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Recortes de Prensa    Viernes 24 Julio 2009

 

Libertad educativa y evaluación
Daniel Martín Estrella Digital 24 Julio 2009

Este país, como muchos de su entorno, vive sometido a un control estatal sobre todas aquellas cosas que pueden servir para coartar la libertad individual. Así, el control policial sobre el conductor es mucho más atosigador y constante que el que se ejerce sobre el delincuente común. Aquél se va a quejar poco y, cuando toque, va a pagar las multas, mientras éste siempre tendrá sus derechos en la boca.

Somos pocos los que creemos que la libertad es la mejor manera de alcanzar aquello que nos podemos proponer. Es más, como dice Salvador Monsalud, sin libertad no hay individuo. Por eso creo que debemos liberalizar muchas cosas, que el verbo no sólo tiene connotaciones económicas. Claro que la libertad, bien frágil y de difícil uso, también debe tener su manual de instrucciones, sobre todo para que se nos meta en la mollera aquello de que la libertad de uno termina donde comienza la del otro.

Ya he escrito en varias ocasiones que en democracia, en un Estado de Derecho, es necesario que los individuos sean ciudadanos responsables, críticos y conscientes de la importancia de su condición. Por eso exijo un plan de estudios que prime el esfuerzo y la excelencia. La mejor manera para alcanzar esto es dar más libertad a los centros educativos, no sólo a la hora de estructurar sus planes académicos, sino también en lo que se refiera a contratación de personal -menos en las escuelas públicas, que en España la oposición es dogma de fe-, métodos docentes y sistemas de evaluación.

Cada centro debería poder hacer lo que quisiera aceptando unos contenidos mínimos cuya consecución sería controlada por una serie de exámenes-reválidas que los alumnos tendrían que realizar al terminar primaria, secundaria y bachillerato. Los dos primeros habría que aprobarlos a la fuerza para pasar a la siguiente etapa educativa. Si algún chaval tuviese problemas a la hora de aprobar, el colegio, la familia y los profesionales que fuesen necesarios tendrían que hacer todo lo necesario para ayudar a aprobar al chico. En cuanto al examen de bachillerato, serviría como prueba de acceso a la universidad y para conseguir el título de bachiller.

Con estos exámenes no pretendo crear un sistema que invalide a los menos capaces. Todo lo contrario. Por un lado, este tipo de exámenes es el único válido para comprobar cómo funciona cada centro, ya que las inspecciones administrativas son, simplemente, una memez y un cachondeo. Por otro lado, con estos exámenes se crea un sistema donde el esfuerzo y el estudio prevalecen sobre la indolencia actual cuando se puede pasar de curso sin aprobar. En este sentido, los exámenes oficiales -¿a nivel estatal?- evitarían en gran medida que estudiantes fuesen avanzando sin saber leer, escribir, sumar, restar, etc. De tal manera que cualquier futuro ciudadano español tendría que haber aprobado por lo menos los dos primeros exámenes.

Soy consciente de que vivimos en un clima social donde lo bueno se desdeña y se prefiere la material comodidad del dolce far niente. Conozco casos de padres que prefieren que su hijo apruebe injustamente a que se fastidien sus vacaciones, aunque eso implique que el retoño no sepa escribir. Por eso no pretendo ponerme platónico y crear unos exámenes difíciles y selectivos. Simplemente poner unos mínimos algo exigentes para certificar que todos los estudiantes saben, cuando menos, lo exigido.

A partir de ahí, cada escuela, colegio o instituto establecería sus propios programas sin límite máximo. Una vez conocidos los mínimos, ¿por qué establecer unos máximos o unos itinerarios que muchas veces impiden la profundización en otros campos? Una vez conocidos los mínimos, cada colegio debería poder elegir si quiere dar música o tecnología, seis horas de lengua u ochenta de religión. Después de todo, el control de mínimos se haría a través de esos exámenes.

Por supuesto, este utópico planteamiento debería acompañarse de la correspondiente libertad de los padres para elegir el colegio que quieren para sus hijos. Incluso para estudiar en suahili si existe esa oferta. O para, simplemente, estudiar en castellano en Cataluña o en catalán en Madrid. Los colegios públicos, necesariamente más controlados por definición, deberían ponerse las pilas porque, como ya ocurre de hecho, si no la oferta privada será considerable y generalmente -para todo hay excepciones- mejor.

Todo esto revierte en lo que yo creo más necesario: la libertad del docente. Claro que esto que escribo es simple utopía. El control partidista, esta sociedad amante de lo mediocre y enemiga de lo excelente, la pasividad llena de complejos de muchos padres y el miedo de los colegios hace imposible lo que debería ser una buena escuela de ciudadanía. Lo que en ningún caso debe ser posible es que los alumnos, a través de la voluntad ejercida por la patria potestad, no puedan aspirar a ser mejores por culpa de un sistema educativo que Baroja llamaría laminador.

dmago2003@yahoo.es

Nuevas ideas y viejos valores

Proyecto Cívico El Confidencial 24 Julio 2009

Hace un par de semanas revindicábamos el esfuerzo personal como solución a los problemas de un país, demasiado confiado en la infalibilidad y providencialidad de sus poderes públicos. El que hasta ahora hubiesen conseguido superar los problemas y promover importantes crecimientos, al calor de una economía regional e internacional en ascenso, era más fácil de asumir que en un escenario general absolutamente adverso como el que hoy contemplamos. El legado económico que habrá de soportar nuestra juventud, precisará mucho más esfuerzo y sacrificio que de la ingenua confianza, más bien desidia, con la que nos hemos dejado gobernar.

Hemos ido dejando al albur de cada gobierno algo tan importante como la educación y la transmisión de valores. Le hemos transferido a un Estado colmado de oportunistas sectarios una responsabilidad que le vino grande. La gente cuando se sincera admite que, tras años de un ensañado saqueo intelectual, moral y económico, el país ha quedado irreconocible. Y lo que es más grave, el caudal de conocimiento de jóvenes y mayores está siendo desaprovechado por una clase política de escaso mérito profesional y por una economía poco diversificada y con escaso valor añadido.

