AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 9 Septiembre 2009

 

Con la inmersión suspendemos en matemáticas
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com 9 Septiembre 2009

El SEDEC ha encargado un estudio para controlar la eficacia de la inmersión en niños de siete años. Una especie de auditoría. Está claro que el SEDEC no es neutral: por eso, ese estudio no nos merece precisamente una confianza ciega.

Se comparan los resultados de los niños castellanohablantes educados en castellano (grupo A) con los niños de inmersión: castellanohablantes (grupo B) y catalanohablantes (grupo C). Obtienen respectivamente, como nota de castellano, 8, 7 y 7. De catalán: 5, 7 y 8. Y el SEDEC se felicita por los resultados y la labor realizada: valoración positiva.

Pero -y aquí es donde le duele- resulta que en matemáticas los puntos son 5, 4 y 5. O sea, los que tienen la escuela en su lengua aprueban y los que aprenden en una lengua no materna, suspenden. ¡Alto! Entre aprobar y suspender hay una diferencia cualitativa: significa ir a la universidad o quedarse en la calle, significa trabajar o ir a la cola del paro.

Yo lo encuentro desolador. Que el niño 'inmersionado' gane dos puntos en catalán no es ninguna sorpresa, es de lo que se trata. Pero que el precio sea perder un punto en castellano, su lengua, y otro punto en matemáticas, creo que debería hacer sonar la alarma. La propia lengua es nuestra mayor riqueza, es el puente más directo a la realidad, a la belleza y al saber. De la propia lengua hay que tener un conocimiento extenso e intenso, dominar todos sus recursos expresivos. La propia lengua ha de estar sólida y perfectamente instalada. Y las matemáticas: indican la aptitud para el pensamiento formal, la capacidad para plantearse los problemas y los procesos para resolverlos. O sea, la plena adaptación a la vida, la capacidad para anticiparse y dominar los acontecimientos.

A los inmigrantes nos han vendido la moto de que la inmersión era una garantía para encontrar trabajo en el futuro. Pero yo creo que, tal como pintan las cosas, la inmersión nos deja más desarmados que nunca. Los ‘inmersionados’ en su gran mayoría continuarán haciendo de basureros, albañiles y mujeres de la limpieza.

¡ QUÉ ASCO!
 blog de Rosa Díez  9 Septiembre 2009

Juzguen ustedes. Acabo de leer unas declaraciones del Obispo de San Sebastián, Monseñor Uriarte en las que insiste en la necesidad de dialogar con ETA para conseguir la paz y en las que considera el crimen terrorista como una consecuencia de "sensibles diferencias políticas", que no se puede "solventar" "mediante la aplicación de la ley vigente.

El obispo de San Sebastián ha dicho esas cosas durante la homilía de la misa celebrada en el santuario de Arantzazu con motivo de la festividad la patrona de Guipúzcoa. Al oficio religioso ha n asistido diversas autoridades, tales como asistido la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia y la presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa, Rafaela Romero (ambas dirigentes del PSE-PSOE), así como los diputados forales encabezados por el diputado general, Markel Olano (todos ellos nacionalistas).

El obispo Uriarte ha afirmado que "en una coyuntura en la que se percibe la tentación de solventar las sensibles diferencias políticas existentes entre nosotros mediante la simple aplicación de la ley vigente" la comunidad cristiana, a su juicio, apuesta por resolver los conflictos "mediante la palabra", por lo que "practicará y reclamará el diálogo como camino ineludible hacia la paz".

El prelado ha sostenido también que "en un tiempo en el que fácilmente podemos someter nuestros criterios morales a exigencias de la utilidad de la política partidista" resulta necesario afirmar que para la moral cristiana "el crimen más grave consiste en matar".

Y ya puesto a insultar la memoria de las víctimas y la dignidad de todas las personas que cada día arriesgan su vida y su seguridad para defender la democracia frente al totalitarismo de ETA y frente a la complaciente comprensión de sus cómplices políticos. Asimismo, ha añadido que "según el compendio de la doctrina social de la Iglesia", ni siquiera para atajar "el mal abominable del terrorismo" se puede "permitir la aplicación de la tortura".

La complicidad con el terrorismo tiene distintos niveles de responsabilidad y de eficacia. Son cómplices por acción directa quienes pasan información, quienes ayudan directamente a la comisión de los delitos, quienes protegen el paradero de los terroristas, quienes financian sus crímenes... Todos esos colectivos y personas son perseguibles penalmente.

Luego está la complicidad por omisión. Son los que escuchan y callan; los que hacen como no ven a los escoltas que vienen a recoger a su vecino; los que cruzan la calle para no encontrarse o no pararse en el semáforo con el escoltado. Estos no son perseguibles penalmente; estos son merecedores de nuestro señalamiento y de nuestro desprecio. Y de nuestra memoria.

Finalmente están la categoría de los que yo considero particularmente despreciables, los más peligrosos porque gozan de total impunidad. Incluso, a veces, son acreedores de elogios y de reconocimientos públicos. Son los que se refugian en la palabra de Dios para comparar a los criminales con sus víctimas; son los que, desde el púlpito y con la autoridad de su" jerarquía moral" sobre los que le escuchan, se atreven a pedir comprensión hacia nuestros verdugos. Entre estos está el Obispo Uriarte; estos son los cómplices políticos imprescindibles para que ETA haya pervivido a treinta años de democracia. Sin sus soflamas desde los púlpitos; sin su comprensión hacia los criminales, sin la equiparación que han practicado, razonado y defendido entre las viíctimas y los victimarios (hablando en nombre de Dios) probablemente hoy ETA sería cosa del pasado. Estos tampoco son perseguibles judicialmente. Son seres despreciables y cobardes cuyas acciones nunca debemos olvidar.

