AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 22 Julio 2009

 

LE INSTAN A RECURRIR LA LEY CATALANA DE EDUCACIóN
El Defensor del Pueblo debe defender a los padres
IMPRESIONES El Mundo 22 Julio 2009

UNA VEINTENA de asociaciones han pedido al Defensor del Pueblo que presente recurso de inconstitucionalidad contra la Ley catalana de educación. Alegan que esta institución debe recurrir la norma en coherencia con el recurso que presentó contra el Estatuto, del cual proviene la nueva legislación. Un argumento impecable. La institución del Defensor del Pueblo es, desde luego, la adecuada para defender el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en castellano y, en definitiva, las libertades de enseñanza y de lengua que se conculcan en la ley catalana. Como muestra, las asociaciones han presentado un informe según el cual el 93% de los alumnos alcanzan un nivel básico de expresión escrita en catalán al finalizar la Primaria, mientras que sólo un 53% lo obtienen en castellano. Datos que desmienten la versión oficial de que el tema de la lengua no es un problema real en Cataluña.

El problema de las autonomías y sus raíces
MANUEL RAMÍREZ Catedrático de Derecho Político ABC 22 Julio 2009

Bueno, la verdad es que uno no sabe a ciencia cierta si el punto al que se ha llegado en este tema es para bien o para mal. Depende de quién lo aborde y de los intereses que en el mismo tenga. Ya el maestro Marañón escribió en su día esta sabia advertencia: «Aunque la verdad de los hechos resplandezca, siempre se batirán los hombres en la trinchera sutil de las interpretaciones». En efecto, así ha caminado la valoración histórica que, por lo demás y entre nosotros, ha añadido a esa trinchera el vicioso menester de la manipulación. Sagaces observaciones sobre esto último nos dejó no hace mucho un hombre que no quiso ser sabio y a quien siempre tendré por maestro: Francisco Murillo.

Ocurre que ahora, sin duda por influencia de eso llamado «financiación autonómica», se está poniendo de relieve lo defectuoso del tema autonómico. Observará el lector que repito la palabra «tema». Sencillamente porque todas las demás denominaciones al uso me parecen incorrectas. No se puede hablar de «Estado de las autonomías» porque, acto seguido se aclara (¡también se olvida!) que «las autonomías» también son Estado. Si se es autónomo de algo es, precisamente, porque ese algo quiere diferenciarse de otro algo. Mis brazos nunca pueden ser autónomos de mi cuerpo: actúan de una forma u otra precisamente porque otra parte, instalada en mi cabeza, así lo determina. Cuando los autores de nuestra actual Constitución hablan de «nacionalidades» creo que dan al término un significado distinto al que antes tenía. Y lo peor es que, queda claro que nadie sabía en qué consistía ese otro significado. De aquí su posterior desuso y la nefasta conversión en «naciones». El problema se termina de hacer grave cuando el Título VIII aparece como «de la Organización territorial del Estado». ¿Es que hay otra organización aérea o marítima? Piénsese que la Constitución de la Segunda República no tiene el menor reparo en hablar de «Organización Nacional» y quedarse en autonomía de Municipios y Regiones. Vaya, vaya: aquellos «rojuelos» más nacionales que nuestros actuales demócratas.

Aunque parezca lo contrario, estas imprecisiones terminológicas, nacidas del mundo de cesiones y contracesiones que caracterizó y alargó en demasía nuestro último proceso constituyente, han tenido luego más importancia de lo previsto. Ahí pueden situarse las actuales afirmaciones que como crasos errores oímos. A cualquier español que crea vivir en un país del que se siente orgulloso, rechinan esas lindezas de Cataluña «como Nación» o «el Gobierno vasco y el Gobierno español». Por supuesto, la palabra «región» ha quedado eliminada. Con todo, las raíces hay que encontrarlas en aspectos constitucionales y estatutarios más profundos. Permítaseme que los sintetice aquí, ya que de ellos llevo hablando hace años dada mi nunca ocultada postura de acérrimo defensor de un Estado fuerte y enemigo de cualquier fisura que quiebre su unidad:

a) En los años de la transición aparece la insostenible unión entre democracia y autonomía. Va de suyo que estábamos ante un problema heredado, algo que ocurrió también a la Segunda República. Absolutamente nada tienen en común. El mundo está lleno de países con regímenes políticos democráticos que no tienen concesiones autonómicas. Valgan los cercanos ejemplos de Portugal o Francia. ¿Es que no hay democracia en Francia, el país posiblemente más centralista y jacobino de la vigente Europa? O piénsese en algunos países de Hispanoamérica para justamente lo contrario. Nuestros constituyentes se dejaron llevar por esa falsa unión, cayendo en el defecto de una regulación para un momento. Y, además, rígida y extensa.

b) Se pudieron intentar algunas otras formas de organizar el Estado. Por supuesto, no el federal que entre nosotros siempre ha caminado hacia el cantonalismo. Me refiero a la de un Estado unitario descentralizado. Es decir, unidad combinada con fórmulas que dieran entrada tanto a la deseada democracia cuanto a la variedad que nuestro país tiene y que no hay que ocultar ni mucho menos. La doctrina italiana ha escrito no poco sobre esta fórmula. Aquí, por las presiones citadas, ni se pensó en ello.

c) Se cayó en el error de establecer diferencias entre dos tipos de Comunidades Autónomas. Las que en el pasado, es decir durante la República, hubiesen «plebiscitado afirmativamente» proyectos de Estatutos de autonomía y las que no lo hubieran hecho y comenzaran el proceso al amparo de la nueva Constitución. Retenga el lector que se habla solamente de haber realizado el plebiscito y no de haber tenido Estatuto con vigencia. Sencillamente, había que incluir a Galicia (que nunca llegó a tenerlo) y al País Vasco (su Estatuto, tras muchas peripecias, se aprueba ya una vez iniciada la guerra civil y con no pocas resistencia de buena parte del PSOE). El único Estatuto en vigor lo tuvo Cataluña desde 1932 y gracias, sobre todo, a la labor de Azaña. Esta distinción conllevaba supresión de esperas temporales y, sobre todo, ventajas en la adquisición de competencias. Ahorro al lector la cita de artículos. Lo que no es posible ahorrar es el ambiente de enfrentamiento que se produjo y, sobre todo, lo débil de las «causas de tales beneficios». En 1978 la población no era la misma. Las circunstancias, tampoco. Y, sobre todo, el olvido de una evidencia: si los republicanos que siempre consideraron la autonomía como algo excepcional, de haber durado la República un par de años más, se habrían aprobado no pocos Estatutos que hasta tuvieron ya proyectos o asambleas preparatorias. Por todo ello, tras aprobarse nuestra Constitución el panorama era claramente reivindicativo. Con Andalucía se tuvo que hacer lo impensable. Y en todas partes apareció el sentimiento de discriminación. Se inventaron «hechos diferenciales» en cadena y se resucitaron lenguas y «peculiaridades» sacadas de la manga en muchos casos. Nuestros constituyentes olvidaron algo elemental: ningún español admite que el vecino tenga más. En lo que sea y por lo que sea. He aquí el fomento de algunas llamadas «fobias» que unos y otros se echan a la cara en cuanto pueden.

d) Por último, la mayor cesión en el toma y daca. Dejar permanentemente abierto el proceso de transferencias de materias propias del Estado pero que podían pasar a serlo de las Comunidades. La lectura del art. 150,2 pasará a la historia como ejemplo de la imprecisión. Y no cerrar la vía de la delegación (algo que para muchos ciudadanos sigue siendo hoy algo que se tuvo que hacer a tiempo) es lo que ha favorecido «el chalaneo» posterior. Tanto más cuanto el Estado ha ido cediendo continuamente en ese mercadeo por razones puramente electorales o, lo que es más grave, por abiertas amenazas de «ir más allá» que algunos partidos lanzan sin recato. Lo acabamos de comprobar.

