AGLI

Recortes de Prensa    Jueves 3 Septiembre 2009

 

Dos tardes sin provecho
IGNACIO CAMACHO ABC 3 Septiembre 2009

SI Zapatero llegó a recibir de Jordi Sevilla aquellas célebres lecciones de economía «en dos tardes» parece claro que las aprovechó mal o que necesitaba un curso más intensivo. El profesor ha acabado tirando la toalla decepcionado por la evidente desaplicación de sus sensatas doctrinas, y lo más alarmante es que acaso el alumno se haya creído en posesión de un conocimiento intuitivo más apropiado que el de sus mentores de primera hora, a los que ha ido alejando uno tras otro más allá del estrecho círculo de tiza del cesarismo. Taguas, Vegara, el citado Sevilla, Solbes y otros socialdemócratas moderados de la primera hornada del zapaterismo han ido poco a poco abandonando una política en la que no se sentían escuchados, y acaso no esté lejano el tiempo en que le empiece a suceder lo mismo a un Miguel Sebastián cada vez más desaparecido. En este peronismo de emergencia que gobierna con un ojo en los sindicatos y el otro en las encuestas no queda sitio para la ortodoxia de los economistas, sustituidos por asesores demoscópicos y expertos en la creación de mantras políticos de usar y tirar...o de usar para ir tirando.

Jordi Sevilla posee cabeza y formación para haber sido un solvente ministro de Estado, pero en el apresurado reparto inicial de un poder sobrevenido le tocó el ministerio-florero de Administraciones Públicas, el mismo en que ahora Chaves vegeta con rango de vicepresidente su jubilación política. Tenía pocas competencias pero era obvio que por allí pasaba el estatuto de Cataluña. Como sin ser jacobino mantenía criterios razonables fue abiertamente ninguneado en aquel delirio de chapuzas, lo que al menos le honra al haber quedado a salvo del dislate. Apartado del Gobierno tuvo que contemplar desde un escaño la deriva despilfarradora y populista de las subvenciones, el déficit, el gasto disparado y los parches improvisados, políticas que ha criticado con discreta elegancia desde un blog lleno de sensatez en el que nunca ha dejado de ser leal a una socialdemocracia prudente. Pero, como él mismo dice en su carta de despedida, «siempre he creído más en el proyecto que en el poder», y el que pueda entender que entienda...

Ahora se marcha al sector privado -pronto le seguirá Solbes- y hay que anotar que en esta clase de diásporas sólo se van los que se pueden ir. Los que tienen prestigio, formación y carrera para ganarse la vida sin depender de las limosnas de los cargos ni de los dicterios de un aparatchik de partido. Los que no han hecho de la política un modo unívoco de vida. Los que en teoría deberían ser los elegidos para convertir la actividad pública en un ámbito de nobleza intelectual y debate de ideas. Y los que cada vez están más lejos, en todos los partidos, de unos centros de decisión acaparados por sindicatos de intereses en los que la obediencia, la militancia y el oportunismo prevalecen sobre el criterio, la formación, la brillantez y el mérito.

El Gobierno naufraga en la crisis
Opinión ABC 3 Septiembre 2009

EL desempleo ha vuelto a subir con fuerza en agosto -casi 85.000 personas- hasta situar la cifra de parados en 3.629.080, a la que habría que sumar las de los demandantes de empleos especiales y los trabajadores eventuales agrarios. El paro real alcanza así la cifra de 4.108.380. El Gobierno y el PSOE intentaron ayer mitigar el golpe de la noticia recordando que en agosto siempre se pierde empleo, lo cual es cierto, y que el dato de este año ha sido mejor que el de 2008. Lo que no dijeron sus portavoces es que este último aumento del paro -un 43,44 por ciento en los últimos doce meses- se ha producido en plena ejecución del plan de inversiones en obras locales, que no existía en 2008, lo que agrava aún más las expectativas del desempleo para final de año, cuando se acaben las obras, y hace más que probable una tasa de paro del 20 por ciento y un número de parados -sin pucherazo estadístico- cercano a los cinco millones. Además, en un año, de agosto de 2008 a agosto de 2009, la Seguridad Social ha perdido más de 100.000 afiliados, dejando su afiliación media en 18.001.310 cotizantes.

Si a estos datos se añaden la caída interanual del Producto Interior Bruto (4,2 por ciento) y el aumento descontrolado del déficit público en los siete primeros meses del año (4,69 por ciento, casi 50.000 millones de euros), resultan incomprensibles y hasta hirientes los mensajes de optimismo, aunque sea impostado, que manda el Ejecutivo a la sociedad, porque acreditan de nuevo su banalidad como equipo responsable de la gobernación de España.

