememora cómo los americanos se alzaron contra la metrópoli para no pagar más impuestos- se han convertido este año en una cadena de celebraciones anti-obamitas. No son las únicas, desde luego.

Y es que millones de norteamericanos no ven en papá Estado una garantía de nada salvo de que se verán reducidos a una condición de siervos. Aún diría más. Se sienten profundamente irritados porque a ese recorte de las libertades reales mediante la mayor intervención del Estado se procede para dar dinero a minorías no especialmente caracterizadas por intentar sacar adelante a la nación en medio de la crisis. Se produce así una situación incomprensible en España. En nuestro asenderado país, los nacionalistas vascos y catalanes ansían como algo consustancial con ellos chuparnos la sangre impositiva hasta dejarnos secos amenazándonos eso sí con que si no cedemos se irán de la casa común.

Aquí la idea de secesión es diametralmente opuesta. Algunos estados, tanto al norte como al sur, están amenazando al poder central con la separación o, al menos, con un claro distanciamiento, pero -fíjense en el detalle- para defender su punto de vista han decidido no recibir un solo dólar de fondos federales. El razonamiento es algo así como: «Si usted va a controlar mi libertad mediante la entrega de más financiación, olvídese. No me dé un céntimo que no quiero saber nada de usted y deje de subirme los impuestos».

Claro, cuando uno cuenta a los amigos que Vascongadas recibe ocho euros por cada uno que aporta a España y que Cataluña se queda con más de la tercera parte de la financiación nueva del gobierno destinada a diecisiete autonomías les cuesta creerlo. Tienen, a decir verdad, la sensación no de que esas dos regiones estén gobernadas por secesionistas -que eso podrían entenderlo hasta cierto punto- sino de que sus dirigentes políticos son una especie de vampiros financieros que, por un lado, pretenden hacer lo que les venga en gana y les convenga por encima de cualquier ley divina o humana y, por otro, expoliar hasta donde puedan al conjunto de la nación que para eso tiene a un presidente como ZP que se lo consiente. Vamos que, lejos de asemejarse a hombre de honor como Jefferson Davis y el general Lee, están más cerca del crimen organizado. Claro que, como dirán algunos, ya se sabe que los americanos, y más si son sureños, no entienden nada de nada.

Carod-Rovira es un carísimo pájaro migratorio. En sus constantes vuelos le caen de las plumas millones de euros que se derrochan por nada
¿Cuántos para él?
Alfonso USSÍA La Razon 19 Julio 2009

De esos más de cuatro mil millones de euros -cuarenta veces lo entregado a Cantabria-, que se lleva Cataluña en el reparto adicional, ¿cuántos millones irán a parar a Carod-Rovira, sus embajaditas, sus viajes, sus regalos y sus croquetas? Lo decía el pasado jueves Antonio Mingote en su obra de arte de «Abc». El dinero de los españoles para unos nacionalistas catalanes que no quieren ser españoles. Más o menos. Sucede que si ese dinero se emplea en infraestructuras, hospitales, ayudas a las empresas y demás acciones lógicas y correctas, sólo podríamos hablar de agravio comparativo entre Cataluña y el resto de las autonomías.

Pero hay más. Esas infraestructuras, hospitales, ayudas y demás acciones lógicas y correctas suelen correr a cuenta del Estado, y una buena parte de las canonjías que percibe el Gobierno de la Generalidad se destina a las mamarrachadas de Carod-Rovira, que parece estar harto de Cataluña, porque siempre se halla ausente inaugurando chiringuitos con pretensión diplomática que no sólo pagan injustamente los catalanes, sino todos los españoles, aunque en esos chiringuitos no nos representen. Carod-Rovira es, en efecto, un carísimo pájaro migratorio. En sus constantes vuelos le caen de las plumas millones de euros que se derrochan por nada.

Los ánsares vuelan en otoño de los fríos rusos a las tibias costas de España. Los más decididos y en número más grande, alcanzan el paraíso de Doñana. Cuando llega la primavera y se marchan -muchos restan aquí para siempre-, de África nos visitan las golondrinas, los abejarucos, las oropéndolas y las cigüeñas, entre otras especies. Los cielos son un constante ir y venir de aves migratorias que no descansan hasta que llegan a su objetivo. Pero es un destino establecido por la naturaleza, que no cambia ni se somete al capricho, y para colmo de bienes, gratuito. Nos regalan su belleza y su presencia sin quitarnos ni un euro del bolsillo. Y no es regalo cómodo. Volar ininterrumpidamente durante días y días con sus noches y noches, no está al alcance de cualquiera.

Si Carod-Rovira, para malgastar el dinero de todos los españoles tuviera que dar tres golpes de alerón, no se movía de Barcelona. Él viaja en otros pájaros. Y en primera clase, con un séquito de hortera árabe, la bolsa rebosada de euros que no le pertenecen y la lengua siempre dispuesta para denostar a la nación y a los ciudadanos que le proporcionan, por obligación que no por gusto, el oro que derrocha. Un pájaro de cuentas que se aprovecha de otros pájaros de iguales cuentas que le dan el dinero sin consultar a los contribuyentes. Para ti, todo, para los demás, mucho menos, y para algunos, lo que sobre. Que así ha salido Cantabria, señor Revilla, que a este paso, o se esmera más en las anchoas, o en lugar de recibir lo que le corresponde, va a tener que dar lo que no tiene. Ocurre que en Cantabria no hay violencia nacionalista, ni victimismo, ni coacción racista ni posibilidad de atemorizar a un Gobierno de España caprichoso y pusilánime. El dinero, para el pájaro migratorio a cuenta ajena.

El día que los jueces se atrevan a levantar las alfombras de determinadas autonomías privilegiadas nos llevaremos un buen susto. Pero pelillos a la mar. Todo habrá pasado y los derrochadores del dinero público se irán de rositas. Como este Carod-Rovira, el pájaro migratorio, que dilapida el dinero de España para negarla y envilecerla.

Los efectos asombrosos de una sentencia
JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA La Opinión 19 Julio 2009

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Batasuna ha descubierto una debilidad más del discurso políticamente correcto en la España actual, el discurso progresista. La sentencia del TEDH, 36 o 37 páginas, recoge y da por bueno el recorrido legislativo y judicial que culminó con la ilegalización de Batasuna, y en sus últimas páginas contiene una consideración eminentemente política: la ilegalización respondió a una necesidad social imperiosa.

Se sostiene por analistas cimeros que, tras la sentencia del TEDH, no antes, las sentencias de nuestro Tribunal Supremo y de nuestro Tribunal Constitucional se revelan correctas. Y que la ley de partidos de 2002 no contenía violación de derechos humanos. Ahora sí, todos contentos. No defiendo que las sentencias de la corte europea no deban ser acatadas por el Estado español ni que deban ser menospreciadas jurídicamente. Lo que me llama la atención es que, conscientes de ello o no, aquellos analistas trasmiten la opinión de que nuestro legislador democrático y nuestros dos más altos tribunales no eran garantes suficientemente fiables de la corrección de unas importantes medidas, las que más eficazmente han permitido hasta la fecha combatir el terrorismo.

En un asunto de la trascendencia política del terrorismo, resultaría extraño ver a franceses, británicos o alemanes, y no digamos a norteamericanos, es decir a países democráticos y liberales sin fisuras, esperar tanto de un Tribunal internacional y tan poco de los propios y de su parlamento. ¿Cabe pensar que una sentencia contraria del TEDH hubiera puesto patas arriba las medidas antiterroristas más eficaces de nuestro parlamento y de nuestros tribunales?. Sólo pensar en ello conduce a reflexionar con pesimismo sobre la fragilidad de una democracia dispuesta, al cabo de años de sufrimiento, a volver a quedar indefensa ante la mayor amenaza que soporta. Menos mal que los siete jueces de Estrasburgo fueron claros y unánimes en su fallo porque si no, a estas alturas, habría algunos, y no sólo los recurrentes, dando a estos la razón frente a la inmensa mayoría de españoles y a sus principales órganos constitucionales.

Por otra parte, los opinadores, ahora sí satisfechos, extraen una consecuencia política de la máxima trascendencia. Resulta que la sentencia del TEDH ha dejado al PNV y al resto del mundo nacionalista desubicado, desorientado, desconcertado. Gracias a la sentencia, las posiciones del PNV en defensa de Batasuna se descubren ahora erráticas, cuando antes eran razonables y explicables. El PNV debe ahora rectificar. Ahora, no antes, porque antes sólo condenaban a Batasuna el legislador español, sus dos altos tribunales y el noventa por ciento de los ciudadanos. Yo no creo que estemos ante un cambio de opinión sugerido por la sentencia de un tribunal, por más que este sea el que ha sido.