Es extraño que siendo uno de los países más viejos de Europa, vivamos un conflicto de personalidad tan agudo. Tal vez ni tengamos derecho a vivir de este modo airado, sin saber aún quiénes somos, sin haber aprendido nada de un pasado con 200 años de guerras civiles. Somos la peor versión de cuantas pudimos ser. Un país que a medida que crece, disminuye sus niveles educativos, de civismo y de esfuerzo.

Sin querer, nos hemos convertido en la mayor fábrica de obstáculos del Continente. Si de algo podemos exportar cantidades ingentes, es de trabas e intereses mezquinos, de talento malgastado por envidias e incomprensiones interesadas, de divismos improcedentes, de corrupción personal e institucional. Somos la mayor fábrica de desesperanza laboral y salarial de la OCDE. Somos, entre otras cosas, el resultado de relegar la inteligencia en favor de un populismo de nuevo cuño vacío de sentido.

En este mismo momento de escribir estas notas, cientos de miles, quizá millones de de españoles, se pregunten qué fue de su suerte, qué fue de su empleo, de sus ilusiones por vivir de acuerdo a sus propios códigos familiares, por entregar el relevo de un país feliz, en paz y progreso. Quién y con qué derecho inventó este nuevo país de conflictos y desesperanza cuando más recursos materiales y conocimiento tenía a su alcance.

Y las respuestas son pocas, la desidia, un trágico individualismo y la débil vocación colectiva. Ya no queremos compartir nada, 17 etnias encondas en la búsqueda de las diferencias y los favores, poco más que eso queda de quienes un día fuimos.

Toca despertar de un mal sueño. Toca identificar nuevos rumbos y líderes. Toca hacer un frente común ciudadano frente a quienes hemos identificado como autores de la estafa intelectual y moral que vivimos, fruto de una mezquina y vacía casta, solo llena de poder.

Es el momento de caminar codo con codo con nuestros hijos frente a la lelocracia triunfante y apretar los dientes en un último esfuerzo por ser nosotros mismos, aquellos cuyos valores quedaron aparcados por la desidia. Para decirles que con nosotros pudieron, pero que con ellos no podrán, que ha de llegar un inevitable relevo que nos devuelva lo que tan estúpidamente regalamos pensando que seríamos servidos y condenándonos a ser sus siervos.

Tal vez la abstención y el desinterés por la participación política, tenga mucho que ver con estos sentimientos. Puede que ya seamos mayoría sin saberlo. Y puede que internet nos ayude algún día a capitalizar esa masiva disidencia en favor de nuevas ideas y viejos valores.

Como siempre, con sus comentarios sobre cómo capitalizar la frustración y la disidencia política, elaboraremos nuestro Manifiesto.

Los que jalean a los terroristas
Antonio MARTÍN BEAUMONT La Razón 24 Julio 2009

Aunque la decisión no es definitiva, parece que en la Audiencia Nacional prevalece la idea de que determinados actos de homenaje a presos etarras no suponen colaboración con la banda. Curioso, desde luego. Y discutible, por supuesto.
Entiendo la naturaleza de los derechos fundamentales en la Constitución. No habría democracia sin libertades de reunión, manifestación y expresión. En caso de duda debe prevalecer el derecho frente a limitar su ejercicio. Eso es democracia.

Pero también lo es que todos los ciudadanos tengan garantizada su seguridad. Y eso será imposible mientras ETA conserve respaldo público. Porque con ETA en activo no cabe hablar de ejercicio de derechos sino de abuso de los mismos.
Es una cuestión espinosa, pero el hipergarantismo jurídico al final refuerza el terrorismo. Ningún derecho constitucional puede usarse contra la libertad de los demás. Es cierto que están garantizadas las libertades incluso de los que tienen opiniones que se salen de la Constitución.

Pero eso no incluye a los que matan, extorsionan, secuestran e insultan. Esos presos a los que se homenajea y para los que se pide un traslado a sus casas no son delincuentes de opinión, sino asesinos confesos. También lo son, por definición, quienes los apoyan de cualquier modo. Y para eso no debe haber ni derecho ni libertad. Lo que está en juego no es la carrera de ningún juez, sino la libertad de las víctimas.

El guapo
Alfonso USSÍA La Razón 24 Julio 2009

De la Audiencia Nacional y sus alrededores, el más guapo es el juez Santiago Pedraz. Una reputada letrada me lo definió con pasión. «Es monísimo». A quien escribe, que no le gustan los hombres y tarda en exceso en apreciar sus bellezas físicas, no le importa reconocer que Pedraz es, efectivamente, muy guapo. No he oído su voz, pero de tenerla barítona, el hombre puede hacer estragos no sólo en la Audiencia Nacional, sino en las calles adyacentes, las del marqués de la Ensenada, el general Castaños, Orellana y la Plaza de París. Por ahí está también la de Génova, con sus peculiaridades políticas. Pues aun así, también en Génova es Santiago Pedraz el más guapo y distinguido, que le saca varias cabezas de ventaja a Baltasar Garzón, que en verano pierde muchos enteros sin sus chaquetones.

Belleza aparte, el juez Pedraz es un chollo para el mundo batasuno. Les autoriza todos los actos de homenaje a terroristas etarras, vivos o muertos. Es Pedraz un hombre de gran originalidad interpretativa, y lo mismo dice que insultar y vejar a la figura del Rey carece de importancia como asegura que homenajear a los asesinos etarras es un derecho de reunión de los convocantes. En las hemerotecas se pueden consultar y confirmar las numerosas interpretaciones permisivas con las que el juez Pedraz ha distinguido a los batasunos. Por desgracia, los hombres guapos también se equivocan.

El juez Pedraz proviene de Bilbao, que es plaza complicada. Excesivas tensiones, intuyo. En Bilbao, al menos cuando gobernaba el PNV, no tratan con cortesía a los intérpretes de las leyes cuando los perjudicados de la interpretación pertenecen al mundo nacionalista, ya sea el burgués y beatorro de «Sabin Enea» o el sangriento y brutal de los «gudaris» encapuchados. Para recibir la simpatía del PNV hay que ser un juez del sistema, y no es mi intención señalar a Pedraz como inmerso en el mismo, pero no cabe duda de que aún no se le han secado las hombreras de los últimos «shirimiris».