No se tiene conocimiento de que ninguna de las autoridades presentes en el acto haya abandonado la iglesia ante las palabras del Obispo Uriarte. Y todavía hay quien se pregunta por qué un Estado laico. Pues, entre otras cosas, para que nadie vaya en nombre de una institución que representa a todos los ciudadanos a escuchar insultos contra la dignidad y la democracia. Que vayan a título personal, a todos los oficios religiosos que quieran; y si están de acuerdo con palabras como las que he referido, pues serán cómplices también. Pero que quede claro que en ese acto no ostentan la representación de los ciudadanos. ¿Acaso es tan difícil de entender?

Asco, ¿verdad?

Terrorismo
Afganistán, es decir, Irak
GEES Libertad Digital 9 Septiembre 2009

La ministra de Defensa asegura en la cadena semi-amiga SER que España está en Afganistán para "imponer" la paz y hacer frente a Al Qaeda. Por veinticinco céntimos de euro, ¿puede alguien dar otro ejemplo de guerra con los mismos objetivos? Irak. Muy bien.

La situación, sin embargo, no es esa. Mientras se filtra que el Consejo de Ministros pretende aumentar nuestra presencia de tropa –en un incremento estratégico equivalente, mutatis mutandis, al exitoso surge de Irak, decidido por Bush, comparación que en efecto resulta odiosa–, el diario El País publica un artículo de Santiago Carrillo abogando por la retirada. No es sorprendente que el comunismo deteste la intención de extender la democracia, y tampoco es nuevo, como no lo es que ministros socialistas levanten el puño reivindicando la herencia del Gulag y los 100 millones de muertos del comunismo. Ya lo ha dicho Rubalcaba, que levanten lo que quieran, a lo que hay que añadir, "pero que se sepan sus ideales".

En definitiva: chirría un poco que el mejor amigo de Chávez en Europa esté comprometido con la doctrina Bush –extensión de la democracia en Oriente Medio y la identificación de los terroristas con los países que los cobijan. Entonces, ¿por qué fingen firmeza?

En primer término porque confían en la ignorancia, desinterés y seguidismo que fomentan en la sociedad española y se creen muy capaces de salir de contradicción en contradicción hasta la victoria en las próximas elecciones. Y puede que no les falte razón.

En segundo lugar, porque han intentado lavar su imagen de aniquiladores de empleo e irresponsables pacifistas de salón en la ola de Obama, para quien Afganistán es la guerra buena y para la que se hace la vista gorda sobre la cárcel de Bagram –equivalente a Guantánamo–, los asesinatos selectivos de terroristas, y los inevitables daños que toda guerra produce. Es igual, porque es bien sabido que la izquierda, que es buena por naturaleza, puede hacer lo mismo por lo que llama criminales a sus adversarios ideológicos y salir moralmente reforzada.

Sumando la actitud despótica hacia la sociedad y el lavado de imagen, nos dan 220 soldados. Pero esto es hoy. Porque el plan para mañana es inequívocamente la retirada. Será esta una retirada honrosa y a tiempo, que se justificará con la devolución de la soberanía a los afganos y, cuando se produzcan las inevitables consecuencias negativas, se llorarán lágrimas de cocodrilo asegurando que hicimos todo lo que se pudo, pero que no fue posible "imponer la paz" ni "hacer frente a Al Qaeda".

Como sólo importan los intereses electorales y los prejuicios ideológicos, no hemos querido enterarnos de que el 11 de septiembre de 2001 el islamismo radical le declaró la guerra a Occidente; que en esa guerra habrá muchas batallas; y que Afganistán, siendo la primera, es sólo una de ellas.

Como en su momento, en el famoso titular prisaico del 12 de septiembre, Afganistán resultó ser una de las represalias de Bush, es raro que hayan entendido súbitamente su significado, por el simple hecho de que ahora mandan. Como en su momento el incremento de tropas en Irak que pacificó el país y lo puso en marcha hacia la democracia, fue saludado calificando a Bush de loco, criminal o ambas cosas, se hace difícil hoy defender lo mismo para Afganistán.
En conclusión: si en realidad Zapatero es un neocón, lo ha disimulado muy bien hasta ahora, pero si esto no son más que fuegos artificiales, entonces, con los soldaditos no se juega. Si no cree en la extensión de la democracia ni en la necesidad de la guerra contra el terrorismo, como Carrillo, no los mande a ningún sitio a hacer como que hacemos. Y si cree, como Bush, en la democracia, entonces conviértase, cambie de partido, y no se deje ver con ministros haciendo el signo del totalitarismo del siglo XX, cuyo heredero del XXI es el terrorismo islámico.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Piden a Gabilondo atajar la 'exclusión del español'
Asociaciones a favor del bilingüismo solicitan al ministro una reunión
ROBERTO BENITO, EL MUNDO  9 Septiembre 2009

En el inicio del curso escolar, cinco asociaciones a favor del bilingüismo de otras tantas Comunidades Autónomas han enviado una carta al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, en la que le solicitan una reunión «para ponerle al corriente del grado de exclusión que sufre el español en los colegios», y pedirle que lo ataje.

La misiva la firman la Asociación por la Tolerancia (Cataluña), Círculo Balear, Galicia Bilingüe, Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística (País Vasco) y Plataforma Valenciana por la Libertad Lingüística, y lleva fecha del pasado 1 de septiembre.

En ella, las asociaciones informan a Gabilondo de que «las leyes de algunos gobiernos locales han propiciado una exclusión paulatina de la vida pública del español», y destacan que «es en las escuelas donde el modelo lingüístico de determinadas comunidades está causando un perjuicio más grave e irreparable».

«No sólo se está privando a nuestros menores de un conocimiento culto de la lengua que nos une, sino que, además, se les está adoctrinando en un desapego y un desconocimiento hacia lo que significa España», dice la carta.

Las asociaciones le manifiestan al ministro su preocupación por las declaraciones que hizo en una entrevista en EL MUNDO el pasado mes de julio -«cada familia ha de asumir que la lengua vehicular es el catalán», dijo Gabilondo, a propósito de la Ley de Educación de Cataluña-, de las que, según dicen, «se desprende que no apuesta por defender la libertad de elección lingüística».

