AGLI

Recortes de Prensa    Martes 8 Septiembre 2009

 

Estatutos
ANTONIO GALA El Mundo 8 Septiembre 2009

¿POR QUÉ no se habla claro? Cualquiera que haya estudiado en serio Derecho Constitucional lo sabe. El Tribunal del mismo nombre no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de un Estatuto de Autonomía, por muy catalán que sea. Y él lo sabe. Ni sustituir a las Cortes Generales para garantizar la unidad del Estado frente a los ejercicios de las autonomías. Sencillamente porque el poder de decisión es del cuerpo electoral representado por el Poder Legislativo. El TC no tiene mano para definir lo esencial en el derecho de cada autonomía contenido en la Constitución. Los dos se asemejan en el nombre, pero en este caso eso es todo. Las Cortes, sólo ellas, son las encargadas de revisar la constitucionalidad de los Estatutos. Su decisión no puede ser revisada por ningún otro organismo. Salvo por el cuerpo electoral a través del ejercicio directo de la democracia. En los Estatutos de las Autonomías del artículo 151 es norma el acuerdo del Parlamento autónomo y el del Estado, o un referéndum, o la decisión del Parlamento estatal no rechazado por la autonomía afectada. No hay más cáscaras.

Populismo
¿Para qué pactos?
Agapito Maestre Libertad Digital 8 Septiembre 2009

El concepto de pacto político con un populista está condenado al fracaso. La historia nos ha enseñado que la idea de un gran pacto de Estado en la mente de un populista es un cambalache para eternizarse en el poder. Sólo un ingenuo, o peor, alguien tan falto de principios como Zapatero podría confiar en la posibilidad de llegar a acuerdos de Estado entre el Gobierno y el PP. ¿Quién puede pactar con un Gobierno que a la hora de pactar un acuerdo social toma partido por una y sólo una de las partes? ¿Quién puede pactar con alguien que ya ha demostrado varias veces que pasa de ser juez a parte sin ninguna autolimitación moral o política? ¿Qué demócrata sincero se atrevería a pactar con Zapatero? Quizá lo haga, dicen algunos periodistas del PP, Rajoy.

En mi opinión, eso sería como firmar su sentencia de muerte. Allá él o allá ellos; pero, en honor la verdad, no me preocupa ahora tanto el futuro del PP o la eternización en el poder de Zapatero como el destrozo que harían esos pactos en el pobrísimo tejido democrático de nuestro sistema político. La oferta de Zapatero a Rajoy es otro modo, quizá el último y más dogmático, para saltarse todas las mediaciones institucionales que exige la decisión genuinamente democrática. El pacto para un populista es poner entre paréntesis el poder democrático de las instituciones, o sea, un pasaporte para saltarse todas las fronteras y límites que la pobrísima democracia española ha puesto a quienes tienen el poder ejecutivo. El pacto que ofrecerá el miércoles, según dicen algunos periódicos, Zapatero a Rajoy en el Congreso de los Diputados es una bomba de relojería para dinamitar, definitivamente, las raquíticas instituciones democráticas que quedan en España.

En otras palabras, pactar con un populista, que ha hecho de la mayoría parlamentaria una apisonadora de la oposición, es someterse a sus dictados. Pactar con un populista, que ha destrozado el concepto de Nación contenido en la Constitución, es darle oxigeno y tiempo para mantenerlo en el poder. Pactar con un populista, que concibe autoritariamente la estructuración de las relaciones entre Estado, gobierno y sociedad, es arar en el mar. Pactar con Zapatero, que ha roto la posibilidad de un pacto social con los sindicatos y la patronal, sería algo peor que darle tiempo para seguir destrozando las instituciones democráticas, sí, sería darle legitimación a su feroz y subversivo, repito, ataque a las instituciones.

