AGLI

Recortes de Prensa    Domingo 16 Agosto 2009

 

 

El valor de la austeridad
Pese a la crisis, el Gobierno aumenta la cifra de funcionarios y dispara la de altos cargos
Editorial La Razón 16 Agosto 2009

Con el desempleo en más de cuatro millones de personas, el Gobierno está muy satisfecho con los resultados de su medida estrella contra el paro. Según los últimos datos, el Fondo de Inversión Local de 8.000 millones ha creado más de 400.000 puestos de trabajo. Para el Ejecutivo, la experiencia ha sido tan positiva que ha puesto en marcha un segundo Fondo, dotado con 5.000 millones de euros. El Gobierno saca pecho con una estadística que es una verdad a medias.

Obviamente, en un panorama de destrucción de empleo galopante como el español, cualquier iniciativa que palíe en parte la situación siempre será mejor que no hacer nada. Pero la realidad es que detrás de esos 400.000 puestos hay trabajo precario y temporal que no resuelve en absoluto el problema de fondo. Es un parche que ayuda a maquillar las crudas estadísticas de desempleo, similar a los casos de esos otros cientos de miles de personas que no figuran en las tablas oficiales porque están inscritas en cursos de formación, son demandantes de empleo con disponibilidad limitada o serán beneficiarios del nuevo subsidio que aprobó el Gobierno en el último Consejo de Ministros.

La fórmula consiste en que el Estado se erija en principal empleador con cargo a las arcas públicas. En esa política, el empleo público es una pieza fundamental. Los números en ese terreno son reveladores y demuestran que el Gobierno prefiere endeudarse hasta la asfixia a plantear las reformas necesarias que incentiven la generación de empleo en las empresas y en los autónomos. Así, el personal público estatal (Administración Civil, Militar, de Justicia y de la Seguridad Social) subió un 2,95 interanual, hasta los 617.372 efectivos, en 2008, lo que supone un aumento récord desde 1999. Si hablamos de altos cargos y asesores, personal de confianza que designa directamente el Gobierno, el incremento fue de un 6,5%.

En un país con cerca de 3 millones de funcionarios y una crisis galopante, que el número de empleados que trabaja para el conjunto de las administraciones públicas (local, autonómica y central) aumentara un 5,4% interanual en el primer trimestre de 2009, el mayor ritmo de los últimos seis años, es un despropósito que sólo tiene motivaciones políticas y no laborales.

El propio presidente Zapatero se comprometió a un necesario recorte del 70% de la oferta pública de empleo. El recurso a la figura del Estado como patrono nos parece una salida fácil e improvisada cuando no se sabe qué hacer o no se tiene la audacia precisa para tomar las decisiones adecuadas. No hay principio alguno que confirme que a más funcionarios, mayor eficacia, diligencia y productividad en la Administración. Más bien, la experiencia nos dice lo contrario. Las estructuras sobredimensionadas suelen ser poco resolutivas.

Este Gobierno ha apostado con una obstinación irresponsable por una política de gasto desmedido y equivocado, de la que forman parte el Plan de Financiación Local y el Empleo Público, y ha rechazado la austeridad y las reformas que incentiven de verdad la actividad. Se ha renunciado a las inversiones productivas para derrochar en subvenciones y subsidios. Hay coincidencia generalizada –Banco de España, OCDE, FMI y Comisión Europea– en que nuestro país necesita cambios en el mercado laboral. La cerrazón del Gobierno tendrá como consecuencia que el paro se dispare después del verano pese a la enorme inversión pública a fondo perdido. Con esta política, la recuperación tardará demasiado en llegar, y de ello tendrán que responder quienes apostaron por un modelo que empobrece el país.

Real Afganistán
César VIDAL La Razón 16 Agosto 2009

A diferencia de lo que sucede en España, donde pueden pasar meses sin que los medios de comunicación informen a los ciudadanos de lo que pasa con nuestras fuerzas armadas en el exterior, en Estados Unidos las noticias de lo que sucede en Irak o en Afganistán son diarias y detalladas. De esa manera, la gente de a pie sabe con bastante exactitud cómo discurren ambos conflictos siquiera porque, de manera continua, pueden ver a políticos y militares informando de la situación.

