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Recortes de Prensa    Domingo 6 Septiembre 2009

 

El paraíso de las improvisaciones
GERMÁN YANKE ABC 6 Septiembre 2009

Estamos en guerra, no hay duda, porque lo de Afganistán, por lejos que esté y por limitada que sea nuestra presencia, es una guerra que poco tiene que ver con las «misiones humanitarias». Estamos, además, ante una crisis institucional grave porque se preparan respuestas a una hipotética sentencia del TC contra algunos contenidos del Estatuto de Cataluña que se oponen al sistema constitucional y democrático. Estamos sumergidos en el desorden competencial e incluso del mismo concepto del Estado de las Autonomías. De un lado, la presión de algunos gobiernos regionales cuela una suerte de veto a las políticas generales y establece autonomías de primera y de segunda. De otro, se les endosan gastos de decisiones del Gobierno al tiempo que se elimina del mapa cualquier atisbo de responsabilidad fiscal. Y estamos ante la más descomunal crisis económica. Una crisis que descalabra las previsiones, que afecta a empresas y familias, y que ha puesto de manifiesto que la «burbuja» no era sólo inmobiliaria, sino que la ficción estadística incluía el sistema laboral, la competitividad, las cuentas públicas y el marco de nuestra economía.

Para comenzar el curso no está nada mal, aunque el Gobierno, en vez de ponerse de lado e improvisar de vez en cuando, como si aún estuviera en el paraíso (recordemos aquel verano de 2007 en el que Zapatero nos garantizaba que la crisis no llegaría a España), debería enfrentarse a todas estas cuestiones.

Los honores son importantes, pero en Afganistán, la situación bélica va más allá de las condecoraciones incluso del aumento de tropas que ya se estudia. El tipo de presencia española en aquel país tenía que haber sido pensado con más antelación y detalle: tanto el número de soldados como sus dotaciones, asunto en el que se ha ido siempre tras los acontecimientos luctuosos. El presidente parece tener más urgencia en establecer doctrinas para cuando le corresponda a España la Presidencia europea, asunto en el que las competencias serán para la Unión tan escasas como ahora, que a la situación de las tropas españolas. Incluso desde el punto de vista político nuestro país no tiene el impulso diplomático que otras naciones europeas han desplegado en los últimos meses.

La organización del Estado está enferma y, en Cataluña, entre distinguidos militantes socialistas y sus socios, se escuchan planteamientos teóricos y prácticos que suponen una fractura del sistema constitucional y que convierten al PNV en un grupo de moderados. La sentencia del TC sobre el Estatuto es aún desconocida, pero se impone la tesis de que una hipotética «voluntad popular» no tiene por qué ajustarse al principio de legalidad y otra vez la improvisación en un cambalache entre el Gobierno central y los regionales que ni prevé las consecuencias ni va más allá de una imaginativa, pero perniciosa, contabilidad para salvar la cara unos cuantos meses. Al presidente y a su cohorte les parece que es suficiente achacar al PP la falsa acusación de que España se rompe. Pero este reproche no responde al problema que es el correcto funcionamiento del Estado y del sistema constitucional y que no se consigue callando ante las barbaridades ni improvisando para anestesiarlo. Ayer dijo Zapatero que espera un siglo XXI armonioso y pacífico, como si fuese una grosería recordarle que deberían funcionar las cosas.

Y qué decir de la economía. La lista de balbuceos, globos sonda, parches insuficientes, reparto de responsabilidades para no asumir ninguna es escandalosa. Lo es para los problemas coyunturales y para nuestras antiguas deficiencias que o se niegan o no se quieren afrontar con la razonable contundencia que se requiere. Si sólo se pone la mirada en la reunión del G-20 es porque se quiere dar la impresión de que en España se hace lo que se está haciendo en todo el mundo. Pero lo que no hemos hecho son los deberes.

