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Recortes de Prensa    Sábado 29 Agosto 2009

 

¿Un Pacto de Estado contra la amenaza nacionalista?
Alfredo Casquero elsemanaldigital 29 Agosto 2009

El desafío chulesco y atrabiliario de los nacionalistas catalanes es una oportunidad de oro para el Tribunal Constitucional. Si yo fuera magistrado, y no lo soy porque me considero bastante independiente, redactaría una sentencia lo más alejada posible de los planteamientos nacionalistas, y por consiguiente lo más cercano posible a la Constitución Española. Con una sentencia así se conseguiría limpiar el Estatuto de ensoñaciones falaces sobre una patria inventada, y situar a aquellos partidos ante la tesitura de seguir en el monte, o abandonarlo y volver a la llanura del Pacto de la Transición. Las amenazas vertidas, no contestadas suficiente e incomprensiblemente por el (des) Gobierno de la Nación, no tienen cabida en un estado de derecho. Claro que cabe preguntarse qué clase de Estado de Derecho tenemos cuando al principal partido de la oposición se le acosa con la Fiscalía, la Policía y algunos jueces favorables. (Eso no quita para que el PP limpie también su casa, que falta le hace).

Derivadas aparte, se presenta un momento parecido a la Transición española. Después de muchos años de concesiones, de mirar para otro lado ante el abuso y la extralimitación de los nacionalistas del PNV y de CIU, después de que el PSOE haya abrazado la causa de la separación nacional, y que el PP no haya sabido tampoco mantenerse firme frente al chantaje y a la mentira nacionalista, el alto Tribunal puede poner finalmente los puntos sobre las íes y la ley sobre el abuso, y recordar a todos que Cataluña es una comunidad autónoma, que no goza de ningún privilegio más que otras, que el catalán es una lengua cooficial, y el español es obligatorio y es además un derecho, que las relaciones entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno Español no se pueden dar de igual a igual, que en definitiva el termino nación no es aplicable a Cataluña, y con ello, todas sus consecuencias.

Si se produjera una sentencia conforme al espíritu y letra de la Constitución, y si continuasen las amenazas, el desafío institucional, la chulería onírica, el PSOE y el PP deberían firmar un Pacto de Estado, en el que se acordara cerrar definitivamente el Título VIII de la Constitución, y de paso promover la reforma electoral pendiente para que los nacionalistas no siguieran interrumpiendo el normal desarrollo de la nación española. Deberían pactar, ambos partidos, la revisión de todas aquellas patochadas nacionalistas acerca de la lengua, de las embajadas, de los dineros para perseguir al castellano, de las televisiones que se inventan los mapas y la historia, de las escuelas que enseñan a odiar a lo español, y de los libros que establecen las inmensas tonterías nacionalistas que hemos ido aceptando y obviando y permitiendo durante excesivas décadas.

Si el PSOE y el PP pactasen de esa forma, el chollo, el agravio, el insulto, la mentira, la propaganda y el cuento nacionalista tendrían los días contados. Carod, Mas, Eguibar, Montilla, Saura, Urkullu, Maragall, y hasta el propio Zapatero, abrazarían sin dudarlo la causa común de la nación española, porque no hay peor futuro para un político que atisbar el fin del chollo, de la prebenda, del coche oficial, de la cena gratis de gala, del chofer en la puerta, y de los mil y un privilegios con los que agasajan sus señorías sus regaladas vidas, a costa de la clase media, y de la no tan media. Si estos ciudadanos, que han hecho del insulto a España una muy provechosa manera de vivir, supieran que la nunca dictada sentencia podría acabar con sus días de lujo y champán, el problema irresuelto de qué es España encontraría solución. Y mucho más económica.

