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Recortes de Prensa    Lunes 7 Septiembre 2009

 

Peronismo a la española
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 7 Septiembre 2009

SI no le conociéramos, nos escandalizaría. Pero a estas alturas le conocemos de sobra para no asombrarnos. Ese señor que ayer, en el hermoso valle de La Tercia, citó varias veces «la grave crisis que atravesamos» era el mismo que hace un año negaba la existencia de tal crisis. Ese señor que la semana pasada invitó a sindicatos y empresarios a reanudar el diálogo social es el mismo que ayer en Rodiezmo acusaba a los empresarios de no colaborar en el esfuerzo y alababa a unos sindicatos cuyo único mérito ha sido pedir más, para que gobierno se lo conceda. Ese señor que pide el apoyo del PP y al mismo tiempo le reprocha su falta de colaboración con él es el mismo que intentó expulsarle de la escena política española, que le excluyó de toda consulta en la elaboración de sus planes y que no ha escuchado ninguna de sus sugerencias. Ese señor, como habrán adivinado, es el presidente del Gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, una extraña mezcla de cinismo, megalomanía, ignorancia, demagogia, soberbia y estrechez de miras, que ni siquiera parece escuchar ya a quienes le ayudaron a alcanzar el poder y a mantenerse en él va ya para cinco años, que no es poco dadas las barbaridades que ha hecho.

Y para que nadie diga que todo esto me lo he inventado yo y lo escribo en un periódico tenido por conservador y monárquico, les paso los titulares de los artículos que «El País» incluía ayer en su suplemento económico: «A la deriva. España encara una recesión más larga que la del resto de Europa con un gobierno errático en su política económica», «Donde dije digo, digo impuestos», «Decíamos ayer», «Un otoño muy duro (otra vez)», «Y ahora... sostenibles», «La política económica, lo urgente y lo importante», sugiriendo que no existe. Curiosamente, es lo que en ABC venimos diciendo desde hace mucho tiempo, sin que se nos haga caso, y dan ganas de decir a todos esos colegas «Wellcome to the club», bienvenido al club, pero la situación es demasiado grave para andarse con bromas.

Ninguna broma, sin embargo, es ese pliego de cargos, el más demoledor que pueda presentarse a un jefe de gobierno. Sin embargo, el nuestro sigue en sus trece o trece mil millones, qué más le da a él, porque el dinero es tan maleable como sus palabras, que pierden su valor en cuanto las pronuncia, mientras acusa a los demás de las consecuencias de sus errores, se empecina en ellos, promete más gasto con las arcas vacías, en un ejercicio de sonambulismo económico y demagogia política tan barata como trasnochada, cuando lo que se necesita es rigor, claridad y realismo. Estamos traspasando la línea del modelo español del peronismo, que lleva arruinando a una nación tan rica como Argentina más de medio siglo. Una pobre en recursos como España, no quiero pensar lo que va a durarle

Zapatero vende humo en Rodiezmo
Editorial ABC 7 Septiembre 2009

DESDE que tuvo que admitir la evidencia de la crisis, Rodríguez Zapatero pretende gobernar a base de ocurrencias para salir del paso. Una y otra vez, el sentido de la responsabilidad propio de un gobernante se subordina a la política de imagen. Ayer en Rodiezmo (León) el presidente del Gobierno realizó un nuevo ejercicio de retórica sin contenido, que sólo sirve para convencer a los ya convencidos por razones de interés partidista, pero que resulta perfectamente inútil para generar la confianza, imprescindible en el ámbito socioeconómico, que permita ver la luz al final del túnel.

En la fiesta minera que organiza anualmente UGT, el líder socialista anunció que las pensiones mantendrán su nivel adquisitivo en 2010 y prometió también que las pensiones mínimas subirán por encima de la media. En apariencia es el mismo anuncio de todos los años, aunque en la práctica hay una diferencia sustancial: esta vez se trata de vender humo, porque no hay cuantificación alguna de dicha subida, con el argumento poco convincente de que esa cuestión se negociará próximamente con los sindicatos. Tampoco hay nada concreto en la declaración presidencial sobre su «compromiso» con las políticas sociales ni mucho menos en el guiño a la búsqueda de acuerdos con la oposición en materia de educación y de energía.

