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Recortes de Prensa    Domingo 30 Agosto 2009

 

Estatuto catalan y silencio del Gobierno
GERMÁN YANKE ABC 30 Agosto 2009

No hay aún sentencia pero se diría que algo saben, por informaciones periodísticas o de otras fuentes, y que se temen lo peor. Si así ocurre el enfado de algunos hay que darlo por descontado, como ocurriría con cualesquiera otros que vieran frustrado algo en lo que han puesto tanta pasión. Lo sorprendente -y peligroso- es el modo en que vienen reaccionado porque, en el fondo (y a veces en la forma), supone, además de una pavorosa confusión conceptual, un desprecio por la Constitución, no ya por su texto, que aún afirman compatible con el Estatuto, sino por el sistema constitucional mismo en un Estado de Derecho.

Unos, en ERC, llaman a manifestarse, a la desobediencia civil, etc. para ejercer una presión que, a su juicio, se llevó a cabo del modo que fuese en la negociación del Estatuto o de la financiación económica. No se trata, por tanto, de defender jurídicamente un texto, sino de una cuestión de fuerza en un acuerdo en el que los únicos límites son los negociadores. Cuando se dice que no se puede modificar en el Constitucional un texto que ha sido aprobado en referéndum se pretende enfrentar los poderes del Estado a la Soberanía, lo que es un subterfugio impresentable política e intelectualmente.

Otros se presentan más moderados pero ven, como el consejero Joan Saura, un hipotético resultado adverso en el Constitucional como «una confrontación de legitimidades». No hay tal, la posible confrontación es con la ley y la «legitimidad» del pueblo, siempre administrada por alguien, concebida para vulnerarla sólo se da en los regímenes totalitarios. Montilla, que antes estuvo más exaltado, se apunta ahora a la defensa del contenido del Estatuto y a «la búsqueda de aliados en España» (como si la alianza que tiene con ERC fuera «en el extranjero», valga la broma). Se equivoca también: el problema del Estatuto, lo que se va a dilucidar, no es una cuestión de alianzas y pactos, de buen rollo o de amenazas al Gobierno, sino de adecuación o no a la Constitución.

La Constitución está en baja forma, no hay duda. El Tribunal, seguramente atento a todo lo que ocurre más que a su texto, retrasa su decisión de modo escandaloso. Ante la perspectiva de que, al final, no quiera dar el espaldarazo al Estatuto, la «salida constitucional» que se apunta es, sencillamente, no hacer caso. Una cosa es utilizar el artículo 150.2 de la Constitución para ceder competencias exclusivas del Estado. Otra hacer cálculos de necesidades financieras. Pero el «no pasa nada» no es todo eso, sino actuar como si el Constitucional no se hubiera pronunciado. Lo escandaloso de este modo de proceder es que afecta a derechos individuales y a la organización misma del Estado.

La propuesta, por ejemplo, de mantener la política lingüística del Estatuto aunque el Tribunal no la considere ajustada a la Constitución no es un modo de calmar a una hipotética mayoría política en aquella comunidad a pesar del enfado de una minoría, sino la vulneración de derechos individuales. Si el Gobierno de Cataluña se pliega a ello, que ya sería escandaloso, el de la Nación no puede quedarse de brazos cruzados. La de sostener el criterio de bilateralidad y el condicionamiento de las políticas generales, aunque sea desmontado por la sentencia, no es la aplicación de un anestésico al enfado de los socios del Gobierno, sino, sencillamente, la destrucción del sistema constitucional y del Estado de Derecho. En la polémica actual, previa a la sentencia, el Gobierno asegura que no tiene nada que decir. Pero debería ir preparándose.

Brotes marrones en otoño
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 30 Agosto 2009

SÓLO José Luis Rodríguez Zapatero se atreve a decir «lo peor de la crisis ha pasado», tras anunciar su ministro de Trabajo que el paro seguirá subiendo. Pero si nos dijo que la paz en el País Vasco vendría negociando con ETA y que los nuevos estatutos estructurarían definitivamente España, ¿por qué no va a poder decir que la crisis económica se resuelve con más parados? Más parados, más déficit, más impuestos y más contracción, como confirma el Instituto Nacional de Estadística. Concretamente, la mayor contracción económica en 40 años. Mientras los «brotes verdes» que nos anunció allá en la primavera se convierten en «brotes marrones» cara al otoño: la industria no toma el relevo de la construcción, como previsto, y las exportaciones caen un 15,7 por ciento, con lo que la esperanza de que compensen el descenso del consumo interno se evapora. Pero ¿qué importa todo eso a nuestro presidente? A lo mejor piensa que preside el gobierno alemán, pues, en efecto, lo peor de la crisis parece haber pasado en Alemania, aunque es muy posible que si él fuera su canciller, estarían todavía en lo más profundo de ella.

Pero no lo es, para suerte de los alemanes y desgracia de los españoles, que tendremos que seguir contemplando su peculiar manera de afrontar una crisis económica que empezó negando y ha seguido trampeando, de parche en parche, de engañifa en engañifa, de camelo en camelo, hasta situarnos en la peor de todas las situaciones posibles y, lo más grave, sin mostrar el menor indicio de cambiar. A él, lo que le interesa es cargarse al PP, impedir que la «derecha» vuelva a gobernar, aunque tenga que aliarse con los que no quieren ser españoles, rehacer, en fin, la historia de España, como si la historia pudiera rehacerse como si fuera un suspenso de junio o un error de sexo de la naturaleza. Eso es lo importante, lo urgente, lo fundamental, todo lo demás puede esperar. A ello se ha dedicado desde que llegó a la Moncloa, y en ello sigue con una tenacidad digna de mejor causa.

¿Qué va a decirnos este otoño, cuando los 8.000 millones de euros destinados a reparar las aceras de nuestras villas se agoten, los turistas se vayan, las exportaciones no crezcan, el déficit siga creciendo y los parados ronden los cinco millones? Bueno, ya nos lo ha dicho: subir los impuestos, lo que en plena crisis es algo así como dar un purgativo a alguien con colitis. Aunque ya verán como se las arreglará para justificar la diarrea. De entrada, nos ha dicho que la subida será «temporal y limitada». Temporal, hasta las próximas elecciones y limitada, a sus rivales.

Si este hombre tuviera tanta habilidad para gobernar como para engañarnos, seríamos la admiración de Europa, en vez de estar en el furgón de cola. Pero, en fin, es lo que hemos elegido, ¿no? Y no una vez, sino dos.

Cataluña podría utilizar su futura ley de referendos si el TC rebaja el Estatuto
MARÍA JESÚS CAÑIZARES | BARCELONA ABC 30 Agosto 2009

Pese a insistir en que el Estatuto es constitucional y que no hay planes B ante el supuesto de que el Tribunal Constitucional (TC) dicte una sentencia adversa, el Gobierno catalán analiza ya todas las vías jurídicas y políticas posibles para evitar que no se toque una coma del texto estatutario.
El tripartito, como se sabe, amenazó el martes al PSOE con reformular el pacto entre Cataluña y España, pero eso forma parte de lo futurible. Mucho más tangible es el amplio despliegue legislativo impulsado para desarrollar el Estatuto sin esperar a que haya resolución judicial. Esta política de «hechos consumados» se traduce en 14 proyectos de ley en trámite y que se unen a las 32 leyes aprobadas en los últimos tres años.