Es ahora cuando se está tomando la aludida conciencia de gravedad. Y en diferentes aspectos y por diferentes comentaristas. Una y otra vez se había aludido, hasta ahora, a la ruptura de los principios de solidaridad e imposibilidad de privilegios por parte de alguna Comunidad Autónoma, según el Art. 138. Pero es en estas semanas cuando abiertamente se habla ya de corregir el modelo. Sanidad, educación, justicia, política exterior han debido se materias intocables y en manos del Estado. Pero en el «chalaneo» no parece haber límites. Los prestigiosos avisos de nuestras mejores cabezas (Juan Velarde, José Barea, el rector González Trevijano, el buen antiguo amigo Manuel Pizarro, etc) de poco o nada están sirviendo.

Duelen profundamente dos lacerantes conclusiones. La de Rafael Fernández Ordóñez que finaliza su habitual columna afirmando que «nuestra clase política ha aparcado el patriotismo y sólo piensa en conservar su poder y alimentar a sus sectarios», frase que trae de inmediato al recuerdo el «particularismo» de la España Invertebrada de Ortega. Y en el final de Ángel Expósito (¡siempre hay que estar a bien con el Director!) cuando sentencia que las autonomías «se nos han ido de la mano, pero lo más preocupante es: ¿quién y cómo puede dar marcha atrás? Misión imposible». Y personalmente me atrevo a sugerir que a lo que se está causando una herida de difícil cura es la misma ilusión por la democracia que los ciudadanos parece que tenían hace años. Y, dilecto Director, si no hay «marcha atrás» será la unidad de España la que entrará en peligro. Por eso y de momento, una urgente misión: la reforma de la Constitución, del alcance que fuere y con el consenso que existiera. Que sepamos, aquello de la «vis coactiva» sigue siendo propiedad sustancial del Estado.

Financiación autonómica
Juan Francisco Martín Seco Estrella Digital 22 Julio 2009

Con la financiación autonómica ocurre como con las reformas fiscales: el Gobierno de turno se empeña en repetir que todos ganan. Lo cual no es cierto en ninguno de los dos casos. Siempre se utiliza el mismo truco, olvidarse del coste de oportunidad, aunque éste, que duda cabe, existe. En las reformas fiscales es evidente que los recursos empleados en reducir los impuestos o bien se cubren incrementando otros o reduciendo bienes y servicios públicos. La ganancia o pérdida para cada uno dependerá de cómo se haya distribuido la reducción del gravamen y del uso y necesidad que se tenga de los servicios del Estado. Normalmente, ganan los de arriba y pierden los de abajo.

En la financiación autonómica, el hecho de que el saldo que obtengan todas las Comunidades sea positivo sólo implica más poder para los políticos locales, pero no necesariamente un mayor bienestar para toda la sociedad. El incremento de recursos para las Comunidades se cubre con fondos del Gobierno central, es decir, de todos los ciudadanos. Todos costeamos esas mayores aportaciones, y -según se distribuyan- los ciudadanos de cada Comunidad ganarán o perderán dependiendo de si el beneficio es mayor que el coste o viceversa.

Es por tanto de suma importancia que la distribución se realice con la máxima objetividad y que quien distribuya no esté sometido a coacción o a posibles sobornos. Nuestro sistema está viciado en el inicio, desde el momento que en el Congreso se asientan partidos nacionalistas y regionalistas interesados exclusivamente en su Comunidad y que prescinden abiertamente del interés general. Si el Gobierno central no posee mayoría absoluta, se ve forzado a buscar el apoyo de alguno o algunos de esos partidos minoritarios que tan sólo se lo prestarán a condición de que se beneficie a sus regiones frente al resto.

Hablamos de posible cohecho, lo cual es lógico, en cuanto nos enteramos de que un político o un funcionario con capacidad de decidir reciben un regalo de un contratista, pero ¿qué calificativo deberíamos emplear cuando un Gobierno distribuye la financiación autonómica de forma sesgada a favor de una Comunidad Autónoma a condición de recibir en el Congreso el apoyo del correspondiente partido nacionalista? ¿Es posible que no nos demos cuenta de que hemos construido un sistema político y electoral que conduce irremisiblemente al cohecho?

www.telefonica.net/web2/martin-seco

Las ratas políticas corroen la democracia en España
Francisco Rubiales Periodista Digital 22 Julio 2009

Al abstenerse en la votación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, el Partido Popular ha traicionado a sus votantes y demostrado una vez más que es un partido político hecho con la misma pasta corrupta y antidemocrática que su adversario, el PSOE.

Cuando un partido político convive sin traumas con la arbitrariedad y la injusticia, poniendo la mano para coger el dinero, sin atreverse a plantar cara a la injusticia con dignidad y decencia, las críticas que después emite carecen de valor y la hipócresía les convierte, también, en indignas ratas políticas.

Muchos españoles demócratas y honrados, al conocer la abstención del PP en la votación del nuevo sistema de financiación autonómica, han jurado que nunca más volverán a entregar su voto a buitres semejantes, avarientos y tan sedientos de poder y dinero que no les importa renunciar a principios y valores, siendo ya incapaces de defender la Constitución y de oponerse al destrozo que el PSOE de Zapatero ha hecho de la igualdad, la solidaridad y la justicia, principios vitales para la existencia de España como nación.

La abstención del PP ante la "fechoría" de Zapatero confirma que los "populares" no merecen la confianza de los ciudadanos dignos y demócratas de España, que no existe una alternativa decente al podrido gobierno socialista. Al abstenerse, el PP demuestra que está hecho de la misma pasta vulgar que su adversario, se hace cómplice del PSOE en una de las más infames maniobras políticas perpetradas en España desde la muerte de Franco y demuestra que los dos grandes partidos políticos españoles desconocen la democracia y compiten entre sí para dilucidar cual de los dos traiciona mejor a sus votantes.

La partitocracia española está demostrando su peor rostro y descubriendo sus auténticas entrañas, pobladas de ratas políticas que no merecen el voto de los demócratas, ni representar a unos ciudadanos españoles que están sidendo políticamente degradados y convertidos en rehenes de truhanes.

El PSOE se ha llenado de ignominia al repartir los dineros públicos sin grandeza, de manera desigual, dando más a los que más tienen, marginando a los más pobres, castigando a los que votan al partido adversario y comprando los votos que necesita para mantenerse en el poder. Para engañar y confundir, han llamado a esa arbitrariedad "nuevo sistema de financiacióin autonómica", pero la indecencia del principal partido de la oposición no ha sido menor al no haber tenido el valor de oponerse a tamaña injusticia y a esa violación constitucional de la equidad que convierte a la democracia española en una enorme e indignante mentira.

Lo que se ha aprobado, dentro de un ambiente opaco incompatible con la limpieza democrática, determina el reparto territorial de recursos que suponen más del 12% del PIB y que condicionan la cantidad y calidad de los servicios sociales básicos que reciben los ciudadanos, especialmente la sanidad y la educación.

