AGLI

Recortes de Prensa    Martes 22 Septiembre 2009

 

Insistir, insistir, insistir
Juan Julio Alfaya blogs.lavozlibre.com/galicia/   22 Septiembre 2009



La libertad lingüística nadie nos la va a regalar. A la mayoría de los políticos les interesa la imposición por modas identitarias, mimetismos catalanófilos, intereses de poder y de partido, negocios millonarios que se esconden detrás de ese invento llamado «lengua propia», relaciones con el poder cultural que en este momento se inclina a favor del galleguismo y el nacionalismo identitario a espaldas del sentir de la mayoría de los ciudadanos, etcétera.

Es decir, la libertad lingüística tenemos que conseguirla los gallegos por nuestra cuenta a base de asociarnos y luchar. Una de las formas de lucha más eficaces contra los impositores es la insistencia.

Los impositores tienen que llegar al pleno convencimiento de que su empeño de imponer una lengua por la fuerza en una región bilingüe al menos al 50 % es una batalla perdida en un país democrático (no lo sería en un país totalitario).

Todas las razones que esgrimen los impositores son falsas y, en el fondo, están basadas en intereses económicos y de poder. Para ello no les importa tergiversar la historia, la lingüística, el sentido común, arruinar la credibilidad de la clase política, destrozar el sistema de enseñanza o desatender a los gallegos en sus necesidades más urgentes e inmediatas.

Me preocupan especialmente los no nacidos y nuestros pobres ancianos sin medios que a veces mueren en condiciones infrahumanas. La factura de las situaciones injustas siempre la pagan los más débiles.

Por ello no nos queda otra que insistir, insistir e insistir hasta conseguirlo. Yo estoy plenamente seguro de que conseguiremos ser libres en todos los ámbitos, incluido el lingüístico. De no ser así hace tiempo que habría dejado el tema y dedicado mi tiempo libre a otras cosas de más provecho. Pero por la libertad, todo esfuerzo merece la pena.

Sin libertad un país no es lugar de convivencia, sino una cárcel.

Gallegos Hispanohablantes
1) http://blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php
2) http://blogs.lavozlibre.com/galicia/

La Justicia y su crisis
Editorial ABC 22 Septiembre 2009

EL año judicial comenzó ayer, de manera oficial, envuelto por los mismos diagnósticos, reivindicaciones y promesas ya oídos en años anteriores. El Gobierno intentó el pasado viernes aparentar una recuperación de la iniciativa, aprobando otro plan de «modernización» de la Justicia, trufado de excelentes intenciones y, sin duda, animado con la mejor voluntad, pero tan poco creíble como aquella insólita promesa electoral del PSOE en 2004 de que todo pleito tendría sentencia firme en un año. Nada sería más satisfactorio que una verdadera estrategia modernizadora de la Justicia. El problema es que un Gobierno que en seis años no ha aprobado una sola reforma procesal no tiene crédito suficiente para garantizar, con su sola palabra, que ahora sí se va a producir. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero sólo se preocupó de la Justicia en diciembre de 2004 para dar un golpe de mano contra la mayoría del Consejo General de Poder Judicial e imponer un nuevo sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo. Desde entonces, el socialismo ha vuelto a demostrar que sus problemas con la independencia judicial son endémicos, no ocasionales.

Reducir la «modernización» de la Justicia a una serie de inversiones, dotaciones materiales y aumentos de plantilla, por necesarios que sean -y realmente lo son-, es una cortina de humo para tapar los problemas que están minando al Poder Judicial, como base del Estado de Derecho. La unidad jurisdiccional del Estado está pendiente de que el Tribunal Constitucional avale o no el estatuto de Cataluña. La Fiscalía está en el centro de una polémica sobre su imparcialidad en los casos de corrupción política. La reforma de la oficina judicial, en trámite en el Congreso de los Diputados -y acompañada por la posición acrítica del Partido Popular-, está provocando un fundado temor de que los jueces pierdan la dirección del proceso, lo que se agravará en el futuro si los fiscales asumen la instrucción de los procesos penales. La litigiosidad aumenta de forma constante y satura de antemano cualquier aumento de los recursos judiciales. En algún momento habrá que analizar cómo se garantiza la asistencia letrada sin que el turno de oficio de los abogados sea una sangría económica para las arcas públicas y una fuente de litigios forzados. También es necesario que las administraciones públicas, exentas de pagar las costas de los numerosos pleitos que pierden, asuman la responsabilidad de aminorar la litigiosidad judicial con el ciudadano, simplemente resolviendo conforme a Derecho y en plazo razonable.

