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Recortes de Prensa    Domingo 4 Octubre  2009

 

Los españoles ya no nos sentimos representados
Francisco Rubiales Periodista Digital 4 Octubre 2009

En España están pasando cosas muy importantes sin que nuestros dirigentes lo adviertan. La gente se está alejando de los políticos no por desencanto sino por algo mucho más profundo. Las élites intelectuales del país están dejando de creer en el sistema, tras haber adquirido la conciencia de que la corrupción no es ya un problema periférico, sino el núcleo mismo de la política. El pueblo comienza a dar un importante salto cualitativo y, por primera vez desde que murió Franco, se cuestiona seriamente el orden establecido.

Muchos se desesperan al no poder hacer nada para detener el mal gobierno, el despilfarro y el abuso del poder. Ese sentimiento de impotencia frente a los que nos conducen hacia la ruina provoca que el inconformismo y la rebeldía estén creciendo de manera exponencial en la sociedad española y el descontento trascienda ya los ámbitos de la política y se adentre en el propio marco legal.

La clave del problema no es ya el convencimiento de que los políticos y sus partidos no son trigo limpio. Esa fase de la crisis se ha superado rápidamente. El problema, ahora, es que el ciudadano está dejando de sentirse representado.

Ese sentimiento, todavía minoritario pero que ya florece en las élites más conscientes e influyentes de la sociedad, abre las puertas, de par en par, a la enfermedad más grave de la democracia, la desconfianza, la única que es mortal, un mal que dispara el recelo ciudadano en el sistema político, el cual, sin apoyo de las masas, deja de ser legítimo.

El foso que separa a los ciudadanos del sistema político no deja de agrandarse en España como consecuencia de dos factores decisivos: el primero de ellos es que en realidad nunca se hizo la transición desde la Dictadura a la Democracia, sino que, simplemente, el poder de los partidos se superpuso a la vieja y agotada estructura franquista, ocupando el poder sin que los ciudadanos participaran en el cambio, sin que nadie tuviera la honradez de explicar al ciudadano que era el protagonista del nuevo sistema. El segundo es que los partidos políticos españoles y sus dirigentes han ido demasiado lejos en su obsesión por acaparar poder y han perpetrado contra la democracia agresiones letales, entre ellas la marginación del ciudadano de la política, el acoso a la sociedad civil, el nulo respeto a la independencia de los poderes básicos del Estado y, en general, la voladura de las cautelas y limitaciones que el propio sistema posee para controlar al siempre insaciable poder político.

El sistema está tan dañado que ya es casi imposible recuperarlo. Lo realmente dañino no es que los ciudadanos piensen que la mayoría de los políticos son deshonestos, sino que la gente se siente engañada y no ve ya garantías ni seguridades en el propio sistema.

Los sondeos e investigaciones sociológicas arrojan resultados cada vez más alarmantes. El número de descontentos con el sistema crece constantemente, pero crece todavía más la cifra de los que han perdido la confianza en la democracia, lo que es mucho más grave.

No se trata ya de disentir con respecto a medidas de los gobiernos, como haber participado en la guerra de Irak contra la opinión pública mayoritaria, haber otorgado un estatuto privilegiado e inconstitucional a Cataluña, negociar desde el entreguismo y la debilidad con una banda de asesinos como ETA o haber negado la existencia de la crisis y mentido sin escrúpulos para ganar las elecciones del 2008, sino de algo mucho peor: tomar conciencia de que la democracia, secuestrada por los políticos y sus partidos, ha dejado de existir en España.

La gente no es tonta y empieza a darse cuenta que los privilegios del rey y de la clase política no son democráticos, como tampoco lo son el irrespeto a la independencia de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, o esas listas cerradas y bloqueadas que arrebatan al ciudadano su derecho constitucional a elegir a sus representantes, a las abismales desigualdades que separan, cada día más, a ricos y a pobres, o la constante pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, o la ocupación de la sociedad civil por parte de los partidos, o la manipulación y el engaño que se practica desde el poder, o la desaparición de la prensa libre, o la descarada e inmoral pugna por el poder, a cuchillo corto, que practican sin pudor los partidos políticos españoles, o el bochornoso espectáculo de la corrupción generalizada, o el todavía más insoportable espectáculo de una Justicia que opera de un modo con los poderosos y de otro muy distinto con los humildes.

