AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 30 Septiembre 2009

 

El leonés errante
Carlos ALSINA/200910 30 Septiembre 2009

El hombre encaja bien que le den estopa. O eso dice cuando le preguntan en público. Un grupo de comunicación le ha declarado la guerra. Él comenta, en privado, que esta guerra la gana él. No es que el hombre se distinga por el acierto en sus pronósticos, pero le pone convicción (impostada) a todo lo que afirma. Anda ahora enfrascado en la tarea desquiciante de rehacer cada día su discurso. Se maneja bien en el arte (o trance) de proclamar el lunes lo contrario de lo que el viernes predicaba. Un dos de julio de 2009 aseguró en entrevista radiofónica que su Gobierno no tenía «intención alguna de subir impuestos». Algo, sin embargo, debió de ocurrirle en el verano porque volvió de vacaciones persuadido de que la subida no era una opción, sino un impepinable. Ahora añade carbón a la caldera del argumentario elástico. «Hay que subir impuestos para no hipotecar nuestro futuro». El hombre se lo está currando. Ha cursado instrucciones para que se expliquen mejor las cosas al comprobar que los ciudadanos las estaban entendiendo. Su adversario principal sigue siendo él mismo.

Repitió durante un año: «¡No sacralicen el déficit, no teman a la deuda pública!». De golpe, ahora, ha pisado el freno. Ha descubierto que la deuda es lastre para el futuro inmediato. Aún me pregunto qué día, a qué hora, después de hablar con quién, se desplomó este hombre del caballo. Qué sucedió para que convirtiera su declarada intención de no subir impuestos en honda convicción de que sólo subiéndolos salva nuestro futuro. Le faltan piezas al puzzle. Esto no es improvisación, son espasmos. El «pendrive» con los Presupuestos que Salgado llevó al Congreso es corto de memoria. El «ingenio electrónico» (Bono dixit) no tiene ingenio. Jordi Sevilla lo ha llamado «frankenstein». Aún le añadirán en el Congreso un par de prótesis. Si la izquierda parlamentaria se aleja de los Presupuestos, los Presupuestos se acercarán a la izquierda parlamentaria. Mahoma ya tiene callo de ir sonriendo a la montaña.

La pestilencia del oasis catalán
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 30 Septiembre 2009

Lo que ocurre en Cataluña me asusta y preocupa. No sólo porque es una región (todavía) española, sino porque es un modelo de dominación social que puede extenderse a toda la nación. Veamos algunos casos.

1º) El ladrón Félix Millet, uno de los nuestros, imbricado en todo el tejido social catalán:
¿Cómo pudo Fèlix Millet mantener la autoridad de un padre de la patria, guardián de las esencias culturales del país, mientras se dedicaba al pillaje a manos llenas de la masa de dinero que el Palau recibía de la sociedad? 120 millones en la última década, sumando aportaciones de patronos, administraciones públicas y aficionados a la música.
¡¡ESTE TIPO SIGUE EN LIBERTAD PESE A HABER CONFESADO!!

2º) Hay que proteger los oídos catalanes:
La Generalitat da 10 días a Losantos para dejar de emitir su radio pirata en Tarragona
¡Qué serios, qué legales, qué ecuánimes! ¡QUÉ ROSTRO! Es la misma Generalidad que ha estado permitiendo durante años las emisiones piratas de TV3 en las colonias, digo, el reino de Valencia.

3º) Una de espías:
El Barça contrató detectives para espiar a 4 vicepresidentes

4º) Y una de desamores:
Una ex amante brasileña de Laporta le demanda por despido improcedente
A ver si se va a ser verdad esa burla de que el Barça es más que un club: es un p.. club.

5º) ¿Pero por qué los medios de comunicación catalanes no son ni la décima parte de duros con la corrupción del régimen que, por ejemplo, la prensa de Madrid? Aquí está la respuesta: sólo en 2007, recibieron 17 millones de euros en subvenciones. Para esto quiere más dinero la oligarquía del 3%.