Competencias
Ley de consultas
Pendiente de aprobación se encuentra la ley de consultas populares por vía de referéndum, que desarrolla el artículo 122 del Estatuto. Es uno de los proyectos más importantes de la Consejeria de Gobernación, dirigida por ERC, que permitiría al Gobierno catalán convocar a la ciudadanía nuevamente si el TC recortara el Estatuto, tal como algunos dirigentes republicanos y de CiU reclaman.

Instituciones
El defensor del pueblo catalán
También en este nuevo curso parlamentario podría aprobarse la ley del Síndic de Greuges, con competencias que podrían invadir las atribuciones del Defensor del Pueblo, de ahí el recurso presentado por esta institución ante el TC.
En el último año fue aprobada la ley de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, donde se regula por primera vez el cargo de vicepresidente catalán, actualmente ejercido por el republicano Josep Lluís Carod-Rovira. Más recientemente fue aprobada la ley del Consejo de Garantías Estatutarias, figura que contempla el artículo 76 del Estatuto y cuyas funciones le convierten en una especie de «tribunal constitucional catalán», pues sus dictámenes sobre la constitucionalidad y cumplimiento estatutario de las leyes que se aprueben en Cataluña serán vinculantes. Este Consejo sustituirá al Consejo Consultivo.

Financiación
Una agencia tributaria propia
Cataluña dispone desde hace dos años de una Agencia Tributaria propia, que practicamente liquida la administración tributaria nacional en esta comunidad. Este órgano, que forma parte del capítulo de la financiación del Estatuto también recurrido ante el TC, se encarga de «la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos recaudados en Cataluña». El propio Gobierno áutonómico reconoció que las competencias otorgadas a la agencia van más allá del Estatuto. Próximamente, el Parlamento catalán aprobará la ley de la Agencia Catalana de Inspección de Trabajo.

Derechos
Ley de Educación sin castellano
La Ley de Educación de Cataluña es considerada por algunos como el proyecto legislativo más importante. Aprobada antes del verano gracias al acuerdo PSC y CiU, esta normativa cumple con las previsiones estatutarias en materia lingüística, impone el catalán como lengua prácticamente única en las aulas y obvia el decreto estatal sobre la tercera hora en castellano.

Organización territorial
Adiós a las provincias
Dentro de la veintena de proyectos legislativos del tripartito se encuentra la ley de organización territorial, que contempla la creación de siete «veguerias» que sustituirían a las actuales provincias. Ello podría entrar en colisión con la organización que contempla la Constitución.
 

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Ciclismo
JON JUARISTI ABC 30 Agosto 2009

EL viceconsejero de Interior del Gobierno vasco cuantifica en un millar largo los hechos disruptivos protagonizados por la izquierda abertzale en lo que llevamos de fiestas veraniegas. Como faltan unas cuantas antes de cerrar el ciclo, es posible que la cifra final sufra incrementos.

«Creemos dos, mil, muchos Vietnam», predicaba el Che Guevara antes de que los soldaditos bolivianos cortaran por la brava su aventura equinoccial y andina. Pues bien, los datos ofrecidos por el viceconsejero no son para tomarlos a choteo, pero tampoco conviene exagerar su importancia. Los sanantolines de Plencia, por poner un ejemplo, no dan ni para media ofensiva del Teth. Si acaso, se prestan a desagradables estropicios en el mobilario urbano. En cuanto a la desaforada actividad de la horda, la explica muy bien un viejo chiste vasco. El del aldeano que, reo de poligamia, desplegaba con racial laconismo su sistema ante un juez intrigado por el hecho de que se hubiera arreglado estupendamente con catorce esposas repartidas por diversos concejos del Duranguesado: «La bisicleta, pues».

En la Bilbao de mis mocedades circulaba una variante en clave nacionalista. Durante un recorrido clandestino por las provincias vascas a finales de los cuarenta, unos parlamentarios ingleses, invitados por el entonces ilegal y perseguido PNV, pudieron ver en las cumbres de todos y cada uno de los montes de Euskadi, como si del toro de Osborne se tratara, la silueta de un gudari que los saludaba marcialmente, con las armas en perfecto estado de revista. La proeza se atribuye, incluso hoy mismo, a un solo militante del partido, el legendario Rezola, que pudo llevarla a cabo sin otro equipo que una bicicleta y una escopeta damasquinada, ambas de factura eibarresa.

Las dos historias gozaron de verosimilitud en tiempos ya lejanos, cuando una sana dieta a base de lentejas, alubia pinta y sidra de Hernani lograba producir esforzados ciclistas de cepa rural que coronaban los puertos sobre primitivas bicicletas con llantas de esparto. Ahora, y aunque las bicicletas son para el verano, nadie se atreve a usarlas en las carreteras vascongadas, atestadas de borrachos durante toda la temporada vacacional. Sin embargo, no es un misterio que las escuadras abertzales parezcan ubicuas. El territorio a cubrir es reducido, y los radicales cuentan con los abundantes recursos que la posmodernidad pone a su alcance, tales como autobuses climatizados, telefonillos celulares con tarifa plana y, sobre todo, calimocho barato, un brebaje a base de cocacola y vino tinto que constituye el principal fundamento de la cultura popular vasca del siglo veintiuno.

Pero, como la ubicuidad no es un don que se les haya concedido, los abertzales necesitan meter muchas horas extraordinarias para fingir que las cosas siguen igual que antes. En vano. El ciclo, ya que hablamos de ciclismo, ha cambiado. El nacionalismo ha perdido la iniciativa. Medio fascinados y medio aturdidos, los vascos en general y los nacionalistas vascos, en particular, se hallan exclusivamente atentos a los movimientos del gobierno de Pachi y su mariachi, pendientes de cada nueva trastada que el lehendakari socialista vaya a sacarse de la manga para desmantelar el contubernio hasta ayer dominante. La banda y sus adictos no innovan. Siguen con sus inveteradas bestalidades. El gobierno vasco debe aprovechar la ventaja que le da su creatividad. El anuncio, por ejemplo, de que va a prohibir, en las fiestas del verano que viene, todos los chiringuitos de las comparsas favorables a ETA, no es gran cosa, pero ha bastado para despertar en el personal ansiedades de bolero.