¿Quiere Zapatero un pacto por la educación? Vale, pero, por favor, antes respétese la Constitución en toda España... ¿Quiere Zapatero también otro pacto para la subida de los impuestos? Vale, pero antes demuestre que los gastos del Estado se computarán en los Presupuestos Generales del Estado, o sea, se presupuestarán de verdad y no pasarán al capítulo de deuda... ¿Quiere pacto económico? Sí, pero equipárense todas las Autonomías. ¿Quiere un pacto de Estado? Vale, entonces rechace el Gobierno el Estatuto de Cataluña por anticonstitucional. Y así debería de actuarse, en mi opinión, en el resto de materias que quieran pactarse.

Salirse de ese camino es apuntalar por un tiempo la crisis política, o mejor, el agotamiento del sistema político español. Por desgracia –y eso tendría que saberlo muy bien Rajoy–, en el ámbito de la política, el tiempo no es, ojalá lo fuera, un recurso sino un obstáculo y una deficiencia.
¡Pacto es tiempo para el populista!

109.000 NUEVAS CONTRATACIONES
Más funcionarios a pesar de la crisis económica
Editorial El Mundo 8 Septiembre 2009

LA DESTRUCCIÓN de empleo que golpea a la economía española desde el verano de 2008 no ha afectado para nada al sector público, cuyo número de funcionarios sigue creciendo de forma imparable. Concretamente el contingente de asalariados de las Administraciones Públicas se incrementó en 109.300 personas en lo que va de junio del año pasado al mismo mes de este ejercicio. El dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que en el mismo periodo el paro aumentó en más de un millón de personas. Todo un síntoma de una sociedad que prefiere la seguridad al riesgo y de una política económica clientelar y endogámica. Uno de cada cinco empleados ya es funcionario y en Andalucía y Extremadura, nada menos que uno de cada tres. Al margen de las coyunturas económicas, el número de funcionarios ha ido creciendo de forma imparable desde 1988, año en el que trabajaban en el sector público dos millones de personas, que han pasado a ser más de tres millones.

Disparar contra el árbitro
EDUARDO SAN MARTÍN ABC 8 Septiembre 2009

El bombardeo tiene escasos precedentes. Pocos fuegos tan intensos se recuerdan como el que está sufriendo el TC en vísperas del fallo sobre el Estatuto catalán, y menos viniendo de representantes de otro poder del Estado, el Ejecutivo. Hasta el ministro Corbacho, a quien no se le conoce una especial sabiduría en derecho constitucional, se suma a la fusilería. Los ministros que se han sumado al pelotón aseguran respetar el veredicto del alto tribunal, pero todos adelantan aviesamente que sólo conciben un fallo favorable. Rubalcaba sin matices; Caamaño, más sutil, distinguiendo el plano político del jurídico. Pero la misma conclusión: un fallo que alterara aspectos sustanciales del estatuto estaría deslegitimado en términos políticos. Intelectuales y expertos de la tribu aportan la munición.

Quienes, con argumentos razonables, rechazan la siempre problemática revisión constitucional a posteriori de un estatuto deberían ofrecer una alternativa. Y sólo hay dos posibles. Una, reinstaurar el recurso previo de constitucionalidad. Es lo que sostiene Peces-Barba, que lamenta ahora haber sido uno de los impulsores de su eliminación cuando presidía el Congreso. Ese recurso, se objetaba entonces, otorgaba al TC un derecho de veto previo sobre las leyes que se traducía en una invasión de competencias del Legislativo. Puede ser. La segunda, que defiende Javier Pérez Royo con una interpretación cuanto menos original del artículo 151 de la Constitución, es la de eliminar toda revisión constitucional de leyes que afecten al núcleo de constitucionalidad aprobadas en el Congreso y refrendadas popularmente. Lo que equivale a conceder a las cámaras autonómicas y a las Cortes un poder constituyente sine die, en virtud del cual se podría reformar la Constitución por la vía de los hechos sin recurrir al costosísimo procedimiento contemplado en la propia ley fundamental. Inquietante.