Incapaz de plantear una política rigurosa de austeridad en el gasto y de ofrecer expectativas razonables a los agentes económicos y sociales, el Ejecutivo sigue dando palos de ciego a ver si alguna vez acierta. Ahora el objetivo parece ser sacar adelante «como sea» la ley de economía sostenible, respecto de la cual está abierto una especie de concurso de ideas y ocurrencias. En este contexto debe entenderse la referencia a nuevas fuentes de energía, mientras se mantiene el dogma ideológico de culpar a las centrales nucleares de todos los males ecológicos. En cuanto a la Educación, ABC mantiene una postura inequívoca respecto de la necesidad imperiosa de un pacto educativo, pero da la impresión de que -una vez más- Rodríguez Zapatero pretende quedarse con la etiqueta y lanzar cortinas de humo en lugar de considerar en serio los problemas de fondo que preocupan a los expertos. En definitiva, el presidente empieza el curso en Rodiezmo dejando la sensación de que ya no tiene nuevos ases en la manga para distraer la atención mientras crece la preocupación social ante el drama creciente del paro y las amenazas para la estabilidad económica de las clases medias, en forma de subida de impuestos para los ahorradores y congelación del sueldo de los funcionarios públicos.

En cuanto a los pensionistas, el discurso de ayer sólo puede transmitir desasosiego ante la incapacidad del Ejecutivo para concretar la cuantía de una subida que, próximo ya el debate presupuestario, debería estar resuelta con toda claridad. A pesar de que el público estaba muy bien dispuesto, Rodríguez Zapatero no ha conseguido despertar la más mínima ilusión sobre la salida de la crisis. Las disculpas se acabaron hace tiempo, porque ya nadie acepta -salvo los sindicatos- que la culpa recaiga siempre sobre los demás, ya sean los EE.UU. (antes de Obama), los empresarios egoístas o la oposición extremista.

Estudiar «en» español en la clandestinidad
J.J. Alfaya  http://blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php 7 Septiembre 2009

Estoy de acuerdo con lo que dice Luis Garayzábal sobre los libros de texto. Yo este año, por primera vez, también los he encargado en español para mi hijo, pero ¿servirá para algo? Las clases van a darlas enteramente en gallego como siempre, las preguntas de los exámenes van a estar en gallego, y las respuestas hay que darlas en gallego...

Por otro lado, mi hijo, después de todo el verano contento pensando en sus libros en español para este curso, hoy a dos días del comienzo de curso le ha empezado a entrar el pánico y me dice que no se atreve a llevar los libros en español porque seguramente en el colegio le van a armar una bronca. Dice que prefiere seguir teniendo dificultades con las asignaturas pero sin que nadie le riña, que tener un poco menos de dificultad a costa de que se la armen.

Ha llegado a decirme que prefiere llevar los libros en gallego, y tener los de español escondidos en casa, para estudiar las lecciones a escondidas en español sin que nadie se entere.

La verdad es que me da escalofríos que se sienta así, que necesite estudiar en español pero sólo se atreva en la clandestinidad. Tengo dos días para convencerle de que los lleve en español al colegio, pero lo veo tan asustado que tampoco le quiero obligar.

Lupe

NOTA: Publico este comentario de una lectora habitual de mi blog porque me parece que su testimonio es muy representativo de lo que tienen que padecer muchos padres y alumnos por culpa de la defensa de la «identidad gallega».
Llegar al extremo de conseguir que los alumnos tengan miedo a llevar los libros en español al colegio es inadmisible en un sistema democrático, todo lo contrario de educar en libertad.
Gallegos Hispanohablantes

1) http://blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php
2) http://libertadengalicia.es/
3) http://libertadengalicia.es/index
php/section-blog/39-gallegos-hispanohablantes

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Los salteadores del Estado de Derecho
TRIBUNA / ESTATUTO DE CATALUÑA|JORGE DE ESTEBAN El Mundo 7 Septiembre 2009

SI HUBIESE QUE BUSCAR una sola causa (aunque haya muchas más) para declarar inconstitucional el Estatut de Cataluña, ésta no sería otra que la concepción que transmite del principio de bilateralidad. Este principio es el que sustenta todo el edificio del Estatuto y del que derivan, de forma implícita o explícita, las otras cuestiones que rebasan con mucho lo establecido en la Constitución, como veremos enseguida.

