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Recortes de Prensa    Domingo 23 Agosto 2009

 

El Parlamento ante la crisis
Luis del Pino Libertad Digital 23 Agosto 2009

Publica hoy el director de El Mundo una carta en la que lleva a cabo un análisis ciertamente escéptico sobre la crisis que nos afecta, sobre la capacidad del Gobierno para sacarnos de esa crisis y sobre los errores de táctica política en que Zapatero está incurriendo últimamente. Merece la pena leer la carta, porque retrata de modo bastante preciso el desconcierto en que parece estar sumido últimamente el inquilino de La Moncloa.

Sin embargo, hay en la misiva un aspecto que me ha llamado mucho la atención, por cuanto revela una aparente resignación que resulta sorprendente en Pedro J. Ramírez. "Ha quedado claro", dice Pedro J., "que Zapatero no tiene ni los conocimientos, ni la lucidez, ni el coraje necesarios para sacarnos de la crisis", aunque "de momento no hay medio legal de reemplazarlo".

O sea, que tenemos a un compendio de inepcia al frente del Gobierno, pero nos tenemos que aguantar, porque no hay forma legal de sacarle de La Moncloa antes de que él mismo convoque elecciones.

La verdad es que no termino de entender la frase. ¿Cómo que no hay forma legal de reemplazar a Zapatero por el momento? Hasta donde yo sé, España es un estado en el que la Constitución consagra una cierta separación de poderes; en el que Ejecutivo y Legislativo son dos poderes distintos; en el que los diputados no están sujetos al mandato imperativo y en el que el Parlamento es, por tanto, quien elige al Presidente del Gobierno con total libertad. En consecuencia, por supuesto que existen formas legales de echar a un presidente inepto de La Moncloa, fórmulas perfectamente democráticas y completamente ajustadas a nuestro ordenamiento constitucional.

Existe un mecanismo denominado moción de censura, mediante el cual el Parlamento puede forzar la salida del Presidente del Gobierno. Y no son sólo los diputados populares los que están autorizados a votar a favor de esa moción: puesto que no existe mandato imperativo, todos y cada uno de los diputados socialistas pueden, cuando quieran, ejercer su derecho a contribuir a que Zapatero sea desalojado de un puesto para el que no está cualificado. Es más: legalmente hablando, lo que no es admisible es que los diputados socialistas tengan, por sistema, que respaldar al presidente del gobierno socialista. Porque eso es imponer, en la práctica, un mandato imperativo que la propia Constitución prohibe.

De hecho, si se admite "porque sí" que los diputados socialistas no van a contribuir nunca a desalojar de La Moncloa a nuestro inepto presidente (por el hecho de que es de su partido), entonces la responsabilidad de lo que suceda - la responsabilidad de que España se hunda todavía más en la crisis económica que nos aqueja - será también exigible a esos diputados, no sólo a Zapatero. Porque cuando uno tiene en su mano la posibilidad de arreglar las cosas (retirando el respaldo a Zapatero) y no lo hace, está haciéndose corresponsable de lo que Zapatero haga. Si Zapatero es el problema, entonces todos los diputados (socialistas y populares) están obligados a acabar con el problema cuanto antes. Y pueden hacerlo.

¿Estamos verdaderamente ante una crisis de dimensiones colosales? ¿Está verdaderamente Zapatero incapacitado para afrontar esa crisis? ¿Existe el riesgo de que la situación se vuelva insostenible si no se afronta la crisis de manera adecuada? Si la respuesta a estas tres preguntas es sí, entonces estamos ante una situación de emergencia nacional. Y todos deberíamos empezar a exigir a los diputados del PSOE que apliquen las soluciones que tienen a su alcance para hacer frente a la emergencia.

Si realmente estamos convencidos de que Zapatero está incapacitado para pilotar la nave del Estado en mitad de esta "tormenta perfecta" que amenaza con argentinizar nuestra economía, entonces todos deberíamos exigir, por coherencia, que los diputados socialistas sumen sus votos a los populares para forzar la sustitución del timonel. Se le puede sustituir por otro presidente socialista o por uno popular, eso da lo mismo. Y ese nuevo presidente puede prolongar su mandato hasta el fin de legislatura o puede convocar elecciones con carácter inmediato. Eso da también igual.

