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El cartero del Estatuto
IGNACIO CAMACHO ABC 25 Agosto 2009
SE supone que el Estado de Derecho se rige en teoría por el imperio
de la ley, pero en el cuadro estupefaciente de nuestra degradada
democracia ya ni siquiera produce asombro que altas autoridades se
manifiesten dispuestas a desacatar al más alto tribunal si emite una
sentencia que les contraría. Hemos llegado a un nivel de
descomposición moral de la política que a nadie le llama la atención
que el presidente de la Generalitat -máximo representante del Estado
en Cataluña- y el del Parlamento autonómico declaren con máxima
seriedad su intención de ignorar cualquier fallo adverso sobre el
Estatuto que ampara sus cargos. Los tipos encargados de redactar las
leyes y hacerlas cumplir se niegan -preventivamente además, lo que
viene a constituir una coacción o una amenaza- a someterse a
cualquier veredicto judicial que les parezca inconveniente, y lo
hacen alegando la supremacía de los pactos políticos. A su espíritu
de insubordinación añaden así una severa dosis de ignorancia sobre
los fundamentos jurídicos del sistema que ellos mismos encarnan; en
cualquier país normal gente así sería víctima del oprobio de la
opinión pública, pero no es descartable que aquí la veamos pronto
ennoblecida por su briosa resistencia en nombre del soberanismo
identitario.
En este ambiente envilecido por la prevalencia del sectarismo el
Tribunal Constitucional se ha convertido en un pelele al que todo el
mundo zarandea sin que ninguno de sus miembros, y menos su dócil
presidenta, se levante a defender su independencia y su rango. Su
capacidad de resistir la presión parece de una fragilidad alarmante.
La sentencia del Estatuto está bloqueada porque se ha convertido en
la clave de una posible crisis de Estado, y no hay nadie con
jerarquía bastante para proclamar que el problema no lo han creado
los jueces con su criterio sino los políticos con su desvarío.
Fueron ellos, con Zapatero a la cabeza, los que impulsaron el
Estatuto a trompicones -«como sea»-, lo arrastraron por un peñascal
jurídico y trataron después de naturalizar el apaño a base de hechos
consumados. Ahora, consciente de que el infumable texto no cuadra
con la Constitución por muy laxas que sean las interpretaciones de
sus egoístas preceptos, al Gobierno le entran sudores fríos en plena
canícula sólo de pensar que el cartero del TC le traiga de vuelta el
paquete, y está dispuesto a cualquier cosa con tal de verlo pasar de
largo sin llamar al timbre. Incluso a demoler el poco prestigio que
le queda a la justicia como ultima ratio de la democracia.
No estamos, como sugiere Montilla, ante un choque de legitimidades
sino ante un conflicto entre el derecho y la política; si prevalece
la política será un enjuague ignominioso que dará la puntilla al
sistema y lo convertirá en papel mojado sometido al pragmatismo
cínico de una clase dirigente autista.
Sin ETA no hay fiesta
Teresa Jiménez- Becerril ABC 25 Agosto 2009
«No Martini, no partry», como anunciaba un actor americano, quien
nos recordaba que sin la famosa bebida no había diversión. Al
parecer, en el País Vasco a muchos les pasa igual, con la diferencia
de que ellos, para divertirse, lo que necesitan es enaltecer el
terrorismo y los protagonistas de su propaganda son los infames
asesinos de ETA. Según lo que hemos visto en Gernica, donde han
anulado las fiestas como respuesta a la prohibición de las
manifestaciones a favor de los etarras, la gente del pueblo no tiene
mejor manera de disfrutar que sacando en pasacalles a quienes
disparan a bocajarro contra inocentes.
A lo mejor no se han enterado los que prefieren quedarse sin feria
antes que renunciar a encumbrar a esos falsos soldados de quita y
pon, que tienen el valor justo para matar desde lejos, que hay otras
formas más dignas de decorar una «txozna» o caseta que con fotos de
criminales. ¿No sabe esa gente que existen farolillos y flores de
papel? A ver si se dan una vueltecita por la feria de Sevilla, o por
las miles de ferias de los pueblos de España donde no necesitan
poner fotos de los guardias civiles ni de ninguna víctima del
terrorismo porque la gente los lleva en su corazón, que es el mejor
sitio donde los pueden llevar. Nosotros no suspendemos nuestras
fiestas aunque ETA nos deje sin ganas de nada. Y no lo hacemos
porque queremos demostrarles a estos pistoleros disfrazados de
héroes y a toda esa chusma pachanguera que les aplaude que somos más
nobles que ellos y que nuestra dignidad nos permite seguir viviendo
con la cabeza alta, disfrutando de la vida, de nuestros hijos y de
nuestras fiestas.
¡Qué pena me dan todos esos que sacan a los presos en procesión! ¿No
tendrán mejores santos a quienes rezar? Sigan ustedes anulando
festejos, porque sin sus matones no saben qué hacer en sus tristes
casetas empapadas de dolor, de cobardía, de odio y de vergüenza,que
nosotros seguiremos intentando que se cumpla la ley y que las
celebraciones en esa tierra no consistan en humillantes homenajes a
los terroristas. Y que sepan quienes insisten en perpetuar esa
inmundicia que acabarán más solos que la una, con su «txupinazo
etarra» y toda esa diversión injustamente reivindicativa.
El pueblo vasco tiene ahora la oportunidad de demostrar que puede
acabar con ETA. Y no somos nosotros los que tenemos que decirles
cómo. Ellos saben mejor que nadie cómo hacerlo. De momento, hay que
dejar de cocinar en los fogones nacionalistas, aunque la comida no
salga «rica, rica». Les aseguro que, poco a poco, acabarán
apreciando ese nuevo sabor de libertad.
El lío del Estatuto catalán
JOSÉ MANUEL PONTE La Opinión 25 Agosto 2009
Antes de anunciar públicamente que padecía un inicio de alzheimer y
retirarse definidamente de la política, el señor Maragall, cuando
era presidente de la Generalitat, tuvo la inspiración patriótica de
promover la renovación del Estatuto de Cataluña para convertirlo en
un auténtico "estatuto de nación", que diría el señor Quintana. Como
tantas otras iniciativas legales, el Estatuto de Cataluña no es una
aspiración popular prioritaria, pero la clase política catalana, de
extracción burguesa fundamentalmente, le da una gran importancia y
la considera el instrumento idóneo para que Cataluña se desenganche
poco a poco del Estado sin dejar de sorber hasta el último instante.