La suma delicadeza del nacionalismo vasco
Vicente A. C. M. Periodista Digital 29 Agosto 2009

La falta de escrúpulos y la ruindad moral son algo que se desprende de las manifestaciones del responsable del EBB y Presidente del PNV, el Sr. Urkullu, cuando dice que “siendo muy importante abordar la retirada y limpieza de todo aquello que resulte insultante y obstáculo para la convivencia, es una cuestión a gestionar en el quién y en el cómo con suma delicadeza”. Estas palabras que tienen un estilo gongoriano y parecen un arcano indescifrable, no pueden ocultar la hipocresía de lo que el PNV y sus Gobiernos han estado realizando durante los 25 años que estuvieron en el poder.

Porque no parece que el PNV haya demostrado “suma delicadeza” cuando ha estado dejando a las víctimas de ETA abandonadas a su suerte y ha querido mantener una hipócrita equidistancia entre víctimas y verdugos. No parece que el PNV haya tenido “suma delicadeza” cuando se negó en rotundo a acatar las órdenes del Tribunal Supremo para desalojar del Parlamento Vasco a formaciones filoterroristas. Aunque sí se le puede llamar “suma rudeza” a los comportamientos de algunos de sus militantes cuando golpearon impunemente a representantes del Foro de Ermua frente a los juzgados.

Tampoco hubo delicadeza en las declaraciones del ex Lehendakari Ibarretxe tras el pacto PSE-PPE. Eso por no recordar la delicadeza y mesura en las declaraciones del ex presidente Sr. Arzalluz. Además ¿Qué considera insultante y obstáculo para la convivencia el Sr. Urkullu?¡ Ah claro!, la bandera de España, por eso durante el Gobierno del PNV nunca se usó en ningún edificio oficial, ni actos institucionales. ¡Ah claro!, también el idioma español es un obstáculo para la convivencia y por eso se ha tratado de aislarlo e imponer el euskera como lengua oficial.

Así que ahora, pide delicadeza a quienes cumplen con el deber de retirar y limpiar de la escoria de enaltecimiento de terroristas, sea mediante la exhibición de sus imágenes o en las manifestaciones ilegalizadas. La limpieza se hará con la misma delicadeza que esos proetarras llevan demostrando con la kale borroka, salvo que aquí la Ertzaintza, ahora sí, cumpliendo con su deber, usa pelotas de goma y porras, en respuesta a cócteles molotov y quema de contenedores y autobuses urbanos o coches. Una actitud que sí que tiene en cuenta la proporcionalidad de la represión de comportamientos vandálicos y terroristas.

Voy a tener un momento de suma delicadeza y me voy a contener en los adjetivos calificativos que estas declaraciones me provocan. Lo que pediría es que el Sr. Urkullu tuviera la delicadeza de abordar la retirada y la limpieza en su partido de todos aquellos que resulten insultantes y obstáculos para la convivencia.

Esto no es ninguna broma
Federico Quevedo El Confidencial 29 Agosto 2009

Prepárense para un otoño calentito, y no por la temperatura ambiente, sino por la temperatura política que promete batir records en sus registros. Verán, son muchos los asuntos que van a marcar el inicio del nuevo curso político, algunos pendientes de resolver desde hace tiempo como el Estatuto de Cataluña, en el dique seco del TC en lo que ya es uno de los mayores escándalos jurídicos protagonizado por el Alto Tribunal, otros propios de la época como la negociación de los Presupuestos para el año próximo, esos que desde que gobierna Rodríguez se convierten en papel mojado al día siguiente de aprobarse… Pero sin duda, y en mi modesta opinión, lo que de verdad va a marcar esta primera fase del nuevo curso político son tres derivadas, las dos primeras de indudable impacto social, y la tercera de por ahora un alcance político insospechado.

La primera derivada se refiere a la crisis económica. Los datos que se van conociendo a finales del mes estival por excelencia indican que lejos de seguir el camino emprendido por las principales potencias europeas que ya empiezan a salir de la crisis, nuestra economía se ha estancado en un fuerte decrecimiento, según los datos del INE que además corrige, a peor, al Banco de España. El Gobierno, por boca de su ministro de Trabajo, ya se ha puesto la venda antes de la herida y anuncia que en otoño el paro va a aumentar considerablemente.