Adelanto que lo que acontece en esos frentes lejanos donde se combate el terrorismo islámico se parece bien poco con lo que pretende hacer creer desde hace años el gobierno de ZP. Ya saben ustedes que de acuerdo con la doctrina ZP-Moratinos hay una guerra buena que va bien, la de Afganistán, y una mala que va más que justificadamente por la calle de la amargura que es Irak. Sonará más o menos verosímil semejante tesis, pero es falsa como un euro de madera.

En Irak, pese a quien pese, la guerra está ganada hace ya tiempo. De hecho, Bush dejó establecido un acuerdo de salida de las tropas aliadas y Obama se ha limitado a ratificarlo y mantenerse en esa misma línea. La razón resulta obvia. Cualquier mínimo conocedor de cuestiones militares sabía desde el principio que en Irak se trataba de aguantar contra las acciones de los terroristas islámicos mientras la sociedad se iba levantando poco a poco sobre sus pies. Así ha sucedido, efectivamente, en contra de lo pregonado por una izquierda como la española que sigue, en su mayoría, sin querer enterarse del planeta en que vive.

En Afganistán, sucede todo lo contrario. También, cualquiera que supiera de qué iba el baile era consciente de que allí iba a ser relativamente fácil entrar y vencer –como, efectivamente sucedió– pero que la salida resultaría más que complicada porque no existe ni siquiera un embrión de sociedad civil salvo que como tal se entienda a los señores de la guerra. De hecho, hace apenas unas horas la televisión anunciaba en esta parte del mundo cómo las fuerzas aliadas están retrocediendo en ciertas zonas ante un enérgico contraataque de los talibán.

Contra lo sucedido en Irak, donde el régimen de Saddam Hussein está más que acabado, en Afganistán no parece que exista otra posibilidad que la de llegar a un acuerdo con los que predican e imponen el burka y luego abandonar el lugar. Esa realidad, sin duda triste, deja más que retratada la política de ZP, Moratinos y el coro de miembras. En su día, retiraron a España de una guerra contra la dictadura irakí que ha concluido con lo único que se parece a una democracia en la zona. En cambio, decidieron permanecer en Afganistán donde hemos sufrido lamentabilísimas bajas, donde seguramente tendremos que aumentar la presencia militar y donde no estamos ni lejanamente en misión de paz sino inmersos en una guerra que terminará con el restablecimiento de uno de los poderes islámicos más cerriles – y ya es decir– del presente. Ésa es la situación real de Afganistán, pero el gobierno de ZP vive, por definición, en un mundo que se empeña en ir contra la realidad. ¿Cómo no va a ser así cuando el ministro del Interior es Rubalcaba, el de Exteriores, Moratinos y el de Trabajo, Corbacho?

Mi sueño de una noche de verano
PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO ABC 16 Agosto 2009

ESTOS últimos días he tenido ocasión de leer dos excelentes artículos relativos al estado actual de nuestro modelo autonómico, y la verdad, no me resisto a realizar también algunas consideraciones. La primera, recogida en una reciente Tercera del catedrático y maestro Manuel Ramírez, con el título «El problema de las Autonomías y sus raíces». La segunda, del asimismo buen jurista, el profesor Sosa Wagner, con el nombre «¿Dispone de territorio el Estado?»; una materia, esta última, sobre la que tuve oportunidad de manifestarme en esta columna bajo el título de «Territorio constitucional» (18-II-2004). Pero, a diferencia de las antedichas colaboraciones, una centrada en las causas de los excesos en la construcción del Estado de las Autonomías -«desde la nunca ocultada postura de acérrimo defensor de un Estado fuerte y enemigo de cualquier fisura que quiebre su unidad», y la otra sobre las dificultades para seguir postulando la existencia de un territorio -«Pues es un hecho anómalo pero cierto que en España el Estado ha dejado de disponer de su territorio... un Estado en estas condiciones ¿es un Estado?»-, voy a detenerme en las medidas que podrían encauzar el sistema autonómico. Sabedor, no me tachen de ingenuo, de las enormes dificultades políticas, constitucionales y administrativas para su implantación. Pero nos hallamos en época estival, donde es sencillo adormecerse pensando, como en la obra de William Shakespeare, El sueño de una noche de verano, en las bondades de hadas, duendes y enamorados.

