AGLI

Recortes de Prensa    Martes 25 Agosto 2009

 

El cartero del Estatuto
IGNACIO CAMACHO ABC 25 Agosto 2009

SE supone que el Estado de Derecho se rige en teoría por el imperio de la ley, pero en el cuadro estupefaciente de nuestra degradada democracia ya ni siquiera produce asombro que altas autoridades se manifiesten dispuestas a desacatar al más alto tribunal si emite una sentencia que les contraría. Hemos llegado a un nivel de descomposición moral de la política que a nadie le llama la atención que el presidente de la Generalitat -máximo representante del Estado en Cataluña- y el del Parlamento autonómico declaren con máxima seriedad su intención de ignorar cualquier fallo adverso sobre el Estatuto que ampara sus cargos. Los tipos encargados de redactar las leyes y hacerlas cumplir se niegan -preventivamente además, lo que viene a constituir una coacción o una amenaza- a someterse a cualquier veredicto judicial que les parezca inconveniente, y lo hacen alegando la supremacía de los pactos políticos. A su espíritu de insubordinación añaden así una severa dosis de ignorancia sobre los fundamentos jurídicos del sistema que ellos mismos encarnan; en cualquier país normal gente así sería víctima del oprobio de la opinión pública, pero no es descartable que aquí la veamos pronto ennoblecida por su briosa resistencia en nombre del soberanismo identitario.

En este ambiente envilecido por la prevalencia del sectarismo el Tribunal Constitucional se ha convertido en un pelele al que todo el mundo zarandea sin que ninguno de sus miembros, y menos su dócil presidenta, se levante a defender su independencia y su rango. Su capacidad de resistir la presión parece de una fragilidad alarmante. La sentencia del Estatuto está bloqueada porque se ha convertido en la clave de una posible crisis de Estado, y no hay nadie con jerarquía bastante para proclamar que el problema no lo han creado los jueces con su criterio sino los políticos con su desvarío. Fueron ellos, con Zapatero a la cabeza, los que impulsaron el Estatuto a trompicones -«como sea»-, lo arrastraron por un peñascal jurídico y trataron después de naturalizar el apaño a base de hechos consumados. Ahora, consciente de que el infumable texto no cuadra con la Constitución por muy laxas que sean las interpretaciones de sus egoístas preceptos, al Gobierno le entran sudores fríos en plena canícula sólo de pensar que el cartero del TC le traiga de vuelta el paquete, y está dispuesto a cualquier cosa con tal de verlo pasar de largo sin llamar al timbre. Incluso a demoler el poco prestigio que le queda a la justicia como ultima ratio de la democracia.

No estamos, como sugiere Montilla, ante un choque de legitimidades sino ante un conflicto entre el derecho y la política; si prevalece la política será un enjuague ignominioso que dará la puntilla al sistema y lo convertirá en papel mojado sometido al pragmatismo cínico de una clase dirigente autista.

Sin ETA no hay fiesta
Teresa Jiménez- Becerril ABC 25 Agosto 2009

«No Martini, no partry», como anunciaba un actor americano, quien nos recordaba que sin la famosa bebida no había diversión. Al parecer, en el País Vasco a muchos les pasa igual, con la diferencia de que ellos, para divertirse, lo que necesitan es enaltecer el terrorismo y los protagonistas de su propaganda son los infames asesinos de ETA. Según lo que hemos visto en Gernica, donde han anulado las fiestas como respuesta a la prohibición de las manifestaciones a favor de los etarras, la gente del pueblo no tiene mejor manera de disfrutar que sacando en pasacalles a quienes disparan a bocajarro contra inocentes.

A lo mejor no se han enterado los que prefieren quedarse sin feria antes que renunciar a encumbrar a esos falsos soldados de quita y pon, que tienen el valor justo para matar desde lejos, que hay otras formas más dignas de decorar una «txozna» o caseta que con fotos de criminales. ¿No sabe esa gente que existen farolillos y flores de papel? A ver si se dan una vueltecita por la feria de Sevilla, o por las miles de ferias de los pueblos de España donde no necesitan poner fotos de los guardias civiles ni de ninguna víctima del terrorismo porque la gente los lleva en su corazón, que es el mejor sitio donde los pueden llevar. Nosotros no suspendemos nuestras fiestas aunque ETA nos deje sin ganas de nada. Y no lo hacemos porque queremos demostrarles a estos pistoleros disfrazados de héroes y a toda esa chusma pachanguera que les aplaude que somos más nobles que ellos y que nuestra dignidad nos permite seguir viviendo con la cabeza alta, disfrutando de la vida, de nuestros hijos y de nuestras fiestas.

¡Qué pena me dan todos esos que sacan a los presos en procesión! ¿No tendrán mejores santos a quienes rezar? Sigan ustedes anulando festejos, porque sin sus matones no saben qué hacer en sus tristes casetas empapadas de dolor, de cobardía, de odio y de vergüenza,que nosotros seguiremos intentando que se cumpla la ley y que las celebraciones en esa tierra no consistan en humillantes homenajes a los terroristas. Y que sepan quienes insisten en perpetuar esa inmundicia que acabarán más solos que la una, con su «txupinazo etarra» y toda esa diversión injustamente reivindicativa.

El pueblo vasco tiene ahora la oportunidad de demostrar que puede acabar con ETA. Y no somos nosotros los que tenemos que decirles cómo. Ellos saben mejor que nadie cómo hacerlo. De momento, hay que dejar de cocinar en los fogones nacionalistas, aunque la comida no salga «rica, rica». Les aseguro que, poco a poco, acabarán apreciando ese nuevo sabor de libertad.

El lío del Estatuto catalán
JOSÉ MANUEL PONTE La Opinión 25 Agosto 2009

Antes de anunciar públicamente que padecía un inicio de alzheimer y retirarse definidamente de la política, el señor Maragall, cuando era presidente de la Generalitat, tuvo la inspiración patriótica de promover la renovación del Estatuto de Cataluña para convertirlo en un auténtico "estatuto de nación", que diría el señor Quintana. Como tantas otras iniciativas legales, el Estatuto de Cataluña no es una aspiración popular prioritaria, pero la clase política catalana, de extracción burguesa fundamentalmente, le da una gran importancia y la considera el instrumento idóneo para que Cataluña se desenganche poco a poco del Estado sin dejar de sorber hasta el último instante. La idea de que Cataluña "se encuentre cómoda dentro de España", la utilizaron alternativamente don Manuel Azaña y don José Ortega y Gasset durante el debate sobre el Estatuto en las Cortes de la República, en dos discursos memorables que les valieron entusiastas felicitaciones.

