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Recortes de Prensa    Sábado 5 Septiembre 2009

 

Lo que dijo Rubalcaba
JUAN MANUEL DE PRADA ABC 5 Septiembre 2009

Inquirido ante los micrófonos de Punto Radio por la esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, el ministro Rubalcaba respondió literalmente: «Lo que España no puede negar es la decisión democrática de un parlamento elegido por los catalanes». Luego el ministro ha tratado de enturbiar el sentido originario de sus palabras según la conocida estrategia del calamar, que consiste en huir dejando a su paso una nube confundidora. Pero del análisis meramente semántico de la frase se desprenden dos certezas:

1) El ministro contrapone dos ámbitos decisorios, España y Cataluña, reservando para el primero ese carácter represor e impositivo tan del gusto del victimismo nacionalista;

y 2) El ministro, al decir «España», usa una metonimia de intención eufemística, para que la enormidad que desliza pase inadvertida, como en efecto ha ocurrido para la mayoría de los exegetas, que se han limitado a detectar en sus palabras «una presión política» al Tribunal. Cuando lo que el Rubalcaba está sugiriendo es algo infinitamente más grave.

Rubalcaba dice «España» para evitar la designación expresa de «Tribunal Constitucional»; pero el uso de la palabra «España» no es gratuito, pues en efecto el Tribunal Constitucional es la instancia de más alto rango del poder judicial, que como los poderes legislativo y judicial emana del pueblo y representa la soberanía nacional; y que, además, tiene como misión controlar a los otros dos poderes. Y es, precisamente, esta misión inalienable de control lo que Rubalcaba ataca con su frase, que traducida al román paladino quiere decir: «¿Cómo es posible que unos jueces se atrevan a cuestionar lo que ha sido votado en referéndum por la «ciudadanía» (así llaman los políticos al pueblo convertido en rebaño) y refrendado por una mayoría parlamentaria?». Este cuestionamiento del poder judicial, que ya no sería un poder soberano, emanado del pueblo, sino un poder vicario o subalterno, sometido a los otros poderes, no es -como bobaliconamente se repite- una «presión política» sobre los jueces; es una desautorización en toda regla de nuestro marco constitucional, consecuencia clamorosa de la degeneración rampante de la democracia. O de su conversión en una tiranía; en este caso, una tiranía disfrazada de «divinización de la mayoría», que es la coartada populista que utiliza el poder para sustraerse al control de sus excesos.

En épocas pretéritas, el poder sorteaba los controles mediante el mero ejercicio del autoritarismo. En esta fase democrática de la historia trata de sortearlos apelando a la fuerza presuntamente inatacable de lo que, con amable cinismo, llama «decisiones democráticas»; y, para que su intención de sortear los controles pase inadvertida, la disfraza apelando a las «mayorías», en un intento de adular a la plebe, a la que subrepticiamente se le desliza este mensaje falaz: «Nadie puede cuestionar vuestras decisiones, de las que nosotros somos representantes legítimos». Pero la verdad es que tales decisiones pueden ser cuestionadas, pueden ser rectificadas y aún revocadas por los jueces; no sólo pueden serlo, sino que necesariamente tienen que serlo, puesto que esa es su misión inalienable. En una primera etapa de corrupción de la democracia, se trataba de «presionar» a los jueces, convirtiéndolos en lacayos del poder ejecutivo; pero como siempre queda algún juez que numantinamente se resiste a la tropelía, se recurre a una nueva estrategia, sólo concebible en una ambiente generalizado de «rebelión de las masas», que consiste en adularlas como a chiquilines caprichosos, haciéndoles creer que lo que se decida por mayoría nadie puede discutirlo, ni siquiera los jueces. Esta aberración o enormidad es lo que ha defendido con desparpajo y avilantez el ministro Rubalcaba, a ver si nos enteramos.
www.juanmanueldeprada.com

Guerra y paz
IGNACIO CAMACHO ABC 5 Septiembre 2009

BATALLAS, tiroteos y muertos, aunque sea en una guerra cuantos menos mejor, pero si ha de haberlos más vale que las bajas se produzcan en el bando contrario. Así que ante lo ocurrido en Afganistán convendría que nuestra clase política aparcase por un momento sus disputas semánticas sobre el peculiar concepto de misión de pazzzzzzz que tiene el Gobierno y rindiese homenaje a los militares españoles que han sabido combatir con eficacia bastante para darle su merecido a la partida de cabrones que les había preparado una encerrona sin reparar en el carácter benéfico de la alianza de civilizaciones. Lo que procede es colgarles cuanto antes a esos soldados una medalla al valor o al mérito en combate, si es que todavía existen esos conceptos en las ordenanzas de nuestro pacifista Ejército, y que la ministra de defensa o el presidente, o ambos, glosen la acción en tiempo y forma con palabras nobles y agradecidas, aunque para ello tengan que vacunarse contra la alergia. Trece muertos a manos propias deben de producir un intenso shock de repugnancia emocional a nuestros seráficos gobernantes, pero ya pueden respirar de alivio porque en el toma y daca les haya tocado palmar a los talibanes porque si llegan a finar los nuestros en este momento estaría descargando sobre la política española una peligrosa tormenta de crispación y emotividad acompañada de rayos y truenos. Así que ya tarda el Gobierno en ir a dar ánimos a las tropas que al no dejarse matar lo han sacado de un atolladero imprevisible.