Encrucijada fiscal
Opinión ABC 6 Septiembre 2009

LAS improvisaciones y las ocurrencias, señas de identidad de un Ejecutivo sin rumbo, resultan especialmente peligrosas en época de crisis. La pésima gestión del Gobierno en materia de política económica ha generado un déficit en las cuentas públicas que se pretende ahora reducir bajo la fórmula habitual del «como sea». Llevamos así varios meses de idas y venidas, mientras los responsables del PSOE emiten mensajes contradictorios en forma de «globos-sonda» sobre la eventual subida de los impuestos. La última moda apunta al incremento de la fiscalidad del ahorro, una vez desestimada la subida del IRPF por su incidencia directa sobre potenciales clientes políticos. Parece que el Gobierno ha decidido que las clases medias paguen las facturas del despilfarro y de la incapacidad para generar confianza en una sociedad que no consigue ver la luz al final del túnel. Resulta particularmente irritante la retórica que acompaña a esta nueva prueba del desbarajuste gubernamental. Un día alguien habla de subir impuestos a los «ricos»; poco después, otros cuantifican en qué consiste esa supuesta riqueza, y, por último, ya no se dice que son ricos, pero se les reclama una contribución «extraordinaria» a la solidaridad, con pretextos tan peregrinos como la gripe A.

El caso es que Rodríguez Zapatero no sabe cómo salir del agujero que él mismo ha provocado con ocurrencias como los 400 euros, y ahora tiene que hacer frente sin disculpa al compromiso de ampliar las ayudas necesarias para los parados de larga duración. Subir los impuestos a los pequeños y medianos ahorradores es un ataque frontal contra muchos miles de ciudadanos y puede suponer un frenazo al consumo y la inversión. A día de hoy, la clave está en la austeridad en el gasto -como ha reclamado también hace unos días el propio BCE- y no en apretar las clavijas tributarias a los sectores con menos capacidad para defender sus intereses por vía política o sindical. Faltan pocas semanas para que comience el debate presupuestario y el Ejecutivo lleva ya tiempo con sus juegos malabares para buscar apoyos en la izquierda, sin olvidar la baza de los nacionalistas siempre y cuando le convenga. Estamos, por tanto, ante una encrucijada fiscal. Para la oposición, ésta es la gran ocasión de denunciar el oportunismo y la inconsistencia del PSOE, al tiempo que plantea planes alternativos capaces de ilusionar y generar confianza en una sociedad que se muestra tan irritada como escéptica.

Zapatero pasa la gorrilla
JOSÉ ANTONIO NAVAS ABC 6 Septiembre 2009

Nadie podrá acusar al nuevo secretario de Estado de Economía de no tener ojo clínico. Otra cosa es que una vez acertado en el diagnóstico sus mayores le permitan aplicar algún día la terapia oportuna. José Manuel Campa lo ha venido advirtiendo desde que tomó posesión de su cargo en mayo, cuando predijo que el mayor peligro para la economía española, aparte del paro y de la caída de la demanda interna, residía en la inmediata recuperación de las grandes naciones europeas que podrían situar a nuestro país en el pelotón de los torpes, como descendido de categoría y condenado al olvido de las instituciones monetarias de la eurozona.

Ahora que Francia y Alemania han proclamado el final de la crisis existe un riesgo inminente de que Trichet cambie la clavija de los tipos de interés y vuelva a su política de lucha antiinflacionista que, a fin de cuentas, es para lo que le pagan y reconocen el mérito al presidente del Banco Central Europeo. Sea como fuere, Zapatero ya no puede alardear de esa epidemia económica que ha permitido al Gobierno encontrar un consuelo falaz que sirviera para justificar el desarrollo de las vacas flacas como un proceso vegetativo de esos que nacen, crecen y tarde o temprano mueren. A la vista de los datos comparativos y cada vez más odiosos parece que la recesión ha llegado a España para quedarse, por lo menos mientras el equipo médico habitual instalado en La Moncloa se obceque en poner cataplasmas al paciente para bajarle una fiebre que no es la causa de la enfermedad sino el síntoma de una infección que sólo se puede abordar con un tratamiento quirúrgico de reformas estructurales.

