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Recortes de Prensa    Lunes 10 Agosto 2009

 

ETA, terrorismo y propaganda
Editorial ABC 10 Agosto 2009

LA banda terrorista ETA está inmersa en una ofensiva de atentados y propaganda que permite temer una actividad de violencia a largo plazo si no hay una respuesta policial contundente. Por desgracia, no hay una interpretación más realista que ésta al comunicado que ayer hizo público el diario «Gara» y a los tres atentados cometidos en Palma de Mallorca, avisados por los terroristas. La gravedad de estos atentados con explosivo no reside en sus consecuencias materiales, que fueron escasas y sin heridos, sino en el hecho mismo de que fueran perpetrados en una isla donde hace menos de dos semanas fueron asesinados dos guardias civiles, en la que se ha desplegado un dispositivo policial extraordinario -la llamada «operación Jaula»- y a la que está mirando toda Europa para medir la seguridad de uno de nuestros principales centros de atracción del turismo internacional. Por si fuera poco, el sellado policial de la isla implicaba un compromiso de respuesta por parte del Gobierno, bien para evitar la fuga de los asesinos de los agentes de la Benemérita, bien para evitar nuevos atentados, que si se produjeran, como ha sucedido, tendrían una repercusión suplementaria.

El apoyo incondicional al Gobierno en la lucha contra ETA y el llamamiento a la unidad nacional y política frente a los terroristas nunca justificarían silenciar las incertidumbres que genera este repunte del terrorismo etarra. La certeza de que el Estado de Derecho ganará a ETA es absoluta. También de que la derrota será tanto más definitiva cuantas menos posibilidades haya de negociación con los etarras, sobre todo después de comprobar, por enésima vez, que ETA no se mueve un milímetro de sus posiciones más tradicionales. Pero quizá el diagnóstico sobre ETA deba matizarse. No parece ser una ETA a la desesperada, ni una ETA enloquecida, sino más bien parece la ETA de siempre la que ayer, en el comunicado a «Gara», se ufanaba de haberse burlado del Ministerio del Interior con el coche bomba colocado ante el cuartel de la Guardia Civil en Burgos. Parece la ETA de siempre la que ha justificado el asesinato del inspector Eduardo Puelles con el repugnante método de hacer a la víctima culpable de su muerte, como tantas veces lo ha hecho en su historia para conseguir que una parte no desdeñable de la sociedad vasca que vota nacionalista mire a otro lado y se diga del asesinado que «algo habrá hecho». Sería un error pensar que esta propaganda de ETA es estéril. Sin duda alguna no recluta a tantos nuevos terroristas como antaño, pero sigue sembrando complicidades tácitas -y no tan tácitas- en el nacionalismo, más aún entre aquellos nacionalistas que siguen temiendo más a España que a ETA, como dijo Joseba Egibar en una frase que retrata la enfermedad moral que ha alimentado a los terroristas.

Es tiempo de respuestas eficaces, en lo político y en lo policial, sin precipitaciones, pero sin dilaciones. El Gobierno se enfrenta a un terrorismo que creyó reconducido después del 11-M, cuando tanto incauto pensó que la matanza perpetrada ese día por unos integristas musulmanes haría desaparecer a ETA. Por tanto, eficacia policial, pero además, política antiterrorista con mayúsculas. La lucha contra ETA se fortalece también con liderazgos. Rodríguez Zapatero debe asumir el suyo como presidente del Gobierno, aunque sea agosto, y si la crisis económica va a merecer un consejo de ministros extraordinario, la ofensiva de ETA requiere, al menos, un gesto similar con los ministerios competentes.

El diálogo del PNV con ETA
Germán Yanke Estrella Digital 10 Agosto 2009

Las bombas de este domingo en Mallorca nos recuerdan que ETA no deja de estar activa aunque se vaya acercando al límite de su existencia. Si hay que insistir en su debilidad es porque, además de ser un hecho, demuestra la eficiencia de una política antiterrorista tan intransigente como consensuada, no porque haya que bajar la guardia. Es precisamente su potencial mortífero y aterrador lo que avala la continuidad de una batalla necesaria. Y la conciencia social de que no sólo debe ser así, sino que la deslegitimación de la violencia y la exclusión de sus patrocinadores es una obligación ciudadana, no únicamente de los poderes públicos.

En medio de esta nueva ofensiva veraniega de ETA sorprende (por la inoportunidad, no por la falta de constancia) que el presidente del PNV, precisamente esta semana, insista en defender el diálogo con la banda, algo a lo que su partido, al parecer, no se negaría jamás. "Hay que hablar hasta con el diablo" dice Urkullu como si una frasecita vacía fuera un argumento. Jamás se escuchó al PNV pedir el diálogo con los GAL en plena ofensiva de aquellos con lo que eso de hablar con todos, hasta con el diablo, es una fruslería. ¿Por qué el PNV, a estas alturas, insistirá en que la perspectiva final es la negociación? Sólo se me ocurren dos posibilidades.

Primera: piensa, contra toda evidencia, que derrotar a la banda es imposible. Contra toda evidencia porque no piensan lo mismo, sino lo contrario, buena parte de los miembros de la banda, como hemos sabido por las cartas y documentos internos que han salido a la luz en las últimas semanas. Contra toda evidencia, porque, en el pasado reciente, cuando entre la misma militancia del PNV no sólo se creyó que se podía con ETA sino que se quería participar en esa derrota activamente (por ejemplo, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco), fue la dirección del partido la que inició una trayectoria de acercamiento a Batasuna y de pactos con los terroristas que ha llevado hasta los famosos "planes" de Ibarretxe. Además, si el PNV ofreciera, en ese hipotético convencimiento de que no se puede acabar con ETA democráticamente, un "sacrificio" todavía se podría dar crédito a su incredulidad, valga la paradoja. Pero la "compensación" en vez de la intransigencia ha sido, hasta el momento, su propio maximalismo nacionalista, con lo que la propuesta, el recelo y la "solución" resultan más que sospechosas.

Segunda: el PNV piensa que, en contra de la evidencia y del más elemental criterio ético, ETA tiene algo que decirle, algo que añadir a la consolidación de una sociedad "mejor". Sólo se puede aceptar esta opción si el PNV careciese de un proyecto democrático y fiase su porvenir, el de su programa, a la existencia de la banda, la suma de sus fuerzas y la negociación de un programa conjunto. Urkullu, demostrando que el ingenio no es lo suyo, ha pergeñado este fin de semana otra frasecita que no es sino la vinculación de su suerte a la de ETA-Batasuna: el único logro de la Ley de Partidos habría sido sacar al PNV del Gobierno vasco. En estas condiciones, nada mejor podría haber ocurrido.