¿Cómo es posible que una decisión tan trascendente tenga un proceso de negociación tan oscuro? ¿Cómo los españoles admiten sin rebelarse que los dineros públicos se repartan con tanta arbitrariedad y parcialidad, en una operación que apesta a trueque de favores y a burla de todo lo que la democracia representa?

Lo que ha hecho Zapatero es el compendio de casi todas las miserias que caben en la política, pero lo que ha hecho Rajoy es una infame cobardía cómplice que le desacredita como líder y le enfrenta a cualquier español que se tenga por honrado y decente.

El espectáculo de los móviles sonando entre el gobierno central y los autonómicos, el cabildeo opaco, el protagonismo indecente y chantajista de un partido como el catalán ERC, que, con menos del 10 por ciento de los votos catalanes en las últimas elecciones, determina el destino de España, una nación a la que desprecia, la duda de los barones regionales del PP entre coger el dinero o arriesgarse a perderlo, las amenazas desde el poder, la marginación de los débiles, las mentiras del gobierno, la ausencia decepcionante de principios y valores en la política, la cobardía de los militantes del PSOE, algunos de los cuales habrán vomitado ante la obra inmunda de sus dirigentes, la traición de la oposición de derecha y la frustración de España configuran un cuadro esperpéntico y tan doloroso que resume en sí mismo casi todas las miserias de la España actual y la bajeza de nuestra política, frente a la cual únicamente existe una actitud digna para un demócrata: la rebeldía cívica y democrática.

Voto en Blanco

Monumento al birlibirloque
Luis del Pino Libertad Digital 22 Julio 2009

Durísimo el informe de la Fiscalía en el caso de la demanda del ex-jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, contra el periódico El Mundo y varios de sus periodistas. No sólo es que el fiscal haya decidido no apoyar las pretensiones de Sánchez Manzano. Es que, además, en lugar de oponerse a ellas limitándose a invocar una serie de argumentos en favor de la libertad de información y de expresión, lo que ha hecho es señalar expresamente que las afirmaciones del periódico El Mundo eran veraces.

Confirma la Fiscalía, por ejemplo, que el ex-jefe de los Tedax incumplió la normativa existente al no enviar las muestras de los trenes a la Policía Científica. Confirma también que el laboratorio de los Tedax carecía de los medios técnicos de los que sí disponía el laboratorio de la Policía Científica. Confirma también que la práctica habitual, antes y después del 11-M, era enviar al laboratorio de la Policía Científica las muestras. Confirma que Sánchez Manzano incluyó en un informe la metenamina como componente de la Goma2-ECO y que eso es erróneo. Confirma que Sánchez Manzano incurrió en contradicciones al hablar de la imposibilidad de determinar los componentes de los explosivos después de una detonación. Confirma que se ocultó al juez Del Olmo la existencia de una radiografía de la mochila de Vallecas...

El informe de la Fiscalía constituye un auténtico varapalo para Sánchez Manzano, que deberá enfrentarse el próximo mes de agosto a la querella interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que representa a más de 600 víctimas de los atentados. Al igual que constituye un auténtico varapalo para todos aquellos que, desde diferentes instancias políticas y medios de comunicación, han pretendido convencer a la opinión pública de que la investigación de los atentados fue correcta.

No es verdad que esa investigación fuera correcta. La versión oficial del 11-M es una inmensa estafa a la opinión pública, en la que se nos hurtaron a los españoles las pruebas reales del caso (todo lo referente a los trenes) y, en lugar de ellas, se nos presentaron una serie de pruebas "encontradas" fuera de los trenes (furgoneta de Alcalá, mochila de Vallecas, ...) y que se utilizaron para orientar las investigaciones hacia la tesis islamista. El sumario del 11-M no es más que un inmenso, y trágico, monumento al birlibirloque.

Y el papel de Sánchez Manzano en esas investigaciones viciadas resulta de lo más oscuro. Pero permítaseme decir algo en descargo del ex-jefe de los Tedax: resulta impensable que fuera él quien decidiera, por sus santas narices, convertir el sumario del 11-M en una estafa. Resulta inmensamente dudoso, por ejemplo, que la decisión de no enviar las muestras de los trenes a la Policía Científica fuera suya y sólo suya.

Pero también está claro que ahí quien tiene la llave es el propio Sánchez Manzano. Si hubo alguien, por encima o por debajo suyo, que tomó esa decisión de hacer lo necesario para ocultar los explosivos de los trenes, entonces Sánchez Manzano tiene la oportunidad de decirnos a todos quién es ese alguien.

En estos momentos, el dedo acusador de las sospechas se dirige hacia quien fuera jefe de los Tedax en el 11-M. Pero de él depende que ese dedo comience a señalar en la dirección correcta. Creo que las víctimas de aquella masacre le agradecerían cualquier gesto destinado a clarificar qué fue lo que pasó en las horas inmediatamente posteriores al atentado.

Como también creo que se lo agradecería su propia conciencia.

La doctrina Montilla
EDUARDO SAN MARTIN ABC 22 Julio 2009

En medio de la hipnosis provocada por los bolsos de Rita Barberá o las andanzas de un ex secretario de Aznar, la frase ha pasado casi inadvertida en muchos medios. Y eso que no es la primera vez que se pronuncia y que se trata de un meneo espectacular al andamiaje constitucional, perpetrado, para más inri, por un alto cargo del Estado.

La doctrina Montilla acerca del valor (despreciable) del fallo del Constitucional sobre el Estatuto catalán no es nueva. La formuló en Madrid hará unos dos años, recién estrenada su condición de jefe del Ejecutivo de Cataluña. Dijo entonces, y la advertencia sonaba como amenaza, que la oposición al nuevo Estatuto estaba creando un problema de desafección en su comunidad y que, si el TC declaraba inconstitucional algunas de las prescripciones que ellos creen irrenunciables, se crearía un conflicto Cataluña-resto de España de impredecibles consecuencias. Y lo decía el representante de un partido que se opuso al recurso previo de inconstitucionalidad, figura jurídica que habría evitado que el TC tuviera que pronunciarse sobre leyes refrendadas parlamentaria o popularmente.

Ahora, Montilla aprieta las tuercas: «El Estatuto es un pacto político que los tribunales no pueden tumbar». Dejando aparte la displicencia con la que se refiere al TC como un tribunal más, la frase contiene dinamita contra las reglas del Estado constitucional: un pacto político prevalece sobre la Constitución tal como ésta es interpretada por el único órgano autorizado para ello. La doctrina Montilla es a la vez tributaria y complementaria de la doctrina de Zapatero: se puede reformar la Constitución por la vía de los hechos consumados con acuerdos como los que han impulsado las distintas reformas estatutarias. Y más vale que el TC asienta porque los «pactos políticos» prevalecen sobre sus sentencias. Demócratas de toda la vida.

La imagen de una rendición humillante
EDITORIAL El Mundo 22 Julio 2009

LA FOTOGRAFÍA de Moratinos con Peter Caruana y David Miliband, ayer en el Peñón, es la imagen de la renuncia a más de tres siglos de litigio por la soberanía de Gibraltar y quedará grabada en los anales para vergüenza de España. Los tres líderes, sonrientes, estrecharon sus manos en la cima de la Roca, como si España diera por bueno su estatus o no tuviera nada que decir sobre el oprobio de albergar la última colonia de Europa.

