AGLI

Recortes de Prensa    Lunes 14 Septiembre 2009

 

Ataque preventivo
Luis del Pino Libertad Digital 14 Septiembre 2009

Como informa hoy El Mundo, el fiscal del juzgado de instrucción número 7, con la aprobación del fiscal jefe de Madrid, ha solicitado 3 años de cárcel para Antonio Rubio, por revelar que el imán Cartagena era un confidente de nuestros servicios de información. Confidente que estaba infiltrado en esas tramas con las que se ha pretendido vestir de ropajes islámicos un atentado, el del 11-M, que de islámico no tiene nada.

Desde aquí le envío un abrazo a Antonio Rubio y le manifiesto mi solidaridad ante este nuevo ataque a la libertad de información y de expresión.

La petición de la Fiscalía no tiene sentido ninguno, por múltiples razones que hoy El Mundo desgrana con el detalle que la noticia merece:

* En primer lugar, el propio imán Cartagena ya había revelado sus datos de identidad mucho antes de que Antonio Rubio publicara ninguna información sobre él.

* En segundo lugar, porque fue el propio imán Cartagena quien se puso en contacto con El Mundo y no al revés, lo que implica que es el testigo protegido y no el periodista quien da los pasos que ponen en riesgo el secreto de la identidad de aquél.

* En tercer lugar, porque cuando Antonio Rubio publicó sus informaciones, el imán Cartagena contaba ya con una nueva identidad, por lo que nada de lo que Antonio Rubio publicó puso en riesgo al testigo protegido.

* En cuarto lugar, porque estamos hablando de una noticia que Antonio Rubio publicó hace la friolera de ¡cuatro años!

* En quinto lugar, porque ese testigo protegido no cuenta hoy en día - cuatro años después de los hechos - con la condición de testigo protegido.

* Y en sexto lugar, porque el delito genérico de "revelación de secretos" (art. 197 del Código Penal) que la Fiscalía le imputa a Antonio Rubio no es aplicable en absoluto a este caso, como muy claramente explica Enrique Gimbernat en el propio periódico El Mundo. Al existir una regulación específica en el Código Penal para el secreto del sumario (art. 466), no puede aplicarse la regulación más genérica del art. 197. Y da la casualidad de que el art. 466 no castiga a aquéllos (los periodistas) que difundan un dato considerado secreto, sino sólo a esos otros (las fuentes) que hayan revelado a un periodista algún secreto de sumario.

En suma, que la posición de la Fiscalía es una completa aberración jurídica, que además atenta contra el sentido común más elemental.

Achaca el periódico El Mundo ese comportamiento de la Fiscalía a una "represalia" contra ese periódico, que tanto se ha preocupado por sacar a la luz todas las incongruencias, contradicciones y manipulaciones de que está compuesta la versión oficial de los atentados del 11-M. Pero, en mi modesta opinión, existe otra posible razón que podría explicar mucho mejor ese comportamiento de la Fiscalía. Y que podría explicar que esa petición de la Fiscalía se produzca precisamente ahora.

Me refiero al hecho de que mañana está citado a declarar, como imputado, el comisario Sánchez Manzano, quien se sentará en el banquillo como consecuencia de la querella presentada contra él por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Esas víctimas del 11-M acusan al ex-jefe de los Tedax de los delitos de falso testimonio, de encubrimiento por ocultación de pruebas y de omisión del deber de perseguir delitos.

¿Está pretendiendo la Fiscalía, quizá, tapar con esa persecución a Antonio Rubio la declaración que mañana tiene que prestar el que fuera el máximo responsable de la recogida y análisis de las muestras del 11-M? ¿Está mandando también la Fiscalía, quizá, un mensaje de apoyo al ex-jefe de los Tedax, ante esa declaración como imputado que tiene que prestar mañana?

¿Estamos, quizá, ante un ataque preventivo?

Una represalia de la Fiscalía contra EL MUNDO
EDITORIAL El Mundo 14 Septiembre 2009

HABRÍA QUE remontarse a los tiempos del franquismo -cuando se penalizaba la libre opinión- para encontrar una represalia similar contra la prensa como la que impulsa la Fiscalía de Madrid contra el subdirector de EL MUNDO, Antonio Rubio. La Fiscalía pide para él tres años de cárcel e inhabilitación profesional por haber incurrido en un presunto delito de revelación de secretos al publicar en mayo de 2005 una información en la que quedaba en evidencia que el confidente Cartagena avisó a la Policía Nacional antes del 11-M de una trama islámica que preparaba atentados en España en la que figuraba El Tunecino.

La actuación profesional de Antonio Rubio fue impecable porque, antes de publicar lo que el confidente marroquí le había contado, logró acceder a unas fichas de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) que contenían toda la información que Cartagena había proporcionado a la Policía Nacional.