Pero lo que no podemos es decir que Zapatero es un completo incapaz y, al mismo tiempo, permitir que se crucen de brazos los únicos españoles (nuestros diputados) que tienen en su mano solucionar el problema, aplicando mecanismos que nuestra Constitución recoge de manera expresa. Porque, si no denunciamos esa dejación de funciones de nuestros diputados, si aceptamos resignados que se renuncie a posibles soluciones, entonces también estaremos nosotros haciéndonos corresponsables del problema.

Legalmente hablando, Zapatero no es el único que tiene en su mano forzar la convocatoria anticipada de elecciones. No le otorguemos, por tanto, un poder que la propia Constitución no le reconoce. Exijamos que el Parlamento se comporte de una vez como tal y que los diputados cumplan con su obligación de representar la soberanía popular. De representar no a sus respectivos partidos, sino a los españoles. Esos españoles sobre cuyas espaldas está cayendo el peso de una crisis que Zapatero no está haciendo sino ahondar.

Funcionarios
Sindicatos y trabajadores
José Vilas Nogueira Libertad Digital 23 Agosto 2009

Ignoro el porcentaje de obreros afiliados en España a los sindicatos. Pero estos últimos suelen aprovecharse de la anfibología del término trabajador, que no sólo designa al que trabaja o es muy aplicado al trabajo, sino también al jornalero u obrero (3ª acepción del Diccionario de la RAE), para presentarse como portavoces privilegiados, cuando no únicos, de sus intereses y aspiraciones. Hay muchos y claros indicios de que tal pretensión es una falacia: gran parte de la clase obrera no está afiliada a los sindicatos; la que lo está, con frecuencia entra en conflicto con sus dirigentes, particularmente en épocas de recesión como la presente, lo que se manifiesta especialmente en las posiciones sobre Expedientes de Regulación de Empleo y similares; pocas instituciones hay más insensibles a los problemas de los desempleados que los dirigentes sindicales alojados confortablemente en complejas burocracias, etc.

Pero la retórica limita estrictamente con las necesidades de cómodo sustento de las burocracias sindicales. La cuestión es que el ministro de Fomento, José Blanco, no sé si por propia iniciativa o por encomienda de su jefe últimamente se ha lanzado a aventar posibles remedios al galopante endeudamiento del Estado, Comunidades Autónomas y demás feudos más o menos autárquicos del disforme mosaico a que ha abocado el "Estado de las Autonomías" merced al insensato derroche zapateril. Globo sonda se llama en román paladino esta figura, y si pincha el globo siempre podrá su formulador justificarse diciendo aquello de que se trataba solamente de una "reflexión en voz alta", lo que queda la mar de bien.

Pues bien, la última propuesta o "reflexión" de Blanco ha sido la de congelar los salarios de los funcionarios. Debo aclarar que toda mi vida laboral ha discurrido al servicio de la Administración Pública, primero, local, después, institucional, y finalmente y en su mayor parte, como profesor, universitaria. Pero siempre he intentado precaverme contra los excesos del corporativismo (en la acepción que se corresponde con l’esprit de corps francés). Por eso me parece razonable la propuesta del ministro Blanco. Es verdad que, como han aducido algunos portavoces sindicales, los sueldos de muchos empleados públicos son modestos. Pero, en cambio, su seguridad en el empleo está, en casi todos los casos, prácticamente blindada. Y aunque volumen y responsabilidades de trabajo están en la Administración Pública muy mal distribuidos, en la mayor parte de los casos no son más costosos que en los niveles equivalentes del sector privado.

Otra razón que abonaría la pertinencia de este tipo de medidas es el abundante número de funcionarios públicos en España. En una estimación de El Mundo sobrepasan los tres millones cincuenta mil (lo que si se compara con el total de la población activa ofrece un porcentaje escandaloso). ¿Y qué han dicho los sindicatos? Pues la UGT, el más gubernamental de nuestros gubernamentales sindicatos, amenaza, con una violencia verbal hasta ahora sólo utilizada con la patronal, con dar una patada a la mesa si el Gobierno no sube los salarios públicos. Voila!, que diría M. Sarko. Mucho hablar de obreros, pero los sindicatos españoles son sindicatos de funcionarios, dirigidos por burócratas prófugos del tajo: ¿puede haber algo más cómodo y rentable que dirigir un sindicato frente a una "patronal" sierva de las constricciones políticas?
José Vilas Nogueira es profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela

Nacionalismos
ANTONIO GALA El Mundo 23 Agosto 2009

CENTRO Y Suramérica cumplen un destino previsible. La exaltación de los nacionalismos es una ficción, porque el autogobierno y el hambre son incompatibles. Los mal alimentados serán dirigidos siempre por los bien alimentados: basta mirar a África. Donde hay muchas dictaduras nacionales en competencia, hay una solapada tendencia a una guerra total o parcial con sus vecinos. Para fomentar los nacionalismos siempre se prefiere golpear al más o menos contrario. En lugar del cerebro se eligen los puños como forma de hacer política. Sobre todo, si es ellos con lo único que se cuenta. Las ideas totalitarias, en el mundo entero, son contagiosas. Por una simple causa: la población supera a los recursos y el control gubernamental se hace cada vez más necesario. Los procedimientos democráticos son menos eficaces que los impuestos desde arriba. Y, como anestesiantes, se utilizan las ideas nacionalistas. Falseadas por quien las usa, claro.

España en la guerra de Afganistán
CUANDO los primeros soldados occidentales llegaron a Afganistán en 2001 -dos años antes de que la OTAN se hiciera cargo de la misión, avalada por las Naciones Unidas- no existían dudas sobre la
Opinión ABC 23 Agosto 2009

CUANDO los primeros soldados occidentales llegaron a Afganistán en 2001 -dos años antes de que la OTAN se hiciera cargo de la misión, avalada por las Naciones Unidas- no existían dudas sobre la necesidad de este esfuerzo militar dentro de la lucha contra el terrorismo yihadista. Existen evidencias incontestables de que el régimen talibán promovió la existencia de campos de entrenamiento de grupos terroristas, con consecuencias sobradamente conocidas. Casi ocho años después, las sociedades occidentales parecen dar síntomas de fatiga y el apoyo al envío de nuevas tropas a Afganistán encuentra cada vez mayores obstáculos políticos, no porque haya desaparecido aquella amenaza, sino porque los resultados esperados no son visibles y cunde la impresión de que todo el trabajo resulta inútil. Hasta hace dos años, la actividad de los grupos residuales de talibanes se concentraba en la ofensiva anual de primavera, mientras que en estos momentos hay extensas áreas del país bajo su control y los repetidos errores han hecho que muchos afganos dejen de mirar con simpatía a las fuerzas de la OTAN. Las elecciones presidenciales del pasado jueves son un acontecimiento alentador, pero también revelan las dimensiones de lo mucho que queda por hacer, porque en estos momentos ya no hay ninguna duda de que en Afganistán hay una guerra, con todas sus consecuencias.

En este sentido, que el Gobierno vaya a aumentar su compromiso militar con la misión de la OTAN en Afganistán es la decisión correcta. El esfuerzo militar y el sacrificio que conlleva han de realizarse porque es objetivamente necesario para la seguridad del mundo libre y, por tanto, para nuestra propia seguridad, no porque fuese un objetivo estratégico particular del presidente Barack Obama, y mucho menos como moneda de cambio para recibir una invitación a visitar la Casa Blanca. Las buenas relaciones con Estados Unidos dentro de la gran corriente euroatlántica son esenciales para nuestra política exterior, y esa es una constante que los sucesivos gobiernos de la democracia han entendido perfectamente, excepto el de Rodríguez Zapatero, que ha necesitado legislatura y media y la llegada de un presidente de las características de Obama para empezar a darse cuenta de ello.

Sin embargo, no todo depende del número de tropas. La Unión Soviética llegó a desplegar más de 120.000 hombres en Afganistán y nunca logró dominar la situación. Se trata, sobre todo, de qué hacen esas tropas y a qué están autorizadas a hacer, además de garantizar su propia seguridad. Los responsables militares de la OTAN y de Estados Unidos están revisando la estrategia de la guerra, y es probable que los soldados españoles tengan que llevar a cabo misiones de mayor responsabilidad en el campo de batalla, junto a las menos vistosas que cumplirá la Guardia Civil en la formación de las Fuerzas de Seguridad afganas. Hay que ganar la guerra contra los talibanes, conquistando a la vez el corazón de los afganos. Las frivolidades sobran en un terreno donde nos jugamos el prestigio de la principal alianza militar del mundo. El precio hasta ahora ha sido muy alto y, por desgracia, sabemos que aún hay sacrificios que hacer, pero no hay alternativa.
 