Este tipo de actos, con el permiso del juez Pedraz, son meros y clamorosos homenajes a criminales. Se vitorea y aplaude a los terroristas. Se exhiben pancartas de apoyo a los asesinos. Se insulta y se humilla a las víctimas y por lo normal, terminan quemándose Banderas de España. Desde mi ignorancia presiento que ese tipo de acciones no pueden estar integradas en los derechos de reunión de los convocantes, pero tampoco me atrevo a asegurarlo, entre otros motivos porque me duele una barbaridad una muela, y con dolor de muelas se pueden escribir bastantes tonterías. Y lo mismo les puede suceder a los jueces, sean guapos o feos. Que un dolor de muelas les impida ver las cosas con claridad, y les salgan esos churros tan difíciles de comprender por una ciudadanía que no sabe interpretar las leyes, pero sí distinguir entre el bien y el mal, entre los asesinos y las víctimas, entre el Estado de Derecho y el horror establecido. La excelencia en los conocimientos jurídicos y los dolores de muelas juegan muy malas pasadas.

De modo que recomiendo al juez Pedraz, el más guapo de Madrid, que haga lo que yo. Visitar inmediatamente al dentista y dejarse de vainas. O al oftalmólogo, que tampoco es manco, porque este hombre no ve iguales las cosas que la mayoría de los viandantes.

¿Qué deuda con Cataluña?

JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 24 Julio 2009

CUANDO José Montilla dice que «la nueva financiación autonómica ha saldado la deuda que España tenía con Cataluña», ¿a qué deuda se refiere? ¿A que la primera gran fábrica de automóviles en nuestro país la instaló el INI en Barcelona? ¿A que también montó en Tarragona un gran centro petroquímico? ¿O a que el Gobierno y el pueblo español se volcaron para conseguir que los Juegos Olímpicos del 92 fueran para Barcelona y constituyeran un éxito? ¿O tal vez se refería a la nueva y majestuosa Terminal de El Prat, que acaba de inaugurar a bombo y platillo, pese a haber sido sufragada por el Estado, es decir, por todos los españoles a tocateja? ¿Se refería usted, señor Montilla, a esos precedentes para justificar que Cataluña reciba más que nadie en la nueva financiación autonómica? Porque, en ese caso, es Cataluña la que está en deuda con España. En cuanto a su otro argumento, que «Cataluña, por aportar más, debe recibir más del Estado», ¿significa que su Andalucía natal, que aporta menos, debe recibir también menos? Aclárenoslo, por favor, pues no se puede defender una cosa y la contraria, a no ser que se sea un bobo o un pícaro.

Claro que si lo que usted trata de decir es que Cataluña viene perdiendo su ventaja sobre el resto de España, se lo concedemos. Pero no se debe a que España sea menos solidaria con Cataluña, sino a que los gobiernos catalanes, incluido el suyo, han dedicado enormes cantidades de energía, tiempo y dinero a montar un estado virtual catalán, mientras las demás comunidades españolas se dedicaban a aumentar su productividad y capacidad industrial, como hacía antes Cataluña, que ahora pierde posiciones. Pero de ello no tienen la culpa el resto de los españoles, tienen la culpa sus socios de gobierno, empeñados en empequeñecer Cataluña en vez de engrandecerla. E incluso usted mismo no es inocente en esta tragedia de equivocaciones, al querer ser más catalanista que sus predecesores en el cargo, apellidándose Montilla, o tal vez por eso. Y déjeme decirle al oído un secreto: el mayor creador de anticatalanismo hoy en España es José Luís Rodríguez Zapatero, con su afán de dar a Cataluña más que a los demás. Un presidente de gobierno, como un padre con sus hijos, no puede tener preferencias entre sus conciudadanos, so pena de crear resentimientos.

Pero a lo que íbamos: no hay deuda ni injusticia de España con Cataluña, por la sencilla razón de que Cataluña es tan España como Aragón, Castilla o Andalucía, quiero decir que todas ellas tienen iguales razones para sentirse o no sentirse españolas. En cualquier caso, la única deuda que un día puedan reclamarnos los catalanes al resto de los españoles es haberle enviado a usted al Principado. Pero esa es una deuda que estamos pagando todos.

Pitada del himno
Permiso para ultrajar
Cristina Losada Libertad Digital 24 Julio 2009

Dos asociaciones, ambas radicadas en Cataluña, y subvencionadas por su Gobierno, pueden preparar tranquilas su próxima demostración de incivilidad y patanería. Un juez de la Audiencia Nacional ha decidido que la libertad de expresión les ampara. Organizar una pitada contra España en un estadio de fútbol no injuria ni ultraja y mucho menos propugna (sic) el odio nacional. Así dice el juez Santiago Pedraz, un firme partidario de la intervención mínima frente a quienes se guían por el principio de la agresión máxima. Y con motivo. Cuanto más agreden –no sólo verbalmente– mejor les va.

Por razones que a estas alturas han debido de quedar obsoletas, el Código Penal incluye un título de Delitos contra la Constitución cuyo Capítulo VI se refiere a los ultrajes a España. Consta de un solo artículo, el 543, que dice: "Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses". El himno es símbolo de España, pero abuchearlo ante miles de aficionados y millones de telespectadores no ofende. Manos blancas las de los secesionistas groseros. ¿Qué será ofensa y ultraje? Chi lo sa?

El caso es que lo intuimos. Una pitada monumental al himno o la bandera de cualquier nacionalidad histórica e histérica, y hasta de cualquier autonomía que se precie, sería ofensa, ultraje, injuria y desprecio, síntoma de peligrosas fobias e incitación al genocidio cultural. Habría indignadas protestas y exigencias de desagravio y castigo ejemplar. Y un juez Pedraz de turno asentiría. Es cuestión de sensibilidad. De sentir cuáles son las corrientes políticas hegemónicas y nunca oponerse a ellas. Por eso se intuye también que su permiso para ultrajar es selectivo: a España que le den, pero cuidadito con herir los sentimientos del nacionalismo, tan frágiles.