La norma vigente ya lo estaba cuando se inició la reforma del estatuto, y nadie dijo nada. Quizá porque esperaban que el TC se acomodaría, de grado o por fuerza, a la mayoría parlamentaria. La seguridad jurídica es un principio nuclear del estado de derecho, que dicta que las reglas del juego no se pueden cambiar a medio partido cuando se teme un resultado desfavorable. Toda la discusión jurídica y política sobre la norma en vigor está muy bien. Pero para después de la sentencia. No es el árbitro, tampoco en este caso, quien redactó el reglamento. Fueron quienes hoy lo impugnan.

ANTE LA SENTENCIA DEL ESTATUTO
Jordi Pujol: "El Tribunal Constitucional no merece respeto"
El ex presidente de la Generalidad se ha sumado a la campaña nacionalista para presionar al Tribunal Constitucional ante la próxima sentencia sobre el Estatuto. Dice Pujol que el tribunal "no merece respeto" porque los magistrados "están politizados y obedecen consignas de partido"
agencias Libertad Digital 8 Septiembre 2009

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, dio varias razones para justificar su afirmación: "Porque están caducados, porque están politizados, porque obedecen a consignas de partido y porque están preocupados por quién va a ser el próximo presidente".

Pujol fue tajante al recordársele que España podría ver en sus palabras una forma de presión al TC, y replicó que a los magistrados del tribunal ya los presionan PP y PSOE. "Ustedes no son serios", dijo a los jueces, y recordó que hay estatutos idénticos al de Cataluña en preceptos que sólo han sido recurridos en el caso catalán.

El proceso que está sufriendo el Estatuto desde su aprobación en el Parlamento hasta ahora es, a juicio de Pujol, "realmente grotesco", de lo que culpó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque también admitió que Cataluña ha cometido errores. Pujol acusó a Zapatero de actuar con "tremenda ligereza y frivolidad" al asegurar que apoyaría el Estatuto que saliera del Parlamento, que después fue recortado en el Congreso, y defendió la actuación de Artur Mas (CiU), que salvó el texto, dijo, al reunirse con el presidente del Gobierno.

Después de todo este proceso y del referéndum en Cataluña, opinó que el paso por el TC es ya una "barbaridad", sobre todo porque se trata de un tribunal formado por jueces que tendrían que haber sido relevados, y que forman parte de bloques enfrentados. Todo ello le llevó a afirmar que el presidente de la Generalidad, José Montilla, tiene razón al hablar de desafección de Cataluña, que provoca que en un municipio como Arenys de Munt (Barcelona) se celebre una consulta independentista. "Sin la desafección que define Montilla no habría referéndum", señaló.

Sobre la iniciativa en Arenys, Pujol opinó que "si alguien quiere hacer una consulta y lo hace dentro de la legalidad, no tiene que prohibirse", aunque dijo no ser muy partidario de abusar de este tipo de iniciativas, citando como ejemplo el Estado de California, que ha realizado demasiadas en su opinión. Pujol remarcó que "es una evidencia que hay más independentistas que hace cinco años" en Cataluña, y responsabilizó de ello a la mala política española, aunque también añadió que los catalanes se han equivocado algunas veces.

Asociaciones de cinco comunidades se unen para pedir a Gabilondo que frene «la inmersión lingüística forzosa»
ABC.es | MADRID 8 Septiembre 2009

El grupo de asociaciones que defienden en toda España el derecho a educar a sus hijos en el idioma oficial que prefieran han enviado una carta al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, para solicitarle una reunión, en la que le expondrán la situación que se vive en los centros escolares de Cataluña, Baleares, Galicia, País Vasco, Galicia y Comunidad Valenciana.
Las cinco asociaciones -una por cada región bilingüe- consideran que el español sufre una importante «exclusión» en las aulas y se está obligando a cientos de miles de ciudadanos «a una inmersión lingüística forzosa».