La economía española no resiste con paños calientes y como quiera que el presidente tampoco está dispuesto a empuñar el bisturí de cirujano la única solución que puede surgir en la factoría de ocurrencias socialistas pasa por una cuestación pública que permita sufragar a escote parte de los dispendios perpetrados desde que Zapatero empezó a ver las orejas al lobo de la recesión. La subida de impuestos que inaugura la nueva temporada es la traca final del fuego de artificio donde se queman las expectativas de una verdadera reconversión económica, pero al igual que el resto de los petardos lanzados por el Gobierno a bombo y platillo el incremento fiscal que se anuncia será un mero parche adosado a la rueda maltrecha de una bicicleta que se cae de vieja y de gastada.

Los presupuestos generales del Estado para 2010 servirán en todo caso como punto de inflexión de la delirante política fiscal de los últimos años porque Zapatero ha comprobado que eso de repartir limosnas a granel es un mal negocio que las arcas públicas no se pueden permitir. El cheque bebé de 2.500 euros o la deducción de otros 400 en el IRPF adoptados por obra y gracieta de Miguel Sebastián serán reconvertidos dentro de una estrategia de subvenciones mucho más selectivas y destinadas a favor de los más pobres o desfavorecidos por la ola de la crisis económica. El primer botón de muestra ha sido la ayuda de los 420 euros mensuales para los parados que hayan agotado el subsidio o la prestación por desempleo.

El sesgo caritativo que Zapatero quiere enfatizar en la reanudación del curso político exige también un gesto de compromiso con la bancada roja que le sostiene en el poder y de ahí la consigna recibida por Carlos Ocaña para que estreche el cerco tributario a los más ricos o pudientes. El secretario de Estado de Hacienda tiene carta de libertad para meter en vereda todas esas figuras societarias que merodean por la jurisdicción tributaria con un exquisito juego de cintura. Las célebres Sicav como exponente de las grandes fortunas que sólo tributan al 1% de sus conspicuos beneficios están otra vez bajo la lupa inquisidora del fisco pero el mayor recaudador del Reino sabe que el agujero negro de las finanzas públicas no se va a solucionar privando a la aristocracia financiera del chocolate del loro y tampoco quiere contradecir a San Ignacio cuando el fundador de los jesuitas recomendaba que en tiempos de desolación mejor no hacer mudanza.

La «limitada y temporal» subida de impuestos se ha enredado en una ceremonia de confusión a partir de globos sondas y verdades a medias que retrata a los verdaderos protagonistas del actual gabinete socialista, con José Blanco sentando cátedra en materia tributaria y la vicepresidenta Salgado tratando de salvar la cara por Zapatero. Al final, el presidente consultará con la almohada y decidirá en solitario si pasa la factura de golpe con un incremento impositivo de las rentas de trabajo o, lo más probable, se arruga con un aumento fiscal exclusivamente orientado contra las rentas de capital que la doctrina socialista equipara con las clases más altas. Craso error porque de esta forma se estará castigando al ahorro de todos los españoles, cuya penuria ha sido la causa del endeudamiento galopante del que se derivan los grandes males habidos y por haber. Claro que de eso ya se encargará José Manuel Campa que como se ha demostrado es el que más sabe de economía en todo el Gobierno.

La guerra de Zapatero
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 6 Septiembre 2009

LO primero que tiene que hacer Zapatero si quiere que el pueblo español apoye el envío de más tropas a Afganistán es reconocer que se trata de una guerra, no de una misión de paz, como viene diciendo. Lo segundo, que es una guerra muy peligrosa, que incluso puede no ser ganada. Lo tercero, que, pese a todo, es necesario despachar esos nuevos soldados, tal vez, más.

