AGLI

Recortes de Prensa    Viernes 7 Agosto 2009

 

ETA
Miénteme
Emilio Campmany Libertad Digital 7 Agosto 2009

"Convencidos como estamos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje". Esto lo aprobaron nuestros representantes.

Y mientras esta resolución sigue vigente, a Rubalcaba se le llena la boca diciendo tonterías como que los únicos intermediarios entre el Ejecutivo y los terroristas son los policías que los llevarán a la cárcel. A María Teresa Fernández de la Vega se le va la pinza y dice que los etarras tienen los días contados como si en España existiera la pena de muerte o hubiera alguien en el Gobierno decidido a acabar con las vidas de los asesinos. A Zapatero le da por mentir y amenaza con que los terroristas se pasarán su vida en la cárcel como si en España existiera la cadena perpetua. Al Rey, con algo de retraso, le da por unirse al coro y anima a darles en la cabeza y acabar con ellos. Y mientras, la dichosa resolución autorizando la negociación política sigue vigente. Y para colmo de males, nadie del PP presenta en el Congreso ninguna proposición para votar su derogación.

En medio de tanta falsedad y de tantas palabras huecas y estúpidas, el único que ha dicho algo conforme con la realidad ha sido, como no, alguien del PNV, Josu Erkoreka. Para el nacionalista, el fin de la banda sólo podrá ser dialogado porque "alguien en nombre de ETA tiene que dejar claro que han decidido cerrar la persiana". ¡Qué metáfora tan bella! Podía haber dicho "abandonar la lucha armada" o "dejar las armas", pero lo de la persiana es infinitamente más literario y, sobre todo, no ofende.

Los españoles somos gente muy rara. Cuando matan a dos guardias civiles nos gusta oír a nuestros políticos decir cosas como las que han dicho, pero sólo seguiremos votándoles con la condición de que no hagan lo que tanto nos gusta oírles prometer. Por eso tiene razón Erkoreka. El fin de ETA será dialogado y negociado. Pero no porque haga falta que nadie en su nombre diga que "echan la persiana", sino porque nosotros, los españoles, lo queremos así. Son nuestros representantes, las personas a quienes votamos los que aprobaron aquella resolución. Y son ellos los que la mantienen vigente. Y no hay apenas voces en la calle o en los medios de comunicación que pidan su derogación. Ya sé que eso no impediría que éste u otro Gobierno que venga negocie con la ETA, pero al menos lo de los policías intermediarios, lo de los días contados, lo de que pasarán su vida en la cárcel y lo de darles en la cabeza sonaría un poco más creíble. Lamentablemente, el problema es que, si creyéramos que sus amenazas son reales y no de boquilla, dejaríamos de votarles.

Poder y partido
Daniel Martín Estrella Digital 7 Agosto 2009

El ?gran avance? que el despotismo experimentó en el siglo XX fue la unión al poder de un partido que hiciese las veces de disfraz legitimador. Comunismo, fascismo y nacionalsocialismo ?distintos rostros para la misma alma? confundieron el poder con un único partido que servía de puente entre el tirano y la sociedad. El partido era otra herramienta para la mayor eficacia de la tiranía. Actualmente podemos ver ejemplos semejantes en Cuba y Venezuela. Evidentemente, no todo partido es sinónimo de despotismo. Hay países con funcionamientos partidistas que se asemejan mucho a lo que debiera ser una democracia.

En España llevamos tiempo hablando de la partitocracia que nos afecta. Personalmente prefiero hablar de partitarquía por las connotaciones peyorativas del sufijo. Aunque existan varios partidos, a la postre adolecemos de un funcionamiento torticero de un falso sistema democrático sin representatividad donde los que mandan son los principales partidos políticos: PSOE y PP. En ellos, y no en la sociedad, reside el poder, casi absoluto, y así controlan ejecutivo, legislativo y judicial con casi total libertad. Sin que nadie inicie una rebelión civil ni, cuando menos, levante la voz. El gran éxito del despotismo español del siglo XXI es haber adormecido al pueblo español.