Mientras las principales economías europeas empiezan a salir de la crisis, España sigue anclada en ella y, si realmente lo peor ha pasado ya, la conclusión es que este país va a permanecer en el suelo de la crisis mucho tiempo. La responsabilidad política del Gobierno socialista por su gestión ya no tiene atenuantes, y sí incluso agravantes, como la última decisión de abonar la ayuda de 420 euros a los parados sin prestación desde 1 de enero de este año, cuando fue aprobada desde 1 de agosto, lo que supone de forma inmediata un gasto público añadido de 700 millones de euros. No es criticable que la Administración Pública asista a los ciudadanos en peores condiciones, y debe hacerlo para mantener la cohesión social. Pero este tipo de medidas se convierten en perniciosas cuando son las únicas que se oponen a una destrucción masiva de empleo y de actividad económica.

La política del Gobierno se encierra así en un círculo de fracasos -paro y déficit- que se retroalimentan y del que Rodríguez Zapatero no quiere salir porque día a día apuesta únicamente por medidas de subsidio y estímulo artificial y efímero de la economía. Hay en el Gobierno, como es obvio, una carencia grave de sentido de Estado, de visión de futuro y de simple aptitud técnica para dirigir este país en crisis. Su coalición inamovible con los partidos minoritarios de izquierda y los sindicatos está arrancando de cuajo las mejores opciones para salir de la crisis -lo que no quiere decir que no sean temporalmente duras-, como la reducción de impuestos, el control del gasto público y la reforma del mercado laboral. Esta crisis tuvo muchas causas, pero, desde hace tiempo, el Gobierno socialista se ha convertido en una de las principales.

RUBALCABA SE SUMA A CAAMAñO
Más presión sobre el Constitucional
IMPRESIONES El Mundo 3 Septiembre 2009

DE FORMA MÁS o menos sutil, el Gobierno presiona al Tribunal Constitucional para que no altere el contenido del Estatuto catalán. Si en agosto fue Caamaño, ahora es Rubalcaba. El ministro del Interior advirtió que «España no puede negar la decisión del Parlamento elegido por los catalanes». Una declaración sorprendente que carece por completo de sentido jurídico. El ministro no puede ignorar que el Constitucional es el último intérprete de la legalidad, el que tiene que dictaminar si las leyes -aprobadas por el Congreso o por cualquier cámara autonómica- se ajustan o no a la Carta Magna. Éste es el abc de nuestro Estado de Derecho. Aplicando el argumento de Rubalcaba, el plan Ibarretxe no debería haberse frenado porque fue aprobado por el Parlamento vasco.

Alfredo Pérez Ibarretxe
EDURNE URIARTE ABC 3 Septiembre 2009

Cito textualmente a Alfredo Pérez Rubalcaba, no vaya a ser que me envíe otra protesta a Cartas al Director, como hizo recientemente, por atribuirle expresiones que no eran suyas. Pues la siguiente sí que es suya, aunque hasta a mi me cueste asimilarla. Rubalcaba afirmó ayer en Punto Radio, refiriéndose al concepto de nación del Estatuto catalán, lo que sigue: «Yo creo en este Estatuto, creo que es Constitucional y creo que recoge un hecho que es políticamente relevante. Lo que España no puede hacer es negar la decisión de un parlamento democrático elegido por los catalanes».

O sea, que Rubalcaba se nos ha trasmutado en Alfredo Pérez Ibarretxe. Porque su argumento, no sólo su lenguaje de España versus Cataluña, es el de Ibarretxe y el de todos los nacionalismos independentistas. El argumento de que es el Parlamento de Cataluña, o del País Vasco, el que decide. El que tiene la soberanía. Y ya sé que Rubalcaba es químico y no jurista o politólogo. Pero, como demócrata, está obligado a conocer el concepto de soberanía. No digamos como ministro del Gobierno de España.

Lo más sorprendente de todo esto es encontrarnos a Rubalcaba alineado con el socialismo nacionalista, cosa que desconocíamos de su ideología. Lo que me lleva a pensar que lo suyo es adaptación al argumento que el Gobierno está preparando ante una posible sentencia desagradable del Constitucional. El argumento Ibarretxe, el mismo por el que a éste se le paró su plan. Y que dinamita la unidad de España, a partir de la soberanía del parlamento catalán o del vasco.

También afirmó Rubalcaba en esa misma entrevista su disposición a acatar la sentencia del Constitucional. Y eso sugiere una segunda interpretación de su faceta Ibarretxe. La de la presión del Gobierno al Constitucional. Recuerden, señores, que ustedes son España, y España no puede contradecir al Parlamento catalán.