Luego vino la Guerra Civil y del Estatuto no volvió a hablarse hasta que, en el inicio de la Transición, el presidente Suárez se trajo a Josep Tarradellas del huerto francés donde cultivaba hortalizas, y lo nombró presidente de una Generalitat reconstituida, en una jugada oportunista que conciliaba la legalidad republicana con la reinstauración de la monarquía constitucional desde la legalidad franquista. Puro encaje de bolillos. La iniciativa del señor Maragall sobre el Estatuto derivó en un arrebato constituyente del que participaron todos los partidos políticos catalanes, incluido el PP que lideraba el señor Piqué (conspicuo militante comunista en su juventud), y se regularon minuciosamente aspectos del comportamiento humano más propios de un reglamento que de una ley fundamental.

Hubo bromas y chistes sobre el asunto, pero el disparate se complicó al anunciar el señor Zapatero, por razones de conveniencia electoral que, caso de ser elegido presidente, "aprobaría el Estatuto tal y como saliera redactado del Parlamento catalán". Ya en el poder, y convencido de que había dicho una tontería, el señor Zapatero propició en el Parlamento español un cepillado del texto, previo pacto por sorpresa con CiU en contra de sus aliados del Gobierno catalán. Ahora, la broma ha llegado al Tribunal Constitucional por un recurso del PP, y todos contienen la respiración antes de que se conozca el sentido de la sentencia, dado que los jueces están divididos. Unos le deben su nombramiento al PP y otros al PSOE. En cualquier caso, el lío está garantizado porque, de no salir las cosas a su gusto, los partidos catalanes pondrán el grito en el cielo alegando que se ha traicionado al pueblo de Cataluña. Y el primero de todos Ezquerra Republicana, que no lo votó favorablemente. A todo esto, el texto del Estatuto fue aprobado en referéndum con sólo un 49,4% de participación. Menos mal que nos queda el arranque de la Liga de Fútbol para distraer la atención.

Cataluña al borde de la anarquía
Juan Julio Alfaya  http://blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php 25 Agosto 2009

El presidente catalán, el socialista José Montilla, advirtió hace meses de que una sentencia del Tribunal Constitucional que recortase el Estatuto aumentaría la "desafección" de Cataluña respecto al conjunto de España, vamos, como si fuese posible todavía más "desafección".

Esta semana su vicepresidente, José Luis Carod Rovira (ERC), ha invitado a los catalanes a manifestarse durante la Diada del 11 de septiembre, incluso antes de conocer el fallo (luego reculó y dijo hablar a título personal). Su argumento es éste: "Lo que ha votado Cataluña es intocable. Una vez ha hablado el pueblo de Cataluña, nadie más debe hablar".

¿La Constitución de 1978 no fue votada también por los catalanes? Si éstos fueron los resultados, es imposible que la mayoría de los catalanes hubiera votado en contra o se hubiera abstenido, pues jamás se habría llegado al 88 54% de votos a favor.

* Censo: 26.632.180 electores.
* Votos contabilizados: 17.873.301 votantes (67,11%).
* Votos a favor: 15.706.078 millones (88,54%).
* Votos en contra: 1.400.505 millones (7,89%).
* Votos en blanco: 632.902 (3,57 %).
* Votos nulos: 133.786 (0,75 %).

¿Entonces por qué no sigue siendo válido, en este caso, el argumento de José Luis Carod Rovira?: "Lo que ha votado Cataluña es intocable".

Montilla ha desautorizado la marcha preventiva, pero coincide en el fondo: El Estatuto, además de una ley orgánica, es un pacto político. Y los pactos políticos no los pueden tumbar los tribunales". Pregunto: ¿Aunque sean ilegales? ¿Se da cuenta Montilla de que los políticos catalanes están sembrando una anarquía que no respeta absolutamente nada y que algún día es
muy posible que se vuelva contra ellos mismos? Puestos a saltarse cualquier ley a la torera, ¿por qué no aceptar la secesión del Valle de Arán o de cualquier otra región de Cataluña?

La antigua Yugoslavia se desmembró en seis países: Eslovenia, Croacia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Serbia. ¿Qué pasará con Cataluña si cae en la tentación de iniciar un proceso de secesión? ¿Están seguros los políticos catalanes que no pasará con el sueño de la Gran Cataluña lo que pasó con el de la Gran Serbia?

Burlar la legalidad siempre ha tenido consecuencias negativas incluso para quienes lo hacen con una inconsciencia escalofriante. Una vez que se sienta el principio de que las leyes no sirven para nada es como esparcir por la atmósfera un virus para el que todavía no se ha inventado la vacuna y que puede atacar indiscriminadamente a cualquiera, incluidos sus propios creadores.

Juan Julio Alfaya
Gallegos Hispanohablantes
http://blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php
"No se puede engañar a todos todo el tiempo" (John Fitzgerald Kennedy).

Enroque
Luis del Pino Libertad Digital 25 Agosto 2009

El auto del juez Velasco conocido hoy, en el que vuelve a rechazar las solicitudes de diligencias de investigación presentadas por la familia Moris, y a las que se había adherido la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, demuestra que la Audiencia Nacional, lejos de ser un órgano encargado de administrar justicia en materia antiterrorista, se ha convertido en un instrumento más de nuestra clase política a la hora de intentar enterrar definitivamente el 11-M.

Es la segunda vez que esas diligencias se rechazan. Y en ambas ocasiones queda patente cómo los sucesivos jueces a quienes toca en suerte lidiar con este toro recurren a todo tipo de argumentos formales para rechazar las pretensiones de las víctimas y evitar entrar en el fondo de la cuestión.

La vez anterior, la Audiencia dejó pasar la friolera de 18 meses antes de contestar a la solicitud de los Moris, para al final descolgarse con un auto en el que el juez Pablo Ruz rechazaba esas diligencias por "inútiles, perjudiciales y dilatorias". ¿Dilatorias, cuando la propia Audiencia había tardado año y medio en contestar?

