AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 19 Agosto 2009

 

¿Tribunal? ¿Constitucional?
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 19 Agosto 2009

EL ministro de Justicia está preocupado por la tardanza del Tribunal Constitucional en pronunciarse sobre el nuevo Estatuto catalán, aunque justificándola por lo cargado que está de trabajo y lo arduo de la cuestión. Dios le conserve la vista. Desde aquella sentencia infumable del caso Rumasa, la vida del Tribunal Constitucional ha sido un descender peldaño a peldaño hacia el infierno de la impotencia, zarandeado por el ventarrón de la política. Tuvo una buena ocasión de hacerse el harakiri cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le enmendó la plana, negando legitimidad electoral a las tapaderas de ETA, que él había autorizado.

Pero a estas alturas, nuestro Tribunal Constitucional ni siquiera tiene fuerzas para morir, tras haber demostrado no tenerlas para vivir. Es un fantasma en el caserón cada vez más vacío del Estado español, sin saber bien qué pinta en él, hacia dónde tirar y cuánto va a durar su agonía. Sin percatarse tampoco de que sirve de coartada a unos políticos que buscan cobertura jurídica a sus irregularidades. Dicho de otro modo: está cumpliendo justo el papel contrario al encomendado. Un tribunal que lleva tres años debatiendo la idoneidad de una ley que afecta a la misma estructura del Estado no es un tribunal, es una entelequia. Pero una entelequia con graves consecuencias prácticas, pues esa ley ha ido cambiando la Constitución por la vía de los hechos consumados, hasta el punto de hacer ya muy difícil, por no decir imposible, rectificarlos, por más anticonstitucionales que sean, como parecen serlo en parte. Lo que es la mejor demostración de lo que algunos venimos diciendo desde hace años: que ese tribunal no es sólo innecesario. Es también perjudicial.

Lo refuerza el hecho de que él mismo se descalifica, con miembros hace ya tiempo salidos de plazo, incluida su propia presidenta, al no haber consenso sobre sus sucesores. Algo que, dado el clima de confrontación política que existe, puede muy bien ocurrir con el resto, pudiendo llegarse a que todo él esté compuesto por prorrogados en el cargo, situación rocambolesca para el organismo que se supone la piedra angular de un Estado de derecho. Pero era también el desenlace inevitable de haber roto el equilibrio de poderes, dando a los partidos voz, voto y veto sobre la justicia, que es tanto como encargar al zorro del gallinero.

Y ni siquiera eso es lo peor. Lo peor es que si, finalmente, el Tribunal Constitucional dicta sentencia sobre el nuevo Estatuto catalán, todo apunta que será tan promiscua, tan alambicada, tan ambigua y vacilante que en vez de resolver la cuestión de su constitucionalidad, abrirá nuevas polémicas. Lo dicho: justo el trabajo opuesto al que tiene encomendado. Si es que el encomendado no era precisamente ése.

El golpe de estado permanente
Luis del Pino Libertad Digital 19 Agosto 2009

La expresión "golpe de estado permanente" fue utilizada por Francois Mitterrand en 1964 como título de un libro, para describir la forma de gobernar del general Charles de Gaulle. La verdad es que no se me ocurre un término mejor para describir la situación en España desde el 11 de marzo de 2004.

Recientemente, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha efectuado unas declaraciones en las que venía a abogar porque el Tribunal Constitucional convalide el ilegal estatuto de Cataluña, argumentando que lleva aplicándose más de dos años sin que ello haya causado ningún problema. Por lo que se ve, al ministro de Justicia español no le parece que sea un problema el que se lleve dos años violentando los derechos individuales de los catalanes, y de todos los ciudadanos españoles, en materia lingüística o de educación. Como tampoco le parece un problema que se vacíe de contenido la Constitución española, al reconocer el carácter de nación para Cataluña o al consagrar las relaciones bilaterales entre Cataluña y España. Vamos, que al ministro de Justicia le parece de perlas el que con una norma de rango inferior se enmiende la Constitución por la vía de los hechos consumados.

Si las tomamos aisladamente, las declaraciones de Caamaño resultan sencillamente incomprensibles, por cuanto el ministro de Justicia está conscientemente incumpliendo una de las obligaciones de su cargo, que es velar porque las leyes, y en particular la principal de todas, la Constitución, se respeten y se cumplan. Pero si ponemos las palabras de Caamaño en el contexto de otras declaraciones y sucesos recientes, se entiende perfectamente que nos encontramos ante una ofensiva coordinada para resucitar la Hoja de Ruta que la presión popular obligó a aparcar en la anterior legislatura. Ya anunciamos en este blog que esa hoja de ruta se retomaba a la vuelta del verano de 2009 y mucho me temo que hemos acertado de pleno.

Casi todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas apunta directamente a lo mismo. Por un lado, asistimos a una resurrección de la presión terrorista, con dos nuevos asesinatos incluidos, para que no olvidemos que el problema territorial sigue ahí. ¿Cómo podría alguien vendernos, de otro modo, la destrucción constitucional, si no es ofreciéndonos a cambio el "fin" del terrorismo, mediante algún proceso "negociado" de abandono de las armas? ¿Y cómo podrían vendernos el abandono de las armas de un grupo terrorista, si éste no se hiciera patente mediante la sangre y el terror? "Poner muertos encima de la mesa de negociación", se llama esa jugada tantas veces repetida.

En paralelo, asistimos a una sucesión de declaraciones destinadas a vender entre la opinión pública la idea de que la Constitución lo admite todo, incluido ese estatuto catalán que la pervierte. Así, a las declaraciones del ministro Caamaño hemos de sumar las del presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, que afirmaba hace pocos días que la sentencia del Constitucional sobre el estatuto de Cataluña conllevará una "nueva interpretación de la Constitución". O sea, modificación constitucional al canto, pero sin preguntarnos a los españoles en un referendum, como sería obligado, qué nos parece la jugada.

Y en una perfecta estrategia de pinza, esas declaraciones se complementan con un aumento de la presión desde los grupos independentistas, encabezados por ERC, para tratar de que en la calle se visualice un movimiento social en favor del Estatuto. La única jugada que les falta por poner en marcha, para terminar de agotar la panoplia de herramientas tradicionales, es alguna campaña contra la Monarquía, destinada a ver si así los españoles renunciamos más fácilmente a la Nación, con tal de salvar la Corona. Ya les hemos visto utilizar esa técnica pavloviana de manipulación otras veces.

España está inmersa, desde el 11 de marzo de 2004, en un proceso ilegal e ilegítimo de destrucción de la Constitución del 78, esa constitución aprobada por una abrumadora mayoría de los ciudadanos. En Cataluña, sin ir más lejos, el 91% de los votantes (el 55% del censo electoral) dijo sí a la Constitución. Y ahora se pretende sustituir esa Constitución por la vía interpretativa, utilizando para ello un Estatuto que sólo contó con el respaldo de uno de cada tres catalanes. Es decir, se nos hurta a todos los españoles la posibilidad de manifestar nuestra opinión sobre esa derogación de facto de la Constitución y encima se hace eso utilizando un estatuto que tiene menos respaldo entre los catalanes que la propia Constitución.

Resulta evidente que a lo que estamos asistiendo es a una quiebra absoluta del régimen de legalidad, lo que hace imperativo que nos preparemos para nuevas movilizaciones. Porque desgraciadamente, cuando el Poder está dispuesto a saltarse la Ley a la torera, cuando a lo que nos enfrentamos es a un golpe de estado permanente, destinado a sustituir la democracia real por una apariencia de democracia, lo único que queda es la resistencia democrática y cívica. Sólo la presión de la calle podrá doblarle la mano a quienes no atienden a argumentos, ni están dispuesto a moverse dentro del marco de legalidad, ni respetan las reglas del juego democrático.

De nosotros, de los ciudadanos, depende el paralizar de nuevo esa Hoja de Ruta que nos quieren imponer.