Porque al fondo de esta historia se mueve un océano de disimulos y contradicciones. La primera, que el poder se ha empeñado en edulcorar de conceptos retóricos -reconstrucción humanitaria, ayuda a las elecciones- la evidencia de nuestra participación en la guerra afgana, por mala conciencia de sumisión a los Estados Unidos o por dificultad de discernirla de la de Irak, de la que por cierto salimos pitando tras una escaramuza -en Diwaniya- como la del jueves. La segunda es que todo lo que tiene que ver con las armas produce en el zapaterismo una incomodidad turbadora e inmanejable que le sitúa ante dilemas éticos, ideológicos y de responsabilidad. La tercera consiste en el pecado de origen de este Gobierno, que fue la utilización política del conflicto iraquí, y ante episodios como éste se le aparecen los fantasmas de familia agitados por una oposición que sufrió aquella manipulación torticera. Y la cuarta la determina el choque patente entre la doctrina del apaciguamiento y la poco apaciguadora actitud de los que deberían sentirse apaciguados. El resultado de todo eso es un brete político en el que le toca sufrir la zozobra que antes repartió y tragarse ahora los sapos que sirvió para desayunar al adversario.

Y ello aun a pesar de que aún tiene una ventaja: que las pancartas del «no a la guerra» yacen en el desván donde la izquierda guarda sus dobles raseros.

España en la guerra de Afganistán
Opinión ABC 5 Septiembre 2009

A la vista de los últimos acontecimientos en Afganistán, la primera lección que los gobiernos occidentales -y entre ellos el español- deben tomarse en serio es la de llamar a las cosas por su nombre y olvidarse de una vez de circunloquios y eufemismos: en Afganistán estamos en guerra, es decir, España participa en una guerra con todas sus letras. Sólo los que son capaces de reconocer abiertamente los problemas sabrán encontrar las soluciones adecuadas, pero hasta ahora hemos perdido demasiado tiempo tratando de encubrir la realidad bajo todo tipo de reticencias. Si seguimos pensando que lo que hace allí el Ejército es una inocente misión de reconstrucción y de cooperación civil, no será posible establecer una estrategia adecuada a una realidad en la que los militares se ven implicados, de forma cada vez más abierta y comprometida, en combates directos con los insurgentes talibanes.

Por desgracia, hasta ahora la opinión pública occidental ha estado anestesiada por la descripción deliberada de un contexto que no se correspondía con la realidad, y en estos momentos coincide la desastrosa combinación de la degradación de la situación militar con la fatiga de las sociedades a las que se dijo que todo lo que había que hacer en aquel país de Asia Central era supervisar un proceso de reconstrucción poco más o menos ganado de antemano. En el contexto de la división sobre la guerra de Irak, los adversarios de la Administración Bush quisieron ver en Afganistán una alternativa emblemática en la que se reflejaban sus ambiciones de demostrar que el entonces presidente norteamericano y quienes le apoyaban estaban equivocados, pero utilizaron para ello un caso que se ha vuelto en contra de su estrategia. Ahora es doblemente difícil convencer a los ciudadanos de que hay que seguir manteniendo el esfuerzo militar en Afganistán, precisamente cuando es más necesario hacerlo. Muchos se preguntarán ahora, y con razón, si después de una elección presidencial plagada de irregularidades es razonable que los soldados españoles se jueguen la vida para apuntalar un régimen cuya legitimidad puede ser puesta en duda. Casos como el de las muertes de civiles en el bombardeo de los camiones-cisterna robados por los talibanes no contribuyen tampoco a que la población afgana mire con simpatía a los soldados de la OTAN.

Pese a todo, la alternativa de un abandono precipitado de Afganistán por parte de las fuerzas aliadas sigue siendo la peor de las opciones. El anuncio de la ministra de Defensa, Carme Chacón, de que España puede aumentar el número de sus efectivos es una decisión acertada, y lo sería aún más si viene acompañada de más medios técnicos para que puedan cumplir sus funciones con todas las garantías: más helicópteros, más vehículos blindados y todos los elementos disponibles para mejorar su capacidad de inteligencia. En este caso se trata, además, de una decisión eminentemente ejecutiva, que le corresponde al presidente del Gobierno como responsable de la política militar. Lo que tiene que explicar en el Congreso no es cuántos soldados van a Afganistán, sino reconocer de una vez que van a una guerra.

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Mus, txuletón y bombas
EDURNE URIARTE ABC 5 Septiembre 2009

He visto algún gesto de incredulidad, incluso de cachondeo, ante la prohibición del mus del juez Grande-Marlaska. Y de la comida popular y del torneo de fútbol-7 de Hernani. Pues menos asombro y cachondeo porque así se hace enaltecimiento del terrorismo todos los días en el País Vasco. Mucho más que en los mítines. Y, afortunadamente, Marlaska lo sabe y no le tiembla la mano para intervenir en el corazón del sostenimiento social de ETA.