A) La preservación del interés general y por ende nacional. Esta habría de ser, por encima de cualquier consideración, la razón de cualquier acción política, ya sea del Estado central o de las Autonomías, pues éstas constituyen también, estructural y funcionalmente, parte del Estado español. Un interés general, y por ende nacional, de todos los ciudadanos españoles -cualquiera que sea el lugar de su residencia- que fue apuntado por los mismísimos revolucionarios franceses de 1789: la primera misión de un ciudadano es la defensa de su Res Publica. Un interés nacional lamentablemente abandonado o pospuesto con el transcurso de los años. En el caso de las Autonomías, pues han estado comprensiblemente atareadas en la defensa de sus intereses más propios y en resaltar sus rasgos diferenciadores. Y en el supuesto del Estado central, pues ha ido haciendo dejación -a causa de la necesidad de los Gobiernos de la Nación de contar con los apoyos de los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados- de ciertas obligaciones. El diagnóstico del profesor Roberto Blanco es demoledor: «La lógica del interés general ha desaparecido desde hace tiempo de la política española». Y es que la autonomía no atribuye carnés de democracia, justicia, ni modernidad.

B) La existencia de una política de Estado sobre nuestro modelo territorial. Las políticas de Estado, tales como la educación, la sanidad, la inmigración... son ineludibles en cualquier Estado cohesionado. Unas políticas de Estado que han de refrendarse, al menos -aunque sería deseable la mayor unanimidad-, por los dos grandes partidos nacionales representantes del noventa por ciento de la ciudadanía. Políticas de Estado, con mayúsculas, por dos razones. La primera, porque, dada su relevancia, son de naturaleza transversal y afectan a la integridad de los españoles. La segunda, porque de no ser así, el partido que se encuentra hoy en la oposición, pero que alcanzará indefectiblemente el poder en una democracia, derogará una normativa en que no participó, para instar una legislación alternativa. ¿Les suenan tales despropósitos?: diez leyes en materia de educación, seis en extranjería, etcétera.

C) El respeto a un marco constitucional rectamente interpretado. Un marco definido con claridad en el artículo 2 de nuestra Magna Carta: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». Un sistema que no puede descansar exclusivamente sobre una imparable hipertrofia del principio de autonomía, mientras se violenta el de unidad y se ningunea el de solidaridad. Pronto lo apuntó el Tribunal Constitucional: «La autonomía hace referencia a un poder limitado... autonomía no es soberanía, y en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido» (STC 4/1981, de 2 de febrero).

Aquí no hay más naciones políticas que la Nación española. Aquí no cabe derecho de secesión. Aquí no existe derecho de autodeterminación. Se auspicia, claro que sí, la mayor autonomía política, impensable si echamos la vista atrás, pero soberanía sólo hay una: la predicable, en el conjunto del territorio nacional, de la Nación española. De aquí que sean reprobables las mutaciones constitucionales impulsadas últimamente por vía de la reforma de los Estatutos de Autonomía. El modelo territorial está fijado en la Constitución. Si se desea su modificación, habrá que revisar previamente la misma por los rígidos procedimientos fijados, y no como se ha hecho -pues no se dispone de las mayorías requeridas para la reforma constitucional-, por una espuria puerta de atrás. Y ya que las principales instituciones del Estado han de ser las primeras en dar ejemplo ¿para cuando -tras tres años de retraso- la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña? Como decía el profesor Álvarez Conde, en otra Tercera, «Tempus regit actum», «El Tribunal está obligado a realizar un esfuerzo adicional para garantizar la seguridad jurídica». El modelo admite diversidad de tratamientos, sí, pero siempre que se respete la igualdad y no se escondan privilegios.

D) La lealtad en el ejercicio de las competencias. La lealtad es asimismo, en la línea de la bundestrue alemana, exigible a los operadores políticos nacionales y autonómicos. Una lealtad que no es sino corolario, vuelve a reiterar el Tribunal Constitucional, «del más amplio deber de fidelidad a la Constitución» (STC 64/1990, de 5 de abril). Dejemos de interpretar torticeramente los preceptos constitucionales, dejemos la eufemística expresión de Estado español para no hacerlo de España o de la Nación española, dejemos de actuar desde la triste invocación del «imperativo legal».

