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Recortes de Prensa    Jueves 27 Agosto 2009

 

Zapatero significa tarde y mal
VALENTÍ PUIG ABC 27 Agosto 2009

LAS rectificaciones del presidente Zapatero hasta ahora han sido generalmente desmañadas, tardías, improvisadas y de corto alcance mediático. En inmigración, el Gobierno ha pasado de los papeles para todos a lo que hay. Respecto a la lucha antiterrorista, démosla por bien encarrillada si se ponen entre paréntesis las pretensiones previas de llegar a un entendimiento con ETA. La financiación autonómica ha incentivado el particularismo y la biteralidad. Parlamentariamente, el PSOE decide subir los impuestos porque lo quiere IU y en unas horas lo niega porque CiU se pone más a mano. En cuanto a la recesión económica, Zapatero ha pasado de negarla con perseverancia a tapizarla con parches. Tiene en la agenda la reforma del mercado laboral y lo más posible es que, de decidirse a hacerla, sea tarde y mal. Eso le va a corresponder al ministro Corbacho, como ya le correspondió espesar los filtros inmigratorios.

Al arbitrar sesgadamente entre sindicatos y empresarios, Zapatero optó por atribuir a la CEOE el bucentauro del despido libre y la desgracia de cientos de miles de hogares españoles vampirizados por empresarios sedientos de beneficio. En realidad, son las empresas -grandes, medianas o pequeñas- las que asfaltarán el camino para salir de la crisis. Son las empresas las que, en definitiva, han de evitar la destrucción de puestos de trabajo. Lo que hace falta es generar empleo y a la vez un uso más eficiente de ese nuevo empleo: es decir, más productividad. La flexi-seguridad no es un instrumento de tortura del capitalismo salvaje. Está en la Agenda de Lisboa, cuya aplicación hubiese dejado las economías europeas en mejor situación para afrontar esta crisis.

El Banco Central Europeo ha dicho por activa y por pasiva que el mercado laboral en España es rígido, ineficiente e injusto. No flexibilizarlo perjudica especialmente a los jóvenes que quieren trabajar. José Manuel González-Páramo, del Comité Ejecutivo del BCE, acaba de decir que seguir indiciando los salarios al IPC puede desatar espirales de salarios y precios. Más paro. Ya se sabe: los salarios suben por la escalera, los precios suben en el ascensor.

También el Banco de España considera vital cambiar el sistema de contratos y que la subida salarial no favorece la creación de empleo. Ricardo Montoro, por el PP, insiste en que la reforma ha de ser concebida para favorecer la contratación: reducir número de contratos, rebajar cotizaciones en los contratos que pasen de temporales a fijos, cambiar el método de negociación colectiva -hoy destructor de empleo-, ligar salarios a productividad. Frenar el gasto público improductivo. El mundo económico y empresarial español coincide en que únicamente la flexibilidad puede frenar el paro.

Lo dicen Felipe González y Almunia. Sería demagógico decir que el Gobierno ni se entera. Tiene información de primera mano, expertos y gestores de calidad, inteligencia política y económica. ¿Qué otro cálculo sino el conjuro electoral impide actuar por una vez no del todo a destiempo y más o menos bien?

Los mileuristas han dejado paso a la generación «ni-ni». Es un rasgo de la antropología zapaterista. El semanario «Spiegel» la ha descrito como una generación cero: cero trabajos, cero perspectivas. Un 54 por ciento de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años se considera «ni-ni», según las encuestas. Ni trabaja, ni estudia. Son lo que algún día, cuando trabajen, habrán de sostener un Estado de bienestar altamente encarecido por el envejecimiento de la población y la baja natalidad. Percance incalculable. Generación Zapatero.
www.valentipuig.com

Cataluña podría utilizar su futura ley de referendos si el TC rebaja el Estatuto
Pese a insistir en que el Estatuto es constitucional y que no hay planes B ante el supuesto de que el Tribunal Constitucional (TC) dicte una sentencia adversa, el Gobierno catalán analiza ya todas las
MARÍA JESÚS CAÑIZARES | BARCELONA ABC 27 Agosto 2009

Pese a insistir en que el Estatuto es constitucional y que no hay planes B ante el supuesto de que el Tribunal Constitucional (TC) dicte una sentencia adversa, el Gobierno catalán analiza ya todas las vías jurídicas y políticas posibles para evitar que no se toque una coma del texto estatutario.