La idea de que Cataluña "se encuentre cómoda dentro de España", la
utilizaron alternativamente don Manuel Azaña y don José Ortega y
Gasset durante el debate sobre el Estatuto en las Cortes de la
República, en dos discursos memorables que les valieron entusiastas
felicitaciones.
Luego vino la Guerra Civil y del Estatuto no volvió a hablarse hasta
que, en el inicio de la Transición, el presidente Suárez se trajo a
Josep Tarradellas del huerto francés donde cultivaba hortalizas, y
lo nombró presidente de una Generalitat reconstituida, en una jugada
oportunista que conciliaba la legalidad republicana con la
reinstauración de la monarquía constitucional desde la legalidad
franquista. Puro encaje de bolillos. La iniciativa del señor
Maragall sobre el Estatuto derivó en un arrebato constituyente del
que participaron todos los partidos políticos catalanes, incluido el
PP que lideraba el señor Piqué (conspicuo militante comunista en su
juventud), y se regularon minuciosamente aspectos del comportamiento
humano más propios de un reglamento que de una ley fundamental.
Hubo bromas y chistes sobre el asunto, pero el disparate se complicó
al anunciar el señor Zapatero, por razones de conveniencia electoral
que, caso de ser elegido presidente, "aprobaría el Estatuto tal y
como saliera redactado del Parlamento catalán". Ya en el poder, y
convencido de que había dicho una tontería, el señor Zapatero
propició en el Parlamento español un cepillado del texto, previo
pacto por sorpresa con CiU en contra de sus aliados del Gobierno
catalán. Ahora, la broma ha llegado al Tribunal Constitucional por
un recurso del PP, y todos contienen la respiración antes de que se
conozca el sentido de la sentencia, dado que los jueces están
divididos. Unos le deben su nombramiento al PP y otros al PSOE. En
cualquier caso, el lío está garantizado porque, de no salir las
cosas a su gusto, los partidos catalanes pondrán el grito en el
cielo alegando que se ha traicionado al pueblo de Cataluña. Y el
primero de todos Ezquerra Republicana, que no lo votó
favorablemente. A todo esto, el texto del Estatuto fue aprobado en
referéndum con sólo un 49,4% de participación. Menos mal que nos
queda el arranque de la Liga de Fútbol para distraer la atención.
Cataluña al borde de la anarquía
Juan Julio Alfaya
http://blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php 25 Agosto 2009
El presidente catalán, el socialista José Montilla, advirtió hace
meses de que una sentencia del Tribunal Constitucional que recortase
el Estatuto aumentaría la "desafección" de Cataluña respecto al
conjunto de España, vamos, como si fuese posible todavía más
"desafección".
Esta semana su vicepresidente, José Luis Carod Rovira (ERC), ha
invitado a los catalanes a manifestarse durante la Diada del 11 de
septiembre, incluso antes de conocer el fallo (luego reculó y dijo
hablar a título personal). Su argumento es éste: "Lo que ha votado
Cataluña es intocable. Una vez ha hablado el pueblo de Cataluña,
nadie más debe hablar".
¿La Constitución de 1978 no fue votada también por los catalanes? Si
éstos fueron los resultados, es imposible que la mayoría de los
catalanes hubiera votado en contra o se hubiera abstenido, pues
jamás se habría llegado al 88 54% de votos a favor.
* Censo: 26.632.180 electores.
* Votos contabilizados: 17.873.301 votantes (67,11%).
* Votos a favor: 15.706.078 millones (88,54%).
* Votos en contra: 1.400.505 millones (7,89%).
* Votos en blanco: 632.902 (3,57 %).
* Votos nulos: 133.786 (0,75 %).
¿Entonces por qué no sigue siendo válido, en este caso, el argumento
de José Luis Carod Rovira?: "Lo que ha votado Cataluña es
intocable".
Montilla ha desautorizado la marcha preventiva, pero coincide en el
fondo: El Estatuto, además de una ley orgánica, es un pacto
político. Y los pactos políticos no los pueden tumbar los
tribunales". Pregunto: ¿Aunque sean ilegales? ¿Se da cuenta Montilla
de que los políticos catalanes están sembrando una anarquía que no
respeta absolutamente nada y que algún día es
muy posible que se vuelva contra ellos mismos? Puestos a saltarse
cualquier ley a la torera, ¿por qué no aceptar la secesión del Valle
de Arán o de cualquier otra región de Cataluña?
La antigua Yugoslavia se desmembró en seis países: Eslovenia,
Croacia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Serbia. ¿Qué
pasará con Cataluña si cae en la tentación de iniciar un proceso de
secesión? ¿Están seguros los políticos catalanes que no pasará con
el sueño de la Gran Cataluña lo que pasó con el de la Gran Serbia?
Burlar la legalidad siempre ha tenido consecuencias negativas
incluso para quienes lo hacen con una inconsciencia escalofriante.
Una vez que se sienta el principio de que las leyes no sirven para
nada es como esparcir por la atmósfera un virus para el que todavía
no se ha inventado la vacuna y que puede atacar indiscriminadamente
a cualquiera, incluidos sus propios creadores.
Juan Julio Alfaya
Gallegos Hispanohablantes
http://blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php
"No se puede engañar a todos todo el tiempo" (John Fitzgerald
Kennedy).
Enroque
Luis del Pino Libertad Digital 25 Agosto 2009
El auto del juez Velasco conocido hoy, en el que vuelve a rechazar
las solicitudes de diligencias de investigación presentadas por la
familia Moris, y a las que se había adherido la Asociación de Ayuda
a las Víctimas del 11-M, demuestra que la Audiencia Nacional, lejos
de ser un órgano encargado de administrar justicia en materia
antiterrorista, se ha convertido en un instrumento más de nuestra
clase política a la hora de intentar enterrar definitivamente el
11-M.
Es la segunda vez que esas diligencias se rechazan. Y en ambas
ocasiones queda patente cómo los sucesivos jueces a quienes toca en
suerte lidiar con este toro recurren a todo tipo de argumentos
formales para rechazar las pretensiones de las víctimas y evitar
entrar en el fondo de la cuestión.
La vez anterior, la Audiencia dejó pasar la friolera de 18 meses
antes de contestar a la solicitud de los Moris, para al final
descolgarse con un auto en el que el juez Pablo Ruz rechazaba esas
diligencias por "inútiles, perjudiciales y dilatorias". ¿Dilatorias,
cuando la propia Audiencia había tardado año y medio en contestar?