En esta ocasión, la Audiencia sólo ha tardado seis meses en volver a denegar esas diligencias, pero en esta ocasión el argumento principal al que se agarra el juez Eloy Velasco es que ya hay una sentencia firme sobre el 11-M y, en concreto, sobre el tema de los explosivos.

Obsérvese la jugada: cuando los Moris presentaron inicialmente sus solicitudes de diligencias, ni siquiera había emitido sentencia el juez Gómez Bermúdez. O sea, no es que no hubiera sentencia firme: es que no había ni siquiera sentencia. Y la razón de que ahora sí exista esa sentencia firme a la que se agarra el juez Velasco para rechazar las diligencias es, precisamente, el retraso de dos años con el que la propia Audiencia ha tratado esas solicitudes.

Hay que reconocer que la jugada es muy efectiva: si hacemos eso en todos los procesos penales (retrasar la contestación a las partes hasta que haya una sentencia firme), podemos ahorrarnos un montón de trabajo, rechazando por la cara todas las solicitudes de diligencias, con el argumento de que ya no tienen sentido, por haber sentencia firme. Supongo que el que eso vulnere el derecho a una justicia efectiva es lo de menos para algunos.

Pero tampoco yo debería perderme en disquisiciones formales. Vayamos al fondo de la cuestión.

Falta a la verdad el juez Velasco cuando dice que ya hay una sentencia firme sobre el tema de los explosivos, por la sencilla razón de que la propia sentencia de la Audiencia Nacional recoge explícitamente las dudas sobre si pudieron usarse otros tipos de explosivos, además de la Goma2-ECO, en la masacre. Si la propia sentencia de la Audiencia Nacional admite que pudieron existir otros tipos de explosivos, y si admite (como lo hace) que parte del explosivo pudiera no haber salido de Mina Conchita, ¿en qué se basa el juez Velasco para denegar solicitudes encaminadas a resolver esas dudas que la propia sentencia plantea?

Pero la nueva bofetada propinada a las víctimas del 11-M desde la Audiencia Nacional es todavía más sangrante por el hecho de que se conoce exactamente el mismo día que el juez Velasco da a conocer otra tanda de diligencias que ha ordenado a la Policía, referidas a los marroquíes que supuestamente ayudaron a huir a otros marroquíes que supuestamente ayudaron a los marroquíes que supuestamente se suicidaron en el piso de Leganés (y sobre los cuales el propio Tribunal Supremo dice que no se sabe qué participación pudieron tener en el 11-M).

O sea, que para marear la perdiz y contribuir a la ceremonia de la confusión, construyendo acusaciones contra marroquíes que ni el propio juez Velasco sería capaz de explicar en menos de veinte minutos qué relación tienen con el 11-M, sí hay diligencias de investigación. Pero para averiguar de una vez el arma del crimen y resolver las crecientes dudas sobre qué fue exactamente lo que mató a las 193 víctimas mortales del 11-M, todas las sentencias son firmes y de nuevas diligencias nada, monada.

Aunque hay que reconocer que algo tiene de bueno el auto del juez Velasco: lo clarificador que resulta. Porque permite visualizar como nadie el enroque que se ha producido en lo que al 11-M se refiere. Y ese cierre de filas, ese toque a rebato, es mucho más ilustrativo sobre la verdadera naturaleza del 11-M que cualquier cosa que yo (o cualquier otro periodista) pudiera escribir. ¿Qué hay tan siniestro detrás del 11-M como para que ningún partido político (ni siquiera UPyD) se atreva a salirse del guión y pedir la verdad completa, y como para que ningún juez de la Audiencia Nacional se atreva a remover la fosa séptica en que están sumergidas las investigaciones? ¿Tantas cosas se vendrían abajo el día en que los españoles supieran qué fue lo que sucedió realmente el 11 de marzo de 2004? Porque la otra explicación posible, la de que los trapos sucios se lavan en casa, hace mucho tiempo que me parece demasiado benévola. Más que nada, porque todavía no hemos visto un solo plato limpio.

Yo no sé en qué parará todo esto. Puesto que casi todo el poder del Estado está del lado de quienes pretenden que los españoles sigan viviendo en la mentira oficial, lo más probable es que se salgan con la suya. Y que el 11-M pase al cajón de los misterios históricos sin resolver. Pero lo que ya desde luego no podrán evitar es que entre los españoles anide y crezca la sospecha, la certeza, de que el 11-M fue concebido, planificado, organizado y ejecutado teniendo bien presentes los efectos políticos que la masacre iba a traer consigo. Efectos que los españoles seguimos padeciendo cinco años después.

Y esa presunción de pecado original no abandonará ya nunca a este régimen, mientras no se clarifiquen tanto la matanza, como la ocultación posterior de los verdaderos autores.

NIEGA CONTACTOS CON EL PP
Duran insta a Sánchez Camacho a retirar el recurso para mostrar "su cara catalanista"
Duran Lleida replicó este lunes a la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, que lo mejor que podría hacer su partido es retirar el recurso contra el Estatuto para demostrar su cara catalanista, en lugar de proponer cumbres de líderes catalanes.
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EUROPA PRESS Libertad Digital 25 Agosto 2009

"Está muy bien que aquí haga propuestas para intentar presentarse con su cara catalanista, pero después en Madrid sigue siendo el PP de siempre", respondió el portavoz de CiU en el Congreso y secretario general de CiU en declaraciones en las fiestas de Sants de Barcelona. Camacho pidió este lunes al presidente de la Generalidad, José Montilla, que convoque a los líderes catalanes tras la sentencia del tribunal.

El líder de UDC señaló que ojalá los populares pudieran sumarse a la respuesta unitaria de los partidos catalanes ante la decisión sobre el Estatuto, pero insistió en que el PP es el responsable de que Cataluña esté ahora pendiente de la sentencia, por lo que reiteró que la "mejor propuesta" que podría hacer Camacho es retirar el recurso.

Duran opinó que lo que toca ahora hasta que el TC dicte sentencia es defender la constitucionalidad del Estatuto, para después intentar acordar una respuesta unitaria de todas las fuerzas "que no se limite a la pura resignación", pero tampoco llegar a posiciones maximalistas que pudieran llevar a nuevas frustraciones.