En realidad, la cuarentena soportada por la ley de partidos y por nuestros altos tribunales sólo tenía una explicación política: la ley fue impulsada por el PP, entonces con mayoría absoluta en las Cortes, y los dos tribunales la declararon constitucional y la aplicaron correctamente, sin importarles su origen político. Ese origen fue, sin embargo, para algunos una mancha y no era suficiente que superara el doble examen jurisdiccional español. Aún quedaba una posibilidad de censurar al PP. Si el TEDH daba la razón a Batasuna, el PP, hoy en la oposición, recibiría su castigo: seguir mereciendo el título de antinacionalista. Como eso no se ha producido, y como el PNV está fuera del gobierno vasco y no se le necesita en el Congreso, hoy se puede atribuir el acierto de la ilegalización no a la ley de partidos ni a los tribunales españoles, sino al TEDH y, casi sin que se note, a quien hoy preside el gobierno del Estado que en Estrasburgo ha defendido su ley y sus sentencias de ayer.

José Antonio Portero Molina es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coruña

Zapatero y la España insolidaria
Editorial ABC 19 Julio 2009

RODRÍGUEZ Zapatero, quien ayer se permitió el lujo de afirmar que el nuevo modelo de financiación configura el auténtico Estado de las autonomías, identifica la política con una operación permanente de imagen, de tal manera que su objetivo consiste siempre en «vender» un producto mediático sin que los ciudadanos sepan con claridad cuál es su contenido. Esta vez se trata de la financiación autonómica, un acuerdo injusto a todas luces que altera sin reparos el principio constitucional de solidaridad para beneficio exclusivo del PSOE y sus necesidades coyunturales de apoyos parlamentarios. Después de sacar adelante la negociación inicial, todo se traduce en abrazos, parabienes e imágenes optimistas de cara a la galería, como refleja la reunión que mantuvo ayer Zapatero con los «barones» regionales. La satisfacción del tripartito catalán tiene cierta lógica, al menos desde una perspectiva particularista, y lo mismo cabe decir -en otro nivel- del socialismo andaluz, oportunamente utilizado para que Manuel Chaves reciba un apoyo político del que anda muy escaso en los últimos tiempos. En cuanto a los demás «barones» territoriales del PSOE, es evidente que hay mucha sonrisa desganada y muchos abrazos de compromiso porque todos ellos son conscientes de que su región se sitúa a la hora de la verdad en el bando de los perdedores. Ferraz acusa a los populares de centralismo y sumisión a los criterios del aparato de Génova, pero antes de hablar algunos líderes deberían mirar en su propia casa y escuchar lo que se dice por los pasillos sobre la «generosidad» del presidente del Gobierno hacia los compañeros y socios catalanes.

El ridículo debate sobre una imaginaria «catalanofobia» y otras fobias regionales refleja el absurdo que supone esta especie de guerra de todos contra todos desatada por Zapatero y cuyo origen directo e inmediato es la financiación privilegiada que establece el Estatuto catalán. Mientras tanto, la vicepresidenta Elena Salgado ha intentado negociar hasta el final con las comunidades gobernadas por el PP en un esfuerzo por abrir una brecha en el mensaje conjunto de todos sus líderes a cambio de ventajas particulares. El interés general es algo más que la yuxtaposición del interés egoísta de unos y de otros, porque exige que los problemas se enfoquen con sentido de Estado y al servicio de todos los ciudadanos. No es éste el caso, como es notorio, porque aquí prima el egoísmo de unos y el oportunismo de otros, por mucho que luego los «barones» socialistas hayan cerrado filas para aparentar en público una satisfacción que no es unánime ni mucho menos.

Mientras llega la sentencia del Tribunal Constitucional -ya superada, a estas alturas, por el desarrollo estatutario- se consolidan los efectos de la mutación del modelo territorial. El presidente del Gobierno ha eludido la reforma formal de la Constitución, pero este sistema de financiación autonómica quiebra las reglas que sustentan un Estado basado en los principios de unidad y autonomía, donde no hay lugar para el ventajismo insolidario. Las reuniones autocomplacientes y las declaraciones a mayor gloria del líder, sólo reflejan la debilidad de unos dirigentes regionales que son incapaces de plantar cara a sus jefes en Ferraz y en La Moncloa. Es probable que lleguen nuevas ofertas particularistas en los próximos días para abrir brecha en la respuesta homogénea de los populares. Frente a ello, es imprescindible que el PP mantenga la defensa sin fisuras de la Constitución y su modelo territorial.

Inexistencias
JON JUARISTI ABC 19 Julio 2009

COMO remedio para fobias anticatalanas, Xavier Vidal-Folch ofrece en «El País» (Si Cataluña no existiese..., miércoles, 16 de julio) un argumento que produce, a un tiempo, estupor y regocijo: Cataluña ha sido la adelantada del sistema autonómico español, la comunidad que abrió camino y sirvió de modelo a las demás autonomías españolas, viene a decir Vidal-Folch, y, por tanto, si Cataluña no hubiera existido, no existiría hoy un Estado de las autonomías.

Lo primero que hay que resaltar es la prosapia literaria de dicho argumento. Mucho antes que a Niall Ferguson se le ocurriera inventar la Historia Virtual, Adolfo Bioy Casares había especulado con la posibilidad de una narración sobre la Argentina contemporánea que partiera de la hipótesis de que los vascos nunca hubieran existido. Después, considerando que las consecuencias de tal conjetura serían harto complicadas, se decidió por otra más sencilla, la inexistencia de los galeses, que también ponía la realidad patas arriba, pero en términos todavía manejables, lo ideal para un escritor de ficción.

A Bioy Casares me lo presentó en Buenos Aires, hace veinte años, Fernando Rodríguez Lafuente, amigo entrañable que, ese día, no pudo resistir la tentación del exotismo y se refirió a mí como «un poeta vasco». A Bioy le brillaron los ojillos y me dijo: «¿Vasco? Yo también soy vasco, ¿sabe usted?». Ingenuamente, pregunté: «¿Por Bioy?». Entonces entreví un fulgor de maldad en las pupilas cerúleas del novelista y supe que me había tendido una trampa. «No», respondió: «Por Casares». Creo que en la ingenuidad o en la estupidez de mi pregunta obraba, de forma más o menos consciente, el recuerdo de aquel párrafo de Bioy en que planteaba que, de no haber existido los galeses, no habrían existido los argentinos de apellido galés, que no son muchos, pero tampoco la calle Owen de Buenos Aires, llamada así en honor del empresario textil y socialista utópico cambriano Robert Owen, que jamás pisó Argentina.

Si los inexistentes hubieran sido los vascos, habría desaparecido con ellos Borges (que los detestaba, pero reconocía venir de gentes que se llamaron Garay u Otálora), y Bioy habría pasado a la historia, en solitario, como el gran escritor argentino del siglo XX. En fin, bromas de literatos. La inexistencia de Cataluña habría aniquilado a la práctica totalidad de los españoles actuales, pues todos tenemos algunos antepasados catalanes conocidos y, seguramente, muchos que ignoramos. Y, sin la existencia de la Castilla histórica, se desvanecería en la nada, para empezar, el Honorable President de la Generalitat. La idea de que Cataluña o el País Vasco han ido siempre por libre, enfrentándose a la España cañí, es simplemente absurda, y sus autonomías respectivas, cuando las han tenido, han sido fruto de consensos nacionales; es decir, españoles.

Lo más chusco del artículo de Xavier Vidal-Folch reside en su lógica de Antiguo Régimen, que consiste en esgrimir supuestos méritos exclusivos de una comunidad para justificar privilegios. Por cierto, los inventores del truco fueron los vascos del siglo XVI, que no reclamaban la patente del sistema autonómico, sino la de España misma, con el encomiable fin de no pagar impuestos. Los arcaicos estereotipos regionales serían hoy folclore inofensivo y, desde luego, no habrían dado pretexto a fobias, si los nacionalismos no hubieran convertido el Estado autonómico en una versión posmoderna del Estado de naturaleza, donde bandas depredadoras del presupuesto nacional se apedrean entre sí con victimismos y teóricas excelencias morales.

Dos largos años perdidos
VICTORIA PREGO El Mundo 19 Julio 2009

La sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña no se ha empezado a preparar seriamente hasta hace un año. Desde julio de 2006, cuando el PP presentó ante el TC un recurso de inconstitucionalidad, hasta la primavera de 2008, el Estatut ha estado durmiendo el sueño de los justos en la sede del Alto Tribunal. Dos años y medio en barbecho.

Algunos magistrados como Vicente Conde insistieron machaconamente desde el comienzo en la urgencia de abordar lo que consideraban una cuestión de Estado de la máxima trascendencia. Pero durante 20 largos meses no se produjo ningún movimiento serio en esa dirección. Por entonces el «equilibrio» entre los calificados por la prensa como progresistas o conservadores era favorable a estos últimos después de que el TC hubiera aceptado recusar a Pablo Pérez Tremps y apartarlo de las deliberaciones.

Las frecuentes declaraciones que la presidenta del TC, María Emilia Casas, hacía en privado en esos años insistiendo en que el tema del Estatut era su prioridad e iba a ser abordado con la máxima urgencia no tienen absolutamente nada que ver con la realidad de los hechos. Ni en 2006 ni en todo 2007 se abordaron los recursos.

