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Peronismo a la española
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 7 Septiembre 2009
SI no le conociéramos, nos escandalizaría. Pero a estas alturas le
conocemos de sobra para no asombrarnos. Ese señor que ayer, en el
hermoso valle de La Tercia, citó varias veces «la grave crisis que
atravesamos» era el mismo que hace un año negaba la existencia de
tal crisis. Ese señor que la semana pasada invitó a sindicatos y
empresarios a reanudar el diálogo social es el mismo que ayer en
Rodiezmo acusaba a los empresarios de no colaborar en el esfuerzo y
alababa a unos sindicatos cuyo único mérito ha sido pedir más, para
que gobierno se lo conceda. Ese señor que pide el apoyo del PP y al
mismo tiempo le reprocha su falta de colaboración con él es el mismo
que intentó expulsarle de la escena política española, que le
excluyó de toda consulta en la elaboración de sus planes y que no ha
escuchado ninguna de sus sugerencias. Ese señor, como habrán
adivinado, es el presidente del Gobierno español, José Luís
Rodríguez Zapatero, una extraña mezcla de cinismo, megalomanía,
ignorancia, demagogia, soberbia y estrechez de miras, que ni
siquiera parece escuchar ya a quienes le ayudaron a alcanzar el
poder y a mantenerse en él va ya para cinco años, que no es poco
dadas las barbaridades que ha hecho.
Y para que nadie diga que todo esto me lo he inventado yo y lo
escribo en un periódico tenido por conservador y monárquico, les
paso los titulares de los artículos que «El País» incluía ayer en su
suplemento económico: «A la deriva. España encara una recesión más
larga que la del resto de Europa con un gobierno errático en su
política económica», «Donde dije digo, digo impuestos», «Decíamos
ayer», «Un otoño muy duro (otra vez)», «Y ahora... sostenibles», «La
política económica, lo urgente y lo importante», sugiriendo que no
existe. Curiosamente, es lo que en ABC venimos diciendo desde hace
mucho tiempo, sin que se nos haga caso, y dan ganas de decir a todos
esos colegas «Wellcome to the club», bienvenido al club, pero la
situación es demasiado grave para andarse con bromas.
Ninguna broma, sin embargo, es ese pliego de cargos, el más
demoledor que pueda presentarse a un jefe de gobierno. Sin embargo,
el nuestro sigue en sus trece o trece mil millones, qué más le da a
él, porque el dinero es tan maleable como sus palabras, que pierden
su valor en cuanto las pronuncia, mientras acusa a los demás de las
consecuencias de sus errores, se empecina en ellos, promete más
gasto con las arcas vacías, en un ejercicio de sonambulismo
económico y demagogia política tan barata como trasnochada, cuando
lo que se necesita es rigor, claridad y realismo. Estamos
traspasando la línea del modelo español del peronismo, que lleva
arruinando a una nación tan rica como Argentina más de medio siglo.
Una pobre en recursos como España, no quiero pensar lo que va a
durarle
Zapatero vende humo en Rodiezmo
Editorial ABC 7 Septiembre 2009
DESDE que tuvo que admitir la evidencia de la crisis, Rodríguez
Zapatero pretende gobernar a base de ocurrencias para salir del
paso. Una y otra vez, el sentido de la responsabilidad propio de un
gobernante se subordina a la política de imagen. Ayer en Rodiezmo
(León) el presidente del Gobierno realizó un nuevo ejercicio de
retórica sin contenido, que sólo sirve para convencer a los ya
convencidos por razones de interés partidista, pero que resulta
perfectamente inútil para generar la confianza, imprescindible en el
ámbito socioeconómico, que permita ver la luz al final del túnel.
En la fiesta minera que organiza anualmente UGT, el líder socialista
anunció que las pensiones mantendrán su nivel adquisitivo en 2010 y
prometió también que las pensiones mínimas subirán por encima de la
media. En apariencia es el mismo anuncio de todos los años, aunque
en la práctica hay una diferencia sustancial: esta vez se trata de
vender humo, porque no hay cuantificación alguna de dicha subida,
con el argumento poco convincente de que esa cuestión se negociará
próximamente con los sindicatos. Tampoco hay nada concreto en la
declaración presidencial sobre su «compromiso» con las políticas
sociales ni mucho menos en el guiño a la búsqueda de acuerdos con la
oposición en materia de educación y de energía.