E) La pertinencia de cerrar el modelo territorial, por vía de un gran acuerdo político nacional o por una reforma expresa de la Constitución. Es de todo punto imposible soportar las perennes reclamaciones centrífugas de las Autonomías, y seguir con la incesante cesión de competencias del Estado -hoy ya residual en demasiados ámbitos-, al socaire de puntuales respaldos del Gobierno de turno en las Cortes Generales. Unas desafortunadas delegaciones que, al hilo de un malhadado artículo 150 de la Constitución, han desfigurado el marco estatutario ordinario. Una clausura que podría llevar aparejada, ¡por qué no!, otras reclamaciones competenciales autonómicas, pero que debería implicar concurrentemente la avocación/recuperación de competencias por parte del Estado. Especialmente, dada la fragmentación, escaso nivel y falsaria impartición de conocimientos, en historia, lengua española -de ella ya ni les hablo- y geografía. Paralelamente, habría que reclamar del Estado el ejercicio de la Alta Inspección. Las competencias están para ejercerse, y hay que saber decir que no.

¿Qué como llevamos tales acciones a término? Joaquín Leguina, quien fuera presidente de la Comunidad de Madrid, en uno de los Cursos de Verano organizados por la Fundación de la Universidad Rey Juan Carlos, bajo el sugerente título de «La otra España posible», señalaba con rotundidad: «Cuando en Política aparecen los sentimientos ancestrales y se hace bandera de cualquier reivindicación, el único remedio consiste en aplicar la razón y luego la firmeza, usada claro está, por el Estado democrático». Así de claro. En ello consiste parte del buen gobierno.

El Gobierno «engorda» al Estado
El PSOE prometió apretarse el cinturón frente a la crisis, pero el número de funcionarios subió un 2,9% en 2008. Sólo en salarios, el Ejecutivo se gastará 108.000 millones este año
T. Martos La Razón 16 Agosto 2009

MADRID- El 23 de junio de 2008, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se vio obligado a comparecer ante los medios y admitir: «Las dificultades son serias y afectan directamente a muchos ciudadanos». Entre sus manos, el informe anual de la oficina económica de Moncloa y, en su discurso, las promesas de congelar los sueldos de todos los altos cargos del Estado y recortar un 70 por ciento la oferta pública de empleo para 2009. El objetivo de estas medidas era ahorrar, al menos, 250 millones de euros.

Y llegados a la fecha anunciada, Zapatero no ha cumplido lo que prometió. Cierto es que llegó a congelar el sueldo de los altos cargos, pero lo que no advirtió es que a finales de 2008 ya habría un 7,6 por ciento más de puestos de máxima responsabilidad, pasando de 380 a 409. Y por si esto no fuera suficiente, la plantilla del Estado subía un 2,9 por ciento respecto a 2007, hasta llegar a los 617.372 funcionarios. Así se refleja en el último informe elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Los augurios para este año, a tenor de este estudio, no son nada halagüeños, y así lo demostraron los datos obtenidos durante el primer trimestre de 2009. Uno de cada diez empleos perdidos en el sector privado ha sido compensado por contrataciones en el público. Así, mientras las empresas destruían un 8,1 por ciento de puestos de trabajo, el sector público aumentaba su plantilla en 156.300 personas, un 5,4 por ciento. Y aunque supone la mayor subida de los últimos seis años, este dato no es positivo, ya que, en plena crisis, este incremento maquilla las cifras del paro, pero supone un lastre más para la economía española al disparar el gasto corriente.

El coste total de las nóminas de los funcionarios, que sale de los impuestos de todos los contribuyentes, superará este año los 108.000 millones. De los tres millones que hay en nuestro país, el 56 por ciento pertenece a la Administración autonómica; el 18 por ciento, a la central; y el resto, a los ayuntamientos. Y pese a las dificultades económicas, todos los empleados públicos regionales han percibido un aumento salarial cuanto menos reseñable.

Premio de las autonomías
El ránking lo lidera Andalucía, que, además de contar con el mayor número de funcionarios (256.115), llevó a cabo una subida salarial del 3,6 por ciento. Le sigue el País Vasco, que aumentó la retribución de sus empleados públicos (61.292) en un 3,5 por ciento. Hay que recordar que fue el PNV quien tomó esta decisión justo antes de perder las elecciones. No obstante, el nuevo lendakari, Patxi López, estudiará una posible congelación de esta subida en 2010.