Bien, esto ya lo aventuramos los que dijimos que el Plan E solo había servido para retrasar unos meses lo inevitable, es decir, que era un parche que no resolvía el verdadero problema de nuestra economía: la rigidez de nuestro mercado laboral, razón por la que nuestra tasa de paro es más del doble que la media europea, que además sería considerablemente más baja si no tuviera en cuenta nuestras cifras de desempleo. La caída brutal de las ventas en los grandes almacenes y los datos de ocupación turística y, sobre todo, de caída importante en el sector de restauración indican que más allá de un aparente espejismo la realidad se presenta muy cruda: el consumo no solo no se recupera sino que se hunde cada día más.

¿Qué hace el Gobierno? Nada. Bueno, sí, ofrecer una migaja de ayuda de 420 euros a los parados que no sirve para darles lo que más necesitan, trabajo, y sí contribuye a empeorar nuestras expectativas en la medida que más gasto público empeora nuestra situación de endeudamiento y debilita nuestra posición respecto a las economías europeas. Rodríguez ha tirado la toalla en lo que a la crisis económica se refiere y nuestro país da peligrosos pasos hacia atrás mientras las principales economía europeas empiezan a recuperar el pulso. El otoño va a ser malo, muy malo, y no hay ninguna garantía de mejora, en todo caso sólo de estancamiento, para el año 2010.

Segunda derivada: la gripe A. El Gobierno aparenta tener todo controlado en lo que a esta pandemia se refiere, pero la realidad es bien distinta. El brote fuerte de esta enfermedad se prevé para las primeras semanas del curso, de ahí el debate sobre el inicio del curso escolar. Sin embargo, lo cierto es que Sanidad no dispone todavía de las vacunas necesarias para hacer frente a la epidemia y no las va a tener antes de diciembre o enero, lo que condena a la población a un contagio inevitable. Es cierto que esta gripe no es peor que una gripe normal, y que su tasa de mortalidad es muy similar a la de cualquier otra gripe de las que afectan a nuestro país todos los años.

De hecho, la mayoría de los casos de fallecimiento se producen en pacientes con escenario añadidos de insuficiencia respiratoria, bien por asma o por obesidad, lo que racionalmente debería de tranquilizar a los pacientes sin complicaciones. Sin embargo, existe un factor que hace de esta gripe una enfermedad distinta a una gripe normal: su elevadísima capacidad de contagio, lo que augura una tasa de mortalidad mayor. Y lo que tampoco saben los expertos es si el virus podría mutar o no en las próximas fechas, a medida que empiece el frío. Y para esa circunstancia Sanidad no está preparada, como no lo está este Gobierno para casi nada.

Tercera derivada: la persecución al PP. Lejos de amedrentarse por su aparente soledad parlamentaria, el Partido Popular va a continuar denunciando lo que es más que evidente, es decir, que el Gobierno, acosado por circunstancias a las que no sabe dar respuesta, ha reaccionado buscando la aniquilación del contrario e intentando presentarlo como un partido de delincuentes, como una mafia siciliana cuyos dirigentes se ofrecen esposados ante la opinión pública como si se tratara de auténticos criminales, cuando la realidad es que la única mafia siciliana que existe en nuestro país campa a sus anchas bajo la impunidad de las siglas del Partido Socialista Obrero Español, y tiene su principal coto privado de actuación en la Andalucía de Manuel Chaves, aunque ahora el capo ya no esté allí.