El propio instructor del 11-M, el juez Del Olmo, desconocía la existencia de esas fichas, que reclamó para que pudieran ser incorporadas al sumario en diciembre de 2005, lo que pone en evidencia la relevancia de la información de Rubio.

En 2006, Cartagena envió un escrito en la Audiencia Nacional con su nombre real en el que denunciaba que la UCIE le había presionado para que no contara a la Justicia todo lo que sabía sobre el 11-M y para que ocultara los datos que tenía que vinculaban a etarras e islamistas.

Dos años después de la publicación de los hechos, el confidente Cartagena presentó de forma sorprendente una querella contra Antonio Rubio que fue admitida a trámite en un juzgado de Madrid. La Fiscalía le acusa de un delito de revelación de secretos, tipificado en el artículo 197 del Código Penal, a pesar de que la propia Audiencia le había retirado la condición de testigo protegido a Cartagena en 2008 a causa de sus imprudencias, que ponían en peligro su seguridad.

Lo primero que hay que decir es que tal acusación carece por completo de base jurídica y se basa en la interpretación de un artículo redactado de forma ambigua y contradictoria con otros artículos del Código Penal, como argumenta hoy el catedrático Enrique Gimbernat en nuestras páginas.

Rubio no reveló ningún secreto en su información porque jamás mencionó la nueva identidad concedida por el juez ni proporcionó el menor dato que pudiera conducir a su localización. Sí que hacía referencia al verdadero nombre de Cartagena, que figuraba en las notas policiales, en el sumario de la operación Nova y que él siguió utilizando normalmente. Más tarde, el confidente pidió declarar en el juicio del 11-M a cara descubierta.

A pesar de la falta de fundamento jurídico de la acusación y contra el más elemental sentido común, el fiscal jefe de Madrid persiste en querer sentar en el banquillo y meter en la cárcel a Rubio por una información en la que se ponía en cuestión la actuación policial previa al 11-M. No hay más remedio que concluir, por ello, que estamos ante un intento de venganza por el papel desempeñado por este periódico en la búsqueda de la verdad sobre la masacre de Madrid, desmontando muchas de las tesis de la Fiscalía. Y también que el fiscal jefe de Madrid ha actuado en este asunto con el respaldo del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, que debería comparecer ante la opinión pública para explicar esta agresión contra la libertad de expresión, impropia en una democracia.

La paradoja más llamativa de este asunto es que la información de Cartagena estuvo a disposición del juez Garzón, que ni siquiera se molestó en transcribir las cintas grabadas por la Policía a la trama islamista. Nadie le ha pedido cuentas todavía por su pasividad. En cambio, el periodista que sacó a la luz las negligencias judiciales y policiales tiene ahora que sentarse en el banquillo por haber cumplido su obligación de informar. Un doble rasero que deja en evidencia el sectarismo de la Fiscalía que no parece inspirado por el deseo de hacer justicia.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

LOS PUNTOS NEGROS DEL ESTATUT: I. LENGUA Y EDUCACIÓN
Una ley que niega la libertad a los padres
IMPRESIONES El Mundo 14 Septiembre 2009

MIENTRAS el Tribunal Constitucional lleva ya más de tres años deliberando sobre el recurso de inconstitucionalidad del PP contra el Estatuto de Cataluña, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la reforma de ley de financiación de las comunidades autónomas, hecha a la medida de Cataluña. Hasta ahora el Parlamento catalán había venido aprobando leyes y normas para adaptar el Estatuto, pero ahora es el Gobierno quien modifica la legislación vigente para que se ajuste a sus exigencias. A la espera de la sentencia del Alto Tribunal, EL MUNDO comienza hoy una serie de cinco capítulos sobre los puntos negros o aspectos más claramente inconstitucionales del Estatuto. Empezamos por la lengua y la educación, prioridad de los nacionalistas para avanzar en sus objetivos políticos. Antes del verano, el Parlamento catalán aprobó la ley de Educación, que impide a los padres que sus hijos puedan ser educados en castellano, mientras que la Generalitat sigue con su política de persecución de la lengua común. Hablando de inconstitucionalidad, ayer se celebró en la localidad de Arenys de Munt una farsa de consulta popular que pone en evidencia el nulo respeto por la ley del nacionalismo radical.

Comienza la cuenta atrás para que el Constitucional decida sobre el «Estatut»
La historia se repite, tres años después. Cataluña marcó el rumbo de la política nacional en 2006, y sin duda lo hará de nuevo este año, sea cual sea la decisión que adopten los diez magistrados del
ÉRIKA MONTAÑÉS | MADRID ABC 14 Septiembre 2009

La historia se repite, tres años después. Cataluña marcó el rumbo de la política nacional en 2006, y sin duda lo hará de nuevo este año, sea cual sea la decisión que adopten los diez magistrados del Tribunal Constitucional que tienen en su haber el recurso interpuesto hace un trienio por el Partido Popular en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña contra el Preámbulo, 114 de los 223 artículos de la ley y 12 disposiciones adicionales y finales. En total, 451 folios, avalados por la firma de más de cien diputados populares, y que arremeten contra la «Constitución paralela» que postula el articulado catalán.