Además, en la misiva indican que en algunas comunidades los escolares están sufriendo un «adoctrinamiento» con criterios nacionalistas, con una enseñanza «enfocada intencionadamente» a contenidos exclusivamente locales y autonómicos.
Las asociaciones confían en poder mostrar esta situación al ministro Gabilondo y poder proponerle «los posibles caminos con los que reconducir» esta situación.
En el caso de que el responsable del Gobierno

decline recibirles, las cinco asociaciones que han firmado la carta: Asociación por la Tolerancia (Cataluña), Círculo Balear (Baleares), Galicia Bilingüe (Galicia), Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística (Euskadi) y Plataforma Valenciana por la Libertad Lingüística (Comunidad Valenciana); se plantean iniciar acciones de presión.

ANUNCIAN MOVILIZACIONES SI NO SE LES ESCUCHA
Asociaciones por la libertad lingüística solicitan una reunión con Gabilondo
Las cinco asociaciones que más se han significado en la defensa de la libertad lingüística han solicitado, a través de una carta conjunta, al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, una reunión para abordar la gravísima situación que sufren miles de ciudadanos en todas las regiones bilingües.
LIBERTAD DIGITAL 8 Septiembre 2009

Ante el nuevo curso escolar, cinco asociaciones que se han significado en cada una de sus regiones por la defensa del bilingüismo institucional y de la libertad de elección lingüística: Asociación por la Tolerancia (Cataluña), Círculo Balear (Baleares), Galicia Bilingüe (Galicia), Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística (Euskadi) y Plataforma Valenciana por la Libertad Lingüística (Comunidad Valenciana), han solicitado una entrevista al Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, para exponer la gravísima situación que están sufriendo cientos de miles de ciudadanos, debido a la inmersión lingüística forzosa que sufren los niños en las escuelas, dónde se excluye sistemáticamente la lengua común y oficial de nuestro país, el español o castellano.

Según informa en un comunicado Círculo Balear, en la carta que suscriben conjuntamente dichas asociaciones denuncian que no sólo se está privando a los escolares de un conocimiento culto de la lengua que nos une, sino que además en algunas comunidades se les está adoctrinando según criterios nacionalistas, enfocando intencionadamente los contenidos exclusivamente en lo local y regional.

Por todo ello, explica Círculo Balear, las asociaciones han solicitado formalmente una entrevista con el ministro de Educación para exponer la situación real y proponer posibles caminos a seguir para reconducir esta grave privación de derechos básicos a los ciudadanos. Actualmente estas asociaciones, están intentando con todos los medios legales vigentes denunciar y defender ante las administraciones correspondientes la vulneración permanente de la libertad lingüística en sus regiones.

Las asociaciones advierten que en caso de no recibir una respuesta satisfactoria a sus peticiones, y como representantes civiles de miles de ciudadanos en estas regiones, se plantean realizar acciones conjuntas para sumar fuerzas en defensa de sus derechos.

REPRESENTAN EL 19,38% DE LA EPA
109.300 funcionarios más en un año
Francisco Núñez El Mundo 8 Septiembre 2009

Madrid.- La recesión no está pasando factura de igual forma a los españoles. En el último año, la destrucción de empleo y el aumento del paro fueron contundentes en el sector privado. En tasa anual, según los datos de la EPA del segundo trimestre, desaparecieron 1.116.200 asalariados (más casi 90.000 autónomos) y el paro aumentó en 1.755.900 personas.

Sin embargo, el sector público, que se financia con los impuestos de todos, vivió ajeno a esta realidad. Según la información de la misma EPA, el número de empleos en el conjunto las Administraciones Públicas (Estado, autonomías y ayuntamientos) siguió creciendo. En los últimos 12 meses, hasta junio, el número de funcionarios aumentó en 109.300 personas hasta alcanzar otra cifra récord: 3.051.100.