El tripartito, como se sabe, amenazó el martes al PSOE con reformular el pacto entre Cataluña y España, pero eso forma parte de lo futurible. Mucho más tangible es el amplio despliegue legislativo impulsado para desarrollar el Estatuto sin esperar a que haya resolución judicial. Esta política de «hechos consumados» se traduce en 14 proyectos de ley en trámite y que se unen a las 32 leyes aprobadas en los últimos tres años.

Competencias
Ley de consultas
Pendiente de aprobación se encuentra la ley de consultas populares por vía de referéndum, que desarrolla el artículo 122 del Estatuto. Es uno de los proyectos más importantes de la Consejeria de Gobernación, dirigida por ERC, que permitiría al Gobierno catalán convocar a la ciudadanía nuevamente si el TC recortara el Estatuto, tal como algunos dirigentes republicanos y de CiU reclaman.

Instituciones
El defensor del pueblo catalán
También en este nuevo curso parlamentario podría aprobarse la ley del Síndic de Greuges, con competencias que podrían invadir las atribuciones del Defensor del Pueblo, de ahí el recurso presentado por esta institución ante el TC.
En el último año fue aprobada la ley de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, donde se regula por primera vez el cargo de vicepresidente catalán, actualmente ejercido por el republicano Josep Lluís Carod-Rovira. Más recientemente fue aprobada la ley del Consejo de Garantías Estatutarias, figura que contempla el artículo 76 del Estatuto y cuyas funciones le convierten en una especie de «tribunal constitucional catalán», pues sus dictámenes sobre la constitucionalidad y cumplimiento estatutario de las leyes que se aprueben en Cataluña serán vinculantes. Este Consejo sustituirá al Consejo Consultivo.

Financiación
Una agencia tributaria propia
Cataluña dispone desde hace dos años de una Agencia Tributaria propia, que practicamente liquida la administración tributaria nacional en esta comunidad. Este órgano, que forma parte del capítulo de la financiación del Estatuto también recurrido ante el TC, se encarga de «la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos recaudados en Cataluña». El propio Gobierno áutonómico reconoció que las competencias otorgadas a la agencia van más allá del Estatuto. Próximamente, el Parlamento catalán aprobará la ley de la Agencia Catalana de Inspección de Trabajo.

Derechos
Ley de Educación sin castellano
La Ley de Educación de Cataluña es considerada por algunos como el proyecto legislativo más importante. Aprobada antes del verano gracias al acuerdo PSC y CiU, esta normativa cumple con las previsiones estatutarias en materia lingüística, impone el catalán como lengua prácticamente única en las aulas y obvia el decreto estatal sobre la tercera hora en castellano.

Organización territorial
Adiós a las provincias
Dentro de la veintena de proyectos legislativos del tripartito se encuentra la ley de organización territorial, que contempla la creación de siete «veguerias» que sustituirían a las actuales provincias. Ello podría entrar en colisión con la organización que contempla la Constitución.

LOS JUECES CONDENAN LAS PRESIONES
Exigen a la presidenta del TC que dé la cara ante los ataques desde Cataluña
Las asociaciones de jueces se alzan contra el desafío lanzado desde Cataluña ante la sentencia del TC y califican de "impresentables" las presiones del Ejecutivo catalán. Exigen a la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, a que se pronuncie frente a "la injerencia grosera" de los políticos.
EUROPA PRESS Libertad Digital 27 Agosto 2009

Las asociaciones de jueces califican de "impresentables" las presiones contra el Tribunal Constitucional que se están produciendo desde diferentes fuerzas políticas en Cataluña, Por ello, han solicitado que la presidenta del TC, María Emilia Casas, defienda su autonomía y su independencia.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, cargó con dureza contra la clase política por tener una "conciencia muy pobre" sobre el significado del Estado constitucional y pidió no confundir la libertad política" y el derecho a la crítica con una "injerencia grosera" en el ámbito de la actuación jurisdiccional.

"Disponemos de una clase política que nos está conduciendo desde el punto de vista institucional al descrédito generalizado", denunció el portavoz, quien admitió echar en falta una declaración "prudente moderada pero clarificadora" de la presidenta del TC, María Emilia Casas, defendiendo la "independencia y autonomía" del alto tribunal.