La persecución al PP es real, y me consta que en algún momento el PP ofrecerá pruebas suficientes de la misma, y no me refiero solo al informe encargado a Soraya Sáenz de Santamaría, sino a esas escuchas que se han puesto en duda a pesar de que era más que evidente que a los principales dirigentes del PP se les estaba sometiendo a un seguimiento ilegal. A mi hay cosas de este país y de los medios de comunicación de este país que no dejan de sorprenderme, a saber: al PP se le pide que pruebe algo tan evidente como las escuchas cuando hace la denuncia, en lugar de exigir al Gobierno que ponga sobre la mesa la evidencia de lo contrario… ¡Ah! Pero cuando se acusa a Camps de recibir trajes de regalo también se le exige a él que demuestre lo contrario, en lugar de poner la carga de la prueba en quien acusa. Distinta vara de medir, que ya se sabe que siempre es más corta cuando se trata del PP.

Este asunto es grave, y no es ninguna broma, porque se está poniendo de manifiesto que vivimos en un estado policial sin precedentes. Rodríguez se está convirtiendo en la peor caricatura de sí mismo, en la de un líder acosado que no renuncia a perpetuarse en el poder como sea, aunque ese como sea signifique poner en cuestión todo el Estado de Derecho. Las tres derivadas que van a marcar el inicio de este curso político reflejan el peor de los rostros de este Gobierno y de su presidente, un presidente mentiroso, rencoroso e incapaz de hacer nada bueno pero siempre dispuesto al daño masivo.

Saludos desde Baviera
JOSEBA ARREGI El Correo 29 Agosto 2009

El autor recomienda «mirar más allá de nuestro ombligo, pero para aprender, y no para forzar otras realidades de forma que sigamos enamorados de nuestro ombligo sin respeto por los sistemas a los que miramos, ni al sistema en el que vivimos»

En los movimientos de sístole y diástole del corazón nacionalista se pasa de la proclamación de la diferencia irreductible de lo vasco a la búsqueda permanente de ejemplos foráneos en los que apoyar sus reivindicaciones. Si ya la independencia de Cuba fue un ejemplo aplaudido en sus inicios, y luego Argelia, Vietnam y la descolonización de los países del Tercer Mundo fueron ejemplos a seguir, en los últimos años los países bálticos, Eslovaquia y Kosovo han sido otros ejemplos en los que apoyarse. Y siempre nos quedarán Ulster, Escocia y Baviera para reclamar nuestro derecho originario, previo a toda constitución, por muy democrática que ésta sea. Algunos, en lugar de entender que los derechos históricos vascos están constitucionalizados, y que su interpretación está sujeta a esa misma Constitución que los recoge y ampara dotándolos de la mayor protección jurídica que jamás tuvieron, pero que no pueden ser entendidos contra el significado del sistema constitucional en el que están incluidos, siguen pensando que la Constitución reconoce un poder legítimo distinto y previo al de la propia Constitución al amparar los derechos históricos vascos. Y en ese contexto se pone, entre otros, el ejemplo de Baviera.

Si, por citar al político por excelencia que ha dado Baviera después de la Segunda Guerra Mundial, Franz Josef Strauss levantara la cabeza y leyera algo parecido, inmediatamente redactaría un escrito explicando algunas cosas fundamentales de la Alemania constitucional actual. Y lo haría en latín, algo que le gustaba sobremanera, aun sabiendo que sus destinatarios vascos no lo entenderían.

Baviera votó en contra de la Ley Fundamental alemana de 1949, la actual constitución alemana. Lo que no ha impedido que Baviera se constituyese como uno más de los actualmente 17 Estados que conforman la federación alemana. Y este año en el que se han celebrado 60 años de la aprobación de la Ley Fundamental, nadie en Baviera ha puesto en cuestión la lealtad a la misma. Es más: también se han recordado los 20 años de la caída del Muro de Berlín y de la unificación alemana, un sueño mantenido con mayor fervor que nadie por el partido bávaro por excelencia, la CSU, los cristianosociales, los hermanos de los demócratacristianos.
Baviera es un Estado más de la federación alemana. Con las mismas competencias de los demás Estados. Con la misma financiación. Si alguna diferencia existe, se podría citar que, al ser Baviera destino turístico por excelencia, no participa en el cambio que en la fecha de las vacaciones estivales afecta a los demás Estados: en Baviera siempre en agosto. No así en los demás Estados.