Si la política que hacia Gibraltar ha venido manteniendo el Gobierno de Zapatero es discutible y la visita de ayer resultaba de todo punto inconveniente, la estúpida fotografía a la que se prestó el ministro de Exteriores marcará un antes y un después en este conflicto. Moratinos debería haber sido mucho más prudente: una instantánea así sólo tendría sentido si hubiera conseguido que se reconociera la soberanía de España sobre la Roca. Al contrario, la imagen de complacencia que exhibió ayer el ministro oculta cualquier reivindicación y permite a sus adversarios utilizarla como icono propagandístico. De hecho, la prensa inglesa celebraba ya ayer en sus ediciones digitales la actitud de España.

Al posar con su homólogo británico y el ministro principal del Peñón, Moratinos debilita la posición tradicional española. Nuestras autoridades han criticado siempre las visitas de dirigentes extranjeros a la colonia. Este mismo año, sin ir más lejos, Exteriores elevó una protesta formal a la Embajada del Reino Unido por el viaje de la princesa Ana de Inglaterra. ¿Con qué credibilidad se podrá hacer lo mismo a partir de ahora?

La visita de Moratinos y la consiguiente foto es el colofón a la desconcertante política que respecto a la colonia inició Zapatero desde su llegada a La Moncloa, basada en mejorar las condiciones de los habitantes de la zona pero al precio inasumible de obviar el contencioso sobre la soberanía. A la hora de la verdad, ese pragmatismo que el propio Moratinos bautizó como «diplomacia para la ciudadanía» ha acabado beneficiando mucho más a los británicos y a los gibraltareños que a los españoles. Los dirigentes del Peñón han recibido un reconocimiento que España siempre les había negado y su población ha obtenido facilidades para moverse por nuestro territorio. Si, a cambio, España hubiera logrado compensaciones en el problema de fondo o, como mal menor, en las relaciones hispanobritánicas, podría discutirse al menos la apuesta del Gobierno. Pero no hay contrapartidas.

Basta echar un vistazo a la agenda de la visita de Moratinos para percatarse del error de este viaje. Para tratar de cooperación marítima y medioambiental, de expedición de visados o de la lucha contra el crimen organizado, podría haber enviado a un representante del Ministerio. ¿Merecía la pena, por estos asuntos menores, sacrificar la firmeza mantenida durante tres siglos por gobiernos y regímenes de todo tipo? Desde luego que no.

Pero es que el Gobierno ha sido tan torpe que además ha acabado convirtiendo en disputa partidista lo que debería ser un asunto de Estado, algo que no beneficia en nada a los intereses españoles. Ni Zapatero ni Moratinos podían pretender que el PP diera el visto bueno a esta vergonzosa visita, que crea el precedente de tratar a Gibraltar como si fuese, de facto, un país soberano.

El problema de Zapatero es que empieza por admitir que el concepto de nación es «discutido y discutible» y acaba planteando una diplomacia del talante que encuentra su máxima expresión en las palabras con las que ayer se presentó Moratinos en Gibraltar: «No hemos venido a discutir». Tal entreguismo, unido a la humillante foto en el Peñón, revela que este Gobierno, más allá de su falta de patriotismo, se caracteriza también por la ausencia de coraje para plantar cara a los problemas.

Cornudos y apaleados
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 22 Julio 2009

AYER fue un día triste para España. Uno de esos días, abundantes por desgracia en nuestra historia, en los que, entre la incompetencia de nuestros gobernantes y la desidia del gran público, se hieren los intereses del Estado y se humilla a la nación. El ministro de Asuntos Exteriores español fue a Gibraltar, no a recuperar la colonia, única excusa digna para que vaya allí un miembro del gobierno español, sino a formalizar con las «autoridades gibraltareñas» acuerdos sobre fiscalidad, servicios financieros, cooperación policial, judicial y aduanera, educación, visados, comunicaciones, seguridad marítima y protección medioambiental. He puesto «autoridades gibraltareñas» entre comillas porque, en buena ley nacional e internacional, las únicas autoridades que hay en la Roca son las británicas, comenzando por el gobernador. Pero con quien negoció Moratinos fue con un supuesto gobierno gibraltareño, marioneta de los británicos, sin ninguna representatividad, pero que nosotros se la estamos dando, al concederle voz y voto en un contencioso donde es objeto, no sujeto del mismo según todos los tratados vigentes y resoluciones de la ONU.

Tras haber vivido 300 años de España como una sanguijuela, primero con el contrabando, luego como refugio del dinero negro que escapaba de nuestra Hacienda, Gibraltar teme que, de mantenerse en la lista de paraísos fiscales, acabe siendo victima de su propio egoísmo, en un mundo cada vez más interdependiente. Le urge, por tanto, regular su situación de cara a las instituciones internacionales, y allá hemos acudido los españoles a ayudarles. Esos protocolos que Moratinos ha acordado son el certificado de buena conducta de la colonia. ¿Significará eso que en Gibraltar dejará de blanquearse dinero? En modo alguno. Significará sólo que los españoles hemos vuelto a hacer el primo. Y si, además, se agiliza y regula el paso por la verja, los gibraltareños habrán logrado, al fin, lo que buscaban: vivir en el mejor de los dos mundos, haciendo durante el día sus negocios en las sociedades tapaderas de la Roca, para regresar por la tarde a sus mansiones en la Costa del Sol. O sea que cornudos y, además, apaleados.

Todo por creer que la reivindicación de Gibraltar era una manía franquista. Cuando la han mantenido españoles de todos los tiempos e ideologías, hasta surgir esta última hornada de políticos que consideran el asunto trasnochado. Es su forma de ver la historia de España: falseándola y vendiéndola, no ya al mejor postor, sino a nuestros peores enemigos. Claro que tampoco debe extrañarnos, si pensamos que están haciendo lo mismo dentro de España. El sectarismo les ciega y la ignorancia les lleva a cometer errores de imposible reparación. Pues considerar que lo hacen a propósito sería una acusación demasiado grave.

¿Dispone de territorio el Estado?
FRANCISCO SOSA WAGNER El Mundo 22 Julio 2009

EN LA TEORÍA de los tratadistas clásicos, el territorio ha sido uno de los elementos del Estado, junto a la población y el poder. Así se explica en un libro canónico, el de Georg Jellinek, que aparece justo cuando se inicia el siglo XX y que ha sido un faro para todas las obras posteriores, hasta hoy mismo. El territorio ha servido para definir el ámbito espacial exacto en el cual el Estado ejerce su soberanía o poder de dominación, donde puede imponer el Derecho que emana de los órganos constitucionalmente habilitados para producirlo. El aspecto positivo de esta realidad es que todas las personas o cosas que se hallan en ese territorio están a él sometidas, sin perjuicio de las singularidades que procedan del Derecho Internacional. El negativo sería que, dentro del territorio estatal, ninguna otra autoridad puede ejercer su dominio o soberanía, a menos que tales autoridades estén expresamente admitidas por las leyes de ese mismo Estado: sería el caso de la actual Unión Europea que hoy comparte «soberanía» con los Estados miembros.