Lo que pretende ETA
La banda mantiene su actividad mientras el mundo radical maniobra para recuperar la legalidad
EDITORIAL El País 10 Agosto 2009

ETA se hizo presente ayer por escrito y en acto. Colocó varias bombas de poca potencia que no causaron víctimas en el corazón de Palma para ilustrar su afirmación escrita -en un comunicado publicado por Gara en el que reivindicó los asesinatos de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada García y Diego Salvá Lezaun, y del policía nacional Eduardo Puelles- de que la ofensiva actual demuestra la inutilidad de la vía policial y la necesidad de una solución dialogada. Ello ocurre tras una semana en la que los partidos han vuelto a enredarse en polémicas bastante artificiosas sobre la posibilidad de que Batasuna intente recobrar la legalidad y sobre la hipótesis de que pueda volver a plantearse un final dialogado de la violencia. Son, sin embargo, acciones como las de ayer, atentados en lugares públicos de ocio en plena temporada turística y en un destino tan concurrido como Palma de Mallorca, los que nos recuerdan la sinrazón de la banda y la imposibilidad de que para ella pueda haber otro fin que no sea la disolución y la cárcel.

Fue el ministro Rubalcaba quien alertó de los planes de ETA para que su brazo político recupere la legalidad creando un partido nuevo en cuyos estatutos se rechazaría la violencia. La iniciativa confirma la importancia de la sentencia de Estrasburgo, que no sólo avala las resoluciones de los tribunales españoles sobre la disolución de Batasuna sino que va más allá al establecer que, de haberse planteado en esos términos, sí habría considerado motivo de ilegalización la negativa a condenar atentados. Ello ha debido convencer a ese mundo de que nunca volverá a las instituciones (el Supremo acaba de ordenar la disolución de los grupos municipales de ANV) sin alguna fórmula de distanciamiento de la violencia.

No sería la primera vez que lo hace, lo que no le impidió luego respaldar la rea-nudación de los atentados de ETA. Por eso ha hablado Rubalcaba de "farsa". Por mucho que haya sorprendido la rotundidad con que el ministro ha descartado la legalización del brazo político de ETA "aunque condene la violencia", su argumento tiene fundamento: una vez establecido que Batasuna es ETA, sin disolución de la banda o ruptura clara de esa dependencia, no hay legalización posible.

El ministro ha dicho también que nunca habrá ya un final dialogado de ETA, lo que ha soliviantado al PNV. El fondo del planteamiento de Rubalcaba es compartido por muchos nacionalistas: tras el experimento de 2006, ninguna tregua será creíble como punto de partida para un proceso que incluya conversaciones políticas en las que participe ETA o Batasuna. El PNV argumenta que sólo un final dialogado garantiza que la violencia no "rebrote" tras un periodo de paz. Pero esto es querer marcar el segundo gol antes que el primero. No podemos saber cómo será la retirada de ETA, pero sí que pasa por evidenciar la inutilidad de la violencia para alcanzar objetivos políticos. La experiencia muestra que ETA interpreta cualquier apelación al diálogo como una oportunidad de volver a dar un sentido político a sus atentados: para forzar una negociación, como decía su comunicado de ayer y confirmaban los atentados de Mallorca, y para tener un motivo para seguir.

El eco de los terroristas
EDITORIAL El Correo 10 Agosto 2009

La colocación de tres artefactos de escasa potencia en pleno centro turístico de Palma de Mallorca confirma la determinación de los pistoleros de ETA de intentar recuperar la iniciativa y romper el acorralamiento irremediable al que su estructura terrorista está abocada policial, política y socialmente. La elección como escenario de su barbarie de la capital balear, que en estos meses de verano se convierte en uno de los ejes neurálgicos de la actividad turística y en referente de gran relieve institucional por la presencia del jefe del Estado, no persigue otro objetivo que multiplicar el eco de sus acciones. La banda intenta así rentabilizar mejor el efecto de su propaganda sangrienta y fingir una aparente fortaleza que le permita recuperar una aureola activista de cara a sus decrecientes prosélitos. Pero el mismo incremento de su actividad violenta refleja la magnitud de su propia impotencia para doblar el brazo del Estado de Derecho y modificar la convicción social y política de que el único camino que les queda a los terroristas es la renuncia a las armas, sin concesiones políticas de ningún tipo ni falsos artificios negociadores.

Cuando no se ha amortiguado aún el dolor por los asesinatos de dos jóvenes guardias civiles en Calviá y el eco del coche bomba activado sin previo aviso contra la casa cuartel de Burgos con docenas de mujeres y niños en su interior, la difusión de un cínico comunicado reclamando una salida dialogada constituye un macabro sarcasmo. La mera lectura del texto es suficiente para certificar que detrás de su fría adjudicación de los últimos atentados y vacías referencias a la opresión de un pueblo que les repudia, no existe otra realidad que la obcecación fanática de una siglas que únicamente representan la voluntad totalitaria y fascista de sus miembros y de quienes todavía les secundan. Porque la letal amalgama de muerte y negociación que aún persisten en presentar como su fin último ya no puede confundir a ningún demócrata tras cinco décadas de un fanatismo estéril que se ha realimentado a sí mismo. Y, solamente las eventuales fisuras entre las fuerzas democráticas en sus discrepancias en torno al combate contra ETA podrían ofrecer un respiro a quienes han dejado explícitamente demostrado que su única razón de ser es someter a la sociedad mediante la violencia y que el único camino efectivo para alcanzar la paz pasa por su derrota.

Es urgente priorizar la educación
César NOMBELA, Catedrático de la Universidad Complutense ABC 10 Agosto 2009

LA raíz del progreso de las sociedades está en la educación, de hecho, el título de este artículo probablemente se ha prodigado en épocas anteriores. Así se constata analizando las grandes iniciativas en el terreno de la educación que se pusieron en marcha en la España del siglo XX, tanto por parte de la Iglesia Católica como de ámbitos completamente laicos. Desde la educación de quienes alcanzaron liderazgo social, hasta la promoción de formación técnica en oficios, pasando por la formación de formadores, el análisis de diversas actuaciones refleja el efecto multiplicador de una tarea educativa acertada. Pero, igualmente se puede poner de manifiesto el lastre que supone una educación deficiente, que empequeñece la perspectiva de las nuevas generaciones, al tiempo que afecta al futuro de la sociedad en un mundo cada vez más competitivo. Si se pretende encontrar las claves de la pujanza de determinadas zonas emergentes en el mundo actual, búsquese en el esfuerzo educativo; así lo podemos percibir, por ejemplo, en algunos ámbitos de Iberoamérica, como la universidades para el desarrollo de Oaxaca, o en países asiáticos como la China. Baste con señalar que los graduados en alguna universidad china son los que predominan entre quienes se llegan posteriormente a doctorar en las universidades de élite norteamericanas.