En esta ocasión, la Audiencia sólo ha tardado seis meses en volver a
denegar esas diligencias, pero en esta ocasión el argumento
principal al que se agarra el juez Eloy Velasco es que ya hay una
sentencia firme sobre el 11-M y, en concreto, sobre el tema de los
explosivos.
Obsérvese la jugada: cuando los Moris presentaron inicialmente sus
solicitudes de diligencias, ni siquiera había emitido sentencia el
juez Gómez Bermúdez. O sea, no es que no hubiera sentencia firme: es
que no había ni siquiera sentencia. Y la razón de que ahora sí
exista esa sentencia firme a la que se agarra el juez Velasco para
rechazar las diligencias es, precisamente, el retraso de dos años
con el que la propia Audiencia ha tratado esas solicitudes.
Hay que reconocer que la jugada es muy efectiva: si hacemos eso en
todos los procesos penales (retrasar la contestación a las partes
hasta que haya una sentencia firme), podemos ahorrarnos un montón de
trabajo, rechazando por la cara todas las solicitudes de
diligencias, con el argumento de que ya no tienen sentido, por haber
sentencia firme. Supongo que el que eso vulnere el derecho a una
justicia efectiva es lo de menos para algunos.
Pero tampoco yo debería perderme en disquisiciones formales. Vayamos
al fondo de la cuestión.
Falta a la verdad el juez Velasco cuando dice que ya hay una
sentencia firme sobre el tema de los explosivos, por la sencilla
razón de que la propia sentencia de la Audiencia Nacional recoge
explícitamente las dudas sobre si pudieron usarse otros tipos de
explosivos, además de la Goma2-ECO, en la masacre. Si la propia
sentencia de la Audiencia Nacional admite que pudieron existir otros
tipos de explosivos, y si admite (como lo hace) que parte del
explosivo pudiera no haber salido de Mina Conchita, ¿en qué se basa
el juez Velasco para denegar solicitudes encaminadas a resolver esas
dudas que la propia sentencia plantea?
Pero la nueva bofetada propinada a las víctimas del 11-M desde la
Audiencia Nacional es todavía más sangrante por el hecho de que se
conoce exactamente el mismo día que el juez Velasco da a conocer
otra tanda de diligencias que ha ordenado a la Policía, referidas a
los marroquíes que supuestamente ayudaron a huir a otros marroquíes
que supuestamente ayudaron a los marroquíes que supuestamente se
suicidaron en el piso de Leganés (y sobre los cuales el propio
Tribunal Supremo dice que no se sabe qué participación pudieron
tener en el 11-M).
O sea, que para marear la perdiz y contribuir a la ceremonia de la
confusión, construyendo acusaciones contra marroquíes que ni el
propio juez Velasco sería capaz de explicar en menos de veinte
minutos qué relación tienen con el 11-M, sí hay diligencias de
investigación. Pero para averiguar de una vez el arma del crimen y
resolver las crecientes dudas sobre qué fue exactamente lo que mató
a las 193 víctimas mortales del 11-M, todas las sentencias son
firmes y de nuevas diligencias nada, monada.
Aunque hay que reconocer que algo tiene de bueno el auto del juez
Velasco: lo clarificador que resulta. Porque permite visualizar como
nadie el enroque que se ha producido en lo que al 11-M se refiere. Y
ese cierre de filas, ese toque a rebato, es mucho más ilustrativo
sobre la verdadera naturaleza del 11-M que cualquier cosa que yo (o
cualquier otro periodista) pudiera escribir. ¿Qué hay tan siniestro
detrás del 11-M como para que ningún partido político (ni siquiera
UPyD) se atreva a salirse del guión y pedir la verdad completa, y
como para que ningún juez de la Audiencia Nacional se atreva a
remover la fosa séptica en que están sumergidas las investigaciones?
¿Tantas cosas se vendrían abajo el día en que los españoles supieran
qué fue lo que sucedió realmente el 11 de marzo de 2004? Porque la
otra explicación posible, la de que los trapos sucios se lavan en
casa, hace mucho tiempo que me parece demasiado benévola. Más que
nada, porque todavía no hemos visto un solo plato limpio.
Yo no sé en qué parará todo esto. Puesto que casi todo el poder del
Estado está del lado de quienes pretenden que los españoles sigan
viviendo en la mentira oficial, lo más probable es que se salgan con
la suya. Y que el 11-M pase al cajón de los misterios históricos sin
resolver. Pero lo que ya desde luego no podrán evitar es que entre
los españoles anide y crezca la sospecha, la certeza, de que el 11-M
fue concebido, planificado, organizado y ejecutado teniendo bien
presentes los efectos políticos que la masacre iba a traer consigo.
Efectos que los españoles seguimos padeciendo cinco años después.
Y esa presunción de pecado original no abandonará ya nunca a este
régimen, mientras no se clarifiquen tanto la matanza, como la
ocultación posterior de los verdaderos autores.
NIEGA CONTACTOS CON EL PP
Duran insta a Sánchez Camacho a retirar el
recurso para mostrar "su cara catalanista"
Duran Lleida replicó este lunes a la presidenta del PP de Cataluña,
Alicia Sánchez Camacho, que lo mejor que podría hacer su partido es
retirar el recurso contra el Estatuto para demostrar su cara
catalanista, en lugar de proponer cumbres de líderes catalanes.
ar
EUROPA PRESS Libertad Digital 25 Agosto 2009
"Está muy bien que aquí haga propuestas para intentar presentarse
con su cara catalanista, pero después en Madrid sigue siendo el PP
de siempre", respondió el portavoz de CiU en el Congreso y
secretario general de CiU en declaraciones en las fiestas de Sants
de Barcelona. Camacho pidió este lunes al presidente de la
Generalidad, José Montilla, que convoque a los líderes catalanes
tras la sentencia del tribunal.
El líder de UDC señaló que ojalá los populares pudieran sumarse a la
respuesta unitaria de los partidos catalanes ante la decisión sobre
el Estatuto, pero insistió en que el PP es el responsable de que
Cataluña esté ahora pendiente de la sentencia, por lo que reiteró
que la "mejor propuesta" que podría hacer Camacho es retirar el
recurso.
Duran opinó que lo que toca ahora hasta que el TC dicte sentencia es
defender la constitucionalidad del Estatuto, para después intentar
acordar una respuesta unitaria de todas las fuerzas "que no se
limite a la pura resignación", pero tampoco llegar a posiciones
maximalistas que pudieran llevar a nuevas frustraciones.