No fue hasta abril o mayo de 2008 cuando Casas dio por fin la orden de ponerse a trabajar de verdad en el tema. Para entonces la relación de fuerzas en el seno del tribunal se había equilibrado de nuevo, aunque por un trágico motivo: la muerte de Roberto García-Calvo -juez del Tribunal Supremo-, uno de los más radicales defensores de la tesis de que el Estatuto de Cataluña era inconstitucional en su espíritu y en su articulado.

A partir de mayo, pues, se cambian los ritmos, se pisa el acelerador y se encarga a varios letrados que se ponen a trabajar en un proyecto de sentencia. Elisa Pérez Vera es designada ponente y, por tanto, ella es la responsable de todos los proyectos, incluido este último que ha desatado la caja de los truenos y ha roto los delicados consensos trabajosamente tejidos en los últimos meses.

No podría decirse que Pérez Vera, acérrima defensora de la plena constitucionalidad del Estatut, esté entre los magistrados con más peso e influencia de los que componen el Constitucional. Mucho más prestigio y más peso, con enorme diferencia, tiene la propia presidenta, María Emilia Casas, a la que se considera inteligente y culta aunque, eso sí, muy poco dada a asumir un perfil rotundo en sus posiciones.

Casas quiere salir de este trance sin que se le pueda reprochar el haber influido descaradamente en el sentido de la sentencia. Por eso de ningún modo estará dispuesta a deshacer con su voto de calidad un hipotético empate entre quienes quieren endurecer la resolución de fondo y fijar con mayor claridad los preceptos inconstitucionales y quienes prefieren suavizar el fallo y garantizar las competencias del Estado sin hacerle sangre al Gobierno. Lo que sí es competencia suya, y por lo tanto su responsabilidad, es la administración de los tiempos y del ritmo del trabajo. Ella será quien diga cuándo se vota, pero no lo hará hasta que se asegure de que el panorama está claramente despejado. Y ya ha dicho que no tiene ninguna prisa.

Entre quienes suman hasta ahora los cinco votos favorables a la sentencia interpretativa que se estaba pergeñando, no todos están dispuestos sin embargo a comulgar con según qué ruedas de molino. Y, de entre ellos, el más sólido es Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional y reconocido como una de las mejores cabezas en su especialidad. Aragón, del que se habla como próximo presidente del TC, ha criticado ácidamente el tercer proyecto de sentencia y, junto a Pascual Sala, lo ha hecho tambalear hasta hacerlo inútil. El quinto voto en principio favorable a esta sentencia ambigua es el de Eugeni Gay, el único abogado, considerado por los defensores del Estatut como un voto seguro, aunque él lo discuta a veces.

En el lado contrario, y nulamente dispuesto a respaldar una resolución interpretativa ni manipulativa, lo cual significa que es uno de los cuatro votos negativos con que en principio podría salir la sentencia, está Javier Delgado, ex presidente del Supremo, y otra de las grandes cabezas jurídicas del Tribunal. A pesar de encontrarse enfermo, jamás ha faltado a los plenos en los que se ha discutido el Estatut y siempre ha mantenido la misma posición. Él, junto a Vicente Conde y a Jorge Rodríguez Zapata -ambos jueces del Supremo- quieren llevar al fallo y establecer en él con total claridad cuáles de los artículos han de ser declarados inconstitucionales.

Perteneciente también al sector conservador, el catedrático Guillermo Jiménez había suavizado su posición y estaba ya dispuesto a votar a favor de una sentencia que, aunque disimulada en las formas, garantizara la plena protección de los intereses del Estado. Un poco más atrás, pero en la misma línea, se había situado Ramón Rodríguez Arribas, así que María Emilia Casas acariciaba ya una sentencia claramente favorable al Estatut aunque escondiera grandes dosis de truco. Ahora la ponente tiene que volver a empezar. Pero ya no es tan seguro que los votos sigan estando en el mismo lugar en el que estaban.

JUSTICIA | El relevo de cuatro magistrados lleva pendiente año y medio
A la espera de sentencia sobre el Estatut para renovar el Constitucional
Además, aún no se ha sustituido al fallecido Roberto García Calvo
Efe | Madrid El Mundo 19 Julio 2009

La esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña podría ayudar a desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC), pendiente en el Senado desde hace ya año y medio por falta de acuerdo entre el PSOE y el PP.

La sentencia sigue bloqueada en el Tribunal Constitucional, donde cada vez parece más difícil que la resolución sobre el Estatut pueda conocerse antes de septiembre, pese a que la intención era hacerla pública este mes de julio.

El próximo martes 23 de julio vuelve a reunirse el Pleno del Tribunal Constitucional y será una nueva oportunidad para solucionar las discrepancias sobre algunos de los asuntos más espinosos que han impedido hasta ahora la aprobación de la sentencia.

La decisión sobre la constitucionalidad del Estatut es uno de los escollos que entorpecen que los dos partidos mayoritarios puedan llegar al acuerdo al que se comprometieron, hace ahora un año, los presidentes del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del PP, Mariano Rajoy.

Así lo entienden en el Senado, donde la renovación de cuatro de los 12 magistrados que componen el Alto Tribunal lleva bloqueada desde que finalizaran su mandato, el 17 de diciembre de 2007.

A estos cuatro miembros designados por la Cámara Alta -la presidenta del TC, María Emilia Casas, el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata- se suma la vacante dejada por el fallecimiento, hace más de un año, de Roberto García Calvo, cuya renovación corresponde al Congreso.

El presidente del Senado, Javier Rojo, esperará a que haya un acuerdo entre el PSOE y el PP para convocar la comisión de nombramientos de la Cámara Alta, ante la que comparecerán los 23 candidatos propuestos por los parlamentos autonómicos.

El acuerdo entre los dos partidos mayoritarios es imprescindible, puesto que se necesita mayoría cualificada del pleno -es decir, tres quintas partes de la Cámara Alta- para su ratificación.

Rojo emplazó hace ahora un año, el 31 de julio de 2008, a los parlamentos autonómicos a que designaran sus candidatos -dos por cámara territorial, según establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)- y estos dispusieron de tres meses para enviar sus propuestas.

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular eligieron dos únicos candidatos: el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique López y el ex presidente de este órgano y del Tribunal Supremo Francisco José Hernando.

Ambos son rechazados por el PSOE, que defiende que la designación de estas dos personas es contraria al espíritu de la ley, que trata de que las comunidades autónomas participen activamente en esos nombramientos.

Los socialistas entienden, además, que ambos están significados políticamente puesto que, durante su etapa en el Consejo General del Poder Judicial, se pronunciaron abiertamente en contra de la práctica totalidad de las leyes elaboradas por el Gobierno.

Un eventual acuerdo que desbloqueara el proceso podría pasar por la renuncia de uno de estos dos candidatos a la reelección, para que las comunidades tuvieran una nueva oportunidad de designar a su sustituto.

Por contra, si PSOE y PP llegan a un consenso en este asunto, pueden optar por designar directamente a los cuatro candidatos, de entre los elegidos por los parlamentos regionales.

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, apeló el pasado 18 de junio, durante la presentación de la Memoria de la institución, a la responsabilidad y al sentido de Estado de los partidos para proceder a la renovación del tribunal.

Dos meses antes, era la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien expresaba su deseo de que el PSOE y el PP llegaran a un acuerdo en este asunto, pero sin "fraudes" a la filosofía consensuada para ello.

El TC estudia el tercer borrador de la sentencia del Estatut después del fracaso de los dos anteriores
C. Guindal. El Confidencial 19 Julio 2009

El Tribunal Constitucional va ya por el tercer borrador del Estatuto de Cataluña. Los magistrados están estudiando de forma individual el nuevo escrito, después del fracaso de los dos anteriores, antes de sentarse a deliberar.

La presidenta del tribunal, María Emilia Casas, ha habilitado el mes de agosto para las deliberaciones, aunque las fuentes consultadas apuntan que la sentencia no estaría redactada y firmada hasta septiembre.

Parece que el grueso del fallo está meridianamente claro, es decir, los puntos más controvertidos, como el concepto de nación, la bilateralidad, la financiación o la obligación de hablar el catalán. El asunto a resolver parece que no es el contenido del escrito sino la forma que se le va a dar.

Uno de los principales problemas es la división en el tribunal entre los llamados ‘conservadores’ y ‘progresistas’. Después de la recusación de Pablo Pérez Tremps y el fallecimiento de Roberto García Calvo, dejó en minoría a los conservadores, teniendo en cuenta el voto de calidad de Casas.

Sin embargo, el lado progresista está viendo como uno de los magistrados se está inclinando hacia los conservadores, lo que podría estar retrasando el dictamen de la sentencia. La presidenta, con pleno conocimiento de este extremo, estaría retrasando las deliberaciones para evitar un fracaso en la votación.