Históricamente sabemos que la emergencia del Estado se basó en la eliminación de las trabas feudales para poder dominar un territorio que se hallaba en manos de los señores -laicos o eclesiásticos- con unos poderes que se extendían a vidas y haciendas. La culminación de este proceso de asentamiento del Estado en un espacio determinado costará varios siglos, siendo el XIX el que puede apuntarse en su haber el triunfo formal definitivo. A lo largo del mismo se instaura la modernidad y queda arrumbado entre los objetos apolillados de la historia el mundo del Antiguo Régimen. Había muerto el señor y nacido el señorito.

Pues bien, si nosotros contemplamos la realidad española actual, podemos concluir que caminamos hacia una recuperación -inesperada, extemporánea- del sistema feudal como consecuencia de la evolución que vive nuestro Estado autonómico desde 2004. Un sistema feudal con perfiles nuevos, pero en el que se advierten ciertos rasgos del orden antiguo, caracterizado por el hecho de que, en él, el interés predominante del noble -señor territorial y hacendado- se dirigía al disfrute -sin tapujo alguno y en disputa con el rey- de su posición económica, social y política.

Cambiemos al noble por la barroca clase política autonómica actual y tendremos, cada vez de forma más visible, ese mismo proceso histórico, ya enterrado, resucitando cada día entre nosotros en medio de espasmos intermitentes de frivolidad: de un lado, afianzamiento de la influencia política de los señores territoriales hasta donde permiten las combinaciones parlamentarias y los acuerdos coyunturales; de otro, apartamiento particularista -e insolidario- de la estructura común del Estado. El resultado es la creación de un poder que cada vez se parece más a la «autocracia principesca» que tan bien describe Otto Hintze en sus estudios sobre el feudalismo. Ejemplos de este acontecer hay todos los días: de ayer es la imposibilidad de aplicar la Ley de Dependencia porque hay poderes en las Comunidades autónomas que le tienden zancadillas sin importarles que se trunquen así las esperanzas de miles de ciudadanos; de hoy es el Fondo para la Reestructuración Bancaria, mirado con recelo por algunos poderes, pues se les cercena éste o aquel gajo del fruto jugoso de su mando. Y de mañana será la energía nuclear, que puede servirnos como el mejor caso práctico de la elemental explicación teórica sobre el Estado que hasta ahora he esbozado.

Adelanto que yo no sé si es o no imprescindible la energía nuclear. Con esta confesión de ignorancia pretendo situarme a distancia de quienes, siendo igual de ignorantes que yo, tienen, sin embargo, el desparpajo de pontificar sobre el asunto e incluso de tomar decisiones sobre materias que desconocen y están sometidas a polémica entre sesudos especialistas.

Vacilaría pues y me enredaría si tuviera que contestar a la pregunta de si es conveniente que las centrales convivan con otras fuentes de energía o si deben ser despedidas entre adioses melancólicos y pañuelos verdes agitados por ecológicas manos.

Pero imaginemos por un momento que los especialistas en energía nuclear, logran convencer a los políticos españoles de la necesidad de construir un número determinado de centrales porque, sin ellas, la dependencia energética española se haría endémica, porque su actividad no produce gases de efecto invernadero, porque son seguras, porque sus residuos se pueden guardar y aun reciclar� Ya tenemos al gobernante en Madrid dispuesto a abrir los brazos a la alternativa nuclear, aprobando el plan o la ley para que España sea abastecida dentro de unos años por unas centrales relucientes y eficaces.

¡Ah, lector! Ese gobernante al que aludo, ¿dónde las pone? ¿En qué espacio concreto de la península, islas adyacentes o ciudades del norte de África las instala? Ahí viene el problema y aquí se verá la pertinencia de mi discurso acerca del territorio como elemento del Estado. Porque es lo cierto que construir una central exige seleccionar un lugar apropiado. Pero el tal lugar está gobernado por un municipio, y, un poco más lejos, por una provincia, y allá en el horizonte, por una comunidad autónoma. Y, si tiene mala suerte, por una comarca, por un par de mancomunidades� Una maraña de competencias, vendaval que no para nunca sus motores, se alzará para impedir que se otorgue la licencia, que no se apruebe el plan de impacto ambiental, que descarrile el expediente del contrato de obras� Se agitarán las poblaciones, se constituirán coordinadoras, mesas, escritos de firmas� pasarán los años y allí seguirá el proyecto varado, devorado por un tiempo perdido en la vastedad de sus angustias inmortales.

QUIENES vivimos en el noroeste español conocemos un asunto parecido al que ya he aludido en alguna ocasión en EL MUNDO. Me refiero a la salida de la energía del norte, de Asturias, para llegar a los mercados de Galicia, Cantabria o Castilla. También aquí quiero dejar claro que ignoro si esa energía es necesaria y si debe o no salir del territorio asturiano. Digo simplemente que se están instalando plantas de generación de energía limpia en un programa iniciado en tiempos de González, bajo cuya autoridad se declaró (marzo de 1986) la utilidad pública de la línea, y que el plan energético para el período 2008-2016 aprobado por el Gobierno ha incluido como actuación prioritaria la línea de alta tensión entre Sama y Velilla del Río Carrión. Pues bien, el problema es el concreto territorio por el que ha de discurrir la línea de alta tensión. Red Eléctrica Española, aunque no es un modelo de fina diplomacia, ha ofertado distintos recorridos, y los presidentes autonómicos han llegado a acuerdos concretos. Todo en vano, pues cualquier movimiento es respondido por los ayuntamientos y por los partidos políticos. Los mayoritarios (el PSOE y el PP) dicen una cosa en León, otra en Asturias y la contraria de ambas en Valladolid y Madrid.

¿Cómo se sale de este laberinto? Es evidente que la definición del «interés general» es el hilo que cose y da coherencia a las estructuras políticas. Por eso, en los ordenamientos federales se cuenta con la cláusula de prevalencia, parecida a la contenida en el artículo 149.3 de la Constitución, para obligar a que las determinaciones del Estado sean acatadas y sus opciones políticas cumplidas cuando éste ha decidido sobre cuestiones en las que ostenta competencias por afectar al interés general.

Pero en España, de la cláusula de prevalencia se ríen abiertamente todos y, muy singularmente, las Comunidades autónomas a las que poco importa. Tratar de que el Tribunal Constitucional en un pleito eterno la aplique es lo mismo que majar en hierro frío. De manera que, por esta razón, sostengo que el debate nuclear que se está alimentando es un debate inútil porque, si algún día se decidiera por la autoridad competente construir centrales, no habría modo humano de localizarlas. Pues es un hecho anómalo pero cierto que en España el Estado ha dejado de disponer de su territorio. Ahora bien, un Estado en estas condiciones ¿es un Estado?

Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León y eurodiputado por UPyD. Su último libro es Juristas en la Segunda República (Marcial Pons, 2009).

Bilingüismo en el confesionario
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com 22 Julio 2009

El notorio notario Puig Salellas es, en gran parte, el teorizador de la distribución de los derechos lingüísticos en la Cataluña actual. Según él, la cooficialidad del catalán y el castellano no es igualitaria y simétrica. Y lo argumenta basándose en el Estatuto, que sólo reconoce el título de lengua propia para el catalán. Eso comporta que el catalán ha de ser la única lengua pública, pero se garantiza el pleno derecho al uso privado del castellano. Sin tanta teoría, el general Álvarez Arenas decía una cosa parecida, en un bando al día siguiente de la entrada de las tropas 'nacionales' en Barcelona: “Estad seguros, catalanes, de que vuestro lenguaje en el uso privado y familiar no será perseguido”.