Lo único asombroso y muy poco divertido es lo que se ha tardado en combatir esa legitimación terrorista en la vida cotidiana. José Mari Calleja explicó muy bien en qué consistía en aquel su estupendo libro «Arriba Euskadi» (2001). También fue Calleja quien popularizó la expresión «Y otra de kokotxas...» para resumir la indiferencia social ante el terror. Y es que en el País Vasco todo se celebra con alguna comilona, también el crimen. En Hernani, probablemente, con chuletón, o txuletón en lenguaje borroka, más popular que las kokotxas. Antes, el fútbol, luego, el mus, y durante y después, los vivas habituales a ETA y sus asesinos. Y que siga la fiesta.

Lo que explica el mantenimiento del apoyo a Batasuna, o los preocupantes datos sobre jóvenes y terrorismo del último informe del defensor del pueblo vasco, todo eso que los buenistas o, simplemente, parte de la izquierda, dicen que hay que integrar. Porque son muchos, porque están por todas partes, porque la simpatía por ETA es de lo más común, porque no deben de ser tan malvados esos tipos tan normales que juegan al mus, se zampan el txuletón y defienden a sus queridos terroristas.

Tan normales y tan corrientes que hemos llegado a 2009 y aún dominan la calle. A falta de suficientes Marlaskas y de un nuevo Gobierno vasco como éste que conoce muy bien el mus etarra y se dispone a acabar con la tradicional fiesta criminal.

Negreira insta al diálogo a Losada en el debate sobre el topónimo coruñés
PILAR FUSTES | LA CORUÑA ABC 5 Septiembre 2009

La posible cooficialidad de los términos «La Coruña» y «A Coruña» como topónimos de la ciudad herculina ha vuelto a ser centro de polémica en los últimos días. El portavoz popular en el gobierno local, Carlos Negreira, retomó el caballo de batalla e instó al regidor coruñés, Javier Losada, al diálogo con el fin de solucionar este tema.

Así, Negreira reiteró el interés por parte de la Xunta y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, por «revisar» esta cuestión y «permitir» la cooficialidad del topónimo en gallego y castellano. Por este motivo, el popular considera que la solución pasa por «sentarse» con los socialistas y elaborar una «iniciativa conjunta» para su posterior presentación al Parlamento gallego.

«De esta sencilla forma, los coruñeses recuperan su libertad de escoger entre La Coruña y A Coruña», sentenció Negreira. A la vista de las intenciones del concejal del PP, el alcalde coruñés le reclamó que deje de «cachondearse» de los coruñeses con sus manifestaciones sobre el nombre de la urbe y, evitando hacer más declaraciones sobre el tema, pidió «respeto» hacia los ciudadanos. En este sentido, Negreira acusó al equipo liderado por Losada de estar sometido a la «imposición lingüística del BNG» y recordó que, ya en 2008, el PP publicó una carta en la que razonaba que «el 20 por ciento de los votos» de los nacionalistas no pueden «imponer su criterio al 80 por ciento» restante del PSOE y del PP.

«Voto extremista»
Lejos de mantenerse al margen en la disputa, el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, entraba en la disputa con los populares afirmando que la propuesta de cooficialidad del topónimo es una artimaña para captar «votos de los más extremistas»; algo en lo que era «experto» el ex regidor socialista Francisco Vázquez, ahora, embajador en el Vaticano, puntualizó el líder nacionalista.

Cuestionado sobre la iniciativa de acuerdo en el nombre oficial de La Coruña, Guillerme Vázquez aseveró que «los coruñeses tienen otras preocupaciones más importantes» que incluir la «L» de coche «en prácticas» en el topónimo de su ciudad. En la misma línea, declaró que «los turistas llegan perfectamente a A Coruña, igual que llegan a London, y no se pierden». Y calificó de «patético» que políticos locales lleguen al Congreso y transformen el topónimo, cuando otros foráneos de Galicia «son capaces» de decirlo en su forma oficial.

A pesar de dichas estimaciones, Negreira afirmó que el tema es «una cuestión que está en la cartera del PP» ya que, en palabras del popular, «nuestro compromiso es crear espacios de libertad».

El debate regresó a la palestra cuando, a principios de semana, la Xunta de Galicia confirmó al Grupo Parlamentario del PSdeG que «no prevé modificar» el uso de los topónimos en gallego, en una respuesta formalizada a finales del mes de julio a una pregunta formulada por la diputada socialista, Mar Barcón.

Tras esta constatación, Barcón acusó a Negreira de «mentir» en relación al cambio de la nomenclatura de la urbe herculina con la llegada del PP al Ejecutivo autonómico. Por su parte, el líder del PP en la ciudad herculina atribuyó esta acusación al «nerviosismo» de la diputada socialista por la celebración de los próximos congresos provinciales del PSdeG y le recomendó que «debería templarse».
 

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