Según algunas fuentes, Aragón estaría buscando el apoyo del sector conservador dentro del tribunal y del PP fuera para optar a la presidencia del TC, en sustitución de Casas.

Lo que está claro es que después de tres años desde que el PP presentara el recurso contra el Estatuto de Cataluña, el tribunal no encuentra una solución viable para dictar una sentencia que no va a contentar a nadie

El TC maneja ya el tercer borrador de la sentencia del Estatuto, aún sin acuerdo
Los magistrados, algunos de los cuales han pedido tiempo para estudiar el texto, se reunirán de nuevo la próxima semana
NIEVES COLLI | MADRID ABC 19 Julio 2009

Quedan dos semanas para que termine el mes de julio y aún no se sabe con certeza si el Tribunal Constitucional tendrá lista la sentencia del Estatuto de Cataluña antes de que den comienzo las vacaciones judiciales de verano, que coinciden con el mes de agosto. En fuentes del Tribunal se insiste, ahora de igual modo que hace algunos meses, en que la intención es notificar la resolución este mes; pero al mismo tiempo se advierte que hace falta algo más que la mera intención y que no sería de extrañar que la espera se extienda hasta el mes de septiembre.

Lo cierto es que pese a las interminables deliberaciones -en medios judiciales se considera que después de tanto tiempo el debate termina irremediablemente «enquistado»- el Pleno no ha conseguido aún cerrar un acuerdo mayoritario sobre las cuestiones «fundamentales». Así las cosas, los magistrados siguen dándole vueltas al tercer borrador de sentencia, que les fue entregado por la ponente, Elisa Pérez Vera, el pasado lunes.

Reducir el número de folios
Ese mismo día, el Pleno estuvo reunido durante poco más de una hora, pues varios miembros del Tribunal pidieron tiempo para estudiar el borrador antes de iniciar el debate. Los diez magistrados no volvieron a tocar la cuestión, aunque sí está previsto que vuelvan a reunirse la próxima semana. Es intención del Tribunal, según fuentes jurídicas, reducir sensiblemente el número de folios de la sentencia -para lo que se ha optado por eliminar citas de resoluciones anteriores-, de tal forma que en lugar del millar inicialmente previsto, estén por debajo de los 800.

Las fuentes consultadas ven muy complicado que la sentencia pueda estar lista en lo que queda de julio y opinan que, de ser así, mejor que darla a conocer en agosto es posponer su notificación al mes de septiembre. En cualquier caso, la presidenta del TC, María Emilia Casas, ha habilitado agosto, lo que significa que el Tribunal podría quedarse sin vacaciones

A medida que pasan los meses sin acuerdo sobre el Estatuto catalán, van pesando sobre las espaldas de los magistrados otras preocupaciones, ajenas a las cuestiones puramente jurisdiccionales. En medios próximos al Tribunal Constitucional se recuerda cómo se aproxima la fecha de la siguiente renovación parcial del Tribunal (la que corresponde al Congreso, en noviembre de 2010) sin que se haya llevado a cabo la anterior (que corresponde al Senado y tenía que haberse producido en diciembre de 2007). En ella tenía que haber salido, junto a otros tres vocales, la presidenta Casas.

Se está reduciendo el número de folios, que ya no llegará al millar y se quedará en unos ochocientos
La cada vez mayor cercanía en el tiempo de ambas renovaciones parciales va en perjuicio de los magistrados que aspiran a sustituir a Casas en la presidencia, pues no sólo ven cómo se reduce el tiempo que les queda para presidir el TC antes de ser ellos mismos renovados, sino también cómo se van extinguiendo sus posibilidades de ser elegidos. Según es tradición en la institución, siempre se nombra al presidente de entre los cuatro vocales que pertenecen al tercio más antiguo. Si éstos tienen a su vez que ser renovados, podría saltar el turno.

Al TC y a la sentencia del Estatuto se refirió ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en cuya opinión el Tribunal «no ha estado a la altura» porque «retrasa por motivos políticos» su decisión. La dirigente popular indicó que, «con independencia» de lo que diga la sentencia, el Estatuto contiene previsiones «absolutamente contrarias» a la Constitución y el PP, añadió, tiene «razones jurídicas» para defender esta tesis.

"Salgado ha sentado las bases para la ruina de España"
 Periodista Digital 19 Julio 2009

Desde los micrófonos de la COPE, Roberto Centeno analiza la actualidad financiera y adelanta los acontecimientos económicos que más afectan a nuestro país. Este economista e ingeniero, colaborador habitual de programas como La Linterna o El Gato al Agua, asegura que el próximo año entrará en quiebra el sistema financiero y que la ministra Salgado, en sus 100 primeros días de Gobierno, "ha sentado las bases para la ruina de España".

¿A quién beneficia el nuevo modelo de financiación?
A los intereses políticos de Zapatero y, en segundo lugar, a Cataluña y Andalucía. Lo que resulta dramático es que se haga una negociación bilateral con Cataluña y luego las demás regiones tengan que entrar en ella porque sea como las lentejas: si quieres las tomas y, si no, las dejas. Es democráticamente inaceptable.

Rajoy ha pedido a sus presidentes regionales que se abstengan; ¿es viable? ¿Y coherente?
Es peor que eso. Rajoy ha actuado con una cobardía y una indignidad terribles. Esta financiación tiene varios problemas, pero el primero de ellos es que, como España no tiene dinero, estos 11.000 millones van con cargo a deuda. Una financiación anual que va a suponer el 1.1% del PIB todos los años es de locos. Luego está el tema del reparto; Cataluña se lleva el doble que Madrid y que otras comunidades a pesar de ser la cuarta comunidad más rica y, por lo tanto, tendría que recibir menos. El modelo que está previsto en la Constitución de equidad y solidaridad lo ha roto Zapatero en aras de sus intereses políticos a corto plazo.

Ahí está la miseria moral de Rajoy, que ha traicionado a sus diez millones de electores ya que debería haber dicho que no y decirle a sus barones que no se iba a cobrar nada. Pero como es un cobarde, ha dejado a los barones decidir y éstos han tenido la miseria del ponerse con el cazo a cobrar lo que les den porque dicen que lo necesitan. Lo de Rajoy no tiene nombre. Tendría que dimitir, porque ni tiene categoría para ser presidente del Gobierno ni está defendiendo los intereses de España ni de nada que se le parezca.

¿Y cree que Aguirre acatará la decisión o dará un golpe encima de la mesa?
No tengo ni idea de qué hará. Pero debería decir -y puede hacerlo- "no estoy dispuesta y no me pongo en la cola con el cazo a coger el dinero que me den estos farsantes". Este dinero, además, España no lo tiene. Va con cargo a deuda y lo van a pagar los hijos de nuestros hijos. Es insostenible. Ella sabrá lo que tiene qué hacer, pero por un gesto de coherencia, debería decir que no

Con un agujero presupuestario descomunal porque Estado y autonomías gastan más de lo que ingresan, el Gobierno habla de apretarse el cinturón; ¿cómo debería resolverse este problema?
Hay que dar marcha atrás al sistema autonómico, pero pongamos cifras a esto. En primer lugar, la señora Salgado ha sentado las bases de la ruina de España, ha elevado el techo del gasto para el año 2010. Además se ha aprobado un sistema de financiación autonómica inasumible -una irresponsabilidad que raya la locura-.

En tercer lugar está el FROB, el fondo de rescate para las cajas, que es un fondo de 100.000 millones de euros que se dedicará sólo y exclusivamente a conservar el poder político regional en las cajas de ahorro. Le ha permitido a Blanco una financiación alocada de infraestructuras que no se puede pagar. Y por último ha querido avalar a las eléctricas para que puedan colocar deuda, como ya hizo con Sacyr.

Estos tíos se han vuelto literalmente locos. Las necesidades netas de financiación de España han sido de 65.000 millones en el primer trimestre. Siendo optimista podríamos hablar de 110.000 millones a fin de año. A esto se le tiene que sumar las autonomías, los ayuntamientos y lo que éstos y las entidades del Estado -fundamentalmente de Fomento- deben a autónomos y PYMES. Estamos hablando 203.000 millones; es decir, cada trabajador tendrá que pagar 11.000 millones de euros para poder financiarlo. Esto es el 20% del PIB; vamos directos a la suspensión de pagos en poco más de 12 ó 18 meses.

¿Hemos estado en cifras similares antes?
Que yo recuerde, no hemos tenido este nivel de deuda en la democracia. Este año cerraremos con una deuda del 80% del PIB. Pero el problema es la dinámica de crecimiento en la que nos han metido. Salgado, en sus 100 primeros días de Gobierno, ha sentado las bases para la ruina de España.

Precisamente, Salgado ha asegurado en la revista Vogue que "ni nuestra deuda es alta, ni nada por el estilo. Yo creo que al final nos flagelamos más de lo necesario". ¿Cómo puede en esta situación decirnos encima que consumamos?
Esta señora miente... o no se puede ser más tonto. Si Corbacho tuvo la santa desvergüenza de decir hace unas semanas que el paro se había reducido en 50.000 personas cuando había aumentado en 185.000... Lo que diga Salgado y el resto de los secuaces del iluminado de la Moncloa tiene credibilidad cero.