Por consiguiente, los castellanohablantes tenemos derecho a dirigirnos en castellano a la Administración, aunque ésta no tiene la obligación de atendernos en castellano. En la práctica, eso quiere decir que tú puedes preguntar en castellano y la Administración te mandará a hacer puñetas en catalán. ¿No comprenden que, si la Administración no es neutral, ese derecho es papel mojado? ¿Que si hago uso del castellano en 'territorio hostil', lo más probable es que me manden a un inspector fiscal? O sea, esto es una parroquia en la que todas las misas se dicen en catalán. El castellano sólo se podrá utilizar en las confesiones. Y se garantiza, al menos en teoría, que las confesiones en castellano no tendrán necesariamente una penitencia mayor.

Si eso es la igualdad lingüística, la igualdad que proclama el Estatuto de Cataluña, que venga Dios y lo vea.

MÁS DE VEINTE ASOCIACIONES CÍVICAS
Piden al Defensor del Pueblo que recurra la LEC por inconstitucional
Más de veinte asociaciones cívicas han solicitado al Defensor del Pueblo que presente el Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Educación de Cataluña (LEC). Esta situación deriva de la inconstitucionalidad del Estatuto, recuerdan, contra quien Enrique Múgica ya interpuso un recurso.r
EFE Libertad Digital 22 Julio 2009

El portavoz de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, ha afirmado en rueda de prensa que la LEC "vulnera gravemente el derecho de educación, la libertad lingüística, la libertad de enseñanza y la libertad de lengua". Para Caja, el hecho de que los escolares catalanes sean educados separadamente del resto de los españoles es "una situación de gravedad extrema porque atenta contra el principio de igualdad".

Ha asegurado que la inconstitucionalidad de la LEC se deriva de la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña, contra el que el Defensor del Pueblo ya interpuso un recurso alegando que se apropiaba de competencias que la Constitución atribuye al Estado. "Cualquier ley que desarrolle un derecho fundamental como el de Educación debe revertir el rango de ley orgánica que está reservada exclusivamente a las Cortes Generales y, por tanto, no puede ser promulgada por los parlamentos autonómicos", ha explicado.

Exclusión “absoluta y radical del castellano”
Las asociaciones cívicas han reclamado también que la LEC excluye "de forma absoluta y radical el castellano como lengua vehicular de enseñanza", reduciéndolo "a una mera asignatura", cuyo horario será determinado por la Generalidad de Cataluña, ha asegurado Caja.

En Cataluña, el 93 por ciento de los alumnos alcanzan un nivel básico de expresión escrita en catalán, mientras que sólo el 54 por ciento lo obtienen en castellano al finalizar la Primaria, según los datos del informe que las asociaciones cívicas han presentado al Defensor del Pueblo. Para estas asociaciones, este hecho supone una discriminación de los castellanohablantes, que obtienen resultados sensiblemente inferiores respecto a sus compañeros que tienen como lengua materna el catalán.

La LEC establece también una formación "laica", lo que en opinión de Caja, "contradice la libertad religiosa y la aconfesionalidad del Estado".

El portavoz de Convivencia Cívica Catalana ha calificado de "inadmisible" que la Generalidad no sostendrá con fondos públicos los centros que no oferten una educación mixta y considera que esta condición "limita la libertad ideológica y el carácter pedagógico de los centros".

Por su parte, la portavoz del Foro de Ermua, Inma Castilla de Cortázar, ha dicho que "erradicar la lengua común es querer erradicar el bien común" y ha destacado "la actitud abierta del Defensor del Pueblo", del que esperan que secunde su propuesta.

Entre la veintena de asociaciones cívicas que han pedido la inconstitucionalidad de la LEC figuran Convivencia Cívica Catalana, Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y de Padres de Alumnos (CONCAPA), Foro de Ermua, Plataforma por la libertad de elección lingüística (País Vasco), Mesa por la libertad lingüística (Galicia), Asociación por la tolerancia (Cataluña), Círculo Balear, Asociación gallega para la libertad del idioma, Fundación para la defensa de la nación española (DENAES), Hazte Oír, Foro Abril, Profesionales por la Ética (Cataluña), Fundación papeles de Ermua, Fundación Persona (Cataluña), Pares i Mares Lliures (Cataluña), Plataforma valenciana para la libre elección de lengua, Profesores por el bilingüismo (Cataluña), Acción Cultural Miguel de Cervantes (Cataluña), Ágora Socialista, Coordinadora de afectados en defensa del castellano, Asociación Ateneo XXI Barcelona y Lengua Común (Aragón).

Piden al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad
Más de veinte asociaciones se unen contra la Ley de Educación catalana
En Cataluña, el 93% de los alumnos alcanza un nivel básico de expresión escrita en catalán, frente al 54% en castellano.
J. López La Razon 22 Julio 2009

MADRID- «La Ley de Educación de Cataluña (LEC) vulnera gravemente el derecho de educación, la libertad lingüística, la libertad de enseñanza y la libertad de lengua». Son las palabras del portavoz de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja. Pero no las hizo a título personal. Más de veinte asociaciones cívicas solicitaron ayer al Defensor del Pueblo que presente el Recurso de Inconstitucionalidad contra la ley, aprobada por el Parlamento catalán el 1 de julio. Para Caja, el hecho de que los escolares catalanes sean educados separadamente del resto de los españoles es «una situación de gravedad extrema porque atenta contra el principio de igualdad».

La inconstitucionalidad de la LEC –aseguró– se deriva de la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña, contra el que el Defensor del Pueblo ya interpuso un recurso alegando que se apropiaba de competencias que la Constitución atribuye al Estado, informa Efe.

«Cualquier ley que desarrolle un derecho fundamental como el de Educación debe revertir el rango de ley orgánica, que está reservada exclusivamente a las Cortes Generales y, por tanto, no puede ser promulgada por los parlamentos autonómicos», explicó.

«Exclusión del castellano»
Las asociaciones denuncian también que la LEC excluye «de forma absoluta y radical el castellano como lengua vehicular de enseñanza», reduciéndolo «a una mera asignatura», cuyo horario será determinado por la Generalitat de Cataluña, ha asegurado Caja.

En Cataluña, el 93% de los alumnos alcanzan un nivel básico de expresión escrita en catalán, mientras que sólo el 54 lo obtienen en castellano al finalizar la Primaria, según los datos del informe que las asociaciones cívicas han presentado al Defensor del Pueblo. Para estas asociaciones, supone una discriminación de los castellanohablantes, que obtienen resultados sensiblemente inferiores respecto a sus compañeros que tienen como lengua materna el catalán.

La LEC establece también una formación «laica», lo que en opinión de Caja «contradice la libertad religiosa y la aconfesionalidad del Estado». El portavoz de Convivencia Cívica Catalana calificó de «inadmisible» que la Generalitat no sostendrá con fondos públicos los centros que no oferten una educación mixta y considera que esta condición «limita la libertad ideológica y el carácter pedagógico de los centros».

Por su parte, la portavoz del Foro de Ermua, Inma Castilla de Cortázar, señaló que «erradicar la lengua común es querer erradicar el bien común». Entre la veintena de asociaciones cívicas figuran también la Confederación Católica Nacional de Padres de familia y Padres de alumnos, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, Hazte Oír, Plataforma Valenciana para la Libre Elección de Lengua, Acción Cultural Miguel de Cervantes de Cataluña y Círculo Balear.