Reunión de expertos en multilingüismo en Pontevedra
J.J. Alfaya //blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php 9 Septiembre 2009

Artículo publicado en Periodista Digital y La Voz Libre. Ver los enlaces correspondientes al final.

Las Primeras Jornadas Bilingües, organizadas por la Diputación Provincial de Pontevedra con la colaboración de Galicia Bilingüe, tendrán lugar los próximos 11 y 12 de septiembre en el nuevo edificio del Museo de Pontevedra.

Su objetivo es el análisis de los sistemas educativos de otros países con más de un idioma oficial, por lo que contarán con la participación de expertos de países bilingües o multilingües.

La conferencia inaugural correrá a cargo del profesor de Economía, Ética y Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona, Félix Ovejero, con la ponencia "Lenguas y ciudadanos". Félix Ovejero de Lucas es licenciado en Ciencias Económicas en 1982 por la Universidad de Barcelona, Doctor en Ciencias Económicas en 1985 por la misma. Desde 1987 es profesor titular de la Universidad de Barcelona. También es profesor Visitante en la Universidad Pompeu Fabra (1994, 1995), visiting scholar en el Center form Ethics, Rationality and Society de la University of Chicago (1991) y en la University of Wisconsin (1999).

Carmen Leal relatará sus vivencias como profesora durante 30 años. El título de la ponencia de esta luchadora por libertad lingüística en Cataluña es Bilingüismo, la experiencia de una maestra".

El vicepresidente de Galicia Bilingüe, José Manuel Pousada, encabezará una sesión en la que se darán a conocer diferentes modelos bi y plurilingües en el mundo.

La experta sueca Inger Enkvist hablará sobre "Pedagogía y bilingüismo". Inger Enkvist (Suecia, 1947) es hispanista, ensayista y pedagoga. En la actualidad ocupa la Cátedra de Español en la Universidad de Lund y es asesora del Ministerio de Educación sueco. En 2002 publicó "Las lenguas como armas contra un Estado Democrático, o el caso del catalán y el vasco", editado por Moderna språk.

La especialista en multilingüismo Alenka Pavlovec expondrá el caso esloveno y Anna Kaisa Mustaparta hablará sobre el bilingüismo en Finlandia. Ambas cuentan con una dilatada experiencia como trabajadoras en el Ministerio de
Educación de Eslovenia y en la Junta Nacional de Educación de Finlandia, respectivamente.

Sobre la realidad lingüística hoy en España hablarán el sábado, día 12, Gloria Lago (Galicia), Pablo Gay (País Vasco), Jorge Campos (Baleares), Eduardo López (Cataluña) y Pablo Espinosa (Comunidad Valenciana).

La última conferencia tratará el tema "Lenguas y Constitución" y correrá a cargo de Alfonso Villagómez Cebrián (Orense, 1961), magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y miembro de Jueces para la Democracia. Con una dilatada trayectoria en la Justicia, ha pasado por la oficina del Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el gabinete del Ministerio de Justicia hasta el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).

La presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, sostiene que el objetivo de las jornadas es contribuir a abrir los ojos a la sociedad gallega a la generalizada apuesta de las democracias por la libertad lingüística y la libertad de elección de lengua en la enseñanza.

Deseo que las Primeras Jornadas Bilingües sean todo un éxito y constituyan una aportación de primer orden para enfocar y resolver correctamente la realidad bilingüe de Galicia sobre la que no existe ninguna razón de peso para que resulte conflictiva, sino, por el contrario, enriquecedora para todos si nos esforzamos para que nuestro bilingüismo sea tratado de forma inteligente, constructiva e integradora.

Para más información: http://www.jornadasbilingues.com/
??Gallegos Hispanohablantes
1) http://blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php
2) http://blogs.lavozlibre.com/galicia/
3) http://libertadengalicia.es/
4) http://libertadengalicia.es/index
php/section-blog/39-gallegos-hispanohablantes
 

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Estatut
El poder constituyente y el Tribunal Constitucional
Ramón Villota Coullaut Libertad Digital 9 Septiembre 2009

El poder constituyente es un poder distinto y superior al resto de los poderes del Estado –dejó dicho Siéyes, en tiempos de la Revolución Francesa–, siendo la Constitución obra de este poder constituyente. Lo que nos lleva a concluir que el poder constituyente es la capacidad de decidir dotarse de una Constitución. Así, las presiones para que el estatuto catalán no pueda ser modificado por el Tribunal Constitucional han de ser entendidas como abiertamente inconstitucionales, puesto que están intentando que el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución de 1978 según recoge nuestro ordenamiento jurídico, se pliege a un estatuto que se preveé inconstitucional en muy diversos apartados.

De esta foma, las opciones del Tribunal Constitucional son tres. En primer lugar, aceptar la constitucionalidad del estatuto tal como está redactado, lo que parece poco probable. En segundo lugar, interpretar algunos artículos del estatuto de tal manera que entren en la Constitución, sin tocar el redactado del estatuto. Y, en tercer lugar, resolver que diversos artículos del estatuto son inconstitucionales y, por tanto, derogarlos directamente.

Pero, como he indicado más arriba, esa labor le corresponde al Tribunal Constitucional, puesto que cualquier otra opción rompería la propia esencia del orden constitucional, y nos acercaría a otro periodo constituyente, en donde habría que buscar un nuevo consenso constitucional (que no sólo afectaría al gobierno autonómico catalán y al gobierno español, sino que conllevaría que tanto el Congreso como el Senado aprobaran la reforma constitucional por 2/3 de sus miembros, para posteriormente se convocasen elecciones, que las nuevas Cámaras ratificaran por las mismas mayorías la reforma constitucional previamente aprobada, y que la misma sea votada, finalmente, vía referendum, por el pueblo español, tal y como se recoge en el artículo 168 de la Constitución de 1978).