Incapaz de plantear una política rigurosa de austeridad en el gasto
y de ofrecer expectativas razonables a los agentes económicos y
sociales, el Ejecutivo sigue dando palos de ciego a ver si alguna
vez acierta. Ahora el objetivo parece ser sacar adelante «como sea»
la ley de economía sostenible, respecto de la cual está abierto una
especie de concurso de ideas y ocurrencias. En este contexto debe
entenderse la referencia a nuevas fuentes de energía, mientras se
mantiene el dogma ideológico de culpar a las centrales nucleares de
todos los males ecológicos. En cuanto a la Educación, ABC mantiene
una postura inequívoca respecto de la necesidad imperiosa de un
pacto educativo, pero da la impresión de que -una vez más- Rodríguez
Zapatero pretende quedarse con la etiqueta y lanzar cortinas de humo
en lugar de considerar en serio los problemas de fondo que preocupan
a los expertos. En definitiva, el presidente empieza el curso en
Rodiezmo dejando la sensación de que ya no tiene nuevos ases en la
manga para distraer la atención mientras crece la preocupación
social ante el drama creciente del paro y las amenazas para la
estabilidad económica de las clases medias, en forma de subida de
impuestos para los ahorradores y congelación del sueldo de los
funcionarios públicos.
En cuanto a los pensionistas, el discurso de ayer sólo puede
transmitir desasosiego ante la incapacidad del Ejecutivo para
concretar la cuantía de una subida que, próximo ya el debate
presupuestario, debería estar resuelta con toda claridad. A pesar de
que el público estaba muy bien dispuesto, Rodríguez Zapatero no ha
conseguido despertar la más mínima ilusión sobre la salida de la
crisis. Las disculpas se acabaron hace tiempo, porque ya nadie
acepta -salvo los sindicatos- que la culpa recaiga siempre sobre los
demás, ya sean los EE.UU. (antes de Obama), los empresarios egoístas
o la oposición extremista.
Estudiar «en» español en la clandestinidad
J.J. Alfaya
http://blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php 7 Septiembre 2009
Estoy de acuerdo con lo que dice Luis Garayzábal sobre los libros
de texto. Yo este año, por primera vez, también los he encargado en
español para mi hijo, pero ¿servirá para algo? Las clases van a
darlas enteramente en gallego como siempre, las preguntas de los
exámenes van a estar en gallego, y las respuestas hay que darlas en
gallego...
Por otro lado, mi hijo, después de todo el verano contento pensando
en sus libros en español para este curso, hoy a dos días del
comienzo de curso le ha empezado a entrar el pánico y me dice que no
se atreve a llevar los libros en español porque seguramente en el
colegio le van a armar una bronca. Dice que prefiere seguir teniendo
dificultades con las asignaturas pero sin que nadie le riña, que
tener un poco menos de dificultad a costa de que se la armen.
Ha llegado a decirme que prefiere llevar los libros en gallego, y
tener los de español escondidos en casa, para estudiar las lecciones
a escondidas en español sin que nadie se entere.
La verdad es que me da escalofríos que se sienta así, que necesite
estudiar en español pero sólo se atreva en la clandestinidad. Tengo
dos días para convencerle de que los lleve en español al colegio,
pero lo veo tan asustado que tampoco le quiero obligar.
Lupe
NOTA: Publico este comentario de una lectora habitual de mi blog
porque me parece que su testimonio es muy representativo de lo que
tienen que padecer muchos padres y alumnos por culpa de la defensa
de la «identidad gallega».
Llegar al extremo de conseguir que los alumnos tengan miedo a llevar
los libros en español al colegio es inadmisible en un sistema
democrático, todo lo contrario de educar en libertad.
Gallegos Hispanohablantes
1) http://blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php
2) http://libertadengalicia.es/
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Los salteadores del Estado de Derecho
TRIBUNA / ESTATUTO DE CATALUÑA|JORGE DE ESTEBAN El Mundo 7 Septiembre 2009
SI HUBIESE QUE BUSCAR una sola causa (aunque haya muchas más) para
declarar inconstitucional el Estatut de Cataluña, ésta no sería otra
que la concepción que transmite del principio de bilateralidad. Este
principio es el que sustenta todo el edificio del Estatuto y del que
derivan, de forma implícita o explícita, las otras cuestiones que
rebasan con mucho lo establecido en la Constitución, como veremos
enseguida.