Baviera participa en términos de igualdad en la Cámara alta alemana, en el Bundesrat. La preside cuando, por rotación, le toca. Y ha sido un ciudadano bávaro, en su día diputado autonómico por la CSU en el Parlamento bávaro, quien ha llevado, entre otros, el Tratado de Lisboa al Tribunal Constitucional alemán para defender las competencias nacionales de Alemania y de su Parlamento, de sus dos cámaras parlamentarias.

Pero volvamos al historiador, latinista, y sobre todo político Franz Josef Strauss. Este político bávaro terminó su carrera política como ministro-presidente de Baviera, al tiempo que presidía su partido, la CSU. Pero su sueño político máximo fue el de ser canciller de Alemania. Y en sus esfuerzos por ser canciller de Alemania, canciller de la federación, es decir, presidente del Gobierno federal alemán, no huyó de crear casi una escisión entre los dos partidos hermanos, democristianos. La CDU y la CSU. Ambos partidos funcionan mediante un acuerdo tácito: la CDU no opera en Baviera, y la CSU no opera fuera de Baviera.

Pues bien: Strauss amenazó con romper ese acuerdo y extender su partido a toda Alemania si él no era nominado por ambos partidos como candidato a canciller para presidir el Gobierno federal. Son famosas las disputas entre él y Helmuth Kohl, las humillaciones a las que el brillante Strauss sometió al gris Kohl, hasta conseguir que fuera efectivamente nominado candidato de los dos partidos demócratacristianos a canciller. No lo consiguió, y ahí comenzó su declive, pues en la siguiente convocatoria electoral el candidato fue Kohl, quien ganó las elecciones y pudo presidir el Gobierno alemán durante doce años. Strauss se retiró a Baviera, abandonó la escena política federal que siempre le había interesado por encima de todo y en la que había llegado a ser ministro de Defensa y titular de Hacienda.
s importante recordar en este contexto que cuando Willy Brandt, años setenta del pasado siglo, planteó sus pactos con el Este, pactos que implicaban el reconocimiento de la frontera Oder-Neisse como frontera definitiva de Alemania con Polonia -resultado de la apropiación por parte de la Unión Soviética de 100.000 kilómetros cuadrados de Polonia al Este, y de conceder a Polonia al Oeste el territorio compensatorio quitándoselo a Alemania-, el mayor opositor a dichos pactos, en nombre de los cristianodemócratas, fue precisamente Franz Josef Strauss. Aceptar esa frontera significaba para él renunciar a parte del territorio nacional.

Nada apunta en toda esta actividad política a la defensa, frente a Alemania, de algún derecho originario de Baviera. Lo que debía ser Alemania había quedado decidido, también para los bávaros, por la política concreta de Bismarck, quien contra los llamados liberales de la gran Alemania -los que soñaban en 1848 con la reunificación alemana sobre la base de Austria- impuso, a partir de 1860, la reunificación de la pequeña Alemania -sobre la base de Prusia-, a través de guerras y a través de la llamada Unión Aduanera (Zollunion).

Baviera forma parte, en igualdad de condiciones con los demás Estados, de la federación alemana. Cuenta, por poner un ejemplo llamativo, con su propio aparato administrativo para la defensa de la Constitución, alemana se entiende, una especie de Centro de Inteligencia para el interior de Baviera, como cuentan todos los demás Estados, pues es interés de cada uno de ellos velar por el bien del conjunto, velar por que no se formen grupos que puedan desarrollar actividades políticas que fueran contra los principios de la Constitución alemana.