Este cúmulo de circunstancias adversas a una eficaz administración de Justicia explica también el hartazgo de muchos jueces, quizá sin la debida autocrítica por su parte, pero justificado por la pérdida de respeto social hacia su función, respeto que no se recuperará si desde las instancias políticas -el Gobierno, el Parlamento- se insiste en tratar la Justicia sólo como un problema de productividad y de resultados. Por eso, los jueces mantienen la convocatoria de huelga para el 8 de octubre. No es una forma de protesta ajustada a la naturaleza de su función, ni ayudará a recabar el apoyo social para sus demandas, más aún cuando también los jueces deben asumir su cuota de responsabilidad como máximas autoridades del gobierno interno en sus juzgados y salas, pero este error de táctica que representa la huelga no libera al Gobierno socialista de ser el responsable principal de un estado de crisis en la Justicia como no se había conocido en la democracia.

ESTE MIÉRCOLES A LAS 12 HORAS
El CEU une en un acto a víctimas del terrorismo españolas y del 11-S
El miércoles 23 de septiembre a las 12 de la mañana, al pie del monumento "La Puerta del Recuerdo" de la Universidad CEU San Pablo, víctimas españolas y las de los atentados del 11 de septiembre de 2001 participarán unidas en un acto de homenaje.
LIBERTAD DIGITAL  22 Septiembre 2009

Los representantes de las asociaciones de víctimas del 11-S se encuentran en Madrid para las reuniones de coordinación del Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo de 2011 que se celebrará en Nueva York.

El Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU congregará a representantes de diversas asociaciones de víctimas de los atentados del 11-S y a víctimas del terrorismo españolas en torno de un acto homenaje. Éste se celebrará mañana miércoles, 23 de septiembre, a las 12.00 horas, al pie del monumento ‘La Puerta del Recuerdo’, erigido en el Campus de Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo para el recuerdo y reconocimiento de las víctimas del terrorismo.

Precisamente, este mismo objetivo persigue esta ceremonia que, conjuntamente protagonizarán miembros de la September 11th Families’ Association, Tuesday’s Children, y de la Pentagon Memorial Foundation, con representantes de varias asociaciones españolas (AVT, COVITE y Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M) y con la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundúa.

El objetivo de reunir a todas estas asociaciones para planificar y coordinar el VII Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, cuya celebración está prevista para el año 2011 en la ciudad de Nueva York.
 

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El Constitucional y el Estatut
JAVIER TAJADURA TEJADA PROFESOR TITULAR DE DERECHO CONSTITUCIONAL UPV-EHU El Correo 22 Septiembre 2009

Contra el cuestionamiento de la legitimidad del Constitucional para pronunciarse sobre el Estatut, el autor proclama que «defendiendo la supremacía de la Constitución sobre la ley, se garantiza el principio democrático según el cual la voluntad del pueblo, titular del Poder Constituyente, debe prevalecer sobre la voluntad de los poderes constituidos»

La clase política está pendiente de que se produzca el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es evidente que la sentencia que resuelva esos recursos será, sin ningún género de dudas, una de las más relevantes de las alumbradas por el Tribunal en sus casi tres décadas de existencia. Los efectos jurídicos y políticos de la misma (con independencia del fallo) serán notables. Ello puede explicar, pero en modo alguno justificar, las presiones a las que está siendo sometido el Tribunal. Presiones que -dada la independencia de los magistrados- estoy convencido de que no sólo son inútiles sino que probablemente puedan resultar hasta contraproducentes.

En un escenario plagado de amenazas más o menos veladas de rebelión, e incitaciones a la desobediencia y al no acatamiento de una posible futura sentencia adversa, considero especialmente preocupante la difusión de la tesis de que el Tribunal Constitucional carece de legitimidad para pronunciarse sobre el tema. De lo que cabe deducir que su sentencia no debería ser cumplida en caso de que supusiera un recorte del Estatuto. Según esta tesis, que fue proclamada alto y claro en la última Diada (Montila, Saura) el Estatuto es un 'pacto político' que no puede ser objeto de revisión o de control. Algún ilustre jurista (Pérez Royo) ha llegado a sostener que las Cortes Generales, y nada más que las Cortes, son el guardián de la constitucionalidad del Estatuto y que, por tanto, su decisión no puede ser revisada por nadie.