Tal y como lo entiende el Estatut, lo que viene a significar el
bilateralismo, con un significado más propio del Derecho
Internacional que del Derecho Constitucional, es que se trata de una
norma pactada entre dos entidades soberanas, España y Cataluña. De
ahí se desprende que lo que se pretende crear, como primera
estación, es una especie de Estado Confederal, inexistente tanto en
la doctrina, como en la historia, y que no sería sino la vía
intermedia para llegar a la estación término: la independencia.
Semejante concepción, admitida tácitamente por el Gobierno y de
forma más explícita aún por dos de sus ministros (Justicia e
Interior), no cabe ni con calzador en la Constitución, pues
significaría la quiebra de nuestro Estado de Derecho. De este modo,
ambos ministros se unen en cierto modo a los que podríamos denominar
los salteadores del Estado de Derecho, núcleo integrado por los
nacionalistas, moderados o radicales, y los seudonacionacionalistas
del PSC, que, ante la sentencia del Tribunal Constitucional, han ido
sembrando de minas un terreno que no acaban de recorrer sus 10
Magistrados. Pasarán a la Historia, aunque todavía no sabemos
quiénes serán los héroes y quiénes los villanos.
Si he empleado la expresión salteadores del Estado de Derecho es
porque desconocen las reglas que rigen en el mismo o, mejor dicho,
las interpretan según les convenga. En efecto, un Estado de Derecho
es aquel en que los gobernantes y los gobernados quedan sujetos al
orden jurídico que se han dado de forma mayoritaria y voluntaria,
mediante un pacto político que se concreta en la Constitución y que
crea un nuevo orden de convivencia. La Constitución aparece así como
un presente aplazado, algo que se escribe en el presente para pautar
el porvenir, para irlo desarrollando en el tiempo. Circunstancia que
no significa en absoluto que no se puede modificar, más bien al
revés, pero que impide que se la pueda violar por unos u otros. Si
los que quieren modificarla o interpretarla a su antojo no son
frenados por el gendarme que ha sido creado para ello, se convierten
entonces en salteadores del Estado de Derecho, especialmente si son
gobernantes, como ocurre actualmente en España. Tras lo dicho, hay
una clara conclusión: la regla esencial en que se basa nuestra
Constitución es que todas las leyes, sean las que sean, tienen que
adecuarse a ella, y quien lo decide en última instancia es la
totalidad o una mayoría del Tribunal Constitucional.
Ante el miedo de que el Tribunal señale, como es de esperar, que el
Estatuto en todo o en parte, no se ajusta a la Constitución, se han
quitado la careta los dos afectados principales: los nacionalistas,
porque eso signinificaría un importante golpe a su deseo de
construir un Estado catalán, y el Gobierno de Zapatero, porque, como
ocurre en el billar, esa primera bola golpearía a una segunda, que
es la de no poder asegurarse el apoyo de los grupos nacionalistas
para gobernar. Sin embargo, existe el precedente de que el Tribunal
Constitucional, en una sentencia ejemplar, echó abajo el proyecto de
Ley de referéndum de Ibarretxe, por lo que ahora no podría sacarse
de la manga otra interpretación diferente, cuando ambas normas
circulaban por idéntica vereda.
Voy a citar los cuatro errores que cometen estos salteadores para
arrumbar el Estado de Derecho a su conveniencia. En primer lugar,
los nacionalistas sostienen que el Tribunal Constitucional no puede
tocar el Estatut, porque es un pacto entre España y Cataluña
refrendado por la voluntad del pueblo de Cataluña. Tesis
absolutamente falsa: el Estatut no es un Tratado internacional, sino
una ley que deriva de la Constitución. El principio de bilateralidad
les confiere así la idea de que se trata de dos partes iguales y
soberanas. Sin embargo, no hay más que una soberanía, la que ejerce
el pueblo español en su conjunto, mientras que lo que posee Cataluña
es la autonomía. Eso no significa que la voluntad del pueblo
catalán, por vía directa o por medio de sus representantes, sea
soberana. Por el contrario, sí lo fue, junto con el resto del pueblo
español, cuando aprobó la Constitución. Por consiguiente, una parte
no puede imponerse al todo, ni una ley orgánica a la Constitución.