Como ven, una tarea que desborda incluso la capacidad de un manipulador de palabras como él. Pero tiene que hacerlo porque, en otro caso, lo que le pasó a Aznar con Irak puede pasarle a él con Afganistán. Ésta es su guerra, le guste o no. Si Aznar se metió en Irak para complacer a Bush y convertirse en uno de sus aliados principales, Zapatero se ha metido en Afganistán para complacer a Obama y convertirse en amigo suyo. La vida y la política tienen estas ironías.

Es necesario enviar más soldados españoles a Afganistán porque lo exige no sólo la estrategia de la OTAN, sino también la seguridad de las tropas españolas ya en aquel país. Setecientos hombres y mujeres son demasiado pocos para defender un territorio tan extenso como el que tienen asignado y para defenderse ellos mismos de la agresividad en alza de los insurgentes.

Pero hay todavía otra razón para ese envío. Afganistán no es Kosovo. Si todas las tropas occidentales se van de allí, Afganistán se convertirá en un centro del terrorismo islámico y nadie estará seguro en Occidente. Con el añadido de que el próximo en caer puede ser Pakistán, una potencia nuclear. Unan terrorismo islámico y bombas atómicas y tendrán la combinación más explosiva que pueda imaginarse. Hay, por tanto, que quedarse, al menos hasta que se encuentre una salida medianamente razonable.

Pero sin ilusiones. Aquella guerra no puede ganarse. Los afganos, gente dura donde la haya, han derrotado a todos sus invasores, desde los mongoles a los rusos, pasando por los ingleses. Y no digamos ya exportar allí la democracia estilo occidental. Las últimas elecciones han sido un fracaso, como serán las que sigan. Aquellas gentes, apegadas a su terruño y a sus tradiciones, rechazan que los extranjeros vengan a darles lecciones sobre cómo organizar sus vidas. Puede que una solución de emergencia fuera llegar a un acuerdo con los «señores de la guerra» para que estos se las entendieran con los talibanes. Aunque sin garantía de que lo consiguieran o terminaran pactando con ellos. Pero no parecen entenderse demasiado bien, y si se les ofrece bastante dinero, es posible que aceptase. Eso significaría, desde luego, renunciar a la democracia. Pero ahorraría sangre allí y posiblemente, en las ciudades occidentales. Aunque, como digo, va a ser difícil que no corra la sangre en esa guerra, negada, como la crisis económica, por nuestro gobierno durante tanto tiempo.

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Irresponsable amenaza de CiU contra el Constitucional
EDITORIAL El Mundo 6 Septiembre 2009

A cinco días de la Diada, nacionalistas e independentistas catalanes calientan motores para convertir este 11 de Septiembre en una jornada de presión política en toda regla sobre el Tribunal Constitucional para que no rebaje el Estatut, ya que se espera -aunque después de tres años, cualquiera sabe- que la sentencia sobre el recurso presentado por el PP sea inminente. El líder de CiU, Artur Mas, se pronuncia hoy con mucha claridad en las páginas de este periódico: si el Constitucional «descafeína, diluye o disminuye el contenido del Estatut» tendrá que haber una «reacción popular en la calle» aunque matiza que será «ordenada y pacífica».

Mas argumenta que el texto estatutario ha sido aprobado en referéndum por los catalanes, por lo que si el tribunal lo cambia se produciría «un choque de legitimidades», al tiempo que resta legitimidad al Constitucional por no haberse renovado en su composición. Al margen de que la tardanza en emitir el fallo sea criticable -y en estas páginas hemos censurado con dureza a sus magistrados por ello- el Constitucional no es un tribunal «caducado», ni tampoco es defendible la tesis del choque de legitimidades. Primero, porque el respeto a las leyes vigentes es la viga maestra del Estado de Derecho en cualquier régimen democrático. Y la Constitución concede al Alto Tribunal la competencia de decir la última palabra sobre todas las leyes, incluidos los estatutos. Segundo porque los que, como Artur Mas, repiten el mantra de que el pueblo catalán refrendó el texto olvidan que la participación no llegó al 50% del censo.