Los ciudadanos más conscientes saben ya que la democracia ha sido trucada y está siendo manipulada por los poderosos para incrementar sus privilegios. La gente sabe que la burocracia se multiplica sólo porque los políticos necesitan pagar favores a diestro y siniestro. El pueblo sabe que España, con la décima parte de su actual estructura de poder, podría funcionar incluso mejor. Todos sabemos que las instituciones crecen innecesariamente, que el Senado es un geriátrico de lujo y que es país está plagado de instituciones innecesarias y sumamente costosas que sólo cumplen el papel de grandes apeaderos de lujo para políticos decadentes, para premiar lealtades inconfesables o pagar silencios vergonzantes.

Mucha gente no está dispuesta a seguir soportando la indecente falta de austeridad que practican los poderes públicos frente a una crisis que exige ahorro y sacrificio, ni el enriquecimiento descarado de los altos cargos, ni esa ostentación impropia de una democracia ciudadana, ni la sustitución del servicio por el privilegio en la función pública.

Los ciudadanos más conscientes e informados sienten bochorno al contemplar el triste e inmoral espectáculo del poder, de los bailes de comisiones, del enriquecimiento veloz, del urbanismo corrupto, del blindaje de los gestores, que jamás reconocen fallos ni saben dimitir, del incumplimiento sistemático de las promesas electorales.

A todo este tétrico panorama pueden agregarse actuaciones del poder todavía más miserables y rastreras, como son el incumplimiento permanente de la Constitución, de la supresión descarada y delictiva de derechos constitucionales como el acceso a una vivienda digna, el derecho a tutela judicial efectiva, el de la inmediata puesta a disposición de la justicia, la práctica de malos tratos a detenidos, la impunidad con la que el sistema judicial se pliega a los intereses políticos de turno y hasta presiones que se traducen en censura a periódicos, emisoras de radio y televisión, páginas de Internet y autores de libros.

Voto en Blanco

El disfraz de la economía «sostenible»
Editorial ABC 4 Octubre 2009

SEGÚN el Fondo Monetario Internacional, el déficit público en España ascenderá este año al 12,3 por ciento del PIB, un dato muy significativo si se tiene en cuenta que en 2007 hubo un superávit del 2,2. La cifra, hecha pública durante una reunión en Estambul a la que asiste la vicepresidenta Elena Salgado, viene a sumarse a otra previsión del FMI según la cual la tasa de paro en nuestro país subirá el año próximo al 20,2 por ciento. Por cierto, que el organismo financiero afirma expresamente que el paro está directamente relacionado con la falta de flexibilidad del mercado laboral, un varapalo al Ejecutivo, que persiste en el empeño de culpar a los empresarios de todos los males y demonizar a cualquiera que plantee un debate sobre esta materia. Los planteamientos propios de una izquierda dogmática y trasnochada no servirán para salir de la crisis, ni siquiera para aliviar con medidas coyunturales el drama del paro, que sufren ya casi cuatro millones de personas. Tampoco sirven las ocurrencias disfrazadas con la retórica postmoderna que tanto gusta a Rodríguez Zapatero. Hablar de economía sostenible suena bien en un debate académico, pero carece de contenido sustancial para dar sentido a una ley que se presenta ahora como la panacea de todos los males.

Las cosas empeoran todavía más si las palabras son desmentidas por los hechos. Hoy informa ABC sobre la caída del presupuesto en I+D+i, distribuido en tres Ministerios (Industria, Educación y Ciencia e Innovación), que se reduce para 2010 en un 5,52 por ciento respecto del ejercicio actual. El recorte afecta especialmente al departamento que dirige Carmen Garmendia, una apuesta personal del presidente del Gobierno que ha perdido mucho fuelle en los últimos tiempos ante la indiferencia de su antiguo protector. La modernidad en su faceta científica y tecnológica es una de las banderas del socialismo contemporáneo del que presume el líder del PSOE, pero, a la hora de la verdad, nadie se acuerda de nuestros científicos e investigadores, como demuestran con la fuerza implacable de los números los ajustes a la baja que sufren el CSIC, el Instituto Carlos III o el Instituto Astrofísico de Canarias, entre otras instituciones punteras.

