AGLI

Recortes de Prensa    Jueves 24 Septiembre 2009

 

Carta a Pilar Farjas Abadía, Consejera de Sanidad
 Periodista Digital 24 Septiembre 2009

Estimada Pilar:

Lamento que los fanáticos del gallego (que son quienes le darán el tiro de gracia) hayan arremetido contra usted por hacer algo tan normal como hablar una de las dos lenguas que hablamos los gallegos aproximadamente al 50 % y que, además, son oficiales tanto en el Estatuto como en la Constitución. No les haga el menor caso.

Somos muchos los gallegos bilingües que hablamos ambas lenguas sin imposiciones, cuando y con quien nos da la gana. Yo lo hago a diario en mi pueblo, que no puedo nombrar por motivos de seguridad, pues he recibido amenazas; pero jamás en la sanidad, la administración o la enseñanza, áreas donde no se nos respeta a los hispanohablantes.

Cuanto más fieles sean ustedes a la realidad lingüística de Galicia, más votos les daremos quienes luchamos por la libertad. Feijoo ha ganado las últimas elecciones por unas promesas en materia de idioma que de momento no ha cumplido. Veremos lo que hace en el futuro y si les volveremos a votar o no.

Nada más, adelante, hable usted con total libertad en el idioma que quiera y con quien quiera, no se deje presionar por nadie y cuente con nuestro apoyo, pues cada vez somos más quienes estamos comprometidos en esta lucha por la libertad en todos los ámbitos.

Un saludo cordial.

Juan Julio Alfaya
JuanJulioAlfaya@yahoo.es
Galicia, España
Gallegos Hispanohablantes
1) http://blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php
2) http://blogs.lavozlibre.com/galicia/

Madrid es una Nación
Vicente A. C. M. Periodista Digital 24 Septiembre 2009

¿Y por qué no? Ya puestos a hacer el ridículo, ¿qué mejor exponente de la pluralidad cultural y social que la Comunidad de Madrid? Ya que parece que a este Gobierno le va el tema del desequilibrio normativo y de la cesión de competencias del Estado a las Autonomías como Cataluña y Andalucía, nada impide que Madrid modifique su Estatuto, se auto proclame Nación y lo someta a la aprobación de sus ciudadanos .Ya de paso podríamos preguntarnos si queremos otra forma de Estado que no fuera la Monarquía, sino la República.

Pensarán que esto es un desvarío del que escribe y no les falta razón. Pero más desvarío es el que muestra este Gobierno del Sr. Zapatero y no parece que exista la menor réplica ni asombro ante los modos, usos y abusos. Un Gobierno que actúa bajo las “ocurrencias” de un Presidente, el Sr. Zapatero, que sigue empeñado en llegar al 2012 “como sea”, aunque ello le cueste a España recuperarse de la crisis por años. Un Presidente que continuamente sigue confundiendo lo público con lo privado y lleva a sus hijas en viaje oficial para que disfruten de unos días de turismo a costa de los impuestos de los españoles. Esos impuestos que va a subir para seguir despilfarrando en generosos donativos a las Autonomías díscolas como Cataluña o a las afines como Andalucía. A las demás, que paguen y callen.

¿Hasta cuando están los ciudadanos dispuestos a aceptar estas actuaciones tan poco éticas en momentos en que se pide solidaridad y “esfuerzo”? Tal parece que el esfuerzo han de hacerlo los de siempre, los que controlados por el todo poderoso Estado, nos es imposible escapar de hacer ese esfuerzo, y si no lo hacemos sufrir las represalias y todo el peso de la Ley. Imposible huir, salvo emigración. Aquí los únicos que se escapan son los que mantienen sus rentas en el extranjero, lejos de los avariciosos ojos del fisco. Una insolidaridad que en vez de ser perseguida, se consiente y se aplaude.

Y es que viendo el indigno ejemplo de los líderes, empezando por el Sr. Zapatero, me es imposible asumir esa solidaridad y el esfuerzo que se me pide. Realmente, lo que me sale al contemplar estas villanías, es radicalizar mi postura y pensar que debemos hacer todo lo posible porque esta situación termine de una vez. Quisiera que hubiera una oposición real en España que no consintiera seguir en este juego de tramposos. Quisiera que esa oposición existiese y se lanzase con toda su fuerza a liderar el cambio.

Lamentablemente, creo que esa oposición anda apocada y temerosa ante el ataque que están sufriendo muchos de sus líderes por causas tan poco claras y tan escandalosas como el caso Gürtel. Una oposición bloqueada por sus fantasmas, no puede liderar nada salvo su propio desprestigio. Hace tiempo que se debieron tomar decisiones de “limpieza” que se pospusieron hasta que los acontecimientos se precipitaron con la aparición de pruebas y testimonios demoledores. De haber habido firmeza en el liderazgo, no existiría ese pesado lastre que ahora les mantiene parados y sin capacidad de reacción.