Este incremento de los salarios públicos, casi un punto por encima de la media pactada en las empresas privadas, supone un fuerte revés para las cuentas públicas, ya que más de la mitad de los funcionarios de España han recibido el aumento. Y es que, mientras muchas empresas están aprovechando para hacer recortes de plantilla y así capear la dura recesión, las administraciones públicas siguen engordando las nóminas de 1.332.884 funcionarios, según apunta la última estimación del Ministerio de Política Territorial.

Otras comunidades como Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y Asturias optaron por subidas del tres por ciento, teniendo en cuenta complementos como las pensiones o la equiparación de la cuantía de las pagas extra con los salarios. Las menos arriesgadas o, quizá, más sensatas, como Cantabria, Aragón, Navarra y Extremadura, se limitaron a tener en cuenta la previsión oficial del IPC, que en ese momento era del dos por ciento.

Presupuestos austeros
Al Ejecutivo le espera un otoño difícil, ya que aún debe cerrar los flecos de las negociaciones salariales con las comunidades autónomas y la subida de los funcionarios para 2010. No obstante, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, vaticinó en una entrevista a Efe, que, aunque los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año serán austeros, «no está sobre la mesa» del partido «congelar el sueldo de los funcionarios en estos momentos».

Y dentro de esta política de austeridad socialista resulta, cuanto menos chocante, los datos que afectan directamente al Ministerio de Presidencia. El presidente del Gobierno tiene a su servicio al 27,3 por ciento de los altos cargos y asesores del sector público estatal. Nada menos que 296 funcionarios, una cifra que poco tiene que ver con las políticas de austeridad. Además, Zapatero tiene un 37 por ciento más de efectivos de los que tenía su predecesor, José María Aznar (216).

Justicia, la única castigada
Mientras todas las áreas de la Administración central veían aumentar su número de efectivos, la de Justicia experimentaba una caída del 4,8 por ciento en su plantilla. Pese a ser el sector que más efectivos ha solicitado en los últimos tiempos, agobiados por la carga de trabajo y los retrasos judiciales, el año pasado contó con 1.214 funcionarios menos.

De la pérdida de España al partido histórico
Juan Colomar www.tercerarepublica.org  16 Agosto 2009

Julio 2009

Apoteosis del juancarlismo
Con Rodríguez Zapatero no asistimos a un cambio del régimen de 1978, sino a su apoteosis. El régimen acomete hoy, sin resistencia apreciable, el tramo final de su andadura hacia la monarquía confederal. Hacia la completa desarticulación de la unidad nacional de España, perviviendo de la misma tan sólo la referencia a la Corona, bajo cuyo amparo emerge un enjambre de micro-naciones lingüísticas o costumbristas.

Aunque cierta retórica ha podido calificar a esos enclaves nacionalistas étnicos de retrocesos al mundo feudal, en realidad son sub-productos de nuestro tardío y deforme desarrollo capitalista. A la vez, son uno más de los fenómenos de desintegración que golpean a los eslabones débiles de las áreas imperialistas, en este caso a Eurolandia.

Éste es el resumen del significado del juancarlismo: el gran capital bancario y oligopolista, por las necesidades de su dominación sobre “estepaís”, ha dado cancha a través de las Autonomías a unos cotos de mediocres y voraces burguesías regionales, amamantadas por estaditos tan ostentosos como corruptos. A cambio, ha asignado a los estaditos una función de división “identitaria” del pueblo trabajador español y de capataces del mismo.

Esta apoteosis plurinacional significa una tremenda quiebra histórica: la del proyecto que, en 1812, con la Constitución de Cádiz, pretendió convertirnos en Nación asentada en la soberanía del conjunto del pueblo español. Y es preciso constatar que este proceso se ha desplegado con el dinero de toda la población española, ante su indiferencia general y con el impulso de las altas instituciones del Estado. Los peces se pudren por la cabeza.

Pérdida de España
Ante esta situación, el Partido Nacional Republicano ha reiterado en su VI Conferencia, el pasado 9 de mayo, un diagnóstico que algunos calificaron de pesimista. Hace ya tiempo que la correlación general de fuerzas ha hecho imparable la “pérdida de España”. Hay quien se consuela invocando las alusiones de la vigente Constitución a la “indisoluble unidad de la Nación española”. Pero esa Constitución es papel mojado; más exactamente, es un papel higiénico con el que pulimentan sus delicados esfínteres las altas magistraturas del régimen.