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Estatut
El País dicta sentencia
José García Domínguez Libertad Digital 23 Agosto 2009

Con algebraico sarcasmo acaba de constatar Manuel Trallero que el Estatut dispone de menos apoyo popular que el Ejecutivo de Afganistán. Números cantan: las tribus pastunes, uzbecas y tayicas, a pesar de jugarse algo más que un dedo por contrariar a los talibanes de allí, han mostrado mayor interés por la salud institucional de su propia Edad Media que los catalanes ante la ampliación de la suya promovida por los bulímicos combatientes de la fe domésticos.

Repárese al respecto en la aritmética de la desolación oculta tras la histriónica charlatanería nacionalista. Porque ni siquiera la mitad de los catalanes con derecho al voto acudió a las urnas el día de autos, cuando el celebérrimo referéndum autonómico. Ni la mitad. Y ello, por la muy sencilla razón de que el nuevo Estatut no le importaba absolutamente nadie. De ahí otra verdad incómoda que ninguna manifestación preventiva podrá maquillar jamás, a saber, el 64,5 por ciento del censo local, es decir la más aplastante y demoledora de las mayorías absolutas, no accedió a ratificar con su sufragio afirmativo un texto que ahora pretenden sagrado merced a su pretendida legitimación en las urnas.

A ese propósito, resucitaba El País del domingo pasado la manida semántica esquizoide que presume "progresistas" a los magistrados del Tribunal Constitucional que avalen pretendidos derechos históricos recién salidos del más profundo Medievo, y rancios "conservadores" a los que, por el contrario, apoyen sus razonamientos jurídicos en el concepto de soberanía que acuñó la Revolución francesa. Así, a la luz de esa gramática parda, alertaba del riesgo que, según sus filtradores, correrían en la sentencia definitiva tanto el término "nación" como la universal obligación de conocer el catalán.

En fin. Es el primero un asunto que, dada la manifiesta indiferencia de los catalanes, sobre todo, habría de inquietar a Javier Arenas, el padre putativo de la grotesca "realidad nacional" que asoma en el Preámbulo del Estatuto de Andalucía. Más enjundia, de ser cierto lo publicado, encierra la otra amputación. Resulta que el mismo Tribunal que avaló la inmersión obligatoria, es decir, la prohibición fáctica de utilizar el español en la enseñanza, evitaría ahora que jueces y magistrados hubieran de pasar por idéntico tubo. Con el corporativismo de las puñetas hemos topado, amigo Sancho. Acabáramos.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Democracia en las calles
Opinión ABC 23 Agosto 2009

DESPUÉS de largas décadas de condescendencia, el Ejecutivo vasco ha ordenado a la Ertzaintza una actuación contundente contra los grupos radicales que pretenden controlar los espacios públicos a través de manifestaciones y actos de homenaje y apoyo a los terroristas de ETA. La defensa del Estado de Derecho frente a la violencia callejera, que la noche del pasado viernes volvió a manifestarse en las calles de Bilbao de forma organizada y criminal, merece el máximo elogio, lo mismo que la firmeza policial contra cualquier acto de enaltecimiento de los asesinos. Después de treinta años de democracia, la opinión pública percibe por fin que es posible cumplir y hacer cumplir la ley en el País Vasco, lejos de la tibieza, la equidistancia y -con frecuencia- la complicidad de determinados políticos nacionalistas con los secuaces de ETA. El caso de la Semana Grande de Bilbao resulta especialmente significativo, pero los ejemplos podrían multiplicarse en muchos pueblos y ciudades. Con el pretexto de las fiestas de verano, el matonismo callejero se ha multiplicado durante años sin que nadie haya puesto interés alguno en ponerle remedio. Los ciudadanos honrados, las víctimas del terrorismo y cualquier persona con un mínimo de dignidad cívica se han visto intimidados por esta violencia a pie de calle.