Así que Sra. Aguirre. Deje de intentar luchar contra molinos de viento, porque nadie más le acompaña en esa quimérica batalla. Al final, terminará con la lanza destrozada y en el suelo y magullada de la caída. El PP no merece tenerla entre sus filas. No va a encontrar allí ni comprensión, ni ayuda, sino todo lo contrario. Si aún le quedan ganas, decídase y lidere una alternativa liberal y muchos le seguirán.

Cuidado con lo que escribe, Montilla y Carod le vigilan
José Antonio Gundín El Semanal Digital 24 Septiembre 2009

Suele ocurrir que los escándalos políticos que salpimientan el oasis catalán llegan a Madrid con sordina, como acolchados, y apenas si reciben en la Prensa el espacio que se reserva a los sucedidos curiosos o extravagantes. Valga como ejemplo el sorprendente, inaudito, insólito y pasmoso caso de los informes y dictámenes encargados por la Generalitat a personas externas y que la propia Generalitat ha calificado de "inútiles", excesivamente caros y arbitrariamente contratados. Sólo en el año 2007, el número de bodrios pagados con los impuestos del contribuyente ascendieron a unos 480. Y no hay motivos para creer que otros años, desde la llegada al Palau en 2003 hasta hoy, no haya ocurrido lo mismo. Pues bien, los diarios nacionales madrileños apenas si le dedicaron dos escondidas columnas al asunto. ¿Alguien tiene alguna duda de que si en vez del tripartito catalán hubiera sido Esperanza Aguirre o Francisco Camps el sorprendido en renuncio no se habría montado la tercera guerra mundial, con la entusiástica participación del fiscal general del Estado?

Pero hay más. Al margen de la malversación de caudales públicos que supone contratar trabajitos inútiles para pagar a los amigos y comilitones, el Gobierno catalán ha incurrido en una de las prácticas más aborrecible en democracia: la elaboración de informes sobre las afinidades partidistas y opiniones políticas de los periodistas. ¿Alguien tiene alguna duda de que si hubiera sido Aguirre o Camps el responsable de ese informe parapolicial no habría periódicos que se rasgarían las portadas a cinco columnas? Y el fiscal general se mesaría los cabellos, claro.

No ha pasado nada, sin embargo, y la noticia ha pasado prácticamente desapercibida. El Gobierno catalán espía, estabula y etiqueta a los periodistas (¿a qué recuerda esta práctica?) y nadie se inmuta, ni siquiera esos consejos audiovisuales, clubes de periodistas y sindicatos de informadores que sólo reaccionan con energía cuando creen haber detectado "catalanofobia", especie de amuleto que lo mismo sirve para montar un cordón sanitario que para tapar la cochambre doméstica bajo la alfombra subvencionada.

Si a los propios periodistas no les subleva que un gobierno los marque a hierro como si fueran ganado, no estará lejano el día en que también clasificará a los ciudadanos por lo que lean en la intimidad de sus hogares. Sólo tiene que encargar un informe a sus amiguetes o afiliados, y pagarlo con largueza.

La autoridad pública
Iñaki EZKERRA La Razón 24 Septiembre 2009

Doña Aguirre les quiere dar a los profes el estatus de autoridad pública que tienen los guardias de tráfico y la idea, aunque populista, no tiene nada de exagerada. En efecto, el colectivo docente se viene caracterizando desde hace años por el alto índice de bajas laborales y depresiones postvacacionales. Hay un buen número de enseñantes que no parece que regresan por estas fechas a las aulas sino a la guerra, y algunos ni regresan porque se van directamente al diván del psicoanalista. La causa de este mal, como de todos, hay que buscarla en la gente adulta, no en una supuesta perversidad intrínseca de las nuevas generaciones. Cualquiera sabe que una sociedad que prospera tiende a la relajación de costumbres y que los hijos de la riqueza son siempre más vagos, maleducados y contestatarios que los de las posguerras y las estrecheces económicas.

Sabiendo eso, que es una perogrullada, lo lógico es que los gobiernos se afanen en crear sistemas educativos que contrarresten la mala crianza de la abundancia, pero en España ha pasado lo contrario exactamente. Aquí los maduritos nos hemos vuelto niñatos. Incluso los que pasaron la posguerra (a la vejez viruelas) se portan como nuevos ricos de todo, del dinero y de la cultura y de las ideologías y de la libertad. Nos hemos puesto a gastar más que los críos y a despreciar todo lo que nos venía regalado. Los sindicatos libres, las autonomías, los nuevos estatutos, la democracia… son como esos juguetes que los niños malcriados abandonan en cuanto se los compran porque ya están pensando en pedir otra cosa diferente. Aquí son los mayores los que hacen un permanente discurso antisistema, los que abrazan consignas y ademanes y tics anarquistas en los que no creen pero que les sirven para sus momentáneos intereses políticos. Aquí, cuando no hace discurso antisistema y contra el Estado el propio Gobierno que dice querer traer un «Estado social» y un «sistema perfecto de prestaciones» (¿en qué quedamos?), lo hacen los nacionalistas, que en el fondo son más carcas que nadie porque apelan a privilegios no ya estatales sino estamentales y propios del Antiguo Régimen.