Tras evitar especulaciones sobre si existe otra vía en la Constitución para sortear la sentencia del TC, el representante de la APM subrayó que los dirigentes políticos "no son gente con privilegios" y están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico "les guste o no" igual que el resto de la ciudadanía.

El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Marcelino Sexmero, manifestó que "es impresentable que cualquier forma política presione a un tribunal de justicia y mucho menos al Tribunal Constitucional" y añadió "que no es de recibo ninguna presión".

Respecto a las declaraciones del Gobierno de Cataluña, en las que afirmaba que si la sentencia del TC declaraba inconstitucional el Estatuto, el Ejecutivo catalán lo llevará a cabo por otras vías, Sexmero comentó que ve "muy difícil" que ocurra, pero que "la posibilidad de forzar la ley siempre es admisible".

Desde la Asociación Jueces para la Democracia, de corte progresista, su portavoz, Miguel Ángel Gimeno, aclaró que "es difícil que las manifestaciones de los políticos, por muy radicales que sean, puedan influir en la decisión que haya tomado el Constitucional". "El TC ha tenido durante varios años una discusión intensa y no creo que esto ahora tenga ninguna influencia sobre la decisión final", apostilló.

Por otro lado, Gimeno apuntó que "el Gobierno de Cataluña ha dejado bien claro que las sentencias se acatarán" y que, a su juicio, "es legítimo que una comunidad autónoma aspire a tener un grado de competencias sobre lo que sea y que busque algún camino constitucional" para llevarlo a cabo.

Las cuentas siguen ocultas
Opinión ABC 27 Agosto 2009

LA financiación autonómica ha pasado de ser un «sudoku» a convertirse en un misterio de cuentas ocultas. Por segunda vez -la primera fue el pasado 15 de julio-, la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, se negó ayer en el Congreso de los Diputados a concretar las cifras del nuevo modelo de financiación autonómica, escudándose en que están pendientes las liquidaciones de las cuentas entre las comunidades autónomas y el Estado correspondientes a 2009. El argumento es de doble filo, porque al mismo tiempo invalida -y por las mismas razones- todos los pronósticos que hace el Gobierno sobre los beneficios del nuevo sistema. Si no puede saber cuánto se llevará cada comunidad autónoma, tampoco puede saber en qué medida van a mejorar sus finanzas. La única cifra cierta dada por la Ministra Salgado fue la de la deuda de las Comunidades Autónomas con el Estado: 6.000 millones de euros. Cifra que, al final, acabará determinando lo que cada autonomía recibirá realmente por el nuevo modelo, porque de una u otra manera tendrá que ser reembolsada al Estado.

Por tanto, el Gobierno hace funambulismo sobre sus propias improvisaciones, ganando tiempo gracias a crear incertidumbres con las que mantener abierto un debate que entretiene a todos los partidos, pero que antes o después se verá obligado a cerrar porque tendrá que presentar los proyectos de ley del nuevo sistema de financiación autonómica y el de Presupuestos Generales del Estado. Hasta el momento, sólo Esquerra Republicana de Cataluña parece tener claro lo que la comunidad catalana va a recibir, lo cual es coherente con el hecho de que el modelo de financiación tiene como primera finalidad política dar cobertura a las promesas de Zapatero con el tripartito catalán y a la obsesión del PSOE por tener contento al electorado de esta comunidad y evitar abstenciones como en los comicios europeos. Salgado no dio ayer argumentos para que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP cambien su posición crítica, ni para que las gobernadas por el PSOE se traguen con mayor convicción las ruedas de molino que exigen las servidumbres impuestas por sus pactos con ERC.