El problema ahora es que hay dos parámetros a considerar: las necesidades netas de financiación y la deuda de las comunidades, además del hecho de que los ingresos del Estado se están derrumbando. La señora vicepresidenta económica no puede negar que la campaña de la renta ha sido un desastre y se verá en las cifras. Sin embargo, tiene la desvergüenza de decir que podemos seguir endeudándonos. Tenemos un jefe de Gobierno que se ha vuelto loco y sólo quiere mantenerse en el poder a toda costa; pero también tenemos un jefe de la oposición que no hay por dónde cogerlo.

¿Podemos hablar de una década o más para empezar a ver los brotes verdes?
Décadas no lo sé. Pero si hace los números correctamente, verá que el PIB de España caerá un 8% el año que viene, y al siguiente una cifra similar. El año que viene será terrible porque acaban los planes de reactivación -que dejará a 350.000 personas en la calle-, muchas familias están manteniendo su nivel de vida a base de desahorrar y nos van a meter una subida de impuestos brutal.

Además, será el año en que entre en quiebra el sistema financiero, porque el Gobernador del Banco de España, que está al servicio de la política cortoplacista de Zapatero, ha estado mintiendo sobre la situación real de las empresas. Las familias y las empresas tienen que devolver en los próximos 12 meses al sistema bancario 245.000 millones de euros y a ver de dónde narices lo van a sacar. Y el sistema bancario, a su vez, tiene que devolver al exterior 441.000 millones en cuatro años.

Sobre mentiras y mentirosos
Luis del Pino Libertad Digital 19 Julio 2009

Resulta curiosa la información que recogía anteayer el periódico El Mundo en su portada. Que el actual comisario general de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, declare en un curso de la UIMP, sin que nadie le pregunte de forma expresa, que es su unidad la que se encarga de determinar el tipo de explosivo en un atentado no pasaría de ser la confirmación de un obviedad, si no fuera porque esas declaraciones coinciden en el tiempo con la querella presentada por 600 víctimas del atentado contra Sánchez Manzano. ¿Están dejando tirado al que fuera jefe de los Tedax el 11-M? Eso es lo que parece, desde luego.

Como también resultan curiosas las declaraciones del presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP) a la revista Época esta semana. Ese sindicato es, precisamente, quien está pagando (supongo que con las cuotas de sus afiliados) las fallidas iniciativas judiciales emprendidas por Sánchez Manzano contra la Plataforma Ciudadana Peones Negros y la Asociación 11-M Verdad y Justicia. De ahí que las palabras del presidente del SPP sembrando sospechas sobre la actuación de Rubalcaba entre el 11-M y el 14-M suenen, pronunciadas precisamente ahora, a contraataque y a aviso a navegantes. Lo que pasa es que, a estas alturas, pretender centrar el debate en el hecho de si Rubalcaba dispuso de información privilegiada en los días posteriores al 11-M resulta un tanto ridículo. Esa fase está superada hace mucho. Lo que a los españoles nos interesa saber no es qué político supo primero de la existencia de una mochila de Vallecas que es más falsa que un euro de madera; lo que nos interesa es conocer quién fabricó esa falsa mochila. Y por orden de quién. Que es algo bien distinto a lo que el presidente del SPP plantea.

Pero hablando de mentiras y falsedades en torno al atentado del 11-M, he de reconocer que hay una que a mí me tiene especialmente maravillado: la falsificación del libro de contabilidad de los hindúes. En el juicio, el propio Gómez Bermúdez se encargó de poner de manifiesto, delante de las cámaras, cómo fue manipulado ese libro de contabilidad. Merece la pena ver la escena:

Detalle del juicio del 11-M (el libro de contabilidad)

Quedó patente, gracias a Gómez Bermúdez, que los hindúes que vendieron los móviles supuestamente usados en las bombas NUNCA anotaban en su libro de contabilidad los números de serie de los teléfonos que vendían. Con una sola excepción: esos hindúes apuntaron cuidadosamente los números de serie de los 12 teléfonos empleados, días después, en la masacre.

¡Oiga, qué extraordinario suceso!

Una de dos:
* o los hindúes eran adivinos, y sabían antes del 11-M que esos teléfonos concretos iban a adquirir una importancia enorme días después de su venta.
* o esos números de serie fueron anotados después del 11-M

La primera respuesta apuntaría a una complicidad directa de los hindúes en la masacre. La segunda respuesta apuntaría a una falsificación de pruebas inducida o voluntaria. En cualquiera de los dos casos, a un grave delito.

Pero lo que más me impresiona es el hecho de que Gómez Bermúdez, habiendo sido él mismo quien puso de manifiesto ese posible delito, no ordenara inmediatamente deducir testimonio para determinar qué había pasado. Como también me impresiona el hecho de que diera por buena como prueba esa mochila de Vallecas en la que se encontró uno de esos doce teléfonos tan extrañamente anotados por el hindú.

Yo pensaba que los jueces están obligados a deducir testimonio en el mismo momento en que vean indicios de un posible delito, pero debe de ser que estoy confundido. Supongo que es que, en España, el Derecho se puede volver del Revés a gusto del consumidor.

El reparto de la mandanga
El blog de Santiago González, El Mundo 19 Julio 2009

Y en aquel tiempo, habiendo concluido los enrevesados cálculos que los escribas habían diseñado para financiar las Comunidades Autónomas sin que se mosquearan los gentiles, reunió José Luis a sus discípulos para celebrar la feliz conclusión de aquel negocio y les dijo:

"Este acuerdo de financiación lo que hace es revalidar la fuerza del estado de las autonomías, del Estado de las autonomías, subrayo: del Estado de las autonomías, porque las autonomías son estado, son tan estado como el Gobierno central.

Conviene insistir una y otra vez en esta idea. No podemos hablar del Estado frente a las autonomías. Todos somos el estado y por eso somos un estado más democrático. Por eso somos un Estado que en la formación de las grandes decisiones obliga al diálogo. El liderazgo es del Gobierno, pero obliga al diálogo y al acuerdo."

Los fieles discípulos quisieron saber entonces, cómo había conseguido el Maestro el diálogo y el acuerdo con el principal partido de la oposición, sin entender la palabra de José Luis: Él había mantenido diálogo y logrado el acuerdo con sus homónimos: Pep (Montilla) y Josep Lluís (aquí y en China). A la oposición le había hecho una oferta que no pudo rechazar. Y luego, explicó:

"Es el modelo de financiación que más se parece a la España real porque incorpora a través del diálogo el interés general y el interés de cada una de las comunidades autónomas, demostrándose así que el Estado de las Autonomías, funciona con el diálogo".

No faltaron entre los testigos quienes pensaron que acababan de oír una vaciedad más de las que acostumbraba a predicarles el Maestro. Ni aún aquellos de entre sus apóstoles que habían cursado estudios superiores entendieron qué tenía que ver el interés general y el de cada una de las partes con el aspecto de la España real. Al llegar al 'quod erat demostrandum', hasta los más laicos de los suyos pedían confesión a grandes voces.

¿En qué se parecen 3.855 millones de euros a Cataluña, pongamos por caso? se preguntaba el lehendakari extremeño, ante la pasividad del vasco, que tiene Concierto y Cupo. Ni uno solo de entre los lehendakaris pobres acertó a decirle:

"Pero Maestro, si éste es el modelo que más se parece a la España real, quiere decir que no es un modelo corrector de las desigualdades y que tenderá a perpetuarlas, si no a agrandarlas".

Se habría equivocado, porque el significado último del pensamiento de José Luis era:

"El PSOE es el partido que más se parece a España. Yo Soy el que Soy, además del líder que más se parece a España y el modelo de financiación es el que más se parece a España porque prima a las comunidades que dan más votos al partido y al líder que más se parecen a España. En verdad, en verdad os digo que España es una síntesis de Cataluña y Andalucía. Y a quien Yo se la dé, Salgado se la bendiga. Id y predicad esto en memoria mía".

LENGUAS | La define como 'atropello democrático de enorme gravedad'
Rosa Díez pide llevar la ley educativa catalana al Tribunal de Estrasburgo
Europa Press | Madrid El Mundo 19 Julio 2009

La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, arremete duramente con la Ley de Educación de Cataluña (LEC) porque, a su juicio, supone "un atropello democrático de enorme gravedad". Tanto que considera que la norma debería ser recurrida ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

En una entrevista concedida a la agencia Europa Press, Díez defiende que la LEC, que reduce a dos las horas lectivas en castellano, "conculca derechos fundamentales" como la libertad o la igualdad. "Es una barbaridad desde el punto de vista democrático porque hay artículos de la Constitución, los que recogen derechos fundamentales, que son innegociables", subraya.