Ejemplo de lo que afirmo llevamos viéndolo desde hace varias semanas con el caso de Leire Pajín, alto cargo de su partido que, para completar sus sustanciosos ingresos se quiere colocar como senadora para que la sinecura sea completa y lucrativa. El PP, con desvergüenza, se niega a aceptar tal nombramiento olvidando que personajes como Luis Bárcenas, también alto cargo, es senador por Cantabria sin saber distinguir el valle de Toranzo del de Piélagos. Como esto parece que va para largo, José Blanco, alto cargo del PSOE y ministro del Gobierno de España, ha amenazado al PP con vetar cualquier nombramiento público que afectare a sus afiliados.

Lo más asombroso del tema es que estos repartos, al margen del sufragio universal e inmersos de lleno en un promiscuo e infame reparto del poder entre las dos principales fuerzas nacionales, se producen con total desparpajo y ante la completa pasividad de los electores. Se admite como permisible que cualquier alto cargo de un partido obtenga un escaño en el Parlamento sin necesidad de que medien las urnas. Lo importante es colocar a los propios para que ganen dinero y tengan con qué ganarse la vida. Algo semejante a lo que denunciaba Benito Pérez Galdós en Miau, pero sin voceros que denuncien el latrocinio.

Para que una democracia pueda ser considerada como tal, el poder de los partidos debe separarse completamente del poder del Estado y las demás administraciones españolas, muchas y todas okupadas por miembros obedientes de las distintas formaciones. Barack Obama tiene que convencer de sus medidas a numerosos congresistas de su propio partido porque estos representan a sus electores y no a su formación política. Es indiscutible que, en el Senado, Bárcenas y Pajín defenderán antes los intereses de PP o PSOE que los de sus presuntos representados.

Al margen del asunto del Senado, que no se sabe muy bien para qué sirve pero que cuesta un porrón de euros, deberíamos plantearnos hasta qué punto queremos continuar con esta promiscuidad absoluta entre nuestros poderes ?poco democráticos? y nuestros partidos ?nada de nada?. Que el presidente del Gobierno sea a la vez el mandamás del PSOE es poco fiable y altamente sospechoso, porque nunca se sabe muy bien a quién está defendiendo en cada ocasión. De tal manera que los viernes, en la falsa rueda de prensa que se monta después de cada Consejo de Ministros, la ministra portavoz y vicepresidenta habla lo mismo de los asuntos del Ejecutivo que de los partidistas. Con descaro porque es casi unánimemente aceptado como bueno.

El asunto, sin embargo, se aproxima mucho a los despotismos partidistas mencionados más arriba. España, como mucho, es una democracia formal donde las principales decisiones se toman en las respectivas sedes de los partidos políticos. Esta confusión, afortunadamente aún lejana de los extremos puramente fascistas del castrismo o del chavismo, prostituye nuestro sistema desde su esencia. No vivimos en democracia, pero peor aún es que aceptemos este endogámico trasiego de cargos y sinecuras con completa calma. Un autoengaño que impide que nuestros muchos, grandes y graves problemas estructurales se solucionen porque, por definición, el último objetivo de cualquier partido político es la consecución del poder a cualquier precio, incluso a costa del bien común del que, hoy en día, ninguno de nuestros políticos se preocupa lo más mínimo.

dmago2003@yahoo.es

La calle neutra
J. M. RUIZ SOROA El Correo 7 Agosto 2009

Los dirigentes de Aralar parecen estar firmemente decididos a mantener su negativa a reconocer a las víctimas del terrorismo independentista vasco como víctimas de una determinada ideología y práctica políticas. Y para ello no hay nada mejor que mezclarlas con todas las víctimas que en la historia y en el mundo han sido, de forma que, confundiéndolas a todas en ese pote de humanos sufrientes, el espectador no pueda distinguir a unas de otras, y no pueda, pues de eso se trata en el fondo, identificar a su respectivo victimario y juzgarlo moralmente como corresponde.