Dicha tesis es jurídicamente absurda puesto que nuestro ordenamiento prevé expresamente el control de constitucionalidad de las Leyes Orgánicas que aprueban los Estatutos de Autonomía. Y políticamente inconsecuente porque atribuye a las Cortes Generales la doble condición de juez y parte. En todo caso, lo más grave es el cuestionamiento de la legitimidad del Tribunal, que en ella subyace. Cuestionamiento que otros basan en la afirmación de que el fallo del Alto Tribunal será, en todo caso, una 'decisión política'. Ante este confuso panorama resulta obligado recordar dos cosas. En primer lugar, que la legitimidad del Tribunal Constitucional procede de la propia Constitución. Y en segundo lugar, que, aunque su decisión produzca efectos políticos, tiene que estar basada en argumentos jurídicos.

El Tribunal Constitucional es un órgano político por la forma de designación de sus miembros y por la función que desempeña: la defensa de la Constitución. Ahora bien, es un órgano jurisdiccional por la forma en que lleva a cabo su tarea. Esto quiere decir que tiene que resolver conforme a Derecho, con criterios de constitucionalidad y no de oportunidad. Como advertía Francisco Tomás y Valiente, no es un árbitro llamado a dirimir contiendas según su leal saber y entender, sino un órgano constitucional de naturaleza jurisdiccional que tiene en el Derecho su instrumento y su límite. Jurídicamente su tarea es fácil de comprender. Debe velar por que los poderes constituidos, especialmente las Cortes Generales, no quebranten la Constitución. El Tribunal actúa a instancia de un sujeto legitimado (Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, Comunidad Autonóma o minoría parlamentaria), realizando una comparación entre la obra del legislador y la Constitución. Si no hay contradicción entre ambos textos, el Tribunal desestima el recurso planteado. De existir contradicción, el Tribunal anula el precepto legal de que se trate. Dicho con otras palabras, de lo que se trata es de evitar que mediante una Ley ordinaria o una Ley Orgánica, las Cortes Generales -eludiendo la utilización de los procedimientos democráticos de reforma- lleven a cabo la reforma de la Constitución o, simplemente, la contradigan.

Con un ejemplo se entenderá mejor. Para modificar el artículo 2 de la Constitución que define a España como una nación política única integrada por nacionalidades (naciones culturales) y regiones, es preciso utilizar el artículo 168 CE. Lo que no se puede es modificar ese precepto constitucional mediante una Ley Orgánica que es lo que el Estatuto hace. Esa operación es ilegítima no por su finalidad o resultado sino por el procedimiento por el que se ha llevado a cabo.
La legitimidad del Tribunal Constitucional reside, por tanto, en la función que realiza. Defendiendo la supremacía de la Constitución sobre la ley, se garantiza el principio democrático según el cual la voluntad del pueblo, titular del Poder Constituyente, debe prevalecer sobre la voluntad de los poderes constituidos (Cortes Generales y otros). Por ello, el Tribunal ha sido acertadamente definido como el guardián de la voluntad del Poder Constituyente del pueblo.

Frente a esta argumentación, la objeción consistente en enfrentar a esta legitimidad democrática, otra -igualmente democrática-, cual es el referéndum de aprobación del Estatuto en Cataluña, carece de fundamento. Y no sólo por la muy escasa participación ciudadana en aquel, sino, sobre todo, porque lo que el principio democrático exige es que lo que a todos afecta sea por todos decidido. Y esto es precisamente lo que el Tribunal tiene que determinar: si el Estatuto supone o no una reforma de la Constitución porque de ser así, evidente resulta que una fracción del pueblo español carece de legitimidad para reformar la Constitución de todos.

Cosa distinta es que esto conduzca al Tribunal a un enfrentamiento directo con el cuerpo electoral de Cataluña. Esto es algo que podía y debía haberse evitado. En el siglo XXI, cualquier diseño de la Justicia Constitucional debería impedir que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre normas ratificadas en referéndum. Ello es fácil de conseguir. Basta establecer un recurso previo de constitucionalidad, preceptivo, para todas aquellas normas que requieren ratificación popular (Estatutos de Autonomía y Reformas constitucionales). El control debería llevarse a cabo, siempre, antes de la celebración del referéndum. Ahora bien, lamentablemente, no es ese el diseño de nuestra jurisdicción constitucional. Por el contrario éste parece conducir a un hipotético conflicto de legitimidades, la de la Constitución y la de los cuerpos electorales que ratifican los Estatutos. Pero el conflicto fácilmente se resuelve a favor de la Constitución, porque el cuerpo electoral de una Comunidad Autónoma, guste o no, no deja de ser un poder constituido del Estado. En todo caso, éstas son las reglas del juego y mientras no se modifiquen todos debemos acatarlas.

