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Recortes de Prensa    Lunes 21 Septiembre 2009

 

Retraso en la sentencia del "Estatuto Zapatero": ¿va Casas por el camino de Calamita?
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 21 Septiembre 2009

Lo que está haciendo la presidenta del TC, María Emilia Casas Bahamonde, para evitar que el Estatuto catalán sea declarado inconstitucional es escandaloso. Hasta La Vanguardia proclama en primera plana que la presidenta está retrasando la decisión sobre el Estatuto catalán porque la mayoría quiere anularlo. Esto plantea el problema de si este retraso merece algún tipo de sanción.

I. EL DEBER DE LA PRESIDENTA DE EL PLENO
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) es muy clara en su art. 15:

El Presidente del Tribunal Constitucional ejerce la representación del Tribunal, convoca y preside el Tribunal en Pleno (...)

Es decir, que como es el Pleno el que conoce de los recursos de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto catalán, el Pleno sólo puede resolver estos recursos si la presidenta los convoca.

II. LA PRESIDENTA SE NIEGA A CONVOCAR AL PLENO PARA QUE ESTUDIE EL ESTATUTO
Pero, ¿qué ocurre si la presidente no convoca el Pleno'
Este blog avanzó el 12 de agosto, antes que nadie lo hiciera, la siguiente hipótesis que exigí fuera inmediatamente contestada por la presidenta:

Casas Bahamonde, constatado que no puede conseguir que el Estatuto sea declarado constitucional, está bloqueando la declaración de inconstitucionalidad

En aquel momento aludí al hecho de que persista en mantener, ilegalmente, a la ponente Elisa Pérez Vera, pese a que su ponencia fue rechazada por la mayoría.
Ahora parece que su estrategia va por otros derroteros. Pura y simplemente no convocar el pleno. José María Brunet, publica el 12 de septiembre en la portada de La Vanguardia un artículo en el que dice, nada más y nada menos, que esto:

Casas ha desarrollado una serie de contactos con los magistrados del TC, cuyo resultado ha sido infructuoso. Si ahora se votaran los recursos, se "caerían" del texto numerosos artículos, algunos de ellos clave en la reforma estatutaria catalana.
La consecuencia de esta situación es que sigue el suspense en torno a la sentencia del Constitucional, porque de momento no se va a someter el fallo a votación. Y ello a pesar de que todo indica que a los artículos más conflictivos ya se les han dado todas las vueltas que se les pueden dar, sin encontrarse la solución capaz de producir el suficiente consenso. En algunas materias, Casas y la ponente del recurso del PP, Elisa Pérez Vera, siguen en minoría. Aspiraban a una votación de 6 a 4 a favor de la sentencia y hay aspectos del Estatut en que esa proporción se da a la inversa.

La información es de una gravedad extrema.
La conclusión está clara, si la presidenta no convoca el Pleno no se puede anular el nuevo Estatuto, aunque la mayoría del tribunal considere que es inconstitucional. O dicho en otras palabras: es la complicidad de María Emilia Casas con el "Estatuto Zapatero", y no la complejidad del recurso lo que explica este retraso.

III. ¿ES DELITO O ES SANCIONABLE EL RETRASO MALICIOSO EN RESOLVER LOS RECURSOS CONTRA EL "ESTATUTO ZAPATERO"? EL PRECEDENTE DEL JUEZ CALAMITA

No hace mucho, la prensa nos informó de cómo la Audiencia Provincial de Murcia condenó al juez Ferrín Calamita por un delito de retraso malicioso en la administración de justicia. Al juez Calamita se le condenó por vulnerar el art. 449 del Código Penal que dice:

En la misma pena señalada en el artículo anterior [inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años] incurrirá el Juez, Magistrado o Secretario Judicial culpable de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Se entenderá por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima.

La cuestión es la de si los magistrados del TC. y por tanto, su presidenta, puede incurrir o no en ese delito.
La duda es si la expresión "juez o magistrado" se refiere sólo a los jueces y magistrados del Poder Judicial o TAMBIÉN a los jueces y magistrados que no forman parte del Poder Judicial, como por ejemplo, los del TC.
En mi opinión, los magistrados del TC son "magistrados". Tienen las incompatibilidades que tienen los demás jueces y no sería razonable que no pudieran ser perseguidos por una eventual prevaricación. No sería razonable no exigir a los magistrados del TC el máximo de responsabilidad, cuando el TC es el Tribunal más importante de España.

Paralelamente a lo anterior, se puede explorar la responsabilidad disciplinaria en la que podría incurrir la presidenta. Sobre eso trata el art. 23 de la LOTC que dice:

1. Los magistrados del Tribunal Constitucional cesan por alguna de las causas siguientes:
(...)
Quinto: Por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo;
(...)
Séptimo: Por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave.