El portavoz de CiU en el Congreso también respondió a la
vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, que habló de
contactos frecuentes con la federación pese a que el propio Duran lo
había negado. "Pido al PP y a Mato que expliquen con quién mantienen
relaciones, que nos digan nombres y apellidos", indicó Duran, que
remarcó que a los populares les interesa en España presentarse como
alternativa al Gobierno socialista, para lo cual es "imprescindible"
tener buenas relaciones con CiU.
"No hay ningún tipo de relación que no sea la habitual entre grupos
parlamentarios", remachó Duran, que constató que todos los partidos
pretenden acercarse a CiU cuando se acercan elecciones.
En este sentido, se refirió a las declaraciones de hace unos días
del presidente de ERC, Joan Puigcercós, que explicó que las
relaciones con la federación habían mejorado. Duran enmarcó estas
afirmaciones en la necesidad que tienen los republicanos de
desmarcarse del PSC, pero remarcó que a la hora de la verdad siguen
apostando por el tripartito.
Es más, subrayó que ERC "acaba de tragarse" un acuerdo de
financiación que no se ajusta al Estatuto y no es bueno para
Cataluña, y sólo para continuar en el Gobierno de José Montilla, y
aunque su militancia no lo comparta. A su juicio, los republicanos
siempre hablan de equidistancia, pero luego la rompen, y sus únicos
socios son los socialistas. "El único hecho real es que ERC ha
entregado el Govern al señor Montilla", concluyó.
También se refirió a una posible política fiscal del PSOE pactada
con los partidos de izquierda en el Congreso, y advirtió en ese caso
de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "no
podrá contar nunca más con CiU para ningún tipo de proyecto
económico".
Después de que el secretario general adjunto de CDC, Felip Puig,
asegurara que CiU no apoyaría los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) si el Gobierno sube impuestos, Duran subrayó que lo que
plantean los socialistas es un castigo para las clases medias.
En concreto, rechazó una subida del IVA si no se rebajan las cuotas
de la Seguridad Social. También se mostró contrario a subir el IRPF,
porque afecta a las clases medias, igual que criticó una hipotética
recuperación del Impuesto de Patrimonio, lo que definió como
"barbaridad" después de haberlo suprimido hace un año.
La ley de las leyes
Cuando los partidos políticos catalanes reaccionan ante la posible
sentencia de inconstitucionalidad contra determinados aspectos
Cartas al Director ABC 25 Agosto 2009
Cuando los partidos políticos catalanes reaccionan ante la posible
sentencia de inconstitucionalidad contra determinados aspectos del
estatuto de autonomía apelando a que «el tribunal no puede invalidar
un pacto político» (PSC) o que «la última palabra la tiene el pueblo
catalán» (CiU) no cabe más que concluir que, en términos de pura y
consecuente teoría constitucional, su posición es abiertamente
golpista. Una cámara con atribuciones legislativas jamás puede
asumir facultades constituyentes sin antes sujetarse al propio
procedimiento que para tales eventualidades señale la propia
Constitución.
Una ley orgánica u ordinaria no puede ocupar una posición jerárquica
superior a la propia Constitución, que, no en vano, se denomina «ley
de leyes». No importa que, entre tanto, el estatuto se haya sometido
a referéndum, pues la cuestión formal a la que aquí aludo es en todo
caso un requisito procesal previo al referéndum, que no puede ser
violado a gusto de los interesados. En caso contrario, la propia
Constitución y el Tribunal Constitucional se vuelven superfluos e
irrelevantes. Es una cámara legislativa -de facto, las ejecutivas de
los partidos en ella representados- la que aquí se pretende
depositaria de toda la soberanía, vulnerando en consecuencia la más
elemental teoría de la separación de poderes. No otra puede ser la
evolución de un régimen en el cual la propia Constitución presenta
un vicio de origen evidente: nace de una ilegítima autoatribución de
poderes constituyentes por parte de una cámara legislativa que no
los tenía; nace no de un proceso constituyente democrático que
obligue a los partidos a pronunciarse de antemano, públicamente, por
la Constitución que defienden, sino de las oscuras transacciones
consensuadas entre la clase política franquista y la oposición.
Tal atropello es el padre de todos los atropellos por los cuales los
partidos políticos se han convertido, hoy, en rémoras enquistadas en
el Estado que hacen imposible la democratización de las
instituciones.
Juan Sánchez Torrón
San Lorenzo del Escorial (Madrid)
EL CÍRCULO BALEAR
Denuncian la catalanización de las calles
de Palma de Mallorca
El Círculo Balear y asociaciones de vecinos han denunciado otra
maniobra del catalanismo excluyente del Ayuntamiento de Palma, que
elimina las escasas calles que quedaban escritas en castellano. Los
ciudadanos documentan con más de 200 fotografías lo que consideran
un "despropósito cultural"
LIBERTAD DIGITAL 25 Agosto 2009
Los ciudadanos de Palma han denunciado, con más de 200 fotografías
la progresiva catalanización de los nombres tradicionales
mallorquines de las calles de Palma, así como la eliminación de las
calles que quedaban escritas en la lengua cooficial de Baleares, el
castellano.
La Concejal de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística del
Ayuntamiento palmesano, la nacionalista Nanda Ramón ha declarado que
resulta "intolerable que después de 30 años aun queden en nuestras
calles nombres en castellano", por lo que ha emprendido esta
sistemática catalinación, asegurando que "la forma oficial de los
nombres de las calles de Palma tiene que ser en catalán estándar".
No obstante, tiempo antes había afirmado que tenían "prioridad
absoluta los nombres tradicionales" en castellano, asegurando que
había que "salvaguardar".
El Círculo Balear considera tales declaraciones "un cinismo sin
precedentes del sectarismo que define al nacionalismo catalanista"
haciendo hincapié en que no es cierto que, como asegura Ramón la
catalinación sea compartida por todos los vecinos y grupos de
opinión.
Como recuerda CB "el grupo mayoritario de opinión, que ha movilizado
a unas 20.000 personas en Palma afectadas por el catalanismo
excluyente, el Círculo Balear, no está, en absoluto, de acuerdo. Y
los vecinos afectados por los cambios de nombre también se han
quejado, cultural y económicamente".
Aportan ejemplos significativos, como el acaecido el pasado 25 de
Mayo cuando la Asociación de Vecinos de La Seu entregó más de 250
firmas para que no se cambiara el nombre tradicional de la calle
"Zanglada" por "Can Anglada", haciendo caso omiso a los vecinos
afectados y constando esta última como la "oficial".