En el fondo, aunque con un lenguaje más moderado que Esquerra Republicana, lo que Mas viene a confirmar a lo largo de toda la entrevista, es el deslizamiento de los sucesores de Pujol al frente de CiU hacia el soberanismo. La coacción sobre el Constitucional para que «no toque ni una coma» del Estatut es parte de esa estrategia. El líder nacionalista considera que el Estatut deja claro que «Cataluña es una nación» y reconoce «sus símbolos nacionales», al tiempo que subraya que el texto es «una ley española». En esto, Mas incurre en contradicción. Si apela a la legislación española para respaldar sus tesis, de la misma forma tendría que aceptar el fallo del tribunal, que es el máximo intérprete de la «ley española». La amenaza de sacar a los catalanes a la calle, aunque sea de forma «ordenada y pacífica», es una irresponsabilidad y una falta de respeto intolerable a las reglas de juego.

Aunque no se considera un independentista, lo cierto es que Artur Mas se siente catalán y sólo «administrativamente» se siente «ciudadano del Estado español». Una circunstancia que, de cara al futuro, tal vez debería hacer reflexionar a la actual dirección del PP, que apuesta claramente por un acercamiento a un nacionalismo catalán que progresivamente se aleja de la moderación. Mucho más sensatas y certeras son las críticas de Mas a Zapatero por su política económica. «En economía es un cero a la izquierda, lo único que hace es improvisar y frivolizar. La subida de impuestos es una aberración».

En el laberinto del Estatut
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 6 Septiembre 2009

Próxima la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, el autor considera que «hay que recuperar el pleno valor normativo de la Constitución y recordar la prudente recomendación del Consejo de Estado que aconsejaba 'superar' la apertura del modelo autonómico»

La andadura del nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña se acerca peligrosamente al guión de una obra de enredo. Sin embargo no tiene ninguna gracia asistir a un espectáculo en nada ficticio, donde se juega con fuego real y el decorado no es de cartón piedra sino que está formado por las piezas más valiosas del orden democrático y constitucional.
Porque más allá de si es constitucional o no la mención a Cataluña como nación, el blindaje unilateral de las competencias que la Generalidad se atribuye, o la incursión del Estatut en ámbitos competenciales del Estado -y en mi opinión y en la de otros muchos, lo son- estamos hablando del respeto a las reglas del juego que hacen posible el funcionamiento normal de un sistema democrático y un Estado de derecho.

Son principios bastante sencillos que en todas las democracias con las que nos equiparamos se encuentran tan consolidados que resulta inimaginable que en ellas se pudieran dar polémicas como ésta. Nosotros tenemos esos principios formulados con gran claridad, no son tantos y, además, destacan bastante en la Constitución. Por ejemplo, la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2); los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto de ordenamiento jurídico (art. 9.1); los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 14); el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (art. 161.1); los proyectos de reforma constitucional deben ser aprobados, según los casos, por una mayoría de tres quintos o de dos tercios de cada Cámara (arts. 167 y 168).

Frente a estos principios, sin los cuales sencillamente no puede existir un régimen constitucional, la posibilidad de una sentencia que depure el Estatuto de sus claúsulas inconstitucionales ha provocado una verdadera puja al alza entre nacionalistas y socialistas para ver quién inventa el concepto más extravagante o el argumento más arbitrario para exigir, sin más, que esta norma quede al margen de la Constitución. Lanzados por esa pendiente, unos y otros terminan sin remedio en el puro argumento soberanista que en nada se distingue del que Juan José Ibarretxe difundió para imponer aquel 'nuevo estatuto político'.