2. El cese o la vacante en el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional, (lo) decidirá el Tribunal en pleno, (...) por mayoría de las tres cuartas partes de sus miembros (...).

Cabría dudar acerca de si hay 7 u 8 magistrados de los 10 (u 11) que tendrían que resolver este asunto. Pero incluso si no hay una cifra de 7 magistrados dispuestosa ello, si se produjera esta situación y 6 de los 10 magistrados decidieran que la presidenta no atiende "con diligencia los deberes de su cargo" creo que la presidenta estaría moralmente obligada a dimitir.

Para comprender el nivel de degradación constitucional al que nos ha conducido la sumisión de María Emilia Casas Bahamonde a los intereses de José Luis Rodríguez Zapatero, pregunto:
- ¿es imaginable que en el Tribunal Supremo de USA (o en el Consejo de Estado francés, o en el Tribunal Constitucional alemán, etc.) el presidente impida que se resuelva un asunto porque el Gobierno va a salir perdiendo?
Si la respuesta es positiva, por favor, invito a cualquier lector a que me ofrezca un precedente, uno, de algo similar.

A la espera del certificado de defunción de la Constitución de 1978
Santiago Abascal El Semanal Digital 21 Septiembre 2009

La sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña será eso, el certificado de defunción de una norma jurídico política que es papel mojado y deshecho.

Salvo sorpresa mayúscula, la sentencia del TC que preside Maria Emilia Casas no tumbará el Estatuto de Cataluña con contundencia.

Hace ya un tiempo que la Constitución de 1978 feneció. Valdría la manida frase de "entre todos la mataron y ella sola se murió" como epitafio de tan luctuoso suceso. Ahora es difícil saber incluso cuando se produjo con exactitud tan desgraciado hecho, porque la larga enfermedad de la finada, su lentísimo deterioro hacía difícil distinguir en sus últimos días si aun existía un soplo de vida, o si su aparente vida debíase únicamente al funcionamiento artificial, aunque penoso, de las instituciones, y a que nadie ha perdido aun ni sus poltronas ni sus prebendas. Tales parecen ser las únicas constantes vitales de la actual Constitución.

Esperamos ahora el certificado de defunción de un cadáver insepulto, de un cuerpo inerte, que ha tiempo que despide desagradables efluvios y provoca malestar e incomodidad en la sociedad española.

La sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña será eso, el certificado de defunción de una norma jurídico política que hace ya mucho que es papel mojado. Salvo sorpresa mayúscula, la sentencia no tumbará el Estatut con contundencia, dando esperanzas a la sociedad española. Probablemente tampoco le dará la razón completa a la pléyade de separatistas y necios que la alumbraron. Será con toda probabilidad algo mucho peor que todo eso; una sentencia larguísima, inextricable como la selva amazónica. Intelectualmente inexpugnable incluso para los ciudadanos formados, interpretativa a gusto del consumidor y desastrosa para España. Pero será, lo quiera el TC o no, el certificado de defunción de la Constitución de 1978.

Hace ya demasiados años que los valores superiores del ordenamiento jurídico; la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político son carcomidos por unas instituciones débiles frente al hecho secesionista que ostenta gran parte del poder del Estado. Hace ya mucho que la soberanía nacional no reside en el pueblo español sino en los grupos dirigentes de las comunidades autónomas; que la igualdad ante la ley es una figura retórica ; que hay más naciones, y realidades nacionales que la española. Podíamos seguir pero ¿para qué?

Ya solo nos queda saber qué tienen en la cabeza, cuáles son los planes de quienes repiten últimamente la cantinela de la aceptación de la sentencia del TC sea la que sea, como buenos ciudadanos demócratas de una democracia que está dejando de existir. Porque España, con el certificado de defunción de la Constitución de 1978 que expedirá el alto tribunal, dejará de ser un Estado constitucional; social, democrático y de derecho, para ser solo un ente, ni siquiera Estado, difícilmente social, aconstitucional, sin derecho y solo formalmente democrático.

Si quienes están dispuestos a acatar pastueñamente, a recibir encogidos de hombros, la sentencia del TC sobre el Estatut, tienen entre sus planes la reforma constitucional, para resucitar mejorada la presente Constitución, o pretenden engendrar una nueva, aun quedará una esperanza. Porque ése habrá de ser el único dilema de los hombres políticos que además sean hombres de Estado.

Lo demás; la servil aceptación de lo aparentemente inevitable, la renuncia a las grandes reformas, y la avidez por recoger la fruta, no madura sino podrida, de la alternancia política, no serán más que zarandajas, traiciones y ganas de tener entre las manos una cartera ministerial o sentar las posaderas en una secretaría de Estado.