Fuego cegador
ISABEL SAN SEBASTIAN El Mundo 3 Septiembre 2009

ESTO ESTÁ que arde, y no precisamente por los incendios forestales. Cuatro semanas transcurridas en la España real, lejos de la Villa y Corte de las Intrigas, bastan para darse cuenta de que el respetable está que echa fuego con la situación de los bolsillos, que no dejan de menguar, por más que el Optimista Antropológico nos repita una y otra vez que lo peor ha pasado. Es lo que ocurre cuando el presidente del Gobierno dedica las vacaciones a leer novelas policiacas en lugar de aprovechar para instruirse un poco; que ni acierta con el diagnóstico ni llega a vislumbrar el remedio.

Esto está que arde en todas partes. Quien no tiene a un parado en casa, los tiene a todos. Los negocios ya no son tales y las empresas traen de cabeza a sus propietarios. En la calle no se habla de otra cosa. Los 85.000 nuevos huérfanos de empleo de agosto -con ellos suman 3.629.000 oficiales, más de cuatro millones si prescindimos del maquillaje- estaban ya presentes en todas las conversaciones del verano, en compañía de la subida de impuestos anunciada y después negada con la boca chica, que es la gasolina con la que Zapatero pretende apagar las llamas. ¿Cómo si no va a retribuir los apoyos que necesita para aprobar otros presupuestos ruinosos? ¿De dónde va a sacar recursos para repartir nuevos subsidios y comprar votos desesperados?

Esto está que arde. Que echa humo. Y eso es lo peor de todo. Porque al abrigo de esta cortina, de un espesor inusitado, se está escribiendo una página de nuestra Historia mucho más negra aún que esta crisis económica que, con ser terrible, ha de ser necesariamente pasajera. Una página definitiva, sin vuelta atrás, cuyas consecuencias sólo empiezan a atisbarse en retazos de información que escapan al silencio interesado mantenido al respecto por todos los partidos políticos. Y digo bien todos, sin excepción. Me refiero, por supuesto, al Estatuto de Cataluña, que consagra un cambio sustancial de nuestro modelo de Estado colado por la puerta de atrás y en base a intereses bastardos. Me refiero a las escandalosas presiones que está sufriendo el Tribunal Constitucional por parte de personajes e instituciones del ámbito nacionalista, incluido el PSC, para que adapte su sentencia a los intereses antes mencionados. Me refiero a los efectos ciertos y constatables que están produciendo esas presiones en algunos magistrados. Me refiero a que tanto PSOE como PP miran ostentosamente hacia otro lado, acongojados ante la amenaza de ser anatemizados como «anticatalanistas» y dejarse algún sufragio en la batalla. ¡Bendito humo y bendito fuego!, piensan algunos, nos va a sacar del atolladero.

La voz del pueblo
PATXO UNZUETA El País 3 Septiembre 2009

El líder de CiU, Artur Mas, ha exigido al presidente Zapatero "garantías de que la voz del pueblo de Catalunya será íntegramente respetada": que si la sentencia del Constitucional supone un recorte en un Estatuto que es resultado del "pacto con el Gobierno español" y fue ratificado en referéndum, Zapatero deberá plantear "las reformas legales que hicieran falta" para restaurar la lógica democrática. Coincide en esto con varios miembros del Gobierno de Montilla para quienes una sentencia que no avale la plena constitucionalidad del Estatuto supondría la ruptura del pacto entre Cataluña y España y plantearía "un conflicto entre dos legitimidades".

Irónicamente, esta advertencia fue planteada en su momento por quienes, desde dentro del PSOE, avisaron de que si no se corregía a tiempo la deriva anticonstitucional que estaba tomando la elaboración del Estatuto se caminaba hacia un conflicto irresoluble. Pues podía ocurrir que el Parlamento catalán aprobase por amplísima mayoría un Estatuto muy favorable para los intereses catalanes, pero incompatible con la lógica del Estado autonómico constitucional. Lo que obligaría a recortarlo a su paso por el Parlamento español (o por el Tribunal Constitucional). Para evitarlo, era preciso intervenir a tiempo: eliminar los elementos de inconstitucionalidad antes de su votación en el Parlamento de Cataluña.

Sin embargo, la intervención que hubo fue la de Zapatero ante Artur Mas (19-9-2005) para convencerle de que CiU se sumase al texto acordado por los socios del tripartito, con el sobrentendido de que lo que hubiera de inconstitucional ya se arreglaría después en el Congreso. El resultado fue un Estatuto con muchos artículos sospechosos de inconstitucionalidad pero aprobado por el 90% de la Cámara catalana.

En un libro reciente ("¿Hacia otro modelo de Estado?" Cívitas. 2009), el catedrático y ex diputado socialista Luis Fajardo concluye que, partiendo de un texto tan alejado de la Constitución, el meritorio esfuerzo de la Comisión Constitucional del Congreso por limpiarlo de contenidos confederales o directamente soberanistas (se modificaron casi 150 artículos) no evitó que conservara restos de inconstitucionalidad más o menos enmascarados en expresiones ambiguas o imprecisas mantenidas para "alentar futuras interpretaciones intencionadas". Por ejemplo, considerar -como de hecho hizo el partido de Artur Mas en su congreso de 2008- que las referencias del Estatuto al derecho a conservar la propia identidad (art. 4-2) o a los derechos históricos (art. 5) ofrecen una "base jurídica y política indiscutible" para reclamar en su momento la autodeterminación.