El armario federal
IGNACIO CAMACHO ABC 19 Agosto 2009

COMO el burgués gentilhombre de Moli_re descubría de repente que había pasado su vida hablando en prosa sin saberlo, los españoles acabamos de enterarnos de que vivimos sin ser conscientes de ello en un Estado federal. A Monsieur Jourdan lo ilustraba sobre las variantes del lenguaje un preceptor recién contratado y a nosotros ha sido el nuevo ministro de Justicia el encargado de aclararnos la índole jurídica de este fenómeno «discutido y discutible» llamado España. Ya nos había ilustrado el presidente Zapatero, con su pedagogía líquida, de nuestra condición de nación de naciones, pero ahora don Francisco Caamaño nos saca del armario un Estado travestido de identidad federal, con todas sus «tensiones propias» como la del Estatuto de Cataluña. Una Cataluña que no vendría a ser ya sólo una nación dentro de la nación, sino un Estado dentro del Estado. Alguien ha debido de cambiar la Constitución y algunos no nos hemos enterado de nada.

Porque al menos en la Constitución que yo tengo no dice por ninguna parte que España sea un Estado federal. Puede que en el Título Octavo existan parecidos prácticos notables y hasta quizá una vocación original no consumada, pero de mis escasas nociones de derecho político conservo una idea del federalismo ligeramente distinta: estados que se federan, de abajo arriba, en uno común y más fuerte que asuma de forma reglada y nítida competencias generales. Y lo que ha pasado aquí es más bien una descentralización, a menudo improvisada y a tirones, del Estado preexistente que ha acabado centrifugando en las autonomías la mayoría de sus atribuciones. No es imposible que, incluso, el federal fuese un modelo mejor y más claro que asegurase de modo más efectivo y equilibrado la igualdad de los ciudadanos, pero es otro modelo. Y los modelos de Estado sólo se cambian mediante procesos constitucionales.

Tendré que preguntarle a mi constitucionalista de cabecera, el profesor González Trevijano, si un Estado puede salir del armario convertido de golpe en federal o si he de comprarme una edición actualizada de la Carta Magna. A simple vista, uno cree que lo que España constituye a día de hoy es eso que otro profesor, el eurodiputado Sosa Wagner, denomina -siguiendo el modelo del imperio austrohúngaro, que acabó como acabó-, un estado fragmentado. Borrell, el ex ministro, lo llamaba directa y rudamente un carajal, pero es porque no había estudiado derecho político.
Eso sí, en los estados federales las «tensiones propias» las solventa un Tribunal Supremo o Constitucional con un dictamen en tiempo y forma. Y en ese aspecto aún hay que perfeccionar bastante nuestro peculiar federalismo a la española.

El minuto de gloria de Carod y la sentencia más esperada
Pero ¿no decía Zapatero que el Estatuto se hacía para que "Cataluña se sintiese cómoda en España", o sea, para que los nacionalistas calmasen sus insaciables ansias reivindicativas?
Luis Miguez Macho El Semanal Digital 19 Agosto 2009

Carod-Rovira ha soliviantado al Gobierno con su llamamiento a la rebelión de los catalanes antes de conocerse la sentencia del TC sobre el Estatuto.

Como es sabido, todos los veranos tienen su "serpiente" informativa, y la de éste es la convocatoria de Carod-Rovira a una gran marcha, que se celebraría el próximo 11 de septiembre, contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña; una sentencia que todavía no se ha dictado y que no es probable que en la fecha mencionada vaya a haber aparecido.

También el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se ha referido recientemente a la sentencia que tanto preocupa a los nacionalistas catalanes. Pero para el Gobierno esa preocupación no existe, porque Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional, está firmemente convencido de la constitucionalidad del Estatuto (no en vano es responsable en gran medida de la redacción final del mismo) y, en todo caso, el Tribunal Constitucional sigue presidido por la leal Emilia Casas Bahamonde, de la que no cabe esperar ninguna sorpresa desagradable para el Ejecutivo.

El nuevo Estatuto catalán no ha resuelto nada: sólo creará más problemas
Ciertamente, si el alto Tribunal declarase inconstitucionales los puntos principales y más polémicos del nuevo Estatuto catalán, la conmoción para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y sus aliados nacionalistas sería tremenda. Después del fiasco del "proceso de paz" con la ETA, otro de los pilares de la pasada legislatura, la reforma estatutaria, se vendría también abajo, y la posición del Ejecutivo se volvería insostenible.

Sin embargo, como ya he dicho, no hay peligro de tal cosa ocurra. En los medios jurídicos contamos sin género alguno de dudas con que el Tribunal Constitucional emitirá una compleja sentencia interpretativa, que nos dará entretenimiento durante años a los que nos dedicamos a estas cosas y le permitirá al Gobierno salvar la cara.

Cuestión distinta será la reacción de los nacionalistas catalanes, y ahí hay que enmarcar la manifestación preventiva con la que sueña Carod. Por blanda que sea la sentencia, es inevitable que algún artículo que otro del nuevo Estatuto sea declarado inconstitucional y, sobre todo, que una parte sustancial del mismo se vea desactivada al imponerse su interpretación acorde a la Constitución o condicionarse su eficacia a la reforma de distintas leyes estatales por las Cortes.

En definitiva, como es imposible que el Tribunal Constitucional dé por bueno el Estatuto tal como se aprobó, diga lo que diga Caamaño, y como los nacionalistas catalanes no están dispuestos a aceptar otra cosa que el texto en vigor, no necesitan leer la sentencia para decidir si clamar al cielo contra un nuevo agravio de Madrid o no. Pueden empezar a clamar ya desde ahora o desde el mes próximo, si les apetece más.

Todo esto conduce inevitablemente a otra reflexión que es poco probable que se haga desde la gran mayoría de los medios de comunicación. Pero ¿no decía Rodríguez Zapatero que el nuevo Estatuto catalán se hacía para que "Cataluña se sintiese cómoda en España", o sea, traducido al lenguaje ordinario, para que los nacionalistas catalanes calmasen por fin sus insaciables ansias reivindicativas basadas en el victimismo?

Bien al contrario, el nuevo Estatuto va a dar alimento al lloriqueo victimista de los nacionalistas por lo menos durante una década más. En vez de cerrarse de una vez el sistema autonómico para obligar a las oligarquías políticas regionales a que se dediquen a gestionar eficazmente en beneficio de los ciudadanos los servicios que tienen transferidos, lo que se ha hecho es volver a abrir la puerta a la reivindicación permanente, que se ha convertido en la única razón de ser de los grupos nacionalistas.

Y después de la sentencia del TC vendrá la reforma estatutaria en Galicia
Todo esto ha coincidido con un reverdecimiento también en Galicia de las presiones para una reforma del Estatuto de Autonomía, tras el fracaso del intento emprendido durante la etapa al frente de la Xunta de socialistas y nacionalistas. Afortunadamente, el nuevo presidente de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, tiene una postura muy clara sobre la cuestión: la reforma estatutaria no es una prioridad para su Gobierno, pero tampoco la descarta, sino que, una vez que se conozca la sentencia sobre el Estatuto catalán y dentro de esta legislatura, presentará un texto de nuevo Estatuto que negociará con las demás fuerzas políticas.

Que la reforma estatutaria no es una prioridad para los ciudadanos gallegos lo demuestra la nula trascendencia que ha tenido en las recientes elecciones autonómicas. Es más, el partido que impidió la reforma en la tentativa de la que acabo de hablar, por no aceptar referencias identitarias de dudosa constitucionalidad, fue el que ganó las elecciones con mayoría absoluta.

¿Para quién es una prioridad entonces? Para los nacionalistas del BNG, por supuesto, ahora reducidos a un paupérrimo quince por ciento de los votos, para el sector del PSdeG entregado al nacionalismo y para cierta prensa local que representa lo peor del clientelismo neocaciquil que ha generado el Estado autonómico.

Para todos ellos la reforma estatutaria no es simplemente una oportunidad de actualizar el Estatuto de Autonomía, adaptándolo a la consolidación del sistema autonómico y al propio crecimiento de las instituciones de la Comunidad autónoma. Imitando lo peor de la experiencia catalana, esperan aprovechar la ocasión para consagrar en una norma jurídica del máximo rango los elementos que configuren una sociedad cerrada y cautiva en el bucle melancólico del nacionalismo clientelar.