Dinero para los separatistas
Editorial ABC 21 Septiembre 2009

RODRÍGUEZ Zapatero presume de los éxitos del Plan E, aunque se trata de un parche coyuntural y transitorio para aliviar las consecuencias del paro sin atender a sus causas estructurales. Los municipios españoles han respondido -con más o menos convicción- a la oferta gubernamental de financiación, aplicándola con frecuencia a proyectos secundarios y poco atractivos, a veces ya desechados con anterioridad. Cuando el Estado ofrece dinero, las ideologías quedan en segundo plano.

Hoy informa ABC acerca de los beneficios obtenidos a cargo de los impuestos de todos los españoles por los municipios catalanes que promueven consultas independentistas como la ya celebrada en Arenys de Munt, por supuesto sin garantías jurídicas ni la más mínima seriedad democrática. Resulta que las quince localidades que han iniciado trámites para celebrar estos seudoreferendos se han llevado más de 85 millones de euros procedentes del Plan E, repartidos en 116 proyectos urbanísticos. Mientras ERC impulsa en todas partes esta iniciativa, CiU se suma con el fin de no dejar en manos ajenas la bandera del catalanismo, aunque sea mediante un procedimiento disparatado que irrita al sector más moderado de sus votantes. Como siempre, hay quien gana en la carrera del radicalismo, y los republicanos se ven superados por unas llamadas Candidaturas de Unidad Popular (CUP) que promueven sin pudor un Estado libre e independiente para los «países catalanes».

Como es frecuente, el PSC trata de navegar entre dos aguas, mientras el Gobierno mira para otro lado y no quiere incomodar a sus socios en el Congreso de los Diputados, ahora crecidos ante la posibilidad de vender caros los votos necesarios para la aprobación de los Presupuestos. Por lo demás, la eventualidad de una sentencia negativa para el estatuto catalán en el Tribunal Constitucional obliga a Rodríguez Zapatero a mantener una actitud ambigua y oportunista, con el objetivo inequívoco de culpar del fracaso -si es el caso- a los «españolistas» del PP y mantener su fuerza electoral en Cataluña. Lo cierto es que, salvo los populares y Ciudadanos, nadie se opone con la energía necesaria a unos planteamientos inaceptables en un Estado de Derecho.

Así las cosas, mientras el estatuto establece un modelo de financiación que rompe el principio constitucional de solidaridad, los ayuntamientos separatistas ponen la mano para recibir fondos estatales, una actitud que no sólo resulta incoherente con sus proclamas de independencia, sino que supone una ofensa para muchos ciudadanos que rechazan -con toda razón- la debilidad del Ejecutivo y la doble moral de algunos políticos catalanes. El que no quiere saber nada de España carece de legitimidad para solicitar -y obtener- dinero público que procede del esfuerzo tributario de millones de españoles. El respeto a la ley es una exigencia ineludible para todos los poderes públicos. Por tanto, el Ejecutivo tiene que buscar fórmulas adecuadas para evitar esta burla a la democracia que genera un lógico rechazo social. Al margen de los intereses del PSOE y de las maniobras de los partidos nacionalistas, es obligado impedir que los independentistas declarados consigan financiación para sus proyectos municipales a cargo del Gobierno de un Estado al que no quieren pertenecer.

Pedir manzanas al olmo
FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS El Mundo 21 Septiembre 2009

PROBABLEMENTE no ha sucedido en la Justicia española nada más importante desde hace muchos años. Desde la sólida instrucción -Liaño, Moner- de algunos casos del GAL, que afrontaron una vasta conspiración de silencio auspiciada por el Gobierno del PSOE y la derecha satélite, servida por una mayoría aplastante de medios de comunicación, nunca una sentencia sobre esa reliquia del barrio de los Austrias que llaman derecho al honor ha hecho tanto por devolver algo de honor a la Judicatura.

La juez se llama Lledó, pero podía llamarse Sancho aunque su aventura parezca quijotesca. Y lo que ha hecho es recordar que el honor -ente gaseoso- debe contrastarse con la realidad -ente sólido- antes de ponerse a medirlo y sancionarlo. Por supuesto, sólo con esta sentencia queda triturada la que me condenó a mí por vulnerar el delicado honor de Gallardón -hoy colega de Sebastián, publicista de su aún más íntima Corulla- pero hace tiempo que los españoles hemos sustituido la confianza de nuestros abuelos en la Justicia del más allá por la confianza final en Estrasburgo. Mientras llega, me basta pensar en la expresión de mis linchadores leyendo los 40 folios de Lledó. Y, sobre todo, pensar en las acongojadas víctimas del 11-M, despreciadas, marginadas y tachadas de locas por el desgobierno de los tres poderes y el peor de todos, el cuarto, los medios de comunicación. Ayer, que todo lo investigado por EL MUNDO era falso; ahora, ni una palabra. El GAL audiovisual.