La voz de la calle
Santiago Rey, Presidente y editor de La Voz de Galicia 30 Agosto 2009

En nuestra vida cotidiana existen conversaciones recurrentes. Son frases que todos pronunciamos, que escuchamos a diario en la espontaneidad de las llamadas telefónicas y en las charlas de los cafés, los clubes deportivos o las paradas de autobús. Como editor de un periódico recibo su eco todavía más amplificado. Esos comentarios, certeramente críticos, desbordan mis cajones y mi correo electrónico. En un tiempo en que los poderes públicos parecen desnortados, uno se sorprende ante la capacidad de la gente para concretar con clarividencia los problemas reales y también ante la valentía de sus exposiciones. Pero normalmente todo expira ahí, en la mera conversación. Resulta desasosegante constatar que quienes se quejan asumen que sus justas reivindicaciones, por suaves que sean, no alcanzarán los despachos donde se regulan sus vidas. Mi obligación como editor es recoger la voz de la calle, atender a su deseo extremo de que seamos la conciencia crítica del poder, sea cual sea este, desde las fuerzas políticas a los técnicos del Estado; de Hacienda a los ayuntamientos; de las federaciones y directivas del deporte al funcionamiento de la justicia o el de las entidades financieras.

Cumpliendo mi deber de intentar ser notario de la verdad, quiero hoy dar voz a lo que se dice en la calle. La ciudadanía habla, por encima de todo, de la crisis económica, una de las más monstruosas e injustas de la historia. Lamentan verse arrastrados por una espiral en cuya génesis nada tuvieron que ver, sin recursos ni medios para hacerle frente, mientras que los auténticos causantes de la debacle son auxiliados con salvamentos vergonzantes. Fabricantes que alardeaban de solvencia, exigen y reciben ahora planes de choque pagados por todos, mientras algunos sectores que son el alma de Galicia, como el ganadero, se asoman al abismo sin ser objeto, ni de lejos, de un trato similar.

En zonas deprimidas de Galicia, como la Costa da Morte, se conversa sobre los obstáculos políticos que impiden asentarse allí a empresas que podrían paliar la lacra de la emigración, que continúa desangrándonos en el siglo XXI, agudizando así nuestro terrible problema demográfico. En esas comarcas castigadas por el abandono no entienden que se invoquen ahora trabas medioambientales para expulsar a empresas que dan trabajo cuando en los días del espejismo inmobiliario se consintieron todo tipo de aberraciones paisajísticas.

La gente habla, y mucho, de los gastos superfluos de la Administración, agudizados en España por la escasa responsabilidad contable de 17 administraciones autonómicas, que parecen incapaces de cooperar con lealtad y coordinación. En las colas de los parados gallegos resulta imposible entender que unos ayuntamientos que se declaran al borde de la quiebra dilapiden su dinero en festejos de verano en plena crisis. Galicia no está hoy para fiestas. Mientras todas las empresas, incluida la mía, se ven obligadas a encarar medidas drásticas de ahorro, a veces impopulares, la Administración gallega mantiene sus flotas de chóferes para trasladar a unos cargos que no quieren vivir en la ciudad donde voluntariamente han elegido trabajar. La Xunta conserva un palacete en Madrid a modo de embajada; el desfile de tarjetas, dietas y comidas oficiales continúa; la oscura administración paralela permanece en pie. En las conversaciones privadas no se entiende que se dilapide el dinero público en cambios semánticos, como los del Sergas y las escuelas. Si son escuelas infantiles, bastaba simplemente con llamarlas así.

En los hogares de Galicia viven personas que están sufriendo retrasos intolerables para pruebas clínicas y quirúrgicas. En las universidades gallegas se comenta con enojo la falta de fondos para buscar la excelencia en la educación, único futuro de Galicia. Mientras China y Estados Unidos, en su pugna por la hegemonía mundial, comparan cada año el número de titulados de élite que se gradúan en cada país, aquí nos enredamos en cuestiones nominales, o en debates idiomáticos, olvidando que las lenguas son puentes de palabras que nos deben unir, y no senderos hacia el muro de la incomunicación.

En una Galicia donde la educación y la sanidad están todavía muy lejos de lo óptimo, donde todas las empresas atraviesan coyunturas durísimas, es de todo punto incomprensible que tres presidentes de Galicia hayan perseverado en la construcción de una obra faraónica y sin utilidad conocida. Lo que se decía en la oposición se olvida rápido al llegar al poder, y sé bien de qué hablo. A veces el dispendio alcanza incluso la categoría de ofensa, como cuando se importan para esa obra materiales como la piedra, que ha sido secularmente seña de identidad de Galicia. En la calle, donde gobierna el sentido común, se pide llanamente que se detenga de inmediato un gasto insensato en un complejo sin sentido.

En las charlas de los cafés se dialoga, con preocupación y enojo, sobre la radical incapacidad de los partidos para ponerse de acuerdo en asuntos elementales para el bienestar de todos. El primer partido negocia con el tercero para darle más presencia en el Parlamento de la que le corresponde según las normas, solo por un afán de perjudicar a la segunda fuerza. A su vez, el segundo partido continúa sin aportar sus soluciones alternativas ante los problemas que nos atenazan y ni siquiera clarifica ante los ciudadanos cuál será su política de alianzas si recupera el poder. Mientras, políticos que intentaron ejercer una presidencia paralela, y a los que los gallegos retiraron de la vida pública en las últimas elecciones mediante su voto libre, disfrutan del boato de coches, despachos y secretarias, y maniobran para volver pese a ser reiteradamente rechazados por los votantes. Al tiempo, el ex presidente, que al menos supo leer el resultado de las urnas y retirarse con elegancia, recibe frialdad y encono en sus propias filas.

Los gallegos hablan de economía, sí, y cada vez más. Conversan sobre la grave inhibición de los poderes públicos y el abuso de los piquetes durante una huelga brutal en los astilleros, que ahora comienza a pasar su previsible factura en forma de caída de los pedidos. Los depositantes de las cajas de ahorros, millones de gallegos, critican la pretensión del poder partidista de dirigir dos entidades que no son suyas, sino de todos sus impositores. Tampoco se entiende que en nombre del localismo más estéril, una de las grandes rémoras de Galicia, se pretenda ignorar las realidades del mercado, pues una caja casi dobla a la otra en tamaño.

Yo escucho y también me hago mis preguntas. ¿Alguien está pensando en cómo va a superar Galicia el inminente fin de los fondos europeos? ¿Cuál es el programa para ello de PP, PSOE y BNG? O lo que es más grave: ¿Qué proyectos de futuro tienen los tres partidos para Galicia, uno de los países más envejecidos del mundo, desfondado además en los tres últimos años por la deslocalización de varias de sus mayores empresas?

¿Por qué se presenta como un éxito que el AVE gallego incumpla finalmente todos los plazos y llegue, si es así, 23 años más tarde que el de Sevilla? ¿Cómo es posible que se estén reprogramando en Galicia operaciones para pacientes con cáncer, tal y como ha sucedido en mi entorno más próximo? ¿A qué esperamos para acometer la reforma de instituciones obsoletas, como el Senado, las diputaciones o las cámaras de comercio? ¿Por qué la Xunta sigue sin ser una administración transparente en lo que hace a sus gastos, como prueba una y otra vez el proceso del Gaiás, con el caso paradigmático de las compras de libros?