Bien mirado, los cafres de la pitada han de sentirse ofendidos. Si no provocan el odio es que en su pitada contra España había cariño. A cambio pueden vanagloriarse de haber cortado varias cabezas. Pues los únicos sancionados por el incidente serán el jefe de Deportes de TVE y otros miembros del equipo que, ¡horror!, vulneraron el derecho de los gamberros a ser oídos con claridad por todos.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

EN EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA
El Supremo disuelve los grupos municipales de ANV y les retira los fondos
El Tribunal Supremo ha acordado la disolución de los grupos municipales de ANV en ejecución de la sentencia de ilegalización de septiembre de 2008. Además, el Supremo ordena que se les retire los fondos que vienen percibiendo.
EUROPA PRESS Libertad Digital 24 Julio 2009

La Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo -competente en los procesos de ilegalización del PCTV y ANV-, ha acordado la disolución de los grupos municipales de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en 125 ayuntamientos, así como el grupo de este partido en las Juntas Generales de Álava, en ejecución de la sentencia que ilegalización la citada formación política en septiembre de 2008.

La Sala el artículo 61 del Tribunal Supremo -competente en los procesos de ilegalización del PCTV y ANV-, ha acordado la disolución de los grupos municipales de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en los ayuntamientos que aún contaban con esta formación, así como el grupo de este partido en las Juntas Generales de Álava, en ejecución de la sentencia que ilegalizó la citada formación política en septiembre de 2008.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, acuerda dirigir un mandamiento al presidente de las Juntas Generales de Álava y a los alcaldes de los distintos ayuntamientos afectados "para que, en su caso, cesen en el abono de toda cantidad que vinieran percibiendo dichos grupos".

Reconoce el auto que de los 125 ayuntamientos que contaban con grupo de ANV a finales del pasado año, y tras la disolución de los mismos acordada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón -enmarcada en su investigación penal al respecto-, sólo quedaban unos cuantos consistorios con grupo municipal propio de la formación ilegalizada.

Respecto del grupo del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) en el Parlamento de Vitoria (ezker abertalea), la pretensión en el mismo sentido se declara "carente de objeto" pues dicho grupo ya no existe desde que quedó disuelto el propio Parlamento Vasco el pasado 9 de enero.

No obstante, se consigue que el dinero al que el citado grupo parlamentario tenían derecho a percibir vía subvenciones no les sea entregado y será el actual Parlamento Vasco el que decida el fin al que se destinan dichas cantidades, sin que en ningún caso puedan directa o indirectamente financiar al PCTV, según señalaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Respecto a ANV, este auto determinará que todos los concejales electos por ANV vean disueltos sus grupos municipales -allá donde existan-, que dejen de entregarse cantidades en cualquier concepto a dichos grupos y que los concejales de la formación ilegalizada pasen a ser miembros no adscritos en sus respectivas corporaciones.

Ambas resoluciones fueron notificadas este jueves, pero tienen fecha de 16 de julio, que es cuando se reunió la citada Sala del 61 para deliberar sobre esta cuestión, que se encontraba pendiente desde el pasado mes de diciembre.

Fue en diciembre cuando la Sala especial dio por iniciado el trámite de ejecución de las sentencias de ilegalización de PCTV y ANV -dictadas en cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos- y dio un plazo a los ayuntamientos a las juntas de Álava para que alegaran lo que consideraran oportuno respecto a la petición de disolución formulada por la Fiscalía y por la Abogacía General del Estado.

Ambos autos rechazan todos los argumentos esgrimidos por los grupos electos afectados por la ilegalización, en coincidencia con los informes emitidos al respecto por la Abogacía y por la Fiscalía. Afirma la Sala del 61 que "es innegable (...) que en el terreno de la sociología política, los grupos parlamentarios son una genuina emanación del los partidos políticos" y que esta conexión está reconocida en la propia Ley de Partidos.

"Si la actuación de los grupos políticos formados por un partido político puede ser determinante de su ilegalización, parece natural consecuencia de la disolución judicial del partido político la disolución de los grupos que se hayan constituido como emanación del mismo", añade la resolución.

Los argumentos del Supremo reiteran los contenidos en el auto dictado por esta misma Sala en mayo de 2003 por el que se acordó la disolución del grupo parlamentario formado en el Parlamento Vasco por los parlamentarios pertenecientes a la también ilegalizada Batasuna.

El requerimiento que se realizó en diciembre por el Tribunal Supremo se realizó a 125 ayuntamientos que contaban con grupo municipal de ANV, si bien el resultado de las notificaciones efectuadas o intentadas a los portavoces de estos grupos municipales ha puesto de manifiesto que sólo en algunos municipios existe en la actualidad tal grupos.

En algunos casos, el grupo municipal de ANV se disolvió como consecuencia de la orden de suspensión del Juez Central de Instrucción número 5, y sus integrantes pasaron a incorporarse a un grupo mixto. En otros, según reconoce el auto, los candidatos presentados por ANV están actuando sin incorporarse a ningún grupo, "sin que pueda determinarse si eso ocurre desde la constitución del ayuntamiento o desde la suspensión de ANV" acordada por Garzón.

El PP felicita al Supremo
El Partido Popular felicitó al Tribunal Supremo por acordar la disolución de los grupos municipales de ANV en los 125 ayuntamientos que aún contaban con esta formación y en las Juntas Generales de Álava. Una decisión que, según subrayó, "refuerza enormemente" la lucha del Estado de Derecho contra el terrorismo.

En un comunicado, la formación liderada por Mariano Rajoy mostró su satisfacción "por la coherencia y la eficacia de una decisión que nos afecta a todos, que refuerza enormemente la lucha del Estado de Derecho contra el terrorismo y que acaba con el último bastión de los terroristas en las instituciones".

TRAS SU ILEGALIZACIÓN
El Supremo da el golpe de gracia a ANV y corta sus 125 tentáculos
Elsemanaldigital.com 24 Julio 2009

Después de que los proetarras desaparecieran del Parlamento vasco, era la decisión más esperada por los partidos democráticos y las víctimas. Ya no tendrán refugios institucionales.

Ya eran partidos ilegalizados y sin representación en el nuevo Parlamento vasco, pero faltaba el golpe de gracia del Tribunal Supremo que venían solicitando el Partido Popular y las asociaciones de víctimas para que los proetarras salieran de los ayuntamientos vascos y navarros. Y, por fin, la buena noticia.