En pleno proceso de renovación del Alto Tribunal, con María Emilia Casas a la cabeza, los magistrados progresistas y conservadores que podrían estar a punto de dar a conocer su relevante decisión están en el punto de mira de todos los partidos. Unos los acusan de haberse tomado demasiado tiempo en este asunto y otros de estar políticamente condicionados (Jordi Pujol dixit). Pero... ¿por qué es tan importante su decisión?

A continuación te damos algunas claves de lo que está por dirimirse en el seno del Constitucional:

-¿Qué pasó en 2006?
José Luis Rodríguez Zapatero se juega mucho con la decisión de los diez magistrados del TC. De hecho, fue el gran impulsor en el contexto nacional de aquel texto que defendía el primer tripartito catalán, que descabezó a CiU del poder, y que lideraba Pasqual Maragall. En un mitin en el Palau Sant Jordi, el entonces candidato socialista a presidir el Gobierno se comprometió a dar a las a la reforma del Estatuto autonómico que aprobase el Parlamento de Cataluña. Era noviembre de 2003, y una vez superado con éxito el trámite en la Cámara catalana, lo hizo después -entre marzo y mayo de 2006- en las Cortes españolas. Sólo el PP votó en contra del texto que iba a ser sometido a referendo el 18 de junio de 2006 entre los ciudadanos de Cataluña; mientras que ERC se abstuvo.

Esa abstención inclinó la balanza definitivamente. A causa de su oposición al texto y ante la campaña de la consulta en Cataluña, el presidente Maragall optó por cesar de sus cargos a todos los consejeros de ERC, que quedaban fuera del Ejecutivo de Cataluña. A pesar de la elevada tasa de abstención (un 51 por ciento) en la consulta popular, el proyecto estatutario fue aprobado por la mayoría de electores que acudieron a votar el 18 de junio (un 73,2 por ciento de ellos), aun cuando un gran porcentaje se manifestó en contra del texto (una quinta parte de la ciudadanía catalana) y otro 5,3 por ciento votó en blanco.

El cese forzado de los apoyos de ERC provocó el adelanto de las elecciones autonómicas en Cataluña, convocadas para noviembre de ese mismo año, 2006.

-¿Qué recurre el PP?
Los popualres impugnan buena parte del contenido del «Estatut», pero se centran básicamente en dos cuestiones: en el Preámbulo del texto se dice que Cataluña es una nación y el PP recurre la inconstitucionalidad del término puesto que «no hay más nación que la española», a su juicio; y además, se recoge el «deber de conocer el catalán», así como la regulación del poder judicial en Cataluña, lo que para el PP confirma una «Justicia propia en Cataluña y deja en desigualdad a los españoles» que no abarca el Estatuto autonómico.

Otros «ejes vertebradores» del recurso son la delimitación competencial, que «recorta la capacidad del Estado» en Cataluña; la bilateralidad, por cuanto quiebra la convivencia en igualdad de los españoles y de las comunidades; y la financiación autonómica.

-¿Por qué recurrió el PP?
En el recurso llevado hasta el TC por Federico Trillo, portavoz de Justicia del PP, y la dirigente Soraya Sáenz de Santamaría, figuran argumentos como que «el "Estatut" es una ley integrada en el bloque constitucional, cuya puesta en marcha exigirá modificar más de treinta leyes del Estado. Y la sentencia del TC debe ser ejemplar -alegan- para consolidar el modelo constitucional del Estado de las autonomías y no permitir excesos en las restantes revisiones de estatutos en marcha». Que el articulado catalán no altere «el modelo territorial», ni «dé paso a una España con 17 realidades nacionales regidas por diferentes textos», ni «provoque un daño irreparable» son otras de las peticiones que hacen los populares en su recurso de inconstitucionalidad.

-¿Qué ha sucedido en este intervalo de tres años?
Lo que ha pasado es que, con el recurso del PP mediando, el «Estatut» lleva un par de años funcionando. Un argumento que han puesto sobre el tapete una y otra vez los partidos defensores, puesto que alegan que en este tiempo «nada extraordinario ha sucedido». Sin embargo, el desagravio con otras comunidades autónomas respecto al marco de competencias ganadas por Cataluña salta a la vista, toda vez que en este tiempo de vigencia el «Govern» de la Generalitat de Cataluña ha aprobado distintas leyes con el beneplácito del Ejecutivo estatal, la última de ellas, la designación de senadores autonómicos.