Así, modificar las relaciones entre Cataluña y el Estado, rompiendo en muy diversos puntos el ordenamiento constitucional, no puede hacerse por otra vía que la de la reforma que contempla el artículo 168, la más gravosa dentro de las dos formas de reforma constitucional que nuestra Constitución reconoce. Ello teniendo en cuenta que, como es lógico, una cosa es reformar la Constitución de forma no esencial, y otra es hacerlo en sus piezas principales –como lo son el sistema autonómico con el que nos dotamos en 1978–; o, si prefiere otra terminología, destruirla y buscar un orden constitucional nuevo. Para ello se requiere de un nuevo consenso constitucional que estamos muy lejos de conseguir.

Ramón de Villota Coullaut es abogado, puede contactar con él aquí.

País Vasco
López, el PNV y el PP
Cayetano González Libertad Digital 9 Septiembre 2009

Quien creyera que el pacto del PSE con el PP, por el que fue posible la llega de Patxi López a Ajuria Enea, era firme y sincero, o bien era un perfecto ingenuo o su desconocimiento de los entresijos de la política vasca tanto en Vitoria como en Madrid era monumental.

Las elecciones vascas del pasado 1 de marzo arrojaron un escenario político endiablado. El PNV, que fue el partido con más escaños y votos, sin embargo no alcanzaba la mayoría absoluta sumando los "restos" del naufragio de quienes habían sido sus socios en el tripartito, es decir, Eusko Alkartasuna e IU. Por el contrario, esa mayoría absoluta sí la conseguían el PSE y el PP. Y como los socialistas vascos no querían de ninguna de las maneras renunciar a colocar a Patxi López en la Lehendakaritza, sólo por esa razón, aceptaron los votos de los populares. Éstos, por su parte, no tenían otra opción que apoyar la llegada a Ajuria Enea de un lehendakari no nacionalista e hicieron bien en prestar sus votos al candidato socialista, aunque deberían haber sido más exigentes en algunos de los extremos del acuerdo, por ejemplo, en lo referido al desalojo del PNV de la Diputación Foral de Álava, donde gobierna siendo la tercera fuerza política.

Pero una cosa es que los hechos abocaran a todos a esa situación, y otra muy distinta que esta fuera la deseada por sus protagonistas. De entrada, el que menos entusiasmo demostró con ese pacto PSE-PP fue Zapatero, al que le hubiera gustado mucho más un acuerdo con el PNV porque, entre otras cosas, le hubiera complicado menos la aritmética parlamentaria en el Congreso de los Diputados y porque tener que contar con el apoyo de los populares era "demasiado" para el Presidente. Es más, si en un futuro Zapatero pudiera trasladar al País Vasco la fórmula del "tripartito" que gobierna en Cataluña, no tendría ninguna duda en hacerlo. Eso requeriría la presencia en las urnas de la izquierda abertzale, con la que los socialistas hubieran pactado antes echar al PNV y al PP del mapa político vasco. Tiempo al tiempo.

Conscientes de ello y demostrando una cierta cintura política, los nacionalistas vascos, tras un pesado proceso de digestión de su desalojo del poder después de casi treinta años de permanencia en el mismo, hicieron en el verano una propuesta de estabilidad institucional y presupuestaria que suponía un dardo envenenado contra el pacto PSE-PP, porque, por un lado, el PNV es consciente de esa "incomodidad" de muchos dirigentes socialistas en Madrid y en Vitoria por el acuerdo con los populares, y por otro, presentaban esa cara responsable de un partido que gobierna en las tres Diputaciones Forales del País Vasco y quiere contribuir a la gobernabilidad del País.

El lehendakari López, en una entrevista concedida este pasado martes en la ETB ha abierto la puerta a sellar acuerdos con el PNV en las Diputaciones, justificando esta actitud en el hecho de que "dentro de la responsabilidad de país, está el sumar en estos momentos esfuerzos, recursos públicos". A esto ha respondido el presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti, que en una entrevista concedida a este medio, Libertad Digital, ha dicho que López "está acomplejado y no sabe despegarse del PNV". Ambos tienen razón o razones en lo que dicen y en como lo dicen.

Muchos ciudadanos españoles, incluyendo en estos a todos aquellos ciudadanos vascos que por no ser nacionalistas han visto recortada su libertad en estos treinta últimos años, recibieron con mucha esperanza el cambio que se abrió en el País Vasco con la elección por primera vez en la historia de un lehendakari no nacionalista. Desde el primer momento, Patxi López subrayó con mucho énfasis que el objetivo prioritario de su Gobierno era la derrota de ETA y el fin de la impunidad de los terroristas y de quienes les apoyan en las calles del País Vasco.
López sabe de sobra que para ese objetivo no contará nunca con la ayuda del PNV, sencillamente porque este partido no quiere la derrota de la banda terrorista, sino que preferirían –como en la parábola del hijo pródigo– la vuelta a la casa del padre, es decir, en este caso a la casa del PNV, del hijo descarriado, es decir, ETA, que un día se marchó a malgastar su hacienda y de paso asesinar a 830 personas. El lehendakari tendrá que optar y el PP hará bien en no ser quien rompa la baraja.

La incompetencia del TC ante el 'Estatut'
MANUEL TRIGO CHACÓN,  EL MUNDO  9 Septiembre 2009

El autor cree que el inminente fallo sobre el recurso al Estatuto catalán estará marcado por el sectarismo político. Denuncia que el Ejecutivo Socialista ha influido en la composición del Tribunal, lo que lastra su independencia

LA ESCANDALOSA situación que se está dando ante la incompetencia del Tribunal Constitucional para dictar una sentencia ajustada a Derecho, en relación al Estatuto Catalán, que resuelva los recursos de inconstitucionalidad presentados hace años, ha hecho decir a las principales asociaciones de jueces, la APM y la Francisco de Vitoria, «que son inaceptables e insoportables las dilaciones indebidas».