Hablamos en España de promover un Pacto por la Educación. Malo es que se reconozca ahora esa necesidad, porque significa que la gestión de la tarea educativa precisa medidas de emergencia. No es necesario enumerar los informes que señalan la situación nada halagüeña de nuestra educación, ni los indicadores que cuantifican los males que la aquejan. Baja inversión económica, altos porcentajes de fracaso escolar y de abandono, sin alcanzar la titulación en ciertos niveles, evidencian una situación necesitada de mejora. No faltan quienes tratan de minimizar el significado de estos análisis, alegando que en otros países de alto nivel de vida también se constatan deficiencias. Así es, por ejemplo, en Estados Unidos en donde los sectores más competentes en la valoración de los resultados educativos alertan, por ejemplo, de la necesidad de estrategias para la promoción adecuada de la formación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, como un pilar fundamental para afrontar el futuro en el país que es líder, por excelencia, en la innovación y el desarrollo.

Pero el que algunos males sean generales no puede servir de consuelo, especialmente en países como el nuestro en donde la educación ha sido siempre el verdadero factor de avance social.

Un pacto de Estado no puede abarcar una interminable lista de medidas que regulen hasta los últimos detalles. Pero tampoco se puede pretender pactar sobre lo que son derechos y deberes básicos, que simplemente se han de garantizar o promover por parte de quienes ejercen las responsabilidades de gobierno. Los padres tienen derecho a escolarizar a sus hijos en la lengua oficial de su elección, como igualmente nadie les puede discutir la facultad de elegir la formación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales. Sería absurdo volver los ojos ante dos conflictos que aquejan a la educación en España y que lastran sus resultados. Me refiero a la imposición de la lengua vehicular, o de determinadas formas de Educación para la Ciudadanía. Quienes alberguen dudas sobre el disparate al que se puede llegar en este último aspecto, basta que con consulten algunos textos de esta materia. La solución de estos dos problemas sólo se puede basar en garantizar esos derechos, no en limitar la posibilidad de ejercerlos a aquellas familias más pudientes que puedan sufragar enseñanza privada para sus hijos.

A mi juicio, hay dos palabras clave que deben orientar el pacto de Estado por la Educación en España: libertad para la tarea docente creativa e inversión. Las dos deben tener la envergadura suficiente si se aspira a superar las dificultades actuales, sobre las dos caben acuerdos que, dejando margen para la deseable alternancia en la gestión pública, aseguren los resultados sin afectar a los grandes principios. Podrá parecer que pedir más libertad y más recursos en el ámbito educativo es demasiado genérico. Pero una buena parte de los problemas por los que atravesamos se deben a la burocracia que ahoga la creatividad docente, que la somete además al poder de grupos de interés de los centros, con el resultado de ahormar las actuaciones a lo que es más conveniente para el conjunto. Con ello se hace difícil la aspiración a la excelencia, favoreciéndose una uniformización del conjunto que representa una igualación de todos en los niveles más bajos.

La educación y la formación, en cualquiera de sus niveles, precisa de profesionales, motivados y competentes, capaces de hacer del trabajo bien hecho la mejor muestra de lo que esperan de sus alumnos. Esta necesidad se revela aun más perentoria en estos tiempos. La disponibilidad de medios avanzados de información implica que el docente sea capaz de aportar una formación crítica, una capacidad de discernimiento, en definitiva, unos hábitos y aptitudes intelectuales que capaciten -naturalmente según los niveles y la naturaleza de lo que se maneja- para manejar y gestionar la información. El sistema actual no fomenta los objetivos de calidad, no estimula el esfuerzo docente y discente, por lo que tampoco puede asegurar el logro de metas ambiciosas. La libertad es imprescindible para crear centros, para dotar a los ya existentes de una personalidad propia y diferenciada, para perseguir objetivos y obtener logros importantes en un marco sanamente competitivo. Lo dicho es aplicable a todos los niveles educativos. Las universidades, por ejemplo, deberían ser instituciones abiertas a la incorporación de profesionales de otras procedencias, en un sistema abierto en el que la movilidad de profesores y alumnos profesorado permita que cada institución pueda plantearse el logro de objetivos ambiciosos. Nada de esto ocurre, sino que asistimos a una fragmentación del ámbito educativo nacional, cuando -paradójicamente- estamos empeñados en un proceso (Bolonia) tan necesario como polémico en cuanto a su lenta y deficiente forma de aplicación.

La sociedad española necesita también pactar un incremento sustancial de los recursos para educación, tanto en el ámbito nacional como autonómico. Los actuales son insuficientes, como demuestra cualquier comparación con las cifras de otros países a imitar. Pero si hace falta un pacto es porque los recursos son y serán escasos, aumentar el presupuesto de educación es imposible sin reducir otras partidas. La educación debe tener una prioridad real, no simplemente expresada. Sin esos recursos adicionales es difícil desarrollar los programas que la urgente corrección del rumbo que precisa la educación en España. Reclamar más dinero es fácil, la pregunta es si los dirigentes serán capaces de asumir ese reto, en una cuestión cuyos resultados se materializan a largo plazo.

¿Sistema financiero gallego?
Luis de Velasco Estrella Digital 10 Agosto 2009

La posible fusión de dos cajas de fuera de Galicia con Caixagalicia, al parecer sólo un rumor, ha producido la reacción esperada en algunos partidos políticos de esa región, notablemente el PP y los nacionalistas del BNG.

Rechazo frontal argumentando el peligro que eso supone para un denominado "sistema financiero gallego".

Una consecuencia más del cariz que, al parecer de manera imparable, tiene ya nuestro Estado de las Autonomías. Cariz que la pasada semana recogía un acertado comentario del semanario The Economist afirmando que nadie parece saber ni donde ni cuando terminará el mismo.

Resulta que esas Comunidades tienen, o argumentan que tienen, su propio sistema financiero (como tienen sus ríos, según sus Estatutos, aunque nazcan o desemboquen en otra Autonomía). Lo que quieren decir, tanto los partidos que gobiernan como los que aspiran a gobernar sean o no nacionalistas, es que quieren seguir haciendo lo que les da la gana en las Cajas de su jurisdicción porque para eso "son suyas", no son parte de un sistema financiero más amplio, nacional.

El gobierno de Galicia y, mucho más importante, el catalán han manifestado su disposición a presentar un recurso de inconstitucionalidad al decreto que recientemente ha creado el FROM. Ninguna sorpresa porque además parecen tener argumentos jurídicos importantes en la mano a la vista de la ley orgánica que regula las Cajas de Ahorro. Otro error más cometido en su día. Cabe pensar que pocos sospechaban que, con el paso del tiempo, las sucursales de los partidos "nacionales", con el PSC a la cabeza se convertirían en "clones" de los nacionalistas arrumbado sus ya deterioradas ideologías y sus sustituyéndolas por el calorcito del poder y del presupuesto.

El tema promete. Todo el mundo coincide en que hay muchas Cajas con problemas, que sobran una gran parte y que la vía menos mala es la de las fusiones interregionales. El asunto es, además, urgente. Frente a ello, están los intereses de las autonomías que buscan desarrollar "campeones autonómicos" para, dicen, seguir fomentando el desarrollo de la región y la obra social. Esa verborrea oculta su verdadero objetivo que no es otro que mantener su cuota de poder clientelar. Porque, para mayor escarnio, pretenden formar esos campeones con el dinero del contribuyente español.