6º) Y si hay alguien que no admite ser controlado, se le investiga con dinero público. Quizás luego venga la cheka o la cabeza de caballo en la cama.
Montilla encargó un estudio sobre la afinidad de los periodistas al tripartito

7º) Aunque la diócesis de Barcelona tiene cada vez menos importancia para el catolicismo, a diferencia de la de Tarrasa, cuyo seminario iguala ya en seminaristas al barcelonés, el cardenal Martínez Sistach contribuye a separar la Iglesia catalana de la española. Su Eminencia no quiere que sus fieles y sacerdotes se mezclen con los españoles en la manifestación contra el aborto, no sea que pillen malas ideas les hablen en castellano:

El Sr. Cardenal, a través de una comunicación oficial, convoca a toda la Diócesis a un homenaje diocesano al obispo Carrera que tendrá lugar en el edificio del Seminario Diocesano el sábado 17 de octubre.
¡Y eso que ya no está Losantos en la Cope!

Dejo la conclusión a Pilar Rahola. Si escribiese yo estas palabras, me acusarían de anticatalán y de tener en casa un poster del general Yagüe: el oasis catalán no era tranquilo porque estaba limpio. Era tranquilo porque decidimos usar máscaras para no oler la pestilencia.

Mientras tanto, en Cataluña los delincuentes son impunes y los trabajadores afectados por ERES son 83.042 en el primer semestre del año.

La oligarquía catalana ha construido un régimen similar al del PRI mexicano: vota menos de la mitad de la gente y la clase política se limita a representar una mala obra de teatro.

Vizcaya
Educación niega 6.000 euros que una niña gastó para estudiar en castellano
Leyre Iglesias | Bilbao El Mundo 30 Septiembre 2009

Cuando José Luis Fidalgo y Yolanda Colinas comenzaron a buscar un colegio para su hija de tres años, se toparon con una sorpresa «inaudita»: no existe ningún centro público que imparta la enseñanza en castellano (modelo A) no sólo ya en su localidad, Abadiño, sino en toda la comarca, el Duranguesado. Extrañados, se dirigieron al Departamento de Educación, entonces gobernado por Tontxu Campos bajo la batuta de Ibarretxe. «No sabíamos», apunta Fidalgo, «la que se nos venía encima».

En la respuesta del jefe territorial de la Inspección de Educación les explicaron que, efectivamente, la comarca carecía de aulas públicas en castellano. Sólo un colegio en Ermua, pero concertado, contaba con esa oferta. Por eso, les conminaron a matricular a su hija en alguno de los colegios supervivientes de Bilbao, donde se encuentran 24 de los 25 únicos centros que ofrecen en toda Bizkaia una Educación Infantil en castellano.

La familia se resistió a embarcar a la niña en un trasiego agotador -cuatro viajes diarios desde Abadiño hasta Bilbao suman 200 kilómetros en menos de doce horas para una menor de tres años- y decidió enviarla al colegio concertado de Ermua, el centro San Pelayo, a 15 kilómetros de su casa. La decisión les ha costado cara: el Departamento no reconoce su derecho a escolarizarla en este colegio y, en consecuencia, les niega curso tras curso la subvención por transporte escolar a la que tienen derecho: casi 6.000 euros.

En teoría, según la normativa vigente, los padres que quieran el modelo A y deban remitir a sus hijos a un colegio concertado porque no exista ninguno público de este tipo en su comarca, pueden acogerse a las ayudas. Pero parece que, al menos hasta la fecha -y a la espera de los movimientos que pueda llevar a cabo el nuevo Gobierno del cambio-, la teoría no se cumple. Hoy la niña cuenta ya seis años, y sus padres se enfrentaron la semana pasada al primero de los dos juicios que han impulsado contra el Ejecutivo.

Tan sólo 8 de las 20 comarcas vascas tienen algún colegio -público o concertado- que imparta la Educación Infantil en modelo A. Pero Fidalgo y Colinas no concebían que su niña tuviera que educarse en una lengua que les es ajena. «No tenemos nada en contra del euskara. ¡Lo único que queremos es una buena educación! Nos interesan los contenidos y creemos que debe estudiarlos en su lengua materna, el castellano», argumenta la madre.