Pensamos que este retraso de varios años está calculado porque, como algunos dicen, lleva aplicándose tres años y no ha pasado nada. Se pretende por todos los medios presionar al Tribunal para que convalide el Estatuto, amenazando con movilizaciones populares el 11 de septiembre, festividad de la Diada. Se anuncia por el presidente de CiU, una cumbre de políticos catalanes que adopte respuestas unitarias contra el Gobierno de España. En definitiva, como dice el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, se trata de una nueva interpretación de la Constitución española, aunque la verdadera realidad es que pretenden lograr una sentencia que obligue a modificar la Constitución, especialmente en lo que se refiere al capítulo de las autonomías, de acuerdo con la errática política del presidente Zapatero.

Ello permitiría al Gobierno revisar el texto constitucional, saltando los mecanismos propios que contiene la propia Constitución, sin necesidad de ninguna consulta popular. Para ello cuenta el Ejecutivo con la presidenta, con la ponente, designada para redactar el proyecto de sentencia y con la mitad de los vocales.

Esta situación es posible gracias al triunfo electoral del PSOE en octubre de 1982 y al inmediato proceso de purificación de todas las instituciones del Estado en beneficio del partido y de la ideología socialista, que cambió por completo el equilibrio democrático y el espíritu consensuado de la transición. Se apartó rápidamente de las instituciones a personas de valía reconocida y de sólida mentalidad democrática, por militantes de confianza, fieles no sólo al PSOE, sino a su dirección. El TC no fue una excepción, sino todo lo contrario, así comenzó su descrédito, que se ha ido acentuando de forma vergonzosa.

Desde la instrumentalización del caso Rumasa, mediante aquel decreto-ley 2/1983, que fue de lo más inconstitucional ( recordemos las presiones de Felipe González sobre García Pelayo, presidente entonces del Tribunal), hasta la actual situación de incompetencia para resolver los recursos planteados contra el Estatuto Catalán, donde las presiones sobre la presidenta María Emilia Casas y sobre la ponente, Elisa Pérez Vera, han originado toda una triste historia de sentencias de contenido político más que jurídico, que han tratado siempre de satisfacer los intereses del Gobierno socialista.

Por ello no nos hagamos ilusiones con la sentencia sobre el Estatuto Catalán. Será un bodrio más político que jurídico, retorcido al máximo para que sea difícil de entender, y que satisfaga al Gobierno, ya que la ponente tiene una especial habilidad en estar al servicio del que manda. Será un ejemplo más de la injusticia constitucional en España, al cambiar la estructura autonómica por una federal de corte asimétrico, donde habrá autonomías de primera y la mayoría de segunda.

Ni en Europa ni en España había Tribunales Constitucionales hasta después de 1945. Fue la aportación doctrinal de Hans Kelsen la que influyó para que se instaurase una justicia constitucional, que pudiese poner freno a los excesos del poder ejecutivo y legislativo, mediante la intervención de un tribunal superior, que fuese garante e intérprete de las constituciones. La idea de Kelsen era buena, pero en España se ha retorcido en sentido contrario, como puede apreciarse por la postura del Gobierno y de sus socios de tripartito catalán.

En EEUU, con la constitución más antigua del mundo, donde no hay Tribunal Constitucional, ya realizaba esa función el Tribunal Supremo, y cada uno de los jueces federales o de distrito. En Europa fue la Constitución italiana de 1947 la que instauró el Tribunal Constitucional. En Gran Bretaña y en otros países europeos no existen este tipo de instituciones, y es la Corte o Tribunal Supremo la que resuelve los conflictos. Ello se debe a que un tribunal especial, por encima del resto, suele ser una fuente de conflictos de competencias, máxime si como en el caso de España no está formado en su mayoría por jueces, sino por profesores y funcionarios de distintas afinidades políticas.

En España así ha ocurrido con mucha frecuencia. Teníamos el precedente del Tribunal de Garantías Constitucionales, creado por la Constitución de 1931, en sus artículos 121 a 124, que fue un completo fracaso. A partir de la Constitución de 1978, lo que se hizo fue copiar el modelo italiano, en ese afán de traer todo lo de fuera y crear nuevas instituciones, con el enorme costo que ello supone. Sólo algunas voces de juristas de reconocido prestigio defendieron la conveniencia de que fuese el Tribunal Supremo, a través de una sala especial, el que asumiese las funciones de máximo intérprete de la Constitución. No fue así, y los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en crear un nuevo tribunal dotándolo mediante Ley Orgánica de los máximos poderes, independiente y por encima de todos los tribunales e instituciones.

Ha sido la composición del TC y el régimen de nombramientos de sus miembros lo que ha acelerado el descrédito de la institución. Inicialmente se pensó en que sólo las dos cámaras legislativas interviniesen en los nombramientos, pero enseguida se pasó a la intervención de los tres poderes del Estado. En el anteproyecto de 5 de enero de 1978, se sustituyó la expresión de que los miembros serían «profesores numerarios de Derecho y Ciencias Políticas de cualquier universidad española», por la más ambigua de «profesores de universidad», o también «funcionarios públicos», que fuesen «juristas de reconocida competencia», y el número de años de experiencia o ejercicio profesional se rebajó de 20 a 15.

Con este sistema de nombramientos, la independencia de los jueces constitucionales nunca se ha dado, salvo en su primera etapa. A partir de la mayoría absoluta del felipismo en 1982, el Tribunal fue enteramente manipulado por el gobierno, como se demostró con el decreto-ley urgente de expropiación de Rumasa.

El procedimiento de selección y propuesta de candidatos se ha envilecido y ya no hay ninguna investigación ni debate sobre a quién se propone, como hemos visto que hay en Estados Unidos, con la última magistrada nombrada, de origen hispano. La «reconocida competencia jurídica» se ha convertido en la práctica, en la obediencia debida e incondicional al partido que los propone. Los méritos sobran, se impone la disciplina ideológica, con entera sumisión al poder. Sobre estas bases y con estos jueces constitucionales, se presentaron los recursos contra el Estatuto Catalán.