La tendencia natural del "Gobierno de España" será, una vez más, a la chapuza y al arreglín bajo cuerda. ¿Aplicará eso de "quien paga manda"? Atentos a lo que negocien con el tripartito catalán porque aportará luces.

Los vicios de la democracia española
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 10 Agosto 2009

Treinta años después de la implantación de la democracia en España, son ya claramente visibles los vicios, que, en este tiempo, han enturbiado su funcionamiento. Por supuesto, no voy a hacer una lista exhaustiva de los mismos, sino sólo analizar sucesivamente los más importantes.

Ahora bien, lo grave no es que existan, algo que a veces es difícil de evitar, lo verdaderamente grave es que no se hace nada por corregirlos. La democracia no es una fórmula que se dé de una vez y para siempre. Por el contrario, es necesario luchar por ella todos los días, circunstancia que no sucede aquí, en donde no se reforman las cosas, salvo que sea para empeorarlas.

El primer vicio en que se ha vuelto a caer radica en la exaltación del lema amigo-enemigo, que fue considerado, de forma abusiva, por Carl Schmitt, como la esencia misma de la política. Es cierto que en la contienda política, hay siempre elementos cainitas, que buscan aniquilar al adversario, pero en la lucha civilizada, que es propia de la democracia, debe existir un fair-play que se base en el respeto al adversario, que consiga neutralizar esa perversión, y que deje una zona de acuerdo básico.

En España después de más de un siglo de guerras civiles y de una dictadura de casi 40 años, consecuencia de la última, parecía que habíamos aprendido la lección.

A la muerte del dictador se impuso el sentido común y logramos un periodo en que no había ni vencedores ni vencidos, en que se enterró el hacha de guerra, en que hubo diálogo entre todos los partidos, y en que se pudo establecer una Constitución de consenso que, a pesar de sus defectos, ponía las bases para una convivencia pacífica y civilizada entre todos los españoles.

De esa renta hemos vivido algunos años, pero comienza a ser preocupante el clima de “enemiguismo” que se ha instalado últimamente en la política. Desde las elecciones de marzo de 2004, con el agravante de los sucesos del 11 de marzo, hemos asistido a un clima de enfrentamiento que no augura nada bueno, sobre todo entre los dos grandes partidos nacionales.

A causa del mismo no ha sido posible un entendimiento mínimo para ponerse de acuerdo en temas fundamentales, como son la necesaria reforma de la Constitución o el nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional, por citar los dos más notorios. Pero hay muchos más.

El clima de este encarnizado combate no ha respetado, por tanto, un terreno que debía estar al margen de las luchas partidarias y es el del consenso básico que afecta a la propia Constitución y a los principales órganos del Estado. ¿Cómo es posible que uno u otro partido veten personalidades para ocupar cargos en los órganos del Estado, únicamente por razones ideológicas?

Es cierto que hace ya mucho tiempo que se ha desterrado de nuestra política, el nombramiento por méritos, lo cual es una verdadera desgracia, habiéndose sustituido por la pleitesía declarada a un jefe (pidiéndose incluso el Premio Nobel para él) o la adhesión "inquebrantable" a un partido o ideología.

Pero como esto lo hacen casi todos los partidos y, especialmente, los dos más importantes, no se concibe que ahora, por razones de venganza, por poner un ejemplo actual, se esté impidiendo, por parte del PP, que sea senadora la actual Secretaria de Organización del PSOE, simplemente por represalias de un partido hacia el otro.

Se puede estar de acuerdo o no, sobre las capacidades de Leire Pajín para la política, pero si los dirigentes del PSOE la han nombrado para un cargo de tal importancia, es una cuestión de ellos y allá ellos. Ahora bien, como ya los nombramientos, como digo, se hacen únicamente por lealtades o fidelidades en todos los partidos, no es admisible que el PP de Valencia se oponga con falsos argumentos, alegando su falta de "valencianidad".

Los ejemplos, a uno y otro lado del río, se podrían multiplicar, pues surgen todos los días. El de hoy, sin ir mas allá, es la grave denuncia que ha hecho la Secretaria General del PP, respecto al espionaje telefónico que está sufriendo su partido por parte de organismos del Gobierno.

Es más, esta continua imputación de unos sobre otros y viceversa, llegó a su paroxismo recientemente en la campaña de las elecciones europeas, en las que en lugar en hablarse de Europa, el PSOE sólo habló del PP y el PP sólo del PSOE y en ambos casos para ver quién sacaba más trapos sucios del contrario.

Un clima de forofismo, al estilo futbolístico, ha invadido también la política española y la actuación de los órganos del Estado en general o, también, en particular, del Poder Judicial en todos los niveles, pues una mayoría de jueces son previsibles en sus juicios, porque no actúan de acuerdo con el Derecho, sino según sea su adhesión política.

Baste citar lo que está ocurriendo con el Tribunal Constitucional, cuyos Magistrados se han olvidado de la Constitución para juzgar según filiaciones de origen. La ruptura del consenso básico que impuso la Transición, la vuelta a la dialéctica del amigo y enemigo, es el primer vicio de la actual democracia española.

Y lo grave, como ocurre con otros que seguiré analizando aquí, es que no existe todavía ninguna voluntad de regeneración, incluso en tiempos de crisis, salvo la excepción que confirma la regla y que es el pacto de gobierno entre PSOE y PP en el País Vasco, algo que si dura podría curar el cáncer de esa Comunidad española.

Continuaremos.

Urgencia nacional
Enrique LÓPEZ La Razón 10 Agosto 2009

En España tenemos siempre la costumbre de no afrontar los problemas en serio y menos en verano. En plena ofensiva de ETA, utilizando la violencia para conseguir una negociación con el Gobierno; en plena recesión económica, de la que ni el optimismo del presidente norteamericano nos puede sacar, es un auténtica frivolidad, acudir al frentismo político para ganar posición. A pesar de la disminución del paro producida en los dos últimos meses, se nos está adelantando un incremento sin precedentes para el mes de octubre y nos enfrentamos a una gripe A de consecuencias inciertas. Todo esto debería determinar un cierre de filas de nuestros dirigentes, la búsqueda de consensos, de espacios comunes y sobre todo de soluciones. Nos jugamos mucho.