Los que no admiten que el garante último de la fuerza normativa de la Constitución les enmiende la plana, se han desentendido hace tiempo de justificar la inconstitucionalidad de esa norma. Al atacar la jurisdicción misma del Tribunal vienen a reconocer que el texto estatutario es, probablemente, inconstitucional en varias de sus disposiciones más llamativas, pero que, si así fuera, hay que mirar para otro lado. En el contexto en que fue negociado y aprobado, la constitucionalidad del Estatuto catalán viene a ser un extra, importante desde luego, pero una preocupación subordinada a la culminación del acuerdo entre socialistas y nacionalistas.

Ese mensaje es perfectamente reconocible cuando el presidente de la Generalidad se refiere al Estatuto como un pacto político entre Cataluña y España que debe sustraerse al control de constitucionalidad. Montilla no aclara en qué título se basa para exigir ese tratamiento aunque la legitimidad jurídica de sus pretensiones no parece importarle mucho.
El plan B para caso de sentencia desfavorable consistiría en utilizar el artículo 150.2 que autoriza transferir competencias de titularidad estatal o, para no andarse con rodeos, que si el Estatut es inconstitucional, que se reforme la Constitución. En el primer caso, tendríamos a la Constitución dando cobertura para un fraude a sí misma. En el segundo, se propone una disparatada inversión de poder constituyente que ya está presente en el argumento que opone el referéndum de aprobación del Estatut a la jurisdicción del Tribunal Constitucional.

En cualquier caso, el coste para el sistema político es altísimo, sobre todo porque no parece que se vayan a extraer las enseñanzas que eviten las continuas tensiones a que está sometido el Estado autonómico desde que la propia estructura de éste se ha convertido en materia de negociación con los partidos nacionalistas.

Desde su mismo origen en la Transición, la condición para el buen funcionamiento del sistema constitucional ha sido el consenso básico entre los dos partidos mayoritarios. Este acuerdo estaba basado en el reconocimiento mutuo de la condición de interlocutores y socios imprescindibles para los temas de Estado. A este principio había respondido el desarrollo del Estado autonómico sobre una trama de acuerdos entre los dos principales partidos que al reservarse la decisión sobre materias de naturaleza constitucional, vedaban este terreno a la capacidad de presión de las fuerzas nacionalistas. La ruptura de este modelo con la exclusión del Partido Popular a cuenta del Estatuto catalán ha desestabilizado el funcionamiento del sistema constitucional, privándole de los consensos básicos que requiere su funcionamiento.

Hay que recuperar el pleno valor normativo de la Constitución y recordar la prudente recomendación del Consejo de Estado que aconsejaba «superar» la apertura del modelo autonómico. Es preciso revisar -como se ha hecho en Alemania- expectativas irreales de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y fijar con claridad ámbitos competenciales en los que cada uno pueda actuar con eficacia sin riesgo de que el sistema se bloquee.

Si el Tribunal Constitucional acierta a salvaguardar las claves del Estado autonómico -empezando por el propio fundamento de éste en la soberanía del pueblo español en su conjunto- habrá que hacer frente a la amenazante reacción de los que ya han declarado no aceptar las reglas del juego. Pero esa sentencia tal vez sea la última oportunidad para que Gobierno y oposición, PSOE y PP, se sientan obligados a retomar el camino de un acuerdo constitucional tan improbable, es cierto, como necesario.

Qué se ha hecho y qué se debe hacer con ETA
GORKA MANEIRO LABAYEN, PARLAMENTARIO DE UPD EN LA CÁMARA VASCA, El Correo 6 Septiembre 2009