El portavoz de CiU en el Congreso también respondió a la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, que habló de contactos frecuentes con la federación pese a que el propio Duran lo había negado. "Pido al PP y a Mato que expliquen con quién mantienen relaciones, que nos digan nombres y apellidos", indicó Duran, que remarcó que a los populares les interesa en España presentarse como alternativa al Gobierno socialista, para lo cual es "imprescindible" tener buenas relaciones con CiU.

"No hay ningún tipo de relación que no sea la habitual entre grupos parlamentarios", remachó Duran, que constató que todos los partidos pretenden acercarse a CiU cuando se acercan elecciones.

En este sentido, se refirió a las declaraciones de hace unos días del presidente de ERC, Joan Puigcercós, que explicó que las relaciones con la federación habían mejorado. Duran enmarcó estas afirmaciones en la necesidad que tienen los republicanos de desmarcarse del PSC, pero remarcó que a la hora de la verdad siguen apostando por el tripartito.

Es más, subrayó que ERC "acaba de tragarse" un acuerdo de financiación que no se ajusta al Estatuto y no es bueno para Cataluña, y sólo para continuar en el Gobierno de José Montilla, y aunque su militancia no lo comparta. A su juicio, los republicanos siempre hablan de equidistancia, pero luego la rompen, y sus únicos socios son los socialistas. "El único hecho real es que ERC ha entregado el Govern al señor Montilla", concluyó.

También se refirió a una posible política fiscal del PSOE pactada con los partidos de izquierda en el Congreso, y advirtió en ese caso de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "no podrá contar nunca más con CiU para ningún tipo de proyecto económico".

Después de que el secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, asegurara que CiU no apoyaría los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si el Gobierno sube impuestos, Duran subrayó que lo que plantean los socialistas es un castigo para las clases medias.

En concreto, rechazó una subida del IVA si no se rebajan las cuotas de la Seguridad Social. También se mostró contrario a subir el IRPF, porque afecta a las clases medias, igual que criticó una hipotética recuperación del Impuesto de Patrimonio, lo que definió como "barbaridad" después de haberlo suprimido hace un año.

La ley de las leyes
Cuando los partidos políticos catalanes reaccionan ante la posible sentencia de inconstitucionalidad contra determinados aspectos
Cartas al Director ABC 25 Agosto 2009

Cuando los partidos políticos catalanes reaccionan ante la posible sentencia de inconstitucionalidad contra determinados aspectos del estatuto de autonomía apelando a que «el tribunal no puede invalidar un pacto político» (PSC) o que «la última palabra la tiene el pueblo catalán» (CiU) no cabe más que concluir que, en términos de pura y consecuente teoría constitucional, su posición es abiertamente golpista. Una cámara con atribuciones legislativas jamás puede asumir facultades constituyentes sin antes sujetarse al propio procedimiento que para tales eventualidades señale la propia Constitución.

Una ley orgánica u ordinaria no puede ocupar una posición jerárquica superior a la propia Constitución, que, no en vano, se denomina «ley de leyes». No importa que, entre tanto, el estatuto se haya sometido a referéndum, pues la cuestión formal a la que aquí aludo es en todo caso un requisito procesal previo al referéndum, que no puede ser violado a gusto de los interesados. En caso contrario, la propia Constitución y el Tribunal Constitucional se vuelven superfluos e irrelevantes. Es una cámara legislativa -de facto, las ejecutivas de los partidos en ella representados- la que aquí se pretende depositaria de toda la soberanía, vulnerando en consecuencia la más elemental teoría de la separación de poderes. No otra puede ser la evolución de un régimen en el cual la propia Constitución presenta un vicio de origen evidente: nace de una ilegítima autoatribución de poderes constituyentes por parte de una cámara legislativa que no los tenía; nace no de un proceso constituyente democrático que obligue a los partidos a pronunciarse de antemano, públicamente, por la Constitución que defienden, sino de las oscuras transacciones consensuadas entre la clase política franquista y la oposición.

Tal atropello es el padre de todos los atropellos por los cuales los partidos políticos se han convertido, hoy, en rémoras enquistadas en el Estado que hacen imposible la democratización de las instituciones.
Juan Sánchez Torrón
San Lorenzo del Escorial (Madrid)

EL CÍRCULO BALEAR
Denuncian la catalanización de las calles de Palma de Mallorca
El Círculo Balear y asociaciones de vecinos han denunciado otra maniobra del catalanismo excluyente del Ayuntamiento de Palma, que elimina las escasas calles que quedaban escritas en castellano. Los ciudadanos documentan con más de 200 fotografías lo que consideran un "despropósito cultural"
LIBERTAD DIGITAL 25 Agosto 2009

Los ciudadanos de Palma han denunciado, con más de 200 fotografías la progresiva catalanización de los nombres tradicionales mallorquines de las calles de Palma, así como la eliminación de las calles que quedaban escritas en la lengua cooficial de Baleares, el castellano.

La Concejal de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística del Ayuntamiento palmesano, la nacionalista Nanda Ramón ha declarado que resulta "intolerable que después de 30 años aun queden en nuestras calles nombres en castellano", por lo que ha emprendido esta sistemática catalinación, asegurando que "la forma oficial de los nombres de las calles de Palma tiene que ser en catalán estándar". No obstante, tiempo antes había afirmado que tenían "prioridad absoluta los nombres tradicionales" en castellano, asegurando que había que "salvaguardar".

El Círculo Balear considera tales declaraciones "un cinismo sin precedentes del sectarismo que define al nacionalismo catalanista" haciendo hincapié en que no es cierto que, como asegura Ramón la catalinación sea compartida por todos los vecinos y grupos de opinión.

Como recuerda CB "el grupo mayoritario de opinión, que ha movilizado a unas 20.000 personas en Palma afectadas por el catalanismo excluyente, el Círculo Balear, no está, en absoluto, de acuerdo. Y los vecinos afectados por los cambios de nombre también se han quejado, cultural y económicamente".

Aportan ejemplos significativos, como el acaecido el pasado 25 de Mayo cuando la Asociación de Vecinos de La Seu entregó más de 250 firmas para que no se cambiara el nombre tradicional de la calle "Zanglada" por "Can Anglada", haciendo caso omiso a los vecinos afectados y constando esta última como la "oficial".