Aquí el problema no es que haya crisis de valores, sino que los valores que se exaltan, que se ponen como modélicos y que se inculcan a la gentecilla joven no son los buenos. Aquí los nacionalistas periféricos han hecho durante tres décadas un valor moral del desafío al Estado y a las instituciones democráticas. Y ese desafío, esa aberración elevada a virtud, no ha sido algo silenciado por los medios de comunicación o marginal al ritmo de la Nación, sino que ha protagonizado constantemente la vida pública española. Aquí las últimas generaciones no han visto más que a unos señores talluditos que decían que se pasaban por el arco del triunfo «lo que dijera el Gobierno central». Los hijos que hoy amenazan y maltratan a sus padres no son más que la traslación de ese modelo político a la vida cotidiana y privada. La propia sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut se ha convertido en el parto de los montes (o de los Montillas) y lleva tres años haciéndose de rogar como una metáfora de la voz de ese pobre padre acojonado que no se atreve a decir «no» a los chavales porque teme que le levanten la mano.

Doña Aguirre quiere que los profes tengan la autoridad de los guardias. Lo malo es que en España los guardias y la autoridad pública ya no tienen autoridad tampoco.

CONTRA EL CRITERIO DEL SUPREMO
Castilla y León reconoce el derecho de los padres a objetar a EpC
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoce el derecho de los padres a objetar a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) y exonera a sus hijos de cursar la materia, pese al criterio contrario del Tribunal Supremo.
ángela martialay Libertad Digital 24 Septiembre 2009

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) ha hecho público este miércoles dos sentencias en las que reconoce el derecho de los padres a objetar a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC).

Según han informado fuentes de dicho tribunal, estas sentencias "que se apartan motivadamente" del criterio aplicado por el Tribunal Supremo, "se limitan a constatar el conflicto moral e ideológico que para los padres demandantes supone el que sus hijos reciban una educación contraria a sus creencias religiosas, éticas o morales".

De esta forma, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia castellanoleonés, reconoce, en una extensísima y compleja argumentación, el derecho de los padres a objetar a EpC y, en consecuencia, exonera a sus hijos de cursar la polémica asignatura.

Para los jueces de dicho tribunal, la aplicación del artículo 27.3º de la Constitución (que garantiza e impone a los poderes públicos el respeto del derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones) debe prevalecer sobre cualquier imposición gubernamental, y en concreto, sobre la imposición en las aulas de la asignatura obligatoria EpC.

"Intensa carga ética, moral e ideológica"
Según señala la sentencia, de 136 folios, las razones de fondo para reconocer ese derecho de objeción son "la intensa carga ética, moral e ideológica de la asignatura discutida, que emplea conceptos difusos e indeterminados pero con virtualidad bastante como para propiciar y producir el efecto indeseable de incidir en la privacidad e intimidad de los alumnos".

Además, estima el TSJCYL que dicha materia persigue un objetivo de "reconstrucción" de los alumnos que están "en plena fase de formación" y ello con "arreglo a unos autocalificados valores éticos comunes" que influirán en los comportamientos y actitudes, habilidades y destrezas de los menores.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, conscientes de que estas dos sentencias violan el principio de jurisprudencia que sienta el Alto Tribunal, defienden esta decisión pese a "las significativas reservas y advertencias del Pleno del Tribunal Supremo respecto de proyectos educativos, libros de texto y explicaciones". Defiende la Justicia castellanoleonesa que "los padres no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar" que se invada su esfera privada en cuanto a la formación religiosa y moral de sus hijos.

El pasado mes de enero el Supremo concluyó que los reales decretos que regulan EpC no lesionan el derecho de los padres a elegir la libre educación de sus hijos. Su decisión sienta jurisprudencia y, por tanto, debería ser acatada por todos los tribunales españoles.

OBJECIÓN A EPC
Caamaño ordena a la Abogacía del Estado que recurra la decisión del TSJCYL
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha ordenado este miércoles a la Abogacía del Estado recurrir las dos sentencias en las que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León donde se reconoce el derecho de objeción de conciencia a EpC.
efe Libertad Digital 24 Septiembre 2009

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha ordenado este miércoles a la Abogacía del Estado recurrir las dos sentencias en las que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha reconocido el derecho de objeción de conciencia en la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Así lo ha anunciado Caamaño en declaraciones a los periodistas en la sede del PSOE, donde ha tratado con el secretario ejecutivo de Libertades Públicas y Derechos de Ciudadanía de este partido, Álvaro Cuesta, el Plan de Modernización de la Justicia aprobado por el Gobierno el pasado miércoles.

El titular de Justicia ha añadido que ahora será el Tribunal Supremo el que establezca la doctrina definitiva sobre esta cuestión.