Mientras tanto tenemos todas nuestras instituciones inmersas en un continuo cuestionamiento, con funcionamientos deficitarios, nuestro modelo de Estado todavía sin perfilar, a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, una ausencia de consenso sobre qué hacer con nuestro mercado laboral, cuestionado en sus principios por un sinfín de expertos. El panorama se antoja difícil y máxime cuando España va asumir la Presidencia de la Unión Europea. España es un país con un peso importante en Europa. Todo ello aconsejaría que en primer lugar el Gobierno, y en segundo lugar el resto de fuerzas políticas, se miraran de frente y pensando en el ciudadano, y no sólo en el mantenimiento del poder, comenzaran a buscar soluciones ante esta plaga de problemas. Dejar todo ello al albur, es una grave irresponsabilidad, pensar que la esperada recuperación mundial va a arrastrar a España de igual manera es una utopía. Tenemos problemas propios que sólo nosotros podremos resolver, nadie más. Si seguimos enfermos, cuando llegue la recuperación, esta será muy lenta y a largo plazo, algo que incluso para los que su único plazo es el de cuatro años de legislatura puede ser fatal.

En este entorno se imponen responsabilidad, seriedad, abandono del frentismo, pactos y cogobernabilidad. En democracia además de ser hay que parecer, y para ello debe producirse un esfuerzo por parte de quien ejerce el poder de transmitir la sensación de que lo está haciendo conforme a las reglas del juego y no con abuso. Ello requiere a veces dar explicaciones.

El equilibrio entre Gobierno y Oposición, no es un equilibrio de fuerzas iguales. El Gobierno tiene una situación de superioridad legítimamente ganada en las urnas, pero que debe administrar con sentido común y sobre todo con respeto al adversario. Ejercicio responsable del poder y lealtad, es un binomio necesario en una democracia y máxime en estos momentos, por eso no se puede exigir lealtad sin responsabilidad, ni responsabilidad sin lealtad. Como en toda regla de fuerzas, hay una acción y una reacción, y ello exige que primer se ejerza el poder con responsabilidad y luego se espere lealtad. Como ya he dicho en otra ocasión «Sectarismo e imposición, es un binomio letal para una sociedad. Ortega nos transmitió con claridad su gran critica a la República tan ansiada por el mismo, su sectarismo. Fue para el Filósofo, la mentira y el sectarismo de los primeros pasos de la República, lo que hizo rechazarla a muchos de los que la trajeron». Conocemos la historia, y a pesar de las diferentes visiones sobre la misma, sabemos lo que ocurre cuando se hacen mal las cosas.

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ETA, en su deriva a ninguna parte
Editorial La Razón 10 Agosto 2009

Sus recientes acciones corresponden a una estrategia, fallida, para recuperar protagonismo

En su deriva hacia ninguna parte, los etarras hicieron explosionar ayer varios artefactos de escasa potencia en Mallorca. Concretamente, en dos restaurantes frente a la playa de Can Pere Antoni y un tercero en los subterráneos de la Plaza Mayor de Palma. La mejor noticia es que no hubo heridos. La perversa intención de los asesinos no es nueva. ETA intenta siempre actuar allí donde puede hacer daño a los españoles y a España y, en verano, los núcleos turísticos de nuestro país son un objetivo prioritario. Frente a sus propósitos hay que hacer lo que corresponde: mantener la calma, puesto que su estrategia también es psicológica y busca el desgaste de la sociedad, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las fuerzas políticas. Y no lo están logrando. Lejos de amilanarnos, cada vez están más aislados política y socialmente.
Sólo cabe recordar que, tras el asesinato de dos guardias civiles el pasado 30 de julio en Palmanova, este jueves el Rey, tras su reunión con el presidente de Baleares, Francesc Antich, el alcalde de Calviá y los hoteleros, transmitió un mensaje que hoy sigue vigente: el total y rotundo apoyo al sector turístico de Baleares y transmitir, tanto a los ciudadanos españoles como a los extranjeros que veranean allí, tranquilidad.

Por supuesto, y esto es fundamental, no hemos de caer en la tentación de pensar que ETA está más fuerte y tiene mayor capacidad de operatividad por la sencilla razón de que es falso. Como hoy publica LA RAZÓN, a partir de la documentación incautada al etarra Ekaitz Sirvent Auzmendi, esta aparente «hiperactividad» es el primer paso de una estrategia para lograr la legalización de Batasuna, o como se quiera llamar, para que pueda presentarse a las elecciones municipales vascas. El penúltimo acto de la farsa sería que Otegi se convirtiese en el gran «hombre de paz» que lograse convencer a ETA para que dejase las armas y anunciase una nueva tregua. Lo siguiente es que se legalizase el brazo político de los asesinos y retomase su presencia en los ayuntamientos vascos.

Esa estrategia nace muerta desde el primer momento si se tiene en cuenta la firmeza con la que se muestran el Gobierno y la oposición ante cada nueva acción de ETA. Aparte de expresar su repulsa y condena inequívoca, se les emplaza a su único destino: la cárcel. La unidad de los dos principales partidos y de todos los demócratas es inquebrantable frente a la barbarie del terrorismo. Ver a Rodríguez Zapatero y a Mariano Rajoy juntos en las desgraciadas ocasiones en las que han tenido que acudir a algún funeral es la mejor prueba de que su frente común contra ETA goza de una salud envidiable. Si en algún momento se plantean dividir a las formaciones políticas y a la sociedad española, que abandonen ese propósito porque es baldío.

Estas explosiones coinciden maliciosamente en el tiempo con un comunicado de la banda en el que, al tiempo que reivindican los últimos atentados, manosean las palabras con su habitual demagogia. No merece ninguna respuesta salvo la de los hechos. Y en ese sentido, se va en la mejor dirección. La labor y efectividad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es irreprochable, más aún si se tiene en cuenta que combaten a unos asesinos que tienen a su favor el factor sorpresa, más de una vez desactivado. Se les está acorralando desde todos los frentes: el policial, el judicial y el político. Ésa es una realidad que no puede ni debe ser empañada por la explosión de los artefactos de ayer. Su futuro, y lo saben, es su desaparición y cumplir las penas por sus viles acciones.

Engaños programados
Si ETA apunta al ministro Rubalcaba y al consejero Ares es señal de que los responsables de Interior están golpeando a los terroristas donde más les duele
TONIA ETXARRI El Correo 10 Agosto 2009

De todas las tesis manejadas hasta ahora en el debate propiciado por el PNV sobre el final del terrorismo, la más chocante la ha brindado en las últimas horas el colectivo Lokarri aduciendo que el diálogo debilita a la banda. Textual. Una teoría tan original que, si no estuviera encaminada a justificar la supervivencia de tantos grupos que han vivido durante tantos años del llamado 'conflicto', debería estar enmarcada en un cuadro de honor en la galería de los retratos notables del Parlamento vasco. Porque nadie, antes, había llegado a semejante conclusión. Y no habrá sido por falta de subvenciones a grupos de teóricos y expertos en los tiempos de Garaikoetxea, Ardanza o Ibarretxe...