En la práctica, después de los estatutos de autonomía impulsados por el PSOE y el PP, ya hemos dejado de existir como entidad política nacional. La patria española común no ha podido sobrevivir a un Estado anti-nacional y antidemocrático que durante treinta años se ha aplicado a desintegrarla moral, política, social y territorialmente.

¿Quién dijo que la “globalización” disolvería los patriotismos y nacionalismos? Aquí lo único que ha ido al declive es el patriotismo español tradicional, que ha vinculado la idea de España a la monarquía, a las intervenciones salvadoras del ejército y a la confusión entre moral nacional y moral católica. Esta corriente no sólo se ha mostrado incapaz de revertir el proceso de desintegración, sino que además ha participado en el mismo, como apéndice subalterno.

Nuevo nacionalismo español
¿España tiene algún futuro? Lo tiene, pero es por la vía de su refundación nacional. Merced al alumbramiento de un nuevo patriotismo, configurado como nacionalismo español democrático y socialista. Y dispuesto a pasar por la criba de la verdad racional, lógica y experimental todas las nociones políticas heredadas.

El PNR lucha por otra España.
La pertenencia a la misma ya no podrá definirse por la sangre, o por la religión, ni por la afición a la paella o al gazpacho, ni por el cultivo de peculiaridades locales, vivas y respetables en unos casos, meramente museográficas en otros, y siempre irrelevantes desde un punto de vista político. Tampoco por la nostalgia de pasadas grandezas. Del pasado, el nuevo nacionalismo español únicamente retomará lo que precisa para el futuro: los momentos más representativos del valor y del heroísmo que nos singularizaron, ante todo y sobre todo, como pueblo guerrero.

De entrada, se impone el abandono del camino de 1812, de alianza del Burgués con reliquias del Antiguo Régimen. Ciertamente, es digno todavía de respeto el enunciado más genérico de su pretensión: erigir la comunidad nacional española de ciudadanos libres e iguales, titulares de la soberanía. Pero tal pretensión exige hoy avanzar por una vía radicalmente distinta. Es la del derrocamiento de la monarquía borbónica y sus autonomías, para la constitución de España en república democrática y unitaria que abra paso a un ordenamiento socialista. Todo ello asentado en las anchas espaldas del pueblo trabajador y mediante su participación activa.

El troquelado de un nuevo español
Ese camino es, sin duda, difícil. Entraña el troquelado de un nuevo español. Implica un decaimiento de los valores hoy dominantes del individualismo antisocial y sus “derechos a decidir”, del repliegue vegetativo en la “sociedad civil” y en las patrias chicas, de la ilusa esperanza de que todo será gratis en la vida, del nihilismo pasivo rellenado de hedonismo consumista y diversión escapista…

Las condiciones generales que pueden favorecer esta mutación no dependen de lo que pueda hacer ningún grupo. Sólo pueden forjarse en la fragua de las crisis y de las guerras. Ahora bien, esas condiciones generales están ampliamente garantizadas por el nuevo ciclo en que hemos entrado a escala mundial. No escaparemos a las crisis, que ya nos está desarbolando, ni a las guerras, a las que tarde o temprano nos veremos arrastrados por nuestros amos.

Lo que sí depende de los buenos españoles es la labor perseverante, obstinada, de construcción del partido necesario para la transformación de la inerte población española actual en pueblo español capaz de la acción política.

El partido histórico
El PNR es consciente de la confusión, e incluso del desprestigio, que hoy se asocian al término “partido”. Como se reconoce en una Resolución aprobada por su VI Conferencia Nacional, «hablar de partidos es hablar de maquinarias electorales para el copo de pesebres y prebendas por parte de lo que hemos denominado recuas de arribistas y mercaderes de conciencias».

Pero lo que proponemos los nacional-republicanos es un Partido de Nuevo Tipo, «porque nos referimos a un “partido histórico” que se sepa punto de arranque de la refundación nacional de España mediante la instauración de un nuevo Estado y que se constituya en escuela preparatoria para la vida en el mismo». Ese partido se concibe, en consecuencia, como «primer crisol de la forja de un nuevo tipo de ciudadano español».