Es decir, a esa fecha, prácticamente uno de cada cinco asalariados en España (el 19,38% exactamente) tenía nómina pública, un dato hasta ahora desconocido. Hace un año, el porcentaje era menor, el 17,45% (casi dos puntos menos), y era aún más inferior cuando estalló la crisis en verano de 2007. En aquel momento, sólo el 17,1% de los asalariados tenían contrato público. Este crecimiento se ha debido a que hay más empleados en este sector y a que, al destruirse tanto empleo privado, el porcentaje de los funcionarios es mayor sobre el conjunto de los asalariados.

De cualquier forma, en el peor año de la crisis y en el periodo más complicado para las cuentas públicas, los gestores públicos han seguido tirando la casa por la ventana en materia de contratación, sobre todo en las autonomías y también en los ayuntamientos, muchos de ellos prácticamente en quiebra técnica.

Andalucía es la comunidad que más funcionarios ha contratado en este periodo en todas las administraciones. En un año, su número creció en 48.000 personas (21.600 en el último trimestre). Le siguen Cataluña, con 23.300 y Madrid, con 22.200, si bien, en ambas autonomías, bajó en 2.500 y 5.100 empleados en tasa trimestral.

Cataluña es la que porcentualmente tiene menos plantilla pública (un 15,5%). Sin embargo, hace un año ese porcentaje estaba en el 12,5%. Este aumento se ha debido a que, además de aumentar la contratación (40.000 empleados públicos más en dos años), ha perdido 309.900 empleos privados en un año.

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Bilingüismo efectivo y afectivo
FERNANDO SAVATER El País 8 Septiembre 2009

En el bombardeo preventivo que está recibiendo el Tribunal Constitucional (y de paso el resto de la ciudadanía española) a costa de la demorada sentencia sobre el Estatut, se han oído cosas realmente estupefacientes. Por ejemplo, sobre un posible fallo restrictivo del modelo idiomático que se establece en dicha ley. Veamos: cuando se hizo público hace un año el llamado "Manifiesto por la lengua común", gran parte de las desaforadas críticas que recibió llegaron desde Cataluña. Se estaba creando un problema donde no existía, se ascendían algunos excesos puntuales a norma general, se atacaba al débil y se defendía al fuerte, etcétera. Con cierto asombro oímos a algunas personas que antes se quejaron -privadamente, eso sí- de maltrato institucional a los castellanohablantes proclamar que en Cataluña no había ninguna molestia a este respecto. Me recordaban un poco a esos manifestantes iraníes que protestaron por el supuesto fraude electoral para luego aparecer en la televisión del régimen diciendo que les habían engañado desde el extranjero...

Pues bien, hace pocos días el secretario de política lingüística de la Generalitat -Bernat Joan, de ERC- señaló los perjuicios que podría acarrear un pronunciamiento adverso del TC sobre lo que el Estatut dispone en este campo: "Una sentencia como la que se prevé podría crear un alud de gente que exigiera en los tribunales educación en castellano para sus hijos o que reclamara el derecho de poder funcionar en castellano en cualquier ámbito de la administración". Por tanto, concluyó, tal recorte sería "inaceptable e ilegítimo". De modo que sólo una legislación prohibitiva impide que muchos catalanes reivindiquen su derecho a usar el castellano en la educación o las relaciones institucionales... que por otra parte la Constitución les reconoce. Carecen de elección no por falta de ganas sino por falta de reconocimiento legal de su libertad: ¿no hay un conflicto aquí? ¿Será reaccionario el TC si dicta sentencia a favor de esa libertad conculcada? Conceder derechos puede ser progresista, siempre que no se trate del derecho a privar de sus derechos a otros...