Porque si algo ha quedado demostrado, incluso para los defensores del diálogo sin condiciones y hasta el amanecer, durante tantos años de pesadilla, es que ETA siempre se ha beneficiado de los tiempos de la negociación. Todo el mundo que conozca la trayectoria de la banda sabe que los terroristas tienen, entre sus 'áreas' de actividad, el frente de la negociación. Una puerta que abren siempre que se encuentran en apuros. Por eso, resulta insostenible pensar que del diálogo brota la debilidad de ETA. Sencillamente porque la Historia ha demostrado lo contrario. Todos los tiempos de la negociación han sido utilizados por la banda para reorganizarse. La propaganda es un 'arma' más de la organización terrorista. De ahí que necesite sostener el señuelo del diálogo y que intente volver a colarse en las instituciones en donde tiene garantizada la caja de resonancia para ser tratada como si sus representantes fueran portavoces democráticos.

ETA, a pesar de que sigue matando y de que quiere amortizar el comando de Mallorca, está atravesando una manifiesta debilidad reconocida por los propios activistas en sus documentos internos. Una debilidad provocada no por el diálogo precisamente, sino por las continuas detenciones y el acoso judicial al que ha estado sometida desde que le tendió la trampa al presidente Zapatero con su última tregua. Los socialistas se tomaron su tiempo para corregir el error mientras no querían oír las voces de los escarmentados en otros procesos de diálogo. Se equivocaron. Y muchos de ellos lo reconocen ahora. El nuevo Gobierno del lehendakari López ha dado un giro en la lucha antiterrorista tan radical que los críticos con el proceso frustrado de negociación le agradecen el cambio.

El comunicado de ETA apuntando al ministro Rubalcaba, pasándole las muertes que ellos provocan y refiriéndose a la política de Interior que dirige Rodolfo Ares indica que los socialistas están dando a ETA donde más le duele. Es señal de que los dos responsables de Interior lo están haciendo bien. Sin complejos. Porque si los votantes críticos con la etapa de la negociación con ETA pensaban que nunca verían a los socialistas vascos enarbolar la bandera de la persecución del delito con todas sus consecuencias, desde el PNV llegaron a teorizar que el Gobierno de Patxi López no tendría agallas.

Pero como tenemos que juzgar a nuestros gobernantes por sus hechos, ahí están los responsables de Interior, en Madrid y en Vitoria, decididos a no dejar pasar ni un gol por la banda a los cómplices de los terroristas que, durante muchos años, creyeron que las calles eran suyas. Decididos a recuperar el espacio para los ciudadanos. Y decididos a que las víctimas que aún tienen la moral de seguir viviendo en Euskadi no deban pasear más por sus calles con la cabeza inclinada, como si la vergüenza o un incomprensible complejo de culpa les empujara a vivir en un enclaustramiento forzoso.

El nuevo Gobierno vasco, con el apoyo del PP, está cumpliendo con su promesa de liberar las fiestas de la propaganda de ETA. Y si han decidido poner la venda antes de que se abra la herida sobre las posibles futuras trampas del entorno del abertzalismo es porque saben que los grupos políticos de ETA son muy capaces de condenar la violencia con tal de volver a pisar la moqueta de las instituciones. Ya lo hicieron. La declaración de EH, antes de apoyar al Gobierno de Ibarretxe, logró llevar al huerto a media clase política. Las primeras declaraciones de la candidatura europea encabezada por Alfonso Sastre también intentaron hacer un guiño para despistar a los vigilantes electorales.

Pero ya son demasiados años en los que el entorno de ETA ha tendido tantas trampas como para volver a incurrir en los mismos errores. Maldita la gracia que le hará al presidente Zapatero saber que el ex preso De Juana anda presumiendo por ahí de haber forzado a su Gobierno a negociar sus condiciones. Es quizá la fortaleza y la determinación que ahora muestran los socialistas lo que provoca que el PNV quiera recuperar el fantasma de la negociación como 'serpiente de verano'. Pero si el cambio que está dirigiendo el nuevo Gobierno vasco supone la ruptura de la inercia del silencio, del miedo y del asentimiento ante la imposición del matonismo, no cabe duda de que Patxi López, si no comete errores de bulto, irá recogiendo, con el tiempo, muchas más adhesiones que las obtenidas en las urnas.

La izquierda frente a ETA
JAVIER MADRAZO LAVÍN El Correo 10 Agosto 2009

La última acción terrorista protagonizada por ETA en Mallorca ha reabierto, una vez más, el sempiterno debate sobre las razones por las cuales la llamada izquierda abertzale oficial no ha condenado el asesinato de dos jóvenes guardias civiles que, como todas las víctimas de la violencia, tenían el derecho humano a poder vivir sin que un coche bomba interrumpiera bruscamente su futuro, generando dolor y sufrimiento en sus familias y en el conjunto de la ciudadanía.

La autodenominada izquierda abertzale oficial ha callado siempre ante ETA, salvo honrosas excepciones, y lo ha hecho hasta la fecha porque sus dirigentes han sido conscientes en todo momento de que, en última instancia, el poder reside en quienes ejercen el monopolio de la violencia. Sin duda alguna, también habrá habido quien ha tenido miedo a levantar la voz contra la barbarie, pero no podemos olvidar tampoco que históricamente han sido mayoría quienes han entendido que los fines legitimaban los medios.

Esta concepción, tan perversa como errónea, ha sido común en un periodo, no sólo a la estructura política de ETA sino también a un sector de la izquierda alternativa y transformadora que, tal vez, como consecuencia de la represión franquista y la falta de libertades en los primeros años de la Transición, e incluso mucho después, se mostró, cuando menos, comprensiva ante el uso de la violencia, aunque públicamente la rechazase con mensajes que, analizados desde la perspectiva actual, bien podrían calificarse como ambiguos y/o equidistantes. En honor a la verdad, hay que mencionar la coherencia mantenida en este aspecto por el Partido Comunista (PC-EPK), que fue un abanderado de la paz y de la oposición frontal a ETA.

Afortunadamente, hoy la defensa inequívoca y sin matices de los derechos humanos concita plena unanimidad en todas las sensibilidades de izquierda, con la excepción de quienes aún, desde la ortodoxia, optan por el silencio, no por convicción sino por una malentendida resignación que les ha dejado sin ningún tipo de margen de maniobra en los ámbitos político e institucional. La izquierda abertzale oficial podrá compartir los mismos fines que ETA, esto es, la independencia y la territorialidad, pero no debería hacer suyos por más tiempo los medios. La izquierda tiene que estar con las personas más débiles y, en este caso, las más débiles son las víctimas de la violencia y quienes se saben amenazadas.

Me consta que cada vez son más las voces que reivindican la apuesta por las vías exclusivamente políticas y democráticas porque su voluntad sincera es poder trabajar, sin la sombra alargada de ETA, por la difusión de sus ideas y su proyecto entre el conjunto de la ciudadanía vasca. Son plenamente conscientes de que han perdido toda credibilidad y saben igualmente que su prioridad consiste en canalizar la reflexión abierta en su seno, en la que el colectivo de presos ejerce un papel protagonista, en relación con la superación del terrorismo como instrumento de lucha política.