“Juego” y “guerra”
La relación de ese partido con la vigente realidad política es completamente distinta de la que mantienen todos los partidos convencionales, empezando por los que se llaman republicanos e incluso “antisistema”. Tales partidos están en un “juego”, en una competencia entre amigos. Participan en la vida del régimen, en el seno de sus instituciones y de acuerdo con las reglas que aquel les brinda, diseñadas para legitimarse y amortiguar sus múltiples contradicciones. Solamente ETA se aparta del juego normalizado. Pero esa excepcionalidad es la exigida para que se cumpla la regla. La acción de ETA siempre ha sido funcional a la estrategia de desintegración de la nación española propulsada por el régimen. Por eso el régimen lleva décadas sin echar el cierre a la pandilla terrorista separatista.

El Partido Nacional Republicano no es un partido al uso. No está en el “juego”. Su relación con la actual realidad política y social es de hostilidad absoluta, sin límites ni acotamientos. Evidentemente, en las actuales circunstancias ello no puede abonar lo que, recurriendo metafóricamente al lenguaje militar, podría llamarse “guerra de asalto frontal”. La hostilidad radical debe ahora hacerse visible mediante una tenaz “guerra de posiciones”, política e ideológica. Ante todo, contra los dispositivos y mecanismos liberales de defensa de la monarquía del gran capital. No se trata, con ello, de ocupar esos dispositivos y mecanismos, sino de separar a cada vez más compatriotas de los mismos, como condición indispensable de una acción política independiente; de erosionar en su conciencia las mentirosas identificaciones entre lucha política y teatro electoral; entre reivindicaciones económicas y mamoneo de los bonzos sindicales; entre Partido y colección de garrapatas del Presupuesto; entre derechas y patriotismo, entre izquierdas y progreso.

¿Qué debemos salvar?
No estamos para preservar ninguna de las instituciones del régimen ni para “regenerarlas”, como pretenden algunos, con hilarantes propuestas de “reforma constitucional”.

Nuestra tarea inicial es salvar a las fuerzas vivas que subsisten todavía en la Nación fracasada, para incorporarlas al comienzo de la nueva España, que ha de plasmarse ante todo en el avance del Partido.

Nuestra ejemplaridad nos permitirá atraer a quienes de inmediato necesitamos con nosotros. Los valientes, sobre todo para soportar las verdades espantosas que revelará el nuevo ciclo histórico. Los jóvenes a los que no sólo no se reconoce su talento y sus esfuerzos, sino que además se les bloquea todo futuro. Los viejos luchadores que no temen volver a fracasar si es con algo nuevo, pero no con los credos y estrategias que desde hace 161 años no han hecho más que organizar la derrota de los trabajadores que aspiraban al socialismo. Los pesimistas activos. Los que odian sin remisión el mundo del Burgués, su mezquino espíritu de cálculo economicista y su reducción del conflicto a la concurrencia mercantil y a la discusión eterna. Los que opinan que es la Técnica, más que la poesía, el “arma cargada de futuro”. Los que no ansían una “civilización del ocio”, sino un cambio radical del sentido del Trabajo. Aquellos para quienes la vida no tiene sentido si no es para quemarla al servicio de empresas históricas. Los espíritus belicosos, hoy condenados a servir en guerras al servicio de intereses ajenos.

Con el Partido lo podemos ser todo, sin el Partido no seremos nada.

Partido Nacional Republicano
c/ San Bernardo, 20 - 1º. 28015 Madrid
pnr@tercerarepublica.org
Telf.: 676 090 121
www.tercerarepublica.org
******************* Sección "bilingüe" ***********************

LA SENTENCIA DEL TC, "LA MÁS COMPLEJA DE SU HISTORIA"
Caamaño: "El Estatut lleva aplicándose dos años y no pasa nada excepcional"
El ministro de Justicia concede una entrevista este domingo que no tiene desperdicio. Como Juanes, justifica el retraso en el fallo del TC por la "complejidad" y espera que se haga "una buena interpretación de la Constitución". Defiende el Estatut sin tapujos y habla de España "federal".
EUROPA PRESS Libertad Digital 16 Agosto 2009

Francisco Caamaño jugó en su día un papel clave en la complicada negociación parlamentaria del Estatuto catalán y no duda este domingo en defender el texto en una entrevista para Europa Press en la que también habla de una España "federal". Tampoco ve problema alguno en que el Estatut lleve aplicándose más de dos años sin que se haya decidido sobre su constitucionalidad.