Una vez refrendado, el texto era, efectivamente, difícilmente revisable en su estructura fundamental: el Congreso podía limar los artículos más claramente inconstitucionales y establecer cautelas que limitasen el alcance de otros, pero no cuestionar frontalmente el nuevo Estatuto. Porque se habían respetado los procedimientos (excepto en la amenaza, incluida en los Pactos del Tinell, de convocar un referéndum ilegal si el Congreso recortaba demasiado); y porque los redactores aseguraban su voluntad de no desbordar la Constitución y su convicción de haberlo conseguido.

El Congreso hizo su tarea bajo ese condicionamiento, al que se añadió en la última fase de la negociación el pie forzado que suponía el acuerdo pactado por Zapatero y Artur Mas en una nueva entrevista celebrada en La Moncloa el 22 de enero de 2006 y en el que se fijaba las enmiendas a aceptar sobre los temas más conflictivos. Tras la votación en Pleno, en marzo de 2006, la única garantía de eliminar esos restos de inconstitucionalidad o de evitar interpretaciones contrarias a la lógica autonómica residía en el Tribunal Constitucional. Y es posible que algunos diputados, sobre todo socialistas, que votaron a favor, no lo habrían hecho si no hubiera existido esa última caución.

Es cierto que el procedimiento que sitúa la posibilidad de recurso después del referéndum plantea problemas políticos; pero, tal como se han hecho las cosas desde el comienzo, cualquier planteamiento tendente a prescindir del pronunciamiento del Tribunal sería mucho peor. Por ejemplo, algunos de los escuchados estos días: que los catalanes no se den por enterados de la sentencia y sigan aplicando el Estatuto (versión maragalliana del pase foral vasco: se acata pero no se cumple); o que si el Estatut no cabe en la Constitución, habrá que cambiar ésta; o que Zapatero sortee la sentencia mediante leyes aprobadas al efecto. O, en otro terreno, que se producirá la ruptura entre el PSC y el PSOE (que tendría el mismo efecto que el aguijonazo del escorpión a la rana: ambos se irían a pique).

No sólo se coacciona al Tribunal convocando manifestaciones preventivas; también se le presiona amenazando con iniciativas ilegales si recorta el Estatuto. Además, hay mucho de impostado en ese dramatismo. Si se confirmase que la sentencia es como se está diciendo (rechazo de la obligatoriedad del catalán, interpretación del alcance de la inclusión del término nación, y precisiones en alguna otra materia) significará que el Estatuto ha sido básicamente convalidado. Y aunque es cierto que el referéndum avaló el texto, no conviene elevar mucho la voz (la voz del pueblo) al proclamarlo cuando la participación fue inferior al 50%. En otros países se exige una participación superior a la mitad del censo para dar validez a las consultas.

Rubalcaba: «España no puede negar la decisión de un Parlamento»
MARÍA JESÚS CAÑIZARES | BARCELONA ABC 3 Septiembre 2009

El Gobierno ha tomado nota del mensaje lanzado por el PSC el pasado lunes, según el cual, un hipotético recorte del Estatuto vía Tribunal Constitucional supondría un fracaso para el PSOE, pues según recuerdan los socialistas catalanes, el texto fue fruto del pacto entre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de CiU, Artur Mas. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió ayer de que «lo que España no puede hacer es negar la decisión de un Parlamento democrático», en alusión a la aprobación del Estatuto en la Cámara catalana, y expresó su convencimiento de que este texto es plenamente constitucional.

Planes B
De esta forma, el dirigente socialista se suma a los lamentos preventivos sobre un fallo judicial que todavía no se ha dictado, pero que ha generado un alud de peticiones de planes B cuyo máximo exponente fue la propuesta de movilización en la calle del vicepresidente Josep Lluís Carod-Rovira antes de que el TC emita su resolución -el sindicato de funcionarios Manos Limpias le ha denunciado ante la Fiscalía por supuesta coacción-. Las palabras del republicano fueron interpretadas por asociaciones de jueces y la oposición como un ejercicio de presión al alto tribunal, algo que ahora el PP achaca al propio Rubalcaba.

«Yo creo en ese Estatuto, creo que es constitucional y creo que recoge un hecho que además es políticamente relevante. Lo que España no puede hacer es negar la decisión de un parlamento democrático elegido por los catalanes», dijo el ministro en declaraciones a Punto Radio.