Un país que, como España, está sumido en una crisis económica profunda, agudizada por la caída de ingresos fiscales y el aumento desmesurado del gasto público, no puede permitirse un Gobierno que mantiene en el aire dos cuestiones básicas para las cuentas del Estado: la financiación autonómica y la subida de impuestos. Sobre esto último, Salgado se limitó a decir que «todo está en estudio», como si sobre esta cuestión fuera posible no tener ya un criterio claro, o no decirlo, en caso de que se tuviera. La posibilidad de que el Ejecutivo no sepa a cuánto asciende la nueva financiación autonómica y qué va a hacer para paliar el déficit público empieza a ser preocupantemente verosímil, pero la indefinición, la falta de aptitud y la política de miras cortas se han instalado como método del Gobierno socialista en la gestión de los principales asuntos de Estado. Las autonomías no saben cuánto van a recibir. Los ciudadanos no saben cuántos impuestos les van subir. Sólo están asegurados los incrementos del paro y del déficit. Así es muy difícil despejar el camino de la recuperación económica.

Zapatero
¿A qué llamamos pluralismo?
Agapito Maestre Libertad Digital 27 Agosto 2009

Los socialistas saben lo que hacen. Son implacables. Son políticos populistas, casi siempre rozando los comportamientos totalitarios, porque desprecian a los adversarios y, por supuesto, funcionan al margen de las instituciones. El Ejecutivo socialista puede hacer cualquier barbaridad con total impunidad, porque las instituciones para este Gobierno no existen nada más que como instrumentos para alcanzar sus propios fines partidistas. Los otros, los políticos que representan a quienes no están de acuerdo con ellos, están ahí para decorar el paisaje; son figuras de cartón piedra para simular que vivimos en una sociedad democrática, o mejor, plural. Falso.

El pluralismo, el respeto y la negociación con el otro en el marco de las instituciones democráticas, hace tiempo que terminó en la España de Zapatero. El sectarismo de este personaje está haciendo historia. La forma de adoptar la decisión de subir los impuestos sin consultar a nadie y, por supuesto, bloqueando cualquier debate institucional sobre el asunto es la última muestra de ese tipo de sectarismo. La ministra de Economía ha confirmado lo anunciado por el ministro de Fomento: el Gobierno subirá los impuestos. Pagarán más al fisco los que más tienen. Basta esa acción populista del Gobierno de Zapatero para bloquear cualquier tipo de debate político sobre la racionalidad o no de la medida. Zapatero sin despeinarse, o sea, sin necesidad de anunciar él mismo la medida, ha conseguido pasar por encima de la institucionalidad política existente y establecer un vínculo simbólico con "el pueblo", con los descamisados, que pudieran volver a votarle en una nueva convocatoria electoral.

Es cierto que Zapatero ha abordado siempre la crisis económica de un modo anti-institucional y, por supuesto, al margen de la posibilidad de pactar con otros partidos medidas para salir de este pozo, pero la última medida de subir los impuestos sin contar absolutamente con institución alguna roza con las peores groserías de los populismos predemocráticos o, sencillamente, antidemocráticos. Resulta obvio que a la oposición no se le consultará absolutamente nada acerca de la crisis económica y, por supuesto, jamás se hablará con los del PP de política. La única relación que admite el PSOE con la oposición del PP es la de la persecución o, en su defecto, la estigmatización a través de los medios de comunicación. Pero el problema es que el PSOE ya no guarda ni las formas. Basta un globo sonda y, posteriormente, su confirmación por miembros del Ejecutivo para que se cierre en las instituciones un debate capital sobre la necesidad o no de salir de la crisis subiendo los impuestos.

Lo diré con otras palabras: si preocupante es la subida de impuestos para resolver alguno de los graves problemas de nuestra economía, creo que es aún más grave el modo de abordar este asunto. Las instituciones le sobran a Zapatero, incluida la de la presidencia del Gobierno, pues que él no anuncia la subida de impuestos sino a través de heraldos, sus ministros de Fomento y Economía, que trazan la ilusión de que él sólo y exclusivamente tiene la llave de la salida de la crisis. La carga subversiva anti-institucional del Gobierno de Zapatero está a la vista. El recurso a disipar las mediaciones institucionales entre el líder socialista y el pueblo empieza a ser ya más una práctica política antidemocrática, populista de los pies a la cabeza, que una excepción coyuntural.
Muere Joaquín Ruiz-Giménez, primer Defensor del Pueblo de la democracia
ABC.es / EFE I MADRID ABC 27 Agosto 2009

El que fuera primer Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, ha fallecido esta mañana en su domicilio de Madrid de un infarto cerebral, han informado fuentes familiares.