"ABANDONAR LA PASIVIDAD Y EL MIEDO"
Víctimas del terrorismo exigen luchar en casa contra el adoctrinamiento de los niños
La Fundación de Víctimas del Terrorismo ha redactado un decálogo con el que pretende "poner el dedo en la llaga" en lo que considera cuestiones básicas para terminar con el terrorismo: el adoctrinamiento y la fanatización de niños. Por ello, pide acabar con el miedo a hablar del terrorismo.
EUROPA PRESS Libertad Digital 30 Septiembre 2009

En un artículo publicado en el último número de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, la presidenta de la institución, Maite Pagazaurtundua, incide en la necesidad de evitar desde la familia y la escuela que los jóvenes se vinculen --"moral o personalmente"-- en el asesinato de personas. Para ello, busca concienciar a las familias para que prevengan en casa cualquier comportamiento violento o favorable al terrorismo de sus hijos.

Para ello, Pagazaurtundua propone "abandonar la pasividad y el miedo" en el que, a su juicio, "anidan los terroristas" y exige a las familias que empiecen en casa la lucha contra la "fanatización" de sus hijos. Según subraya, es fundamental que los jóvenes no alcancen la adolescencia sin haber percibido en su entorno más cercano actitudes claras de rechazo a cualquier comportamiento violento.

La presidenta de la Fundación hace hincapié en los últimos datos del informe del Arateko, que apuntan que un 15 por ciento de los niños de doce años no rechaza la actividad terrorista de ETA o la justifica. "En una parte significativa de ellos, el apoyo a ETA nace en la propia familia", asegura antes de advertir de que a esa edad los jóvenes ya han generado en su mente "la cárcel del odio y menosprecian la identidad humana de las potenciales víctimas".

"La anormalidad ética nace en la propia familia cuando los padres y madres no dan guías claras sobre lo que resulta inaceptable desde el punto de vista de la vulneración de los derechos humanos --argumenta--. La alta frecuencia con la que en casa no se dice nada respecto a que la violencia de ETA es inaceptable resiente la defensa de los derechos humanos de los hijos".

En este punto, Pagazaurtundua advierte del daño que ha causado en el País Vasco "el factor miedo", que a lo largo de los últimos años "ha condicionado el comportamiento de los ciudadanos, ha alterado los valores sociales básicos y ha distorsionado la vida pública". Según indica, esto ha llevado a que en muchas familias, padres que no apoyan a ETA, no educan sin embargo a sus hijos en los valores éticos básicos porque el miedo les ha llevado "a la insensibilidad, el silencio y el tabú" sobre el asesinato.

La presidenta de la Fundación defiende que otro punto de intervención debe ser la comunidad educativa, que al igual que la familia "debe sacudirse el miedo y las excusas". "Debe dejar el toreo de salón y encarar el problema real de que algunos niños pueden asesinar en pocos años y pasarán muchos años en la cárcel, arruinando su vida y habiéndose llevado por delante a seres humanos inocentes", enfatiza.

El terrorismo ha costado a España 549 millones de euros en indemnizaciones
ABC.es / SERVIMEDIA | MADRID ABC 30 Septiembre 2009

El terrorismo ha costado a España 549 millones de euros desde 1972, momento en que ETA contaba con tres años de historia, y en el que comenzaron a actuar en España otros grupos terroristas de extrema derecha.

Este dato figura en un informe, recogido por Servimedia, que aparece publicado en el último número de la revista de la Fundación Víctimas del Terrorismo (aquí, en PDF), que dirige Maite Pagazaurtundua.

Según este informe, el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha tenido que indemnizar con casi 549 millones de euros -más de 91.000 millones de las antiguas pesetas- por daños a personas, bienes y empresas causados por el terrorismo en España desde 1972.

El periodo de tiempo que más gasto ha originado el terrorismo al Estado fue el año 2006, coincidiendo con la tregua de ETA que acabó con el atentado de la T-4 de Barajas, cuando se destinaron más de 51 millones a indemnizaciones. El segundo fue en 2004, con 47 millones, año de los ataques del 11-M.

Se trata de cuantías que se encontraban garantizadas por las correspondientes pólizas de seguro, ya que esta entidad oficial es únicamente aseguradora y no tramita ningún tipo de ayudas.

Casi 2.000 víctimas indemnizadasSegún estos datos del Consorcio, el número de víctimas del terrorismo -heridos y fallecidos- indemnizadas desde el año 1987 hasta el 31 de diciembre de 2008, ascendió a 1.932.