Si el trasfondo jurídico de los recursos parecía claro y diáfano, el político por el contrario era de lo más incierto, debido a la errática política del presidente Zapatero con los nacionalistas radicales catalanes, con cuya minoría se apoya para gobernar. En esta difícil coyuntura, la presidenta del Tribunal acertó al designar ponente, por indicación de Chaves y Zapatero, a la profesora Elisa Pérez Vera, de reconocida estirpe socialista, traída por profesores afines a la izquierda, desde Granada a Madrid, donde alcanzó de inmediato importantes puestos, más que por «reconocido prestigio», por hábiles maniobras.

SIN HABER dado clases como catedrática, tomo posesión en la Universidad de Santiago de Compostela, y a los pocos días llegó con contrato a la UNED de Madrid. Se le hizo catedrática numeraria y a los pocos meses, en las primeras elecciones a Rector de la UNED, fue la más votada con el apoyo del personal de administración y servicios, que también votaba, y con quien compartió cafés en el bar de la universidad. No investigó ni publicó nada de importancia, pero fue nombrada secretaria del consejo de Universidades, donde se olvidó del Proceso de Bolonia, porque no era de su interés. Pasó a presidir uno de los más importantes tribunales de Andalucía, y allí sirvió a Chaves, incluso con recursos contrarios a los principios que ahora defiende en la ponencia del Estatuto Catalán.

No puede cabernos ninguna duda de que la ponente, profesora Pérez Vera, redactará una sentencia que primero será oída por Zapatero y Montilla, y luego aprobada y publicada. La sentencia dictada y consensuada será difícil de entender, con una ambigüedad estudiada, lo que originará no pocas interpretaciones. Pero sin posible recurso ulterior. Originará una fuerte tensión en Cataluña, ya anunciada por algunos políticos incompetentes como Rovira, Tardá, Puigcercós y toda la izquierda radical. Entre la gran mayoría de los españoles habrá confusión y desánimo, salvo en el País Vasco, donde no se sabe qué camino seguirán. En definitiva, siguiendo las directrices de Zapatero y su entorno, se producirá un importante punto de inflexión en la nueva estructuración de España, muy lejos de la que se contempla en la Constitución, y todo sin modificarla.

En términos jurídicos, el permitir que las normas de la Generalitat prevalezcan en materia de competencias exclusivas sobre las del Estado Español, según el artículo 110 del Estatuto, supondrá una clara limitación del principio de soberanía nacional, en el que se fundamenta la Constitución española. Por esa vía se va hacia un estado federal plenamente descentralizado. Ante esta situación, muchas personas piensan si no sería conveniente entregar el saldo y finiquito a cada uno de los magistrados del Constitucional y enviarlos a casa. Nos ahorraríamos letrados, asesores, secretarías, funcionarios, conductores, escoltas y un presupuesto de dietas y gabelas millonarias.

En premio a su labor después de más de tres años, la ponente, profesora Elisa Pérez Vera, ocupará la presidencia del Tribunal Constitucional, si por fin se renueva, ya que lleva más de 20 meses en prórroga forzosa, y si no puede ser esa presidencia, se le ofrecerá el Ministerio de Justicia. Pero a los españoles nos dejará el embrollo de saber qué prevalece, si la Constitución de 1978, votada por una amplia mayoría de españoles, o la sentencia de 2009, votada por 12 profesores y jueces, algunos de ellos con un mandato prorrogado sine die, y con una incompetencia demostrada.

Manuel Trigo Chacón es doctor de Derecho Internacional y autor de Los estados y las relaciones internacionales.

Insurrección anticonstitucional (de diseño) en Cataluña
José Antonio Zarzalejos EC 9 Septiembre 2009

En el nacionalismo catalán existe una cierta tendencia a la insurrección anticonstitucional. El 6 de octubre de 1934 -en plena II República, gobernada entonces por el Partido Radical de Lerroux, apoyado por la CEDA- Lluis Companys, a la sazón presidente de la Generalitat, declaró unilateralmente el Estado catalán “en la República Federal Española”. La secesión se quedó en nada, como la que, años antes, en 1931, intentó Maciá. Pero a la insensatez de Companys le precedió un debate vivísimo sobre la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Constitucionales republicano -vaya casualidad- que anuló una ley autonómica sobre los rabassaires. Me remito a la historia porque los nacionalistas catalanes no dejan de hacerlo para justificar lo que ellos consideran la realidad nacional catalana. El viernes 11 de septiembre Cataluña celebrará la Diada en recuerdo de la caída de Barcelona en 1714 ante el ejército de Felipe V que, años después, en 1717, dictó los Decretos de Nueva Planta y abolió con ellos el autogobierno de la región, manteniendo intacto el de los territorios vascos fieles a la causa del Borbón en la Guerra de Sucesión.

Esta Diada-2009 está siendo precedida de un ambiente insurreccional contra la eventual sentencia del Tribunal Constitucional que ha de examinar la adecuación del Estatuto catalán a la Constitución. Artur Mas, líder de CiU, ya ha advertido que el alto tribunal está “caduco” y alertado sobre “una reacción popular en la calle” si la sentencia enmienda el texto estatutario. Ernest Maragall, hermano del ex presidente Pasquall Maragall, consejero de Educación de la Generalitat, ha propugnado que la sentencia, de ser desfavorable al Estatuto, simplemente sea desconocida, mientas en Arenys de Munt se ha querido organizar -a la vasca- una consulta sobre la estatalidad de Cataluña impedida en última instancia y sólo de momento por el juzgado contencioso-administrativo nº 14 de Barcelona. Al tiempo, surgen como setas segundas marcas de los partidos en forma de organizaciones ciudadanas para agitar el ambiente y se suceden las declaraciones que niegan competencia y hasta legitimidad del TC. El argumentario para hacerlo es estrictamente político y desprecia lo jurídico: se trata de un pacto, dicen unos (¿qué ley no es el resultado de un pacto?); lo que el pueblo ha refrendado no lo puede enmendar un tribunal dicen otros… y hasta los ministros de Justicia y de Interior salen a la palestra para abogar por la constitucionalidad del Estatuto.