El alto tribunal -competente en los procesos de ilegalización del PCTV y ANV-, ha acordado la disolución de los grupos municipales de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en 125 ayuntamientos, así como el grupo de este partido en las Juntas Generales de Álava, en ejecución de la sentencia que ilegalización la citada formación política en septiembre de 2008. El documento acuerda dirigir un mandamiento al presidente de las Juntas Generales de Álava y a los alcaldes de los distintos ayuntamientos afectados "para que, en su caso, cesen en el abono de toda cantidad que vinieran percibiendo dichos grupos".

Reconoce el auto que de los 125 ayuntamientos que contaban con grupo de ANV a finales del pasado año, y tras la disolución de los mismos acordada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón -enmarcada en su investigación penal al respecto-, sólo quedaban unos cuantos consistorios con grupo municipal propio de la formación ilegalizada.

Respecto al grupo del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) en el Parlamento de Vitoria, la pretensión en el mismo sentido se declara "carente de objeto", pues dicho grupo ya no existe desde que quedó disuelto el propio Parlamento Vasco el pasado 9 de enero. No obstante, se consigue que el dinero al que el citado grupo parlamentario tenían derecho a percibir vía subvenciones no les sea entregado y será el actual Parlamento Vasco el que decida el fin al que se destinan dichas cantidades, sin que en ningún caso puedan directa o indirectamente financiar al PCTV, según fuentes jurídicas.

Respecto a ANV, este auto determinará que todos los concejales electos por la formación heredera de Batasuna vean disueltos sus grupos municipales -allá donde existan-, que dejen de entregarse cantidades en cualquier concepto a dichos grupos y que los concejales de la formación ilegalizada pasen a ser miembros no adscritos en sus respectivas corporaciones.

Ambas resoluciones fueron notificadas este jueves, pero tienen fecha de 16 de julio, que es cuando se reunió la citada Sala del 61 para deliberar sobre esta cuestión, que se encontraba pendiente desde el pasado mes de diciembre. Fue en diciembre cuando la Sala especial dio por iniciado el trámite de ejecución de las sentencias de ilegalización de PCTV y ANV -dictadas en cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos- y dio un plazo a los ayuntamientos a las juntas de Álava para que alegaran lo que consideraran oportuno respecto a la petición de disolución formulada por la Fiscalía y por la Abogacía General del Estado.

Ambos autos rechazan todos los argumentos esgrimidos por los grupos electos afectados por la ilegalización, en coincidencia con los informes emitidos al respecto por la Abogacía y por la Fiscalía. Afirma la Sala del 61 que "es innegable (...) que en el terreno de la sociología política, los grupos parlamentarios son una genuina emanación del los partidos políticos" y que esta conexión está reconocida en la propia Ley de Partidos. "Si la actuación de los grupos políticos formados por un partido político puede ser determinante de su ilegalización, parece natural consecuencia de la disolución judicial del partido político la disolución de los grupos que se hayan constituido como emanación del mismo", añade la resolución.

Los argumentos del Supremo reiteran los contenidos en el auto dictado por esta misma Sala en mayo de 2003 por el que se acordó la disolución del grupo parlamentario formado en el Parlamento Vasco por los parlamentarios pertenecientes a la también ilegalizada Batasuna.

Francisco Fernández (PLIE):
"Baleares encaja de forma natural en España, no en los 'Países catalanes"

"El PP introdujo el catalán en Baleares, pero nunca se imaginó el alcance de esa decisión"
Belén Piedrafita www.lavozlibre.com 24 Julio 2009

Palma de Mallorca.- "La persona es mucho más importante que cualquier institución y territorio. Debemos protegerla frente a la imposición de grupo". Francisco Fernández es el presidente del Proyecto Liberal Español (PLIE), un partido político creado el 3 de diciembre de 2007. El 30 de mayo asistieron a la manifestación por la Libertad Lingüística que tuvo lugar en Palma de Mallorca organizada por Círculo Balear.

- ¿Cuáles son sus objetivos?
- Somos un partido de ideología liberal. Pretendemos traer a España una tradición y una doctrina que tiene más de 200 años y que consideramos que se ha perdido o que está incluida en partidos que ahora mismo no la están representando. Nuestra actividad se desarrolla desde un punto de vista humanista y foral. De ahí que hayamos participado en la defensa de los derechos lingüísticos y de la libre elección, porque como partido foralista creemos que hay que defender y, sobre todo, rescatar los derechos propios de cada una de las comunidades autónomas tal y como se han dado históricamente. Y en este sentido, las Islas Baleares también necesitan ser defendidas. Me refiero al bilingüismo, pero en este caso lo entendemos entre castellano y mallorquín, no catalán. Los derechos forales de Baleares son muy diferentes a los de Cataluña. Es una buena vía para poder defender científicamente nuestra lengua, tradición y costumbres. Creo que somos el primer partido político que está defendiendo esta postura, no sólo políticamente, sino también con argumentos científicos y de derecho.

- ¿Cómo considera que se puede aplicar a nivel práctico la doctrina liberal en España?
- En todos los partidos políticos hay liberales, pero es la primera vez que se designa un partido propiamente liberal. Los postulados liberales se han mantenido mejor en el resto de Europa, por lo que en España deberemos ser un poco dogmáticos si queremos explicarle a la gente en qué consiste esta ideología.

- ¿Cómo resumiría el pensamiento liberal?
- El liberalismo defiende básicamente la libertad del individuo frente al Estado. Ése es el postulado máximo. Esa libertad del individuo tiene connotaciones que para nosotros son muy humanistas. Creemos que la persona es mucho más importante que cualquier institución y debemos preservar y proteger sus derechos frente a cualquier tipo de imposición de grupo.

- ¿Por eso defienden la libertad de elección lingüística?
- Sí. Una persona tiene el derecho a ejercer libremente la lengua en la que ha sido educadoa, ya sea porque es su lengua materna, porque la conoce o porque la ha recibido por tradición oral. Ese derecho tiene que estar protegido por los partidos que así lo entiendan frente a las imposiciones de grupos nacionalistas. Para ellos, el territorio está por encima de la persona. Por eso imponen una lengua sobre esas personas, independientemente de que ésta sea o no la propia del lugar. En las Islas Baleares existe un problema muy singular. No hay ninguna otra comunidad autónoma en España que esté padeciendo la imposición que se está viviendo aquí. No es solamente la falta de bilingüismo y de equilibrio entre el castellano y el catalán, sino que desde nuestro punto de vista este catalán debería ser mallorquín.