Así, quienes representan a un quince por ciento de los electores gallegos y los intereses económicos de grupos empresariales incapaces de sobrevivir en un mercado libre conseguirían imponer a la mayoría sus criterios, haciendo imposible desde el propio Estatuto el desarrollo de otras concepciones de la Comunidad autónoma. Políticamente, ello condenaría a la marginalidad al PP gallego y todos los ciudadanos a los que representa.

Por supuesto, hay otras formas de concebir lo que debe ser nuestra Comunidad autónoma. La mayoría de los gallegos no deseamos ningún proceso de "construcción nacional", porque ya tenemos una nación, en el sentido histórico y político, bien construida y consagrada en la Constitución: la Nación española. Tampoco necesitamos que nadie nos venga a revelar nuestra verdadera identidad como gallegos, porque la tenemos perfectamente asumida y no vemos contradicción alguna entre ella y la pertenencia a la Patria común. Son otros los que parecen no tener clara esa identidad y por eso hablan de "construcciones nacionales", que no son más que invenciones ahistóricas.

Si hay que hacer una reforma estatutaria, tiene que ser para mejorar el entramado institucional de una entidad territorial, la Comunidad autónoma, llamada esencialmente a acercar los servicios públicos a los ciudadanos sin merma de sus derechos y libertades constitucionales. Ése y no otro ha de ser el reto no sólo de la reforma estatutaria, sino también de la propia reorientación de un Estado autonómico que no puede seguir siendo por más tiempo el cauce de reclamaciones identitarias carentes en la actualidad de otro sentido que no sea el de servir de pantalla al clientelismo.

Inquietudes
EDUARDO SAN MARTÍN ABC 19 Agosto 2009

Auno le gustaría pensar que la preocupación del ministro Caamaño por el fallo eternamente postergado del TC sobre el estatuto catalán atañía a su convicción de que esa sentencia «va a condicionar el desarrollo futuro del Estado de las autonomías». Pero no, al ministro de Justicia sólo le preocupa el retraso, y no demasiado. Que el futuro de toda la arquitectura territorial del Estado dependa de una de sus vigas debería inquietar a un jurista de la solidez que se le atribuye a Caamaño. Porque lo contrario se ajusta más al canon académico: que cada una de las partes del entramado constitucional dependa del diseño del conjunto.

Debería preocuparle también al ministro que los nacionalistas catalanes (PSC incluido) hayan tocado a rebato por si no les complace ese «desarrollo futuro» que la sentencia del TC debe prefigurar. Carod llama a las barricadas. Montilla lo ha hecho ya en varias ocasiones; conducta insólita en quién en el representante ordinario del Estado en Cataluña y, por tanto, obligado garante de la legalidad constitucional en su territorio. No aceptarán una sentencia que contraríe sus propósitos. Y el ministro, ni mu.

Circula en estos días un pequeño tesoro titulado «La dejación de España», que ha escrito la profesora Helena Béjar después de dos años de investigación sobre nacionalismos, identidades y pertenencias. No hay espacio aquí para resumir sus conclusiones, que merece la pena leer por extenso. Una de ellas viene hoy muy a cuento: en España se ha instalado una dicotomía valorativa entre el nacionalismo español y el subestatal, de tal forma que, mientras al primero se le sigue identificando con el franquismo, el segundo no deja de fascinar a la izquierda gobernante. Y así nos va, sometidos a un permanente estado de extorsión. Qué no vociferaría esa misma izquierda si PP, UPyD y otros anunciaran que sacarán a sus millones de militantes a la calle si el TC no se aviene a sus principios. Duelen los oídos sólo de pensarlo.

Golpe a la logística asesina de ETA
Juan Frommknecht Periodista Digital 19 Agosto 2009

La detención de Alberto Machiain, Aitzol Etxaburu y Andoni Sarasola en los Alpes Franceses supone un golpe muy importante a la banda terrorista, por cuanto se sabe que ellos eran los encargados de entregar el armamento a los comandos de ETA justo antes de pasar la frontera.

Así, se tiene constancia de que tanto Aitzol Etxaburu como Andoni Sarasola mantenían contactos frecuentes con Txeroki en su momento, Gurbitz con posterioridad y finalmente con Jurdan Martitegui, sucesivos responsables del aparato militar de ETA.

Sorprende el lugar de la detención, la Saboya Francesa, junto a los Alpes, en un lugar muy cercano a donde distintas fuentes dicen que vive refugiado, y tal vez vigilado Josu Ternera. Se puede comprobar por ejemplo en distintos números de la Revista Época ¿Casualidad o no?

La segunda cosa que sorprende son las aficiones descontroladas por las drogas que tienen estos chicos de ETA. Aitzol, cuando fue a ser detenido en 2005 en su domicilio de Ondarroa , no fue encontrado, pero si una meritoria plantación de marihuana y un cuarto dedicado a su secado, tal y como publicó en su día El Mundo. No sabemos si, pasado a la clandestinidad, era él u otros los que le suministraban la droga a Txeroki, detenido en Francia con una buena bola de unos 100 gramos de Hachis. Pero no se crean que son excepciones. Se sabe que uno de los detenidos en la desarticulación del comando Nafarroa en 2002 era también muy aficionado a este tipo de sustancias, incluso a algunas más fuertes. Lejos quedan los años en los que esta misma gente se liaban a pegar tiros en la nuca a quienes tenían los mismos vicios que ellos poseen ahora

En fin, drogas a parte, lo importante es que se ha cortado la principal vía de aprovisionamiento de explosivos y armas a los comandos, lo que puede afectar muy sensiblemente a su nivel operativo. Las detenciones son fruto de un extraordinario trabajo de la Policía Nacional y tienen una gran importancia al suponer una dificultad manifiesta para ETA en su intento de seguir causando el terror.

No obstante hay que decir que es más que probable que envíos anteriores estén ya en manos de los comandos y puedan ser usados en cualquier momento, y que es también probable que exista otra vía paralela de suministro de material, aún no identificada, por lo que puede haber un atentado en cualquier momento.

Se espera con expectación la información que se incaute a estos tres miembros de ETA, pues puede ser de suma importancia y llevar al desmantelamiento de zulos con explosivos y armas. En cualquier caso, los verdaderos frutos de esta operación se verán en los próximos meses.

Los jueces critican el retraso de la sentencia sobre el Estatut
R. N. La Razón 19 Agosto 2009

MADRID- Las principales asociaciones de jueces coinciden con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, al valorar con «inquietud» la demora del Tribunal Constitucional en dictar sentencia sobre el Estatuto de Cataluña.

Así, el portavoz de la Asociación Profesional de Jueces para la Magistratura (APM), Antonio García, afirmó que la situación de retraso del TC «se ha convertido en algo insoportable», aunque precisó que el término más adecuado para describirlo es «inaceptable», por someter la sentencia «más importante en toda su historia» a «dilaciones innecesarias».
García criticó el comportamiento de los magistrados del Alto Tribunal que, en su opinión, ha sido «manifiestamente ineficiente» y se mostró temeroso porque «en el trasfondo de este retraso las motivaciones políticas estén jugando un destacado papel», prevaleciendo sobre las razones jurídicas, informa Ep.

Asimismo, el portavoz de la APM denunció la actitud de la presidenta del TC, María Emilia Casas, «que está desaparecida desde hace mucho» y no ha dado explicaciones de por qué no se ha publicado la sentencia y en qué momento ello se llevará a cabo.

Por su parte, Marcelino Sexmero, de la Asociación Francisco de Vitoria (FdV), sostuvo que «tres años después, no hay causa que motive que esté tardando tanto».

La FCF insta a sus futbolistas a que jueguen «hablando en catalán»
AGENCIAS | MADRID ABC 19 Agosto 2009

«Catalanizar» desde el comienzo. Bajo esta premisa la Federación Catalana de Fútbol pretende inculcar sus nuevos métodos pedagógicos basados más que en el entrenamiento o el perfeccionamiento de técnicas futbolísitcas, en la imposición del catalán en todos los equipos de fútbol, empezando por los más pequeños. Según las normas que la Federación pretende imponer "a largo plazo", todos los futbolistas, incluídas las categorías inferiores, deberán hablar catalán mientras se pasen el balón.