El Círculo insta a Nanda Ramón a que "deje su obsesión
catalanizadora, que intenta justificar, sin éxito, mediante
tergiversaciones históricas y falsos consensos, está costando mucho
dinero a unos sufridos vecinos que no han solicitado cambio alguno
de nombre"
Asimismo, también llama la atención al resto de grupos políticos no
nacionalistas con representación en el consistorio palmesano, para
que respalden a los ciudadanos y abandonen la situación de mutismo
en la que se han instalado.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Sagrado Estatut
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 25 Agosto 2009
Si consideran anticonstitucional el Estatut, que cambien la
Constitución. Este es el espíritu de la manifestación del 11. Un
aviso al «resto». La versión callejera del Pacto del Tinell. Para
catalanistas y separatistas el Estatuto ha sido la expresión del
Parlamento catalán refrendada por el «pueblo» de Cataluña en
relación con el trato que se le debe a la lengua «propia», el
reconocimiento de la conciencia nacional y el pacto con el Estado en
términos de bilateralidad. Las discusiones de los miembros del
Tribunal Constitucional durante tres años han sido maniobras
personales y partidarias. Por ejemplo, a Pascual Sala y a Manuel
Aragón no les gustaría terminar su vida profesional abrumados por la
vergüenza de haber colaborado en la desintegración total de España.
Que es lo que han hecho, voten lo que voten.
¿Estamos ante el final del proceso que comenzó con la redacción de
la Constitución de 1978?
Desde luego para los catalanistas, aunque ni siquiera estos podrían
descartar que el triunfo del Estatuto no sea la antesala de la
independencia claramente definida como tal. Quiero decir que aun en
esta situación sigue manteniéndose la distinción clásica entre
catalanistas e independentistas y que todavía este distingo sigue
permitiendo que avancen estos hacia la soberanía plena sin la
oposición radical de los primeros. Porque esta división de actitudes
todavía seguirá dándoles juego a unos y a otros en relación con
cuestiones históricas, simbólicas, deportivas... y siempre en la
perspectiva de la Unión Europea: la vía hacia un Kosovo indoloro,
«civilizado», con liga de fútbol a ser posible y a vivir que son dos
días.
Como corresponde a una sociedad marcada por tres guerras civiles que
ve en la «desintegración» de España no una ruptura y un trauma sino
un modo inteligente de garantizar la paz.
Estatut
España desintegrada
Agapito Maestre Libertad Digital 25 Agosto 2009
La suerte está echada. El Estatuto de Cataluña consolidará el Estado
de las 17 Taifas. No se trata, como algunos listos creen, de un
conflicto de legitimidades ni tampoco de un enfrentamiento entre el
derecho y la política. Todo eso a los socialistas les trae al pairo.
Se trata, simple y llanamente, de la destrucción de una nación para
"gobernar" más fácilmente sobre la desvertebración de sus
territorios. Ahí están de acuerdo obviamente los nacionalistas y los
socialistas, pero, si me apuran, también muchos peperos se
acercarían a esa concepción de la política que mata la tradición de
la nación española. He ahí la tragedia de la democracia española:
una democracia sin nación. Un imposible.
Eso no es, por desgracia, un juego de palabras. Es un hecho. Los
españoles no viven la desintegración de España. Ojalá. Eso
significaría que aún tiene remedio la deriva de la democracia hacia
el totalitarismo impuesto por una elite política, casi una casta,
que ha convertido la idea de nación española en una pantomima a su
servicio. El gentío, eso que llamamos pueblo español, vive hace
tiempo en una España desintegrada. Todo el mundo sabe que la mayoría
de la elite política catalana no se considera española, pero
necesita expoliar a España para su supervivencia. Cataluña vive de
lo que mata. Es la comunidad parasitaria por excelencia de Europa;
otro tanto, naturalmente, se podría decir del País Vasco y Navarra.
Las elites políticas de esos territorios sobreviven de ese asunto
clave, a saber, la destrucción de España lenta y parsimoniosamente
sin que el personal del resto de España se percate del doloroso
acontecimiento. Por lo tanto, nadie se llame a engaño sobre el rollo
del Estatuto de Cataluña y el Tribunal Constitucional. Este último
organismo es sólo una figura, un paso sin mayor importancia, para
consolidar lo ya existente: la desaparición de la nación española
sin que el populacho se entere, sin que los mejores ciudadanos
tengan que sufrir más de la cuenta. El Tribunal Constitucional es un
adorno ajado e inservible siquiera como elemento decorativo. En
otras palabras, el proceso de desintegración, que comenzó con la
aprobación de una de las Constituciones más perversas que ha dado la
historia de Europa, la del 78 español, terminó el mismo día que se
aprobó el Estatuto de Cataluña, que levantaba su legalidad sobre la
muerte de lo más digno del texto constitucional.
Nadie, pues, se rasgue las vestiduras ante las presiones de los
políticos catalanes al Tribunal Constitucional para que este
"legitime" la existencia de una España desintegrada. Por desgracia,
a la altura de esta película, este Tribunal no tiene legitimidad ni
para justificarse a sí mismo. El asunto es más trágico. Y sobre esa
tragedia, apenas perceptible para una ciudadanía que fue hace tiempo
convertida en populacho por la llamada casta política española,
baila su rigodón el presidente del Gobierno. Éste no espera otra
cosa del Tribunal Constitucional que no sea la convalidación de lo
que él ha promocionado, o sea, el Estatuto de Cataluña es la
consumación de la desintegración de España.
De ahí que no tenga ni pies ni cabeza que algunos analistas
políticos digan que Rodríguez Zapatero está temblado ante el
veredicto del Tribunal Constitucional. Pobres. No entienden nada.
Escriben de política sin conocer sus bases que, en este caso, no son
otras que las dictadas por el propio Zapatero, quien quiso que este
Estatuto fuese la confirmación de su política, a saber, España como
nación es un concepto discutido y discutible. Zapatero está ganando,
o mejor, ha ganado. Su arrojo, su envalentonamiento y, en fin, su
imprudencia se han impuesto sobre el resto de sus adversarios.
Tampoco, dicho sea de paso, se necesitaba demasiada temeridad, pues
que, como nos enseñó Aristóteles, las constituciones políticas
cuanto más malas son, tantas más preocupaciones y prudencias exigen;
es el caso de la Constitución del 78, que es una de las peores
escritas en toda nuestra historia, especialmente sobre la cuestión
de la unidad de España...
La carencia de preocupaciones, o peor, la imprudencia de la casta
política sobre esa unidad nos ha llevado donde estamos: la España de
las Taífas y el vacío. La España del paro más grande de Europa y con
las cifras de fracaso escolar más altas del mundo. España de
Zapatero. España desintegrada. Nada.