El Círculo insta a Nanda Ramón a que "deje su obsesión catalanizadora, que intenta justificar, sin éxito, mediante tergiversaciones históricas y falsos consensos, está costando mucho dinero a unos sufridos vecinos que no han solicitado cambio alguno de nombre"

Asimismo, también llama la atención al resto de grupos políticos no nacionalistas con representación en el consistorio palmesano, para que respalden a los ciudadanos y abandonen la situación de mutismo en la que se han instalado.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Sagrado Estatut
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 25 Agosto 2009

Si consideran anticonstitucional el Estatut, que cambien la Constitución. Este es el espíritu de la manifestación del 11. Un aviso al «resto». La versión callejera del Pacto del Tinell. Para catalanistas y separatistas el Estatuto ha sido la expresión del Parlamento catalán refrendada por el «pueblo» de Cataluña en relación con el trato que se le debe a la lengua «propia», el reconocimiento de la conciencia nacional y el pacto con el Estado en términos de bilateralidad. Las discusiones de los miembros del Tribunal Constitucional durante tres años han sido maniobras personales y partidarias. Por ejemplo, a Pascual Sala y a Manuel Aragón no les gustaría terminar su vida profesional abrumados por la vergüenza de haber colaborado en la desintegración total de España. Que es lo que han hecho, voten lo que voten.

¿Estamos ante el final del proceso que comenzó con la redacción de la Constitución de 1978?

Desde luego para los catalanistas, aunque ni siquiera estos podrían descartar que el triunfo del Estatuto no sea la antesala de la independencia claramente definida como tal. Quiero decir que aun en esta situación sigue manteniéndose la distinción clásica entre catalanistas e independentistas y que todavía este distingo sigue permitiendo que avancen estos hacia la soberanía plena sin la oposición radical de los primeros. Porque esta división de actitudes todavía seguirá dándoles juego a unos y a otros en relación con cuestiones históricas, simbólicas, deportivas... y siempre en la perspectiva de la Unión Europea: la vía hacia un Kosovo indoloro, «civilizado», con liga de fútbol a ser posible y a vivir que son dos días.
Como corresponde a una sociedad marcada por tres guerras civiles que ve en la «desintegración» de España no una ruptura y un trauma sino un modo inteligente de garantizar la paz.

Estatut
España desintegrada
Agapito Maestre Libertad Digital 25 Agosto 2009

La suerte está echada. El Estatuto de Cataluña consolidará el Estado de las 17 Taifas. No se trata, como algunos listos creen, de un conflicto de legitimidades ni tampoco de un enfrentamiento entre el derecho y la política. Todo eso a los socialistas les trae al pairo. Se trata, simple y llanamente, de la destrucción de una nación para "gobernar" más fácilmente sobre la desvertebración de sus territorios. Ahí están de acuerdo obviamente los nacionalistas y los socialistas, pero, si me apuran, también muchos peperos se acercarían a esa concepción de la política que mata la tradición de la nación española. He ahí la tragedia de la democracia española: una democracia sin nación. Un imposible.

Eso no es, por desgracia, un juego de palabras. Es un hecho. Los españoles no viven la desintegración de España. Ojalá. Eso significaría que aún tiene remedio la deriva de la democracia hacia el totalitarismo impuesto por una elite política, casi una casta, que ha convertido la idea de nación española en una pantomima a su servicio. El gentío, eso que llamamos pueblo español, vive hace tiempo en una España desintegrada. Todo el mundo sabe que la mayoría de la elite política catalana no se considera española, pero necesita expoliar a España para su supervivencia. Cataluña vive de lo que mata. Es la comunidad parasitaria por excelencia de Europa; otro tanto, naturalmente, se podría decir del País Vasco y Navarra.

Las elites políticas de esos territorios sobreviven de ese asunto clave, a saber, la destrucción de España lenta y parsimoniosamente sin que el personal del resto de España se percate del doloroso acontecimiento. Por lo tanto, nadie se llame a engaño sobre el rollo del Estatuto de Cataluña y el Tribunal Constitucional. Este último organismo es sólo una figura, un paso sin mayor importancia, para consolidar lo ya existente: la desaparición de la nación española sin que el populacho se entere, sin que los mejores ciudadanos tengan que sufrir más de la cuenta. El Tribunal Constitucional es un adorno ajado e inservible siquiera como elemento decorativo. En otras palabras, el proceso de desintegración, que comenzó con la aprobación de una de las Constituciones más perversas que ha dado la historia de Europa, la del 78 español, terminó el mismo día que se aprobó el Estatuto de Cataluña, que levantaba su legalidad sobre la muerte de lo más digno del texto constitucional.

Nadie, pues, se rasgue las vestiduras ante las presiones de los políticos catalanes al Tribunal Constitucional para que este "legitime" la existencia de una España desintegrada. Por desgracia, a la altura de esta película, este Tribunal no tiene legitimidad ni para justificarse a sí mismo. El asunto es más trágico. Y sobre esa tragedia, apenas perceptible para una ciudadanía que fue hace tiempo convertida en populacho por la llamada casta política española, baila su rigodón el presidente del Gobierno. Éste no espera otra cosa del Tribunal Constitucional que no sea la convalidación de lo que él ha promocionado, o sea, el Estatuto de Cataluña es la consumación de la desintegración de España.

De ahí que no tenga ni pies ni cabeza que algunos analistas políticos digan que Rodríguez Zapatero está temblado ante el veredicto del Tribunal Constitucional. Pobres. No entienden nada. Escriben de política sin conocer sus bases que, en este caso, no son otras que las dictadas por el propio Zapatero, quien quiso que este Estatuto fuese la confirmación de su política, a saber, España como nación es un concepto discutido y discutible. Zapatero está ganando, o mejor, ha ganado. Su arrojo, su envalentonamiento y, en fin, su imprudencia se han impuesto sobre el resto de sus adversarios. Tampoco, dicho sea de paso, se necesitaba demasiada temeridad, pues que, como nos enseñó Aristóteles, las constituciones políticas cuanto más malas son, tantas más preocupaciones y prudencias exigen; es el caso de la Constitución del 78, que es una de las peores escritas en toda nuestra historia, especialmente sobre la cuestión de la unidad de España...
La carencia de preocupaciones, o peor, la imprudencia de la casta política sobre esa unidad nos ha llevado donde estamos: la España de las Taífas y el vacío. La España del paro más grande de Europa y con las cifras de fracaso escolar más altas del mundo. España de Zapatero. España desintegrada. Nada.