Empezó Ezenarro negándose a reconocer a las víctimas de ETA como víctimas por la libertad, so pretexto de que, al fin y al cabo, eran gentes que simplemente pasaban por allí el día aciago en que ETA activó su pase al otro mundo. No tenían mérito propio ni identidad característica, reventaron por pura mala suerte. Ahora le toca a Zabaleta criticar que se otorgue a una calle navarra el nombre del último navarro asesinado por ETA que, además de muerto, revestía la oprobiosa cualidad de ser guardia civil. No, señor, dice sesudamente el de Aralar, no hay que dar el nombre de las calles ni a los asesinos ni a las víctimas, hay que ser «neutro» en esta materia. De 'neutro' viene 'neutral', claro: ni policías ni asesinos, sólo nombres neutros que no identifiquen a nada ni a nadie, que no reconozcan hechos concretos, sólo que nos hablen del mínimo común denominador de todos. Podría utilizarse, por ejemplo, el rótulo de 'calle de los que pasaban por ahí', o el de 'calle de todos los muertos por toda la maldad del mundo', o el de 'calle contra toda violencia, venga de donde venga'. Todos ellos neutros, asépticos, políticamente correctos, asumibles por la sociedad al completo, casi tan inocentes como una conversación de ascensor en la que se habla siempre de algo que genera consenso universal. Lo que no hay que hacer, no, señor, dicen Ezenarro y Zabaleta, es señalar con el dedo, o con el rótulo. Eso no es neutral, es incómodo, no les gusta.

Muchas personas nos sentimos españolas y, sin embargo, no nos duelen prendas a la hora de reconocer que en nombre del nacionalcatolicismo español se asesinó y masacró a decenas de miles de personas hace muy poco. Pocos alemanes niegan hoy que el proyecto político del Tercer Imperio de Hitler fue responsable de millones de muertos. Y podríamos pasar así revista a muchas naciones y muchas sociedades. Pero hay una excepción en el mundo: la de los vascos independentistas radicales. Éstos nunca reconocerán, según parece, lo que se ha hecho y se está haciendo en nombre de su nación. Son la excepción ética a la moral común: en su nombre no se ha matado a nadie que merezca la pena recordar. No, señor, eso son cuentos de vieja.

Justicia viciada
IGNACIO CAMACHO ABC 7 Agosto 2009

ACASO la herencia más perniciosa del felipismo, la tara estructural que más ha pesado en la calidad de la democracia española, fuese la construcción de un sistema judicial que, bajo la formal apariencia de la separación de poderes, ha comprometido de forma nítida la independencia real de la justicia. Ese sometimiento de facto a la iniciativa del poder, mediante el dirigismo de la Fiscalía y el establecimiento de cuotas partidistas en el órgano de control de los jueces y en el Tribunal Constitucional, ha envilecido el funcionamiento del aparato judicial y extendido sobre su imparcialidad una generalizada sombra de sospecha que alcanza a todos los gobiernos sucedidos desde entonces.

La utilización del Ministerio Público como correa de transmisión de consignas gubernamentales ha sido una perversión constante de la que ningún partido resulta inocente; tan sumiso era aquel Pollo del Pinar canario al que González nombró sin reunir siquiera los requisitos legales como aquel Cardenal aznarista tan sinuoso de procederes que parecía más bien un obispo. En ese sentido, Conde Pumpido no resulta ni más ni menos obediente que sus antecesores; simplemente, actúa como un ministro más que debería sentarse los viernes en el Consejo. Al servicio de quien lo designa con una docilidad que debería resultar escandalosa si no nos hubiésemos acostumbrado a ese estado degradante del marco institucional, convertido en un mero formalismo carente de valor democrático.

Las protestas del PP por el descarnado y descarado manejo de la Fiscalía contra sus intereses están cargadas de razón, pero tan torticeros resortes proceden de un statu quo que la derecha respetó a su conveniencia durante sus ocho años de mandato. Zapatero y De la Vega sólo actúan con mayor desfachatez que sus predecesores y menor respeto por las formalidades que el sistema ha conservado para preservar su apariencia neutral. La persecución de la oposición con recursos institucionales quizá constituya la mayor de las inmoralidades que el poder puede cometer en un teórico escenario de libertades públicas, y retrata el verdadero talante de quienes se atreven sin reparo a llevarla a cabo; pero lo hacen porque pueden hacerlo. Porque lo permite el marco funcional. Porque no existe limitación real a la invasión política de la justicia. Porque nunca nadie ha cuestionado de verdad el fondo corrupto de un aparato judicial sometido al criterio del Ejecutivo.

Ése es el mal profundo que subyace en esta atmósfera viciada de raíz, en la que la democracia es sólo la máscara amable de un turbio amaño consentido. El zapaterismo sólo está llevando al extremo el desafuero porque carece de solidez moral en su concepto líquido del pragmatismo político. Pero hace demasiado tiempo que la justicia es en España un rescoldo ceniciento del abuso de poder, la arbitrariedad partidista y el enjuague sectario.