Las sentencias del TSJCyL, de 23 de septiembre y que corresponden a dos recursos planteados en 2008, reconocen en concreto, con un voto particular, el derecho de los padres a objetar y, en consecuencia, a exonerar a sus hijos de cursar las asignaturas conocidas de Educación para la Ciudadanía

DECLARA EL PERITO ROMERO EN LA CAUSA CONTRA MANZANO
La escasez de muestras impidió conocer el explosivo del 11-M
El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha acogido este miércoles la declaración del perito Carlos Romero, que participó en la pericial de explosivos ordenada por el tribunal del 11-M, en la causa contra Sánchez Manzano y la perito químico de los Tedax.
Olivia Moya Libertad Digital 24 Septiembre 2009

Carlos Romero, uno de los peritos que participó en la pericial de explosivos ordenada por el tribunal del 11-M, ha declarado como testigo este miércoles ante la juez del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid por la querella interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra Sánchez Manzano y la perito químico de los Tedax.

En la pericial de explosivos participaron ocho peritos, cuatro propuestos por las partes y otros cuatro pertenecientes a la Policía y Guardia Civil. A estos peritos, cuyo objetivo era identificar el arma del crimen, es decir, qué explotó en los trenes, les llegó únicamente 23 muestras de los 12 focos de explosión.

Romero, perito independiente propuesto por las partes, ha declarado que en la pericial se les entregaron muy pocas muestras. Si esto no hubiera sido así se podía haber concretado el tipo de explosivo.

Las cantidades ridículas a analizar, que en algún caso se componían de un único clavo, hicieron a los peritos solicitar más muestras. Pero no había más, les dijeron. Estos peritos ya hicieron constar esta queja ante el tribunal.

Cientos y cientos de vestigios que los Tedax recogieron de los escenarios de la masacre se destruyeron, según reconoció el propio Sánchez Manzano durante su declaración. Pero tampoco llegaron a sus manos las disoluciones acuosas con las que la perito había lavado las muestras.

Es por esto, entre otras cosas, que la asociación presidida por Ángeles Domínguez les acusa de los delitos de falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento por ocultación de pruebas.

La declaración del perito Antonio Iglesias, que también participó en la pericial y autor del libro Titadyn, prevista para este miércoles finalmente tendrá lugar el próximo 21 de octubre.

EL ÚNICO PAÍS DE LA UE QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVA
España, condenada por no aplicar la norma contra la financiación del terrorismo
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por ser el único país que no aplica la normativa contra la financiación del terrorismo, como ya informó LD. La directiva se aprobó en el año 2006, pero Zapatero no la acató y el Ejecutivo español fue denunciado el pasado Enero.
EFE Libertad Digital 24 Septiembre 2009

Se trata de una directiva comunitaria de 2006, que desarrollaba la definición de "personas del medio político", los criterios técnicos a seguir en los procedimientos de diligencia debida al cliente y la exención en caso de limitada actividad financiera.

Según ese texto, son "personas del medio político" aquellas a las que se les confían funciones públicas importantes, sus familiares más próximos y otras personas reconocidas como allegados a ellas.

La norma controvertida establece cómo ha de aplicarse a estas personas otra directiva de 2005 sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.

Los Estados miembros debían tomar las medidas pertinentes para la entrada en vigor de la norma como muy tarde el 15 de diciembre de 2007 y comunicar a la Comisión Europea (CE) las disposiciones adoptadas.

Pero, según recuerda en su sentencia el Tribunal de Justicia, España aún no lo había hecho en junio de 2008, lo que motivó al Ejecutivo comunitario a llevar el caso ante la corte luxemburguesa.

En su argumentación ante el Tribunal, las autoridades españolas aseguraron que el proceso legislativo destinado a garantizar la adaptación del Derecho nacional a la citada norma estaba a punto de terminar.

Pero el Tribunal deja claro que la existencia de un incumplimiento se determina en función de la situación al final del plazo fijado y subraya que "los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tomados en cuenta".

Concluye que cuando expiró el último plazo establecido por la CE aún no se habían adoptado todas las medidas destinadas a garantizar la transposición efectiva de la norma comunitaria y, por ello, considera fundado el recurso del Ejecutivo de la UE y decide condenar a España.

Plataforma de las Clases Medias
Nueva ofensiva contra la casta parasitaria
El sábado 7 de noviembre marchan a La Moncloa
Redacción Periodista Digital  24 Septiembre 2009

La concentración del 7 de noviembre es de carácter nacional
Tengo la satisfacción de comunicar a todos los miembros y simpatizantes de la Plataforma de las Clases Medias, que la dirección nacional ha fijado el sábado 7 de noviembre como la fecha en que protestaremos masivamente contra la confiscación fiscal e iremos, luego, a Moncloa a pedir la marcha de Zapatero y la celebración de elecciones anticipadas.

Estoy seguro de que todos esperabais con ilusión que se fijara la fecha.

Habrá un mitin o concentración, de cuya ubicación informaremos con tiempo, una vez informemos a la Delegación de Gobierno.