Pero, para la representante de UPyD en el Congreso, lo que resulta mucho más grave no es que la norma la formule un gobierno autonómico, en este caso el catalán, sino que la misma sea apoyada por el Ejecutivo central, lo que, según afirmó, "la convierte en una aberración de una dimensión muchísimo mayor".

A su juicio, la ley educativa catalana supone un "atentado" contra los derechos humanos que, según destaca, "no son partidarios ni ideológicos", y cree que la norma sería susceptible de ser estudiada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este punto, la parlamentaria vasca confía en que "quien tenga la capacidad" de denunciar esta cuestión la lleve a Estrasburgo porque, según defiende, "sería muy bueno un pronunciamiento" al respecto.
Defensar del Pueblo

En cualquier caso, y en el ámbito nacional, Rosa Díez garantiza que su formación dará la batalla contra la citada ley. De momento, están estudiando alguna vía de legitimidad para recurrir el asunto ante el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica.

No obstante, en caso de no poder abrir esa posibilidad, el partido de Rosa Díez pretende apoyar "desde fuera" las iniciativas que en este sentido están ya poniendo en marcha diversos movimientos cívicos y asociaciones para presentarlas ante el citado organismo.

Además, la líder de UPyD avanzó que a la vuelta de las vacaciones estivales, su primera pregunta al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja versará sobre esta cuestión.

"Haremos lo que esté en nuestras manos porque los ciudadanos deben de ser conscientes de que no estamos hablando de un tema de lenguas, sino de derechos ciudadanos -asegura-, y cuando nos despistamos y miramos para otra parte, pensando que estamos hablando de un debate sectorial, pasan cosas terribles".

Con respecto a las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2011, Díez asegura que UPyD estás "muy buen posicionada", a tenor de los resultados conseguidos en las elecciones europeas del pasado 7 de junio, y augura que se convertirá en la tercera fuerza política nacional en esos comicios.

Rosa Díez agregó que UPyD será "muy cuidadosa" a la hora de hacer las listas para esos comicios autonómicos y locales, y que no se presentará en todos los sitios de España, aunque pueda. Sólo lo harán en aquellos lugares con una organización que lleve al menos un año de andadura.
El 'sarampión' de UPyD

Sobre los problemas en el seno de UPyD que han acabado con el abandono del partido de Mikel Buesa y la marcha de otros miembros por sus discrepancias con la dirección del partido, Rosa Díez, considera que su formación está sufriendo una "crisis humana", y no política, si bien asegura que el partido sigue y seguirá creciendo tras pasar lo que califica como un "sarampión". "Prefieres que el niño no pase el sarampión, pero si no lo pasase, seguramente no crecería bien", resume.

De hecho, Díez presume de que en las últimas semanas -"en las que parecía que moríamos", ironiza-, UPyD ha creciendo en militancia. Fuentes de la formación informaron de que en el último mes, el partido ha tenido más afiliados que bajas. En concreto, entre el 12 de junio y el 14 de julio se han afiliado un total de 272 personas, y durante ese mismo periodo se han dado de baja 40 militantes. El partido de Rosa Díez posee alrededor de 6.000 afiliados.

"Creo que el tiempo va a demostrar algo contrario a aquello de lo que se nos acusa: que UPyD es muchísimo más que Rosa Díez -defiende-, aunque ya está más que demostrado" a tenor del resultado conseguido en las europeas, donde, según recuerda, se ha crecido fundamentalmente fuera de Madrid y gracias a personas que no son conocidas a nivel nacional.

AGUIRRE APUNTA A ARENAS COMO EL RESPONSABLE
"Deberíamos haber votado contra el nuevo modelo por coherencia"
Esperanza Aguirre critica este domingo en El Mundo la decisión de su partido de que las comunidades se abstuvieran en vez de votar en contra de la nueva financiación autonómica. Dice que el PP debería haberlo rechazado por "coherencia" con las declaraciones de Rajoy.
LIBERTAD DIGITAL 19 Julio 2009

En el día en que se reunía el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Esperanza Aguirre expresó su voluntad de votar en contra de la nueva financiación autonómica. Mariano Rajoy, sin embargo, impuso que las comunidades se abstuvieran en la votación del nuevo modelo. Este domingo, la presidenta madrileña no duda en tachar de "error" aquella decisión.

En una entrevista de Esther Esteban, Aguirre reitera que, en su opinión, el nuevo modelo de financiación autonómica es "injusto", "insolidario" y "regresivo" y denuncia que se "han utilizado las estadísticas para perjudicar a Madrid". "Estamos dispuestos a ser solidarios, pero da la sensación de que Zapatero nos maltrata porque está obsesionado con ganar en Madrid", apunta la presidenta regional.

Por motivos como la "estadística creativa" del Gobierno, que ha suprimido a 300,000 madrileños del recuento de población, o el hecho de que la Comunidad vaya a ser la "única" que aporte a la caja común, Aguirre deja claro que ella hubiera rechazado el modelo y apunta que también lo deberían haber hecho el resto de presidentes de su partido. "Pienso que el PP debería haber votado en contra de ese sistema, simplemente porque lo dijo Rajoy", apunta la dirigente popular al recordar que el líder de su partido dijo del nuevo modelo que era una "chapuza" y "perjudicial para los españolas".

"Sin embargo", continúa Aguirre, "desde Génova se ha dado la instrucción de abstenernos, y yo lo he aceptado por disciplina de partido". "Habría que preguntar a Arenas por qué se ha hecho así", dice la presidenta madrileña, que también revela que había más gente que pensaba como ella en el partido.

Preguntada por la periodista, Aguirre rechaza que con estas declaraciones esté "metiéndole el dedo en el ojo" a Rajoy: "Todo lo contrario. He aceptado la postura del partido disciplinadamente, pero entiendo que es un error". Y reitera que "deberíamos haber votado en contra del modelo, por coherencia con nuestro discurso". "No se me puede acusar de deslealtad", insiste al recordar que aceptó "disciplinadamente" que su partido decidiera "otra cosa".

El "desgaste" de Bárcenas
No es el único tema del que habla Esperanza Aguirre. La presidenta madrileña también se refiere al caso Gürtel y de las consecuencias que está teniendo para su partido. Preguntada sobre si, a su juicio, Luis Bárcenas debe dimitir, puntualiza que la decisión la debe tomar Mariano Rajoy ya que "tiene todos los elementos de juicio, porque sabe exactamente qué explicaciones le ha dado el tesorero".

Sobre el tesorero, afirma que la situación está ocasionando un desgaste "muy importante" en el PP. Aguirre dice, además, que en su partido no gusta la frase "poner la mano en el fuego por nadie" y añade: "Por mí nunca la han puesto y ahí sí no se quemarían", aunque subraya que ella sí lo haría por Francisco Camps.

DENUNCIA LA "COBARDÍA" DE OM
Abascal dice que los insultos "confirman lo que representa TV3"
Denaes ha contestado en LDTV a los nuevos ataques recibidos en TV3. Abascal dice que confirma el uso de propaganda contra el país de ciertas autonomías, así como la "catadura moral y la cobardía" del presentador, Albert Om.
LIBERTAD DIGITAL 19 Julio 2009

El presidente de Fundación para la Defensa de la Nación Española ha expuesto a LDTV su opinión acerca de los insultos emitidos por TV3 hacia la fundación durante un homenaje a Rubianes. Abascal dice que "en realidad lo que hace es confirmar lo que representa TV3, los mecanismos propagandísticos de algunas autonomías que están siendo utilizadas contra España".

A su juicio, lo que se pudo oír en el programa, "en este caso cogiendo a la fundación DENAES como el muñeco del pim-pam-pum", muestran además "la catadura moral y cobardía" del presentador Albert Om, que llamó en antena "pandilla de fachas" a los miembros de la fundación.

Om dijo, frente a una imagen del fallecido actor, "Pepe: qué gran putada que tuviéramos que ir al juzgado por la denuncia de aquella pandilla de fachas", mientras el público recibia sus palabras entre risas.

"Este sujeto que es Albert Om es como el niño que ve que cuando el peligro está lejos empieza a insultar. Y lo digo porque este señor ha estado muy calladito mientras ha estado en lo que era el proceso de la querella de la fundación, y una vez que la querella fue retirada por la muerte del señor Rubianes, este señor se envalentona y se atreve a hacer declaraciones", dijo Abascal.

EL HIJO DE LA ÚLTIMA VÍCTIMA DE ETA
Rubén Puelles: "No puedes dialogar con alguien que no condena atentados"
Un mes después de la muerte de su padre, Rubén Puelles ha sido entrevistado en El Mundo. "Si hubiera sido con el anterior Gobierno vasco, no habríamos tenido el mismo trato", dice. Además, denuncia la presencia carteles proetarras, pese a que el entorno de ETA "está perdiendo el espacio ganado".
LIBERTAD DIGITAL 19 Julio 2009

Preguntado sobre si la muerte de su padre, el primer asesinato de ETA en la legislatura de Patxi López, marca un antes y un después, el joven asegura en El Mundo que "un poco sí que ha tenido que cambiar. En mi barrio ha habido varios atentados y nunca se ha visto el apoyo que tuvimos nosotros, también por parte de los políticos". Rubén Puelles asegura que "si hubiera sido con el anterior Gobierno vasco, no habríamos tenido el trato que tuvimos ni de lejos".