-¿Qué pasaría en 2009?
Tres años después, el panorama político en la región discurre paralelo a la decisión del Tribunal Constitucional. Los partidos han venido anticipando en las últimas semanas las posturas que piensan adoptar: el PSC insta a la reacción unitaria de los partidos catalanes; miembros de ERC como su portavoz Joan Ridao han avisado de que un recorte del Estatuto por parte del TC abriría «un conflicto institucional sin precedentes», con una radicalización de los partidos catalanes; la ICV de Joan Saura advierte que una sentencia adversa a los intereses catalanes obligará a rehacer el pacto político entre Cataluña y el Estado; mientras CiU limitaría futuros acuerdos con el PP y, en suma, las políticas de alianzas parlamentarias se verían trastocadas en Cataluña y, sobre todo, en el Congreso de los Diputados.

Rodríguez Zapatero se vería sacudido por una complicada situación política, que él mismo habría propiciado y que le estallaría en las manos, viéndose obligado a mover nuevos hilos para cerrar los Presupuestos Generales del Estado (2010) con sus aliados de izquierda y nacionalistas catalanes; por no hablar del desgaste en su imagen pública si permitiese la aplicación de un Estatuto al margen del Constitucional -José Montilla, presidente de la Generalitat, ya le ha instado encarecidamente a ello-.

-Algo se mueve en el Constitucional...
La presidenta María Emilia Casas, en la presentación de la memoria anual de actividades del TC, apeló a la calma general sobre un texto que se ha prolongado demasiado tiempo, anunció que mantendría agosto como un mes inhábil para las decisiones judiciales, y se retomarían las deliberaciones a partir del 7 de septiembre. Casas estaba también en la diana de las críticas al negarse antes del verano a utilizar su voto de calidad para desbloquear el empate entre los magistrados, una determinación que se vinculó directamente al proceso de renovación al que debe someterse el Alto Tribunal el próximo mes de octubre.

El Constitucional será ahora el que decida si el «Estatut» se aviene con la Carta Magna de 1978, o si recorta algún artículo del que deba prescindir o se deba rectificar. Para colmo, en el horizonte se vislumbran, de nuevo, otras elecciones autonómicas en Cataluña programadas para otoño de 2010. Y está claro que tanto el calendario como las estrategias de los partidos en la región y en el escenario español estarán «tocadas» por la decisión del TC que está por llegar.
Las agendas de los partidos miran, día tras día, a la sede del TC en Madrid mientras se alarga la espera.

El timo de la "Diada" / Franco, "anodino político y mediocre militar"

Pío Moa Libertad Digital 14 Septiembre 2009

En Época, el viernes pasado:
EL TIMO DE LA DIADA

En 1714, cuando la Guerra de Sucesión ya se había resuelto a favor del Borbón Felipe V, una parte de los catalanes (no "los" catalanes) siguió resistiendo en nombre del otro candidato a rey de España, el archiduque Carlos de Austria. Al parecer no les habían informado de que el archiduque era ya emperador y se había retirado de la pugna por el trono español. Tampoco les respaldaba Inglaterra, que se había declarado protectora muy interesada de los fueros catalanes, pero que, habiendo ganado tanto en aquella guerra, dejó en la estacada a sus "protegidos". Felipe V organizó un bloqueo naval de Barcelona, muy poco efectivo, y finalmente asedió la ciudad por tierra. Los barceloneses lucharon heroicamente durante dos meses "por su rey, por su honor, por su patria y la libertad de toda España", considerando que la nueva dinastía iba a esclavizar el país. La razón profunda de esta resistencia radicaba en que, cuando la secesión organizada por la oligarquía catalana algo más de medio siglo antes, los catalanes habían tenido ocasión de probar las excelencias de la tutela francesa y no querían oír hablar de algo parecido.

Dirigía la resistencia barcelonesa el general Antonio Villarroel, al parecer de origen gallego, y el alcalde Rafael Casanova, este más vacilante. En el asalto final, el 11 de septiembre de 1714, Casanova fue levemente herido y escapó vestido de fraile. Vencida la resistencia, se fundaron los "Mozos de escuadra" para perseguir la mezcla de guerrilla y bandolerismo que continuó un tiempo en la región. A los pocos años, Casanova obtuvo el perdón regio y volvió a trabajar provechosamente como abogado, adaptándose sin problemas a la nueva situación, en la que el rey abolió los fueros regionales. No solo se adaptaría él sino toda la población catalana, que olvidó enseguida el contencioso y prosperó extraordinariamente después de varios siglos de parálisis de Cataluña: a lo largo del siglo XVIII, Barcelona casi triplicaría su población y su riqueza, y no extraña que cuando otro Borbón, Carlos III, llegó a la ciudad procedente de Italia, fuera acogido con un entusiasmo que no encontró ese rey en ninguna otra ciudad.

Pues la causa de la anterior parálisis catalana radicaba precisamente en aquellos fueros medievales, hechos para privilegio de una oligarquía nobiliaria y de grandes comerciantes que exprimía al "pueblo menudo" con una crueldad inexistente en el resto de España, salvo quizá en Galicia. No es casual que las revueltas campesinas afectasen a Galicia, y más aún a Cataluña, mientras en Castilla el campesinado era comparativamente más libre y respetado.