Cerco a la propaganda terrorista
EDITORIAL Libertad Digital 25 Agosto 2009
El terrorismo etarra no sobrevive solamente gracias a los medios
físicos y humanos con los que cuenta para cometer atentados. Que
haya terroristas y que éstos dispongan de material para llevar a
cabo sus crímenes es una condición necesaria para que ETA se
mantenga operativa, pero no suficiente. Sin un respaldo social que
dé un apoyo ideológico a las huestes terroristas y vaya renovando
sus ánimos y lavándoles los cerebros, la presión policial habría
terminado hace años con la banda.
Por ello, una política integral contra el terrorismo no sólo debe
basarse en la detención y desarticulación de comandos, en la
destrucción de sus fuentes de financiación, en la lucha contra la
ideología nacionalista que les sirve de soporte o en la expulsión de
los miembros del grupo terrorista de las instituciones democráticas.
La persecución de las distintas manifestaciones de apoyo y
exaltación de sus actividades criminales también constituye un
frente esencial para expulsar a los etarras de esa calle que durante
tiempo manejaron con impunidad.
Las tres décadas que el PNV ocupó el Gobierno vasco supusieron 30
años de sosiego en parte policial pero sobre todo ideológica,
financiera y social para los etarras. ETA se reforzó por todos los
frentes y sólo las ofensivas dirigidas por los gobiernos centrales,
especialmente los de Aznar, consiguieron debilitarla y comenzar a
hacerla retroceder.
Sin embargo, la acción descoordinada entre las distintas
administraciones –debido al bloqueo deliberado que ejercía el PNV–
restaba eficacia a la política antiterrorista y permitía que los
etarras encontraran los recovecos en los que refugiarse y
desarrollarse. Ha sido sólo el cambio histórico de un Ejecutivo
constitucionalista el que ha permitido que algunas cosas comiencen a
cambiar y, entre ellas, el fin de esa impunidad con la que la banda
realizaba proselitismo por las calles del País Vasco.
Así, la Ertzaintza por fin ha empezado a transformase en una
auténtica policía dirigida a combatir a ETA en todas sus formas y
manifestaciones, incluida la apología de sus crímenes que mediante
sus símbolos venía perpetrando con asiduidad. La retirada de las
fotografías de etarras de las calles del País Vasco es una decisión
destinada a frustrar su labor propagandística y, por tanto, un acto
de regeneración democrática que debe ser bienvenido. Difícilmente
prevalecerá una auténtica democracia en el País Vasco y, en general,
en España mientras una parte de sus ciudadanos apoye el asesinato
como un mecanismo para imponer sus ideas y destruir el orden
institucional; y difícilmente esa masa desaparecerá mientras ETA
pueda proseguir con sus soflamas adoctrinadoras sin que las fuerzas
de seguridad le paren los pies.
Precisamente por ello, el llamamiento de Ares a los ayuntamientos
para que frenen la concesión de licencias a grupos sociales que
actúan como correa de transmisión de la propaganda de la banda,
también merece ser acogido con una mezcla de satisfacción y
esperanza; satisfacción por el trabajo bien hecho y esperanza por
que, poco a poco, las cosas comiencen a moverse.
Todo lo contrario, por cierto, que ha manifestado Joseba Egibar,
dirigente de ese partido que tan poco hizo por combatir el sustrato
social del que se nutría ETA. Como resistiéndose al progresivo
desmembramiento de ese aparato administrativo que hacía la vista
gorda mientras unos azotaban el árbol para ir luego presto a recoger
las nueces, el peneuvista lamenta la actuación policial. Una prueba
más de que cuando, en materia antiterrorista, al sentido común se le
suma la pataleta de PNV es que estamos avanzando en la buena
dirección.
La sentencia del Estatut pone de los
nervios a los políticos catalanes
Es el asunto que va a marcar un otoño caliente. Pero no solo en
Madrid, donde Prisa ha avisado al Gobierno de lo que se le viene
encima, sino también en ciertos despachos de Barcelona.
Luis Miguez Macho El Semanal Digital 25 Agosto 2009
Al final, como ha ocurrido con otros minutos de gloria de
Carod-Rovira, sus declaraciones de la semana pasada llamando a los
catalanes a una manifestación preventiva contra la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de
Cataluña han sido un anticipo de las preocupaciones que van a marcar
el futuro próximo de la política española. Porque es muy
significativo que, día tras día, el diario El País no deje de ir
preparando a la opinión pública, sobre todo a la que es afín al
PSOE, para la conmoción que puede suponer la famosa sentencia cuando
salga a la luz.
Ya he dicho en estas misma páginas que no cabe esperar que el
Tribunal Constitucional presidido por María Emilia Casas Bahamonde
dicte una sentencia de máximos contra el nuevo Estatuto, pero es
igual: a los nacionalistas catalanes sólo les sirve la aceptación
íntegra del texto aprobado, y eso tampoco va a suceder en ningún
caso.
Un Estatuto de Autonomía no es un pacto, sino una norma subordinada
a la Constitución
En esta tesitura, la ceremonia de la confusión iniciada por las
declaraciones de Carod ha tenido su continuación en exabruptos de
creciente intensidad proferidos por diferentes políticos catalanes.
Uno niega legitimidad al Tribunal Constitucional para corregir un
"pacto político" como sería el nuevo Estatuto, otro anuncia que, si
se anula la obligatoriedad del conocimiento del catalán, la
Generalidad hará caso omiso, un tercero propone que el Parlamento
catalán se lance a desarrollar de manera desenfrenada el Estatuto
para crear situaciones en la práctica irreversibles, y así,
impunemente, representantes de lo que se supone es la vida oficial
de una región autónoma dentro de un Estado democrático de Derecho
van desgranando disparate tras disparate que en otros países u otras
circunstancias bien se podrían considerar rayanos en el golpismo.
Un Estatuto de Autonomía no es ningún pacto entre el Estado y un
territorio, sino una norma sometida, como todo el resto de nuestro
ordenamiento jurídico, a la Constitución; el artículo 137.1 de ésta
dice claramente que "dentro de los términos de la presente
Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de
cada Comunidad Autónoma". Y aunque la iniciativa para la elaboración
de esa norma parta ordinariamente de la propia instancia territorial
interesada, la aprobación final corresponde a la Cortes Generales.
El referéndum posterior ratificará o no el Estatuto aprobado por las
Cortes, pero no puede modificar ni una coma del texto salido de
aquéllas.