En este contexto hay que ubicar los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. El Tribunal Constitucional debe resolver los recursos de inconstitucionalidad planteados por el Partido Popular y por el Defensor del Pueblo contra gran parte de las disposiciones del nuevo Estatuto (referencia a la nación en el Preámbulo, blindaje competencial, bilateralismo, regulación del poder judicial, financiación, regulación lingüística, etcétera). Se trata de recursos basados en las numerosas objeciones que la doctrina iuspublicista española (constitucionalistas y administrativistas) venía planteando a la nueva configuración del Estatuto. Sus argumentos, obviamente, podrán y deberán ser discutidos, pero en modo alguno se podrá afirmar que son infundados o inconsistentes. Al contrario, el encaje constitucional de muchas disposiciones del Estatuto catalán es más que dudoso. Al Tribunal Constitucional le corresponde pronunciarse sobre todas y cada una de las cuestiones controvertidas, y, desde esa perspectiva -y salvo que opte por eludir su alta responsabilidad, dictando una sentencia interpretativa que sólo sirva para espesar la confusión- la sentencia que dicte nos aportará mucha luz y nos despejará bastantes dudas. Además, y ahí está su capital importancia, debería servir para establecer una doctrina clara sobre los límites constitucionales que las reformas estatutarias no pueden franquear.

Poner en cuestión la legitimidad del Tribunal Constitucional para anular aquellos preceptos del Estatuto de Cataluña que supongan una reforma de la Constitución Española de 1978, es defender el gobierno de los hombres frente al gobierno de las leyes. O para decirlo con mayor claridad y contundencia, optar por el despotismo frente a la libertad.

No caigamos en la trampa de Pumpido
EDITORIAL Libertad Digital 22 Septiembre 2009

"Donde dije digo, digo Diego y aquí no ha pasado nada" parece ser ahora la consigna de la Fiscalía General del Estado a seguir en lo tocante a los ayuntamientos gobernados por la formación proetarra ANV en el País Vasco y Navarra. El discurso de Cándido Conde Pumpido en la inauguración del curso judicial no deja lugar a muchas más interpretaciones. Si él fue el responsable de que hace dos años la antigua Batasuna embozada tras en disfraz de unas nuevas siglas tocase de nuevo poder municipal, él es el que ahora pretende promover la expulsión de estos concejales de las corporaciones.

Pumpido reclama un cambio en las leyes para evitar que el brazo político de la ETA ocupe las instituciones y se alimente de ellas, ya que su presencia en los ayuntamientos es "hiriente para la sensibilidad democrática". Debe de serlo sólo a partir de ayer porque, al menos para el fiscal general del Estado, no lo era en 2007 cuando se le advirtió de quiénes eran en realidad los candidatos de la Acción Nacionalista Vasca. Por entonces un Conde Pumpido entregado en cuerpo y alma a los dictados de la negociación con la banda que estaba llevando a cabo el Gobierno, no vio indicio alguno de ilegalidad y aseguró que las listas de ANV estaban "limpias". Esa es la razón por la que ese partido formado por antiguos miembros de HB, EH y Batasuna reconquistó muchas de las plazas que la Ley había arrebatado a sus antecesores tiempo atrás.

La realidad, sin embargo, es que las listas ni estaban limpias en mayo de 2007 ni lo están ahora dos años y medio después, pero, curiosamente, el fiscal general pide ahora un cambio legal que no es necesario. La Ley de Bases de Régimen Local vigente permite disolver un ayuntamiento si en éste gobiernan concejales que fueron elegidos por un partido ilegalizado. Todos los alcaldes de ANV han formado parte anteriormente de partidos ilegales como Herri Batasuna o Euskal Herritarrok. Tan sólo habría que poner en funcionamiento el artículo 61 de esta Ley para acabar de un plumazo con su indeseable presencia. Pero no, haciendo gala de un descaro asombroso dirigido a hacernos olvidar lo esencial en este caso, Pumpido finge sufrimiento ante el desafuero y se postula como el remedio a un desatino provocado por él y por su perruna obediencia al Gobierno.

No cabe, por tanto, más que tomar las palabras de Pumpido con pinzas y no olvidar de dónde viene y cuáles son sus responsabilidades en este proceso. El fiscal de Zapatero, el mismo que decía que "el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino" durante la negociación con la ETA, ha quedado tan desacreditado en sus cinco años largos de magistratura que de necios sería caer en la trampa que trata de tender con la desvergüenza que viene siendo tan habitual en él.