La actitud de la oligarquía catalana con respecto a sus vasallos la expuso el pensador medieval Francesc Eiximenis: a aquella gente "bestial" había que tratarla con "golpes, hambre, y castigos duros y terribles". Habían pasado siglos desde Eiximenis, pero los "malos usos" oligárquicos continuaban, a pesar de las reformas introducidas por Fernando el Católico. Todavía a finales del siglo XVII los labriegos podían ser muertos impunemente, y se les prohibía recurrir a los tribunales del rey porque ello, afirmaban los señores, iría "en gran dany de la cosa pública i de la bona administració de la justicia". A tales abusos los llamaban "libertades de Cataluña".

A finales del siglo XIX los nacionalistas catalanes inventaron una historieta de su región en la que se pintaban los sucesos al revés. El españolista Casanova y los suyos no habrían luchado por un rey de España, sino tan solo por "las libertades catalanas", presentaban al primero como un mártir de ellas, y hasta decían que había muerto numantinamente. En su honor inventaron la Diada, la jornada del 11 de septiembre, para conmemorar cada año la pérdida de las tales libertades. Nada define mejor la calidad de su ideología que estos símbolos irrisorios. Como ocurre con el Euskadi de los nacionalistas vascos.

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**** Hay que entender la decadencia de España considerando las cumbres desde las que cayó, un hecho realmente sorprendente y difícil de explicar. En el siglo de la Ilustración, España no produjo nada excepcional, excepto el genio de Goya. El país se dividió entre unos ilustrados mediocres y sin ideas propias, pero con cierto sentido común a la vista del retraso del país en relación con las potencias pujantes de Europa,; y unos tradicionalistas que defendían los pasados méritos del país, pero sin aportarles una sola idea nueva y sin siquiera sentido común. La historia de España desde entonces se puede resumir en esta doble mediocridad (no por ello menos sangrienta en muchos casos) con algunos altibajos no demasiado acentuados.

**** Dice la Aido que quiere un nuevo modelo de masculinidad. La loquilla quiere, y como manda mucho, no queda sino obedecer, ya saben. De momento tiene tres modelos excelentes para sus deseos: Zapo el rojo, el Futurista o Pitoniso, y Zerolo. ¿Cuál será el hombre ideal para ella? Una combinación de los tres.

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**** Bueno, amigos del blog, he estado diez días de vacaciones en Atenas, ciudad muy variada, por así decirlo. Pasábamos por la línea de metro al Pireo (Pireás), para coger el barco a Egina, y en la estación sonaba suavemente, no sé de dónde salía, una melodía que me costó identificar: Amazing grace, himno religioso muy interpretado en Escocia, donde parecen considerarlo cosa suya:

http://www.youtube.com/watch?v=jkLXOWimMY8
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De Franco para antifranquistas:

"Le he visto pelear en África, y para mí, el general Franco llega a la fórmula suprema del valor: es hombre sereno en la lucha" (Indalecio Prieto)

"Apunta en tu diario que hoy, 29 de agosto (de 1938), profetizo la derrota de Franco". (Mussolini a Ciano)

Una faceta curiosa de la necia aversión a Franco es la continua desvalorización del mismo, a menudo desde la derecha. Unos personajillos sumamente anodinos, faltos de ideas y de valor, se hinchan para llamar "político anodino", a quien mantuvo al país al margen de la guerra mundial en condiciones extremadamente difíciles y peligrosas, y dejó un país próspero y reconciliado que todavía permite una democracia que ellos, los críticos de Franco están echando a perder miserablemente. Y con la misma naturalidad, esos expertos estrategas explican que uno de los raros generales que ganó prácticamente todas sus batallas, la guerra, y luego una difícil guerra de guerrillas, era un "mediocre militar".

Tanto Mussolini como el mucho más experto Hitler se equivocaron en muchas de sus apreciaciones sobre la conducción de la guerra civil española, mientras que Franco acertó en todos los casos y dirigió la guerra con gran economía de fuerzas (contra una idea común, la contienda fue poco sangrienta para lo que han solido ser en el siglo XX). Tuvo, además, que simultanear las operaciones militares con otras dos enormes tareas que ningún militar lleva a cabo normalmente: organizar un ejército y poner en pie un estado.

Mussolini hablaba a Ciano cuando estaba en marcha la batalla del Ebro, la que más ha sido criticada a Franco por su carácter frontal cuando tuvo la ocasión de envolver al ejército rojo operando por Cataluña. De atender a semejantes críticos "estrategas", Franco habría perdido la batalla, cuando lo cierto es que la ganó, y ello fue el factor que permitió después avanzar rápidamente por Cataluña (junto con el deseo de la mayoría de los catalanes de salir de la pesadilla a que los había llevado el Frente Popular: en ningún sitio fueron acogidas las tropas nacionales con tanto entusiasmo como en Barcelona).