El «portuñol»
José Antonio VERA La Razón 7 Agosto 2009

No puedo estar más en desacuerdo con quienes critican estos días el último viaje iberoamericano de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. La relación con los países hermanos de al otro lado del Atlántico debe ser permanente y una de las líneas de acción preferente de nuestra política exterior. En este caso, además, la visita está cargada de contenido, al menos en lo que se refiere a Brasil, con la firma de diferentes convenios para promover el aprendizaje del idioma español en las escuelas del gigante suramericano. Se impulsa el Instituto Cervantes con varios centros y se establecen líneas de colaboración con el Gobierno de Lula da Silva, decidido impulsor de la entrada de nuestra lengua en los colegios de secundaria y, en el futuro, incluso en los de primaria. Este hecho va a hacer que el idioma de Cervantes pase a ser conocido por un total de cincuenta millones más de brasileños en un horizonte de quince años. Brasil tiene actualmente una población de 190 millones de personas, cifra que para 2015 ascenderá a 230, muy cercana a la del número de habitantes de los Estados Unidos. En Norteamérica el español es hoy el segundo idioma de hecho, con 45 millones de hispano hablantes. En Brasil, el tercero, después del inglés, pero con unas posibilidades de crecimiento espectaculares.

Se ha referido la vicepresidenta De la Vega a la necesidad de impulsar el «portuñol», una suerte de mezcolanza de español y portugués que se habla de facto en numerosas zonas fronterizas de Brasil con Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, amén de en extensos barrios de populosas ciudades del gigante iberoamericano. El «portuñol» no consiste más que en el uso simultáneo de términos portugueses y españoles, no en una nueva lengua con diferentes palabras.

Las ventajas son evidentes. Brasil está rodeado de países hispanos y le es fundamental entenderse con sus vecinos. Para las naciones castellano-parlantes también. El mercado brasileño es el más grande y pujante del continente. La alianza beneficia a ambos lados y, por supuesto, al español, que logra avanzar como segunda lengua más extendida del globo tras el inglés (chino e indi al margen), y también al portugués, idioma con frecuencia infravalorado en España pero muy relevante a nivel mundial, pues es oficial en numerosos países que totalizan un número próximo a los 250 millones de personas. Ni que decir tiene que la fuerza de ambas lenguas sumadas (son muy parecidas en escritura) puede ser enorme: 700 millones, por encima del francés, el alemán y el italiano juntos.

Los pasos que en este sentido están dando Brasil y Portugal son notables. No así España y los países americanos de raíz hispana. En Portugal, el 50 por ciento de los ciudadanos considera que la enseñanza del castellano debe ser obligatoria tanto en primaria como secundaria, según una reciente encuesta para el Barómetro de Opinión Hispano-Luso, que pone también de manifiesto que el 76,2 por ciento de los españoles rechaza el estudio obligatorio del portugués. Gran error. Con una hora de portugués a la semana en las escuelas se facilitaría al menos el entendimiento de una lengua tan cercana a la nuestra. Nosotros hablaríamos en español y ellos en portugués, pero nos entenderíamos perfectamente con un aprendizaje mínimo. Al fin y al cabo es en eso en lo que consiste el «portuñol».

Ni armas, ni voz asesina
Irene VILLA La Razón 7 Agosto 2009

Ayer, organizadores de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, celebraron en muchos puntos de nuestro planeta, actos conmemorativos de la bomba atómica de Hiroshima. Que un pequeño artefacto nuclear causara 140.000 muertos, no puede dejar indiferente a nadie. En Japón, donde renuncian al uso de guerras para resolver conflictos, se pidieron nuevas adhesiones para que los líderes mundiales comprendan que la humanidad no necesita armas para entenderse. La marcha, que comienza el 2 de octubre, pasará por países en conflicto para refrendar la insensatez y la improductividad de la violencia. Los actos de ayer, en decenas de ciudades de España y en todo el mundo, tuvieron un mismo mensaje: «Para evitar la catástrofe futura, debemos actuar hoy».

También esta semana se ha cumplido el séptimo aniversario del asesinato de Silvia Martínez. ETA puso fin a sus seis años, por jugar en una casa cuartel. El dolor de sus padres crece con el consentimiento de homenajes que convierten a los asesinos en héroes. La sociedad comparte su decepción. Gracias por ese homenaje a Silvia que es un homenaje a todas las víctimas del terrorismo. Y para que no volvamos a ir hacia atrás, las instituciones y los partidos deben comprometerse de manera clara y definitiva a no dialogar con los terroristas o sus representantes políticos. Quienes vulneran el derecho a la vida y a la libertad no pueden forzar al Gobierno a sentarse a dialogar.