Privada de las competencias sobre Educación y alejada de los círculos de poder del partido, la estrella declinante de Carmen Garmendia es una prueba inequívoca de lo poco que le importan al jefe del Ejecutivo sus compromisos solemnes cuando llega la época de vacas flacas. Es un triste consuelo pensar que los científicos españoles están acostumbrados a la precariedad y a buscarse la vida en centros de investigación fuera de nuestras fronteras, en los que se reconoce su capacidad y buena formación académica. La ciencia queda así desamparada en los presupuestos generales del Estado y, por supuesto, la «innovación» no pasa de ser un adorno para el rótulo de un Ministerio que fue jaleado a bombo y platillo, pero que carece de relevancia en el contexto actual. Dotar de contenido a la economía sostenible exigiría un serio esfuerzo en I+D+i para ofrecer alternativas de cara a ese nuevo «modelo productivo» que aparece cada poco en el discurso gubernalmental. Con este severo recorte presupuestario, más vale olvidar cualquier expectativa.

Derrota olímpica: nuevo fracaso de la política exterior de Zapatero/Moratinos
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 4 Octubre 2009

La organización de unos juegos olímpicos es, no sólo un reto para una ciudad y una nación; es también un signo de confianza del resto de la comunidad internacional. Ya no tendremos la oportunidad de medir nuestra capacidad de afrontar el reto; pero lo que es seguro es que la comunidad internacional no confía en nosotros. La victoria de Brasil no ha sido casual, ha sido la última evidencia del fracaso de la política exterior de Rodríguez y Moratinos.

I. UNA POLÍTICA EXTERIOR ANCILAR DE FRANCIA DESDE 2004
La política exterior capitaneada por Rodríguez con Moratinos al timón supuso una ruptura importante respecto a la seguida en época de Aznar. Uno de los cambios más profundos afectó, precisamente, a la relación con Francia. Aznar optó por una política exterior al servicio de nuestros intereses y el resultado fue el enfrentamiento con el corrupto Chirac. Por si alguien lo ha olvidado, Chirac diseñó una política de tenaza contra España valiéndose de Marruecos. Así se pudo constatar, empíricamente, cuando Marruecos invadió la isla española de Perejil. En aquel momento, conviene no olvidarlo, Chirac traicionando los principios de la Unión Europea, respaldó al agresor extra-europeo en lugar de alinearse con el socio europeo agredido.

El gobierno de Aznar siguió, en consecuencia, una política exterior independiente, y no subordinada, a la de Francia. Y eso se vio en múltiples escenarios: Norte de África, Guinea, Hispanoamérica, Medio Oriente, Unión Europea...

Pero tras el atentado del 11-M llegó al poder Rodríguez y la política exterior pasó a ser un mero apéndice de la política exterior francesa. Las consecuencias se sintieron en todos los ámbitos:

- en la Unión Europea, Rodríguez impulsó la felizmente abortada "Constitución" Europea que liquidaba los logros de Aznar en el Tratado de Niza del año 2000 (por cierto, actualmente operativo pese a que decían que no podía funcionar)
- en el Oriente Medio, Rodríguez impulsó la traición al aliado norteamericano opuesto a Francia
- en el norte de África, Rodríguez enfrió las relaciones con Argelia (con quien Francia mantiene diferencias), se arrodilló ante el sultán marroquí (el más fiel ejecutor de los designios galos) y postuló la anexión del Sahara occidental a Marruecos (como deseaba Francia).

Francia sigue teniendo unas pretensiones imperiales globales, lo cual es sin duda legítimo, porque Francia es un gran país. Pero por que sea legítimo para ellos no significa que nosotros tengamos ser sus servidores. España, con menos peso que Francia, tiene posibilidades de tener su propia política exterior distinta a la francesa. Las relaciones entre España y Francia deben por tanto basarse en la respetuosa defensa de los diferentes intereses de cada uno.

II. FRANCIA SELLA UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON BRASIL
Francia ha realizado en las últimas semanas un movimiento estratégico espectacular: convertirse en proveedor privilegiado del Ejército brasileño. La prensa informaba de que Brasil decidió comprar armas a Francia por un importe de, atención, 8.700 millones de euros.

Entre esas armas se encontraba el sofisticado avión Rafale (36 unidades) y un submarino nuclear.
No se dijo en su momento, pero está claro que una de las contraprestaciones solicitadas por Lula da Silva fue el apoyo de Francia y de sus países satélites a la organización de los Juegos Olímpicos en Río.

Es cierto que un reciente accidente de dos aviones Rafale cerca de Perpiñán ha alarmado a Brasil. Los franceses juran y perjuran que el accidente no se debe a un defecto de fabricación. Pero ocurra lo que ocurra al final con la compra de los Rafale, lo cierto es que los franceses no iban a dejar de apoyar a Río por esta alarma brasileña. Antes bien, su apoyo fue aún más entusiasta para tener que cobrar el favor.