Pero hay algo que, a mitad del juicio contra Sánchez Manzano, urge constatar: el jefe de los Tedax ha confesado ya delitos gravísimos, desde la destrucción sistemática de pruebas hasta la creación de otras que indujeran a error en el arma del delito, en el juicio y en la condena de indecentes inocentes a miles de años de cárcel. Díaz Pintado, jefe de Manzano, ha dicho algo peor: que el juez instructor Del Olmo, el «modélico» (Gallardón dixit), autorizó a destruir los trenes y quién sabe qué más. Pero nada de esto aparece en el restario, que nunca fue sumario. Y por él pasan todas las mentiras de Manzano.

Si en vez de medios de comunicación siervos de la trola y el Poder, hubiera una opinión pública digna de ese nombre y una fiscalía digna de algo más que Cándido, Del Olmo afrontaría ya un deber inexcusable: explicarnos quién engañó a quién en la investigación y juicio del 11-M. Antes de engañarnos a todos, incluso a demasiados jueces.

Aclaración desde Finlandia
J.J. Alfaya //blogs.lavozlibre.com/galicia/ 21 Septiembre 2009

Anna-Kaisa Mustaparta forma parte del Consejo Nacional de Educación de Finlandia, un país que ha conseguido situar a sus alumnos entre los que mejores resultados obtienen en las pruebas internacionales de nivel, certificando el éxito de su sistema educativo.

En una entrevista realizada por María Rodiño para Faro de Vigo, la Sra. Mustaparta hizo unas declaraciones que sembraron la confusión entre quienes estamos luchando por la libertad lingüística en Galicia y en España. Ésta fue la respuesta de la discordia y he reseñado en negrita las frases de la Sra. Mustaparta que fueron dichas con un claro desconocimiento de la
realidad lingüística gallega.

–¿Qué impresión se lleva de la situación lingüística de Galicia?
No sabía nada sobre el caso gallego y me ha resultado muy sorprendente. Creo que la lengua no es el tema, tiene que haber algo más y estoy intentando averiguar qué es. Si no, el problema sería muy fácil de resolver. Pueden impartirse una parte de las materias en una lengua y otra parte en la otra. ¿Por qué no? El gallego y el español tienen una gran proximidad y son intercomprensibles. El caso del finlandés y el sueco es muy diferente, ya que provienen de ramas completamente distintas. Creo que lo importante es la tolerancia y el respeto por el otro, tener la voluntad de comprenderle.

Debido a la confusión que causaron sus declaraciones, que parecían recomendar para los gallegos el tristemente famoso 50-50 del decreto del bipartito, Anna-Kaisa Mustaparta ha decidido publicar en Faro de Vigo una aclaración matizando sus palabras.

Ésta es su carta, que agradecemos sinceramente.

>>>
Aclaración desde Finlandia

Soy la Asesora de Educación del Consejo Nacional de Educación de Finlandia que fue invitada a las jornadas sobre bilingüismo organizadas por la Diputación de Pontevedra y Galicia Bilingüe y que tuvieron lugar los días 11 y 12 de septiembre. En mi ponencia abordé la situación lingüística en Finlandia.

Faro de Vigo me hizo una entrevista que fue publicada el domingo día 13, en la edición de Pontevedra. En lo que se refiere a los derechos lingüísticos, la información es correcta. En Finlandia existen dos lenguas oficiales: finlandés y sueco. Los hablantes de las dos lenguas tienen garantizada la igualdad de derechos en áreas como la Sanidad o la educación. Hay colegios donde la lengua de enseñanza es el finlandés y otros en la que lo es el sueco. Todos los estudiantes estudian la otra lengua como asignatura. Sin embargo, me temo que ha habido algún malentendido al final de la entrevista que creo necesario aclarar.

En primer lugar y sobre todo, considero que aprender asignaturas en otro idioma aparte de la lengua materna no debería ser impuesto (estamos hablando de enseñar en una lengua oficial, no de inmigrantes, pequeñas minorías lingüísticas y otras situaciones en las que puede haber problemas para encontrar profesores o material).

Si los padres desean que parte de la educación sea en otra lengua, se puede hacer. Durante la entrevista no discutimos cuántas o qué asignaturas deberían enseñarse en cada una de las lenguas. Que yo recuerde, la periodista mencionó algo sobre el número de asignaturas en cada idioma, pero yo no hablé sobre ello porque me pareció que debía tener más datos para poder formular una opinión bien fundamentada.