No nos cansaremos de pedir al Gobierno de España que disuelva sin más demora los ayuntamientos gobernados por los representantes políticos de los asesinos. Es doloroso y sangrante que el dinero de los impuestos financie la muerte de nuestros conciudadanos. Que el partido bajo el que vuelve a esconderse ETA, se niegue a condenar los atentados que causaron destrozos y la muerte de dos jóvenes comprometidos con nuestra seguridad, a cuyas familias deseamos fuerza y esperanza, evidencia su instrumentalización por Batasuna. No sería desacertado, por tanto, iniciar los trámites para su ilegalización.

LA HISTORIA NO SE HACE "A GOLPE DE LEY"
Un juez del TS critica la Ley de Memoria Histórica: "Es producto de estudio"
El magistrado del Tribunal Supremo, Adolfo Prego de Oliver y Tolivar, ha criticado este jueves la Ley de Memoria Histórica porque, a su juicio, no se puede hacer historia a "golpe de ley" ya que es un "producto de estudio" de archivos y de historiadores.
EUROPA PRESS Libertad Digital 7 Agosto 2009

En el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, Prego subrayó que el legislador "no debe" legislar sobre la historia debido a que la hacen "los lectores y los historiadores".

Según expresó, estas situaciones en las que el poder judicial se involucra en la historia "sólo" ocurren en aquellos regímenes que "no son democráticos" porque, en los que lo son, la historia se hace "cada uno diciendo lo que le da la gana".

Asimismo, con respecto a las quejas de algunas asociaciones afines al proceso de Memoria Histórica, el magistrado del Alto Tribunal afirmó que "no solamente" se puede tener en cuenta la Ley de Memoria Histórica ya que existen otras leyes que "pueden crear incompatibilidades".

"Hay muchas leyes en España, un sistema jurídico no se compone de la Ley de Memoria Histórica, sino que también se compone de otras muchas como la Ley de Enjuiciamiento Criminal", subrayó.

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Izquierda liberal
El referéndum gallego sobre la lengua
Antonio Robles Libertad Digital 7 Agosto 2009

Le llaman encuesta, pero ha sido todo un referéndum. Les cuento: en las pasadas elecciones gallegas, el líder del partido popular, Alberto Nuñez Feijóo prometió retirar el decreto que obligaba a dar las asignaturas troncales sólo en gallego. Ganó las elecciones, pero el decreto de inmersión parcial en gallego sigue intacto. Sin embargo, promovió una encuesta universal a todos los padres para recoger en qué idioma o idiomas querían que estudiaran sus hijos. El resultado ha sido demoledor para las tesis del anterior gobierno nacionalgalleguista: la mayoría (54,6 % en primaria y el 48,5% en secundaria) quiere estudiar sólo en castellano frente a un 18,3% en primaria y un 27,5% en secundaria que prefiere hacerlo sólo en gallego y un 25,1% en bilingüe. Actualmente, el decreto obliga a estudiar las asignaturas troncales sólo en gallego.

Estos datos demuestran dos evidencias. Primero, que la sociedad civil, articulada a través de asociaciones como Galicia Bilingüe, tenían razón: la sociedad gallega no quiere que le impongan enseñanza sólo en gallego. Cuanto menos. Y, que hablar de lengua propia es una afrenta a la libertad de la mayoría de gallegos: el 59,3% hablan en castellano en casa, frente a un 20,1% que lo hacen en gallego.

Es una pequeña gran revolución. Puede que ahora no se vea su alcance, pero el valor de ejemplo acabará por desenmascarar la estafa lingüística que se está produciendo en Cataluña, el País Vasco y Baleares.

Ahora se entiende por qué en Cataluña el Departamento de Enseñanza del Gobierno nacionalsocialista de la Generalitat ha impedido e impide incluir una casilla en las hojas de inscripción de principio de curso para que los padres puedan marcar en qué idioma quieren que estudien sus hijos. Ni siquiera sentencias firmes como la del 12/12/2008 del Tribunal Supremo, que obliga al Gobierno del Sr. Montilla a incluir dichas casillas, se han cumplido. El miedo a la libertad, el miedo a darse de bruces contra las preferencias de las gentes, les lleva a escamotearles la opción lingüística.