Esta es una de las primeras y contundentes medidas que el presidente de la Federación, Jordi Casals, quiere poner en marcha después de cumplir a penas dos meses en su nuevo cargo, decisión que implicaría, según Casals "cambiar el modelo pedagógico con el que se enseña a jugar al fútbol en las categorías inferiores como alevines, cadetes y juveniles . Todos sabemos que los entrenadores se dirigen en castellano a niños que entienden el catalán. Cambiar este estado de cosas es un reto que requerirá formación tanto para los jugadores como para los entrenadores".

Del mismo modo, Casals ha asegurado además que ya ha tratado este tema con la secretaria general de Deportes de la Generalitat y que espera comenzar a preparar en breve "acciones concretas" con las que desarrollar el proyecto, que ha asegurado "necesitará la complicidad política y de todos los estamentos catalanes".
Casals ha asegurado que su última intención es "politizar el deporte"

Otro ámbito de actuación para "catalanizar" el fútbol, ha afirmado, "será el énfasis en la promoción de la selección autónomica catalana y el trabajo para que el equipo participe en competiciones oficiales", algo que actualmente prohíben las normas de la FIFA y de la Federación Española de Fútbol. En este sentido, el presidente ha admitido que apoyaría la celebración de un referéndum en el que los ciudadanos pudieran pronunciarse sobre el futuro de la selección catalana.
No obstante, y a pesar del discurso, Casals ha asegurado que su última intención es "politizar el deporte" y ha advertido a todos los partidos que la Federación no servirá como ningún instrumento político.

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Grotesco dinamitero
M. MARTÍN FERRAND ABC 19 Agosto 2009

AUNQUE pueda parecer esperpéntico, la ausencia vacacional de José Montilla ha convertido a Josep Lluís Carod-Rovira en president en funciones de la Generalitat. Es decir, gracias a la ambigüedad mutante de la Constitución vigente, un personaje que niega la integridad de la Nación Española y ha consagrado su vida al separatismo es, durante unos días y en el territorio catalán, la máxima autoridad del Estado al que trata de trocear. La grandeza de la democracia reside en su propia elasticidad. Es capaz de asumir paradojas inmensas que la contradicen y niegan; pero, ¿sin límite alguno? Quizás sea posible una democracia sin demócratas, y nuestra Transición es prueba de ello; pero, ¿qué futuro le aguarda a una Nación en la que una parte de sus ciudadanos tiene como principal bandera política la de emanciparse de ella?

Aceptado el juego de los despropósitos, es natural que Carod aproveche su estancia en el puente de mando para, valiéndose de la proyección que ello le presta, tratar de influir en la sentencia que, sobre el Estatut, tiene pendiente del Tribunal Constitucional. Más todavía: en alarde de originalidad contestataria, Carod propone, en coincidencia con la celebración de la Diada, la organización de una marcha «preventiva» que reclame ante el TC la intangibilidad del Estatut que, recurrido por el PP en razón de su presunta inconstitucionalidad, ya está en vigor y rige el trabajo legislativo de la Generalitat.

La figura de un presidente autonómico, aunque lo sea en funciones, en feroz ataque a una de las instituciones del Estado y en negación de la Constitución en la que se fundamenta el Estatuto que avala su poder parecería cómica, grotesca, de no ser profundamente dramática. Un testimonio más de la imposibilidad de futuro de un Estado de geografía variable en el que, según vengan verdes o maduras, la cohesión nacional depende de los calendarios electorales y de las estimaciones de voto de cada grupúsculo en presencia.

El año próximo es electoral en Cataluña y, en interesada previsión, Carod aprovecha la coyuntura para calentar el ánimo de su clientela. Aunque no sea por méritos acreditados, el TC merece un mínimo respeto. Por lo menos por parte de quienes rigen las instituciones que en él se amparan. No creo que, en profundidad, resulte legal la coacción pública a sus deliberaciones; pero, seguro, no es democrático. Ni un poquito.


ARCADI ESPADA El Mundo 19 Agosto 2009
En funciones de tribunal y presidente

EL MÁS CONCIENZUDO análisis de las manifestaciones del vicepresidente Carod, de la Generalitat de Cataluña, debe partir de la evidencia, cada vez más agobiante, de que estamos en verano. ¡En verano y en funciones, Baden-Baden! La presidencia accidental de Carod es un delicado momento catalán. Yo creo, concretamente, que es el momento en que Carod se encuentra de veras consigo mismo: no por la presidencia, desde luego, sino por el accidente. Y un hombre así, encajado, es temible. Ahora ha llamado a los catalanes a la manifestación preventiva, el próximo 11 de septiembre, por si el Tribunal Constitucional dicta sentencia contra Cataluña. La idea, de todos modos, no es suya, sino de Pasqual Maragall, enfermo de Alzheimer. Y digo «enfermo» porque, siendo esta tragedia el rasgo principal de su personalidad actual, la prensa no la menciona nunca: prefiere adjudicar sus declaraciones a lo que fue. Pero, en fin, tampoco quiero ponerme fuerte: es obvio que ante la coincidencia estratégica de Carod y Maragall debo poner en duda mis creencias y convenir que un enfermo de Alzheimer tal vez sea en la Cataluña institucional y política un hombre plenamente facultado y normal.

Si la inspiración lírica de Carod es Maragall, la premisa científica es el propio Tribunal Constitucional. Es insólito que un gobernante del Estado convoque a los ciudadanos contra una de las instituciones del Estado. Pero hay que venirse arriba: nada de eso habría sido posible si la Justicia española, y el propio Tribunal Constitucional, no hubiesen protagonizado desde hace tiempo una maniobra de autoagresión que no debe de tener muchos precedentes democráticos.

Hoy la Justicia española es comúnmente percibida (¡y hay un abundante material empírico!) como un secarral de camarillas donde la verdad ha sido sustituida por la conveniencia y donde, pulverizada por la idolatría partidista, ni siquiera sobrevive la cínica razón de Estado. A la moral se añade la técnica: se trata de una Justicia lenta, que suele sentenciar inútilmente sobre hechos consumados. Tanto desde la moral como desde la técnica, el sonrojante caso del Estatuto de Cataluña es un símbolo perfecto.

Directrices claras
TONIA ETXARRI El Correo 19 Agosto 2009

No es tarea fácil arrancar las fotos de los activistas de ETA de las calles del País Vasco. Sobre todo porque durante muchos años las caras de los terroristas han decorado el mobiliario urbano de ciudades y pueblos en donde la exaltación de quienes han perseguido a inocentes sacando pecho y arrogándose el papel de héroes del matonismo les salía prácticamente gratis. Junto a los carteles de autobombo, también se han exhibido otros pasquines en los que aparecían nombres y rostros de políticos y ciudadanos con una diana en su frente. Así durante muchos años.

Es difícil arrancar los carteles que humillan a las víctimas del terrorismo en medio de la bronca. Pero mucho más difícil resulta arrancar de la conciencia de una parte de ciudadanos y de tantos dirigentes políticos, la idea de que hacer propaganda del asesinato es, además de delictivo, inmoral. ¿O habría que decir amoral? Si el hermano de Eduardo Puelles tiene que pedir a los partidos que no permitan que se repita la «impunidad» de la simbología terrorista, es porque él sabe, como ertzaina que es y como cualquier otro ciudadano que no lleve una venda en los ojos, que las fiestas han sido utilizadas durante muchos años por el entorno de ETA sin que tuviera mayores problemas con la autoridad competente. Y que existía una parte de la población con pocos principios democráticos en torno al valor de la vida.

Por eso cuando Puelles emplaza a los partidos a que no transijan con esta anomalía democrática, no se está dirigiendo, evidentemente, al Gobierno vasco. Está emplazando a las formaciones nacionalistas. A quienes consideraron «excesiva» la actuación de la Ertzaintza en Gernika contra los participantes en una marcha no permitida, en un claro desmarque del Ejecutivo de Ajuria Enea. Cuando no se respeta la legalidad, la Ertzaintza (si tiene claras las indicaciones de sus superiores) tiene la obligación de actuar para impedir que los manipuladores acaben reventando las fiestas populares. Y eso es lo que está haciendo. Suena a obviedad en un pais democrático.