El día 8, domingo, en grupos de menos de diez, estaremos paseando por Madrid con cartelería alusiva a la expoliación, a la inutilidad de Zapatero y a la necesidad de elecciones anticipadas.

La concentración del 7 de noviembre es de carácter nacional. Por tanto, las delegaciones, desde este mismo momento, han de situar como su principal objetivo organizar viajes a Madrid para participar con el mayor número posible de personas.

Cada uno de los miembros y simpatizantes de la Plataforma, debe empezar a difundir la convocatoria, a comentar con familiares y amigos sus objetivos y a impulsar la asistencia.

En un grado máximo de desfachatez, los sindicatos convocan contra los empresarios, mientras las Administraciones han iniciado una escalada brutal de confiscación fiscal. La Plataforma de las Clases Medias va a contestar a esta ofensiva de la casta parasitaria y va a demostrar que la sociedad española está dispuesta a luchar y a sobrevivir.

Enrique de Diego

Los padres afirman que la sentencia sobre Ciudadanía reconoce el derecho de educar a los hijos sin intromisión
El Gobierno recurrirá la sentencia que avala la objeción a Ciudadanía
Un tribunal reconoce el derecho a objetar a Educación para la Ciudadanía
AGENCIAS I MADRID ABC 24 Septiembre 2009

El presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonel,
resaltó la importancia de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, puesto que «ya es el tercer TSJ que reconoce el derecho de los padres a objetar» y a que «nuestros hijos no sufran ninguna coacción por ello», aunque admitió que esta importancia no es jurídica, puesto que el Supremo «aún no reconoce la objeción».

Carbonel recordó que la sentencia del Supremo ya está recurrida en el Tribunal Constitucional, y si éste «no se atuviera a nuestras pretensiones, lo haríamos también en Estrasburgo».

Por su parte, la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa) dijo hoy que las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León conocidas ayer, reconocen el derecho de los padres a educar a sus hijos sin ningún tipo de intromisión.

Cofapa dijo hoy que ambas sentencias suponen el reconocimiento de «la intensa carga ética, moral e ideológica de la asignatura discutida», contraria en muchos casos a las convicciones personales de la familia.

Para la presidenta de esta confederación, Mercedes Coloma, estas sentencias son una gran oportunidad para recordar que sólo una parte de esta asignatura se centra realmente en lo que debe entenderse como educación para la ciudadanía, formación cívica común para todos los ciudadanos y ajena a cuestiones morales o de conciencia.

Muchos de sus contenidos de EpC lo que buscan es la construcción de una conciencia moral cívica y única, que de ninguna manera es competencia de las autoridades públicas, y que no cuadra con los principios fundamentales de un Estado democrático y plural, explica Miró.
 

******************* Sección "bilingüe" ***********************

La (de)generación de las ikastolas
Ernesto Ladrón de Guevara Minuto Digital 24 Septiembre 2009

Les aseguro que mis brazos subían en un gesto reflejo a la cabeza cuando los consejeros ikastoleros de Eusko Alkartasuna que rigieron durante más de una década la cartera de Educación en el País Vasco decían aquello de “en el modelo D (todo en euskera) los alumnos aprenden mejor el castellano –se debería decir español- que en el A”. Mis ojos se salían de las órbitas al oír tamaña insensatez que se pega de bruces con el sentido común. ¿Cómo es posible que un alumno infante, prepúber, o adolescente vaya a aprender correctamente un idioma en el que no habla ni escribe en ningún momento de su jornada escolar durante todo el curso académico año tras año? Parece imposible que hubiera gente que se creyera la trola, pero, les aseguro que había cantidad de paisanaje que asumía esa mentira como verdad universal. Al fin y al cabo lo decía un Consejero. Palabra nacionalista, y por tanto, prevalencia de ese elemento intangible que en las Vascongadas ha primado sobre la razón durante tanto tiempo: el sentimiento. ¡Ah!. Poderosa cuestión, sucedánea de una escatológica religión. Ser o no ser, esa es la cuestión. Y si se es, hay que asumir las mentiras como verdades, sobre todo si se repiten mil y una veces. Por ridículas que parezcan.

Sin embargo, los hechos dejan esa mentira como lo que es: una vulgar patraña que ha ocasionado demasiadas víctimas en sucesivas promociones escolares. Por mera coincidencia ha saltado a los medios de comunicación, con sorna generalizada, esa enmienda a los presupuestos del Grupo de nacionalistas vascos y los de Ezker Batua en la que aparece la prueba del delito: “aprovar” en lugar de su forma correcta “aprobar” e “hinundaciones” en vez de “inundaciones”. Ambas faltas, homenaje a la ignorancia supina, pasaron todos los filtros sin corrección alguna, hasta que alguien, de otro grupo parlamentario levantó su voz con cínica alusión a la disgrafía. Al final la verdad reluce. Ni tan siquiera en sede institucional donde se presume está la crema de la crema se superan los mínimos de corrección ortográfica. Y es que con esos mimbres educativos, con tanta ikastola y modelos de inmersión, los resultados dan para lo que dan…

Los ágrafos han echado la culpa al corrector ortográfico del procesador de texto de sus ordenadores, con lo que en lugar de arreglar el desaguisado recuperando la compostura, lo han estropeado aún más. El corrector ortográfico no exime la obligación constitucional de conocer la lengua oficial del Estado.