- ¿Cuál piensa que es el conflicto lingüístico en las Islas Baleares?
- El conflicto fundamental deriva de la polémica entre el mallorquín y el catalán. Se da el malentendido de que al haber un conflicto se impone inmediatamente el catalán, cuando en realidad también el mallorquín tiene virtualidad práctica. Esta segunda es la lengua que se usa en las Islas Baleares, que tiene una aceptación del 70% de la población.

- ¿Cree que existe una problemática lingüística en España?
- Sí, pero es un conflicto artificial creado por los partidos políticos y manejado como un negocio, al igual que sucede con otros asuntos fundamentales en España. En su día a día, la gente utiliza la lengua como vehículo para entenderse. Por eso, la responsabilidad de lo que está sucediendo en este asunto y las confrontaciones que se puedan crear vienen directamente de los partidos políticos. Por eso entendemos que es muy necesario que los partidos se definan de manera concreta. Lo peor que puede suceder cuando hay un conflicto es la ambigüedad.

- ¿Por qué cree que la lengua se enfoca en España como un problema cuando los ciudadanos no tienen ningún conflicto con ella?
- Si los ciudadanos quieren que realmente se respeten sus derechos van a tener que ejercerlos por la vía política. Es la única forma de la que los puedan reivindicar. Sin embargo, cuando entramos en ese plano surge el conflicto y lo que es un uso cotidiano entre las personas se convierte en un arma arrojadiza entre los partidos. Nosotros creemos que de aquí a cuatro o cinco años la conflictividad va a dispararse, lo que sociológicamente va a traer graves consecuencias en la división de España.

- ¿Qué opina del sistema educativo español?
- Debería centralizarse. Desde el punto de vista liberal, las materias de Educación, de Sanidad y las Urbanísticas tienen que formar parte del núcleo duro del Estado. Todo lo que suponga dar estas competencias a las comunidades pone en serio peligro que un alumno de una región no reciba la misma enseñanza que el de otra. Por supuesto, pensamos que podrían darse horas de clase o materias que tuvieran que ver con la realidad de cada comunidad, pero entendemos que a nivel de competitividad es imprescindible que el Estado asuma sus competencias.

- ¿Cómo gestionarían ustedes la educación en las comunidades bilingües?
- Hay cuestiones puntuales que compartimos con algunos partidos políticos. Abogamos por la libre elección de lengua. Queremos que sean los padres los que elijan en qué lengua quieren educar a sus hijos. Pensamos que se debería obligar a todos los centros educativos a garantizar a los padres la libre elección. Ésta sería una gran inversión puesto que estamos hablando de atenuar el conflicto social y de proporcionar a los futuros profesionales una formación básica.

- ¿Alguna de las Comunidades bilingües tiene un modelo educativo que les agrade más?
- Parece ser que en el País Vasco se está introduciendo la posibilidad de poder elegir la lengua, pero se está realizando en centros muy concretos. En oposición, nos encontramos con lo que ha sucedido en las últimas semanas en Cataluña, donde están aprovechando esa delegación de competencias para atentar incluso contra la libertad de cátedra. El cambio político en el País Vasco ha propiciado que el PP y el PSOE se hayan puesto de acuerdo y hayan incidido en esta materia, mientras que en aquellas comunidades donde dominan o son importantes las decisiones de partidos nacionalistas, se atenta contra la normativa clásica. Así pues, nos oponemos completamente a este tipo de desarrollos que se están dando en Cataluña y Galicia y aspiramos a un entendimiento a nivel nacional parecido al que se está dando en este momento en el País Vasco.

- No sé si conoce el caso de la Comunidad Valenciana. Normalmente se suele atribuir la inmersión lingüística a partidos nacionalistas, pero en esta región, donde gobierna el Partido Popular, muchos ciudadanos se quejan de que los itinerarios de castellano prácticamente han desaparecido.
- Desde nuestro punto de vista, lo que está sucediendo en la Comunidad Valenciana es un caso sintomático de esta ambigüedad. En la práctica, las tesis que se imponen son las nacionalistas y los que salen perdiendo, incluso engañados en las urnas electorales, son todos aquellos ciudadanos que han creído que los partidos nacionales defendían una cosa y luego realmente hacen otra.

"EN BALEARES SE ESTÁ ACABANDO CON NUESTRA TRADICIÓN Y CON NUESTRA LENGUA"
- ¿Por qué cree que en Baleares se está enseñando catalán y no mallorquín? ¿De dónde cree que procede esta situación?
- Hace treinta años aproximadamente que se aprobó el primer Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, que abrió la puerta a la posibilidad de que el catalán fuera la lengua propia de esta zona. En primera instancia, fue el Partido Popular el que llevó esto adelante, pero según sus propias declaraciones nunca se imaginaron el alcance de esa decisión. Pero la propia evolución de la situación, la influencia de los partidos nacionalistas, la conflictividad social generada y la manera en la que se han distribuido esos poderes han provocado que a través de la lengua se pueda adquirir un sistema de subvenciones y de prebendas que de otra manera hubiera sido imposible. Gracias a ello, los nacionalistas se mantienen en el poder. Creemos que los ciudadanos de Baleares tienen el derecho de luchar políticamente contra esa imposición y decir que no la aceptan. Por eso participamos en una manifestación que consideramos histórica. En ella, vimos como una gran mayoría de ciudadanos de Baleares no están dispuestos a aceptar esta imposición nacionalista.

- ¿Cuál es la realidad social de las Islas Baleares?
- Las personas, en su mayoría, que se expresan en su vida cotidiana en mallorquín y respetan profundamente el castellano, no entienden por qué se le tiene que llamar catalán a una lengua que ellos nunca han hablado. En las Islas Baleares se está acabando con nuestra tradición, con nuestra lengua y con todo lo que ha sido propio de una región como la nuestra.

- ¿Cuál cree que es el futuro de esta situación?
- La estratificación social. El poder balear reserva los puestos más importantes para aquéllos que tengan una opción catalanista. Se secuestra la libertad de cátedra de los profesores y se tergiversa la verdad. Desde nuestro punto de vista, las Islas Baleares encajan de forma natural en España, no en los 'Países catalanes'.
 