El Mundo cede la palabra al hijo del agente asesinado, que describe de forma tajante la actitud del PNV ante el terrorismo etarra. "Es que ellos realmente no han hecho nada. Yo he visto más cambio en dos meses que en 25 años. Ahora los radicales están perdiendo el espacio que habían ganado".

Además, sostiene que "llevamos 25 años con el PNV y quien controla la educación lo controla todo". Puelles se refiere a que según un informe del Defensor del Pueblo del País Vasco, uno de cada cuatro adolescentes vascos cree que el uso de la violencia pueda estar justificado. Y es que, en su opinión, "todo se forma en las ikastolas. En el instituto de Arrigorriaga, los chavales hacen y cuelgan las pancartas". El resultado es que "al final la gente, no sólo los jóvenes, se toma los atentados como algo normal", dice en El Mundo.

El hijo de Eduardo Puelles denuncia en El Mundo la actitud de partidos como Aralar, que llegó a asegurar que era igual de hiriente una foto de un preso que un uniformado en el Parlamento vasco. "Esa gente no evoluciona", asegura. "Esa gente no entiende que los policías están haciendo su trabajo. La policía está mal vista en toda España, pero aquí más".

Rubén también habla sin tapujos de las diferencias entre "las fiestas de San Fernando, en Cádiz" y las de los pueblos del País Vasco, donde la Ertzaintza está continuamente retirando fotografías de presos de ETA. "Nunca me ha gustado el ambiente", confiesa, ya que "la gente se dedica a emborracharse y a poner carteles por todos lo sitios. Intentan inculcar sus ideas a base de ponértelas en la cara todos los días".

"Me parece bien que lo prohíban, porque yo no tengo por qué, cuando cojan a los que han hecho lo de mi padre, ver sus caras todos los días. Yo no voy a ir colgando por ahí fotos de mi padre, por lo que tampoco tengo que ver las caras de asesinos como si fueran héroes", publica El Mundo.

No obstante, Rubén Puelles concluye su entrevista asegurando esperanzado que se puede acabar con ETA: "Ya no son una banda armada, sino una banda de cuatro mercenarios que engaña a jóvenes con cuatro duras, una pistola y un CD para aprender a hacer bombas". Pero "no puedes dialogar con alguien que no condena atentados", asegura tajante.
 

******************* Sección "bilingüe" ***********************

La equidistancia imposible
VICENTE CARRIÓN ARREGUI PROFESOR DE FILOSOFÍA El Correo 19 Julio 2009

Para el autor, ante el terrorismo no hay equidistancia posible. «Sin un compromiso explícito y activo del conjunto de la sociedad será difícil arrebatar la aureola heróica de la 'lucha armada', término con el que todavía demasiadas personas denominan al terrorismo, y digan lo que digan quienes se alarman porque se habla demasiado de las víctimas en los medios de comunicación»

No quiero dudar de la buena intención de quienes emulan a Salomón cuando afirman que ante el conflicto vasco ellos no están ni con unos ni con otros, que todas las partes tienen que ceder un poco, que tan hartos están de un bando como del otro, pero me atrevería a sospechar que, en la mayoría de los casos, este modo de argumentar es un excelente recurso para no opinar, para no enterarse, para desentenderse de las miserables secuelas de varias décadas de terrorismo vasco. Quienes así se comportan se convierten, supongo que sin quererlo, en el mejor exponente de la miseria moral que hemos heredado de ETA: mejor no ver, no oír, no saber, no opinar... que aquí nos conocemos todos.

Hay silencios valientes -pienso en el de la última concentración de las 12 contra el asesinato de Eduardo Puelles- y silencios cobardes y cómplices. Estoy leyendo estos días 'La noche de las víctimas', la Investigación sobre el Impacto en la Salud de la Violencia Colectiva (ISAVIC) en el País Vasco, editado por la Fundación Fernando Buesa Blanco, y se me hace tan estremecedor el testimonio de su aislamiento, su inclinación al silencio, a la somatización, a la evitación y a la psicopatología, trastornos tan obviamente asociados a la falta de apoyo y reconocimiento social, que me resulta difícil callar ante las declaraciones de Aintzane Ezenarro (EL CORREO, 6-7-09) en las que acusa a socialistas y populares de estar apostando por el «revanchismo» mientras que ellos, Aralar, «apuestan por una paz sin vencedores ni vencidos»

En este caso no sé si dudar de sus buenas intenciones porque su invitación a la equidistancia no tiene la voluntad salomónica que en líneas anteriores atribuía al idiotismo moral de buena parte de la población vasca cuando prefiere no definirse. No, en este caso es peor porque lo que se pretende es ignorar la magnitud de los crímenes terroristas no sólo en sus víctimas sino en toda la población, como si se pudiera legitimar toda esa ignominia de silencios, complicidades y fanatismos y, de repente, pudieran borrarse diciendo que hay que pasar de página y mirar para adelante.

El planteamiento de Ezenarro pudo tener su lógica en el 77 cuando, de hecho, no quedó un solo etarra en las cárceles porque una interpretación más que generosa de la Transición permitió aclamar como héroes a algunos asesinos. Las argumentaciones legitimadoras del terrorismo, llamémosle 'el uso político de la violencia', siempre discutibles, pudieron durar hasta entonces -ya saben, la prepotencia policial, las humillaciones de todo tipo, la tácita acumulación del odio tras una guerra perdida- pero no resisten la tentación de la equidistancia a partir de la aprobación de la Constitución y del Estatuto de Gernika. ¿Que nos ha costado décadas renunciar al milenarismo marxista de los años setenta? Lo sé perfectamente pero no sólo no hay el menor motivo para justificar la impunidad o la tolerancia hacia quienes han seguido buscando argumentos políticos para el crimen sino al contrario: han sido tales los estragos que la legitimación nacionalista del crimen y de la extorsión han producido en la comunidad vasca a niveles económicos, laborales, sanitarios, familiares, recreativos, educativos pero, sobre todo, éticos, morales o convivenciales, como se prefiera, que todo el acento que se ponga en la reparación del daño causado a las víctimas del terrorismo será poco.

El último informe del Ararteko ha vuelto a confirmar la enorme dimensión de la amenaza etarra y, sobre todo, de sus secuelas morales. La tibieza con la que los adolescentes vascos condenan el terrorismo probablemente no tenga parangón en cualquier otro país civilizado. Pero no nos engañemos culpando sólo al sistema educativo de ello. Es verdad que, salvo iniciativas individuales y testimoniales, no ha existido aún ningún proyecto serio de educación para la paz y no sé cuándo lo habrá al paso que vamos, pero como en tantos otros aspectos, los defectos que vemos en niños y en jóvenes no son sino el espejo de sus padres. De poco servirán las bienintencionadas iniciativas pedagógicas que pongan al alumno en contacto con las consecuencias de la barbarie terrrorista si en su entorno afectivo más inmediato se sigue insistiendo en que todos los bandos cometen parecidas barbaridades, ya para justificar a los 'nuestros', ya para mantener las distancias hacia cualquiera de ellos. Sin un compromiso explícito y activo del conjunto de la sociedad será difícil arrebatar la aureola heróica de la 'lucha armada', término con el que todavía demasiadas personas denominan al terrorismo, y digan lo que digan quienes se alarman porque se habla demasiado de las víctimas en los medios de comunicación.

Yo puedo entender perfectamente que quienes vivieron la Guerra Civil y padecieron de uno u otro bando sus consecuencias -enseguida argumentaré por qué aquí sí cabe hablar de bandos- digan estar aburridos de tanto hablar de las víctimas. Ellos tuvieron que apechugar en silencio con su dolor, su orfandad y sus carencias y comprendo que, íntimamente, pueden preguntarse por qué entonces no y ahora sí. Les respondería remitiéndoles a ese estudio 'La noche de las víctimas', antes citado, donde desde una perspectiva médica se muestra cuán difusas son las fronteras de la patología en este tema y cómo la recuperación de las víctimas puede depender muy mucho de la terapia psicológica, de la firmeza de sus propias convicciones ideológico-religiosas, del apoyo institucional y, sobre todo, del calor humano de vecinos y familiares. Que tras la Guerra Civil nadie aspirara a tales consuelos -¡bastante había con sobrevivir!- no es razón para evitarlos o ignorarlos ahora. De hecho, si sólo una parte de lo que los expertos recomiendan se hubiera puesto en práctica en su día, la que se refiere a expresar y sacar los sentimientos en lugar de ocultarlos y reprimirlos, quizás no habría sido tan intensa la transmisión de odio y dolor que fue caldo de cultivo del terrorismo etarra primigenio.