Cerco a la propaganda terrorista
EDITORIAL Libertad Digital 25 Agosto 2009

El terrorismo etarra no sobrevive solamente gracias a los medios físicos y humanos con los que cuenta para cometer atentados. Que haya terroristas y que éstos dispongan de material para llevar a cabo sus crímenes es una condición necesaria para que ETA se mantenga operativa, pero no suficiente. Sin un respaldo social que dé un apoyo ideológico a las huestes terroristas y vaya renovando sus ánimos y lavándoles los cerebros, la presión policial habría terminado hace años con la banda.

Por ello, una política integral contra el terrorismo no sólo debe basarse en la detención y desarticulación de comandos, en la destrucción de sus fuentes de financiación, en la lucha contra la ideología nacionalista que les sirve de soporte o en la expulsión de los miembros del grupo terrorista de las instituciones democráticas. La persecución de las distintas manifestaciones de apoyo y exaltación de sus actividades criminales también constituye un frente esencial para expulsar a los etarras de esa calle que durante tiempo manejaron con impunidad.

Las tres décadas que el PNV ocupó el Gobierno vasco supusieron 30 años de sosiego en parte policial pero sobre todo ideológica, financiera y social para los etarras. ETA se reforzó por todos los frentes y sólo las ofensivas dirigidas por los gobiernos centrales, especialmente los de Aznar, consiguieron debilitarla y comenzar a hacerla retroceder.

Sin embargo, la acción descoordinada entre las distintas administraciones –debido al bloqueo deliberado que ejercía el PNV– restaba eficacia a la política antiterrorista y permitía que los etarras encontraran los recovecos en los que refugiarse y desarrollarse. Ha sido sólo el cambio histórico de un Ejecutivo constitucionalista el que ha permitido que algunas cosas comiencen a cambiar y, entre ellas, el fin de esa impunidad con la que la banda realizaba proselitismo por las calles del País Vasco.

Así, la Ertzaintza por fin ha empezado a transformase en una auténtica policía dirigida a combatir a ETA en todas sus formas y manifestaciones, incluida la apología de sus crímenes que mediante sus símbolos venía perpetrando con asiduidad. La retirada de las fotografías de etarras de las calles del País Vasco es una decisión destinada a frustrar su labor propagandística y, por tanto, un acto de regeneración democrática que debe ser bienvenido. Difícilmente prevalecerá una auténtica democracia en el País Vasco y, en general, en España mientras una parte de sus ciudadanos apoye el asesinato como un mecanismo para imponer sus ideas y destruir el orden institucional; y difícilmente esa masa desaparecerá mientras ETA pueda proseguir con sus soflamas adoctrinadoras sin que las fuerzas de seguridad le paren los pies.

Precisamente por ello, el llamamiento de Ares a los ayuntamientos para que frenen la concesión de licencias a grupos sociales que actúan como correa de transmisión de la propaganda de la banda, también merece ser acogido con una mezcla de satisfacción y esperanza; satisfacción por el trabajo bien hecho y esperanza por que, poco a poco, las cosas comiencen a moverse.

Todo lo contrario, por cierto, que ha manifestado Joseba Egibar, dirigente de ese partido que tan poco hizo por combatir el sustrato social del que se nutría ETA. Como resistiéndose al progresivo desmembramiento de ese aparato administrativo que hacía la vista gorda mientras unos azotaban el árbol para ir luego presto a recoger las nueces, el peneuvista lamenta la actuación policial. Una prueba más de que cuando, en materia antiterrorista, al sentido común se le suma la pataleta de PNV es que estamos avanzando en la buena dirección.

La sentencia del Estatut pone de los nervios a los políticos catalanes
Es el asunto que va a marcar un otoño caliente. Pero no solo en Madrid, donde Prisa ha avisado al Gobierno de lo que se le viene encima, sino también en ciertos despachos de Barcelona.
Luis Miguez Macho El Semanal Digital 25 Agosto 2009

Al final, como ha ocurrido con otros minutos de gloria de Carod-Rovira, sus declaraciones de la semana pasada llamando a los catalanes a una manifestación preventiva contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña han sido un anticipo de las preocupaciones que van a marcar el futuro próximo de la política española. Porque es muy significativo que, día tras día, el diario El País no deje de ir preparando a la opinión pública, sobre todo a la que es afín al PSOE, para la conmoción que puede suponer la famosa sentencia cuando salga a la luz.

Ya he dicho en estas misma páginas que no cabe esperar que el Tribunal Constitucional presidido por María Emilia Casas Bahamonde dicte una sentencia de máximos contra el nuevo Estatuto, pero es igual: a los nacionalistas catalanes sólo les sirve la aceptación íntegra del texto aprobado, y eso tampoco va a suceder en ningún caso.

Un Estatuto de Autonomía no es un pacto, sino una norma subordinada a la Constitución
En esta tesitura, la ceremonia de la confusión iniciada por las declaraciones de Carod ha tenido su continuación en exabruptos de creciente intensidad proferidos por diferentes políticos catalanes. Uno niega legitimidad al Tribunal Constitucional para corregir un "pacto político" como sería el nuevo Estatuto, otro anuncia que, si se anula la obligatoriedad del conocimiento del catalán, la Generalidad hará caso omiso, un tercero propone que el Parlamento catalán se lance a desarrollar de manera desenfrenada el Estatuto para crear situaciones en la práctica irreversibles, y así, impunemente, representantes de lo que se supone es la vida oficial de una región autónoma dentro de un Estado democrático de Derecho van desgranando disparate tras disparate que en otros países u otras circunstancias bien se podrían considerar rayanos en el golpismo.

Un Estatuto de Autonomía no es ningún pacto entre el Estado y un territorio, sino una norma sometida, como todo el resto de nuestro ordenamiento jurídico, a la Constitución; el artículo 137.1 de ésta dice claramente que "dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma". Y aunque la iniciativa para la elaboración de esa norma parta ordinariamente de la propia instancia territorial interesada, la aprobación final corresponde a la Cortes Generales. El referéndum posterior ratificará o no el Estatuto aprobado por las Cortes, pero no puede modificar ni una coma del texto salido de aquéllas.