Uno de los argumentos más empleados a favor de la inmersión lingüística en cualquiera de los idiomas autonómicos es que sin ella no se garantiza su dominio al mismo nivel que el castellano. Pues bien, sin duda el bilingüismo en esas autonomías es un objetivo deseable y encomiable (aún mejor sería que todos los españoles conociésemos, además de nuestra lengua común, nociones suficientes del resto de las oficiales) pero no constitucionalmente obligatorio. Ni educativamente prioritario. El bilingüismo perfecto es un raro don: lo normal es hacer la mayor parte de la vida en una lengua, aunque se conozca suficientemente otra... o quizá otras. Es un avance cultural y social que pueda vivirse normalmente también en euskera, gallego o catalán, pero nunca al precio de convertir a la lengua común de nuestro país en otra lengua extranjera, como el apetecido inglés. El pluralismo es sin duda un valor, pero la unidad política, laboral y cultural que garantiza una lengua común no lo es menos... ni tiene por qué oponerse a la diversidad optativa. Salvo que se condene lo que facilita la unidad a ser residuo soportado pero no bienvenido, una manía a erradicar en vez de instrumento indispensable de conjunción. En tal caso, no sólo el TC sino el resto de los ciudadanos supongo que tendremos algo que decir.

El milagro de la democracia en España
CARLOS Carnicero El Periodico.com 8 Septiembre 2009

Tomando un poco de distancia podría considerarse un milagro el funcionamiento de la democracia en España. Veamos: el PP hace una descalificación universal de las instituciones, considera que el PSOE en el poder ha creado un Estado policial sin garantías y que las escuchas y la persecución a su partido son consecuencia de una conspiración de jueces, fiscales y policías. No demuestra nada, no denuncia judicialmente nada y amenaza con los tribunales europeos. Su desprecio por el Estado de derecho coincide, en el otro polo magnético de la democracia, con la denuncia sistemática de ETA y Batasuna del Estado español como «un Estado policial». Las denuncias del PP alimentan la descalificación de los radicales.

Sigamos: Esquerra no está dispuesta a tolerar que se toque una coma de un estatuto para el que pidió el voto en contra: ahora es su máxima defensora y amenaza al Tribunal Constitucional. Suponiendo que sea generalmente aceptado que esta institución es la máxima y definitiva intérprete de la Constitución, ¿se puede entender que se la intimide en función del dictamen que realice y que se anuncie de antemano que si este no es satisfactorio sencillamente no se acatará?

José Montilla, representante ordinario del Estado en Catalunya, además de presidente de la Generalitat, también advierte a su propio partido de las consecuencias de una sentencia determinada, lo que no tiene otra interpretación posible que su convicción de que el tribunal podría cambiar su resolución en función de las admoniciones y las advertencias que recibe.
Hubo un tiempo en que no respetar la Constitución y su interpretación era motivo suficiente para situarse fuera del sistema. Ha llovido mucho desde las sentencias sobre la LOAPA y sobre la privatización de Rumasa. Pero las cosas no han cambiado: tenemos una clase política que ni siquiera se pone de acuerdo en las reglas del juego. Todo en la vida necesita de unas reglas indiscutibles y aceptadas por todos. Mucho más la vida democrática. Pero en España es posible ser representante institucional y no creer en las instituciones.

SIGUIENDO LOS PASOS DE RUBALCABA
Vara también presiona al TC: tiene que "valorar" que el Estatut fue aprobado por Cataluña
En la misma línea que Rubalcaba, que dijo que "España no puede negar la decisión de un Parlamento", se ha expresado el presidente de la Junta de Estremadura. Según Fernández Vara, el Tribunal Constitucional tiene que "valorar" que el Estatut fue aprobado por el Parlamento catalán.
EFE Libertad Digital 8 Septiembre 2009

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha hecho estas declaraciones en el programa de Julia Otero en Onda Cero, según ha informado esta cadena en un comunicado remitido a Efe.

"Tiene su importancia un Estatuto que fue aprobado por el Parlamento catalán, corregido por el Parlamento de España, sometido a referéndum en Cataluña.... Y yo creo que el Tribunal Constitucional eso lo tiene que valorar a la hora de tomar sus decisiones", ha dicho el presidente extremeño.

A su juicio, éste es un momento importante de centralidad, de encontrar puntos equidistantes, "no irnos a un lado y a otro porque no encontraremos nunca el punto de equilibrio", ha apuntado.