Sólo puedo decir que la proximidad de las lenguas puede ser una ventaja y un problema: los estudiantes que tienen como lengua materna el español probablemente aprendan a comprender y hablar gallego rápidamente, pero si ambas lenguas se utilizan para enseñar asignaturas que conllevan leer y escribir mucho (ciencias, historia, etc.), las reglas gramaticales,
ortografía y vocabulario con probabilidad se mezclarán afectando a sus habilidades escritas. Por lo tanto comprendo a aquellos que quieren que se les enseñen matemáticas, ciencias, historia, etc., en español.

Anna-Kaisa Mustaparta
Finlandia

Carta de Anna-Kaisa Mustaparta en Faro de Vigo publicada el 20/sep/2009:
http://www.farodevigo.es/cartas/2009/09/20/aclaracion-finlandia/369786.html
La polémica entrevista de María Rodiño en Faro de Vigo el 13/sep/2009: http://www.farodevigo
es/portada-pontevedra/2009/09/13/repartir-materias-lenguas-son-proximas/36780.html

?Gallegos Hispanohablantes
1) http://blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php
2) http://blogs.lavozlibre.com/galicia/


******************* Sección "bilingüe" ***********************

El juez que afirmó que “ETA es un ejército”, posible presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
San Sebastián. Raúl González Zorrilla Periodista Digital  21 Septiembre 2009

El lehendakari, Patxi López, se reúne hoy con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Fernando Ruiz Piñeiro, cuya gestión al frente de esta institución ha estado marcada por el juicio al ex lehendakari Juan José Ibarretxe y al propio Patxi López por haber hablado con la ilegalizada Batasuna. Fernando Ruiz Piñeiro fue uno de los magistrados que desde la Sala de lo Penal del TSJPV propició que López, junto a Ibarretxe, Rodolfo Ares y Arnaldo Otegi, se sentara en el banquillo de los acusados y, por ello, el encuentro de hoy puede servir para dar un giro importante a las relaciones, tanto personales como institucionales, entre el TSJPV y el Ejecutivo autónomo.

De cualquier forma, el tiempo de Fernando Ruiz Piñeiro como presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco podría haber tocado a su fin ya que el cargo se encuentra en estos momentos en trámite de renovación por el Consejo General del Poder Judicial. De hecho, hoy se cierra oficialmente el plazo para optar a la presidencia del TSJPV y cuatro aspirantes han remitido sus candidaturas a la misma: el presidente en funciones, Fernando Ruiz Piñeiro, miembro de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM); Jaime Tapia, miembro de Jueces para la la Democracia (JpD); María Victoria Cinto, presidenta de la Audiencia de San Sebastián y miembro también de JpD; y, finalmente, Manuel Díaz de Rábago, que fue uno de los tres jueces que tomó parte en el juicio a Juan José Ibarretxe y Patxi López y que parece tener todo a su favor para convertirse en el próximo presidente del TSJPV.

Lo escandaloso es que Manuel Díaz de Rábago es un magistrado que, en numerosas ocasiones, y sintonizando con el nacionalismo vasco más excluyente y totalitario se ha manifestado en contra de la ley de Partidos y a favor de un diálogo “sin exclusiones entre todos los ciudadanos vasco”.

En 2005, Manuel Díaz de Rábago, explicando su escepticismo ante un posible proceso de paz, señalaba lo siguiente en la revista Elkarri: “En Irlanda, desde la primera tregua hasta que el IRA ha anunciado su desarme, han pasado diez años. Bueno, las cosas son así. Por eso, soy escéptico en el sentido de que no creo que en el plazo de un año asistamos a un abandono definitivo de las armas por parte de ETA. No creo que asistamos a su disolución como ejército si bien ahora vivimos en una ausencia de atentados mortales.”

Lo que sigue a continuación, son otras cosas de las dichas por este este juez en los últimos meses:

“Los nacionalistas son hoy mucho más constitucionalistas que algunos otros que presumen de serlo”. (DEIA)

“A veces se producen ciertos intentos de que la Sala de Gobierno del TSJPV (Tribunal Superior de Justicia del País Vasco) adopte posturas que, a mi modo de ver, entran en el terreno de lo político y que son de claro enfrentamiento al nacionalismo vasco” (DEIA)

“Estoy a favor de la euskaldunización de la magistratura porque desde mi perspectiva de sentimiento nacional español y con la Constitución en la mano, que es como tengo que funcionar, pienso que los ciudadanos de la CAV tienen derecho a usar la lengua española oficial de esta comunidad, que es el euskera, y a ser atendidos, en el ámbito judicial, por jueces que conozcan y hablen su idioma”. (DEIA)

“Como ciudadano y como jurista, me parece que (el “Plan Ibarretxe”) es una extraordinaria propuesta de convivencia pues, partiendo del sentimiento nacional que es mayoritario en esta comunidad, acaba ofreciendo lo que es más interesante para los que tenemos un sentimiento nacional español que es la inserción del País Vasco dentro del Estado desde el marco de la legalidad”. (DEIA)