Lo lamentable de todo esto es que algunos –muy pocos- hemos estado denunciando el desastre educativo vasco de la inmersión lingüística, clamando al desierto. Nadie. Y, cuando digo nadie es nadie el que ha hecho caso de verdad a las reiteradas denuncias de genocidio cultural. La prueba es que nada ha cambiado en treinta años si no es para empeorar en la dirección del fanatismo lingüístico y del adoctrinamiento. Ahora parece que las cosas podrían cambiar, pero perdonen que sea escéptico conociendo a los protagonistas de la cosa por la parte socialista. No pienso verlo mientras mis piernas me sostengan sin ayuda de bastón.

Algunos dirán que, ¿qué más da conocer la lengua de Cervantes o no, si hay un código de comunicación autóctono? –cosa falsa, por otra parte, pues el castellano es tan genuinamente vasco como el euskera-. Sin embargo el daño ha penetrado, incluso, entre los propios entramados de gobierno de la Comunidad Autónoma, según parece. Está a la vista que es un drama que unas personas que viven en un mundo globalizado se conformen con conocer una lengua que hablan trescientos mil personas desconociendo los usos en puridad ortográfica y gramatical de otro idioma en el que se comunican cuatrocientos millones de habitantes del mundo.

A mí nunca me podrán persuadir de que esta situación a la que nos han llevado por causa de la cerrazón nacionalista de unos y la ceguera intelectual de otros no es una tragedia.

Un guiño al PNV en beneficio de ETA
EDITORIAL Libertad Digital 24 Septiembre 2009

El mismo día que se ha hecho público que ayuntamientos gobernados por ANV han recibido 29 millones de euros del fondo estatal de inversión local, y dos días después de que el fiscal general del Estado considerara –por primera vez– "hiriente para la sensibilidad democrática" la existencia de estos ayuntamientos en manos de los proetarras, los socialistas vascos se han sumado a los separatistas en su rechazo a que el gobierno central disuelva estos consistorios de acuerdo a la Ley de Bases de Régimen Local, tal y como ha solicitado en el Parlamento Vasco UPyD con el apoyo del PP.

Si ya hemos denunciado la hipocresía del fiscal general pidiendo ahora una reforma innecesaria para la disolución de esos ayuntamientos, y recordando que fue él quien, con el visto bueno del Gobierno, calificó en su día de "limpias" y "no contaminadas" las listas de los proetarras que ahora gobiernan esos consistorios, el cinismo que han mostrado este miércoles los socialistas vascos en el parlamento autonómico no ha sido menor. También ahora ellos muestran "una repugnancia total" ante el hecho de que representantes de partidos ilegalizados que defienden el terrorismo, o no condenan la violencia, estén al frente de esos ayuntamientos. Sin embargo, y en fragrante incoherencia, los socialistas han votado en contra de su disolución alegando –en la misma línea de Conde Pumpido– un "encaje legal dudoso".

No hay más que leer la actual redacción de la Ley de Bases de Régimen Local para saber que la disolución de los ayuntamientos gobernados por los proetarras tiene perfecto encaje legal tanto con la letra y con el espíritu de una normativa que, tal y como está, ya hace referencia expresa a la "justificación del terrorismo" o el "desprecio y la humillación de las victimas" como causas de disolución.

La falsa "falta de encaje legal" con la que ahora se excusan los socialistas no busca más que encubrir –como en el caso de Conde Pumpido– su pasado apoyo al coladero que el Gobierno de Zapatero brindó a ETA para que pudiera burlar la Ley de Partidos. A la actual Ley de Bases del Regimen Local no le falta nada. Lo que falta es voluntad política a la hora de aplicarla. Prueba de ello es que si de verdad los socialistas creyeran que con la actual redacción de la ley no se puede proceder a la disolución, habrían pedido, con ese mismo objetivo y el mismo día en que el Tribunal Supremo ilegalizó a ANV, la reforma de la misma. Pero no lo hicieron entonces y ni siquiera lo hacen ahora para no tensionar innecesariamente sus relaciones con el PNV, partido con el que el PSOE no parece haber renunciado a llegar a nuevas componendas, tanto en Madrid como en Vitoria. Prueba de ello es que los socialistas han propuesto como alternativa a la petición de disolución, una fórmula que resulta completamente inoperativa sin el apoyo de los nacionalistas, tal y como es la moción de censura.