¿Cómo es que el celo con que Hacienda controla a los contribuyentes de rentas bajas y medias se convierte en laxitud y tolerancia cuando se trata de clubes de fútbol? ¿Es tolerable que personas que ocupan cargos públicos, que deben ser ejemplo de respeto a la ley, llamen a la insumisión contra las normas que nos hemos dado todos, como está ocurriendo ante la posible sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña? ¿Por qué tenemos que resignarnos a que Galicia y España, por la incompetencia de sus políticas económicas, salgan de la crisis años después que otros países de nuestro entorno? ¿Dónde está el primer partido de la oposición en un momento en que el Gobierno de España solo toma medidas ineficientes y caprichosas, que nos garantizan una pesadísima carga para muchos años? ¿Dirá algún día basta la sociedad civil y obligará a sus representantes a que escuchen lo que dicta su sentido común?

Mañana cumpliré 71 años. Llevo cincuenta años en la nómina de La Voz de Galicia. He contribuido, en la medida de mis fuerzas, a la restitución de las libertades y la democracia, en cuya defensa me encontrarán siempre. Mano a mano con el mejor galleguismo de nuestra historia he trabajado para que Galicia viese reconocidos sus derechos. Esas nobles causas me arrostraron multas, incomprensión, presiones inenarrables. Pero ganamos aquel envite y se abrió un nuevo marco de esperanza. Por eso me resulta especialmente descorazonador ver que hemos arribado a un tiempo donde el dinero solapa a la ética, donde la zancadilla cortoplacista prima sobre los grandes consensos en favor del bien general, donde los intereses partidistas o personales se anteponen a los de Galicia. Por eso vuelvo a reiterar que si queremos evitar una tragedia debe reaparecer la sociedad civil y se debe fraguar una acción concertada que sume los esfuerzos de todos, sea cuál sea su color, en favor del proyecto de Galicia. Entre tanto, no puedo, ni debo, ni quiero, tirar la toalla. Seguiré haciendo lo mismo que llevo haciendo toda mi vida, tratar de elaborar hoy el mejor periódico que jamás he hecho, pero sabiendo que mañana intentaré superarlo.

Lo popular y lo cívico
FERNANDO SAVATER El Correo 30 Agosto 2009

«Lo más popular de lo popular es el cinismo del doble rasero. Los mismos partidarios de la fiesta sí y la lucha también se escandalizan cuando la autoridad acepta la lucha e impide la exaltación de etarras», dice el autor. «La 'educación para la paz' es una tarea cívica, que choca con lo que se ve en las paredes, en las txoznas y en los festejos del lugar»

Las cosas, poco a poco, van cambiando en Euskadi. Por lo que hemos visto este verano, parece que lo 'popular' -esa bestia legendaria y oportunista- va a dejar de tener bula para enaltecer al terrorismo, promocionar sus fechorías y recaudar fondos para financiarlo. Durante años se nos vendió como un dogma indiscutible que 'popular' equivale no ya a nacionalista, sino directamente a proetarra o al menos a simpatizante más o menos tímido de la banda. Los más populares en cualquier festejo eran los más cercanos a nuestros particulares ángeles exterminadores, lo mismo que en las aulas del parvulario el más popular suele ser inevitablemente el más bruto de la clase. Para ser 'pueblo' con todas las de la ley -es decir, sin ley alguna- era imprescindible jalear a quienes amenazan las vidas y haciendas de sus conciudadanos; para ser un poco 'pueblo', digamos pueblito, bastaba con reírles las gracias a los anteriores y hacer como que no se veían las fotos de asesinos o las pancartas caníbales que decoraban el paisaje. Ante todo, ¡que siga la fiesta! Los ediles más romos de cada localidad se dedicaban a calcular si las fiestas habían sido muy o poco participativas, pero nunca levantaban acta de quienes no hubieran podido participar en ellas ni queriendo: por estar amenazados, por tener que llevar escoltas, por negarse a ser vituperados o simplemente por puro asco ante la obligación de alternar con matarifes o mamporreros de los matarifes.

Por supuesto, lo más popular de lo popular es el cinismo del doble rasero. Los mismos partidarios de la fiesta sí y la lucha también se escandalizan cuando la autoridad acepta la lucha e impide la exaltación de etarras y el resto de propaganda criminógena. Eligen para lanzar el chupinazo a cualquiera próximo a la piara etarra (cabezudo o cabezón, da igual), es decir, por razones políticas, pero se indignan de que otros protesten ante semejante elección y traten de obstaculizarla: ¡Están politizando las fiestas! Blusas, charangas y otras manipuladas panderetas consienten carteles que amenazan a quien no les gusta y crean un ambiente irrespirable para cualquier proclama adversa a su riguroso ideario (suele haber pocas pancartas que proclamen 'Fuera ETA' o 'Viva la Ertzaintza'), pero si se les aplica legalmente su propia medicina se encabritan de dignidad ofendida: ¡Queremos libertad de expresión! Vaya, así que libertad de expresión: hay que j... jubilarse.

Las cosas pueden cambiar, claro, ya me parecía a mí; y algo han cambiado este verano. Como era de esperar, han aparecido enseguida dómines (nada que ver con la violencia, no se confundan) para denunciar este cambio en el paisaje que podría desembocar en una transformación del paisanaje, uyuyuy. Según ellos, quitar fotos de etarras y carteles en su apoyo o prohibir manifestaciones de igual corte son gestos de mera propaganda del nuevo Gobierno: por lo visto impedir la propaganda terrorista es otra forma de propaganda, ni mejor ni peor que la anterior. Si aparece fugazmente una bandera española en el Gorbea (donde por cierto puede ondear tan legítimamente y sin ofensa para nadie como en el Mulhacén) es preciso hacer una peregrinación de desagravio a lo alto del monte; pero en cambio ante las fotos de los terroristas o las caricaturas ominosas contra las autoridades democráticas no hay que hacer aspavientos ni exagerar. ¡Qué sabios son, menos mal que nos han advertido!

Otros expertos señalan que las fotos, carteles, manifestaciones, etcétera... demuestran que sigue habiendo gente que piensa de ese modo y que no desaparecerá porque se le prohíba declararlo. ¡Gran verdad... por ahora! En efecto, todavía quedan en Euskadi muchos comparsas de ETA: no tantos como franquistas había aquí hace cuarenta años, ni tantos como simpatizantes y clientes de la mafia hay en Sicilia ahora mismo, ni tantos como también hoy salen a la calle para saludar como un héroe en Libia al asesino de Lockerbie... pero desde luego bastantes: demasiados. La pregunta que debemos hacernos es si los indeseables dejan de serlo cuando alcanzan un número suficiente. Además, los partidarios de los matones suelen cambiar de ideas en cuanto éstos muerden el polvo: así pasó con los franquistas no mucho después de la muerte de Franco, así pasará en Libia cuando ya no haya Gadafi y en Sicilia si es que alguna vez se logra policialmente vencer a la mafia. La violencia tiene adictos mientras conserva su poder de intimidar, pero cuando lo pierde la clientela disminuye drásticamente: hay un dicho que habla de un barco y de ciertas ratas, quizá ustedes lo recuerden mejor que yo.