La revolución que la izquierda abertzale oficial debe liderar con urgencia no está ya en la independencia ni en la territorialidad, en la medida en que éstas son demandas socialmente aceptadas como legítimas; la revolución para este mundo está hoy, simple y llanamente, en la condena de la violencia. No son necesarias declaraciones grandilocuentes ni esperamos que nadie entone un 'mea culpa'. Basta con que digan un 'no' rotundo a ETA. La izquierda no puede ni debe ser tolerante con el totalitarismo, sea éste del signo que sea. El compromiso firme con el respeto a los derechos humanos, y concretamente con el derecho a la vida, es una seña de identidad de la izquierda, que no podemos dejar sólo en manos de la derecha o de quienes se definen como socialdemócratas aunque sean social-liberales. Por definición, las corrientes de opinión más sensibles a los principios de libertad, igualdad, democracia y convivencia han sido aquéllas más próximas a postulados que se encuadran en la izquierda.

Por ello, la posición que ahora mantiene la izquierda abertzale oficial resulta tan anacrónica. En un contexto de crisis económica, que incide de lleno en el bienestar de las personas, afectadas por el desempleo y el recorte de prestaciones sociales, nadie, desde la izquierda, puede permanecer impasible ante las acciones de una organización sin cultura política ni valores éticos, que con sus acciones provoca duelo y luto, por un lado, y, por otro, interfiere en la actividad pública, neutralizando la capacidad de la izquierda para situar en el centro del debate el modelo de desarrollo, el fracaso del capitalismo, y una gestión progresista que dé salida a la coyuntura actual.

La llamada izquierda abertzale oficial no puede ser por más tiempo ni aliada, ni cómplice, ni subalterna de ETA. Su campo de acción, sus opciones de juego, las podrá buscar en la independencia y en la territorialidad, pero también, y sobre todo, en los principios de la izquierda tradicional, que son los derechos humanos y las necesidades reales de las personas, más vinculadas a cuestiones básicas como son el empleo, la vivienda, las pensiones o el medio ambiente. Su futuro dependerá del camino que emprendan a partir de ahora.

Tiempo de reflexión
Lázaro Conde Monge Minuto Digital 10 Agosto 2009

La democracia es el peor de los sistemas políticos con excepción de todos los demás (W. Churchill)

La aguda crisis económica por la que atraviesa España, negada obstinadamente por el incosciente Presidente del Gobierno pese a su lamentable evidencia, se agudiza en el período estival, época en la que disfrutan de unos días de vacaciones un gran número de españoles que habitualmente trabajan. La gestión de un Gobierno sectario, totalmente incompetente a juicio de una aplastante mayoría, ha logrado el triste record que significa que el paro registrado supere los cuatro millones, con clara e imparable tendencia al alza. En paralelo con esta crisis económica, se agudiza día a día otra, sin duda más grave y preocupante, por afectar a la unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (art.2 de la Constitución de 1978). En las presentes circunstancias, cabía esperar que la clase política dirigente renunciara al disfrute de sus costosas e inmerecidas vacaciones, como muestra de solidaridad con el pueblo tan cruelmente afectado por gestión tan nefasta. El carísimo despliegue vacacional del Presidente del Gobierno, sufragado con dinero público, es prueba más que suficiente del desprecio que siente hacia una opinión pública justamente escandalizada.

El renacimiento de la actividad asesina del terrorismo etarra, pone aún más de manifiesto el tremendo fracaso de los planteamientos utópicos de quien se empeñó en un vergonzoso plan de paz, basado en la ignominia y en la mentira. El estallido de indignación del pueblo soberano, no parece todavía suficiente para que el iluminado presidente del Gobierno reconozca públicamente su inmenso error y comparezca en el Congreso para renunciar a la autorización, aún vigente, de iniciar nuevas conversaciones de paz si se dan las debidas condiciones. Increíble pero cierto.

La referencia inicial a la democracia, dada por uno de los más grandes políticos contemporáneos, en definición ampliamente compartida, significa el repudio a toda tentación totalitaria con el fin de sustituirla por cualquier otro sistema político. Día a día se agudizan los efectos nocivos de la política que dirige el actual presidente, desde que ocupó el poder en las circunstancias conocidas por todos. Los millones de ciudadanos no afiliados a partido político alguno, seguimos pensando de acuerdo con la definición churchiliana, que no hay alternativa a la democracia. Por tanto estamos obligados, como amantes de nuestra Patria y fieles a la verdad, a denunciar una vez más, la incompetencia de un Gobierno incapaz de liderar el resurgimiento de nuestra gran nación, en caída libre desde el advenimiento al poder del señor Rodriguez Zapatero, con la etiqueta de progresista. La acumulación de sus dislates y decisiones erróneas, que se denuncian en esta reflexión libre de prejuicios, deja a juicio de sus posibles lectores su particular interpretación. Veamos solamente algunas de las más llamativas evidencias.

Estado de Derecho y democracia son conceptos básicos, reflejados inequívocamente en la Constitución de l978, refrendada el 6 de Diciembre de dicho año por 15.310.020 de españoles que la votaron afirmativamente, frente a 1.385.582 que lo hicieron negativamente. El voto positivo significaba el 87,7% y el negativo el 7,83% Los preceptos y normas contenidos en su preámbulo y en sus 168 artículos y las disposiciones adicionales, transitorias y derogatoria del texto original son de obligado cumplimiento por todos los españoles.

Es incuestionable que la separación e independencia de poderes, inexcusable en un Estado de Derecho, no existe en la España progresista, al estar el Poder Judicial políticamente condicionado, por la designación de sus responsables por los partidos, en función de su afinidad. Constituye un auténtico sarcasmo que se pueda intuir de antemano el signo de las sentencias, por conocer previamente la servidumbre política de jueces y fiscales de los diferentes Tribunales, con el agravante de que la Fiscalía Superior del Estado actúa servilmente, como en todo sistema totalitario, a las órdenes directas del Gobierno. Baste enjuiciar objetivamente la antidemocrática intromisión política de la vicepresidenta del Gobierno, tanto ante la presidenta del Tribunal Constitucional para que busque el procedimiento que conceda validez a un Estatuto de Cataluña, claramente anticonstitucional, como las órdenes que imparte al incondicional Fiscal General del Estado, para que recurra con la máxima urgencia todas aquellas sentencias judiciales que no se ajustan a su conveniencia.

El artículo 4.1 de la Constitución determina que “La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas”. Aunque cueste creerlo, el portavoz del partido socialista en el Congreso de los Diputados de España, José Antonio Alonso, juez de profesión, leonés y compañero de estudios y de carrera de José Luis Rodriguez Zapatero, portavoz de Jueces para la Democracia antes de ser diputado y posteriormente titular de los ministerios de Interior y Defensa, sucesivamente, es en la actualidad portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y a juzgar por su comportamiento en la manifestación que encabezaba el 1 de mayo, fiesta del trabajo del presente año, en compañía de la secretaria de organización de su partido, Leire Pajín, y de los secretarios generales de los sindicatos UGT y CCOO, ignoraba el contenido de dicho artículo, puesto que la única bandera que portaban los centenares de manifestantes que les rodeaban era la de la Segunda República, roja, amarilla y morada. Socialismo puro.