Así, solicitar al Gobierno vasco, tal y como han propuesto los socialistas, que promueva mociones de censura en los ayuntamientos gobernados por ANV no tiene por objeto más que disimular y marear la perdiz. Para empezar el Ejecutivo vasco puede perfectamente promoverlas sin que se lo tenga que pedir el parlamento. Pero, sobre todo, las mociones de censura tienen un ámbito local donde las formaciones ya pueden presentar, aun sin el respaldo del parlamento autonómico o nacional, esas mociones de censura. La diferencia es que mientras la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV no tiene por qué contar con el apoyo de quienes, como los nacionalistas, siempre han estado y están a favor de la legalización de los proetarras, la moción de censura sí que requiere de su apoyo. El resultado es que por no "provocar fisuras entre los partidos" –por utilizar la expresión empleada por el parlamentario socialista José Antonio Pastor– los socialistas han votado a favor del mantenimiento de un statu quo que, según ellos, les causa "repugnancia".

Corrupción
La casita de Montilla
José García Domínguez Libertad Digital 24 Septiembre 2009

Antoni Castells i Oliveres, mayor de edad, casado, padre de dos hijos, sin antecedentes penales, vecino de Barcelona, catedrático de Hacienda Pública en esa misma plaza y dizque honorable consejero de Economía y Finanzas de la Generalidad, circunspecto, impávido, sereno, sin inmutarse ni un ápice, con un par, acaba de corroborar en sede parlamentaria que en "Diseño de un parchís y puzzle de la casita de cartón recortable", informe confidencial por el que el Gobierno de Cataluña ha abonado 11.368 euros –más IVA– a un gabinete de consultores externos especializado en esa materia, "no hay ninguna ilegalidad que sea objeto de actuación administrativa o judicial".

Disípese, entonces, cualquier sombra de recelo cívico: todo fue tan acuciante como conforme a Derecho. Así, el proceso de construcción nacional exigía disponer del mejor peritaje posible sobre cómo montar casitas de cartón para jugar dentro de ellas al parchís. En consecuencia, al president Montilla no le quedó más alternativa que recurrir al auxilio del sector privado con tal de acceder a los últimos avances internacionales en esa ingeniería. Y otro tanto aconteció, por cierto, con los restantes 2.469 informes por los que el tripartito pagó la módica suma de treinta y dos millones de euros a cuñados, sobrinos, primos, ahijados, compadres, colegas, churris, cuates y compañeros de lucha, sólo en 2007. Asunto aclarado, pues.

En fin, en memorable carta de Michel Revel a su hermano Jean-François, leo: "¿No te asombra que se haya logrado crear, doscientos años después de la Revolución, una sociedad idéntica a la del Antiguo Régimen? La Administración de alto rango equivale a la nobleza de corte, los funcionarios a la baja nobleza, los subvencionados al clero, los empresarios de las contratas públicas a los financieros de palacio, los profesionales liberales a los togados, y los empleados del sector privado al tercer estado".
A saber, quizá sea el destino de Europa, no sólo el de la pobre Cataluña. Tras la vitola del más ardiente progresismo, el regreso a la Edad Media. Empezando por la privatización del Estado con el asalto al erario por partidas organizadas de malhechores. Algo así como la desamortización del XIX, sólo que al revés. El saqueo y reparto a calzón quitado del botín público como mejor salvoconducto para eternizarse en el poder. Y sin disimular, a plena luz del día. Lo único que no se acaba de entender es ese despilfarro de 27.028 euros en un dossier sobre los periodistas domésticos. Total, si con una fotocopia del Discurso de la servidumbre voluntaria de Étienne de La Boétie hubiera bastado.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Los nacionalistas vascos, del escaño al pupitre
El Puntazo La Razón 24 Septiembre 2009

Algunos diputados del PNV y Ezker Batua deberían cambiar sin demora los escaños por los pupitres escolares. Ayer presentaron en el Parlamento vasco una moción en la que pedían «aprovar» ayudas para «hinundaciones» en un «entormo»... Tres faltas de ortografía en unas pocas líneas, suficientes para que regresen a un centro de Primaria en castellano, si lo encuentran. Estas cosas pasan cuando por cerrazón nacionalista se entra en una guerra lingüística. El empecinamiento por la imposición de las ikastolas y la inmersión sí o sí en el euskera ha arrinconado el castellano, con lo cual hoy tenemos diputados perfectamente analfabetos en dos idiomas. Para arreglarlo, Arantza Quiroga debería empezar a repartir entre sus señorías los famosos cuadernos ortográficos Rubio y ponerles unos deberes menos institucionales, pero igual de importantes, como aprender a escribir correctamente.

¿Es apología del terrorismo exhibir fotos de etarras?
La realidad paralela de los jueces vascos
Para el TSJ no es delito sino "libertad de decisión"
Redacción Periodista Digital 24 Septiembre 2009

Han autorizado la exhibición de fotos etarras en tres manifestaciones convocadas en Mondragón, gobernada por la izquierda abertzale y dónde Ortega Lara sufrió su inhumano secuestro

Para el ciudadano corriente sería una clara apología del terrorismo. Pero exhibir otos de los presos etarras no lo es para el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (sala primera de lo Contencioso-Administrativo) que las ha autorizado en tres manifestaciones convocadas en Mondragón, gobernada por la izquierda abertzale y dónde Ortega Lara sufrió su inhumano secuestro.