Asociaciones cívicas recurren a Múgica por el «apartheid» lingüístico catalán
CARLOS VÁZQUEZ | BARCELONA ABC 22 Julio 2009

Una veintena de entidades cívicas pedirán hoy al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente Ley de Educación de Cataluña (LEC).

Las asociaciones denuncian «el segregacionismo rayano en el «apartheid» lingüístico», afirma el diputado autonómico por el Grupo Mixto, Antonio Robles. En declaraciones a ABC, Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, denuncia que la LEC consiste en legitimar «un golpe de Estado Educativo». Las organizaciones afirman que la ley catalana infringe el artículo 81.1 de la Constitución, que exige que las leyes que desarrollen un derecho fundamental, como la educación, necesitan el rango de ley orgánica y sólo pueden ser aprobadas por las Cortes. «El Parlamento de Cataluña se dedica a incendiar la Constitución», afirma Caja.

Para las entidades, «la LEC supone un grave atentado contra la libertad de enseñanza y la libertad lingüística de los españoles y rompe definitivamente con la unidad básica del sistema educativo». Robles añade que los perjudicados no son sólo los niños que hablan castellano, sino también los niños cuya lengua materna es el catalán y no pueden aprender castellano porque «sus padres están empozoñados de ideología separatista».

Entre las asociaciones denunciantes, que se califican de «cívicas» y sin vinculación política, figuran el Foro Arbil, Fundación Persona, Asociación Gallega para la Libertad del Idioma, Hazte Oír, Lengua Común o profesores por el Bilingüismo de Cataluña, entre otras.

PSOE, PP, UPyD y UPN rechazan sumarse a la iniciativa
ERC pide a Bono usar el catalán en Congreso
Madrid - EP La Razon 22 Julio 2009

Esquerra Republicana ha decidido resucitar la “cruzada” a favor del uso del catalán en el Congreso que inició la pasada legislatura y ha vuelto a solicitar al presidente de la Cámara, José Bono, que permita un uso tasado de las lenguas cooficiales en sede parlamentaria. Los republicanos han convencido a CiU, PNV, IU, ICV, BNG, CC y Nafarroa Bai para elevar una petición conjunta a Bono, un texto que no han firmado PSOE, PP, UPyD ni UPN.

Así lo explicó hoy en una rueda de prensa en el Congreso el portavoz de ERC, Joan Ridao, quien en los últimos meses ha mantenido distintas conversaciones sobre esta cuestión tanto con Bono como con el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso.

En su escrito, las citadas formaciones minoritarias reclaman al presidente del Congreso que, mientras no se aborde una reforma del Reglamento de la Cámara, abra la puerta al menos a un uso limitado de las lenguas cooficiales. En concreto, le sugieren que recupere el sistema que, tras la ofensiva emprendida por ERC en la anterior legislatura, aplicó el entonces presidente del Congreso, Manuel Marín.

DURO TRES SEMANAS
Esa vía intermedia, conocida como ‘fórmula Marín’ y que estuvo vigente tres semanas, permitía a los diputados hacer una breve introducción de sus intervenciones en una lengua cooficial siempre que fuera acompañada de su correspondiente traducción al castellano para que sus palabras pudieran ser incorporadas por los taquígrafos al Diario de Sesiones.

Las minorías que han firmado el escrito sostienen que la recuperación de esta fórmula facilitaría “avanzar hacia la plena normalización” en el uso del catalán, el gallego y el euskera, “visualizaría la voluntad de resolver un déficit difícilmente entendible en una sociedad democráticamente madura en la que conviven distintas lenguas” y contribuiría a “ejercitar la tan necesaria pedagogía a favor de la tolerancia y la fraternidad intercultural”.

Los republicanos, que reivindican como una conquista suya la utilización tasada de las lenguas cooficiales, no quisieron “prejuzgar” qué respuesta les dará Bono ni cual será su ‘plan B’ en el caso de que su petición no tenga los efectos deseados. El presidente del Congreso siempre ha remitido este asunto a una hipotética reforma del Reglamento que no se ha planteado formalmente en esta legislatura, tras verse frustrada en la anterior, entre otras cosas por la cuestión ling~ística.
Durante aquellas negociaciones para modificar la normas internas de la Cámara, el PSOE aceptó la ‘fórmula Marín’, pero el PP no respaldó avanzar en el uso de las lenguas cooficiales y, por éste y otros puntos, finalmente la reforma encalló.

Según relató Ridao, pese a sus distintas conversaciones con José Antonio Alonso, esta vez el PSOE no parece estar por la labor y no se ha sumado al escrito dirigido a Bono. Además, el portavoz de ERC aprovechó para volver a denunciar que el reconocimiento del pluriling~ismo del Estado por el que parecía apostar en 2004 el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se haya quedado “en vagas promesas y reiterados incumplimientos” lo que, a su juicio, evidencia que los socialistas se guían por el “tacticismo” en función de cada momento político.

ERC reactiva su ofensiva y reclama a José Bono un «uso tasado» del catalán en el Congreso
E. L. Palomera La Razon 22 Julio 2009

MADRID- Vuelven por sus fueros. ERC ha decidido retomar su cruzada por el uso del catalán en el Congreso que tanta «guerra» dio al ex presidente Manuel Marín en la anterior Legislatura. Así que ha decidido, con el resto de las minorías parlamentarias, dirigirse por carta a José Bono para pedirle que permita un «uso tasado» de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja, lo que en el anterior mandato parlamentario se conoció como «fórmula Marín». El método, que estuvo vigente no más de dos semanas, consistía en que los diputados hacían una breve introducción de sus intervenciones en su lengua materna, seguida de la correspondiente traducción al castellano. El escrito a Bono ha sido firmado por todos los grupos, excepto PSOE, PP y UPyD.

La iniciativa la explicó ayer el portavoz de los republicanos en el Parlamento, Joan Ridao, quien en los últimos meses ha mantenido distintas conversaciones sobre esta cuestión tanto con Bono como con el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso. Ninguno de los dos parece muy dispuesto a aceptar la pretensión de los independentistas.

Ridao anunció que éste es el primer paso antes de solicitar al presidente de la Cámara la tantas veces pospuesta reforma del Reglamento. Y defendió que se trata de «avanzar hacia la plena normalización» en el uso del catalán, el gallego y el euskera, de visualizar la «voluntad de resolver un déficit difícilmente entendible en una sociedad democráticamente madura en la que conviven distintas lenguas». Consciente de que la respuesta de la Presidencia de la Cámara puede ser negativa, los republicanos ya estudian un plan B, cuyo contenido no quisieron desvelar ayer.

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Ceremonia de la confusión, exaltación de la insolidaridad
IGNACIO MARCO-GARDOQUI El Correo 22 Julio 2009

La financiación autonómica se ha convertido en la ceremonia de la confusión y en la exaltación de la insolidaridad. No es de extrañar. Una vez que Zapatero anunció que 'aceptaría lo que le llegara del Parlament' y desvió la negociación global hacia 17 enfrentamientos autonómicos, la deriva era obligada. La confusión es total. No hay manera de saber lo que cada una va a cobrar, ni en virtud de qué criterios lo va a cobrar. Si se toman la molestia de sumar lo que han dicho que van a recibir cada unos de los 17 responsables de economía autonómicos, obtendrán la bonita cifra de 13.760 millones de euros, que sobrepasan con creces al anuncio de la vicepresidenta Salgado, de tan sólo 11.000 millones. Aquí alguien se equivoca groseramente. O bien las promesas centrales han sido excesivas o bien las esperanzas periféricas son desmesuradas.