Pero Euskadi, mientras sigamos estigmatizados por la presión del terrorismo, no lo es. Visto lo ocurrido hasta ahora en las fiestas, quienes apostaron por el cambio se reafirman en que este nuevo Gobierno era imprescindible, porque la reacción del PNV y EA criticando la mano dura con los radicales, demuestra que la permisividad con el entorno de ETA habría seguido por el mismo camino. El Ejecutivo de Patxi López, con el consejero Ares al mando, se ha tomado la liberación de la calle de la propaganda terrorista, como una sokatira constante. Un cuerpo a cuerpo.

Han sido numerosos los ejemplos en la historia de Euskadi en los que el entorno de los grupos terroristas, siempre al acecho y sin dar descanso ni en vacaciones, terminaban por ganar la batalla del aguante. La presión del matonismo lograba imponer, al menos, su presencia. El Gobierno dice que si tiene que retirar carteles cien veces, lo hará. Será un pulso duro; de inmenso desgaste. Sobre todo porque las fuerzas nacionalistas no se apuntan a la causa de evitar cualquier humillación en las víctimas con todas sus consecuencias.

Los cristianos entierran muertos, los abertzales se despellejan
Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada han sido enterrados como cristianos después de ser asesinados por defender España. Mientras, los abertzales, etarras o no, exhiben sus vergüenzas.
Pascual Tamburri El Semanal Digital  19 Agosto 2009

El miércoles 12 de agosto "familiares, amigos, vecinos de Pamplona y políticos navarros recordaron … en una misa al guardia civil pamplonés Diego Salvá Lezaun, asesinado por ETA el pasado 30 de julio en Mallorca. El acto religioso, organizado a iniciativa de su familia y amigos, tuvo lugar a las 19.30 horas en la iglesia de San Saturnino de Pamplona". Es lo que se llama una noticia correctamente escrita. Pero en Pamplona estaba y están sucediendo más cosas a la vez.

Es verdad que muchos acompañamos aquel día a su abuela María Luisa Portillo y su hermano Borja en su dolor. También es verdad que muchas cosas quedaron en el aire, o habrían quedado de no ser por los sacerdotes y por la gente de la calle, políticamente incorrecta ella. Y algunas cosas flotaban en el ambiente sin que aún hayan terminado de solucionarse.

El arzobispo de Pamplona, obispo de Tudela y anterior arzobispo castrense, Francisco Pérez González, ofició la misa y destacó que los familiares de Diego Salvá "sienten en su corazón, como buenos cristianos, que quieren vivir ante el mal haciendo el bien del perdón y la misericordia". El prelado recordó que, aunque los cristianos perdonan, "el terrorismo nace del odio y engendra desconfianza; se basa en el desprecio de la vida humana y no puede haber paz cuando se desprecia la vida". El perdón de unos no cancela la culpa moral y social de los otros.

Mi amigo Salvador Ulayar ya ha recordado un hermoso gesto cristiano de la madre del caído Salvá. No obstante, quien más se ha acercado al núcleo del problema es el sacerdote Pedro Portillo, tío abuelo de la víctima, que junto al perdón cristiano incidió en los tres problemas que quedan pendientes para la clase política navarra: el terrorismo de ETA no tiene excusa ni pretexto, Diego no murió solo ni por ser navarro, sino por ser miembro de las Fuerzas Armadas, y apeló a las "autoridades y Guardia Civil: haced lo que tenéis que hacer, y hacedlo muy bien". De eso se trata: no de llorar a los muertos ni de perdonar a los asesinos (cosa que puede hacer cada cristiano pero que el Estado no debe hacer), sino de aplastar la bestia sin caer en los males morales de ésta.

Portillo concluyó la Misa diciendo que con y por Jesucristo nos contenemos, ya que si no "seremos capaces de hacer lo que han hecho ellos". Realmente nunca ha sido así, y hemos asistido ya a muchos funerales semiescondidos que parecían los de un accidentado. No, oigan, no: Diego y Carlos murieron en nombre del deber, el honor y su Patria, España. El bien moral está de su lado, y el mal enfrente. Sería de político pequeño olvidarlo ahora, cuando ya no se cometen los errores miserables de hace treinta años.

Aralar, alma de Nafarroa Bai, se niega a solidarizarse con las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Eso no es vergonzoso sino plenamente coherente con la historia batasuna del grupo. Vergonzoso es gobernar con Nafarroa Bai como el PSOE hace en muchos sitios empezando por Olite. Vergonzoso es haber permitido en 2007 por mero cálculo las candidaturas batasunas, como hizo el PSOE. Y un poco vergonzoso es pactar con el PSOE en la misma Navarra en la que los socialistas siguen haciendo eso. En 2001, en un artículo especialmente acertado de José Javier Uranga, se recordaban aquellos Padrenuestros de otros tiempos, después del rosario, "por la conversión del turco". Eso lo rezaban los mismos que lucharon contra el turco en Lepanto: como contra los asesinos de Diego Salvá el perdón cristiano no anula la justicia humana ni la legítima defensa armada de la sociedad.

El Gobierno ve «intolerable» presionar al TC
Carod desata la ira de Chaves tras proponer una manifestación antes de la sentencia del Estatut. El vicepresidente catalán explicará su idea a Montilla
M. Pardeiro La Razón  19 Agosto 2009

BARCELONA- La última idea de Josep Lluís Carod-Rovira no sólo no gusta, sino que enoja. El Gobierno encajó ayer con estupor su propuesta de celebrar una manifestación el próximo 11 de septiembre, Diada de Cataluña, con el objetivo de que «en Madrid, según quién, se piense dos veces según qué cosas». Es decir, para que los magistrados del Tribunal Constitucional no disminuyan el Estatut sin temor a las consecuencias políticas y sociales que provocará en Cataluña. La maniobra sugerida por Carod fue tachada de «intolerable» por el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.

«Es una forma de presión hacia un tribunal que es la cúpula de nuestro sistema constitucional», alertó Chaves en una entrevista en RNE. El vicepresidente del Gobierno consideró fuera de lugar esta manifestación y expresó su confianza en que el Alto Tribunal declare «la constitucionalidad del Estatut» porque, al fin y al cabo, la doctrina que establezca el TC va a ser «trascendental», ya que, como dijo el ministro Caamaño, determinará la interpretación de todos los Estatutos.

Carod, por su parte, sostuvo su idea ayer y, de hecho, piensa trasladarla al presidente de la Generalitat, José Montilla, y a los demás consejeros en la próxima reunión del Gobierno catalán, prevista para el día 25. Insiste en que «siempre es mejor la prevención» y, por eso, alienta una protesta antes de que «el daño ya esté hecho».

Su jefe de filas en ERC, Joan Puigcercós, no descartó apoyar la manifestación preventiva. «Yo no diré que no», ya que ve con buenos ojos presionar al Constitucional. Respecto a la postura de Chaves, la tachó de «hipócrita» porque «PSOE y PP han jugado esta carta de presionar a los miembros del TC».

Carod lanzó esta idea siendo presidente de la Generalitat en funciones. Ayer, para no generar más polémica de la cuenta, subrayó que su propuesta fue «una opinión personal», aunque ERC no le desautorizó.

La Xunta elimina el mínimo del 50% de gallego en Infantil y opta por la lengua materna
El conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, que presentó la nueva imagen corporativa de las antes galescolas, asegura que el Gobierno autonómico no está "por la labor" de segregar por la lengua
REDACCIÓN | SANTIAGO La Opinión 19 Agosto 2009

De galescola a escuela infantil. Pero eso no es lo único que diferenciará las aulas para niños del bipartito de las que está construyendo el actual Gobierno. Además del lavado de cara, con un cambio de imagen corporativa, de casita a gallina, presentado ayer, se produce un cambio en la política lingüística, ya que la Xunta no garantizará el uso equitativo de las dos lenguas oficiales de la comunidad en la etapa educativa que va de los 0 a los 6 años, a pesar de que todavía sigue vigente el Decreto 124/2007 del 28 de junio que obliga a impartir la mitad de las materias en gallego. En la norma del mismo rango aprobada por el actual Gobierno específicamente para regular el currículum de la enseñanza infantil -una copia casi exacta del que dejó pendiente de aprobación el bipartito, excepto en ese matiz- se estipula que el profesorado de estas aulas utilizará la lengua materna "predominante" entre el alumnado, "tendrá en cuenta la lengua predominante del entorno" y "cuidará que el alumnado adquiera de forma oral y escrita el conocimiento de la otra lengua oficial de Galicia".