Preguntado sobre la definición de nación para Cataluña, el ministro explicó que «en el preámbulo del texto, que no tiene carácter normativo, dice una cosa que es una descripción de un hecho y es que el Parlamento de Cataluña en su momento se definió como nación, cosa que es tan cierta como que lo hizo, lo votó. Eso no significa más que el reconocimiento de un hecho». No obstante, el ministro matizó que acataría la decisión del Constitucional en caso de que dictaminase que esa definición de nación es inconstitucional. Aseguró no estar de acuerdo con la postura de miembros del PSC que advirtieron al Ejecutivo de que mantendría competencias al margen de un posible sentencia desfavorable del TC. «Es una declaración que no comparto, que no es excesivamente afortunada y esa formación incluye al primer tribunal del país», dijo Rubalcaba, quien lamentó «el juego de declaraciones para ver quién declara más fuerte sobre algo que está todavía discutiéndose. «¿No parece más razonable esperar a ver qué pasa?, se preguntó. El Gobierno tripartito está dispuesto, además, a intensificar el desarrollo estatutario y replantear el pacto entre Cataluña y el Estado si hay fallo adverso.

Precisamente ayer, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se refirió a la futura sentencia del TC y aseguró que los miembros del PP mantendrán una posición de «respeto y acatamiento» a lo que dictamine el Alto Tribunal.

«No se puede presionar de ninguna manera» a los magistrados del TC, dijo Rajoy, quien no obstante, expresó su sorpresa por el hecho de que, tres años después de haberse presentado el recurso contra el citado estatuto, el Constitucional aún no se haya pronunciado. Ciutadans cree que Alfredo Pérez Rubalcaba está presionando al TC y le aconsejó que se calle.

LE ACUSA DE "DESPRECIAR" A LAS VÍCTIMAS
Moris recurre la decisión de Velasco de no investigar los explosivos del 11-M
Gabriel Moris, padre de una de las víctimas del 11-M y ex vicepresidente de la AVT, ha recurrido la decisión del juez Velasco de no hacer más pruebas sobre los explosivos para determinar qué estalló en los trenes. También lamenta algunas de las afirmaciones del juez en su auto.
LIBERTAD DIGITAL 3 Septiembre 2009

Según informa El Mundo, Gabriel Moris ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal para que el juez Eloy Velasco revoque su decisión de no hacer más pruebas sobre los explosivos del 11-M.

En el recurso, los abogados de Moris, Manuel Rubio y Juan Carlos Rodríguez Segura, acusan al juez de hacer un "totum revolutum del iter de los acontecimientos" y de no haber contestado "al fondo de lo que se plantea". Además, consideran que algunas de las afirmaciones de Velasco en su auto, considerando que no se puede practicar cualquier prueba "por mucha que sea la impotencia", supone un "desprecio hacia las víctimas que buscan la justicia, la investigación y la verdad".

Moris y sus abogados recuerdan que es muy frecuente la reapertura de casos en la Audiencia Nacional y no entienden que ahora se les diga que es demasiado tarde pedir nuevas pruebas cuando se lo habían denegado antes por no haber sentencia firme. Además, sostienen que han aparecido elementos nuevos que pueden justificar la reapertura de la investigación, como las fotos de policías recogiendo muestras que no llegaron al juez.
Lamentan también que la decisión llegara en pleno agosto, lo que habría evitado un recurso con garantías y concluyen el escrito afirmando que "las víctimas no se rendirán". Prometen continuar en su intento de acercarse, "si no a la justicia, sí a la verdad".

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El matonismo etarra, de héroes a villanos
ROBERTO LERTXUNDI, SENADOR POR EUSKADI, El Correo 3 Septiembre 2009

El Gobierno vasco socialista, con la colaboración del PP y la comprensión de la más amplia mayoría del país, se ha propuesto una política de 'tolerancia cero' con el contexto terrorista, convencidos de que 'terrorismo sin entorno' no es nada, es perfectamente digerible por una sociedad democrática consolidada como la nuestra.

La grapización etarra es un objetivo estratégico, siguiendo el camino que se recorrió en su día con la Brigatte Rose, el grupo Baader-Meinhof o los iluminados de Sendero Luminoso. Esa es la alternativa que le queda a ETA, incapaz de haber abierto la otra vía, la del Ira-Sinn Fein, demostración de su miedo a la política, a someterse al juego democrático, a ser juzgada, votada o rechazada por la ciudadanía.

En esa vía la reducción del entorno es decisiva para el aislamiento etarra, cortando el apoyo, suministro y acceso de nuevos jóvenes.

Esto, en mi opinión, resulta tan importante como la eficacia policial. Constituye la vía política, la acción de los políticos rompiendo así el falso dilema entre acción política y policial. La deslegitimación de los matones etarras, su reducción a delincuentes con pistola requiere una acción política sostenida, una actuación didáctica, educativa, basada en un amplio consenso y sostenida con firmeza, sin pasos atrás.