Los últimos acontecimientos evidencian, y la propia evolución de los terroristas nos confirma, que la lucha que mantenemos la sociedad vasca y el conjunto de la sociedad española es la lucha de la democracia y sus instituciones contra la antidemocrática pretensión por parte de los terroristas de someter al conjunto de la sociedad. Lo que la sociedad comprueba con mayor claridad es que no hay ninguna idea política detrás del ejercicio de la violencia y que únicamente serán vencidos los terroristas si mantenemos y perfeccionamos la unidad política y si garantizamos la permanente acción policial y judicial, utilizando todos los instrumentos del Estado de Derecho. Que únicamente serán vencidos si insistimos a lo largo del tiempo (siempre, invariablemente), que no hay ni habrá nunca nada que dialogar ni negociar con quienes utilizan el terrorismo contra la sociedad y para mantener su negocio mafioso. Que únicamente serán vencidos si incidimos en la deslegitimación de la violencia en todos los espacios de la sociedad, especialmente en el ámbito educativo, y si defendemos proyectos políticos abiertos e integradores y respetuosos con la legalidad vigente (aunque pretendan modificarla): el Estatuto de Gernika y la Constitución Española.

Sin ánimo de cuestionar la indispensable unidad política contraterrorista, me pregunto, al objeto de evitar los errores del pasado que tanto dolor nos están causando, qué se ha hecho en estos treinta años de democracia para que siga perviviendo una organización asesina. Porque los terroristas que nos amargan la vida no son alienígenas llegados a Euskadi en paracaídas. Es este espacio del ámbito europeo el único lugar donde jóvenes se muestran dispuestos a empuñar las armas. Es éste el único lugar donde decenas de miles les jalean, les excusan y les apoyan. El único lugar donde una menguante pero todavía demasiado extensa parte de la población se muestra dispuesta a constituir y votar opciones políticas convergentes con la organización terrorista. El único lugar donde se acosa a quienes tratan de defender la democracia y luchar contra el asesinato del que piensa diferente. Y el único lugar donde una todavía nada desdeñable proporción de la ciudadanía sigue mirando para otro lado.

Me pregunto en alto como llevo haciéndolo demasiados años: ¿Qué se ha dicho durante tantos años desde las tribunas parlamentarias? ¿Qué se ha dicho desde los púlpitos? ¿Qué se ha transmitido en las aulas? ¿Qué papel han jugado los medios de comunicación? Hablemos claro: la pretensión de acabar definitivamente con la coacción violenta no casa bien con la defensa que se ha venido haciendo del diálogo y la negociación, mensaje que los terroristas utilizan para perpetuarse en el tiempo y mantener su clientela; no casa bien con el permanente rechazo de determinados partidos políticos a la actual Ley de partidos, ley avalada recientemente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; no casa bien con la aprobación en las Juntas de Bizkaia de una proposición que insta a no permitir la entrada de uniformados, guardias civiles inclusive (esos que nos defienden y que los terroristas asesinan), a la Casa de Juntas de Gernika, tipo de propuesta gratuita que procura un caldo de cultivo que utiliza la organización para justificar sus crímenes; no casa bien con afirmar que se comparten los fines pero no los medios de ETA; no casa bien con poner permanentemente en cuestión la legitimidad del Gobierno vasco e incluso llamarlo 'amañado' por la aplicación de la actual Ley de partidos; no casa bien con llamar a los miembros de ETA patriotas, abertzales descarriados o románticos; no casa bien con criticar cada medida antiterrorista que se propone, desde la aprobación de la ley de partidos a la retirada de carteles que realizan apología del terrorismo, la incisiva acción policial o la prohibición de realizar homenajes públicos; no casa bien con rechazar que existan vencedores y vencidos, pues es de justicia que los vencidos acaben siendo los que han utilizado la violencia y los vencedores los que nos hemos resistido a ella; no casa bien, en fin, con llamar extranjeros a quienes no somos nacionalistas, pues también de estas afirmaciones vive y se eterniza ETA. Y éste es el hábitat que debe ser corregido, la labor pendiente, nuestro objetivo como ciudadanos y políticos.

Queda mucho por hacer pero terminaré con un mensaje sincero de esperanza: es ahora mayoritaria la idea de que no hay nada que negociar con los terroristas, es ahora más perfeccionada la acción policial y la colaboración internacional, es ahora más contundente la acción judicial y están ahora la sociedad vasca y española más unidas y mejor preparadas para resistir sin doblegarse al chantaje terrorista. No demos un paso atrás. Y conste mi apoyo absoluto al nuevo Gobierno vasco en su pretensión de no ceder ante las amenazas y activar todos los instrumentos del Estado de Derecho para vencer definitivamente a los terroristas.