En ese papel de norma institucional básica de la Comunidad autónoma, la Constitución encomienda a los Estatutos funciones tales como establecer la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica, delimitar su territorio, fijar la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias o determinar las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

Hace falta un gran acuerdo entre PP y PSOE para cerrar de una vez el Estado autonómico
Por el contrario, la Constitución no sólo no autoriza, sino que prohíbe expresamente que un Estatuto de Autonomía o cualquier otra norma se use para imponer determinaciones que creen un compartimento estanco dentro del territorio nacional, una sociedad cerrada a la libre comunicación con el resto de la sociedad española y cautiva de una oligarquía. Con ese fin quedó escrito en el artículo 139 de la Norma suprema que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado y que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

El problema del nuevo Estatuto catalán es que políticamente sí se puede decir que es el fruto de un pacto, pero no entre España y Cataluña, sino entre José Luis Rodríguez Zapatero y la oligarquía catalana; un pacto con el que el actual presidente de Gobierno ha tratado, él sabrá por qué, de destruir cualquier posibilidad de cerrar razonablemente el Estado autonómico. Sin embargo, al igual que fracasó su intento de evitar la derrota de ETA por medios policiales y judiciales mediante el llamado "proceso de paz", ahora está a punto de encontrarse con que, si el Estado autonómico tiene algún futuro, habrá que buscarlo en el sentido justamente contrario al marcado por el nuevo Estatuto que prometió y entregó a la oligarquía catalana.

En definitiva, el pacto político que dio lugar al nuevo Estatuto catalán sólo vincula a quienes lo celebraron. No puede vincular ni a un futuro Gobierno del PP, ni tampoco a los dirigentes del PSOE que en su día sucedan a Rodríguez Zapatero. Por eso unos y otros deberían cobrar conciencia de que la mayoría de los españoles desean un gran acuerdo entre los dos principales partidos nacionales para cerrar de una vez el Estado autonómico a través de una reforma constitucional y para que las cuestiones que atañen a la cohesión territorial no queden al arbitrio de minorías egoístas por simples argumentos de aritmética electoral.

País Vasco
Las banderas de Patxi López
César Velasco Arsuaga Libertad Digital 25 Agosto 2009

La noticia de que la bandera de España ondea en el palacio de los Ajuría ha sido presentada a los medios de comunicación, y así lo han transmitido, como el triunfo del bien sobre el mal, pero ni es lo que parece, ni todavía hay motivos para sentirse satisfechos.

Si todos los cambios políticos que va a hacer López son como el de colocar la bandera de España en la sede del Gobierno Vasco y en su residencia oficial, vamos aviados.

La bandera de España se ha colocado tarde y mal. Y digo tarde porque López ha tardado más de cien días en instalarla (supongo que él y su familia habrán tardado bastante menos tiempo en ocupar el palacete oficial ¿no?). Se ha instalado tarde a pesar de lo que esa bandera representa, a pesar de lo que la ley establece, y a pesar de que la sentencia del Tribunal Supremo le confirmaba que tenía que hacerla ondear de forma permanente. Si la sentencia del Supremo se hubiese publicado en la época de Ibarretxe posiblemente la bandera habría sido colocada bastante antes.

Tampoco es motivo de alegría ver que las banderas ondean en el mástil más pequeño que ha podido encontrar, ya que por su altura es el clásico mástil que se coloca en interiores, en los vestíbulos de baja altura, o que se coloca circunstancialmente en exteriores para actos protocolarios, pero nunca como mástil para hacer ondear permanentemente una bandera a ras de suelo en el exterior de un edificio público. Hasta las plantas de los tiestos que están junto a ellas las rebasan casi en altura.

López debe tener en cuenta que las víctimas de ETA lo han sido por lo que esa bandera representa –"La bandera de España simboliza la Nación, es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la Patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución"– y, como le he comunicado a uno de sus colaboradores, "son tan miserables las astas que tu jefe ha instalado que en caso de acordarse colocar las banderas a media asta por un grave y desgraciado atentado o por otra causa, no podrá hacerlo sin que las banderas se encuentren por el suelo".

Desconozco los motivos que han llevado a López a tomar la decisión de colocar tan tímidamente la bandera de España y de forma tan tardía, quizás lo ha hecho para no molestar a los nacionalistas, o por alguna otra oscura razón, no lo sé; lo que sí sé es que cualquier concesionario de automóviles coloca los estandartes de su empresa con mayor gallardía.
Una vez que se ha decidido a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, esperemos que lo haga con dignidad y en toda su extensión, no como hasta ahora. Esperemos que cumpla la Ley 39/1981 y haga ondear de inmediato la bandera de España en el exterior de todos los edificios dependientes del Gobierno vasco, es decir, en las comisarías de la Ertzaintza, en los institutos, en los juzgados... y que no haga falta exigir el cumplimiento de la sentencia.

Educación nacionalista
Opinión ABC 25 Agosto 2009

EL informe del Ararteko sobre la actitud ante el terrorismo de los alumnos de Secundaria del País Vasco ofrece datos muy preocupantes: más del 20 por ciento de los adolescentes no considera que haya que acabar con ETA, y un porcentaje algo superior justifica los atentados «en ocasiones». Más del 32 por ciento de los escolares afirma que ha escuchado en casa algún argumento que justifica el terrorismo. Los detalles del informe confirman algunas percepciones sociales: hay más apoyo a ETA en Guipúzcoa que en las otras provincias y los alumnos del modelo D (euskera como única lengua) son más proclives que los demás a defender a los criminales. El entorno etarra está muy presente y activo en el mundo escolar y universitario, utilizando como siempre las amenazas, el chantaje y la violencia contra cualquiera que pretenda oponerse a sus métodos mafiosos. Aunque no puedan sorprender a nadie, las conclusiones que cabe extraer del informe del defensor del pueblo vasco demuestran el daño causado por el nacionalismo identitario y excluyente en un ámbito tan sensible como es la educación, generando un sentimiento de odio hacia la nación española y creando una mentalidad totalitaria que no se detiene ante los Derechos Humanos más elementales, incluido el propio derecho a la vida.