Diputados mercenarios
Pablo Sebastián Estrella Digital 22 Septiembre 2009

A medida que se va acercando el debate y la votación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2010, los jefes de fila de los primeros partidos con representación parlamentaria y especialmente el del Gobierno, en este caso el PSOE, inician un extraño rito ceremonial propio de los animales en época de celo y apareamiento en pos de conseguir los votos necesarios para aprobar la máxima ley anual de la legislatura.

Es en esta baile promiscuo en el que se suelen hacer "extraños compañeros de cama", donde aparecen los mercenarios de siempre dispuestos a vender sus votos al mejor postor sin que nadie les afee o denuncie su impostura y traición a sus principios, compromisos electorales o coherencia política. Entre otras cosas porque los que venden su cuerpo y alma al Gobierno de turno suelen ser las minorías de los partidos nacionalistas o regionalistas, con los que nadie se atreve políticamente en sus feudos, y menos aún los medios de comunicación autonómicos o locales, que suele tener controlados o su servicio, con lo que la impostura y la venta de sus votos a estos diputados mercenarios, habitualmente de CiU, PNV, ERC, BNG, CC y UPN, les sale gratis.

Así hemos visto en los últimos días a los masoquistas de CiU, a los que el presidente Zapatero les mintió y les quitó la Generalitat con la ayuda de su compañero Montilla, las gentes del PSC y las huestes de ERC, apoyar al Gobierno en la convalidación de la TDT de pago cuando han tenido en sus manos una buena oportunidad de otorgarles una sonada derrota, aunque sólo fuera por coherencia política frente al PSC-PSOE, o porque consideran catastrófica la política económica de Zapatero y quieren -o temen-, como dicen, unas elecciones anticipadas. Si Zapatero es tan mal gobernante y gran responsable de todo lo que pasa en España, y también en Cataluña, ¿a qué esperan los señores de CiU para votar como una clara oposición?

Sabida es la pasión comercial -más que empresarial de los catalanes-, pero en este caso su mercantilismo alcanza cotas políticamente indecentes que nadie con coherencia política podría explicar. Y otro tanto se puede decir del PNV, que vende su alma nacionalista al PSOE de Patxi López, de cuyo Gobierno en el País Vasco no han dejado de despotricar desde que el loco de Ibarretxe perdió las elecciones. Pues ahí están los señores del PNV más dispuestos que nunca a salvar a Zapatero en la votación de Presupuestos, a cambio de un puñado de monedas, llámense blindaje del concierto vasco o control de la Diputación de Álava.

Puede que el diputado Erkoreka sea el más desvergonzado del hemiciclo a la hora de decir algo y lo contrario, y escrito está en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados, por si alguien quiere molestarse en hacer el inventario de sus continuas y demenciales volteretas. Después de todo lo que ha dicho el tal Erkoreka del Plan Ibarretxe y de su demencial Estatuto, de sus apoyos al entorno de ETA, o al referéndum ilegal de su lehendakari desparecido, o sobre el pacto PSOE-PP en el País Vasco, y ahora se baja los pantalones ante Zapatero y se queda el hombre tan contento.

Lo de Duran i Lleida, en nombre de CiU, suele ser algo más discreto pero a fin de cuentas lo mismo. Cuando gobernaba Pujol cobraban en dinero para la Generalitat o en soberanía, y todo lo vestían de apoyo responsable a la gobernabilidad del Estado. Ahora no se sabe bien cuáles son los beneficios que obtienen, pero en lo de la TDT serán de orden mediático, y el Gobierno siempre utilizará el recurso del PP al Estatuto catalán como el monstruo con el que no pueden pactar cuando ya falta poco para la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

Los de ERC están pillados en su pacto de gobierno en la Generalitat y no se pueden zafar de esa posición. Y luego están los de Coalición Canaria, que mantienen en las islas un Gobierno de coalición a medias con el PP al que le ponen los cuernos con Zapatero en Madrid, sin que pase nada y a cambio de unos favores que, como en casi todos los casos, se pagan sobre el gasto de los Presupuestos del Estado. Y otro tanto pasa con el BNG o UPN sin el menor sonrojo de los diputados mercenarios, hoy al servicio del PSOE al igual que lo estaban años atrás al servicio de los gobiernos de Aznar.

El Parlamento español tiene múltiples carencias, y la primera de ellas es la ausencia del principio de representatividad, porque los allí presentes lo son más gracias a los partidos que los han incluido en sus listas cerradas que a los ciudadanos que generalmente votan siglas y no diputados.