La obligada limitación de esta reflexión, deja para posteriores consideraciones referencias tan deleznables como los abucheos al Jefe del Estado en la celebración de la final de fútbol de la Copa del Rey, la cesión al chantaje del separatismo catalán en sus exigencias para mantener su precario apoyo parlamentario en el Congreso, el de los principales sindicatos ante la amenaza de convocatoria de huelga general, el incumplimiento flagrante del artículo 3.1 de la Constitución en el que el castellano se designa lengua española oficial del Estado y un largo etcétera, que hacen cada día más palpable la vergüenza que sienten los españoles ante la evidencia de la parodia de democracia que interpretan los políticos sin escrúpulos, que se auto titulan progresistas.

No obstante, los defraudados ciudadanos no están dispuestos a renunciar a la democracia real y efectiva, conseguida desde la proclamación de la Constitución de 1978, sin oponerse frontalmente al Gobierno que la está liquidando. El régimen político que actualmente rige en España, no puede encubrir su palpable degradación, agudizada por la corrupción rampante inherente a todo totalitarismo.

Por todo lo expuesto, la mayor esperanza en la recuperación nacional se fundamenta en la confianza del pueblo en sus Fuerzas Armadas, cuyos miembros conocen la trascendencia de la misión que les encomienda el artículo 8 de la Constitución. Su lealtad inquebrantable a España, a la que han jurado servir y defender hasta derramar, si es preciso, la última gota de su sangre, les mantienen expectantes ante la situación. Dado el carácter intencionadamente provocativo del nombramiento de la actual ministra de Defensa, partidaria de que los Ejército intervengan exclusivamente en misiones de paz, el análisis pormenorizado de tan inadecuado nombramiento deberá ser objeto de una profunda reflexión, lo antes posible. Tal vez en su supina ignorancia, la ministra no se ha persuadido aún de que el símbolo supremo del patriotismo es la bandera de España, con la que todos los que dan su vida en su defensa desean ser enterrados. Es imprescindible que transmita esta evidencia a sus compañeros de partido y de Gobierno.

UN COMERCIANTE RECURRIRá A LA UE
Coacción para imponer el catalán
IMPRESIONES El Mundo 10 Agosto 2009

UN PEQUEÑO empresario de Arenys de Mar está decidido a no cambiar el letrero de su empresa, escrito en español, y a recurrir a los tribunales europeos la multa que la Generalitat le ha impuesto de 1.200 euros por no rotularlo también en catalán. Se trata de una prueba más de la imposición coactiva de esta lengua por parte del Gobierno autonómico, dentro de un ámbito como el comercio, que, por su esencia, debe estar sujeto a la total libertad de elección. Es intolerable que se impida a un ciudadano decidir el idioma que desee para publicitar su negocio y que se vea obligado a reclamar amparo para hacer uso de este derecho fuera de su propio país. Por fortuna, ejemplos como el de este empresario demuestran que la sociedad civil catalana no está dispuesta a aceptar, sin más, tales necedades.

Educación espera que tras el verano no haya una campaña contra el decreto del gallego
ABC El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez Abad, estrecha la mano del secretario general de Política Lingüística, Anxo Lorenzo
ANA MARTÍNEZ | SANTIAGO ABC Galicia 10 Agosto 2009

«Queremos un decreto en el que esté la mayoría de la población y no el diez por ciento, como ocurría con el anterior». El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, coincidió con el secretario general de Política Lingüística, el independiente Anxo Lorenzo, en la necesidad de que se llegue a un consenso en la aprobación de la nueva norma. El borrador, que debe estar listo en septiembre, será presentado a los otros dos grupos con representación parlamentaria para que lo apoyen.

El gobierno gallego procurará un «texto que sea de todos» y, aunque la consulta de preferencias lingüísticas efectuada a los padres con hijos en edad escolar dentro de la enseñanza no universitaria, no sea vinculante («no tiene carácter de referéndum») sí se incorporará a las líneas generales. La Consellería de Educación confía en que impere el sentido común y que, después del verano, no haya una campaña contra este texto legal, ni llamamientos de agentes sociales o políticos buscando la desobediencia.

Por ahora, la advertencia no ha surtido efecto y, tras el período estival, se espera que aumente la presión. La Mesa por la Normalización Lingüística (MNL), de Carlos Callón, anunció la convocatoria de una huelga general en todo el sistema educativo a comienzos de curso si el ejecutivo autónomo (aún con el respaldo de las familias) persevera en su intención de derogar la norma que imperó durante todo el mandato del bipartito. «El gallego une, Feijóo separa», es el lema del gerente de la MNL, que dijo que quien apoye la revocación «defiende el derecho a la ignorancia».

Pese a la macroencuesta, y su defensa del bilingüismo con una inclinación hacia el castellano, criticó las palabras del número dos de la cartera de Jesús Vázquez Abad: «Quería recuperar el consenso lingüístico en Galicia; pues ya existía en el Estatuto de Autonomía, el decreto vigente y la Ley de Normalización Lingüística, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento autonómico», reflejó. Mientras, la CIG, sindicato pro-nacionalista, mostró abiertamente -y con un lenguaje parecido a la Mesa- su rechazo, y CCOO lamentó todo el «conflicto» idiomático.

Entre los grupos, el portavoz de lengua de los socialistas galaicos, Francisco Cerviño, dudó de la fiabilidad de los resultados del sondeo, y la portavoz de esta fuerza, Mar Barcón, insinuó que «las respuestas no sirven para nada». El PSOE calificó la indagación de «profecía autocumplida para obtener el resultado que le interesa al PP de cara a justificar lo que va a hacer».

El líder nacional del BNG, Guillerme Vázquez, por su parte, recordó al equipo al mando que «debe dedicarse a cumplir las encomiendas del Estatuto, entre ellas, la de defender el gallego» y mostró su deseo de que «lo que comenzó siendo un despropósito, termine como un despropósito». Al igual que sus antiguos compañeros de coalición en San Caetano, cuestionó la validez de unas conclusiones «que ni siquiera tienen muy claras los propios que encargaron la consulta», apostilló.

La pesquisa reveló que los padres están en contra de la inmersión en gallego, y que rechazan el decreto defendido por la extinta alianza de PSOE y BNG. En infantil, solamente el 9% es partidario de la educación únicamente en gallego; y en primaria, la enseñanza de las asignaturas troncales sólo o mayoritariamente en gallego es respaldada por un 18%, si bien, la otra opción, sólo o mayoritariamente en castellano, fue marcada por el 55%. Oposición y sindicatos se resisten a aceptar esta posición popular y hablan de «una manipulación clara».
 

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