El ministro asegura sentir "inquietud" por el hecho de que el Tribunal Constitucional no haya dictado una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña tres años después de que el PP presentara su recurso de inconstitucionalidad, pero a continuación lo minimiza porque, dice, "hay otras muchas leyes que están pendientes de resolución desde hace seis y siete años".

Caamaño señala que "la media" de tiempo que necesita el Pleno del TC para dictar sus sentencias "excede con mucho los tres años" –no apunta si son de esa trascendental importancia– y añade que la resolución sobre el Estatut será "la más compleja de su historia" porque, a su juicio, "va a marcar el futuro del Estado de las Autonomías y hacia donde pueden o no evolucionar".

"¿Que a mí me gustaría que ya tuviésemos la sentencia del Estatut? Sin duda, pero soy consciente de la dificultad y de la complejidad de esa sentencia", señala el ministro tras expresar su confianza en que el TC haga "una buena interpretación de la Constitución, aunque luego, políticamente, la resolución guste más a unos o a otros".

España, Estado federal
Caamaño también se muestra convencido de que el modelo autonómico establecido en 1978 conlleva que en España "siempre se van a vivir tensiones, como en cualquier estado de tipo federal, entre el centro y la periferia".

"Habrá ciclos en los que por la situación económica, social o política, dentro de los márgenes de la Constitución, el Estado se hará más centralista y habrá momentos en los que sea más descentralizado. Esa es la forma de vivir democrática de nuestro sistema", sostiene.

Por eso, considera que "quien no esté de acuerdo" con la interpretación de la Carta Magna que realice el alto tribunal en su sentencia sobre el Estatut lleve a las Cortes Generales un proyecto para "cambiar" los artículos con los que no esté de acuerdo.

El papel de Casas
Sobre la posibilidad de que fuera la presidenta del TC, María Emilia Casas, la que pudiera decantar con su voto de calidad la orientación de la sentencia en favor de la constitucionalidad del Estatut, Caamaño señala que no existe "un problema de mayorías de calidad ni de mayorías más amplias o menos amplias", ya que "cualquier tribunal ha de legitimarse por el peso de sus sentencias y por la capacidad de explicación y de convicción de sus decisiones". Caamaño subraya asimismo que "la política se mueve por criterios de oportunidad y el derecho por criterios de razonabilidad".

Preguntado por la renovación de magistrados que el TC debería abordar después de que se dicte la sentencia, asegura que los senadores socialistas están "abiertos" a la negociación de nuevos candidatos y señala que, si esta medida todavía no se ha llevado a la práctica, es porque los dirigentes del PP "sólo han presentado dos candidatos", en referencia implícita al ex presidente del Supremo Francisco Hernando y al ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique López.

"No ha pasado nada excepcional"
Durante la entrevista, Caamaño también lamenta que el Estatut se haya visto sometido a "un debate excesivamente beligerante y casi traumático", en su opinión, que derivó en la convocatoria de "una especie de referéndum exótico" por parte del PP.

De igual modo, destaca que esta norma "lleva aplicándose dos años y pico largos y no ha pasado nada excepcional". "Ni se ha roto la unidad de mercado, ni los catalanes tienen derechos distintos a los que tenemos el resto de los españoles. Es decir, se ha vivido y seguiremos viviendo con absoluta normalidad y es paradójico que un estatuto tan manifiestamente inconstitucional, según dicen, y que iba a acabar con toda la estructura de nuestro país ya esté aplicándose todos los días y no haya habido consecuencias tan dramáticas, como algunos nos han querido vender", llega a decir. Por poner un ejemplo, en contra de lo dicho por Caamaño, el silencio del TC sobre el Estatuto permitió que saliera adelante la Ley de Educación de Cataluña, que erradica la educación en castellano de las aulas.

Para Caamaño, sin embargo, lo destacable es que tras el de Cataluña se aprobaron otros estatutos "absolutamente iguales", en su opinión. "Todos tienen derechos, preceptos en materia de financiación, comisiones bilaterales Estado-comunidades autónomas y cláusulas y ampliaciones de competencias, y resulta que el único que es manifiestamente inconstitucional es el de Cataluña, cuando además tiene 60 artículos literalmente iguales al Estatuto de Andalucía", concluye.

 

Recortes de Prensa   Página Inicial