La cuantía total indemnizada a las propias víctimas y a sus familiares directos, en el mismo periodo de tiempo, ha sido de 77,1 millones de euros. Hay que tener en cuenta que, hasta el año 2007, las indemnizaciones correspondientes a daños personales eran las contempladas en pólizas de seguro de accidentes. A partir de dicho año, también se atienden las contempladas en pólizas de seguros de vida con cobertura principal de fallecimiento.

Además, el Consorcio ha tenido que resolver un total de 29.026 expedientes por daños causados por el terrorismo en los bienes por un importe de 459,6 millones de euros.

Hasta 2005, el sistema de cobertura aseguradora a cargo del Consorcio no indemnizaba los daños consistentes en la pérdida de beneficios a empresas afectadas por atentados terroristas, por lo que, con anterioridad a esa fecha, en el cuadro adjunto no se contempla cantidad alguna.

Por tanto, desde 2005 el Consorcio de Compensación de Seguros ha resuelto un total de 66 expedientes de empresas afectadas por atentados terroristas, lo que ha supuesto una indemnización de 3,5 millones de euros.

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Fabulosas confusiones
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 30 Septiembre 2009

Dos confusiones fabulosas presiden este recién iniciado curso político. La primera se refiere al Estatuto catalán, sobre cuya constitucionalidad existen dudas crecientes. Como no soy jurista, me abstendré de emitir una opinión técnica. Pero soy lector de periódicos, y me siento capaz de extraer conclusiones inspiradas en el puro sentido común. Lo más preocupante, lo más grave de la situación, no es que el Estatuto parezca ocupar un espacio intersticial entre el galimatías y el quebrantamiento de la Constitución; no consiste, tan siquiera, en que el Alto Tribunal esté viéndose sometido a presiones evidentes; lo peor, lo asombroso, es que, después de comprobar que el viento venía de proa, los afectados por un fallo en potencia adverso se hayan apresurado a descalificar la ley ex ante. El razonamiento de estos recelosos, especiado en ocasiones con avisos de bronca, suele ajustarse al esquema que en lógica se conoce como modus tollens. Tal vez, declaran, sea la Constitución incompatible con el Estatut. Pero el Estatut es irrenunciable. En consecuencia, habrá que sacrificar la Constitución.

Me urge señalar que los efectos de semejante razonamiento son irreversibles, es decir, no tienen remedio. No lo tendrían incluso en el caso de que el Tribunal validara el Estatut y toda la clase política catalana y el Gobierno se pusieran a aplaudir con las orejas las excelencias de la Carta Magna. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos ya, conocemos fehacientemente, que muchas personas importantes, varias de ellas con representación parlamentaria, han impugnado la supremacía de la ley. José Montilla, jefe del PSC en Cataluña y presidente de la Generalitat, afirmó en julio lo siguiente: «El Estatuto, además de una ley orgánica, es un pacto político. Y los pactos políticos no los pueden tumbar los tribunales».

Por descontado, un régimen en que los pactos políticos deben prevalecer sobre los jueces es, por definición, inconstitucional, o mejor, aconstitucional. Es un régimen en que resulta inhacedero anticipar cuáles serán los límites de lo acordado por el Gobierno o los partidos, y que por lo mismo no ofrece, no puede ofrecer, garantías. Ernest Maragall, consejero de Educación de la Generalitat, fue más lejos: recomendó desactivar la futura sentencia del Constitucional por el procedimiento de ignorar que el último existe. El daño, lo repito, ya está hecho. El respeto de la ley se refleja en actitudes, no en anuencias intermitentes. No respeta la ley el que la acepta cuando le conviene, sino el que se manifiesta pronto a acatarla aunque no le convenga. Quien condiciona su acatamiento a que le convenga, está desmarcándose, por consiguiente, de la ley. Se está saliendo de ella en tiempo real. En eso parece empeñado el grueso de las autoridades catalanas. ¿Y el Gobierno?