Lo de los criterios de reparto es de locos. Las fórmulas atiborran el informe final al tratar de conseguir lo imposible: un reparto objetivo que contente a todos. Y es que cada comunidad tiene su peculiaridad propia. Madrid cuenta con mucha población, concentrada en un espacio reducido y con renta elevada; Galicia tiene mucha población, con poca renta y mucha dispersión geográfica; Castilla-la Mancha y Extremadura, poca población, con poca renta y muy dispersa; La Rioja, poca población y poca extensión; Andalucía, de todo y, así hasta el infinito. De tal manera que, al final, todo se resume en una algarabía de resentimientos y en un amasijo de quejas que nos conducen inexorablemente a una burda comparación individual con lo obtenido por Cataluña, utilizando siempre el criterio más conveniente para el quejoso.

Luego están las graves heridas causadas a la solidaridad. El Gobierno de España se autodenomina de izquierdas. El Govern de Cataluña es una fluida coalición entre socialistas de ámbito español, socialistas de espectro geográfico reducido al principado y comunistas de vaya usted a saber qué ámbito de preocupación. Bueno, pues todos ellos están exultantes tras haber logrado el acuerdo. Parten, sin el más mínimo rubor, de un principio que resulta aterrador: «Es necesario acotar la labor redistribuidora del Estado para no penalizar a las comunidades con mayor capacidad fiscal y económicamente más dinámicas».
Aplausos. Eso se presenta como el desiderátum de la progresía, el colmo de la modernidad. Ahora, cambien una sola palabra de la frase y pongan 'personas' allá donde pone 'comunidades'. Automáticamente dejarán de ser unos progresistas 'à la mode', para convertirse en unos rancios liberales de derecha, anclados en viejos tics conservadores e indignos de participar en el debate público. Las personas tienen que ser solidarias, pero las comunidades pueden ser egoístas, a pesar de que ellas no pagan impuestos.

¿Quién pagará todo este desenfreno? El sistema no prevé el reparto, más o menos equitativo, de la escasez. Vivimos tiempos de apreturas presupuestarias, con bruscos descensos de la recaudación tributaria, pero eso no es problema para Zapatero. El dinero manará abundante del caudal inagotable del déficit. De un déficit que nos obliga a la emisión de un volumen tremendo de deuda. De una deuda que al colocarla en el mercado drenará la liquidez necesaria para financiar proyectos productivos y necesidades particulares. De una deuda cuyo monto espectacular provocará tensiones en los tipos de interés y causará daños en todo el sistema. El secretario de Hacienda cifraba el porcentaje de deuda sobre el PIB en el 90% para el final de año, cuando venimos del 36%. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Defiende el Gobierno al Estado que representa? Ustedes mismos.

Roberto Carracedo (Pontevedra):
"Mi hija no aprende en gallego, traduce lo que escucha y lo pasa al castellano"

"No se puede forzar la situación lingüística"
 www.lavozlibre.com 22 Julio 2009

Pontevedra.- Roberto Carracedo Glorias (41) nació en Venezuela. Hasta que cumplió 23 años y se vino a España, en casa de sus padres emigrantes hablaba gallego. Estudió Medicina en Madrid y el MIR en Vigo. Actualmente, tiene un hijo y una hija. La niña no tolera el gallego. "Le ha generado un rechazo -el gallego- que no supera".

- ¿Cómo afrontaron sus hijos el cambio de lengua en la enseñanza de Galicia?
- Mi hijo no ha tenido ningún problema en adaptarse a la enseñanza en gallego, aunque su lengua materna sea el castellano. Por el contrario, la niña no lo acepta. Se le ha generado un rechazo que no supera.

- ¿Cuál cree que es el principal problema?
- Opino que el conflicto lingüístico no surge en función de las dificultades o no para adaptarse en clase a un idioma que no es el que utilizas en casa, sino a que el Decreto de Normalización Lingüística, que impone el gallego en las aulas, no respeta la libertad individual de los niños y de los padres. Es lo que los pedagogos llaman lengua vehicular, el idioma en el que se relaciona el niño.

- ¿Cuál es el idioma mayoritario de la gente de su entorno?
- El castellano. Basta pasear por las calles de la ciudad de Pontevedra para comprobar que se pueden contar con los dedos de una mano las personas que van hablando entre ellas en gallego. El Decreto es una imposición sobre una realidad social que no existe.

- ¿Y el del resto de los niños que van a clase con su hijo?
- El castellano. De los 28 alumnos que hay en el aula 26 son castellanohablantes. La imposición lingüística produce víctimas tanto en las filas del alumnado como en las del profesorado.

- ¿Cuál ha sido la actitud de los profesores?

- Mi hijo tiene una profesora de Matemáticas que es un amor, Almudena. Hasta hace un año les daba la materia en castellano. El 'decretazo' obligó al colegio a que esa asignatura se impartiera en gallego y la chica tenía unos problemas enormes. Los críos la vieron tan desesperada que le dijeron: “No te preocupes, tú sigue dándola en español, que si nos preguntan nosotros decimos que nos lo estás enseñando en gallego”.

- ¿Cómo lleva su hija la enseñanza en gallego?
- No muy bien. Ella no aprende en gallego sino que traduce mentalmente lo que escucha y lo pasa al castellano. Así hacen la mayoría de los niños, no sólo los de su clase. La encuesta interna realizada por la propia Xunta en el colegio pone de manifiesto que el 80 por ciento de los alumnos son castellanohablantes.

- ¿Cree que los niños tienen carencias educativas?
- Sí, la asignatura de Conocimiento del Medio lleva impartiéndose en gallego bastante tiempo, con anterioridad al Decreto de Normalización Lingüística. Por ello los niños crecen sin aprender en su lengua vehicular parte del vocabulario que corresponde al mundo de la naturaleza y al del cuerpo humano. La cercanía entre los dos idiomas les hace creer que palabras gallegas correspondientes a accidentes geográficos o a nombres de animales son castellanas, como 'encoro' (embalse), o 'bolboreta' (mariposa).

- ¿En qué idioma se expresa usted habitualmente?
- En castellano. No se puede forzar la situación lingüística. Si a mí me vienen pacientes hablando en gallego, aunque yo lo hablo les respondo en castellano. Creo que en una situación médica, donde necesitan de toda mi precisión, yo voy a transmitirles mejor el diagnóstico en castellano. Nunca he tenido un problema en ese sentido.

- ¿Tiene alguna queja puntual?
- Sí. Creo que existe una descompensación en la Administración autonómica gallega en lo que respecta a las valoraciones de los exámenes de oposición. Una tesis doctoral puede alcanzar un máximo de un punto mientras que hablar gallego se valora hasta con 5 puntos. ¿Qué están contratando, médicos o filólogos?

- ¿Cuál es su principal reclamación?
- Creo que se están gastando unos recursos económicos ingentes para imponer el gallego cuando lo que deben hacer es permitir a los ciudadanos que desarrollen la vida en su lengua vehicular, que se les deje expresar libremente como antes y no en un gallego rebuscado, producto de las concesiones políticas del PSOE a los nacionalistas del Bloque.
 

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