El problema de Euskadi lo ha condensado el consejero Ares en una fórmula obvia pero eficaz: hemos vivido una falsa normalidad. Lo que ni es ni puede ser normal en ninguna sociedad democrática lo ha sido aquí, pero de manera falsaria y engañosa. Es inútil que traten de convencernos ahora de que siempre se han combatido como hoy las exhibiciones proetarras porque casualmente no todos hemos nacido ayer y algunos llevamos muchas semanas grandes y muchas fiestas patronales a la espalda como para no saber a qué atenernos. La falsa normalidad explica también que todavía tantos adolescentes vascos sigan teniendo sobre el terrorismo ideas más propias de las juventudes hitlerianas que otra cosa.

n efecto, la 'educación para la paz' no es sólo cosa de la escuela: es una tarea cívica, que choca con lo que se ve en las paredes, en las txoznas y en los festejos del lugar. Entre nosotros, lo mal llamado 'popular' se ha opuesto a lo cívico, así de claro. Y a los jóvenes -sobre todo a los muy jóvenes- les impacta más lo popular que lo cívico que se les intenta enseñar... cuando se les enseña. Es verdad que en sociedades muy conservadoras como la nuestra (sobre todo conservadora entre quienes creen ser revolucionarios) los valores o antivalores familiares cuentan mucho: pero la familia no puede ser nunca la fuente única o principal de valores, porque en tal caso la sociedad jamás progresaría ni se modernizaría.

Educar para la paz comienza por un espacio público, popular, no monopolizado por la violencia terrorista. Pero es que además educar para la paz no es sólo una formación sentimental o psicológica -es decir, apolítica, como quisieran algunos- sino la explicación no pasiva sino militante de lo que significa el Estado de Derecho, la Constitución, el Estatuto y las leyes que institucionalizan la paz. Vivir en paz no es un estado del alma -tiene poco que ver con ese famoso 'vacío existencial' del que pretenden curar los curas- sino que consiste en el respeto activo y la defensa de la ley, que puede ser cambiada con nuevos acuerdos pero nunca con bombas. No hay que decirles a los jóvenes que renuncien mansamente a la lucha (entonces ganarán siempre quienes les proponen falsos heroísmos) sino que luchen por lo que democráticamente merece la pena. Y eso, de momento, es lo que me temo que no se hace en Euskadi.

Aún con todas las dificultades, vamos progresando. Yo creo que entre nosotros lo cívico tiene mucho futuro y en cambio a lo pseudopopular le quedan cada vez menos teleberris. Sigamos esforzándonos pues para que llegue del todo el tiempo nuevo.

Tolerancia cero con las «herriko tabernas»
El Puntazo La Razon 30 Agosto 2009

A pesar de que hay varios autos de la Audiencia Nacional con la orden del cierre de estos centros, la realidad es que la mayoría de las «herriko tabernas» funciona a pleno rendimiento social y económico. Estos locales proetarras constituyen hoy una fuente de financiación prioritaria para la subsistencia de la actividad del entramado de ETA. Se calcula que sólo el negocio de las «herriko» pudo «facturar» dos millones de euros en el último año, a lo que se debe sumar cerca de otro millón de lo que se logra en las «huchas» de apoyo a los presos terroristas. Su presencia en la geografía del País Vasco demuestra que hay trabajo por delante para recuperar la normalización democrática y que la Justicia debe hacer un esfuerzo por llegar a todos los reductos de impunidad que hoy existen en el País Vasco. Las «herriko» son un instrumento fundamental de ese mundo violento y, como tal, deberían ser perseguidas y erradicadas.

FERNANDO GRANDE-MARLASKA. MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL
«El final de ETA no traerá una Euskadi normalizada»
Considera innecesario un endurecimiento de las penas en los delitos de terrorismo
ÓSCAR B. DE OTÁLORA | SANTANDER El Correo 30 Agosto 2009

El magistrado Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) se declara optimista respecto al final de ETA. La banda acabará por desaparecer, aunque, cuando lo haga, sus nocivos efectos en la sociedad vasca aún persistirán durante muchos años, advierte el instructor de algunos de los principales sumarios abiertos contra la organización y su entorno en los últimos años. En una entrevista con EL CORREO, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que hizo gala de su independencia en algunos de los momentos más tensos de la frustrada negociación entre el Gobierno y ETA, cree innecesario endurecer las penas contra el terrorismo.
-¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación actual de ETA?
-Mi análisis es que se encuentra en una situación de debilidad importante. No sólo por los últimos golpes, sino por todas las operaciones que se han desarrollado desde hace más de una década y, de manera especial, por la estrecha colaboración con las autoridades francesas. Podemos decir que en este campo estamos ante un único Estado que, con todos sus resortes, lucha contra el terrorismo de forma conjunta, por explicarlo de una forma gráfica. Pero la debilidad de ETA no es sólo operativa. La banda también sufre una sensible pérdida de apoyos sociales, lo que no quiere decir que no tenga capacidad de acción. Buena prueba de ello es la tonelada de explosivos que se ha encontrado estos días en Francia, además de las armas o las bombas lapas.

-¿Cree que se verá el final de ETA?
-Soy optimista. De hace diez años hasta ahora, la capacidad operativa de ETA ha disminuido de forma importante. Desde ese punto de vista sí que podremos ver su fin, como vemos el fin de los GRAPO, una organización reducida al mínimo aunque a veces pueda cometer una acción delictiva. Lo que no veremos, y esto lo digo como vasco, es una sociedad suficientemente restablecida. Eso tardará bastante, muchos años.
-¿En qué sentido?
-ETA ha afectado a toda España, pero de forma particular a los ciudadanos vascos y navarros. Son personas que han visto el terrorismo y lo han mamado. Ha afectado a su vida, a su forma de comportarse, a la sensibilidad social. Ha habido generaciones que han nacido con el fenómeno terrorista. Y lleva tiempo recuperarse de eso. A una sociedad no le puede pasar inadvertida esa realidad. Aunque se acabe la violencia, habrá secuelas.
-¿Se refiere también a la parte de la sociedad que ensalza a gente que está cometiendo asesinatos?
-No. Eso terminará cuando acabe la propia violencia. Si no hay violencia no habrá personas que, por razones difícilmente comprensibles, puedan justificar esos crímenes. Yo me refiero a los ciudadanos que, al desaparecer el miedo, deberían poder volver a manifestarse libremente. Volver a vivir en libertad. La libertad es un derecho consustancial de la persona; pero, cuando no lo has desarrollado en tu devenir vital, imagino que será complicado hacerlo. Nos costará y nos cuesta.