El sucesor de Strauss en la presidencia de la CSU, Theo Weigel, formuló, con ocasión del saludo que dirigió a los compromisarios del partido hermano reunidos en congreso, la siguiente idea política: mi identidad sentimental está ligada a Baviera; mi espacio de solidaridad es Alemania; y el ámbito en el que se garantiza mi libertad es Europa. Para este leal ministro de Hacienda federal con el canciller Helmuth Kohl, lo específicamente político, la solidaridad y la libertad, no estaban vinculadas a Baviera, sino a Alemania y a Europa.

Por esa razón, quien también fue ministro federal, de Interior, el liberal Gerhard Baum, en su conferencia sobre la Constitución alemana pronunciada en Bilbao -este mismo año- con motivo del 60 aniversario de la misma, no citó la especificidad bávara en el contexto de la Constitución alemana, porque no existe ninguna y no hay, por lo tanto, necesidad alguna. Ni adujo salvedad alguna para Baviera cuando subrayó que el principio federal alemán vive de la idea de que cada parte constituyente de la misma debe mirar por el bien del conjunto.

Si Baviera quiere alguna modificación en la ley que regula sus aportaciones al fondo de solidaridad con los Estados más pobres de la federación, lo hace en compañía de otros Estados también contribuyentes netos como son Baden-Würtenberg (Stuttgart) y Hesse (Frankfurt en el Meno), pues su situación de financiación en el conjunto de la federación es la misma. Conviene resaltar que en 1945 Baviera era uno de los Estados más pobres de la federación, y que, gracias a la solidaridad de los Estados más ricos, ha podido desarrollarse, también gracias al esfuerzo propio, hasta llegar a ser uno de los punteros hoy.

Ojalá aprendiéramos a mirar más allá de nuestro ombligo, pero para aprender, y no para forzar otras realidades de forma que sigamos enamorados de nuestro ombligo sin respeto ni por los sistemas a los que miramos, ni al sistema en el que vivimos.
 

******************* Sección "bilingüe" ***********************

OTRA VUELTA DE TUERCA EN LAS AMENAZAS
Los nacionalistas catalanes "prescindirán" de un fallo que cuestione el Estatuto
Mientras el TC sigue sin dictar la sentencia del Estatuto, los partidos catalanes en el Congreso se van poniendo cada vez más nerviosos y amenazantes. Insisten, sin ningún tipo de tapujo, en que no acatarán un fallo que cuestione el texto, algo que, advierten, amenazaría la existencia del Gobierno.
EFE Libertad Digital 29 Agosto 2009

Si el fallo supone una "lectura regresiva" de la Carta Magna abriría, advierten, una grave crisis institucional y política que amenazaría incluso, según ERC, la existencia del Gobierno.

"Estamos absolutamente convencidos de la constitucionalidad del Estatut", es la frase unívoca que de entrada pronuncian, en declaraciones a Efe, los portavoces de los tres grupos catalanes en la Cámara Baja, Pere Macías (CiU), Joan Ridao (ERC) y Joan Herrera (ICV). A partir de ahí sus discursos van por caminos diferentes pero convergen en una advertencia: si la sentencia del Tribunal Constitucional es "adversa" al Estatuto catalán se abrirá una grave crisis institucional en España.

El secretario general de ERC va más allá. A su juicio, si se produce una sentencia "negativa" que "lamine aún más el Estatut" estaremos ante "el problema político más grave del Gobierno en democracia" y puede "complicar y condicionar la existencia y la vida política de este Gobierno". Ridao se muestra convencido de que ante este "callejón sin salida" que supondría una sentencia "adversa", el Gobierno catalán y "todas las fuerzas de orden catalanista" van a optar por "desplegar de facto el autogobierno, prescindiendo incluso de la sentencia".

Desde CiU creen que se abriría una "crisis política importante" que se "dejaría sentir" en Madrid, porque una sentencia adversa rompería "el consenso básico que permitió que se pactara entre todos la Constitución". "Esto es un problema importante. No es un problema catalán, es un problema del Estado español", remarca Macías.