Tal y como lo entiende el Estatut, lo que viene a significar el bilateralismo, con un significado más propio del Derecho Internacional que del Derecho Constitucional, es que se trata de una norma pactada entre dos entidades soberanas, España y Cataluña. De ahí se desprende que lo que se pretende crear, como primera estación, es una especie de Estado Confederal, inexistente tanto en la doctrina, como en la historia, y que no sería sino la vía intermedia para llegar a la estación término: la independencia.

Semejante concepción, admitida tácitamente por el Gobierno y de forma más explícita aún por dos de sus ministros (Justicia e Interior), no cabe ni con calzador en la Constitución, pues significaría la quiebra de nuestro Estado de Derecho. De este modo, ambos ministros se unen en cierto modo a los que podríamos denominar los salteadores del Estado de Derecho, núcleo integrado por los nacionalistas, moderados o radicales, y los seudonacionacionalistas del PSC, que, ante la sentencia del Tribunal Constitucional, han ido sembrando de minas un terreno que no acaban de recorrer sus 10 Magistrados. Pasarán a la Historia, aunque todavía no sabemos quiénes serán los héroes y quiénes los villanos.

Si he empleado la expresión salteadores del Estado de Derecho es porque desconocen las reglas que rigen en el mismo o, mejor dicho, las interpretan según les convenga. En efecto, un Estado de Derecho es aquel en que los gobernantes y los gobernados quedan sujetos al orden jurídico que se han dado de forma mayoritaria y voluntaria, mediante un pacto político que se concreta en la Constitución y que crea un nuevo orden de convivencia. La Constitución aparece así como un presente aplazado, algo que se escribe en el presente para pautar el porvenir, para irlo desarrollando en el tiempo. Circunstancia que no significa en absoluto que no se puede modificar, más bien al revés, pero que impide que se la pueda violar por unos u otros. Si los que quieren modificarla o interpretarla a su antojo no son frenados por el gendarme que ha sido creado para ello, se convierten entonces en salteadores del Estado de Derecho, especialmente si son gobernantes, como ocurre actualmente en España. Tras lo dicho, hay una clara conclusión: la regla esencial en que se basa nuestra Constitución es que todas las leyes, sean las que sean, tienen que adecuarse a ella, y quien lo decide en última instancia es la totalidad o una mayoría del Tribunal Constitucional.

Ante el miedo de que el Tribunal señale, como es de esperar, que el Estatuto en todo o en parte, no se ajusta a la Constitución, se han quitado la careta los dos afectados principales: los nacionalistas, porque eso signinificaría un importante golpe a su deseo de construir un Estado catalán, y el Gobierno de Zapatero, porque, como ocurre en el billar, esa primera bola golpearía a una segunda, que es la de no poder asegurarse el apoyo de los grupos nacionalistas para gobernar. Sin embargo, existe el precedente de que el Tribunal Constitucional, en una sentencia ejemplar, echó abajo el proyecto de Ley de referéndum de Ibarretxe, por lo que ahora no podría sacarse de la manga otra interpretación diferente, cuando ambas normas circulaban por idéntica vereda.

Voy a citar los cuatro errores que cometen estos salteadores para arrumbar el Estado de Derecho a su conveniencia. En primer lugar, los nacionalistas sostienen que el Tribunal Constitucional no puede tocar el Estatut, porque es un pacto entre España y Cataluña refrendado por la voluntad del pueblo de Cataluña. Tesis absolutamente falsa: el Estatut no es un Tratado internacional, sino una ley que deriva de la Constitución. El principio de bilateralidad les confiere así la idea de que se trata de dos partes iguales y soberanas. Sin embargo, no hay más que una soberanía, la que ejerce el pueblo español en su conjunto, mientras que lo que posee Cataluña es la autonomía. Eso no significa que la voluntad del pueblo catalán, por vía directa o por medio de sus representantes, sea soberana. Por el contrario, sí lo fue, junto con el resto del pueblo español, cuando aprobó la Constitución. Por consiguiente, una parte no puede imponerse al todo, ni una ley orgánica a la Constitución.