-En ese contexto, ¿qué le parece la campaña emprendida por el Gobierno vasco de retirar la fotos de presos de ETA de las calles de Euskadi?
-Yo no puedo decir mucho sobre ese tema. La obligación de toda autoridad es la de impedir la comisión de hechos delictivos y la valoración del alcance penal de esos hechos depende de muchas circunstancias, como el objetivo de la colocación de las fotos, el escenario, etc... Eso es todo lo que puedo decir.
Realidad urbana
-Usted nació y ejerció como juez en Bilbao. ¿Tiene ese recuerdo de las txosnas como un lugar dominado por la izquierda radical?
-Eso era parte del paisaje urbano. En las fiestas de Bilbao no ibas a determinadas txosnas con la voluntad de mostrar una determinada simpatía. Se vivía como una realidad urbana y se asumía como tal.

-Pero las instituciones han comenzado a actuar al considerar que esa situación no era normal.
-No quiero ni debo decir más. No me quiero pronunciar porque, en un momento dado, cuestiones de este tipo pueden acabar en mi juzgado. Pero reitero que son supuestos que deben ser analizados con suficiente seriedad. Lo que no quita para que sea una cuestión importante. Existe un debate entre lo moralmente inaceptable y lo que es penalmente relevante. Son dos cosas distintas. Un hecho puede ser socialmente inaceptable, dentro de una ética común, pero puede ser penalmente no relevante. Y puede ser socialmente detestable y también penalmente relevante.

-Una de las situaciones que se viven cada verano es, dentro de la convocatoria de manifestaciones radicales, la toma de decisiones opuestas por parte de los jueces. ¿No cree que esas actuaciones producen confusión en la sociedad?
-Se puede producir esa confusión, pero debemos tener en cuenta que son resoluciones judiciales tanto las que prohíben esas manifestaciones como la que no, y que siempre pueden ser objeto de recurso. Lo importante de una resolución judicial es que sea motivada y que justifique el sí o el no. No podemos llegar al automatismo de que todo acto que se convoca y cuya suspensión se pide es idéntico a otro, aunque pueda parecerlo. Con esto no quiero decir que, en un momento dado, las decisiones judiciales no puedan ser erróneas, tanto las que autorizan como las que prohíben, insisto. Es perfectamente factible que un mismo juez entienda que en un hecho existe un delito de exaltación del terrorismo y, en otro, que se debe primar la libertad de expresión.

-¿La Audiencia Nacional ha notado algún cambio en el papel de la Ertzaintza con la llegada del PSE a la consejería de Interior?
-No, no.
-Uno de los axiomas que se está instalando en el discurso político es que a ETA se le puede derrotar policialmente y, por lo tanto, la salida negociada ya no tiene sentido.
-Yo puedo tener mis ideas políticas. Y las tengo, evidentemente. Pero hay temas en los que no debo meterme. Mi único papel en cuanto al terrorismo es que debo juzgar esos casos con los instrumentos que me da el Estado. A mí la ley me implica y me determina, debo guiarme por sus principios y no por supuestos criterios de oportunidad. A mí me guía el principio de legalidad. La única posibilidad que cabe al aplicarlo al terrorista es que abandone voluntariamente las armas y que preste a la Administración un auxilio importante para poder impedir delitos o detener a personas integrantes de la banda armada. Ésta es la única respuesta del Derecho Penal.

-Usted, en el último proceso de negociación entre el Gobierno y ETA, hizo gala de esa absoluta supeditación a la ley.
-A mí lo que me hace sentirme orgulloso...; no sé..., es muy fuerte esta palabra... Mire, a día de hoy no tengo ninguna duda de que nunca me he equivocado sin haber estudiado un tema profundamente y que mi decisión siempre ha sido amparada. Tras estudiar un asunto, y en aplicación de la ley, he entendido cuál debía ser la respuesta adecuada y legal. Los jueces estudiamos todos los temas que tenemos sobre la mesa y aplicamos la ley. El día que me falte esto, me debería plantear dejar mi trabajo.
-Este verano se ha reabierto el debate sobre el endurecimiento de las penas a los terroristas. ¿Lo ve necesario?
-Tal y como es la realidad penal española actual, la respuesta a los delitos de terrorismo ya es suficiente. No podemos olvidar que los delitos graves tienen una condena de 40 años y que existe un cumplimiento íntegro de las penas. Analicemos la edad de un condenado por estos casos y veamos cuál es su proyecto vital.

-La sociedad, sin embargo, recuerda casos como el de Iñaki de Juana Chaos.
-Ésa es la gran servidumbre que tiene el Estado de Derecho. Debemos tener en cuenta cuál era la ley en el momento de comisión de los hechos y lo que el legislador entendió oportuno. Lo que el Estado de Derecho no puede es responder ante situaciones injustas vulnerando la ley. Sería como cometer una doble injusticia.
-La Justicia, sin embargo, demuestra que en ocasiones existe una colisión entre lo legal y lo justo.
-El tema que menciona es una situación injusta, insisto, pero no podemos trasladar la responsabilidad al Poder Judicial. En el Poder Judicial sólo tenemos un instrumento, que es la ley. El día que no apliquemos la ley, incluso cuando creamos que es preciso hacerlo para no cometer una injusticia, el pilar del Estado de Derecho se caerá. Pero no traslademos la responsabilidad a la Justicia. Nosotros no hacemos la ley.

Tribunal de Estrasburgo
-¿Los jueces españoles se han sentido respaldados por la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que avala la aplicación de la Ley de Partidos a Batasuna y su ilegalización?
-Sí. Yo me siento respaldado porque incluso he procesado a miembros de Batasuna. Es una cuestión 'sub iudice' de la que no puedo hablar, pero sí que he dictado autos de procesamiento en ese sentido. Desde luego que ayuda un poco a ese juicio de razonable probabilidad que yo expuse en su momento en mi auto. No es una verdad judicial definitiva. Eso lo establecerá la sentencia.
-Da la sensación de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en determinadas cuestiones, ha ido más lejos que los jueces españoles en algunas de sus resoluciones en este tema.

-Lo que dice el Tribunal Europeo late en la Ley de Partidos. Esta ley excluye que un partido pueda utilizar la violencia como un medio ilícito para alcanzar sus fines. No se están ilegalizando ideas, sino medios violentos para alcanzar esas ideas. Eso es fundamentalmente lo que viene a establecer la sentencia de Estrasburgo. Es decir, una sociedad democrática tiene que defenderse de aquellos que quieren acabar con la democracia desde la violencia.
-El ministro de Interior ha anunciado este verano la posibilidad de que la izquierda abertzale que apoya a ETA intente buscar un subterfugio para condenar la violencia con el único objetivo de superar la ilegalización. ¿Cómo contempla ese asunto?
-No me puedo pronunciar sobre este tema por cuestiones lógicas, porque cualquier día podría tener que ver con el asunto. Pero la ley nos obliga a que cualquier cuestión sea lo suficientemente valorada y esté amparada por medios de prueba. Cualquier decisión, en un sentido u otro, insisto, tendrá que estar amparada en medios de prueba.