Por fin, la Ertzaintza desarrolla como corresponde las acciones de proteger el orden público propio de una sociedad democrática que se respeta a sí misma. Se trata, sin duda, de uno de los efectos más visibles y positivos del pacto por la Constitución que permite gobernar a Patxi López con el apoyo del PP. Ya es hora de que los abertzales dejen de actuar como si fueran amos y señores del espacio público. En esta misma línea, la supresión de nombres de asesinos en los callejeros urbanos o la desaparición de fotos y símbolos favorables a ETA son buena prueba de que ha llegado un tiempo nuevo para la sociedad vasca. El imperio de la ley hace frente por fin al chantaje y las amenazas. Algo ha cambiado para bien en el País Vasco, demostrando que -más allá de las desavenencias partidistas- lo primero y principal era evitar que el PNV y sus socios continuaran haciendo el juego a los radicales desde las instituciones políticas y desde la propia policía autonómica. Los ciudadanos vascos y el resto de los españoles se sienten hoy más protegidos, aunque todavía queda mucho por hacer, como demuestran los actos vandálicos de este mismo fin de semana, para terminar con esa sensación de impunidad que ha beneficiado a los etarras y su entorno social durante demasiados años.

EL ACOSO POLICIAL OBLIGA A LA BANDA A CAMBIAR SU 'MODUS OPERANDI'
Los etarras no tienen quien les alquile y construyen zulos artesanales
IMPRESIONES El Mundo 23 Agosto 2009

HACE TIEMPO que los terroristas de ETA no pueden moverse en territorio francés como en otra época debido al acoso al que les somete la policía del país vecino. Si el pasado año fueron capturados varios miembros de la banda acampados en un monte o desplazándose en bicicleta, EL MUNDO publica hoy que los últimos detenidos hace días se camuflaron en el Tour. Etxaburu y Sarasola siguieron la carrera en tiendas de campaña mientras encontraban un piso seguro. El control de los alquileres por parte de las autoridades francesas está dificultando mucho la movilidad de los terroristas, que cuando huyen al país vecino ya no encuentran tantos caseros dispuestos a cobijarlos.

La impecable labor de persecución conjunta de los terroristas por parte de las policías francesa y española, con golpes sucesivos cada vez más frecuentes a su infraestructura, está obligando a la banda a cambiar su estructura y su funcionamiento. Si antes los terroristas escondían sus armas y bombas en pisos y naves, ahora se ven obligados a construir pequeños zulos a lo largo de un amplio territorio, como los últimos siete que ha encontrado la policía con abundante material. En uno de ellos la policía halló una bomba con temporizador para programar a un año. Lo cual demuestra que ETA dispone de una tecnología criminal eficiente, pero al mismo tiempo se ve obligada a construir zulos artesanales que, además, ya tampoco son seguros, puesto que la policía los ha descubierto.

NO ACATARÁ UN FALLO EN CONTRA DEL ESTATUT
La Generalidad "ignorará" al TC si rechaza la obligatoriedad del catalán
El TC sigue sin decidir sobre el Estatut y el texto continúa aplicándose. Una de sus consecuencias ha sido la erradicación de la educación en castellano. Ante la posibilidad de un fallo ajeno a sus intereses, la Generalidad ya ha advertido que "ignorarán" lo que diga sobre la lengua.
AGENCIAS Libertad Digital 23 Agosto 2009

El secretario general de Política Lingüística de la Generalidad, Bernat Joan (ERC), sostiene que el Ejecutivo autonómico mantendrá su política lingüística aunque el Tribunal Constitucional anule el artículo del Estatuto sobre la obligatoriedad de conocer el catalán, un recorte que tachó de "inaceptable e ilegítimo".

En declaraciones en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), Joan aseguró que la Generalidad "ignorará" una eventual decisión judicial restrictiva "en todo los ámbitos en los que sea posible", como en la política de inmersión lingüística, que aseguró no sufrirá cambios en ningún caso. El Gobierno catalán aprobó la polémica Ley de Educación Catalana (LEC) amparándose en el Estatut, que sigue atascado en el Constitucional, y que en la práctica supone la eliminación de la educación en castellano.

El Estatuto, en concreto, dice en su artículo 6 que "el catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español". Establece el "deber" de los ciudadanos de Cataluña de "conocer" el catalán.

Ante la posibilidad de que el TC declarara inconstitucional este punto, Joan afirmó que "puede haber problemas en espacios como la administración de justicia, donde los funcionarios se están formando en catalán porque creen que es obligatorio", matizó, y aseguró que la derogación del artículo sobre la obligatoriedad del catalán supondría "un frenazo" en la difusión de esta lengua en la administración pública.