No obstante, no garantiza que los niños reciban la mitad de las clases en gallego, una precisión que sí recoge el decreto del gallego, todavía vigente, ya que aún no ha sido derogado. Así, en el texto de esta normativa -y también en el borrador que preparaba el bipartito para esta enseñanza- se añadía que "en el caso de entornos castellanohablantes, la utilización en esta etapa de la lengua gallega como lengua de comunicación y enseñanza será, como mínimo, igual a la del castellano". Es decir, el decreto del gallego extendía el mínimo del 50% también a Infantil, una condición que elimina este otro decreto que establece el currículum de esta etapa.

Cuando falta apenas un mes para que se inicie un nuevo curso académico, y con dos decretos contradictorios sobre la mesa, los profesores que tengan que dar clase a niños de 0 a 6 años no deberían, según la CIG, dudar acerca de cuál es el decreto que deben tener en cuenta. Para la CIG, que ya ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra esta segunda norma precisamente por "incumplir" un decreto que aún no ha sido derogado, los maestros deberían "continuar" cumpliendo con la obligación de ofrecer al mínimo el 50% de las materias en gallego.

Anxo Louzao, responsable de CIG-Ensino, recalca que "al estar en vigencia el decreto del uso del gallego es de obligado cumplimiento en todos los niveles educativos, y concretamente en Infantil. Al no estar derogado, existe una norma igual o superior que está todavía vigente", explica Louzao. Este insiste en que sería "ilegal" que no se tenga en cuenta y lamenta que no se debata lo "importante", que es que el decreto "se incumplía de modo mayoritario, sobre todo en las ciudades".

En relación precisamente al nuevo decreto sobre el uso del gallego que prepara la Xunta y que derogará el vigente, volvía ayer a pronunciarse el conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, para afirmar que la segregación de alumnos por lengua "es una cuestión que depende del decreto, que está aún en fase de borrador". No obstante, insinuó que "de entrada, nosotros no estamos por la labor".

Vázquez, que estuvo ayer acompañado de la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, para presentar la nueva imagen corporativa de las escuelas infantiles de Galicia -antes galescolas-, insistió repetidamente en que la intención de la Xunta es crear una red "despolitizada y desideologizada". En el mismo sentido se expresó la conselleira de Benestar, Beatriz Mato, quien señaló que el nuevo logotipo -una gallina azul inspirada en un cuento de Carlos Casares- pretende representar una Educación Infantil que, "lejos de adjudicar una identidad preestablecida" a los niños, "garantiza iniciativa y criterio propio desde la primera etapa educativa".

cambios en la educación infantil
La Xunta unifica todas sus escuelas infantiles y elimina las galescolas

Renovar la cartelería costará 22.000 euros, a los que hay que sumar el coste de la campaña creativa
Una imagen inspirada en el cuento de Carlos Casares «A galiña azul» será el nuevo logo de las guarderías
Elisa Álvarez La Voz 19 Agosto 2009

Primero fueron guarderías, después escuelas infantiles, pasaron a denominarse posteriormente galescolas y, a partir de ahora, por el momento, serán escolas infantís. La Xunta presentó ayer la nueva imagen de estos centros, que escolarizan a los niños de cero a tres años, y que integrarán la Rede de Escolas Infantís de Galicia.

Con esta presentación desaparece la denominación galescolas, que tanta polémica levantó en su momento cuando fue presentada por el entonces vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, al evocar el término vasco ikastolas. Esta nueva red estará constituida por todas aquellas guarderías que formaban parte del Consorcio Galego do Benestar (85, que eran las que se denominaban galescolas), así como por las de la Xunta, otras 25. Con esta iniciativa, los conselleiros de Educación, Jesús Vázquez, y Traballo e Benestar, Beatriz Mato, insistieron en que se huye del «enfrontamento ideolóxico e do adoutrinamento».

Si el símbolo de las galescolas era una casita sonriente con la bandera gallega en el tejado, la Xunta se ha apresurado a crear otro logo. La empresa Europublic, inspirada en el cuento del escritor ourensano Carlos Casares A galiña azul , fue la encargada de diseñar la nueva identidad de las escuelas infantiles, una gallina azul y blanca con un enorme lápiz bajo el brazo. El gerente del consorcio, Roberto Rodríguez, insistió en los valores que transmite este cuento, escrito para una niña que vive fuera de Galicia con el objetivo de que no pierda sus raíces. La propia historia y su moraleja aluden a la unión y a la solidaridad para conseguir que las autoridades no se lleven a esa gallina azul que pone huevos de colores.

La nueva identidad de las escuelas estará tanto en la cartelería como en el material de los centros (edredones, mochilas, mandilones, baberos o bolsas de merienda). Beatriz Mato aseguró que se utilizará el stock existente para no desperdiciar este material, pero lo que sí se sustituirá inmediatamente será la cartelería, lo que supondrá un coste de 22.000 euros, sin IVA.

Desde la Xunta aseguran que este cambio no está motivado solo por la nueva imagen, sino que ya debía modificarse al cambiar el departamento de Vicepresidencia por Traballo e Benestar. Los 110 centros, que escolarizan a más de 6.100 niños, tendrán nuevo logo a principios de curso, y está prevista la apertura de otras trece guarderías en el próximo año.

Actualmente Galicia cuenta con 477 escuelas infantiles, de las que 212 son públicas (110 de la Xunta y 102 de concellos). Hay además 60 centros de titularidad de entidades de iniciativa social, financiadas por el Gobierno gallego. Sumando todas estas plazas y aquellas que cuentan con el llamado cheque infantil para los padres, el número de plazas asciende a 15.000, lo que implica más del 25% de la población de cero a tres años. Las recomendaciones europeas son alcanzar el 30%.

En estos momentos las escuelas infantiles dependen de Benestar, pero el objetivo de este Gobierno es que pasen a Educación. El traspaso, sin embargo, es un proceso complicado que, según Beatriz Mato, no llevará meses, sino más tiempo.

La polémica no ha tardado en llegar, e Independientes de Lemos denunciaron ayer que en la Oficina Española de Patentes y Marcas la Xunta no aparece como titular ni de A galiña azul (que figura a nombre de los herederos de Carlos Casares), ni del logo A galiña azul rede de escolas infantís de Galicia (a nombre de una empresa privada). Desde Benestar explicaron ayer que la cesión ya se había recogido en el propio contrato, por lo que no habrá problemas de titularidad, mientras que los herederos de Casares registraron el título del cuento, pero haciendo una cesión totalmente gratuita a la Xunta para su uso.

LOS ETARRAS TENÍAN "TUPPERS LISTOS PARA EXPLOTAR"
Localizan un zulo de ETA con más de 100 kilos de explosivo en Francia
La detención en Francia de tres importantes miembros de ETA ha permitido a las Fuerzas de Seguridad descubrir un zulo en una localidad gala de los Pirineos, a pocos kilómetros de la frontera española. Según ha dicho Rubalcaba, contenía más de cien kilos de explosivo.
EFE Libertad Digital 19 Agosto 2009

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha señalado que el zulo se encontraba en Ferrieres, muy cerca de la provincia de Huesca, y que en su interior se han hallado unos cien kilos de nitrato amónico y doce litros de nitrometano.

El titular de Interior ha añadido que los detenidos -Alberto Machaín, Aitzol Etxaburu y Andoni Sarasola- habían sustituido como responsables de lo que ha denominado "la logística del aparato militar de ETA" a Itziar Plaza, detenida el pasado 4 de julio, y que en la vivienda que ocupaban se han encontrado una veintena de "tuppers" preparados para explotar y 42 detonadores industriales.

Según explicó el ministro, los terroristas utilizan el nitrato amónico para fabricar el explosivo amonal, que mezclado con el nitrometano conforma el amonitol. Este explosivo tiene una gran potencia y ETA lo ha empleado en varias ocasiones.

En cuanto a los "tuppers", eran de tamaño pequeño y tenían "montado" el circuito eléctrico, pero en su interior no había ni explosivo ni detonadores.