III. LAS OLIMPIADAS: JUICIO A UN PAÍS
El presidente Rodríguez dijo que el Comité Olímpico "no creía" que se fuera a juzgar las situaciones económicas de los países de las ciudades candidatas en liza.

Pero cualquiera con dos dedos de frente sabe que eso no es cierto. Es evidente que la realización de las importantes inversiones e infraestructuras para realizar unas buenas olimpiadas exige mucho, pero mucho dinero. Y es evidente que una economía que crece y crea empleo como la brasileña resulta mucho más fiable que una economía en recensión y con cada vez más paro.

IV. RODRÍGUEZ SE HA HECHO CÓMPLICE DE LA LOCURA DE GALLARDÓN
Era de todo punto evidente, para cualquier observador objetivo, que la candidatura de Río de Janeiro era un obstáculo insuperable para España. A su favor se encontraban tres datos:

- que nunca se ha organizado antes una olimpiada en el "tercer mundo"
- que la economía brasileña se asienta con fuerza en el grupo de los países emergentes
- que el peso político de Brasil cada vez es mayor.

Súmese a todo esto el informe negativo emitido hace unos meses sobre la candidatura de Madrid.
En estas circunstancias, sostener la candidatura de Madrid era, pura y sencillamente, un suicidio.
El Gobierno, por responsabilidad, debiera haber dicho a Ruiz Gallardón que no podía dilapidar el dinero público en apoyar una candidatura con nulas posibilidades de triunfo.

No obstante, el presidente Rodríguez avaló, económica y políticamente, un proyecto condenado al fracaso. Al hacerlo, el reto ya no era de Ruiz Gallardón. El reto era del gobierno Rodríguez y de su diplomacia. Pero, ¿qué podía conseguir una diplomacia convertida en sierva de los intereses franceses si Francia apoyaba a Brasil?
Al haber asumido política y económicamente este proyecto, la derrota de Gallardón se ha convertido en una nueva derrota, una más, de la política exterior de Rodríguez Zapatero.

El error de borrar la Historia
El Gobierno elimina todo vestigio del asedio republicano en el nuevo Museo del Alcázar
Editorial La Razón 4 Octubre 2009

El Gobierno socialista ha demostrado en estos años que tiene serias dificultades para asumir nuestra historia más reciente, en concreto todos aquellos episodios de la misma en los que, por uno u otro motivo, la izquierda nacional no salió bien parada. Su obsesión ideológica ha sido el motor que ha impulsado y vertebrado una política revisionista absolutamente inadecuada y que sólo ha servido para reabrir heridas que todos creíamos cicatrizadas gracias a las reparaciones necesarias que la democracia puso en marcha desde la Transición. Esa corriente de opinión derivó en la elaboración de la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007. Desde estas páginas hemos mantenido una posición sumamente crítica con un Gobierno y unos partidos que han instrumentalizado políticamente una tragedia histórica descomunal y que han alimentado la división y la crispación en la sociedad a costa de un pasado doloroso para todos los españoles mientras eran incapaces de hacer frente a los problemas del presente.

Desgraciadamente, parece que el Ejecutivo se ha vuelto a equivocar en otro asunto de nuestra historia más reciente con una alta carga simbólica para todos los españoles. Con la excusa del proyecto inacabable del nuevo Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo, por el que algún responsable político, ya sea del Gobierno o de la oposición, debería interesarse un día de éstos, se ha decidido borrar del emblemático edificio la colección que albergaba hasta ahora y que recuerda el asedio republicano durante la Guerra Civil. La exposición contenía multitud de elementos sobre la resistencia de las tropas y los civiles que, bajo el mando del coronel Moscardó, aguantaron las acometidas de las milicias republicanas desde el 22 de julio hasta el 28 de septiembre de 1936.

Asistimos a un nuevo acto de esa obsesiva querencia del Gobierno por reescribir el pasado para ajustarlo a sus preferencias y objetivos. La manipulación de los acontecimientos pasados es un recurso impropio de una clase política madura, que no ha entendido la necesidad de asumir un legado común con entereza y sin complejos. Quienes discriminan a los héroes, quienes son incapaces de honrar a los que, equivocados o no, dieron sus vidas por una causa que pensaban justa, o quienes dividen a unos y otros entre buenos y malos, se ponen al servicio de una estrategia de confrontación y no de concordia.