Oscila entre la corrección formal, la ambigüedad, y el desacato embozado. Ha sido ambiguo el señor Caamaño, ministro de Justicia. En una entrevista celebrada con Efe aseguró -faltaba más- que el Gobierno cumpliría la sentencia del Alto Tribunal. Añadió, no obstante, algo raro: «una ley aprobada por los representantes legítimos de los ciudadanos de España (...) debe siempre entenderse que es constitucional por respeto a esa voluntad». ¿Qué suena aquí raro, «out of tune», que dirían los anglos? La apelación al respeto que debe dispensarse a lo votado en las Cortes. Porque las Cortes son eso, las Cortes, es de precepto que respetemos su derecho a legislar. De momento, todo en orden. No estamos obligados, sin embargo, a presuponer que es constitucional una ley que la mayoría de los expertos califican de problemática, por decirlo suavemente. El asunto quedará en un «veremos» hasta que se pronuncien los jueces. La voluntad popular no pinta nada aquí, salvo que no estemos seguros de lo que significa la división de poderes. Rubalcaba fue más directo, y también más escandaloso. Luego de aseverar que estaba plenamente convencido de la constitucionalidad del Estatuto, entró en resonancia con Montilla y dijo que «España no puede negar la decisión del Parlamento catalán». Esto es un disparate. España, mientras siga siendo un Estado de Derecho, no sólo puede negar una decisión del Parlamento catalán, sino, por supuesto, del mismísimo Parlamento español. Ningún parlamento está autorizado a legislar contra la ley. A menos, claro, que se invoquen formas de legitimidad no sujetas al poder regulador de aquélla. Entonces, habremos ingresado en una sazón revolucionaria. Cuando el que habla es un ministro del Gobierno, será cuestión de tentarse la ropa y hacer votos por que ese gobierno no termine convirtiéndose en un Comité de Salvación Pública.

Digo lo último, claro está, en broma. El Gobierno no es un Comité de Salvación Pública sino un caos. Paso a la segunda confusión enorme, de signo, ahora, económico. El déficit se ha venido arriba y no hay otra, según nos cuentan, que subir los impuestos o recortar el gasto público. O hacer ambas cosas a la par, en las proporciones que exija el caso. Declino, de nuevo, internarme en consideraciones técnicas. No me meteré a discutir, por ejemplo, si una subida de impuestos reducirá la actividad económica, provocando una caída de la recaudación más severa que los ingresos propiciados por los nuevos tipos. Me cumple sólo señalar que nos enfrentamos a una cuestión que es, sí, práctica, pero también analizable desde la filosofía política. ¿Por qué se restringen los proyectos de ahorro a los gastos corrientes del Estado y a las inversiones? ¿Por qué es intocable el gasto social, según asevera el Gobierno y vociferan los sindicatos?

Un cínico contestaría que el gasto social es intocable porque tocarlo hace perder votos. Un ideólogo replicará que no se puede tocar el gasto social porque éste genera derechos, y los derechos son intangibles. Intangibles en bloc; tan intangible como el derecho a la vida, sería el derecho a tal o cual nivel en las prestaciones sanitarias del Estado. Pero ¿a qué nivel nos estamos refiriendo? ¿A un mínimo razonable, entiéndase, defendible desde una concepción genérica de lo que es una vida humana decente? No. El nivel irrenunciable, sacrosanto, es producto de una mera contingencia. Es el que se ha alcanzado durante una etapa de superávits que por el momento no se van a repetir. Decretar la intangibilidad de ese nivel entraña por tanto condenar al Estado a pagar más de lo que es presumible que pueda pagar, hasta que se quede a dos velas o haya suerte y la recuperación llegue a tiempo. Esto... es irresponsable. Un Gobierno no debe erigir en intangibles «derechos» que no se encuentra en situación de garantizar. Tengo sin embargo la sensación de que no es otra la tesis del Gobierno, y quizá de la oposición.

Confirmé mi temor hace poco, escuchando una entrevista que le hacían en la radio a José Blanco. Alguien le puso ante el dilema que más entretenidos ha tenido últimamente a los medios de comunicación: «¿Subida de impuestos sí, o subida de impuestos no?». Blanco contestó que se trataba... de un falso dilema. El de verdad, según Blanco, era éste: «¿Mantenemos o no mantenemos el gasto social?». Y la respuesta, va de suyo, es que hay que mantener el gasto social. Incluso si no se puede. La verbosidad populista de Zapatero en su última comparecencia ante el Comité Federal del PSOE apunta en el mismo sentido.