¿Habrá un conflicto institucional grave? "Por supuesto que sí", afirma también tajante Joan Herrera, quien cree que el Gobierno debería entonces elaborar "una nueva hoja de ruta" porque el "pacto político" entre Cataluña y el Estado que supone esta ley orgánica "se tienen que cumplir".

A su juicio, y en la misma línea de la postura oficial del tripartito catalán, hay vías para hacer que se respete el texto original del Estatuto y, al mismo tiempo, el criterio del alto tribunal. Estas vías pasan, según apunta Herrera, por el artículo 150.2 de la Constitución, que establece que el Estado podrá delegar a las comunidades facultades de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia.

Para el portavoz de ICV, otra solución estaría en la modificación de las leyes orgánicas que el Alto Tribunal considerara en su caso lesionadas por la norma catalana. En cualquier caso, Herrera asegura que no imagina otro escenario que no sea una sentencia que "avale la plena constitucionalidad del Estatut" y el cumplimiento del "pacto político" entre Cataluña y el Estado.

No obstante, recalca que si se produce un "conflicto de esta envergadura", con una sentencia "fuera de la realidad", la respuesta tendrá que ser "de la misma envergadura" por parte de la sociedad catalana, con partidos políticos y sociedad civil, una idea que comparten en CiU y ERC. La respuesta, dice Herrera, debe producirse en cualquier caso después de que se pronuncie el Alto Tribunal porque ICV no es partidaria de "manifestaciones preventivas".

Esta coincidencia sobre el momento en que debe producirse una respuesta de la sociedad y la política catalana no se repite en los grupos a la hora de valorar la competencia del TC para resolver si el Estatuto cumple o no con la Constitución.

Joan Ridao asegura que este tribunal "adolece de una legitimación absoluta" porque con su "renovación bloqueada" es como un "gobierno en funciones" y como tal debería limitarse "a gestionar cuestiones de puro trámite". Según Ridao, hay otro elemento que hay que tener en cuenta: "Al margen del retraso en la renovación de este órgano y de la mayor legitimidad que pueda tener el acuerdo jurídico-político entre Cataluña y España, todo el mundo ha visto que el tribunal es una especie de Torre de Pisa del Estado autonómico, cada vez más inclinado hacia posiciones más uniformes desde el punto de vista del autogobierno".

Herrera llama también la atención sobre la "crisis de autoridad" del Alto Tribunal por la falta de renovación, pero añade que eso no significa que ICV le niegue legitimidad. "Legitimidad toda, por supuesto que sí", remarca.

Cataluña maniobra para ganar autonomía pese a una posible sentencia contraria del Constitucional
David Martínez. Barcelona El Confidencial 29 Agosto 2009

“Acataremos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Orgánica del Estatut d'Autonomia de Cataluña, pero esta norma la acabaremos desarrollando”. Así se pronunció esta semana el portavoz del gobierno tripartito catalán (PSC, ERC e ICV), el ecosocialista Joan Saura, en un movimiento previo a la inminente presentación de una sentencia motivada por el PP y que lleva dos años transmitiendo incertidumbre a los partidos políticos catalanes.

Saura quiso decir que Cataluña seguirá ganando competencias propias, a pesar de lo que dicte el Alto Tribunal. El nuevo texto estatutario, aprobado por el Parlamento catalán y las Cortes, es la columna vertebral sobre la que la mayoría de los partidos catalanes (salvo el PP y Ciudadanos) considera indispensable para mejorar la competitividad, la financiación y el nivel de vida de las personas residentes en Cataluña. La parálisis que desde Madrid se quiere impregnar al Estatut catalán contrasta con la velocidad de crucero que desde el gobierno catalán se quiere hacer cumplir esta norma desplegando todo lo acordado antes de que se pronuncie el Tribunal Constitucional. El ejecutivo que preside el socialista José Montilla se apresura para que antes de las elecciones autonómicas de 2010 se vayan cumpliendo los traspasos previstos en el Estatut. ¿Qué se ha traspasado ya a Cataluña? ¿Qué competencias quedan pendientes para que Cataluña gane más autonomía?