Los socialistas catalanes recuerdan a Zapatero que es el máximo garante del nuevo mapa constitucional que dibuja el Estatut ¿ Aseguran que el Estado de las Autonomías está agotado
El PSC guía al PSOE al federalismo
M. Espanyol La Razon 30 Agosto 2009

barcelona- Las buenas relaciones del PSC y del PSOE, gracias al acuerdo de financiación, se enfrentan a una nueva amenaza, una posible sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contraria al Estatut. El martes pasado, en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, los diputados del PSC y el PSOE comprobaron que el reguero de opiniones en torno al fallo del Estatut, de momento, no han puesto en cuestión sus excelentes relaciones. El coordinador de los diputados y senadores del PSC, Francesc Vallès, corroboró a LA RAZÓN que la familia socialista vive en paz una vez superada la negociación de la financiación. El pacto institucional «Aunque la cuerda que une al PSC y al PSOE estuvo a punto de romperse, las relaciones no se han resentido», explica Vallès. «Y no se resentirán», añade. A Vallès no le asusta la sentencia del Estatut. Aunque el presidente de la Generalitat, José Montilla, ha reiterado que apuesta por esperar el fallo antes de especular qué sucederá si el TC tumba el Estatut, la tormenta que el Gobierno catalán ha vivido este verano ha obligado a los socialistas a mostrar algunas de sus cartas. Vallès, como el presidente Montilla, insiste en que el «Estatut es constitucional». Y aunque rechaza debatir sobre las medidas a adoptar en caso de rebaja, hay una cosa de la que está convencido, de que «el PSOE está igual de implicado en la defensa del Estatut que el PSC». Los socialistas catalanes confían en que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «es el máximo garante del nuevo mapa constitucional que supone el Estatut». Vallès recuerda que en su día el PSOE estuvo de acuerdo en pactar un Estatut que dibuja «un nuevo pacto autonómico y constitucional».

El PSC no comprendería que el PSOE se desdijera ahora. «Con el acuerdo del Estatut, las comunidades autónomas pasaron a la mayoría de edad», dice el histórico socialista Francisco Fernández Marugán. Vallès añade que el Estado de las autonomías fue un éxito. Lo dice en pasado, porque entiende que «este sistema está agotado». También lo entiende así Montilla, cuando el pasado jueves, en el encuentro del ala catalanista en Vilopriu (Gerona), afirmó que hay que ser conscientes de que «el progreso del autogobierno de Cataluña -que va de la mano del Estatut- va ligado a la transformación del Estado federal». Desde el PSC, la aprobación de los estatutos de cada comunidad autónoma y del sistema de financiación autonómico se entiende como un «impass» hacia el Estado federal. El problema es que no toda la familia socialista comparte esta idea y las disputas pueden resurgir si el TC falla contra el Estatut y el PSOE no se alinea con la reacción política del PSC. En la parte jurídica no hay discrepancias, todos acatarán la sentencia. Otra cosa es la reacción política. Montilla ya ha dicho que no dará pistas de su estrategia si la sentencia del TC es negativa, entre otras cosas, porque está «convencido» de que «el Estatut es constitucional». Pero recuerda una cosa, que entre Cataluña y el PSOE, el PSC elegirá siempre a Cataluña. No olvida su cita con las autonómicas en 2010.

Generan tres millones al año y sirven de sedes sociales a la banda
«Herriko tabernas»: el negocio más rentable de ETA
Cristina Gullón La Razon 30 Agosto 2009

MADRID-«Son las casas de los etarras y aún hoy son intocables. Las utilizan para parecer más fuertes, generar miedo y extorsionar a la población. Habría que cerrarlas todas». Las denuncias de los ciudadanos y políticos populares del País Vasco para conseguir el cierre definitivo de las «herriko tabernas» se suceden desde que Patxi López llegó a Ajuria Enea. Una tarea ardua y difícil, en la que la Justicia lleva inmersa desde 2002 –fecha en la que Baltasar Garzón ordenó la suspensión de las actividades de Batasuna– intentando demostrar la vinculación de estas tabernas con el entorno de ETA.

«Al principio se cerraron una docena de locales, pero pronto el Gobierno vasco dejó de aplicar el auto de la Audiencia Nacional con la excusa de que no era sencillo determinar que los titulares de las ‘‘herriko tabernas’’ estaban ligados a Batasuna», señala Carlos Urquijo, portavoz de Interior del PP en el Parlamento vasco. «La mayoría de ellas siguen funcionando con total impunidad a día de hoy, no sólo como sedes de reuniones del entorno abertzale, sino como una importante fuente de financiación de la banda», añade.

Y es que tras la ilegalización de Batasuna en 2003, ETA perdió una de sus fuentes de financiación, las subvenciones que las «herriko tabernas» recibían como «asociaciones culturales». «En total, cerca de un centenar de locales situados en todo el País Vasco percibían casi 500.000 euros», certifica Daniel Portero, portavoz de la asociación Dignidad y Justicia. «Ahora tienen que rendir cuentas a un administrador judicial, pero la mayoría no utiliza facturas y declara no tener beneficios», señala Portero. Además, las «herriko tabernas» sirven como campamentos base para preparar futuros homenajes a etarras –prohibidos por la Audiencia Nacional–, actos de kale borroka, y recoger fondos a través de huchas cuyos beneficios se destinan casi siempre al acercamiento de presos.

Según datos de Mikel Buesa, catedrático de Economía y ex presidente del Foro Ermua, sólo el negocio que generan estos locales movió en el último año más de dos millones de euros.

Pero a esta cantidad, hay que añadirle 937.000 euros de promedio obtenidos a través de las citadas huchas. Tras el llamado «impuesto revolucionario», los beneficios de estos locales suponen la segunda vía de financiación «oficial» de la banda terrorista. «Existe un verdadero entramado de empresas detrás de las ‘‘herriko tabernas’’. Todos sus proveedores, gestorías –como Banaka– y otras empresas que les suministran el gas o el agua, son del entorno abertzale y es imposible entrar ahí si no eres uno de ellos», denuncia el portavoz de Dignidad y Justicia. En este sentido, Mikel Buesa señala que «la intervención judicial no ha funcionado, porque se siguen llevando a cabo negocios a favor de ETA». Asimismo, critica el hecho de que se haya sido «muy condescendiente» con los que pagan el «impuesto revolucionario». Y es que, a su juicio, «las víctimas no son los que pagan, sino los que no lo hacen. Así lo único que se consigue es avalar la cobardía de los que pagan».

Bloqueo y prevención
A pesar de ello, desde el Partido Popular reconocen estar «bastante satisfechos con la labor que ha llevado a cabo la Ertzaintza en los últimos meses», aunque reclaman al Ejecutivo vasco que se lleven a cabo las resoluciones judiciales «existentes desde hace años» para acabar finalmente con estos locales proetarras. «Pensamos lanzar una pregunta al consejero de Interior, Rodolfo Ares, el próximo mes para saber qué medidas piensan aplicar para cerrar los locales y en qué plazo», señala el portavoz de Interior de los populares.