Ruiz-Giménez, que tenía 96 años, ha muerto a las 9.55 horas de esta mañana.
Por expreso deseo del fallecido, el velatorio y el entierro serán en la más estricta intimidad, según ha explicado uno de sus hijos.

Un hombre volcado en la defensa de los derechos humanosRuiz-Giménez Cortés nació en 1913 en la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares.

Su padre fue un ministro liberal del Gobierno del Conde de Romanones y alcalde de la capital española en cuatro ocasionse. Estudió Derecho y fue presidente de la organización internacional «Pax Romana» (1939-46). Se doctoró en Derecho y se licenció también en Filosofía y Letras, obtuvo en 1943 la cátedra de Filosofía del Derecho y es titular de la misma en las universidades de Sevilla, Salamanca y Madrid.

Director del Instituto de Cultura Hispánica (1946-1948) y embajador ante la Santa Sede (1948-1951) durante las negociaciones del Concordato (firmado finalmente en 1953), fue nombrado ministro de Educación Nacional en 1951. Dimitió en 1956 ante las dificultades que atravesaba en su quehacer y por un duro enfrentamiento con la Dictadura. Durante estos años tuvo a sus órdenes en el Instituto de Cultura Hispánica y como secretario general técnico a un joven Manuel Fraga.

En 1961, el general Franco le nombró consejero nacional del Movimiento. En 1963, fundó la revista Cuadernos para el Diálogo, foco de protesta de los democristianos avanzados, de los que fue cabeza en los últimos años de la dictadura.
En 1975, año de la muerte del general Franco, participó en la creación de la Plataforma de Convergencia Democrática desde su adscripción al ala izquierda de la democracia cristiana. En 1977 presentó su candidatura a diputado por Izquierda Democrática dentro de la Federación de la Democracia Cristiana. Derrotado en las elecciones de 1977, se retiró de la política.

Vicepresidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos, el PSOE contó con el acuerdo de la oposición para designarlo el primer Defensor del Pueblo de la democracia en España en diciembre de 1982, un cargo que concluyó un lustro después. Entre los años 1989 y 2001, ocupó la Presidencia de la ONG Unicef-España.

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Estatut
¿A que no hay?
Emilio Campmany Libertad Digital 27 Agosto 2009

En esta España de sombras y negruras no eres una institución del Estado digna de tal nombre si no filtras a El País todo cuanto interese a Cebrián. Por el periódico de PRISA hemos sabido que en el Constitucional no paren una sentencia sobre el Estatuto catalán porque, rara cosa entre las raras, hay un magistrado "progresista" que dice, anatema, que el Estatuto catalán es inconstitucional. Manuel Aragón se llama el héroe. Ya puede ir olvidándose de toda prebenda a la que aspirara para cuando deje el Tribunal.

Desde que en febrero de 2007 se aceptara la recusación de Pérez Tremps en el recurso contra el Estatuto, lo que dejó a los progresistas en minoría (6 a 5), la técnica de la presidenta del Tribunal ha sido siempre la misma, guardar el recurso en el cajón y esperar a que pasara algo. Para que pudiera seguir haciéndolo ha habido que reformar la Ley del Tribunal Constitucional y que siguiera en el cargo a pesar de que el artículo 160 de la Constitución dice que "El presidente del Tribunal Constitucional [lo] será (...) por un período de tres años". María Emilia Casas lleva ya cinco y lo que te rondaré morena.

Pero, al fin, en marzo de 2008, ocurrió algo, murió el magistrado conservador Roberto García-Calvo. El empate se restableció y ya fueron 5 a 5. La Casas podría escorar la sentencia a favor de la constitucionalidad con su voto de calidad. Nos han contado la milonga de que ha estado retrasando la sentencia por ver si era capaz de lograr que una mayoría de magistrados la votaran sin necesidad de recurrir a su voto de desempate. Mentira. Lo que ocurre es que uno de los progresistas se les ha pasado al bando constitucional y ahora resulta que la sentencia que saldría sería contraria a la constitucionalidad del Estatuto por 6 a 4. Ya se sabe cuál ha sido la solución de la presidenta, devolver el Estatuto al cajón y a esperar a que vuelva a ocurrir algo.