El segundo error que cometen para no aceptar un recorte del Estatut radica en que no consideran al Tribunal Constitucional legitimado para imponerse a la voluntad del pueblo catalán. Además, esgrimen que se trata de un Tribunal, como afirma Arturo Mas, «dividido, condicionado y claramente desprestigiado que no se ha renovado cuando tocaba, y cuya capacidad para dictar una sentencia sobre el Estatut es dudosa».

Nadie pone en duda que el actual Tribunal está funcionando de manera irregular, por decirlo amablemente, desde hace tres años. Pero los culpables son los partidos políticos, que no se han puesto de acuerdo para su renovación en los plazos señalados. En cualquier caso, es un órgano legitimado para emitir sentencias mientras que no se renueve. El problema de fondo es que estos nacionalistas son todos gaullistas: mantienen, como el general De Gaulle, que en democracia el pueblo es el máximo Tribunal y que una ley refrendada por él no la puede echar abajo ningún Tribunal.

Desconocen que la democracia y el Estado de Derecho modernos se basan en cuatro premisas, y no sólo en tres, como afirman: que el pueblo elige a sus representantes; que de este modo se deduce una mayoría parlamentaria; que por el voto de las leyes los elegidos expresan esta voluntad mayoritaria; y que por el control de constitucionalidad, que ha sido también aprobado por el pueblo, los Magistrados expresan su opinión sobre la adecuación de las leyes a la Constitución. Desde la mítica sentencia Marbury versus Madison, de 1803, en EEUU y, posteriormente, también gracias a la doctrina de Kelsen y de otros juristas, nadie que sea demócrata discute hoy la supremacía de la Constitución sobre todas las leyes, aunque sean catalanas.

EL TERCER error es manifestar que si la sentencia es desfavorable, nada les impedirá seguir desarrollando el Estatut, porque diga lo que diga el Tribunal, éste prevalecerá. El actual Consejero de Educación de la Generalidad, Ernest Maragall, ha escrito un artículo que no tiene desperdicio defendiendo esta línea. En él se preguntaba: «¿Nos debemos quedar atados de pies y manos esperando atemorizados lo que una docena de juristas pueda decidir por nosotros?». En parecidos términos se han pronunciado otros dirigentes catalanes. Por lo visto, ignoran dos datos que están en nuestra Constitución: por una parte, que el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español (art. 161) y que las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ley tienen plenos efectos frente a todos (art. 164). Afirmaciones pintorescas como son la de recurrir a Tribunales internacionales, sortear los escollos inconstitucionales a través del artículo 150 o eximir del control del Tribunal Constitucional a los Estatutos aprobados por la vía del 151 son merecedoras de entrar en un eventual libro Guinness jurídico, pues sería salir de Málaga para meterse en Malagón.

Por último, el cuarto y más grave error que están cometiendo los salteadores del Estado de Derecho es ignorar el contenido de varios artículos del Código Penal, especialmente el 508, cuando expresan todo tipo de amenazas o coacciones al Tribunal Constitucional, como hablar, por ejemplo, de manifestaciones y otras lindezas semejantes en caso de que no les guste la sentencia. El citado artículo dice así: «1. La autoridad o funcionario público que se arrogase atribuciones judiciales o impidiese ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. 2. La autoridad o funcionario administrativo o militar que atentare contra la independencia de los Jueces o Magistrados, garantizada por la Constitución, dirigiéndoles instrucción, orden o intimidación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo será castigado con la pena de prisión de uno a dos años, multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años».

Creo que no hace falta más comentario, sólo animar al Fiscal General del Estado a cumplir con su deber, denunciando a todos los que han infringido este artículo, incluso aunque se manche la toga con el polvo del camino.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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