La complicidad de un sector de la sociedad vasca con los terroristas de ETA es una evidencia que exige una actitud firme y decidida para dar la batalla en nombre de la democracia y la libertad. El nacionalismo es contrario al sentimiento de convivencia y respeto a los demás, en nombre de una falacia histórica, social y cultural que pretende imponerse como verdad oficial. En términos de ideologías políticas, estamos ante un fenómeno estrictamente totalitario que ni siquiera respeta el principio de las mayorías parlamentarias, en nombre de unos supuestos derechos históricos y naturales a gobernar el territorio del que se apropian en exclusiva.

El pacto por la Constitución entre PP y PSE ofrece por ahora avances muy positivos en el terreno del respeto al ordenamiento jurídico y al propio sentido común. Sin embargo, todavía hay que afrontar en todas sus dimensiones la cuestión educativa, uno de los fundamentos del acuerdo sellado entre Patxi López y Antonio Basagoiti, que ha permitido desalojar del poder autonómico al PNV y a sus socios. Si por ahora los nacionalistas mandan en las escuelas y universidades, resulta imprescindible apoyar a las muchas personas dignas y sensatas que luchan por una enseñanza en libertad y se sienten amedrentados y acosados -física y moralmente- por los asesinos y su entorno social. El Ararteko pone el dedo en la llaga cuando admite la «condescendencia» de muchos adolescentes hacia los terroristas. Como es obvio, aquí está la cantera de futuros criminales que se inician en la lucha callejera y continúan muchas veces con asesinatos infames. Hay que enseñar a los jóvenes vascos -y al resto de los españoles- la historia tal como ha sido y no como la inventan los nacionalistas. También es imprescindible transmitir los valores democráticos y la defensa de los Derechos Humanos y la dignidad de la persona. A causa de ETA, el caso vasco es sin duda el más complejo, pero conviene no olvidar los estragos que otros nacionalismos han causado también en materia educativa en otras partes de España.

El golpe a ETA más contundente desde 2004 deja a la banda sin una tonelada de explosivo
Hace una semana, no sólo se consiguió detener y llevar al calabozo a los considerados jefes de la logística militar de ETA, sino desmantelar la infraestructura de depósitos subterráneos utilizados por
E. MONTAÑÉS / D. CASADO | MADRID ABC 25 Agosto 2009

Hace una semana, no sólo se consiguió detener y llevar al calabozo a los considerados jefes de la logística militar de ETA, sino desmantelar la infraestructura de depósitos subterráneos utilizados por la banda para almacenar un tremendo arsenal: cientos de detonadores, varios silenciadores, un subfusil, pistolas, centenares de juegos de matrículas falsas y vírgenes y, sobre todo, una tonelada de explosivos -además de tres bombas-lapa con temporizador preparadas para colocarlas en cualquier rincón de España donde la banda quisiera asestar otros golpes como los de Burgos o Mallorca, este verano-. Esos mil kilos de explosivo suponen el grueso de los casi 1.400 encontrados por las Policías francesa y española en zulos sobre suelo de los dos países.

El golpe a ETA, con la detención de la «triple A» -Aitzol Etxaburu, Andoni Sarasola y Alberto Machaín- , representa «el más contundente a la logística de la banda terrorista desde 2004», ha dicho hoy el fiscal jefe de París, Jean-Claude Marin, en un encuentro con la prensa.

Ese año, el 4 de octubre de 2004, la Policía gala lanzó una operación contra el aparato logística de ETA en la que se realizaron veinte detenciones, entre los que se encontraban Mikel Albizu Iriarte, Mikel Antza, y su pareja, Soledad Iparagirre «Anboto», máximos responsables de la banda, junto con otros dirigentes destacados. Entonces se descubrieron cuatro zulos con una gran cantidad de armamento, además de intervenir relevante documentación sobre la banda y se requisó la imprenta con la que se editaba el boletín interno. Este mazazo a ETA fue calificado como el más importante desde las detenciones de Bidart en 1992.

Tres investigaciones diferentesEl fiscal jefe de París también ha especificado que la importante operación policial iniciada hace una semana es fruto de tres investigaciones preliminares totalmente diferentes. La primera de ellas permitió arrestar a los tres etarras, en la estación de esquí de Vilarembert, en el departamento de Le Corbier; la segunda es la relativa al hallazgo del primero de los doce zulos abiertos esta semana, ubicado en la localidad de Ferrières, a sólo 40 kilómetros de la frontera con los Pirineos; y la tercera atañe a los otros once escondites. Según Marin, el gran interrogante ahora es saber si existe una «conexión» entre los tres detenidos y los zulos encontrados, algo que trata de averiguar la policía científica. Se sabe que hay «ciertos puntos comunes» pero de momento no se puede hablar de vínculos directos, ha subrayado el fiscal, quien no descartó que los zulos encontrados pertenezcan a otros grupos de la organización.

Según información facilitada por el Ministerio del Interior, la gran mayoría de los escondites desmantelados en 2009 se ubican en el país vecino, doce sólo en la última semana. Los datos de Interior muestran que la detención de 62 miembros de ETA o colaboradores de la banda en lo que va de año ha conducido al hallazgo de quince zulos en Francia (los doce que muestra el mapa, otro en Castelnau-de-Montmiral, en Pindères y uno más en Grenoble) y de otros tres en España (Guipúzcoa, el pasado 23 de junio; Cercerdilla, en Madrid, el pasado 5 de junio y en enero, la Policía encontró quince kilos de dinamita «Titadyne» escondidos en el municipio guipuzcoano de Zegama).

Mañana, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viajará a París para ofrecer una rueda de prensa conjunta con su homólogo francés, Brice Hortefeux, y puede que arrojen luz sobre la envergadura real del desarme de ETA en territorio galo. Los terroristas habían sembrado el sureste francés, con una red tejida en los municipios de Camplong, Minerve, Ferrals-les-Montagne, Helette, Plaussenous, Lacoste, Ferrieres, Cabrerolles, Lacaune les Bains, Pardailhan y Montclart, de 21 kilos de pentrita, 12 de nitrometano, 15 bombas-lapa, 18 armas de mano, 244 detonadores, 500 metros de cordón detonante, 600 kilos de nitrato amónico y un largo etcétera con un único fin bárbaro.


 

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