“(La Ley de Partidos) siempre me ha parecido que no es una ley constitucional aunque el tribunal haya considerado lo contrario. Esta decisión me ha revelado que nuestra Constitución es menos democrática de lo que yo creía”. (Revista Elkarri)

“Establecer una vinculación entre todo lo que puede ser el entorno de la izquierda abertzale con el mundo de ETA supone criminalizar una parte importantísima de nuestra población.” (Revista Elkarri)

“Desde un punto de vista de humanidad, la pena de cárcel y pérdida de libertad es un castigo tan duro o más que otras penas físicas que hoy censuramos por bárbaras. Nuestra sociedad rechaza y repudia que a un reo se le corte la mano. Opino, en todo caso, que privar a una persona de su libertad durante dieciocho años es una pena inhumana y tengo la impresión de que dentro de unos siglos la pena de cárcel será considerada como tal.” (Revista Elkarri)

“Como español, prefiero una Euskadi independiente a una Euskadi que forme parte de España a la fuerza.” (Revista Elkarri)

Las huelgas de jueces y el Estatut catalán marcan el nuevo año judicial
C.Guindal El Confidencial 21 Septiembre 2009

Este nuevo año judicial, que da comienzo hoy tras la apertura presidida por el Rey Juan Carlos, va a venir protagonizado principalmente por las protestas de los jueces, que probablemente les lleven a la huelga el próximo 8 de octubre, y el profundo estancamiento del Tribunal Constitucional en la resolución del recurso contra el Estatuto de Cataluña.

El pasado año, la apertura del año judicial tuvo que ser retrasada por un Consejo General del Poder Judicial bloqueado en su renovación. Llevaba ya dos años de retraso y se decidió no celebrar la apertura hasta que los partidos políticos no se pusieran de acuerdo para cambiar a los vocales y a su presidente, que también es el del Tribunal Supremo. Por fin hubo un cambio y los nuevos vocales quisieron dar una imagen de unidad frente al otro Consejo totalmente enfrentado. Sin embargo, esa tranquilidad les duró poco. Las protestas de la carrera judicial no tardó en aflorar y el órgano de los jueces se vio entre la espada y la pared, entre el Gobierno y sus compañeros.

Sus intentos no fueros suficientes y una gran parte de la magistratura hizo huelga durante un día para protestar por el colapso de los Juzgados y reivindicar principalmente la modernización de los servicios y un incremento en la planta judicial y salarial, entre otras cosas. El que fuera ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, no supo manejar la situación y no pudo paralizar a tantos jueces molestos por la situación.

Ahora, con Francisco Caamaño, por fin se ha aprobado el plan de modernización, tan esperado durante mucho tiempo, aunque parece que no ha acabado de agradar a la carrera judicial. Las asociaciones, sobre todo la mayoritaria APM, ya han anunciado que van a seguir con la huelga prevista para el próximo 8 de octubre porque consideran que en el plan no se han tenido en cuenta sus reivindicaciones.

Problemas en el Constitucional
Por su parte, el Tribunal Constitucional no se encuentra en mejor situación. Lleva dos años estudiando los recursos contra el Estatut y no llegan a un acuerdo. Parece que el órgano cada vez se encuentra más estancado y no ve la luz al final del túnel. Ya han rechazado tres borradores de la sentencia y la presidenta, María Emilia Casas, ha decidido no celebrar más plenos hasta que no sea posible un acuerdo entre los magistrados progresistas y los conservadores. Según fuentes jurídicas, toda apunta que hasta finales de año o incluso comienzos del que viene no se resolverá esta situación.

Este curso judicial también va a estar protagonizado con la investigación de la red de corrupción vinculada al PP, el conocido como ‘caso Gürtel’. El Tribunal Supremo debe decidir si procesa y lleva a juicio a dos aforados de la formación política, Luis Barcenas y Jesús Merino, acusados de cohecho y fraude fiscal. Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene en sus manos el grueso de la investigación, con el cabecilla de la trama, Francisco Correa y sus acólitos, entre ellos varios ex alcaldes de localidades madrileñas.

En la Audiencia Nacional está pendiente la celebración de uno de los más importantes juicios del entorno etarra, el relacionado con Batasuna. En la causa hay 41 procesados, entre ellos los ex dirigentes de esta ilegalizada formación política Arnaldo Otegi, Rufino Etxebarría o Joseba Permach. Están acusados de un delito de pertenencia en organización terrorista en el sumario que instruyó Baltasar Garzón por la financiación de este partido a ETA a través de las ‘herriko tabernas’.