La Policía considera que los etarras, arrestados cerca de Grenoble, eran actualmente los responsables de suministrar armas, explosivos y munición a los grupos de ETA, pero el ministro no ha querido contestar sobre si habrían abastecido a los autores de los últimos atentados en Palma de Mallorca.

"Tenemos que analizar todo el material que ha aparecido y que, confiamos, en que siga apareciendo en los próximos días para dar una respuesta taxativa a esa pregunta; de momento no tenemos ninguna evidencia de que eso sea así", ha contestado.

Armas y abundante material informático
Los arrestados iban armados, tenían en su poder cuatro revólveres, abundante material informático, además de una furgoneta Peugeot, que había sido robada en Francia el pasado mes de junio.

Rubalcaba ha insistido en que la operación realizada por la Policía Judicial francesa, en colaboración con la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, sigue abierta y que las fuerzas de seguridad esperan encontrar en los próximos días parte del material que tenían preparado para suministrar a los comandos.

Además, ha recalcado que con la detención de Aitor Etxaburu se ha completado un cartel que había difundido la Policía y la Guardia Civil en el verano de 2007, el que figuraban seis de los etarras más buscados, con lo que ha quedado éste ha quedado "sin efecto".

Pero además, esto evidencia, según el ministro, "con un sencillo cálculo", que cada cuatro meses desde esa fecha, desde hace dos años aproximadamente, las fuerzas de seguridad han detenido a uno de los terroristas más buscados.

Pérez Rubalcaba ha destacado además la detención de Etxaburu porque era el jefe del grupo desarticulado, un individuo con un historial que le liga al que fue número uno de la banda, Garikoitz Aspiazu, alias "Txeroki".

Actuación judicial
Fuentes jurídicas han informado en la Audiencia Nacional de que la Fiscalía está tramitando ya una euroorden para enjuiciar a Etxaburu por un atentado con coche-bomba contra una empresa dedicada a la impresión en Ávila en septiembre de 2005.

Según el ministro, las tres detenciones son una prueba, además, de lo que les espera a los que están esperando ingresar en ETA: "Tienen un destino: entrar en la cárcel".

Pero Rubalcaba también dice tener una cosa clara: "ETA lo va a volver a intentar, es una certeza con la que tenemos que trabajar. Las fuerzas de seguridad van a trabajar para que no lo consigan, es otra evidencia, y así seguirá siendo hasta que esto termine, hasta que acabemos con todos los terroristas".

La lucha contra el terrorismo de ETA
"Nos gritaban: '¡ETA os va a matar dentro de cuatro días y nos vamos a alegrar!"

Radicales 'abertzales' agreden a miembros del PP durante las fiestas de Burlada
SANTIAGO GIMENO - Madrid El País 19 Agosto 2009

"Hubo un momento en que creí que nos iban a matar". Pilar Valle, concejal del PP en la localidad navarra de Burlada, sufrió el pasado lunes, junto a varios compañeros de partido y escoltas, una agresión por parte de miembros de la izquierda abertzale durante las fiestas del municipio. Valle y dos escoltas acabaron heridos por los impactos de los objetos que les lanzaron. Concejales y equipo de seguridad soportaron que les amenazaran con gritos de "¡mirad bajo el coche!" o "¡dentro de cuatro días ETA os va a poner una bomba, os va a matar y nos vamos a alegrar!". Los populares de Burlada van a interponer una demanda la semana que viene contra al menos dos de los individuos que los atacaron.

Los hechos sucedieron a las seis menos cuarto de la tarde del lunes, durante una comida de calderetes organizada en el parque de la Nogalera, a la que también acudieron miembros de otros grupos políticos. Allí se congregaron unas 50 personas, 20 de ellas escoltas (diez de los cuales protegían a políticos del PP). También asistieron a la comida otros representantes populares, como el senador José-Cruz Pérez Lapazarán o el eurodiputado Pablo Zalba, que se marcharon antes del altercado.

Pilar Valle, que tiene un golpe entre los riñones y la columna y moratones en la cadera y la espalda, relató ayer a EL PAÍS como vivió lo sucedido: "Intentaron provocarnos con insultos durante todo el día. Nos pegaron ikurriñas en la ropa y nos rodearon en círculo impidiéndonos la salida. Nos hicieron fotos con el móvil por si los escoltas sacaban sus armas, cosa que no sucedió. Fue un ataque muy organizado pese a que todo pasó en diez minutos. Muchos de los que nos agredieron iban borrachos".

José Enrique Escudero, cabeza de lista y portavoz del PP en Burlada, coincide con su compañera de partido en que el ataque fue premeditado: "Eran 300 sin exagerar. Tenían las caras llenas de odio y no paraban de gritarnos y amenazarnos. Nos hubieran linchado si no llega a ser por los escoltas y por los policías municipales que vinieron a auxiliarnos. Les pedimos que se retiraran, pero no hacían caso. Cogieron varias sillas de madera, las nuestras incluidas, y nos las lanzaron. Voló de todo: barras de pan, botellas, utensilios de comida como parrillas y cucharas, cazuelas... Hasta nos tiraron melones, uno de los postres que regalaba el ayuntamiento".

Valle y las otras dos concejales populares de Burlada, María Luz Moraza e Inmaculada Egea, no se amedrentaron y ayer festejaron el día de la mujer de la localidad asistiendo a una misa cerca del mismo parque donde recibieron las amenazas. El próximo acto público al que pretende acudir el PP de Burlada, esta vez en conjunto, es la despedida de comparsas, gigantes y cabezudos que se celebrará hoy detrás del ayuntamiento. "Si piensas en lo que nos dijeron, la amenaza se materializa el viernes", recuerda Valle, bastante afectada.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, condenó ayer "rotundamente" en rueda de prensa el ataque a sus compañeros. Cospedal afirmó que "todo el PP de España está con ellos" y añadió que los hechos sucedieron por el único hecho de "pensar distinto y ser miembros del PP".

El Partido Socialista de Navarra difundió un comunicado en el que subrayó que los violentos y todo su entorno "nunca obtendrán rédito político alguno para la causa que dicen defender". Por su parte, el Gobierno foral también mostró su solidaridad con aquellos que sufrieron los golpes y recordó que "los pueblos de Navarra deben ser espacios de libertad y convivencia".

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EL PARLAMENTARISMO, OPIO DE LAS MASAS
Contra el cretinismo parlamentario
www.tercerarepublica.org 19 Agosto 2009

P.J. Cadalso, Julio de 2009

Anacronismo y “modernidad” en el juancarlismo
Se constata fácilmente en el vigente régimen la presencia de instituciones de hiriente significado antidemocrático, como la propia monarquía, los regímenes de privilegio foral o concierto económico que gozan algunas regiones, una “aconfesionalidad” del Estado que cierra el paso a la verdadera laicidad del mismo, etc.-. Pero, a la vez, el Partido Nacional Republicano ha llamado la atención sobre la combinación de ese lastre de anacronismo, que concierne esencialmente a la forma de Estado, con elementos de innegable “modernidad” en cuanto a la modalidad de gobierno: con las formas de gobierno parlamentario degenerado que se han abierto paso en gran parte de Occidente tras la segunda guerra mundial. En la fase del capital monopolista, el sistema de gobierno parlamentario decimonónico, hiperpluralista, se ha trasmutado en partitocracia, en sistema oligárquico de partidos: la política de mercado que siempre ha constituido el liberalismo, se limita ahora a una escenificación en la que grandes oligarquías políticas, catapultados por el gran capital, se someten a burdos plebiscitos en el ritual periódico de los procesos electorales. Este análisis refleja una realidad: la evolución de los aparatos políticos de la forma de gobierno liberal parlamentaria corre pareja a la evolución del sistema económico. De la “libre concurrencia” se pasa al oligopolio. En este proceso no hay marcha atrás, ni económica, ni política.