El TC no es un ejemplo de buen funcionamiento. Ayer volvió a los debates sobre la ponencia redactada por la magistrada Elisa Pérez Vera pero los desacuerdos persisten. Algunos magistrados están en prórroga desde hace años; otro, recusado en la impugnación del PP (Pablo Pérez Trems), otro más, Javier Delgado, mermado por una enfermedad; y cabe recordar que Roberto García Calvo, líder del grupo de magistrados conservadores, murió de manera fulminante hace unos meses. El Constitucional, además, se ha sobreseído en todos los plazos razonables y su presidenta, María Emilia Casas, no da la sensación de autoridad y prestigio necesarios para abordar con firmeza la situación. Pero el alto Tribunal es una pieza clave de la ingeniería jurídico-política del sistema. Imprescindible, aunque renqueante. La sentencia, en consecuencia, se retrasa ofreciendo así en Cataluña un margen insurreccional a los nacionalistas que tienen noticia cierta de que seis de los diez juzgadores podrían imponer una resolución con fuertes tachas de inconstitucionalidad al Estatuto. Si el otrora conservador Guillermo Jiménez -nombrado a propuesta del PP- y el progresista Manuel Aragón, son coherentes con sus tesis académicas, la sentencia (6 contra 4) tendría que ser desfavorable a todos estos extremos contemplados en el Estatuto: la definición de Cataluña como “nación” (y no importa que sea en el preámbulo) porque según la Constitución sólo existe la nación española; tampoco sería admisible referirse a los “símbolos nacionales de Cataluña”; resultaría inconstitucional la bilateralidad Cataluña-Estado, la depredación de competencia exclusivas de la Administración Central, el deber de conocer el catalán y el poder judicial autonómico, entre otros varios aspectos. Como acaba de declarar el presidente socialista de Castilla-La Mancha “es inasumible” que Cataluña se constituya en nación.

Los catalanes sabes que el Estatuto no es constitucional
Si el TC no depura el Estatuto catalán de las flagrantes inconstitucionalidades, se habrá producido un auténtico fraude constitucional: a través de una ley orgánica estatutaria se habrá alterado el modelo del Estado español que es nacional, unitario y autonómico. Y eso es precisamente lo que pretenden suceda los nacionalistas catalanes, apoyados por socialistas irresponsables -¿cómo pudo Rodríguez Zapatero chalanear mano a mano en Moncloa con Artur Mas en 2005 “arreglando” el título de la financiación- que quizás no valoran en su verdadera trascendencia el movimiento insurreccional que se está labrando en Cataluña. Allí, saben perfectamente que el Estatuto no es constitucional porque lo reconoció el propio Pasqual Maragall, que lo impulsó: el ex presidente de la Generalidad llegó a la conclusión de que el texto autonómico sólo hubiese sido viable con una previa modificación de la Constitución.

O sea, que el problema político -que no social- que se nos viene encima con la parálisis del TC y la agresividad nacionalista (¿confiamos en el cordobés Montilla y en el “alma” españolista de Manuela de Madre, Corbacho y otros dirigentes del PSC con cierto sentido de Estado?) es de enorme envergadura. Digo que el problema no es social porque Barcelona es la tercera ciudad más feliz del mundo (después de Río de Janeiro y Sidney) según la compañía de investigación Gfk Custom Research North América y los catalanes los ciudadanos más felices de España según otra encuesta, en esta ocasión, elaborada por Coca-Cola España (“Informe de la felicidad en España”). Lo que contrasta con el victimismo y la queja permanente de la dirigencia nacionalistas catalana. Ya se vio el escaso entusiasmo ciudadano en el referéndum del Estatuto (no votó ni el 50% del censo), pero también es comprobable que, como en 1931 y en 1934, que la política y las aspiraciones ciudadanas no siempre coinciden y por ello es posible provocar una subversión de diseño que colapse el sistema constitucional. Atentos al viernes día 11 y a ese frágil y amedrentado TC que se consume en eternos debates sobre una serie de inconstitucionalidades tan evidentes que causan ceguera con sus destellos antijurídicos.

El cambio en Euskadi
RAFAEL AGUIRRE El Correo 9 Septiembre 2009

De forma muy generalizada y en lugares diversos los programas electorales de nuestros días ofrecen 'cambio'. Es la palabra clave. Los publicistas políticos no tienen que estrujarse el cerebro. Pero es un cambio concreto y controlado: ni la izquierda piensa en cambios revolucionarios ni la derecha en sobresaltar la esencial moderación de su clientela. En Europa, al menos, los extremos del espectro son muy minoritarios. En Latinoamérica la cosa tiene más enjundia, el cambio es más ambicioso porque se trata del continente más injusto del planeta y ahora, cuando se han arrumbado los proyectos basados en la violencia, parece que algo realmente hondo se mueve en aquellas tierras. Este clamor por el cambio llegó hace pocos meses a Euskadi y lo que muchos creían un destino inexorable resultó que no lo era y tenemos, por vez primera en los treinta años de democracia, un gobierno no nacionalista. Se nos prometió un cambio con una característica bien particular: el cambio consiste, en buena medida, en rebajar ensoñaciones quiméricas, que magnificaban lo pequeño, crispaban a la sociedad y producían el enfrentamiento de bloques consustancial a los mesianismos políticos.