La posición teórica del Gobierno, en fin, es que sería timorato arredrarse ante lo imposible. Conviene agregar en su descargo que en muchos casos, verbigracia, y de nuevo, el del gasto sanitario, son las comunidades las que tienen la sartén por el mango. Sea como fuere, con estos bueyes hemos de arar. Así que llegue la cosecha, veremos qué frutos ha dado la tierra.

No hay lenguas minoritarias
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com 30 Septiembre 2009

Uno de los timos al que nos somete el nacionalismo felizmente reinante es que el catalán ‘es’ una lengua minoritaria. La consecuencia inmediata -tan inmediata que normalmente ya se da por supuesta- es que por ‘ser’ minoritaria debe ser protegida, preferida, priorizada, privilegiada, etc. Pongan ustedes cualquier palabra empezada por ‘pr-‘. Pero vayamos por partes: ¿qué es eso de lengua minoritaria?

No hay lenguas minoritarias per se, sino en relación a un medio o a una actividad. El español es mayoritario en España, pero minoritario en USA y Filipinas. El catalán es minoritario en España y en el cine, pero es mayoritario en Vic (Barcelona), en la Administración y la escuela. Decir que en el Parlament -donde el catalán es lengua única- se protege al catalán por ser una lengua minoritaria es -como mínimo- un sarcasmo. ¡Anda ya!

Lo correcto, en todo caso, sería reclamar la protección, no del catalán, sino de la lengua minoritaria, sea cual sea en cada caso. Eso implica la protección del castellano allá donde esté en un estado precario. Por ejemplo, se debería potenciar la imagen social del castellano como lengua hermosa, apta para la Administración y para la ciencia. En la Cataluña actual, la frase "el castellano es una lengua hermosa" es algo clandestino. Los alumnos catalanes, por obra de la inmersión, apenas pueden construir un texto científico en castellano. Tienen una idea del castellano de que es la lengua de la calle o de casa, pero no de la ciencia.

Y sobre todo, hay que reforzar el castellano como lengua catalana que es, apta para usarla en Cataluña, en todos los ámbitos y sin complejos. Habría que potenciar el castellano para hablar del Parlament -sería el Parlamento de Cataluña-, el Govern -o sea, el Gobierno catalán-, Gerona, Lérida, el Ebro, los Pirineos, Tortosa -pronunciado con dos ‘os’ y ‘ese’ sorda-, etcétera. Habría que dar el nombre de las calles en las dos lenguas: Consejo de Ciento, Cortes Catalanas... Que los castellano hablantes sintamos a Cataluña tan nuestra como los catalano hablantes. El castellano debe dejar de ser la lengua de la pobreza y del fracaso social y, asimismo, la lengua extranjera o anticatalana. Eso también es normalización lingüística y debería ser tarea urgente de una Generalitat de todos.

También se suele equiparar la protección del catalán con la discriminación positiva de las mujeres: todo son discriminaciones positivas, se dice, para proteger al débil. Cierto, pero la discriminación positiva es provisional por naturaleza y debe acabar cuando el débil consigue la igualdad. No tiene sentido favorecer el acceso de los negros americanos a la liga de baloncesto, porque ya están en ella sin barrera alguna. Sí debe favorecerse que accedan a la política, a las finanzas, a la universidad. Comparar la discriminación positiva de la mujer o de los negros con la del catalán, quizá resulte ofensiva para ellos: la mujer -o el negro- no pediría igualdad si ocupara el cien por cien de los escaños del Parlamento y tuviera en sus manos el 80 por ciento del poder económico, de la enseñanza, la iglesia y la cultura. Seamos serios.

Más bien al revés. Habría que discriminar positivamente al castellano para que entre allí donde no está: en el Parlament, en la escuela, en el poder económico, en los niveles decisorios de la Administración, en los barrios caros, en los viajes de lujo. ¿Por qué no proponemos una ‘ley de paridad’ en las listas electorales? Está bien promocionar que el catalán se hable en Santa Coloma, si al mismo tiempo se promociona el castellano en Olot. Y promocionar que el colomense tenga prioridad para ir de diputado al Parlament. Habría que priorizar el acceso de los castellanos al poder. Eso sí que sería ‘fer país’.