Así, en las recientes elecciones europeas, únicamente el PSOE y el PP contaban con la posibilidad de obtener resultados relevantes. A su cuantiosa financiación pública regular, completada por la irregular a través de tramas mafiosas adheridas como ventosas a las instituciones y al capital privado, se suma el hecho de que el PSOE controla el 70% de los grandes medios de comunicación y el PP gran parte del resto. A mucha distancia, y para complementar a esos grandes partidos, u oficiar como bisagras entre los mismos, han concurrido diversos partidos medianos –IU, UPyD, CiU y PNV-, estos dos últimos también enfangados en el expolio y el clientelismo a través de las instituciones autonómicas que controlan y, como apoyos regionales del PSOE, algunos partidos separatistas de menor entidad. Finalmente, la sopa de siglas: antitaurinos y soñadores de mundos justos; neofranquistas, feministas radicales e imitadores de Le Pen; paleo-estalinistas y trotskystas declarados o encubiertos; neofascistas, diáspora de la Falange y franquicias de ETA… Ninguno de ello tenía la menor oportunidad de conseguir escaños, pero con su concurrencia a “la fiesta de la democracia”, han contribuido a esmaltar la imagen de “pluralismo” del régimen.

Gatopardismo
Todo grupo dominante trata de dirigir, con ayuda de las oportunas concesiones, a los sectores afines y mantiene siempre la posibilidad de someter, incluso con el recurso a la fuerza armada, a los grupos subalternos, potencialmente adversos. Pero, en circunstancias normales, es preferible dirigir sin necesidad de someter. Ésta ha sido la opción de nuestra oligarquía económica al final del franquismo. Y es innegable el éxito de su proyecto. ¿Cómo lo ha logrado? Por una parte, mediante el pacto de la Corona con partidos nacionalistas anti-españoles embarcados en la defensa de los intereses de las burguesías catalana y vasca. Si el franquismo había dorado la píldora de esas burguesías mediante el proteccionismo y poniendo a su servicio el sudor de millones de trabajadores andaluces, extremeños, castellanos, etc., el juancarlismo ya en 1977 las dota de “entes pre-autonómicos”, como premisa política de futuros oasis económicos. En segundo lugar, mediante la atracción de los directivos e intelectuales asociados a los movimientos de trabajadores, ya sea en el periodo histórico anterior a la guerra civil, ya sea en el curso de la resistencia antifranquista: encerrando gradual y metódicamente en el círculo de la hegemonía de la alta burguesía a los elementos dirigentes de la “subversión social”, primero de la socialdemocracia y luego del comunismo.

Se ha desplegado, en suma una estrategia gatopardista, de “cambiarlo todo para que no cambiase nada” respecto de la hegemonía del gran capital. Ha consistido esencialmente en dos cosas. Incorporación de la disidencia -y los negocios- del nacionalismo periférico a un proyecto escalonado de confederalización del régimen. Y en la decapitación y neutralización de los movimientos sociales con el concurso de su escalón dirigente que, además ha fragmentado por autonomías cualquier atisbo de esos movimientos. No cabe duda de que el parlamentarismo, central y regional, ha resultado el instrumento político más eficaz para conseguir esos fines.

Junto a este expediente hay que mencionar el recambio operado en las estructuras sindicales. Los sindicatos verticales del franquismo han sido desmantelados y sus recursos distribuidos entre las principales burocracias sindicales –CCOO y UGT-, que han pasado a ser subvencionadas por el gobierno, al igual que los organismos patronales, mientras que los viejos enlaces y jurados del franquismo eran reemplazados por los comités y delegados de empresa. Se ha consumado así el tránsito a un sindicalismo vertical “pluralista”. Pero éste no es más que una las formas de absorción de los sindicatos por el Estado que en la época imperialista se imponen en todas partes.

Doble enmascaramiento
Ese régimen engloba a diversas facciones políticas, de izquierda y de derecha, del centro y de la periferia. Y no sólo incluye a los grandes aparatos y micro-aparatos políticos, sino también a quienes les votan, con lo que se hacen partícipes del sistema.

Así, de entrada consigue algo primordial: la participación en un mismo juego tanto de quienes se proclaman patriotas españoles como de quienes profesan un odio mortal a cualquier idea de España. Con ello, junto a la disolución de todo concepto de Nación española, se conduce al extremo la perversión de la idea de democracia. Ésta queda reducida, según la concepción liberal del “Estado de derecho”, al respeto de unos procedimientos electorales y a la ausencia de violencia entre los contendientes políticos. Es, por el contrario, nuestra opinión que la democracia reposa sobre dos postulados fundamentales: la concordancia entre voluntad popular y ley, y la máxima identificación e interacción entre gobernantes y gobernados. Y que estos dos postulados se desmoronan en ausencia de homogeneidad nacional. Sin idea de España no puede existir democracia alguna en su seno.

Simultáneamente, la “democracia” juancarlista es capaz de abarcar tanto a unas de unas pocas decenas de miles de grandes capitalistas, con sus ejecutivos y sus familias, como a decenas de millones de asalariados, autónomos y pequeños empresarios sumidos en todo tipo de privaciones; tanto a una costra de parásitos políticos y sindicales como a casi cinco millones de parados y a ocho millones hundidos en la pobreza extrema.

En definitiva, las instituciones representativas del régimen -centrales, autonómicas y locales- y sus correspondientes procesos electorales, no tienen otra función que la de enmascarar una doble fractura existencial. De un lado, entre españoles y antiespañoles. De otro. entre la oligarquía del gran capital, con sus aliados burgueses en las “naciones históricas”, y el pueblo trabajador. La única vía de superación de esa fractura es llevarla a su máxima cota de antagonismo. Es la tarea que se impone el PNR tratando de propiciar, en su opción estratégica, la acción del pueblo trabajador español en ruptura con los cauces institucionales del régimen, centrales y periféricos.

Un mundo alucinatorio
Se diría que la portentosa integración política alcanzada por el juancarlismo sólo ha podido ser fruto del Milagro o de la Magia. Pero ha sido suficiente la droga del cretinismo parlamentario. Tras cuarenta años de despolitización franquista, han venido treinta años de desnacionalización juancarlista adobada con inoculación de la drogadicción electoralista a través de la familia, la escuela, los medios de comunicación y la labor de todos los partidos al uso, de modo incesante y en masa.

Esta inoculación, extendida como infección y luego como epidemia de grandes proporciones, reposa en la mentirosa igualdad liberal-capitalista. Según ella, “en democracia”, y al menos de tanto en cuanto, todos somos iguales y el sistema nos toma en consideración. Somos importantes: “influimos en la formación de la soberanía popular”. Hasta nos dan una “jornada de reflexión”.

El opio electoralista ayuda a huir de la realidad. Esa realidad es que, gobierne quien gobierne, avanzan la desarticulación de España en naciones a la greña y el hundimiento en la penuria de millones de compatriotas… Y como la realidad es tozuda, para seguir huyendo hay que incrementar la adicción. El chute del voto se convierte en acuciante para persistir en el auto-engaño. Siempre hay que votar a algún partido. Y cuanto la realidad arrecia sus bofetadas, los drogodependientes necesitan nuevos pretextos: voto útil, mal menor, voto de castigo a equipos… Jamás se pone en cuestión el sistema y algunos colgados terminales piden listas abiertas para castigar a personas….

Para empeorar las cosas, diversos partidos extremistas, deciden participar en los comicios del juancarlismo “para combatir las ilusiones burguesas”. Es decir, consideran que para combatir las “ilusiones” hay que plegarse a ellas. Que para curar a los drogadictos, lo apropiado es que nos convirtamos en drogadictos.

El único camino, la acción directa de masas
Ahora estamos en la puertas, sólo en las puertas, de una crisis del capital posiblemente más grave que la que la aflorada a comienzos del pasado siglo, que condujo a dos guerras mundiales. Nuestro deber es ayudar a nuestros compatriotas a evitar las derrotas sufridas en ese ciclo, en gran medida provocadas por la orientación de la II y la III Internacionales marxistas (acción política como acción electoral, acción económica como acción sindical, partido como partido parlamentario y sindicato como correa de transmisión del partido en la esfera laboral). ..

El nuevo ciclo exige la construcción de un partido no sólo capaz de una profunda renovación programática, sino también de difundir primero e impulsar después un giro radical en los enfoques estratégicos y tácticos. Estos deben ordenarse en torno a la idea de la acción directa de masas en todas las formas que se hagan necesarias en cada momento. Esto exige una lucha contra el parlamentarismo y las burocracias sindicales mucho más enérgica, y sobre todo mucho más correcta, que la realizada en el pasado.

pnr@tercerarepublica.org
www.tercerarepublica.org 19 Agosto 2009
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