Había que poner los pies en el suelo y aunar los esfuerzos de los demócratas en garantizar la libertad de todos, defender a los amenazados, hacer justicia a las víctimas, acabar con el terrorismo con todos los medios del Estado de derecho, incluida su deslegitimación ideológica y social. El cambio que se nos prometía era simplemente respetar y arraigar las instituciones democráticas; que Euskadi no fuese el proyecto de 'un pueblo en marcha' hacia las metas extraconstitucionales de un nacionalismo radicalizado y pasase a ser una sociedad compleja y plural donde conviven formas varias de ser vasco y de plantear el futuro. Se trataba, en otras palabras, de pasar del espíritu de tribu, unida por el vínculo de la sangre, al espíritu de ciudadanía, cuya piedra angular es el respeto a cada persona en su diversidad y la igualdad de derechos y deberes. Se comprende fácilmente que este tipo de cambio presupone una forma muy diferente de entender el liderazgo social. En un caso el lehendakari se siente más legitimado por su identificación con un supuesto espíritu del pueblo que por el principio de legalidad que le corresponde, será, por tanto, decididamente populista, con un discurso monocorde porque nada puede distraerle de la alta meta que vislumbra para su pueblo. En el otro caso, el lehendakari tendrá que ser, ante todo, el defensor de las instituciones de las que procede su legitimidad, deberá conciliar los intereses de una sociedad muy plural y tendrá un discurso sin concesiones populistas. Es un cambio que exige despojar a la política de sentimientos agónicos y renunciar al victimismo, coartada para ejercer el poder y, al tiempo, presentarse como oposición, gozando de las ventajas de ambos.

Este tipo de cambio ha comenzado entre nosotros, será muy costoso y veremos hasta donde llega. Algunos acusan al actual gobierno vasco de falta de iniciativa. Igual resulta que estábamos acostumbrados a un ajetreo mareante e inmóvil, porque junto a un discurso superideologizado, encontrábamos consejerías importantes, convertidas en reinos de taifas con políticas erráticas o sectarias, a la vez que obsesionadas por su proyección pública. La transición democrática se consuma cuando se da un cambio de gobierno de forma tranquila y no traumática. En el País Vasco se me antoja que esto tiene especial validez, porque existe aún un largo trecho por recorrer para la aceptación de las instituciones democráticas, lo cual no se opone al deseo de modificarlas. Pero, en mi opinión, nuestro problema no es tanto la existencia de un espíritu democrático insatisfecho, sino la notable extensión de un espíritu totalitario y de una obsesión identitaria monolítica, de una concepción excluyente de la nación vasca, de que se mira una sociedad compleja con la óptica etnicista de un pueblo, de que el talante de tribu, con sus ritos y vinculaciones, es un muro de contención ante el espíritu cívico y democrático.

La ciudadanía exige educación. Todos nacemos vinculados a grupos primarios, pero para convivir en una sociedad moderna, plural y laica tenemos que asumir la condición de ciudadanos, como antes he señalado, basada en el respeto a la dignidad de cada persona y a su identidad, así como en el ejercicio de la propia libertad individual. La democracia exige una educación de las mentalidades, de los hábitos y de los sentimientos, que en el ser humano no son meras fuerzas instintivas e irracionales. Quiero subrayar que es posible y necesario educar los sentimientos, porque son especialmente manipulables y muchos recurren a ellos, como si fuese un dato inmodificable de pura naturaleza para justificar sus actitudes eximiéndose de la necesidad de justificarlas racionalmente, aunque su educación pueda ser una tarea especialmente compleja. Otra cuestión es si estos mínimos de moral cívica requieren un fundamento antropológico filosófico o religioso, tema que está originando un importante debate en Europa, en el que nos jugamos mucho y del que, lamentablemente, está ausente la universidad, al menos en nuestro entorno vasco, en la que se habla mucho de ajustarse a las demandas sociales, pero que relega lo que debería ser su aportación social primera y también la más crítica: la formación de la ciudadanía y la reflexión sobre sus bases antropológicas y filosóficas.

En un partido político que ejerce el poder durante muchos años es probable que se de la corrupción, pero es seguro que se da el estancamiento de la creatividad y de las ideas. Creo que el PNV sufre particularmente del estancamiento ideológico, porque ha entrado en la pugna por las esencias y los maximalismos, presionado por el abertzalismo etarra que le disputa la hegemonía en su campo, a la vez que le ha prestado ayudas preciosas en momentos puntuales y coartadas constantes para sus reivindicaciones partidistas. Los años de Ibarretxe han supuesto una deriva ideológica intelectualmente insostenible y políticamente nefasta. Ante semejante desvarío se ha ido fraguando durante este tiempo un discurso alternativo basado en el mencionado concepto de ciudadanía integradora y en cuya elaboración -dato importante y no hace falta que cite nombres- han tenido un protagonismo decisivo intelectuales muy cualificados procedentes del nacionalismo y que, por eso mismo, lo conocen muy bien y lo han analizado de forma penetrante. Cuando se habla de ciudadanía se está diciendo que un nacionalismo no se cura con otro. Hoy es evidente que si no se es nacionalista vasco no hay por qué ser nacionalista de otro tipo. Creo que los primeros pasos del Gobierno de López responden a esta convicción. Lo que está en juego en el País Vasco no es una confrontación de nacionalismos, sino el arraigo social de la democracia. Sospecho que llegará un día en que la etiqueta 'nacionalista', que hoy tantos ven como timbre de gloria, caerá en profundo desprestigio.

Esto implica que la sociedad vasca pierda su complejo ante el nacionalismo, que se normalice el reconocimiento como vascos tanto de los que son como de los que no son nacionalistas. La norma social, tanto tiempo vigente, de vasco igual a nacionalista, que dictaba lo político y socialmente correcto, debe dejar de ejercer un control totalmente injustificado en una sociedad democrática, para que todos podamos expresarnos con libertad. En definitiva, el cambio político en Euskadi implica un cambio de cultura política y el gran reto es asentarla, de modo que perdure más allá de las futuras alternancias en el gobierno. En esta tarea nos jugamos la culminación de la transición democrática en el País Vasco, el reconocimiento efectivo de las instituciones democráticas y la penetración de los correspondientes hábitos democráticos en la población.
Para el autor, «el cambio político en Euskadi implica un cambio de cultura política y el gran reto es asentarla, de modo que perdure más allá de las futuras alternancias en el gobierno. En esta tarea nos jugamos la culminación de la transición democrática en el País Vasco»

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