Una encuesta obligatoria sobre el uso del gallego en el Concello levanta las suspicacias del PP
La oposición denuncia que se insta a responder cuestiones «de índole personal»
Serxio Barral La Voz 30 Septiembre 2009

El PP local denunció ayer que el Concello está realizando entre sus trabajadores una encuesta «sobre a situación do idioma galego na administración municipal» que tiene carácter obligatorio e incluye cuestiones que, para la oposición, «afectan á esfera privada».

Así, pese a ser una encuesta anónima, se incluyen trece preguntas de «índole personal», indicó el concejal Jacobo Moreira, «que poden permitir identificar ao traballador». También se denuncia que se invade la privacidad de los trabajadores al preguntar por sus usos lingüísticos fuera del trabajo. Además, el opinión del PP destila «puro sectarismo» al pedir opiniones personales de los encuestados sobre diversas cuestiones.

Moreira acusó, además, al edil responsable de Normalización Lingüística, Demetrio Gómez Junquera, de «ameazar aos traballadores do Concello» que no respondan a la encuesta. Esta acusación nace de una interpretación que hace el PP de una carta remitida a los empleados municipales el pasado día 22. En ella se recuerda que el artículo 31 de la ordenanza de uso del gallego en el Concello establece que la la comisión de seguimiento de la misma «é competente para promover, chegado o caso, as medidas que se consideren oportunas para o cumprimento da ordenanza». Cinco párrafos más abajo, Gómez Junquera recuerda que «existe a obriga de contestar a enquisa» antes del 30 de septiembre.

El PP une ambos párrafos e interpreta que el concejal está «amenazando» con adoptar las «medidas oportunas» a aquellos funcionarios que no respondan la encuesta. Algo que el gobierno local desmintió ayer de forma rotunda y tildó de «froito da táctica do PP de impulsar un ataque visceral ao idioma galego».

Fue la portavoz del gobierno, Anxos Riveiro -responsable de Normalización Lingüística hasta hace unos meses-, la que recordó que la citada ordenanza municipal «foi aprobada no ano 2005 có apoio unánime de todos os grupos» y que la encuesta contó asimismo con el beneplácito de la comisión de seguimiento de la ordenanza, «na que está representado o PP». Riveiro pidió a sus compañeros de corporación «que non saquen a cousas de quicio», y defendió la obligatoriedad de la encuesta alegando que «a ordenanza nos obriga a todos os que traballamos no Concello, e a enquisa forma parte da ordenanza».

Jacobo Moreira responsabiliza directamente al Bloque Nacionalista Galego de estar detrás de la ahora polémica encuesta: «Estamos a falar do BNG -indicó- e xa sabemos cómo pensa esta xente

El Ayuntamiento de Ondarroa busca un "oficial albañil" con nivel máximo de vascuence
Obligatorio saber euskera para poner ladrillos

La Razón 30 Septiembre 2009

El Ayuntamiento de Ondarroa (Vizcaya) quiere albañiles que hablen euskera, en concreto trabajadores de este oficio que sepan capaces de entenderse en este idioma, con independencia del trabajo que vayan a realizar. Este planteamiento de Ondarroa se ha efectuado en una oferta de empleo para contratar a un "oficial albañil" para labores en este municipio. Se da la circunstancia de que Ondarroa se encuentra gestiona desde las pasadas elecciones municipales por una gestora, que preside el peneuvista Félix Arambarri. Esta gestora fue constituida al no poderse formar en su momento la corporación por la presión de ANV, que no pudo presentarse en este pueblo en los últimos comicios locales. Esta gestora es la que se está encargando de gobernar esta localidad, lo que ha incluido la contratación de este albañil que hable euskera. En concreto, Ondarroa pide que este albañil tenga el "perfil lingüístico 1", algo que, según los niveles establecidos por el Gobierno vasco, supone que se use el idioma vasco "como lengua de relación". Esto implica ser capaz de entenderse "con los alumnos, profesores, padres y madres", aunque este dominio del idioma "no es suficiente para los puestos de trabajo que requieren impartir euskera o en euskera".