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El delirio lingüístico gallego
Roberto Blanco Valdés La Voz 24 Julio 2009

Se ha publicado recientemente en castellano un libro apasionante, La primera palabra, de Christine Kenneally, doctora en lingüística por la Universidad de Cambridge, cuyo fin es reflexionar sobre el origen del lenguaje. De las muchas conclusiones que cabe obtener tras su lectura destaca una que la autora da sencillamente por supuesta como punto de partida de su análisis: que el lenguaje -el de los humanos, desde luego, pero también el que se atribuye a otros seres inferiores como su posible antecedente- tiene por finalidad esencial la comunicación.

Es esa una evidencia tan palmaria que sorprende la facilidad con la que en España hemos aceptado que las lenguas sean también instrumentos de manipulación política (de artificial construcción de identidades) aunque ello sea a costa de eliminar su utilidad para que las personas puedan entenderse.

Lo ocurrido con los denominados procesos de normalización lingüística en el País Vasco, Galicia o Cataluña lo demuestra sin posible apelación. Y así, aunque parece claro que en el ámbito lingüístico lo normal sería respetar la libertad de cada uno, esa libertad ha debido ceder ante los intereses superiores de las mal llamadas lenguas propias, que, decretados por las autoridades políticas de turno, han acabado por ser la coartada para absurdos e injustos atropellos.

Uno de ellos acaba de ser denunciado por el Valedor do Pobo de Galicia, quien, con razón, ha sugerido a la Consellería de Sanidade que la información en materia de salud se suministre también en castellano.

Para cualquiera que no conozca las claves disparatadas del delirio lingüístico en que vivimos en algunas regiones españolas desde hace más de veinte años la petición podría resultar incomprensible. Pues, ¿cuál debe ser la finalidad de cualquier campaña informativa? No es complicado: informar a la ciudadanía. ¿Cómo debe informarse a la ciudadanía? Parece obvio: de un modo que le resulte inteligible. ¿Y qué hay que hacer en Galicia para alcanzar tal meta? Es público y notorio: informar en los dos idiomas en los que hablamos los gallegos.

¿Por qué, violando flagrantemente la cooficialidad prevista en la Constitución y el Estatuto de Galicia, se informa, sin embargo, solo en uno de los dos idiomas del país? Ustedes lo saben como yo: porque cualquier campaña pública debe anteponer a su propósito material (sea este el que sea) el objetivo prioritario de contribuir a esa normalización lingüística que ha convertido a Galicia -desde hace mucho, un país bilingüe- en un país esquizofrénico, donde una cosa es la realidad y otra su falsa apariencia oficial. Un país donde, para pasmo de mucha gente sensata, la lengua ha acabado convirtiéndose en un vehículo de incomunicación.

Sobre las lenguas propias de Galicia
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 24 Julio 2009

PEDRO M. LARRAURI: La legislación gallega sobre las lenguas está mal redactada, y pienso que habría que corregirla cuanto antes, para que algunos dejaran de usarla en contra de los que no son como ellos. Nadie discute que en Galicia hay dos lenguas oficiales, el gallego y el castellano (o español). Pero se afirma y se registra (Estatuto de Autonomía de 1981) que el gallego es la lengua propia de Galicia. Y da la sensación de que entonces el castellano es lengua impropia. Sin embargo el término lingua o lengua propia no aparece como acepción gallega en el diccionario de la Real Academia Gallega (RAG), ni como castellana en de la Real Academia de la Lengua Española (RAE).

La lengua es algo propio de las personas. Dado que los países no hablan, sólo se puede decir de manera figurada o impropia que un territorio tiene una lengua. Y quizá podría considerarse correcto si todos los habitantes de ese territorio hablaran la misma lengua. Pero no es en el caso que nos concierne.

Cada persona tiene una lengua materna, y el diccionario de la RAG define lingua materna como a primeira lingua que se aprende a falar na nenez. Unos gallegos tienen el gallego como lengua materna y otros el castellano. La propia Ley de Normalización Lingüística de Galicia (de 1983) afirma en su artículo 13 que los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua materna, y que el Gobierno gallego arbitrará las medidas necesarias para hacer efectivo ese derecho.

Sería más adecuado que las leyes se modificaran y dijeran que el gallego es la lengua autóctona de Galicia, sabiendo que autóctono significa que algo ha nacido o se ha originado en el mismo lugar donde se encuentra (diccionario RAE). Aunque también hay que pensar que el gallego no es totalmente autóctono, pues deriva del latín, una lengua impuesta por los invasores romanos. ¿Alguien reivindica el uso de las lenguas célticas prerromanas como las verdaderamente gallegas?

Por último añadir que la RAG define lingua franca como a utilizada por persoas de linguas maternas diferentes para podérense comunicar entre si. En este sentido se puede afirmar sin ninguna dudad que el español es lengua franca en nuestra Comunidad, pues todos los gallegos saben castellano, pero no todos saben gallego. Y aunque el término lengua propia es para muchos un invento político de los nacionalistas, de lo anterior se podría deducir, hablando figuradamente, que el castellano, aunque no sea autóctono, es la lengua más propia de Galicia, la única que saben hablar todos los gallegos.

Pedro M. Larrauri (Vigo)
La Voz de Galicia
Sábado 18 de julio de 2009
http://www.lavozdegalicia.com/cartasdirector/2009/02/21/0112AF4FE67ED4A6BC8300D13A01B4156D0B.htm%5Binicio@71%5D#comentario
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Política Lingüística dice que el resultado de las encuestas se conocerá «en días» y recuerda que no es un referendo

La Voz 24 Julio 2009

El resultado de las encuestas sobre el uso del gallego en la enseñanza se conocerá «en días», según afirmó ayer el secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, quien no precisó la fecha exacta en la que se dará a conocer. Lourenzo precisó en todo caso que se trata de encuestas y no de «referendos» sobre el idioma, en velada alusión a que la consulta -que es el punto de arranque para la derogación del actual decreto del gallego- será tenida en cuenta por la Consellería de Educación como un elemento fundamental en este proceso, pero no el único.