En ese papel de norma institucional básica de la Comunidad autónoma,
la Constitución encomienda a los Estatutos funciones tales como
establecer la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a
su identidad histórica, delimitar su territorio, fijar la
denominación, organización y sede de las instituciones autónomas
propias o determinar las competencias asumidas dentro del marco
establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los
servicios correspondientes a las mismas.
Hace falta un gran acuerdo entre PP y PSOE para cerrar de una vez el
Estado autonómico
Por el contrario, la Constitución no sólo no autoriza, sino que
prohíbe expresamente que un Estatuto de Autonomía o cualquier otra
norma se use para imponer determinaciones que creen un compartimento
estanco dentro del territorio nacional, una sociedad cerrada a la
libre comunicación con el resto de la sociedad española y cautiva de
una oligarquía. Con ese fin quedó escrito en el artículo 139 de la
Norma suprema que todos los españoles tienen los mismos derechos y
obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado y que
ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente
obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las
personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio
español.
El problema del nuevo Estatuto catalán es que políticamente sí se
puede decir que es el fruto de un pacto, pero no entre España y
Cataluña, sino entre José Luis Rodríguez Zapatero y la oligarquía
catalana; un pacto con el que el actual presidente de Gobierno ha
tratado, él sabrá por qué, de destruir cualquier posibilidad de
cerrar razonablemente el Estado autonómico. Sin embargo, al igual
que fracasó su intento de evitar la derrota de ETA por medios
policiales y judiciales mediante el llamado "proceso de paz", ahora
está a punto de encontrarse con que, si el Estado autonómico tiene
algún futuro, habrá que buscarlo en el sentido justamente contrario
al marcado por el nuevo Estatuto que prometió y entregó a la
oligarquía catalana.
En definitiva, el pacto político que dio lugar al nuevo Estatuto
catalán sólo vincula a quienes lo celebraron. No puede vincular ni a
un futuro Gobierno del PP, ni tampoco a los dirigentes del PSOE que
en su día sucedan a Rodríguez Zapatero. Por eso unos y otros
deberían cobrar conciencia de que la mayoría de los españoles desean
un gran acuerdo entre los dos principales partidos nacionales para
cerrar de una vez el Estado autonómico a través de una reforma
constitucional y para que las cuestiones que atañen a la cohesión
territorial no queden al arbitrio de minorías egoístas por simples
argumentos de aritmética electoral.
País Vasco
Las banderas de Patxi López
César Velasco Arsuaga Libertad Digital 25 Agosto 2009
La noticia de que la bandera de España ondea en el palacio de los
Ajuría ha sido presentada a los medios de comunicación, y así lo han
transmitido, como el triunfo del bien sobre el mal, pero ni es lo
que parece, ni todavía hay motivos para sentirse satisfechos.
Si todos los cambios políticos que va a hacer López son como el de
colocar la bandera de España en la sede del Gobierno Vasco y en su
residencia oficial, vamos aviados.
La bandera de España se ha colocado tarde y mal. Y digo tarde porque
López ha tardado más de cien días en instalarla (supongo que él y su
familia habrán tardado bastante menos tiempo en ocupar el palacete
oficial ¿no?). Se ha instalado tarde a pesar de lo que esa bandera
representa, a pesar de lo que la ley establece, y a pesar de que la
sentencia del Tribunal Supremo le confirmaba que tenía que hacerla
ondear de forma permanente. Si la sentencia del Supremo se hubiese
publicado en la época de Ibarretxe posiblemente la bandera habría
sido colocada bastante antes.
Tampoco es motivo de alegría ver que las banderas ondean en el
mástil más pequeño que ha podido encontrar, ya que por su altura es
el clásico mástil que se coloca en interiores, en los vestíbulos de
baja altura, o que se coloca circunstancialmente en exteriores para
actos protocolarios, pero nunca como mástil para hacer ondear
permanentemente una bandera a ras de suelo en el exterior de un
edificio público. Hasta las plantas de los tiestos que están junto a
ellas las rebasan casi en altura.
López debe tener en cuenta que las víctimas de ETA lo han sido por
lo que esa bandera representa –"La bandera de España simboliza la
Nación, es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad
de la Patria y representa los valores superiores expresados en la
Constitución"– y, como le he comunicado a uno de sus colaboradores,
"son tan miserables las astas que tu jefe ha instalado que en caso
de acordarse colocar las banderas a media asta por un grave y
desgraciado atentado o por otra causa, no podrá hacerlo sin que las
banderas se encuentren por el suelo".
Desconozco los motivos que han llevado a López a tomar la decisión
de colocar tan tímidamente la bandera de España y de forma tan
tardía, quizás lo ha hecho para no molestar a los nacionalistas, o
por alguna otra oscura razón, no lo sé; lo que sí sé es que
cualquier concesionario de automóviles coloca los estandartes de su
empresa con mayor gallardía.
Una vez que se ha decidido a cumplir la sentencia del Tribunal
Supremo, esperemos que lo haga con dignidad y en toda su extensión,
no como hasta ahora. Esperemos que cumpla la Ley 39/1981 y haga
ondear de inmediato la bandera de España en el exterior de todos los
edificios dependientes del Gobierno vasco, es decir, en las
comisarías de la Ertzaintza, en los institutos, en los juzgados... y
que no haga falta exigir el cumplimiento de la sentencia.
Educación nacionalista
Opinión ABC 25 Agosto 2009
EL informe del Ararteko sobre la actitud ante el terrorismo de los
alumnos de Secundaria del País Vasco ofrece datos muy preocupantes:
más del 20 por ciento de los adolescentes no considera que haya que
acabar con ETA, y un porcentaje algo superior justifica los
atentados «en ocasiones». Más del 32 por ciento de los escolares
afirma que ha escuchado en casa algún argumento que justifica el
terrorismo. Los detalles del informe confirman algunas percepciones
sociales: hay más apoyo a ETA en Guipúzcoa que en las otras
provincias y los alumnos del modelo D (euskera como única lengua)
son más proclives que los demás a defender a los criminales. El
entorno etarra está muy presente y activo en el mundo escolar y
universitario, utilizando como siempre las amenazas, el chantaje y
la violencia contra cualquiera que pretenda oponerse a sus métodos
mafiosos. Aunque no puedan sorprender a nadie, las conclusiones que
cabe extraer del informe del defensor del pueblo vasco demuestran el
daño causado por el nacionalismo identitario y excluyente en un
ámbito tan sensible como es la educación, generando un sentimiento
de odio hacia la nación española y creando una mentalidad
totalitaria que no se detiene ante los Derechos Humanos más
elementales, incluido el propio derecho a la vida.