Vázquez abre una brecha en el PSOE al aceptar ´La Coruña´
Irritación entre los diputados galleguistas del PSdeG por el giro en la política lingüística al aceptar el topónimo en castellano. El delegado del Gobierno defiende el uso de A Coruña
Tal revuelo han despertado entre las filas de los socialistas gallegos las palabras de su secretario general, Manuel Vázquez -"El PSdeG no tendría ningún problema en aceptar el nombre de la ciudad en castellano porque Galicia tiene dos lenguas"-, que los diputados galleguistas del partido están dispuestos a romper con la disciplina de voto si prospera una iniciativa en el Parlamento para modificar la ley de normalización lingüística que permita el uso oficial del topónimo en castellano de A Coruña
IRENE BASCOY A CORUÑA La Opinión 30 Septiembre 2009

"Un gravísimo error que debe ser rectificado cuanto antes", "un ataque a la línea de flotación del PSdeG, que siempre se ha definido como socialdemócrata y galleguista", "un escándalo", "Vázquez ha caído en la trampa del PP", "la agenda socialista no la puede marcar Feijóo". Éstas son las reacciones de cinco diputados socialistas, que opinan (desde el anonimato), tras "enterarse por la prensa" de que su partido, el PSdeG, hacía un giro histórico y por primera vez admitía el uso oficial de La Coruña, en castellano.

El cambio de política ha causado malestar e indignación en las filas socialistas, tanto que al menos tres parlamentarios consultados por este diario se pensarían si romper la disciplina de voto en el Parlamento, en caso de que al final se reforme la ley de normalización lingüística, la cual establece que los topónimos de las localidades deben figurar de manera exclusiva en lengua gallega.

"Si la modificación legislativa lleva al Parlamento, se abrirá un agrio debate en el Grupo socialista, porque si no lo hay, yo rompo la disciplina de voto. Yo no giro y doy la espalda a 25 años de historia del socialismo gallego", advertía un diputado. Otro anuncia ya su voto en contra, y el tercero espera que no llegue a darse el caso y el tercero espera que no llegue a darse el caso para no tener que tomar una decisión así.

"El PSdeG no tendría que ningún problema en aceptar el nombre de la ciudad en castellano porque Galicia tiene dos lenguas oficiales", declaraba el lunes el secretario general de los socialistas gallegos, Manuel Vázquez, en alusión al debate abierto en la ciudad herculina por el PP local.

Las declaraciones de Vázquez causaron sorpresa, pero también indignación y malestar entre dirigentes socialistas, sobre todo porque "el cambio de política lo decidió unilateralmente el secretario general". "No recuerdo un debate ni una votación al respecto en los órganos de dirección del PSdeG ni en el Grupo parlamentario", se quejaba ayer un diputado. Otro advertía de que "la dirección del PSOE gallego está para dirigir el partido, no para modificar los principios políticos" de la organización, para eso están los congresos. Otro parlamentario autonómico añadía: "El Congreso de Pontevedra eligió a Manuel Vázquez como secretario general, pero no cambió la línea política del PSdeG".

Las reacciones ayer en las filas socialistas oscilaron entre la tibieza, las dudas y el enfado. Un miembro de la dirección del PSOE gallego comentaba: "Yo me siento cómodo con la actual Lei de Normalización Lingüística y no recuerdo ninguna reunión de la ejecutiva o de la permanente en que se haya debatido esta cuestión".

Otro cargo socialista se preguntaba: "¿Vamos a volver a Laje, Sanjenjo, y Puebla del Caramiñal?". Y lamentaba la "incontinencia verbal, la desmesura y la poca prudencia" de su secretario general al hacer esas declaraciones relacionadas con la oficialidad del topónimo de la ciudad.

El que no tuvo reparos en despreciar el anonimato fue el delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro, quien se manifestó en contra de cambiar el topónimo de la ciudad y aceptar la cooficialidad de la denominación en castellano. Louro, militante del PSdeG pese a que ahora ocupe un cargo estatal, contradijo así a su secretario general cuando le cuestionaron sobre el asunto mientras presentaba las medidas de seguridad preparadas para el próximo Xacobeo 2010. "A mí me vale perfectamente la ley de normalización lingüística vigente actualmente", añadió el delegado del Gobierno. Pese a ello, matizó, mostró su respeto por las voces que reclaman un cambio en el topónimo o su cooficialidad.

Las reacciones a las manifestaciones del secretario general de los socialistas gallegos se extendieron también a la Mesa pola Normalización Lingüística, que reclamó al PSdeG que no actúe como un "tonto útil" en las reclamaciones del PP.
 

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