Y al hacer la crítica desde el plano puramente militar, se olvida el plano político, en unos momentos en que estuvo muy cerca de estallar la guerra europea, que Franco temía más que cualquier otra cosa, tanto por la amenaza de invasión francesa como porque consideraba que de tal guerra solo saldría vencedor Stalin. Franco declaró que en una conflagración entre las potencias fascistas y la democracia, permanecería neutral, algo que revela una independencia de sus aliados incomparablemente superior a la del Frente Popular con respecto a Stalin. Avanzar directamente por Cataluña en aquellas circunstancias habría sido aumentar los riesgos, mientras que, una vez calmada la situación europea, llegar a la frontera francesa dejó de representar un peligro.

Por lo demás, la batalla del Ebro, la más sangrienta de la guerra, tampoco lo fue mucho: supuso unas cien mil bajas (muertos y heridos) entre los dos contendientes. De estos, suelen estimarse en 6.500 los del bando nacional, y entre el doble y el triple los del bando rojo, durante casi cuatro meses de combates.

Cabe observar que Mussolini fue uno de los principales factores en la derrota de su amigo Hitler, a la que también contribuyó notablemente la neutralidad de Franco.

La Coruña: la letra de la discordia
PILAR FUSTES,  LA CORUÑA ABC 14 Septiembre 2009

Cuenta la mitología que la ciudad del golfo ártabro debe su topónimo a Hércules quien, tras levantar una torre sobre la tumba de Gerión, fundó una urbe a la que nombró al igual que su primera habitante, «Crunia». Dice la historia, que la primera vez que aparece el artículo «La» en un documento oficial es en 1255 en el llamado «Privilegio de la sal». Según el historiador José María Reiriz, la nomenclatura «La Coruña», data de 1298. Lo que no suponían ni unos ni otros, en tiempos atrás, es que la denominación de una ciudad conllevaría a una encarnizada lucha política que ya se extiende más allá de las dos décadas. En las últimas semanas, el debate lingüístico que enfrenta a «La Coruña» y «A Coruña» retomó su protagonismo en los discursos de los oradores locales. Los ciudadanos, exentos de culpa, observan una guerra que tiene fecha de inicio pero de la que se desconoce su punto y final.

La Ley de Normalización Lingüística, aprobada en 1983 por la Xunta de Galicia bajo el mandato del popular Fernández Albor, establece que todos los topónimos de la comunidad autónoma deberán figurar en gallego para gozar de validez legal. Fue una ley estatal, la de las Grandes Ciudades, la que plantó cara al marco legal autonómico en 2004, otorgando al pleno de los Ayuntamientos el poder de «la alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de denominación de éste».
Amparándose en dicha norma, el por entonces alcalde socialista de La Coruña, Francisco Vázquez, decidió desmarcarse del Ejecutivo gallego y aplicar lo que, en su opinión, es «la verdadera normalización de la situación lingüística» y admitir como «normal la situación que se ha dado siempre en la ciudad», lo que significa que A y La Coruña compartan oficialidad.

Camisetas con «L»
El pleno celebrado en el Ayuntamiento de María Pita el 2 de Noviembre de 2004 será difícil de olvidar. Ejecutando su mayoría absoluta, el grupo socialista liderado por Vázquez aprobó la cooficialidad de los topónimos de la ciudad en gallego y castellano. En su contra, miembros del BNG y lingüistas aporrearon al ejecutivo local con narices de payaso mientras que los concejales del Partido Popular se abstuvieron de la votación, portando camisetas con la letra «L» inscrita.
La resaca de la sesión plenaria resultó vehemente. Al día siguiente, el titular de Educación, Celso Currás, recordó a los vazquistas que la Ley de Normalización Lingüística aplica que en el topónimo legal sobra la «L» y anunció que el Gobierno gallego recurriría el acuerdo adoptado por el pleno coruñés.

En la oposición, Emilio Pérez Touriño agachaba la oreja ante la iniciativa de su compañero de partido porque, tal y como afirmó, es una «decisión libre», mientras que la RAG no escatimó esfuerzos en aclarar que «la forma propia gallega es A Coruña».

A principios de abril de 2005, la batalla del topónimo volvió a vivir un giro de tuerca. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 coruñés decidió suspender el acuerdo plenario por el que se aprobara el uso oficial del topónimo en castellano. Gracias al recurso presentado por la Consellería de Justicia, «La Coruña» era de nuevo «A Coruña». Tal vez con la esperanza de pegar carpetazo a la polémica, en 2006 Francisco Vázquez abandona su puesto como regidor coruñés para convertirse en el embajador del país en el Vaticano. Javier Losada toma el relevo al frente del Consistorio herculino.

Comienza un nuevo capítulo.
Después de que el Supremo estableciera por enésima vez la obligación del ayuntamiento herculino de reconocer la fórmula «A Coruña», el socialista y consejero de Presidencia, Justicia y Administraciones Públicas, José Luis Méndez Romeu, sorprendió a todos con su invitación a los tres grupos políticos con presencia en el Parlamento para alcanzar un «consenso» que concretara el topónimo y solucionara el conflicto respecto a su uso en castellano o en gallego.