Y a partir de ahí se puede decir que la soberanía no está en las Cámaras sino más bien secuestrada en la sede de los partidos con representación parlamentaria. Lo que nos conduce a la permanente violación del texto constitucional, donde se prohíbe el "mandato imperativo" de los partidos sobre los diputados y los senadores, para que los parlamentarios hablen y voten libremente y en nombre de la soberanía nacional, lo que no ocurre nunca. De ahí, por ejemplo, que el famoso pacto antitransfugismo del que tanto se ha hablado en estos días a propósito de Benidorm es sencillamente inconstitucional. No pasa nada y, lamentablemente, todo seguirá igual. No veremos a unos diputados que hablen y voten en el Parlamento contra su mayoría, o que hagan un debate cruzado con otros partidos, al margen del duelo habitual de Gobierno y oposición. Pero sí veremos la compraventa de sus votos al mejor postor, al margen de los electores y del interés nacional.

La gloria, la lengua y el cocotero
HERMANN TERTSCH ABC 22 Septiembre 2009

ME colma de felicidad enterarme de que el que fuera presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, Juan José Ibarretxe -asumido por fin el hecho de que su cargo no era vitalicio-, ha encontrado un trabajo digno. Aunque lejos de la patria siete veces milenaria, lo que es muy doloroso, no va en las condiciones del «emigrante» que cantaba con la voz de Juanito Valderrama. En el lejano Puerto Rico, nuestro otrora «lehendakari» o caudillo de vascos y vascas, impartirá clases bien remuneradas en la universidad. Y lo hará en esa lengua que él tuvo la suerte de aprender razonablemente bien, antes de dedicarse en cuerpo y alma a impedir que pudieran hacerlo las siguientes generaciones de lo que considera su tribu. La lengua española, tan generosa ella, se encargará de garantizarle las habichuelas y posiblemente algún capricho a quien la ha perseguido tan implacablemente. Si nuestro querido Juan José hubiera sido condenado en su juventud a escolarizarse en vascuence ondarrés y hacer la carrera en euskera batúa, sospecho que en Puerto Rico sólo podría haberse dedicado a abrir los cocos para los turistas -no está para subir al cocotero a buscarlos- u organizar paseos en bicicleta para jubilados.

Ibarretxe es un hombre afortunado. En estos momentos no es asunto fácil encontrar trabajo, como saben bien más de cuatro millones de españoles -muchos de ellos vascos-, que pronto serán cinco, gracias a la habilidad de esos dos genios que rigen nuestro presente y futuro laboral. Son el presidente Rodríguez Zapatero y su vicepresidente en la sombra, ese genio economista que se llama Cándido Méndez. Juntas, estas dos mentes luminosas nos preparan para eso que llaman ahora una economía sostenible. No se rían por el término. Va en serio. Por el camino que vamos, llegará a sostenerse porque existe una ley física que hasta los niños saben irrefutable y que dice que «lo que se cae, del suelo no pasa». Eso sí, cuando se caen y el golpe es como el que se nos avecina, las cosas suelen romperse. Más aún de lo que están, aunque no lo crean posible, dada la montaña de pedazos de loza sobre la que vivimos ya. Ahora dice nuestro presidente en la revista «Newsweek», en uno de sus arranques de buen humor, cada vez más infrecuentes, que con salir a la calle se ve que España no se hunde. Si se refiere a que la Granja de San Ildefonso aún no es puerto de mar, pese a los augurios de su amigo, el Midas milenarista Al Gore, nuestro Gran Timonel tiene razón. Lo malo sería que «Newsweek» se pusiera a preguntar y escuchar. Pero eso son cosas que nuestro líder cree que, como no las hace él, no las hace nadie. Ya sabemos que él no tiene problemas con las contradicciones, vulgaridades de antaño. Pero resulta chocante que, si tan bien van las cosas en España, los ricos, los poderosos, los avariciosos y los fachas españoles sean unos canallas y además responsables de la situación. Pues apláudales y no les insulte.

Están tan bien las cosas que cada vez son más los políticos que, como Ibarretxe, emigran de la cosa pública. Unos asqueados por el trato recibido y otros por si acaso. Todos tienen en común que encontrarán trabajo. Mientras, el partido y el Gobierno comienzan a parecer una tropa que teme más a la cola del INEM que el resto de los españoles. Evitan cola y madrugón con loas al jefe como un coro de ursulinas en la Ejecutiva federal. Imagínense no ya que se impone el sentido común y los socialistas acaban inhabilitando a Zapatero, cuando los parados acampen por miles ante y por la Casa de Campo, sino que el tripartito catalán pierda el poder. Al paro irían criaturas como Benach, el tuneador o Montilla o Puigcercos. Esos sí tendrían que irse a abrir cocos a Puerto Rico. Y disfrazados. A saciar la sed de Ibarretxe y demás hispanohablantes. La escena merecería un viaje.
htertsch@hermanntertsch.com