Doble lenguaje
Un nuevo pacto antiterrorista deberá tener como base la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que avala la ilegalización de Batasuna
TONIA ETXARRI El Correo 21 Septiembre 2009

El PNV propone a los socialistas un pacto de estabilidad mientras sus dirigentes califican de «yugo» el pacto PSE-PP en un intento de encontrar algún atajo para su larga travesía en la oposición, la primera después de casi treinta años. Por eso sus discursos todavía se ven envueltos en una contradicción permanente y caracterizados por un sospechoso doble lenguaje. Puede ser que en el cambio de actitud del PNV en relación al nuevo Gobierno vasco haya algo más que propaganda pero, de momento, el lehendakari y el partido que le apoya (PP) no terminan de ver clara la actitud de la formación de Urkulllu.

El presidente del EBB adornándose con su apariencia amable, niega la mayor al Ejecutivo autónomo. Todo lo que hace le parece mal. Incluso lo que, en su opinión, es una copia del anterior lehendakari. Dice que el nuevo Gobierno no tiene discurso, ni programa, ni plan (esta última condición no deja de ser un alivio para los ciudadanos vascos tan escaldados como quedaron después de los mandatos de Ibarretxe empeñado con sus planes de nacionalismo obligatorio). Anuncia Urkullu que se reserva la capacidad de pactar con otros partidos en función de «un ejercicio aritmético de gobiernos sólidos» y, sin embargo, niega a los socialistas su opción porque sea el PP quien sostenga Ajuria Enea. La ley del embudo.

Sea como fuere el PNV no desperdicia resquicio para introducir una cuña de desestabilización, aunque estén en juego las ventajas que le comportaría su apoyo al presidente Zapatero en su ley presupuestaria en el Congreso . El último movimiento de acercamiento entre el PNV y el PSOE, con el ministro Rubalcaba como maestro de ceremonias, para recrear un pacto antiterrorista que logre implicar al PNV junto a otros partidos, de momento, ha pinchado en hueso porque tanto el lehendakari como Antonio Basagoiti coinciden en señalar que la sentencia de Estrasburgo debería servir de base para la nueva unidad contra ETA. En efecto, la reciente sentencia del Tribunal Europeo avalando la ilegalización de Batasuna como núcleo del futuro pacto antiterrorista se cita en la ponencia política de los socialistas para su congreso, mientras el PP se muestra completamente de acuerdo con esa tesis.

«Para que el PNV de un paso adelante en su compromiso en la derrota de ETA no tenemos que dar diez pasos atrás el resto de partidos», señala Antonio Basagoiti que no oculta cierto escepticismo ante la posibilidad de crear un nuevo acuerdo antiterrorista con un PNV que considera que una foto de un preso «no es apología del terrorismo sino una reivindicación legal».

Al Gobierno vasco le espera un largo camino por recorrer hasta que pueda contar con un PNV comprometido en un acuerdo que tenga como máximo reto la derrota incondicional de la banda terrorista. Pero lo que parece claro es que, después del espíritu de Ermua, del excluyente y fracasado Pacto de Lizarra, el pacto antiterrorista y la ley de partidos, no se puede retroceder más de diez años como si desde el Pacto de Ajuria Enea no hubiera pasado nada.

El próximo domingo el PNV celebra el Alderdi Eguna; el primero en su nueva condición de partido de la oposición. El discurso de Urkullu se espera con máxima expectación. Sobre todo por saber si despejará las incógnitas en torno al camino que piensa seguir en una legislatura que, a medida que pasan los días, va cobrando más estabilidad institucional.

Hoy lunes el lehendakari Patxi López recibirá a los magistrados del Tribunal Superior vasco y las disputas interpartidarias tampoco hacen pensar en un inminente desbloqueo en la renovación de su presidente. Cuatro candidatos mantienen un pulso constante. El actual presidente, Fernando Ruiz Piñeiro, está apoyado por la APM y nadie ve ilógico que se presente a la reelección si no fuera porque la fuerte oposición del PNV, que en numerosas ocasiones le advirtió que su papel en el proceso contra el ex presidente del Parlamento vasco Atutxa y el ex lehendakari Ibarretxe le iba a pasar factura.

También sentó en el banquillo a Patxi López y Rodolfo Ares; sin embargo, el papel de respeto y discreción que mantuvo el PSE ha hecho posible que ahora, desde la portavocía del Gobierno vasco, Idoia Mendia haya declarado que «nosotros no vetamos a ningún candidato». Ni Jaime Tapia, ni María Victoria Cinto, ni Manuel Díaz de Rábago, presentado por fin, convencido por sectores próximos al nacionalismo, gozan del consenso necesario. Todos necesitan 13 apoyos de los 21 del CGPJ y ninguno los reúne. Quedan pocos días para resolver el enigma. Lo peor que podría pasar es que la pugna por la renovación se perpetuara en un empate infinito. Hasta ahora Ruiz Piñeiro ha demostrado independencia de criterio y capacidad de resistencia a las presiones políticas; dos valores de gran importancia en un país donde las ingerencias de la política en la Justicia son moneda corriente.