En este sentido, el tema de 'la calle' resulta decisivo. Desde aquella provocadora actitud de los años 70 del todavía hoy político en activo (¡qué vergüenza!) Manuel Fraga, que quería la calle como propiedad privada del Ministerio de Gobernación («la calle es mía»), se pasó en las décadas posteriores a la cesión, de hecho, de espacios públicos a los etarras y sus colegas en muchos de nuestros pueblos y ciudades .

La neutralización de la calle, los espacios públicos como lugares de encuentro de toda la población, resulta básica en esa línea de deslegitimación social de los etarras. Que ninguna pared, ninguna farola, ningún elemento del mobiliario urbano facilite la glorificación de esta gente. No es una cuestión de cantidad («hay más fotos que nunca», Egibar dixit con cierto absurdo regocijo), sino de calidad, es algo esencial. El objetivo es evidente: restar apoyos, cortar las vías de acceso, disminuir la liturgia etarra, y de paso reconfortar a las víctimas y a toda la gente decente.

Que los etarras pasen de ser considerados unos héroes, con 'territorios ocupados', a lo que en realidad son: unos matones, unos chulos en muchos casos descerebrados, con una ideología simplista y trasnochada, basada en un argumentario que no resiste cinco minutos de discusión. Con auténtico pánico a someterse al juicio democrático, a la opinión de la ciudadanía. Su temor al pueblo es insuperable, la política les aterra.

La reducción del entorno, el esfuerzo educativo, la exposición y análisis de la trayectoria etarra de estos 50 años requiere simultáneamente una capacidad de recuperación para la política, para la acción democrática, de muchas de las personas, corrientes o grupos que en su día formaron parte del planeta-ETA. Los fenómenos como Euskadiko Ezkerra en su época, o la potenciación actual de Aralar, son en mi opinión ejemplos valiosos, son el camino a seguir y constituyen, de hecho, las principales líneas de reducción de la influencia social etarra.

Disminuir el entorno, cortar los cordones umbilicales, requiere, además de firmeza y paciencia, mucha finura. Separar siempre el trigo de la paja, no repetir equivocaciones del pasado y en particular no olvidar hasta qué punto la política en tiempos de Aznar de identificación de nacionalismo y terrorismo fortaleció el mundillo etarra.

La política de 'trazo grueso' (todos son iguales...) en esta materia debe desterrarse. No por tener amigos, familiares, o gente cercana que haya sido etarra, tal o cual persona debe ser tildada como parte de su ámbito. Esto, que ha ocurrido, por ejemplo, con la txupinera bilbaina, puede ser un error de bulto. El parentesco no significa, sin más, lazos orgánicos. Apañados estaríamos en Euskadi donde rara es la familia o cuadrilla de amigos en la que no haya habido un miembro de la organización, incluida la del que esto suscribe.

La historia reciente de Euskadi, desde el antifranquismo hasta la actualidad, ha estado entreverada de una presencia etarra transversal, un poco por todas partes. Aceptar esto y razonarlo resulta decisivo para abordar el proceso de su marginación. Romper su fuerza significa entrar en su entramado social, en su red de complicidades. Nada ha hecho tanto daño a ETA como en su día los polimilis, o los citados EE y Aralar.

Aislar, separar, reducir, marginar, significa recuperar entorno, ir ganando terreno en el amplio entramado que ellos siempre han considerado impermeable a las ideas democráticas.

La batalla está claramente planteada por la consejería de Interior del Gobierno Vasco, y se merece el más amplio respaldo popular. Es una estrategia muy clara, que la puede entender todo el mundo y que, aplicada con inteligencia (mano firme y guante de seda) puede alcanzar sus objetivos en plazos más cortos de los antes nunca imaginados.

¿El Síndic por el bilingüismo?
alex.salmon@elmundo.es
ÁLEX SÀLMON - EL MUNDO 3 Septiembre 2009

UNO YA ESTÁ VACUNADO ante cualquier sorpresa que nos dé la política. Para lo bueno y lo malo. Demasiadas veces lo que pensábamos que iba en serio no era si no que otra broma, y otras, cuando la sonrisa deja entrever alguna mentira, nos encontrábamos ante una verdad como un templo. Pocas, por cierto. Ahora, dice el Síndic de Greuges que la Administración debe amparar y defender el pluralismo lingüístico para que nadie se sienta discriminado por razones de lengua. No tenemos a Rafael Ribó como un gran bilingüista. Su pasado siempre ha sido respetuoso pero inclinado y amigo de todo lo que se llamara inmersión. Fue uno de sus impulsores. Sin embargo, el Código de Buenas Prácticas Administrativas elaborado por esta institución deja muy claro que un ciudadano que se dirija en castellano debe ser respondido en castellano y uno en catalán, pues en catalán. De una lógica aplastante. Ahora sólo queda que hagan lo mismo en los centros escolares. Y eso no es para nada un chiste.