El segundo error que cometen para no aceptar un recorte del Estatut
radica en que no consideran al Tribunal Constitucional legitimado
para imponerse a la voluntad del pueblo catalán. Además, esgrimen
que se trata de un Tribunal, como afirma Arturo Mas, «dividido,
condicionado y claramente desprestigiado que no se ha renovado
cuando tocaba, y cuya capacidad para dictar una sentencia sobre el
Estatut es dudosa».
Nadie pone en duda que el actual Tribunal está funcionando de manera
irregular, por decirlo amablemente, desde hace tres años. Pero los
culpables son los partidos políticos, que no se han puesto de
acuerdo para su renovación en los plazos señalados. En cualquier
caso, es un órgano legitimado para emitir sentencias mientras que no
se renueve. El problema de fondo es que estos nacionalistas son
todos gaullistas: mantienen, como el general De Gaulle, que en
democracia el pueblo es el máximo Tribunal y que una ley refrendada
por él no la puede echar abajo ningún Tribunal.
Desconocen que la democracia y el Estado de Derecho modernos se
basan en cuatro premisas, y no sólo en tres, como afirman: que el
pueblo elige a sus representantes; que de este modo se deduce una
mayoría parlamentaria; que por el voto de las leyes los elegidos
expresan esta voluntad mayoritaria; y que por el control de
constitucionalidad, que ha sido también aprobado por el pueblo, los
Magistrados expresan su opinión sobre la adecuación de las leyes a
la Constitución. Desde la mítica sentencia Marbury versus Madison,
de 1803, en EEUU y, posteriormente, también gracias a la doctrina de
Kelsen y de otros juristas, nadie que sea demócrata discute hoy la
supremacía de la Constitución sobre todas las leyes, aunque sean
catalanas.
EL TERCER error es manifestar que si la sentencia es desfavorable,
nada les impedirá seguir desarrollando el Estatut, porque diga lo
que diga el Tribunal, éste prevalecerá. El actual Consejero de
Educación de la Generalidad, Ernest Maragall, ha escrito un artículo
que no tiene desperdicio defendiendo esta línea. En él se
preguntaba: «¿Nos debemos quedar atados de pies y manos esperando
atemorizados lo que una docena de juristas pueda decidir por
nosotros?». En parecidos términos se han pronunciado otros
dirigentes catalanes. Por lo visto, ignoran dos datos que están en
nuestra Constitución: por una parte, que el Tribunal Constitucional
tiene jurisdicción en todo el territorio español (art. 161) y que
las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ley
tienen plenos efectos frente a todos (art. 164). Afirmaciones
pintorescas como son la de recurrir a Tribunales internacionales,
sortear los escollos inconstitucionales a través del artículo 150 o
eximir del control del Tribunal Constitucional a los Estatutos
aprobados por la vía del 151 son merecedoras de entrar en un
eventual libro Guinness jurídico, pues sería salir de Málaga para
meterse en Malagón.
Por último, el cuarto y más grave error que están cometiendo los
salteadores del Estado de Derecho es ignorar el contenido de varios
artículos del Código Penal, especialmente el 508, cuando expresan
todo tipo de amenazas o coacciones al Tribunal Constitucional, como
hablar, por ejemplo, de manifestaciones y otras lindezas semejantes
en caso de que no les guste la sentencia. El citado artículo dice
así: «1. La autoridad o funcionario público que se arrogase
atribuciones judiciales o impidiese ejecutar una resolución dictada
por la autoridad judicial competente será castigado con las penas de
prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y
suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
2. La autoridad o funcionario administrativo o militar que atentare
contra la independencia de los Jueces o Magistrados, garantizada por
la Constitución, dirigiéndoles instrucción, orden o intimidación
relativas a causas o actuaciones que estén conociendo será castigado
con la pena de prisión de uno a dos años, multa de cuatro a diez
meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por
tiempo de dos a seis años».
Creo que no hace falta más comentario, sólo animar al Fiscal General
del Estado a cumplir con su deber, denunciando a todos los que han
infringido este artículo, incluso aunque se manche la toga con el
polvo del camino.
Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y
presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.
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