La complicidad de un sector de la sociedad vasca con los terroristas
de ETA es una evidencia que exige una actitud firme y decidida para
dar la batalla en nombre de la democracia y la libertad. El
nacionalismo es contrario al sentimiento de convivencia y respeto a
los demás, en nombre de una falacia histórica, social y cultural que
pretende imponerse como verdad oficial. En términos de ideologías
políticas, estamos ante un fenómeno estrictamente totalitario que ni
siquiera respeta el principio de las mayorías parlamentarias, en
nombre de unos supuestos derechos históricos y naturales a gobernar
el territorio del que se apropian en exclusiva.
El pacto por la Constitución entre PP y PSE ofrece por ahora avances
muy positivos en el terreno del respeto al ordenamiento jurídico y
al propio sentido común. Sin embargo, todavía hay que afrontar en
todas sus dimensiones la cuestión educativa, uno de los fundamentos
del acuerdo sellado entre Patxi López y Antonio Basagoiti, que ha
permitido desalojar del poder autonómico al PNV y a sus socios. Si
por ahora los nacionalistas mandan en las escuelas y universidades,
resulta imprescindible apoyar a las muchas personas dignas y
sensatas que luchan por una enseñanza en libertad y se sienten
amedrentados y acosados -física y moralmente- por los asesinos y su
entorno social. El Ararteko pone el dedo en la llaga cuando admite
la «condescendencia» de muchos adolescentes hacia los terroristas.
Como es obvio, aquí está la cantera de futuros criminales que se
inician en la lucha callejera y continúan muchas veces con
asesinatos infames. Hay que enseñar a los jóvenes vascos -y al resto
de los españoles- la historia tal como ha sido y no como la inventan
los nacionalistas. También es imprescindible transmitir los valores
democráticos y la defensa de los Derechos Humanos y la dignidad de
la persona. A causa de ETA, el caso vasco es sin duda el más
complejo, pero conviene no olvidar los estragos que otros
nacionalismos han causado también en materia educativa en otras
partes de España.
El golpe a ETA más contundente desde 2004
deja a la banda sin una tonelada de explosivo
Hace una semana, no sólo se consiguió detener y llevar al calabozo a
los considerados jefes de la logística militar de ETA, sino
desmantelar la infraestructura de depósitos subterráneos utilizados
por
E. MONTAÑÉS / D. CASADO | MADRID ABC 25 Agosto 2009
Hace una semana, no sólo se consiguió detener y llevar al calabozo a
los considerados jefes de la logística militar de ETA, sino
desmantelar la infraestructura de depósitos subterráneos utilizados
por la banda para almacenar un tremendo arsenal: cientos de
detonadores, varios silenciadores, un subfusil, pistolas, centenares
de juegos de matrículas falsas y vírgenes y, sobre todo, una
tonelada de explosivos -además de tres bombas-lapa con temporizador
preparadas para colocarlas en cualquier rincón de España donde la
banda quisiera asestar otros golpes como los de Burgos o Mallorca,
este verano-. Esos mil kilos de explosivo suponen el grueso de los
casi 1.400 encontrados por las Policías francesa y española en zulos
sobre suelo de los dos países.
El golpe a ETA, con la detención de la «triple A» -Aitzol Etxaburu,
Andoni Sarasola y Alberto Machaín- , representa «el más contundente
a la logística de la banda terrorista desde 2004», ha dicho hoy el
fiscal jefe de París, Jean-Claude Marin, en un encuentro con la
prensa.
Ese año, el 4 de octubre de 2004, la Policía gala lanzó una
operación contra el aparato logística de ETA en la que se realizaron
veinte detenciones, entre los que se encontraban Mikel Albizu
Iriarte, Mikel Antza, y su pareja, Soledad Iparagirre «Anboto»,
máximos responsables de la banda, junto con otros dirigentes
destacados. Entonces se descubrieron cuatro zulos con una gran
cantidad de armamento, además de intervenir relevante documentación
sobre la banda y se requisó la imprenta con la que se editaba el
boletín interno. Este mazazo a ETA fue calificado como el más
importante desde las detenciones de Bidart en 1992.
Tres investigaciones diferentesEl fiscal jefe de París también ha
especificado que la importante operación policial iniciada hace una
semana es fruto de tres investigaciones preliminares totalmente
diferentes. La primera de ellas permitió arrestar a los tres
etarras, en la estación de esquí de Vilarembert, en el departamento
de Le Corbier; la segunda es la relativa al hallazgo del primero de
los doce zulos abiertos esta semana, ubicado en la localidad de
Ferrières, a sólo 40 kilómetros de la frontera con los Pirineos; y
la tercera atañe a los otros once escondites. Según Marin, el gran
interrogante ahora es saber si existe una «conexión» entre los tres
detenidos y los zulos encontrados, algo que trata de averiguar la
policía científica. Se sabe que hay «ciertos puntos comunes» pero de
momento no se puede hablar de vínculos directos, ha subrayado el
fiscal, quien no descartó que los zulos encontrados pertenezcan a
otros grupos de la organización.
Según información facilitada por el Ministerio del Interior, la gran
mayoría de los escondites desmantelados en 2009 se ubican en el país
vecino, doce sólo en la última semana. Los datos de Interior
muestran que la detención de 62 miembros de ETA o colaboradores de
la banda en lo que va de año ha conducido al hallazgo de quince
zulos en Francia (los doce que muestra el mapa, otro en
Castelnau-de-Montmiral, en Pindères y uno más en Grenoble) y de
otros tres en España (Guipúzcoa, el pasado 23 de junio; Cercerdilla,
en Madrid, el pasado 5 de junio y en enero, la Policía encontró
quince kilos de dinamita «Titadyne» escondidos en el municipio
guipuzcoano de Zegama).
Mañana, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viajará a
París para ofrecer una rueda de prensa conjunta con su homólogo
francés, Brice Hortefeux, y puede que arrojen luz sobre la
envergadura real del desarme de ETA en territorio galo. Los
terroristas habían sembrado el sureste francés, con una red tejida
en los municipios de Camplong, Minerve, Ferrals-les-Montagne,
Helette, Plaussenous, Lacoste, Ferrieres, Cabrerolles, Lacaune les
Bains, Pardailhan y Montclart, de 21 kilos de pentrita, 12 de
nitrometano, 15 bombas-lapa, 18 armas de mano, 244 detonadores, 500
metros de cordón detonante, 600 kilos de nitrato amónico y un largo
etcétera con un único fin bárbaro.
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