Habrá quien siga banderizo, preguntándose por qué no aludo a las víctimas 'del otro lado'. No ignoro a los GAL ni otros excesos policiales y parapoliciales, y sé que la legitimación democrática del Estado no impide que éste sea responsable de muchas injusticias, pero el abc de la convivencia exige la renuncia a la violencia, el rechazo a quien se toma la justicia por su mano. Yo no tengo inconveniente en considerar víctima a quien se despedaza con la bomba que estaba manipulando o a quien muere en un enfrentamiento con la Policía. Ahora bien, básicamente les considero víctimas de sí mismos, del camino que eligieron, de las consecuencias provocadas por una decisión suya. Como todo ser humano se merecen un respeto como personas, no así sus acciones, más propias de bestias. Nada que ver con el policía que provoca muerte o dolor innecesario en sus víctimas, porque no lo hace desde la libre intención sino como parte de su trabajo -el de administrar el monopolio estatal de la violencia- por mucho que pueda hacerlo fatal y sea merecedor de castigo por ello. Entiéndaseme, que es un asunto delicado, no pretendo justificar ningún exceso policial, todo lo contrario, sólo pretendo argumentar que en la lucha terrorista no hay dos bandos, sino meramente un grupo que pelea contra un Estado que representa la mayoría social, o sea, contra todos, nos guste más o menos, nos identifiquemos con el gobierno o con la oposición. Por eso no está bien, en mi opinión, lo de «ni vencedores ni vencidos», porque esto no es ni una guerra, ni una pelea en el patio del colegio.

Lo que está en juego, en cambio, es nuestra dignidad como pueblo, ésa que empezamos a perder brindando por la muerte intencionada, aceptando como objetivo militar a las mujeres embarazadas de maridos policías o a los niños de las casas-cuarteles. Hemos sido capaces de no oír en la madrugada el estrépito de un claxon donde reposaba la cabeza de Antonio Ramírez, guardia civil asesinado, como tantos otros, por el mero hecho de serlo. Seguimos siendo capaces de cruzar de acera cuando vemos venir al vecino con sus guardaespaldas, capaces de arropar a los asesinos en homenajes públicos porque 'son de aquí' mientras omitimos el menor detalle de humanidad ante esa viuda reciente porque 'es de allá', como si fuéramos trogloditas. En fin, para qué seguir, si ya nos entendemos. ¿Tan difícil es comprender que sólo saldremos vencedores de esta historia cuando venzamos al terrorismo en todas sus expresiones, aún en las más sutiles?
 

Los proetarras aprovechan las fiestas patronales para enaltecer a terroristas
Homenajes delictivos
Editorial La Razon 19 Julio 2009

La tradicional Semana Grande de las distintas localidades del País Vasco se desarrollará con un Gobierno constitucionalista en Ajuria Enea por primera vez en 30 años. El cambio político, con sus altibajos y fricciones, se abre camino en una sociedad amedrentada por el terrorismo de ETA y su brazo político, y que ha sufrido el sectarismo nacionalista. Estas tres décadas abrieron espacios de impunidad insólitos en un Estado de Derecho, que permitieron, por ejemplo, que las tradicionales fiestas grandes del verano fueran aprovechadas por el entramado batasuno como altavoz de ETA.

Demasiadas comparsas vascas están dominadas por la denominada izquierda abertzale y son un instrumento más de ese engranaje mafioso que ha impuesto su ley a los ciudadanos durante estos años. El nacionalismo consintió, cuando no favoreció, estas situaciones y dejó a las fiestas en manos de estos colectivos y al servicio de la propaganda proetarra. El triunfo constitucionalista, propiciado por el PSE y por el PP, debe significar un punto de inflexión. Se trata de que se actúe con tolerancia cero frente a cualquier expresión pública o privada que jalee, justifique o tolere el terrorismo.

En este sentido, la Administración del Estado está obligada a responder con el objetivo de que los recintos festivos sean devueltos a los ciudadanos para un uso normal y no como plataforma política de un colectivo totalitario. Sin duda, sabemos y entendemos que no es sencillo que la normalidad se imponga a una excepción enquistada durante tres décadas, pero nos parece preocupante que se sucedan estos días en el País Vasco demasiados episodios de enaltecimiento del terrorismo sin una respuesta concluyente. O que se dé alguna actitud intolerable, como la de un agente de la Ertzaintza de Durango (Vizcaya) que se negó a tramitar la denuncia de una mujer contra un homenaje a un preso de ETA.

Confiamos en la buena voluntad y en el compromiso del nuevo Gobierno vasco para que se abra camino la normalidad democrática, pero es preciso que esa disposición esté acompañada de eficacia, diligencia y rigor. El propósito es que no vuelva a ocurrir, por ejemplo, el homenaje en Guecho al proetarra Zigor Goikoetxea, hermano del jefe del «comando Vizcaya», que fue condenado por amenazar de muerte a la concejala Marisa Arrúe. O que se haya permitido sin más que la «txupinera» de las fiestas de Bilbao tenga como único mérito para esa distinción el hecho de ser la hermana de un terrorista condenado a 48 años de cárcel por el asesinato de un guardia civil.

Que sea una asociación cívica como Dignidad y Justicia, y no la Administración o el Ministerio Fiscal, la que pida en la Audiencia Nacional que se prohíban dos actos para rendir honores a terroristas presos y huidos en Santurce (Vizcaya) no debería convertirse en costumbre, como ha ocurrido estos años, porque corresponde a los poderes públicos la principal responsabilidad y el liderazgo en este lucha. Tampoco es comprensible que la Audiencia Nacional haya permitido este acto de Santurce. Un solo acto público de exaltación a un asesino ya debiera resultar inadmisible en un régimen de libertades, por lo que es evidente que algo sigue fallando a la hora de aplicar la ley. Las diferentes administraciones y la maquinaria judicial tienen la obligación de ser inflexibles con los enemigos de la libertad para impedir unos actos que ofenden a las víctimas y a la sociedad. No se está exigiendo nada que no lo haya exigido ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Fuera propaganda
EDITORIAL El Correo 19 Julio 2009

La Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas, aprobada por el Parlamento vasco el pasado año, es explícita en la exigencia de preservar la dignidad de quienes sufren o han sufrido la agresión del terrorismo. Una tarea que la norma encomienda explícitamente a los poderes públicos, a los que compete velar para que las víctimas sean «tratadas con respeto a sus derechos», aplicando las medidas que garanticen su seguridad y su «bienestar físico y psicológico». Se trata, sin duda, de una ley clave que, como señala el Ararteko en el informe presentado el pasado lunes, tiene la virtud de convertir a las víctimas en sujeto de derecho, categoría a la que eleva sus reivindicaciones de verdad, memoria y justicia. Por todo ello, terminar con los espacios de impunidad, acabar con prácticas denigrantes y romper con una cotidianidad insultante y amenazante es una prioridad irrenunciable.

Hay dos frentes, el formativo y el social, donde la ley, cuyo desarrollo urgente fue solicitado por las asociaciones de víctimas en la reunión mantenida anteayer con el lehendakari, sitúa buena parte de las actuaciones pendientes. Subsanar las inquietantes carencias de los adolescentes vascos en valores de tolerancia y convivencia y recuperar para la democracia las calles y los recintos públicos exigen intervenciones inaplazables. La exhibición de fotografías de terroristas, las pintadas y los carteles alusivos a ETA forman parte activa de la enajenación radical. No son una manifestación de la libertad de expresión, sino el testimonio palpable de la degradación a que ha llevado el terrorismo. Los muros de Euskadi, sus espacios abiertos, sus locales, han servido de soporte para el amedrentamiento, para el asesinato, para la indiferencia, para todo lo que se ha dado en llamar violencia de persecución, y para el adoctrinamiento. ETA ha hecho de la conversión del verdugo en héroe, del asesino en soldado entregado a una causa, el argumento central de su victimismo. Una aberrante sublimación del criminal en patriota que no puede encontrar acomodo en las paredes de Euskadi.

La razón ética para luchar contra esta perversión de la libertas es evidente y la Ley de Víctimas es taxativa. Pero si existieran lagunas de interpretación, como las que alega Aralar y avala EA para permitir que en Azpeitia se exhiban fotos de presos, deberán corregirse y evitar cobardes coartadas. La propaganda terrorista no tiene cabida en el paisaje vasco. Por ello, la acción legal, judicial y política ha de ser implacable y, por ello, no es admisible la tibieza nacionalista. Los ayuntamientos, algunos de cuyos gobiernos ofrecen una preocupante indolencia, cuando no resistencia, tienen una responsabilidad singular que deben asumir por muy costosa que sea. Porque, como señala el Ararteko, «la respuesta institucional a las víctimas del terrorismo en el ámbito local es fundamental para la deslegitimación social y política del terrorismo». Una cuestión de dignidad y justicia.
 

Recortes de Prensa   Página Inicial