Telebistas
JON JUARISTI ABC 6 Septiembre 2009

AFIRMABA en mi última columna que los nacionalistas vascos están fascinados, como gorrioncillos ante cobra voraz, por la inteligencia maquiavélica que aplica Pachi López al desmantelamiento de su ínsula Barataria. Rectifico. Tras un barrido minucioso de la blogosfera abertzale, constato que el personaje que más horror produce en las bellas almas euscaldunas es Alberto Surio, flamante director de la televisión autonómica vasca.

La televisión autonómica vasca, a diferencia de todas las demás televisiones del planeta, se llama «telebista». Euskal Telebista, para ser más preciso. Ante término tan insólito, la gente suele equivocarse y pronunciar «telebestia», con justicia harto poética e involuntaria fidelidad semántica. Es una vieja manía del nacionalismo vasco, la de montar neologismos lo más lejanos posible del sentido común y de la norma estadística. Así, al teléfono le llamaron en otro tiempo «urrutizkiña», un vocablo de diseño a medio camino entre Matilde Urrutia, señora de Pablo Neruda, e ikurriña, y sólo admitieron el hoy ya consagrado «telefonua» cuando se enteraron de que los chinos llamaban al teléfono «telefun» o cosa parecida.

Pensándolo bien, es lógico que Alberto Surio se haya alzado con el protagonismo del cambio político. Los nacionalistas hacían como que no les importaba mucho que el PSE les hubiera birlado el gobierno autónomo (al que han denominado siempre «jaurlaritza», para que se entienda de qué hablan), porque, después de todo, representa para ellos una institución postiza o espuria que les fue impuesta por la Constitución española y el Estatuto, esa carta otorgada, según Eguíbar. Las instituciones genuinamente vascas, emanadas, al parecer, del meollo de la tradición ancestral -es decir, las diputaciones forales («foru aldundiak», toma ya)-, siguen bajo el control de los más nobles hijos de la Euskalerría, y esas son, al fin y al cabo, las que recaudan y manejan la pasta gansa.

Pero ca. Lo que les escuece como un feroz sarpullido inguinal es la pérdida de la telebista, o sea, de las telebistas: los dos canales, en eusquera y castellano, mediante los que construían cotidianamente la utopía virtual del soberanismo, desplegándola, desde la información meteorológica, sobre el mapa irredentista de las siete provincias de la nación imaginaria (tan imaginaria como la Gran Serbia o la Gran Alemania del Rin al Volga). Lo primero que ha hecho Surio es cargarse esa cartografía del delirio, de modo que, en adelante, los vascos tendrán que recurrir a internet para enterarse del tiempo que hará en Biarritz, pero a cambio conseguirán una percepción administrativa de su planta territorial sin más distorsiones que las derivadas de la proyección Mercator.

A propósito de las televisiones autonómicas en manos de partidos nacionalistas, Arcadi Espada observó hace años que resultan tan deletéreas para el tejido cerebral como una cadena musical de infinitos decibelios instalada en un ascensor. Lo reducen a pulpa. La Telebista del PNV sustituyó el país real por una entelequia poblada de estereotipos absurdos. No se puede predecir si las reformas de Surio desembocarán en un producto más veraz, pero, por ahora, las pocas que ha emprendido tienen la virtud de exasperar al cotolengo, que lo compara con el doctor Goebbels. Aunque alguno de estos blogs de batzoki insinúa que el nuevo director de la Telebista se inspira en mis prejuicios supuestamente antivascos, lo cierto es que ni siquiera conozco a Surio. Si lo dicen para que parezca aún más perverso que Goebbels, está de sobra. Yo no me habría atrevido a borrarles el mapa.
 

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