Todos los expertos consultados por LA RAZÓN, de una y otra tendencia, abundan en el principio de que purgar la historia es intrínsecamente malo y que el objetivo tiene que ser enriquecer la colección del Museo con unos fondos extraordinarios para ponerla, con rigor histórico, a disposición de los ciudadanos. Creemos que no hay, desde luego, razón técnica ni argumento museístico alguno que justifique que uno de los episodios más recordados de la contienda civil sea borrado de un plumazo de un proyecto de tan alto valor como el que se planifica en el Alcázar de Toledo. En cualquier caso, el Gobierno tendrá la ocasión de explicarse en el Congreso de los Diputados cuando responda a las preguntas del Grupo Popular. Está a tiempo de rectificar, y eso esperamos y pedimos. Lamentablemente, el nuevo Museo del Ejército seguirá incumpliendo los plazos y parece que tampoco se abrirá antes de que finalice el año. Si el Gobierno persiste en no solucionar el despropósito, queda claro que su actitud sólo responde a una política que en nada tiene que ver con el interés general.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El señor Váquez rectifica y se equivoca
JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA La Opinión 4 Octubre 2009

Hace una semana el alcalde Losada se mostraba favorable a la recuperación del topónimo castellano de la ciudad y el número uno del socialismo gallego, Vázquez, se sumó a esa postura. Sólo habría que modificar la ley de normalización lingüística que excluye el empleo del castellano en la toponimia oficial gallega, algo al alcance de dos grupos parlamentarios que suman más de las cuatro quintas partes de la cámara, 63 de 75 escaños. De inmediato, los máximos responsables, gallego y coruñés, del BNG criticaron duramente a los políticos citados y la rectificación de Vázquez no se hizo esperar: no hay sitio para el topónimo castellano.

No se trata de una letra, ni de un topónimo. Se trata de la imposición de una exclusión sostenida con los argumentos conocidos: la lengua excluida no es la propia, no figura en el ADN de los gallegos, ni su primera seña de identidad; habiendo sido perseguida la propia en el pasado por el poder y despreciada por los señoritos, es de justicia ahora sobreprotegerla y, de algún modo, penalizar a la otra, la del poder y los señoritos, porque de no fomentarla y protegerla corre riesgo de desaparecer ante la presión del castellano y ahora del inglés. Son razones poderosas y más que suficientes para aceptar la exclusión del castellano de la toponimia, siempre que enfrente no hubiera otras razones o si las existentes fueran de gran endeblez. Pero las hay y no son endebles. Son razones de libertad individual y de igualdad de trato a los hablantes de la lengua excluida. Razones poderosas también que no consienten la exclusión impuesta. Máxime cuando existe la solución más sencilla y natural, la del País Vasco, la que siempre pretendió el ayuntamiento socialista de la ciudad, la que es respetuosa con la cooficialidad que demanda la Constitución, la que no impone exclusiones: el topónimo bilingüe. No es cualquier cosa lo que está en juego. Se trata de derechos fundamentales, libertad e igualdad, de individuos concretos frente a objetivos culturales, sociales y políticos, respetables sí, pero que no pueden prevalecer sobre aquellos. Insisto, menos aún cuando la natural opción bilingüe evita la confrontación.

No me llama la atención que el nacionalismo siga apostando por la imposición, sino la rectificación del dirigente socialista. Es cuando menos sorprendente que en cuarenta y ocho horas Vázquez haya pasado del sí al no en un asunto no trivial por lo que significa, aunque en sí mismo pueda serlo. Esos arranques casan mal con la dirección de un partido instalado en la moderación y debilita la credibilidad de quien los tiene. La contundencia, inmoderación también, de sus palabras, cerrando cualquier posibilidad de cambio en la materia tampoco es buena en un político democrático. Y el temor a contrariar al BNG no es buen síntoma para los electores socialistas que percibieron en el bipartito un protagonismo excesivo del nacionalismo.

Pero, con todo, lo peor de la rectificación ha sido su argumentación principal. Explicaba Vázquez que la normativa lingüística fue aprobada por todos los grupos y que en el suyo hay consenso en no abrir el debate. La unanimidad de los grupos parlamentarios no asegura que la hubiera en la sociedad y el consenso en su grupo no existe entre sus votantes. Una vez más los profesionales de la política con tantísimos años encerrados en su particular universo se atribuyen en exclusiva la soberanía, olvidando que sólo son portavoces de la sociedad. Mal asunto si el consenso de su grupo le impide escuchar la dispar opinión de sus votantes, y la del alcalde de la ciudad también. En las ciudades perdió el bipartito la Xunta y en ésta muy concretamente varios miles de votos, no, desde luego, por una ele, pero puede que sí por lo que significa. Ni en las formas ni en el fondo ha acertado el señor Vázquez.