Abierta de nuevo la caja de los truenos, Losada mostró la faceta mucho más moderada de los socialistas locales asegurando que «el nombre será el que los coruñeses quieran, siempre respetando los acuerdos judiciales y no imponiendo ninguna cuestión, sino que tiene que ser un tema de consenso». Feijóo apoyó a Losada y Romeu en la búsqueda del consenso aunque se mostró escéptico en cuanto a la posibilidad de acuerdo entre socialistas y nacionalistas. Éstos, con Jorquera a la cabeza, pidieron al conselleiro su rectificación ya que «ampara el incumplimiento de la legislación» e «introduce motivos de confrontación».

Las elecciones municipales del 2007 cumplieron lo peores augurios de los socialistas. Losada pierde la mayoría absoluta en María Pita y se ve obligado a compartir gobierno con el BNG. La presencia de los nacionalistas en el ejecutivo local será un factor determinante en el transcurso de la lucha del topónimo. Ermitas Valencia se convierte en la primera concejala de Normalización Lingüística en el ayuntamiento, lo que cambia la relación de éste con la Mesa por la Normalización Lingüística y comienza una campaña de promoción del uso del gallego en la administración municipal.

Negreira reaviva el fuego
Cuando parecía que las aguas estaban calmadas, el portavoz del PP en la ciudad herculina, Carlos Negreira, le pide al alcalde «que no renuncie a la L, porque si lo hace está renunciando a la libertad de los coruñeses y coruñesas». Los populares acusan a Losada y los suyos de verse «con la manos atadas» por el bipartito con los nacionalistas cuyo líder, Henrique Tello, fue condenado a dos días de arresto domiciliario en 1995 por arrancar la «L» del topónimo floral en la entrada de la urbe.

Cuatro años después de la celebración del inolvidable pleno, en octubre de 2008 el Juzgado número 5 de La Coruña sentenció que el ex alcalde Francisco Vázquez no incurrió en delito alguno de desobediencia o prevaricación al incumplir el veredicto que obligaba a usar el topónimo de «A Coruña», en lugar de «La Coruña». Aún así, la ausencia o presencia de la «L» en el nombre de la ciudad herculina no ha dejado de dar coletazos.

En los últimos días, Negreira retomó la batalla lingüística con el objetivo de promulgar la cooficialidad del término en gallego y castellano. En su opinión y tal vez envalentonado por la presidencia del PP en la Xunta, el portavoz municipal exacerbó que la polémica del topónimo se resolverá durante esta legislatura «con o sin» el acalde Javier Losada.

El regidor local parece no amedrentarse y amenazó al popular advirtiendo que no va a «tolerar» que nadie le de «lecciones de coruñesismo». Losada jugó su baza y lanzó la pelota el Partido Popular manifestando que fue este partido quien «nos metió» este topónimo, quien «nos ha obligado» y quien «ahora considera que es un problema» por lo que instó a los de Nuñez Feijóo a poner el punto final al tema a través de su mayoría en el Parlamento gallego.

Quizás las próximas elecciones municipales terminen con la lucha política y finalice la guerra del topónimo. Quizás, una sociedad harta por el longevo debate sea la que exija que se acabe la pantomima. O, tal vez, no se alcance jamás un acuerdo que contente a todas las partes. Mientras tanto, la «L», decimotercera letra del alfabeto español, continúa buscando su sitio en la ciudad del héroe mitológico Hércules

Primeras Jornadas Bilingües
By lucenzio //estanciaslibertarias.wordpress.com/2009/09/14/primeras-jornadas-bilingues/  14 Septiembre 2009

Este último sábado día 12 tuve ocasión de asistir a la sesión de clausura de las Primeras Jornadas Bilingües, organizadas por la Diputación de Pontevedra con la colaboración de la asociación, “Galicia Bilingüe”, y celebradas en el nuevo edificio del Museo de Pontevedra. La sesión constó de dos ponencias, una conjunta, que bajo el título “La realidad hoy en España”, expuso la situación actual de la imposición (normalización) idiomática en las regiones de Cataluña, Baleares, Valencia y Galicia, la otra, consistió en una intervención del magistrado del TSJG, Don Alfonso Villagomez, sobre el tema de “Lengua y Constitución”, por último la clausura la llevo a cabo el Presidente de la Diputación de Pontevedra, sr.Louzan, con la lectura de una serie de conclusiones por Doña Gloria Lago, Presidente de Galicia Bilingüe. Me gustaría poner de relieve una serie de cuestiones que me llamaron la atención:

I.- Como viene siendo habitual, los partidarios de la libertad hemos tenido que asistir a un evento protegidos por un relevante dispositivo policial, hasta ocho furgonetas de antidisturbios se situaban a la entrada del recinto del Museo de Pontevedra, combinadas con una intensa vigilancia en el perímetro del edificio, ya podréis imaginar que el motivo de todo ello era que “os de sempre” se habían convocado en las inmediaciones para homenajear al admirador de Stalin, Castelao, y para combatir a los “inimigos do galego”.