"Yo espero y confío en que el Tribunal Constitucional va a adoptar la mejor decisión posible", ha añadido.

Decenas de «borrokas» someten a Lequeitio a una razia de cinco horas
J. A.BILBAO. Varias decenas de «borrokas», perfectamente adiestrados y organizados por monitores etarras, sometieron durante la madrugada de ayer a la localidad vizcaína de Lequeitio, que estaba en
J. A. | BILBAO ABC 8 Septiembre 2009

Varias decenas de «borrokas», perfectamente adiestrados y organizados por monitores etarras, sometieron durante la madrugada de ayer a la localidad vizcaína de Lequeitio, que estaba en fiestas, a una auténtica razia, sembrando el pánico entre la población y provocando importantes daños materiales. El Ayuntamiento, controlado por el PNV, condenó «enérgicamente» a los proetarras, que convirtieron el municipio en un «infierno», aunque también atribuyó responsabilidades a la Ertzaintza por la simple razón de haber retirado a lo largo del verano fotos de presos etarras.

Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por ABC consideran que los estrategas de ETA pretenden ahora suplantar la escasa capacidad de movilización mostrada por la «izquierda abertzale» durante estos meses estivales con la vuelta a las razias, sobre todo en los municipios en fiestas, en un intento de demostrar que en el País Vasco no hay normalización, tampoco con la llegada de Patxi López a Ajuria Enea.

Actos de pillaje
Los disturbios comenzaron pasadas las doce de la madrugada, cuando varias decenas de terroristas callejeros, muchos procedentes de otras localidades, se concentraron ante la subcomisaría de la Ertzaintza, increpando e insultando a los agentes y lanzando piedras, botellas y bolas de plomo, entre otros objetos. Sin duda, alentados por «batasunos», «askatasunos», «kaskagorris», «gaztesareas» o «garas», y también, por algún alcalde nacionalista, que en los últimos meses se han dedicado a poner a la Policía vasca en el punto de mira bajo la acusación de «represora».

Los agentes se vieron obligados a repeler la agresión con medios antidisturbios. Los vándalos se desplegaron entonces por el casco urbano multiplicando los desmanes v actos de pillaje, con grave riesgo para los vecinos de un municipio en fiestas: destrozaron sucursales bancarias y oficinas de seguros, cruzaron contenedores a los que prendieron fuego afectando las llamas a varios vehículos e intentaron saquear la sede del PNV. Hasta las cinco de la mañana no se recuperó la normalidad. La Ertzaintza detuvo a ocho especímenes en los altercados, que arrojaron un balance de varios heridos, entre ellos un agente.

El Ayuntamiento, controlado con mayoría absoluta por el PNV, condenó «enérgicamente» el «infierno» y la «barbarie» provocada por «decenas de encapuchados» y denunció el grave riesgo que corrieron los vecinos así como los cuantiosos daños provocados. El Consistoio se comprometió a prestar ayuda a los damnificados. Según el balance, se registraron nueve incendios en cinco horas, con coches, contenedores y cajeros automáticos calcinados, lanzamiento de arquetas contra los escaparates y destrozos en el mobiliario urbano, entre otros daños.

Para el Ayuntamiento, los proetarras «no tuvieron ningún escrúpulo en poner en peligro a personas y bienes del pueblo al que dicen defender, pero que, en realidad, desprecian y utilizan para esconderse cobardemente y conseguir sus fines». Incluso algunos ciudadanos que transitaban por el municipio fueron agredidos y acosados por el hecho de increpar a los vándalos.

Pero dicho esto, la Corporación del PNV puso el ventilador para esparcir las responsabilidades y que algunas alcanzaran a la Ertzaintza por haber retirado carteles de presos etarras. Así, atribuyó la brutal razia al «calentamiento global» que «el país ha sufrido durante todo el verano». «Nuestros municipios se han convertido en epicentros y escenario donde echar un pulso para medir las fuerzas», concluía el Ayuntamiento.
 


 

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