Joan afirmó que sería un error "judicializar" la política lingüística, y encontrarse en una situación en la que los ciudadanos pudieran exigir prescindir del catalán en ámbitos en los que el Ejecutivo lo considera irrenunciable.

"Una sentencia como la que se prevé podría crear un alud de gente que exigiera en los tribunales educación en castellano para sus hijos, o que reclamara el derecho de poder funcionar en castellano en cualquier ámbito de la administración", aseguró, y consideró que esa situación sería muy negativa.

Declaró que el Gobierno estatal no ha "valorado lo suficiente" las consecuencias que tendría un "colapso de la política lingüística" en Cataluña, ya que juzgó que podrían producirse reacciones sociales e institucionales que quizás no serían las esperadas.

Además, aseguró que el TC es una "anomalía judicial que no debería existir" y negó su legitimidad para introducir cambios que minimicen una ley votada en referéndum.

Un alto cargo del bipartito gallego gastó en dos meses 42.000 euros en internet
ANA MARTÍNEZ | SANTIAGO ABC 23 Agosto 2009

«No voy a cuestionar qué es lo que se bajaba, pero la factura sí es una auténtica salvajada». Fue la reacción de la consejera de Trabajo de la Xunta, Beatriz Mato Otero, al comprobar que María Debén, delegada provincial en La Coruña durante el mandato de Touriño y Quintana, originó un cargo a las arcas gallegas de 42.650,7 euros. El gasto lo causó en el período comprendido desde el pasado 1 de febrero hasta el 31 de marzo, al descargar datos de la red con un equipo portátil público y su módem.

Una vez aplicado el descuento especial del que goza el gobierno autonómico, el monto se redujo a 15.520,4. «A mí me parece imposible casi físicamente hacer unas operaciones que supongan un coste de esa envergadura», explicó Mato, responsable de la cartera del ramo en el equipo de Núñez Feijóo. Manifestó su «sorpresa» y censuró el uso de la tecnología causante del sorpresivo desembolso -un dispositivo de alta velocidad vía satélite- «sea cual fuese la consejería; porque el destino de la conexión no era el de facilitar las labores propias del trabajo, algo que es evidente con descargas que en ocasiones superan los 3.000 euros diarios», dijo.

Área rural
Al parecer, según una información de «La Voz de Galicia», la ex alto cargo del bipartito alegó que su residencia en un área rural sin posibilidad de enlace ADSL complicaba sus funciones. En su casa, la tarjeta convencional adjudicada a su PC oficial le daba problemas, y, entonces consiguió que la coalición de PSOE y BNG le entregase en el primer mes del año un moderno ordenador con el USB Movistar 3.5 G Plus.

La beneficiaria, según parece, desconocía los costes asociados a esta entrega, y pensaba que disfrutaba de una tarifa plana. «Lo que está claro es que es un ejemplo más del despilfarro al que nos tenían acostumbrandos los socialistas y nacionalistas en los últimos años», acusó Mato, que señaló que la administración debe dar ejemplo.

Los proetarras causaron daños en Bilbao de más de 240.000 euros
S. E.BILBAO. El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, condenó ayer la quema del autobús en el barrio de Recalde, donde resultaron dañados hasta seis coches, y los altercados que se produjeron durante el
S. E. | BILBAO ABC 23 Agosto 2009

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, condenó ayer la quema del autobús en el barrio de Recalde, donde resultaron dañados hasta seis coches, y los altercados que se produjeron durante el Día Grande de las fiestas de Bilbao, y destacó que el sabotaje de los proetarras fue «planificado» y buscaba «arruinar» las fiestas y «sembrar el terror». Además, informa Ep, cifró en más de 240.000 euros el valor los daños causados por los «borrokas».

En una rueda de prensa en Bilbao, Azkuna explicó que una manifestación «ilegal» y desconvocada dio origen a que una serie de gente, «perfectamente planificada y adiestrada», intentara «atemorizar, arruinar» la fiesta y «destrozar» mobiliario.
En este sentido, señaló que por la mañana 60 contenedores fueron movidos y tres personas fueron detenidas. «Y por la tarde quemaron dos contenedores, rompieron escaparates en Bidebarrieta y atacaron diferentes bancos», agregó. Además, lamentó, a las diez de la noche, «nos quemaron un autobús, valorado en 240.000 euros y seis coches privados».

 

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