Lo más gracioso de toda esta historia es como se han puesto los del tripartito al enterarse de que hay una probabilidad razonable de que la futura sentencia sea contraria al Estatuto. Benach amenaza con una "crisis de Estado importantísima", Maragall, el hermano de Pasqual, llama al desacato, José Montilla dice que una sentencia adversa provocaría la "desafección" de Cataluña y Joan Saura ha dicho que si el fallo afecta a puntos "importantes" del Estatuto, habrá que rehacer "la ubicación de Cataluña dentro del Estado". O sea, lo de siempre de la izquierda y los nacionalistas, que si las cosas no salen a su gusto, se rompe la baraja. En Cataluña, romper la baraja significa hacerse independientes. ¿A que no hay? ¿A que no tienen lo que hay que tener para proclamar la independencia de la nación que dice el Estatuto que es Cataluña? Y no porque Zapatero vaya a aplicar el artículo 8 de la Constitución, ese que dice que las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la integridad territorial de España, que no lo haría en su vida. Ocurre que no hay. Siempre amagan, pero nunca dan. Son como esos fanfarrones de bar que están siempre pidiendo que alguien les sujete para no atizarle al vecino de barra. Dejemos de sujetarles y no harán nada. Se arrugarán. Llorarán, clamarán, amenazarán, exigirán y patalearán, pero hacer lo que se dice hacer, no harán nada.

¿Hasta cuándo, Montilla?
M. MARTÍN FERRAND ABC 27 Agosto 2009

LUCIO Sergio Catilina no debía de ser un tipo de fiar. Fue, según Indro Montanelli, uno de los grandes zascandiles de su época y máximo conspirador contra la República. Cuando, tras sus disgregadores escarceos, se atrevió a volver al Senado, Marco Tulio Cicerón le increpó con un celebérrimo discurso que, en su día, traducíamos los estudiantes de latín en el bachillerato: Quousque tandem Catilina... ¿Hasta cuándo, Catilina? No es que la Historia se repita, que no suele hacerlo; pero sus lectores nos tomamos la licencia de aislar alguno de sus episodios para, bien sea a favor o en contra, aplicárselo a los protagonistas contemporáneos y ahorrarnos un montón de palabras en su valoración.

No me atrevería a decir -me limito a pensarlo- que José Montilla pertenece a la escuela política de Catilina. Lo que lamento es que, en nuestro paupérrimo panorama representativo, no se contemple ningún Cicerón con la autoridad conveniente y la potestad necesaria para preguntarle al president: ¿Hasta cuando, Montilla? Después de que, en actitud pionera, el siempre provocador Josep Lluis Carod-Rovira postulara una «manifestación preventiva» para presionar al Tribunal Constitucional en su esperada sentencia sobre el Estatut, ha sido Joan Saura quien advierte que si el TC aprecia en él contenidos inconstitucionales habrá que «rehacer el pacto político entre Cataluña y el Estado».

De los tres partidos que integran la coalición de gobierno en la Generalitat, dos son explícitos en su vocación separatista. ERC en su realidad actual, muy distinta de la que simbolizaron Francesc Maciá, Lluis Companys o Joseph Tarradellas, no tiene más sentido fundamental que el independentismo. En ello coincide el vaporoso amontonamiento que conocemos como ICV; pero el PSC es, salvo proclama en contra, parte identitaria y sustancial del PSOE. Es algo más que un partido «regional». Desde ese supuesto incontrovertible, la hipótesis de un pacto político entre el Estado y Cataluña, una parte del propio Estado, es una majadería hueca, una proclama para la agitación de la parroquia. Supongo que es a José Luis Rodríguez Zapatero a quien le corresponde, en su doble responsabilidad de líder socialista y presidente del Gobierno de España, hacerle la pregunta al responsable de la sucursal catalana del PSOE y máxima cabeza del tripartito que controla la Generalitat: ¿Hasta cuándo, Montilla?

El socialismo anti-sistema
EDURNE URIARTE ABC 27 Agosto 2009

A la vista del socialismo anti-sistema catalán, cuesta mantener la serenidad democrática. La confianza en el Estado de Derecho, en el cumplimiento de las leyes, en la igualdad de derechos y obligaciones y en todos los demás pilares de la democracia. Todos ellos en ridículo, o peor, en suspenso, por obra y gracia de los anti-sistema de Cataluña. Y me refiero en este caso a los socialistas y sus amenazas frente a una posible sentencia del Constitucional que invalide artículos del Estatut.