Y es que el propio Urquijo presentó el 4 de octubre de 2005 una proposición no de ley para el bloqueo y la prevención del terrorismo etarra a través de estos locales. El proyecto incluía una comisión de vigilancia que ordenase el cierre de los locales en caso de que se demostrase su vinculación a ETA. «Pero no salió adelante porque el PP fue el único partido que votó a favor en el Parlamento vasco», lamenta Urquijo.

Los propios ciudadanos son los primeros que reclaman el fin de la impunidad de la que han gozado los bares proetarras. «Siguen siendo las casas de los etarras y hasta ahora no han podido tocarlas», señala una vecina de Santurce, una opinión que comparte Inma Castilla de Cortázar, presidenta del Foro Ermua: «Habría que cerrarlas todas. Las utilizan para parecer más fuertes, para generar miedo y extorsionar».

En este sentido, los populares destacan que es «ahora, que no hay que pagar ninguna hipoteca al Gobierno del PNV, cuando hay que actuar contra estos locales y cortar, de una vez por todas, el último instrumento que tiene ETA en la calle».

cuando la presión abertzale llega al límite
La detención en febrero de un vecino de Lazkao por atacar la «herriko taberna» local a mazazos, después de que ETA pusiese una bomba en la casa del pueblo y destrozase su domicilio, hizo resurgir la polémica sobre la legalidad de que este establecimiento permanezca abierto. Y es que esta «herriko taberna» de Lazkao es una de las 75 cuyo embargo ordenó el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en 2002 como posible fuente de financiación de la organización terrorista ETA. Conmocionado por la destrucción causada en su casa por una bomba de la banda terrorista, Emilio Gutiérrrez entró con una maza en el local de la izquierda abertzale y provocó varios destrozos. Los sectores afines a ETA respondieron de inmediato con actuaciones intimidatorias, y Gutiérrez, hijo de un ex concejal socialista de Lazkao, tuvo que salir de su pueblo. Pese a que los partidos políticos no defendieron el «ojo por ojo», sí mostraron su comprensión y solidaridad con el joven.

ETA utiliza ahora sorteos y rifas a través de las webs
Internet se suma a los saqueos y robos como vía de financiación
C. Gullón La Razon 30 Agosto 2009

MADRID- Una vez cortado el grifo de las subvenciones a ANV y PCTV, cuyo montante rozaba el millón de euros en el año 2008, según cálculos del ex presidente del Foro Ermua, Mikel Buesa, el entorno abertzale se ha visto obligada a buscar nuevas vías de financiación. Internet se ha convertido en una importante fuente a través de rifas y sorteos organizados en páginas web para recaudar fondos. El pasado mes de julio, el campeón de España de surf , Íker Acero, fue detenido por apoyar supuestamente la web Gaztesarea.net, que habría conseguido unos 100.000 euros para financiar a Segi, rama juvenil de ETA, mediante este sistema.

Donaciones en «Gara» Asimismo, el portavoz de Interior del PP en el Parlamento vasco, Carlos Urquijo, comprende que pueda ser una alternativa a otras vías, como la que utilizaba la banda publicanco cuentas bancarias para hacer donaciones en anuncios del diario abertzale «Gara». «La mayoría eran de cuentas en la Kutxa, el BBK, la Caja Laboral y La Caixa, que se destinaban al acercamiento de presos», dice Urquijo. A ello se añaden 347.980 euros de promedio conseguidos a partir de robos de coches, saqueos y otros delitos, según cálculos de Buesa. «Hay herramientas muy sólidas para luchar contra la financiación de ETA. La Administración ya tomó cartas en el asunto contra editoriales y otras empresas, pero hay que seguir persiguiéndoles», añade el portavoz popular.

Impunidad en Berriozar
ALBERTO LARDIÉS | PAMPLONA La Razon 30 Agosto 2009

La impunidad proetarra en Berriozar es palpable. No sólo por el chupinazo, ni siquiera por el siniestro brindis: además, en estos días de fiesta se multiplican los carteles y símbolos en los que se recuerda y enaltece a los etarras. Y todo gracias a la complicidad y permisividad del alcalde, Xabier Lasa, de Nafarroa Bai, quien no hace nada para impedir estas infamias. Una moción de censura serviría para cambiar las cosas, pero Izquierda Unida se niega en rotundo.

En las fiestas, a los habituales símbolos contra la dispersión de presos se han sumado retratos que enaltecen a varios terroristas de la localidad que se encuentran encarcelados. Sea en pegatinas, camisetas o carteles, los «homenajeados» son el líder de Batasuna,Pernando Barrena, y los terroristas Mikel Ayensa, Ibai Ayensa y David Cebrián, quien por cierto es hermano de la concejal de ANV en la localidad. El evidente agravio para las víctimas del terrorismo deriva en un escarnio atroz si se tiene en cuenta que algunos de los retratados, como los hermanos Ayensa, son los asesinos de Francisco Casanova, vecino de Berriozar asesinado en 2000 en la puerta de su casa.

Precisamente los familiares y amigos de los presos son quienes acudieron, junto a los ediles de ANV, al brindis proetarra mencionado. Bajo el paraguas de la «actividad cultural», la sociedad «Zulo Alai Elkartea», del entorno batasuno, organiza cada año este brindis. El portavoz de UPN en el Ayuntamiento, Sergio Sayas, denunció esta práctica recientemente, a lo que la sociedad respondió con un comunicado en el que reivindicó su carácter cultural.

Llueve sobre mojado en esta pequeña localidad. Se aprovecha cualquier celebración para enviar apoyo a los etarras y ensalzar sus figuras. Como ABC destapó en ambos casos, en marzo de este año la «korrika» -marcha cultural a favor del euskera- sirvió para que los proetarras portasen retratos de los citados terroristas. Y un concierto celebrado en el polideportivo local, también en esas fechas, derivó en homenaje a la banda asesina cuando varios jóvenes subieron al escenario con esos mismos retratos.

Según las fuentes consultadas por ABC, este año los miembros del entorno proetarra han agudizado el ingenio a sabiendas de que existe vigilancia de los Cuerpos de Seguridad. Así, por ejemplo, se ha celebrado una marcha por las calles en la que sólo portaban ikurriñas y no fotos de presos, aunque los homenajeados en el acto fuesen los etarras. Igualmente, un par de casetas festivas o «txoznas» ya no expresan públicamente su apoyo a los terroristas. Pasos adelante, pero no suficientes, como se puede ver con darse un paseo por la localidad.

La negativa de IU
En Berriozar existe un palpable enconamiento político entre los partidos nacionalistas y los constitucionalistas. Por un lado están los proetarras de ANV (3 ediles) y los «moderados» de la coalición Nafarroa Bai (3). Enfrente están UPN (3), PSN (2) y CDN (1). Es decir, seis frente a seis. Rompe ese equilibrio Izquierda Unida (1), que tras las elecciones locales de 2007 decidió auspiciar que NaBai, como fuerza más votada, ocupase la alcaldía de la mano de los proetarras de ANV. Por tanto, la llave del cambio en esta legislatura la tiene IU, que se niega a una moción de censura, alegando que su política es aislar a los «dos extremos: ANV y UPN». Una equiparación bochornosa.

 

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