Lorenzo hizo estas declaraciones tras firmar con el rector de la Universidade de Santiago (USC), Senén Barro, un convenio que da continuidad al trabajo de investigación que realiza el Instituto da Lingua Galega, adscrito a la institución académica compostelana. Barro afirmó que la cuarta parte del profesorado universitario ejerce «un uso pleno do galego» en las aulas y que el 25% de las clases se imparten en este idioma. El rector de la USC reconoció que mayoritariamente se utiliza el castellano, y que el uso del gallego «non retrocede, pero tampouco se pode dicir que avance a pasos longos nos últimos anos», por lo que abogó por insistir en la formación del profesorado y promover un uso más intenso del gallego en el ámbito universitario y en los demás niveles educativos. El secretario xeral destacó el esfuerzo de la USC en la promoción del gallego y afirmó que los resultados «non se miden nun 5% máis de falantes ou de teses en galego, pois trátase dun traballo de fondo e a longo prazo». También valoró que la USC es un referente para muchos servicios lingüísticos, tanto universitarios como de otros ámbitos.

Respecto al alto porcentaje de personas que suspenden las pruebas para obtener el certificado Celga 4 de conocimientos de lengua gallega, que alcanza el 60%, Anxo Lorenzo afirmó que este examen es un sistema consolidado y que la Xunta está satisfecha con su funcionamiento, si bien necesita retoques para adaptarlo a las demandas de la sociedad. Recordó que antes de la implantación del Celga 4, se criticaba el anterior sistema «porque aprobaba todo o mundo». Mediante el convenio suscrito ayer, Política Lingüística aportará 208.000 euros y la USC continuará con la elaboración y actualización de la base de datos lexicográfica y con el mantenimiento del Tesouro Informatizado da Lingua Galega.

Lorenzo anuncia la publicación «en días» de los resultados de la encuesta de la enseñanza
A. F. | SANTIAGO ABC Galicia 24 Julio 2009

La Xunta dará a conocer «en días» -según explicaba ayer el secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo- los resultados de la polémica encuesta sobre la lengua en la enseñanza realizada por la Xunta como uno de los compromisos de campaña de Núñez Feijóo. El responsable de la Consellería de Educación confirma así lo anunciado por el presidente, que el pasado 17 de julio establecía en los últimos días del mes la fecha límite para dar a conocer los resultados de la consulta a los padres.

La consulta, que se desarrolló entre el 15 y el 19 del pasado mes de junio, englobó a los padres o tutores legales de más de 330.000 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional. La tardanza en la publicación de los resultados motivó que el portavoz de Educación del grupo socialista en el Parlamento, Guillermo Meijón, acusase el pasado viernes a la Xunta de que el retraso escondía un «gran pucherazo» con los resultados de la consulta.

Los mismos, para Lorenzo, no constituyen «refrendos», comentario en relación al peso que tendrá la respuesta de los progenitores en la elaboración del nuevo decreto sobre la enseñanza, que sustituirá al 124/2007, que será derogado. El titular de Política Lingüística realizó estas declaraciones tras la firma de un convenio con la Universidad de Santiago, en el que confirmó que la utilización de la lengua gallega «ni avanza, ni retrocede» en la universidad, por lo que pidió estrategias de refuerzo de su uso. «Sólo una cuarta parte de las clases se importe en gallego», señalaba el rector de la institución compostelana, Senén Barro, durante el acto.

Nueva plataforma
La Mesa pola Normalización Lingüística difundió ayer un comunicado en el que hace pública la constitución, el pasado 14 de julio, de la plataforma «Queremos galego», un conglomerado en el que tienen presencia la citada asociación, los sindicatos CIG y Sindicato Labrego Galego, los partidos BNG y Esquerda Unida, las organizaciones estudiantiles Comités, el partido Galiza Nova, la asociación ecologista Adega, la Asociación de Escritores en Lingua Galega, la Coordinadora Galega de Equipos de Normalización Lingüística o las fundaciones Castelao y Pedrón de Ouro, entre otros. La plataforma ciudadana pretende impulsar una Iniciativa Legislativa Popular «para garantizar los derechos lingüísticos» y la convocatoria de «una gran movilización nacional» en Santiago en otoño.

Los empleados hallaron el artefacto con un cartel de «Peligro»
Los Tedax explosionan una «lata-bomba» en un cajero de Vigo
L. Vázquez La Razón 24 Julio 2009

vigo- Los empleados de una sucursal bancaria de Caixanova en Vigo dieron la voz de alarma hacia las 8:30 horas de la mañana de ayer tras encontrar, en el cajero automático, una lata de diez por quince centímetros con un cartel que rezaba «Peligro bomba». La Policía acordonó la zona y, en torno a las 9:15 horas, efectivos de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Explosivos (Tedax) detonaron el artefacto de manera controlada.

La detonación dañó la parte exterior de la sucursal, ubicada en el número 128 de la calle Aragón, y varios carteles y cristales resultaron rotos. En el interior sólo quedaron ennegrecidas las paredes. Una escuela infantil, situada a escasos metros de la oficina bancaria, se encontraba cerrada por vacaciones.

La Policía levantó el precinto de la zona y restableció el tráfico sobre las 10:40 horas, aunque agentes de la Policía Científica permanecieron en el lugar para tomar huellas y valorar los desperfectos producidos por la explosión.

Acción «irracional y fanática»
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que Galicia «no entiende» estas acciones «irracionales y fanáticas». Asimismo, el delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro, tachó de «acto rechazable» la colocación del artefacto y se mostró confiado en que «pronto» se descubrirá a los autores y serán puestos a disposición judicial.
Es el segundo ataque sufrido por Caixanova en el mes de julio. El pasado día 9 fue incendiado un cajero de la entidad en el municipio pontevedrés de Cangas.

Otro ataqueen Francia
El gerente del club de golf situado en un complejo turístico en San Juan de Luz encontró ayer un artefacto artesanal que no había explotado. Un equipo de artificieros de Bayona comprobó este hecho al observar que el minutero estaba programado para activarse con un límite de una hora. En el complejo, propiedad de la familia Lacoste, no se encontró ningún mensaje reivindicativo. Sin embargo, en otros atentados contra intereses turísticos del País Vasco francés, aparecía la firma del grupo Irrintzi.
 

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