El Síndic pide a la Generalitat que sea bilingüe

Rafael Ribó introduce esa petición en un Código de Buenas Prácticas para la Administración
ORIOL FERNÁNDEZ - EL MUNDO 3 Septiembre 2009

«La Administración tiene que garantizar el uso de cualquiera de las lenguas oficiales en las relaciones con los ciudadanos», reza el Codigo de Buenas Prácticas Administrativas elaborado por el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, quien se lo entregó ayer al president del Parlament, Ernest Benach. El documento añade que «la Administración debe amparar y defender el pluralismo, sin que nadie pueda ser discriminado por razones de lengua», en un claro alegato por el bilingüismo en las instituciones públicas.

No obstante, el mismo texto defiende la potestad de cada administración para «exigir» a su personal la capacitación lingüística, oral y escrita, «suficiente en las lenguas oficiales», que lo haga apto para el cumplimiento de las funciones propias de su puesto de trabajo. Y considera que los organismos públicos deberán «disponer de todas las traducciones oportunas para que las personas puedan recibir sin dilación la documentación que soliciten en el idioma escogido, a pesar de la validez jurídica de las actuaciones hechas en Cataluña en las lenguas oficiales».

En este sentido, según su opinión, también se deberá valorar el conocimiento del occitano en los procesos de selección y provisión de plazas en la Vall d'Aran.

Ribó presentó ayer en rueda de prensa el texto poco después de entregárselo a Benach. El texto nace con la expectativa de ser revisado anualmente y contiene una síntesis de la experiencia de la labor del Síndic de Greuges desde la creación de esta figura política hace 25 años.

La defensa de los derechos lingüísticos de los ciudadanos es, de hecho, uno de los 17 principios que recoge el nuevo Código de Buenas Prácticas Administrativas con el que el defensor del pueblo pretende mejorar el servicio y el trato que se les presta a los ciudadanos.

Este código se ha elaborado porque el Estatut encarga al Síndic de Greuges en su artículo 78 que defienda el derecho a la buena administración. El derecho a ser escuchado, a ser atendido con cortesía, a ser indemnizado en caso de lesiones o a participar en asuntos públicos son algunos otros de los principios que trata el documento.

El Síndic también insta a los organismos públicos a respetar el principio de igualdad y no discriminación, a conciliar el interés general con el de los particulares, a que las administraciones no hagan un uso abusivo de su poder, a ser imparcial e independiente con sus actuaciones a informar de manera clara al ciudadano y a actuar con eficacia.

Ribó, que destacó la «buena receptividad» de Benach al documento, aseguró que una buena administración es aquella que «informa, escucha, responde, actúa de forma transparente, gestiona con rigor, impulsa la participación de los ciudadanos y asume plenamente sus responsabilidades».

En su opinión, la mala praxis por parte de las administraciones es el primer motivo de queja de los catalanes. Además de cumplir la legalidad, las administraciones han de ser conscientes de que son servidoras de las personas y deberían poner al ciudadano en el centro de su actividad.

Puso como ejemplo de malas prácticas la falta de información o la tardanza de los organismos públicos en responder a los ciudadanos en una valoración de dependencia o el tiempo que algunos ciudadanos tienen que pasar en una comisaría de Mossos d'Esquadra de esquadra para exponer los hechos y tramitar una denuncia.

Según el defensor del pueblo de Cataluña, el texto será remitido durante los próximos días a la Generalitat, a los Ayuntamientos, Consells Comarcals y Diputaciones para que las diferentes administraciones tengan en cuenta estas pautas para atender a los ciutadanos.

Ribó, a favor de las lenguas oficiales
ORIOL FERNÁNDEZ - EL MUNDO 3 Septiembre 2009

- «La administración garantizará el uso de las lenguas oficiales en las relaciones con los ciudadanos», reza el Código de Buenas Prácticas administrativas redactado por el Síndic de Greuges y que se repartirá durante los próximos días a ayuntamientos, consejos comarcales y a las diputaciones.

El texto añade que «la Administración debe amparar y defender el pluralismo, sin que nadie pueda ser discriminado por razones de lengua».

- Es necesario que las administraciones dispongan de las «traducciones oportunas para que las personas reciban sin dilación la documentación que soliciten en el idioma escogido».

- El Síndic considera en el código de buenas prácticas que la Generalitat puede decidir quién es apto para trabajar en la Administración por su capacidad oral y lingüística en una lengua oficial.