II.- Jorge Campos, Presidente del Círculo Balear, denunció que el movimiento imperialista catalán (Paisos Catalans/Reich Catalan), que ejecuta la imposición del catalán no solo sobre el español/castellano, sino que también busca la erradicación del idioma regional de las islas, no solo era financiado desde la Generalitat sino que también contaba con importantes subvenciones de Ministerios del Gobierno llamado de España.

III.- Pablo Espinosa de la asociación valenciana, nos informó de cómo el gobierno del PP había ido eliminando progresivamente de los centros educativos el itinerario bilingüe, que es el único que posibilita la enseñanza en español/castellano, sobre todo en la Provincia de Castellón, precisamente por la presión del movimiento imperialista catalán.

IV.- Gloria Lago de Galicia Bilingüe, puso de manifiesto la intensa presión que el “lobby normalizador” para el mantenimiento e intensificación del proceso liberticida que sirve a sus intereses particulares, cuando muchos de esos “intelectuales” y “escritores” no tendrían oportunidad alguna en un contexto de libertad y competencia. Esta reflexión me evoca un pasaje de Stuart Mill en su obra “Sobre la Libertad”: “Hay una clase de personas que se conforman con que otra asienta sin vacilación a lo que ellas consideran verdadero, aun cuando desconozca por completo los fundamentos de tal opinión y no pueda hacer una defensa aceptable de ella contra la más superficial de las objeciones. Una vez que tales personas consiguen ver impuesto su credo por la autoridad piensan que ningún bien, y acaso algún mal, puede resultar de permitirse su libre discusión”.

V.- Durante el coloquio posterior a la ponencia conjunta de las asociaciones cívicas, intervino una persona que se definió como militante socialista, manifestando que el PSOE gallego se había abierto un debate en el que un sector alternativo había asumido las tesis de la libertad de idioma e intentaba hacer cambiar la línea oficial. Es importante que en el PSOE se abran paso estas posturas críticas, cuando ya sabemos que en el PP ya existen muchos partidarios de la libertad lingüística, aunque todo ello se ve frenado por una realidad muy negativa, el hecho de que tanto el PSOE como el PP hayan dejado de ser partidos auténticamente nacionales, tan es así que el propio representante de la asociación valenciana nos contó que cuando le expresó a un responsable de la Consejería de Educación que se fijase como la tendencia estaba cambiando en el PP gallego, y que tomase ejemplo, le respondió que en Valencia harían lo que creyese procedente el PP valenciano, esto es profundamente revelador de lo anteriormente manifestado.

VI.- El magistrado, Sr.Villagomez nos ilustró sobre la inconstitucionalidad del proceso de normalización lingüística, si bien admitió que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional había sido “zigzagueante” y lo había posibilitado en cierta manera, una manera eufemística de manifestar la cruda realidad de las Sentencias liberticidas del TC que han venido allanando la destrucción del modelo consagrado en el art.3 de la Carta Magna. El Sr.Villagomez no aceptó de buen grado la afirmación en el coloquio abierto después de su intervención de “no todo el poder judicial defendía los derechos de los ciudadanos” al hilo de muchas resoluciones judiciales dictadas por sus compañeros en los litigios que se han tramitado y/o penden en el TSJG, en las que se verifican muchos de los argumentos de los normalizadores.

VII.- Me sorprendió gratamente la intervención de clausura del Presidente de la Diputación de Pontevedra, cuando manifestó que la institución que preside siempre estaría abierta al debate libre y plural, defendiéndose de los furibundos ataques del BNG por haber organizado las jornadas, siendo hábilmente complementado con una apostilla final de Gloria Lago en la que le expuso un mensaje para el Presidente de la Xunta en el sentido de que esperaba el cumplimiento de las promesas realizadas en orden al restablecimiento de la libertad de idioma.

En fin esta ha sido la crónica de otra reunión de los partidarios de la libertad, inmersos en una continua lucha contra el Estado que intenta expoliar nuestra esfera individual, intentando coaccionarnos en algo intimo y propio de cada persona, la expresión lingüística, revelando que “… la Constitución no es capaz de mantener al Estado dentro de sus límites. Dado, en efecto, el monopolio del Tribunal Supremo, cuyos miembros son seleccionados por el propio gobierno, y garantizado, por tanto, el poder de tomar las decisiones últimas, los jueces, políticamente favorables al sistema, se inclinarán siempre por una interpretación amplia de los textos constitucionales que permita extender los poderes de los gobernantes sobre los ciudadanos..” (JC.Calhoun, “Disquisition on Government”).
 


 

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