La nueva financiación y traspasos como el de los trenes de Cercanías de Renfe elevan el nivel de autogobierno catalán. A la maquinaria estatutaria, cuyo engrase corresponde tanto a la Generalitat como al Estado, le costó arrancar y, cuando lo hizo, su velocidad era muy lenta. La financiación -con un año de retraso-, el traspaso de Cercanías y leyes tan importantes como la transferencia de la Educación (también ligada a la imposición del catalán como lengua vehicular en la escuela y la reducción de una hora semanal del castellano en los centros públicos) son los ejemplos más representativos de los logros que Cataluña ha conseguido a partir del Estatut. También sobresalen las inversiones del Estado en infraestructuras en Cataluña durante siete años. En el capítulo de leyes, hay que citar la Ley de Educación, la Ley de Fosas y la Ley del Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano que no sólo será consultivo sino que dictará doctrina sobre las normas que apruebe el Parlamento catalán, lo cual ha hecho que el PP lo tache de “Tribunal Constitucional catalán”. Todas estas normas han emanado de la Cámara catalana con el progresivo despliegue del Estatut actual.

En los primeros tres años de la Ley Orgánica estatutaria se han materializado una veintena de traspasos. El más importante en cuanto a afectación de miles de ciudadanos que cada día se mueven en tren para ir a trabajar o desplazarse al área metropolitana de Barcelona es el de la gestión de Cercanías, que, sin embargo, no entrará en funcionamiento hasta el 1 de enero de 2010. La otra transferencia más significativa es la de la Inspección del Trabajo que, aunque está pactada, no se concretará hasta marzo de 2010. La Generalitat será competente para realizar inspecciones de trabajo y controlar y emitir los tipos de contratos laborales.

Además de la adaptación de 28 leyes estatales -la del CGPJ, la del Banco de España y la del Tribunal de Cuentas, entre otras-, la Generalitat ha fijado como prioritaria la gestión compartida del aeropuerto de El Prat en la que Cataluña aspira a tener una “postura determinante”. En la gestión del que pretenden impulsar como el sexto aeropuerto de Europa y que tenga vuelos transoceánicos sin hacer escala en Madrid participarán las cámaras de comercio, los ayuntamientos, la Generalitat y un grupo de empresarios catalanes.

En cuanto a traspasos menores ya transferidos a la gestión de la Generalitat destacan la titularidad del Observatorio Meteorológico del Turó de l'Home, otorgar autorizaciones de trabajo para inmigrantes y definir su propia política de ayuda y desarrollo al sector industrial.

Competencias pendientes
Las competencias que Cataluña espera desarrollar en esta legislatura, a pesar de lo que diga la sentencia del Tribunal Constitucional (tal y como asegura el actual gobierno tripartito) se desglosan en ponencias en trámite y leyes autonómicas pendientes. En cuanto a las ponencias en trámite quedan por traspasar a la Generalitat la ordenación del sector pesquero y actividades marítimas, la titularidad propia de las bibliotecas provinciales del Estado, la concesión de becas y ayudas para estudios universitarios y no universitarios, el registro de las gestoras digitales (TDT) y el seguro escolar.

En lo que se refiere a las leyes autonómicas pendientes de impulso por parte del Parlamento catalán, según lo que estipula el Estatut, quedan la ley del defensor del Pueblo catalán (síndic de greuges), elaborar la nueva Ley Electoral catalana, establecer una norma sobre consultas populares y referendos, Ley sobre Infancia y Adolescencia, Ley de Pesca y acción marítima, crear la Agencia Catalana de la Inspección de Trabajo y una nueva ley sobre Acogida de Inmigrantes y la de los Consejos de gobiernos locales.
 

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