El catalán y la Constitución: todo en juego
JORDI FONT El País 3 Septiembre 2009

Algunos altavoces estridentes vienen propagando una supuesta posición de desventaja del castellano en Cataluña. Cualquier observador ecuánime sobre el terreno sabe que ello no se corresponde con la realidad. Aunque también es cierto que las mentiras, debidamente repetidas, son tomadas por verdades y resultan muy eficaces a los fines perseguidos. Por ello, es importante recelar de las sobreactuaciones y tratar de desvelar lo que esconden. Más aún cuando los estados de opinión que intentan generar pueden incidir en algunas decisiones difícilmente reversibles, como ocurre ahora mismo en el compás de espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto.

Todas las mediciones y encuestas -académicas, periodísticas o gubernamentales- ponen de manifiesto lo mismo: la inercia predominante del castellano y la dificultad del catalán por recuperar terreno. Por otro lado, es evidente que la finalidad real de las desinformaciones divulgadas no es otra que deslegitimar la interpretación constitucional que ha primado hasta hoy y promover otra de signo inverso, que condenaría al catalán a una posición de inferioridad legal insalvable.

Veamos. Cuando los constituyentes catalanes asumieron que la lengua catalana sería oficial en Cataluña, como el castellano lo sería en toda España, entendieron que ello comportaba para la lengua catalana, como ocurría con la oficialidad de la lengua castellana, "el deber de conocerla y el derecho de usarla", con lo cual se establecía la equiparación jurídica de ambas en Cataluña.

Sobre esta base, se construyó el modelo lingüístico catalán, mediante el cual se ha garantizado hasta ahora que todos los alumnos acaben sus estudios obligatorios dominando ambas lenguas, con mecanismos de atención en "la lengua habitual" de quienes lo solicitan, pero sin que ello divida a la población escolar por razón de lengua y garantizandoque toda la población escolar, sea cual fuere la realidad sociolingüística de partida, pueda progresar hacia el pleno dominio del catalán como del castellano. Un modelo que ha obtenido un amplio consenso social en Cataluña y que ha sido ensalzado por los máximos expertos en el plano internacional.

Este modelo trataba de servir a dos finalidades fundamentales, vitales, para Cataluña, contra las cuales no había pacto constituyente posible. Por una parte, trataba de recuperar al catalán del grave intento de liquidación de que había sido objeto desde el siglo XVIII y muy especialmente durante el franquismo, objetivo que, a pesar de los avances conseguidos, queda todavía lejos. Y, por otra parte, trataba de establecer una condición clave para la convivencia y la unidad civil del pueblo catalán: la "escuela común", frente a la hipótesis de una doble red escolar que segregara a los alumnos por razón de lengua. Al respecto, merece la pena señalar que, en un principio, no había consenso en el Parlamento catalán. Alianza Popular estaba por lo segundo, y también lo estaba un cierto "nacionalismo catalán" deseoso de escuelas sólo en catalán, sin mácula de castellano. Una vez más, los extremos se tocaron. Fue la posición del socialismo catalán y del entonces PSUC la que forzó el establecimiento de la "escuela común" en la ley de la lengua de 1983, asumida finalmente por una amplísima mayoría de la Cámara.

En el Estatuto catalán de 1979 se había explicitado ya la mencionada interpretación constitucional: "La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de ambos idiomas, tomará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y creará las condiciones que permitan llegar a su igualdad plena en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña". Se trataba del "deber de conocer y el derecho de usar" constitucional, referido ahora de manera explícita a las dos lenguas, esa condición que les confería igualdad jurídica en Cataluña y que tenía que ser decisiva contra la doble red escolar y en favor de la voluntad integradora de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña, de nacimiento como de opción. El Estatuto de 2006 ha redundado en la misma dirección, de manera más clara si cabe. Dice sobre las dos lenguas que "los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho y el deber de conocerlas. (...) No puede haber discriminación por el uso de cualquiera de ambas lenguas".

La propaganda sobre la supuesta posición de inferioridad del castellano en Cataluña trata, en realidad, de legitimar una interpretación constitucional regresiva, que refiera "el deber de conocer" exclusivamente al castellano, rompiendo la equiparación legal de ambas lenguas en Cataluña. Es decir, propugnando una juridicidad de "nueva planta" que sitúe al castellano en posición de privilegio legal frente al catalán. De ese modo, siendo que la oficialidad del catalán no supondría deber alguno de conocerlo, podría enmendarse finalmente el camino andado y propiciar escuelas sólo en castellano (única lengua obligatoria), panacea ésta del neo-lerouxismo siempre latente y hasta ahora fracasado.

Semejante deriva no atentaría sólo contra el Estatuto de 2006, sino contra el Estatuto de 1979 y contra el espíritu de los constituyentes catalanes de 1978, sobre cuya base se ha construido el modelo lingüístico vigente durante 30 años. Y, con ello, se derrumbaría la pared maestra que fundamenta la recuperación del catalán y la unidad civil del pueblo de Cataluña. Ni más ni menos.

Jordi Font es director de l'Institut del Teatre de Barcelona y ha sido secretario de Cultura del PSC.

 

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