Tolerancia quiere que les permitan anuncios en los autobuses de Barcelona en defensa del bilingüismo
Se les prohibió hace 6 meses, aunque ahora se autoriza a la 'Plataforma per la Llengua'
 www.lavozlibre.com 22 Septiembre 2009

Tolerancia quiere que les permitan anuncios en los autobuses de Barcelona en defensa del bilingüismo

Barcelona.- La Asociación por la Tolerancia ha presentado una nueva campaña destinada al soporte publicitario en autobuses de Barcelona con el lema ‘El català suma. El castellano multiplica. L’exclusió del castellà resta i ens divideix. Bilingüismo, sí’.

Tras la negativa hace seis meses a admitir los anuncios de la Asociación por la Tolerancia en los autobuses municipales de Barcelona a favor de la libertad de elección lingüística porque creaba “polémica” y podía “dañar la imagen del medio”, ahora, sí ha sido aceptada la campaña de la ‘Plataforma per la Llengua’ por parte de la empresa que gestiona la publicidad en los Transportes Metropolitanos de Barcelona. En la misma denuncian una supuesta "inexplicable desigualdad legislativa del catalán respecto al castellano".

El presidente de la Asociación por la Tolerancia, Eduardo López-Dóriga, ha señalado que espera que Promedios, la empresa que gestiona la publicidad en el transporte de Barcelona, cambie de opinión respecto a la negativa que se produjo de la anterior campaña, ya que permite la que ahora mismo se exhibe de la de ‘Plataforma per la Llengua’. “Espero que acepten los nuevos anuncios que hemos presentado. Hemos realizado unos bocetos y veremos qué contestan”, afirmó López-Dóriga.

'Plataforma per la Llengua' hace publicidad del catalán en los autobuses de Barcelona
Reclaman que los etiquetajes de todos los productos sean en catalán
Europa Press  www.lavozlibre.com 22 Septiembre 2009

Campaña a favor del catalán en los autobuses de Barcelona. 'Plataforma per la Llengua' hace publicidad del catalán en los autobuses de Barcelona

Barcelona.- Autobuses de las líneas 17,22,24 y 33 de Barcelona lucen a partir de este lunes imágenes de la campaña de la 'Plataforma per la Llengua' 'El català suma', que muestran la "inexplicable desigualdad legislativa" del catalán respecto al castellano en Cataluña.

El objetivo de esta campaña, que se inició en julio, es dar a conocer la situación del catalán en diferentes ámbitos de la sociedad y recordar que el uso de esta lengua en cualquier ámbito siempre suma y favorece la cohesión.

También quiere mostrar que el catalán aún está muy lejos del reconocimiento que tienen otras lenguas con peso demográfico y comercial similar en la Unión Europea. La primera fase de esta campaña se inició en julio y la segunda, que reclama más presencia del catalán en el sector empresarial y socioeconómico, se lanzó con motivo de la Diada del 11 de septiembre y durará hasta final de mes.

La 'Plataforma per la Llengua' ha señalado en un comunicado que el 99 por ciento de las leyes que obligan a utilizar una lengua determinada en la información de productos distribuidos en Cataluña obligan sólo al castellano. Para la organización, este marco legal "discrimina" a los consumidores catalanes. Han añadido que no hay otra lengua en la UE no obligatoria en el etiquetaje tan presente como el catalán.

La campaña quiere demostrar con cifras y mensajes la vigencia del catalán y su peso en el ámbito internacional y en los sectores económicos y culturales, así como la "discriminación" que aún sufre en algunos sectores. Las acciones de esta actividad se sucederán hasta finales de año, coincidiendo con el XV aniversario de la entidad.

El pasado marzo, la empresa encargada de la publicidad en los autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) denegó una campaña publicitaria promovida por la Asociación por la Tolerancia que defendía el bilingüismo en Cataluña. Al conocer esta campaña, la Asociación por la Tolerancia ha solicitado el mismo trato.

Ciudadanos, contra la marcha de Santiago por el gallego
"Pretenden justificar una persecución que no existe"
 www.lavozlibre.com 22 Septiembre 2009

Santiago de Compostela.- Ciudadanos invita a los gallegos a no secundar la marcha que se celebrará en Santiago el próximo 18 de octubre. “Aparentemente ha sido convocada por la plataforma ‘Queremos Galego’, pero a nuestro juicio responde a una iniciativa promovida por el Partido Socialista y por el Bloque Nacionalista Gallego”, explica Pablo Yánez, secretario de la Federación Norte de España de Ciudadanos.