¿Qué razones democráticas esgrimirán ahora los defensores de la inmersión sólo en gallego? Democráticas ninguna, pero razones no les faltarán, todas importadas del catalanismo. Las ecológicas y las de discriminación positiva serán las preferidas. A saber. Los idiomas minoritarios sufren el riesgo de desaparecer ante una lengua impuesta y fuerte como el castellano, por lo que se ha de discriminar positivamente a la lengua minoritaria para que no sea exterminada por la mayoritaria. Dejar a la libertad de los hablantes la elección de la lengua escolar –sostienen– sería primar la fuerte sobre la débil. Para el que no haya reparado, esto es ecologismo lingüístico. Nada resolvería, para estos talibanes de lo propio, el bilingüismo. Según los nacionalistas, la coexistencia de las dos lenguas en todos los ámbitos, incluido el escolar, es condenar a la lengua minoritaria a la segura desaparición. Promocionar el bilingüismo, dicen, sería beneficiar a la que tiene más presencia social. Sus miedos o sus ambiciones totalitarias, como ven, disponen a su antojo de los derechos de todos.

Alguien les tendría que recordar a estos estafadores democráticos que la circunstancia cuantitativa económica, intelectual, creativa, deportiva etc. de los ciudadanos no es razón suficiente para excluirlos de los derechos sociales, políticos y morales. Si tales razones fueran extendibles a otros ámbitos, bien podría el Fútbol Club Español exigir, en nombre de su menor implantación social y deportiva en Cataluña, que todos sus partidos contra el Barça se jugaran en su propio campo. ¿Razones? ¡Muchas! Las ecológicas las primeras: este año pasado por poco baja a segunda división y quién sabe si podría llegar a desaparecer en los próximos 50 años. Es preciso discriminarle positivamente porque si uno y otro club catalán juegan con idénticas reglas y los mismos derechos, el Barça siempre tendrá más socios, más dinero y por tanto, será más importante y conocido en el mundo. Solo falla una nimiedad en el argumento: sin reglas iguales para todos y sin libertad para elegir, la democracia es una quimera.

Galicia se asomó al precipicio nacional y, en el último momento, se echó para atrás. La coalición de socialistas y nacionalistas la llevaba al abismo lingüístico con los ojos tapados. Esta encuesta se los ha abierto. Una legislatura más, y Galicia hubiera llegado al monolingüismo institucional de Cataluña. Por eso, la encuesta realizada a todos los padres no es meramente una encuesta, sino un verdadero referéndum. Una encuesta sólo es una muestra de una parte de la población cuyos resultados se extrapolan a toda ella, mientras que un referéndum implica a la población entera. En este caso, a todos los padres en edad escolar. Y los resultados han sido significativos: ha habido una participación del 75% en Primaria y un 70% en Secundaria.

Esta alta participación es un valor añadido que no han sabido digerir los talibanes galleguistas: el secretario general de CIG, Anxo Louzao, criticó que la encuesta "está pensada exclusivamente para justificar la política lingüística de agresión contra el gallego", y no es más que el "odio que el actual Gobierno está demostrando contra lo que nos identifica como gallegos". A Mesa pola Normalización Lingüística añadió que los resultados son el fruto de una encuesta "fraudulenta y chapucera". ¡Qué alivio que hayan perdido influencia en el Gobierno de la Xunta Gallega estos equilibrados científicos de la realidad!

En esa atmósfera de corrección galleguista, los sindicatos CIG, STEG y UGT valoraron negativamente la baja participación en la encuesta y tacharon los resultados de "ilegítimos", mientras la confederación de APA de centros públicos cree que los datos "no aportan absolutamente nada". Les recomiendo que echen una ojeada a la participación del referéndum sobre el Estatuto de la Autonomía Gallega el 25 de junio de 1979: Sólo lo apoyó el 20,7% de los gallegos con derecho a voto, con una participación del 28,2% de la población. La menor de todos los Estatutos de Autonomía.

Una vez más, la España institucional piensa y actúa a espaldas de la España real de los ciudadanos. Es tarea de nuestro tiempo devolver los parlamentos a la gente corriente.
 

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