El Código Penal dice que es delito «el enaltecimiento o justificación» del terrorismo o «los actos que entrañen menosprecio o humillación de los familiares de las víctimas».

¿Cómo justifican entonces los jueces su antilógica decisión? Lo hace con jerga jurídica y con argumentos infantiles unos, de perogrullo otros e hipócritas el resto:

* El hecho de llevar unas fotos de etarras no es un delito de enaltecimiento del terrorismo sino que forma parte de la libertad de decisión de los participantes en las concentraciones para hacer llegar los mensajes a sus destinatarios
* La convocatoria a favor de la libertad de los presos de ETA y contra la política penitenciaria se lleva a cabo desde hace 20 años en Mondragón «sin derivarse problemas de orden público»

* «El ejercicio del derecho de manifestación no necesita autorización previa»
* Para prohibir una concentración «no basta la mera sospecha o la posibilidad de que se vaya a producir una alteración del orden público»

* «La Administración debe poseer datos objetivos suficientes» para limitar el derecho de manifestación.
* Aunque la jurisprudencia del Tribunal Supremo «da por indiscutido» que «la exhibición fotográfica» de etarras «puede constituir, en ocasiones y según el contexto», un elemento utilizado para ensalzar a los terroristas, «en este caso» -una concentración que se ha presentado como una protesta contra la política penitenciaria del Gobierno- no se ha argumentado «suficientemente» la relación entre esa «exhibición silenciosa» y la intención de enaltecer el terrorismo o de «menospreciar y denigrar a las víctimas».

* El Tribunal Contencioso-Administrativo «no está facultado para prohibir por sí reuniones y manifestaciones que no han sido prohibidas por la autoridad gubernativa».
* La Consejería de Interior del Gobierno vasco es la que «tiene la facultad» de hacerlo «si estima razonadamente que concurren indicios de que puedan ser constitutiva de delito» y ve «la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado» del derecho de reunión «pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales».

El Tribunal anula una resolución de la Consejería de Interior del Gobierno vasco, en la que, además de prohibir el uso de símbolos y lemas terroristas en esos actos, se decía que «tampoco podrán exhibirse carteles o pancartas con textos y/o fotografías de presos de la organización terrorista».

El 4 de septiembre, la Ertzaintza hizo públicas las condiciones en las que podían llevarse a cabo las concentraciones solicitadas por Etxerat en Mondragón bajo el lema Los queremos en casa, en referencia a los reclusos de la banda.

La orden especificaba que no podrán participar en las convocatorias organizaciones declaradas ilegales, ni podrán ser utilizados anagramas o textos relativos a esas organizaciones, ni podrán emplearse pancartas o lemas intimidatorios. «Tampoco podrán exhibirse carteles con textos y/o fotografías de presos de la organización terrorista ETA».

Etxerat, una asociación legal que aglutina a los familiares de los presos de ETA, decidió apelar y consiguió que la Sala aceptase parcialmente su recurso.

El TSJ permite así --la sentencia no puede ser recurrida más que en amparo ante el Tribunal Constitucional-- que los miembros de Etxerat exhiban fotos de los reclusos etarras en las tres concentraciones convocadas para los días 25, 28 y 29 de septiembre 2009 en Mondragón.

El presidente de la Sala de lo Contencioso, Juan Luis Ibarra, en declaraciones a El Mundo, asegura que esta sentencia «no supone un cambio de criterio en la interpretación de la ley, sino la aplicación del criterio en función del resultado de la prueba (o de la falta de prueba, en este caso) practicada en el proceso».

Las Juntas de Guipúzcoa aprobaron este miércoles una moción de Aralar en la que se afirma que prohibir la exhibición de fotos de etarras es una violación de la libertad de expresión.

LOS ETARRAS MÁS BUSCADOS
Este el listado de los 22 etarras (presuntos) que maneja la Guardia Civil:

1. Beinat Aguinagalde Ugartemendia
2. Arkaitz Aguirregabiria del Barrio
3. Bernardo Atorrasagasti Ordoñez
4. Iñaki Dominguez Achalandabaso
5. José Luis Eciolaza Galan
6. Oier Eguidazu Bernas
7. Ugaitz Errazquin Tellería
8. Carlos Garcia Preciado
9. Eneko Gogeascoechea Arronategui
10. Xabier Goyenechea Iragorri
11. Oroitz Gurruchaga Gogorza
12. Iñaki Iribarren Galbete
13. Joanes Larretxea Mendiola
14. Ignacio Lerin Sánchez
15. Iurgi Mendinueta Mintegui
16. Itziar Moreno Martínez
17. Ernesto Prat Urzainqui
18. Joseba Iñaki Reta de Frutos
19. Iván Sáez de Jaúregui Ortigosa
20. Oihana San Vicente Sáez de Cerain
21. Iratxe Yáñez Ortiz de Barrón
22. Alejandro Zobaran Arriola
 

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