El Gobierno vasco relega el debate lingüístico tras años de polémicas
Ha llegado el momento de centrarse "en todo lo demás", dice la consejera
EDUARDO AZUMENDI - Vitoria El País 21 Septiembre 2009

El nuevo Gobierno vasco quiere dejar atrás el debate lingüístico en educación. Desde fomentar en la escuela la defensa de los derechos humanos para deslegitimar la violencia de ETA a impulsar una potente política científica de I+D+i pasando por relanzar la universidad pública como la vanguardia del conocimiento y afianzar el proyecto para digitalizar las aulas (Escuela 2.0), entre las prioridades que se ha marcado la nueva consejera de Educación, la socialista Isabel Celaá, no asoma el debate lingüístico que durante años ha monopolizado la educación en el País Vasco. "El euskera es muy importante y lo vamos a cuidar al máximo, pero hay que centrarse en todas las demás cuestiones", resume Celaá.

Lo que de momento ha hecho el PSE es poner sordina al debate lingüístico, anunciando para la próxima primavera la presentación de un modelo de enseñanza trilingüe, donde el euskera y el castellano sean los ejes, pero con presencia notable del inglés. Y, mientras tanto, ha modificado los últimos decretos de la etapa de Eusko Alkartasuna (EA), en los que este partido trató de sortear la Ley de la Escuela Pública Vasca (que establece los modelos A, B y D) para fijar el euskera como lengua principal en toda la educación. Aquellos decretos ya prácticamente son historia, con lo que a corto y medio plazo todo va a seguir igual.

Pero con algunas novedades, entre las que destacan dos. Una es la recuperación de las exenciones de estudiar euskera, que EA eliminó para todo aquel estudiante que permaneciese más de un año en el sistema vasco. A partir de ahora, aquel alumno que cumpla determinadas condiciones (como incorporarse al sistema educativo vasco procedente de otras comunidades autónomas y estar de paso en la comunidad) no tendrán obligación de examinarse de euskera. Podrán aprender, si así lo desean, la lengua vasca, pero sin tener obligación de examinarse de ella y, por lo tanto, su expediente académico no se verá perjudicado. Por otro lado, los colegios podrán introducir más materias en euskera en el modelo A (en castellano con la lengua vasca como asignatura), siempre que no sean troncales, como las matemáticas. Es una solución provisional a la espera del modelo único trilingüe.

Durante 14 años, EA ha dirigido la cartera vasca de Educación. Ahora, el curso escolar 2009-2010 se inicia con el nuevo Ejecutivo en el que el PSE pasa a gestionar uno de los departamentos más sensibles y donde las polémicas en los últimos años se han sucedido, a medida que EA intentaba marcar un perfil más identitario. El impulso al euskera fue su seña de identidad, hasta el punto de intentar por todos los medios la reforma del actual sistema de modelos lingüísticos: el A (en castellano con el euskera como asignatura), el B (bilingüe) y el D (en euskera con el castellano como asignatura).

Según EA, el modelo A no sirve para que los alumnos aprendan euskera, como obliga la Ley de la Escuela Pública Vasca, por lo que se impone su supresión. Todo dirigido a favorecer la implantación de un modelo único en el que la lengua vasca sea la vehicular y el castellano quede relegado a un segundo plano. Pero ese intento de reforma fracasó porque sus propios socios en el Gobierno vasco (PNV y Ezker Batua) lo vetaron. El PSE y el PP, ambos desde la oposición, rechazaron las pretensiones de EA desde el primer momento. Con esos precedentes, el PSE intenta arrancar alejando de sí la vieja pelea linguïstica.

Por su parte, las asociaciones de padres y de directores de la escuela pública acuden expectantes a los cambios, que se están introduciendo con mucha cautela. Para la Confederación de Padres de la Escuela Pública, superar el actual sistema de modelos lingüísticos y converger en uno nuevo resulta una prioridad. Josu Agirre, director de la Asociación de Directores de Secundaria, asegura que conseguir que los alumnos sean bilingües (en euskera y castellano) al finalizar la etapa de enseñanza obligatoria es fundamental. A la espera del proyecto de modelo trilingüe anunciado desde la consejería, la comunidad educativa se recoloca y concede el habitual periodo de gracia al que acaba de entrar.

Además de superar el debate sobre el equilibrio entre euskera-castellano incorporando el inglés, el principal reto al que se enfrenta el sistema educativo vasco (con ratios bajos en fracaso escolar o en inmigración) es el de incrementar la capacidad científica. Desarrollar este tipo de conocimiento es vital en una comunidad como la vasca que por su tamaño precisa de manera urgente cambiar su modelo de producción.

 

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