Que la mayoría de los nacionalistas son anti-sistema, ya lo sabemos. Contábamos con ello. También sabíamos lo de los socialistas catalanes, pero algunos nos resistimos todavía a contar con ello. A aceptar que una parte del socialismo español, de uno de los dos grandes partidos de nuestra democracia, es igualmente antisistema y está dispuesta a declararse en rebeldía frente a las normas democráticas.

Si todo un Gobierno autonómico, si la misma élite política amenaza con incumplir la ley, mejor dicho, ya la está incumpliendo, y no hay un Gobierno de la nación que lo impida, corremos el riesgo de que muchos ciudadanos tengan la tentación de incumplirla igualmente. En aquello que no les guste o convenga. ¿Por qué íbamos a cumplir los españoles la ley si los políticos catalanes pueden saltársela cuando les parezca?

Que nos lo explique Zapatero. No sólo porque es el responsable de impedir la insumisión de los gobernantes catalanes. También porque es el principal responsable del PSOE, lo que incluye a sus antisistema de Cataluña. Y, más importante aún, porque los anti-sistema han sido alentados por él mismo con su nefasto liderazgo del nuevo Estatut. Los españoles, empezando por los vascos, hemos esperado 30 años para que se cumpla la ley en el País Vasco. Y, francamente, yo no me veo con paciencia para esperar otros 30 ahora en Cataluña.

El Gobierno vasco revienta la normalidad de los símbolos de ETA en las calles
EP | BILBAO ABC 27 Agosto 2009

El Gobierno de Patxi López y la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, han firmado un acuerdo de colaboración con el fin de "coordinar los trabajos" que eviten "manifestaciones que enaltezcan" a ETA y ofendan a las víctimas. la preseAdemás, creen que la sociedad no debe "resignarse" ni "asumir como normal" la presencia en las calles "de símbolos que enaltecen el terrorismo".

El consejero del Interior, Rodolfo Ares, y el presidente de Eudel, Jokin Bildarratz, acompañados de sus correspondientes delegaciones, se han reunido hoy en Bilbao durante más de hora y media, y en el encuentro han constatado que mantienen "una absoluta sintonía y una clara voluntad de colaboración".

De esta forma, han acordado reforzar las Juntas Locales de Seguridad y mejorar los trabajos de prevención y la coordinación para evitar la apología del terrorismo en las calles del País Vasco. Ambas instituciones firmarán, con este fin, un acuerdo marco de colaboración y pondrán en marcha grupos de trabajo para analizar "necesidades y actuaciones que se planteen en el día a día".

En un comunicado conjunto, Interior y Eudel han subrayado que, en la reunión, abordaron "la situación que se vive en los diferentes municipios y en el trabajo que los consistorios ya desarrollan para evitar estas actividades". Asimismo, el Gobierno vasco reiteró su apoyo a los municipios, "sobre todo, a aquellos que viven las situaciones más complicadas".
Intensificar la «pedagogía democrática»"Ambas instituciones comparten la necesidad de intensificar la pedagogía democrática y de preservar los espacios públicos para la convivencía en paz y libertad. Esta actitud debe ser un compromiso permanente, no fruto de coyunturas puntales ni de periodos concretos", aseguran en el texto.

A su juicio, se trata de "una actitud diaria que debe llevar a toda la sociedad a no resignarse y a no asumir como normal la presencia en nuestras calles y plazas de determinados símbolos que enaltecen el terrorismo, ofenden la memoria de las víctimas y vulneran la Ley". Eudel y el Gobierno vasco se mostraron de acuerdo en coordinar las actuaciones en materia de retirada de elementos en la vía pública.

Asimismo, se destacó "la necesidad de fortalecer la coordinación y la actividad preventiva", y, para ello, se intensificarán las actividades de las Juntas Locales de Seguridad "que permitan una mayor coordinación entre cada municipio y la Ertzaintza".

Por ello, en el encuentro, se ha avanzado "en los términos de un próximo Acuerdo Marco de Colaboración", así como en la puesta en marcha grupos de trabajo para analizar "necesidades y actuaciones que se planteen en el día a día y concretar los términos de la colaboración policial, técnica y económica".

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