“Entendemos que es una farsa trasladar a la calle una inexistente necesidad de defender el gallego, tratando de justificar una persecución que no existe”, añade Yáñez.

“La defensa de los supuestos derechos lingüísticos en los que amparan su acción no tiene justificación, ya que sitúan éstos por encima de los derechos individuales”, expone Ciudadanos.

Asimismo, Ciudadanos anima a la Xunta a profundizar en las reformas necesarias para revocar todos los pasos dados por el gobierno bipartito. “Ésa sí fue una legislatura de imposición lingüística, la del gallego”, concluye Yáñez.

Casas sugiere octubre como enésimo plazo para la sentencia del Estatut

La presidenta del Constitucional, segura de que estará antes de fin de año
Madrid - R. Coarasa / F. Velasco La Razón  22 Septiembre 2009

Estaba en el centro de todas las miradas y el premio gordo era arrancarle cualquier compromiso, por mínimo que fuese, en relación a la sentencia más esperada de los últimos tiempos. La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, se zafó como pudo en el cóctel posterior al acto de apertura del Año Judicial, pero al final claudicó. Después de meses y meses de deliberaciones, se atrevió a dar un plazo para el alumbramiento de la sentencia del máximo garante constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. En una conversación informal con los periodistas que se la rifaban en la sede del Tribunal Supremo, a Casas se le preguntó si, un año más, nos comeremos las uvas sin que el TC haya dado a conocer el fallo. «No, antes, antes...», contestó de forma elocuente. Vuelta a la carga, se le inquirió si el próximo mes de octubre podría estar ya lista la resolución, a lo que la presidenta del Constitucional se limitó a sugerir: «Podría ser».

Casas recordó que el próximo martes el Pleno del TC continuará sus deliberaciones (que no se han interrumpido ni siquiera en agosto) sobre este espinoso asunto.

En los corrillos, las referencias al retraso del TC en dar a conocer el fallo eran de las más socorridas. «Es una vergüenza», afirmaba sin tapujos un vocal del Consejo General del Poder Judicial cuando se le preguntaba por el asunto.

Pero la presidenta del TC no estaba sola. La mayoría de los magistrados se dejaron ver por la sede del Supremo, en la que más de uno echó en falta, precisamente, a la ponente de la sentencia del Estatuto catalán, la magistrada Elisa Pérez Vera.
Ajenos al run-run de conversaciones, algún miembro del TC se declaraba ajeno a cualquier presión. «No nos sentimos agobiados», reconocía antes de justificar, una vez más, la tardanza. «Es que hay que aunar muchas voluntades y es complicado». Pues eso.

Segundo «round» ideológico en los buses de Barcelona
Barcelona - M. E. La Razón  22 Septiembre 2009

Seis meses después de que Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) vetara una campaña publicitaria en los autobuses a favor de la enseñanza en castellano, la Asociación por la Tolerancia, lo intenta de nuevo. Ayer, envió a la empresa «Promedios», que gestiona la publicidad de los autobuses de Barcelona, todo el material para tirar adelante una nueva campaña, cuyo eslogan es: «El català suma. El castellano multiplica. La exclusión del castellano resta y nos divide. Bilingüísmo, sí».

Hace medio año, TMB prohibió una campaña de la Asociación por la tolerancia en defensa del bilingüísmo, alegando que «no permite insertar publicidad con connotación ideológica en los medios de transporte público». Pero ahora, lo va a tener más difícil para aferrarse a este argumento, porque desde ayer los autobuses de las líneas 17, 22, 24 y 33 recorren las calles de Barcelona luciendo una campaña en defensa del catalán. Bajo el lema «El català suma», la campaña diseñada por la «Plataforma per la Llengua» denunciará hasta el día 7 de octubre «la inexplicable desigualdad legislativa del catalán respecto al castellano». Lo hace con datos estadísticos que demuestran la supuesta desventaja legislativa del catalán respecto al castellano. Por ejemplo, denuncia que el 99 por ciento de las leyes obligan a etiquetar en castellano los productos que se distribuyen en Cataluña, mientras que sólo un uno por ciento lo hace en catalán. El portavoz de la Asociación por la Tolerancia, Eduardo López-Doriga, avisó que no entenderían que les volvieran a vetar la campaña, ahora que «sí se puede hablar de lengua en los autobuses».
 

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