José Antonio Portero Molina - Es Catedrático De Derecho Constitucional De La Universidad De A Coruña

Nuevo conflicto entre comunidades autónomas
El blindaje de las 'leyes' forales vascas reabre el pulso territorial
Tres autonomías limítrofes se oponen a la iniciativa del Parlamento de Euskadi, que ha enfrentado al PP vasco con el nacional y postergado a Patxi López
LUIS R. AIZPEOLEA - Madrid El País 4 Octubre 2009

Está comprobado que la cuestión territorial es fuente de las mayores tensiones políticas en España. Sólo el anuncio de que el 13 de octubre el Congreso votará la toma en consideración del llamado blindaje de las normas fiscales vascas, defendido unánimemente por el Parlamento vasco, incluidos populares y socialistas, ha levantado las alarmas. Tres comunidades limítrofes con la vasca se oponen. Castilla y León, La Rioja y Cantabria, las dos primeras gobernadas por el PP y la tercera por el Partido Regionalista y los socialistas, se consideran perjudicadas por "competencia desleal".

Pero el blindaje, como sucede frecuentemente con las cuestiones territoriales, también divide internamente a los partidos nacionales. En este caso, sobre todo al PP, cuya dirección nacional ha anunciado que votará en el Congreso en contra de la voluntad de los populares vascos. El azar ha hecho que el PSOE, reticente en el pasado al blindaje de las normas forales, no haga "tabú" de la cuestión porque le facilita el apoyo del PNV a los Presupuestos, ya que los peneuvistas han puesto sobre la mesa negociadora este asunto como eje central.

Pero con la aprobación del blindaje, el PSOE pagará el precio de remover dos leyes orgánicas, la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional, "de mucha dificultad técnica", según la vicepresidenta, Elena Salgado, y, además, otorgar el protagonismo al PNV, que ha hecho bandera política de esta cuestión en detrimento del lehendakari, Patxi López.

- Conflicto territorial. La toma en consideración de la propuesta del Parlamento vasco de blindar las normas forales está inscrita en el Congreso desde el fin de la pasada legislatura, pero decayó sin verse. Al anunciarse su toma en consideración para el día 13, a la par que la negociación presupuestaria, ha reabierto el debate sobre los supuestos privilegios de la comunidad vasca sobre sus vecinas.

- "La competencia desleal". El llamado blindaje consiste en elevar a rango de ley las normas forales de las diputaciones vascas, de modo que sus denuncias por "competencia desleal" no puedan ser recurridas por otras comunidades o particulares ante los tribunales ordinarios. Estas denuncias contra las diputaciones vascas, que datan de hace 15 años, han sido la consecuencia de su rebaja del impuesto de sociedades (al disponer las diputaciones vascas de una capacidad normativa fiscal que no tienen otras comunidades) con la consiguiente atracción de empresas hacia Euskadi en detrimento de las comunidades vecinas. Si se consuma el blindaje, las comunidades autónomas sólo podrán recurrir ante el Tribunal Constitucional y no ante los tribunales ordinarios. Tampoco podrán hacerlo recurrentes habituales de ellas como sindicatos u entidades empresariales.

- El origen del conflicto. El origen de este conflicto data de 1993 y fue el Gobierno de La Rioja, presidido por el socialista Ignacio Pérez Sáenz, quien acudió por vez primera a los tribunales porque "el Gobierno vasco trabajaba activamente por llevarse a su territorio empresas de comunidades vecinas, celebrando reuniones en la Rioja y Castilla y León". Pérez Saénz sostiene que en los últimos años la situación se ha relajado. Recuerda que en 1999 el Gobierno de Aznar pactó con el PNV la retirada de más de cien recursos del Ejecutivo riojano, del PP. No obstante, las tres comunidades vecinas de la vasca tienen aún recursos pendientes ante los tribunales. Sólo Castilla y León tiene 11.

- Las comunidades afectadas. El presidente del Gobierno de la Rioja, Pedro Sanz (PP), denuncia el blindaje porque "va contra el principio de igualdad que ampara la Constitución". En parecidos términos se expresan portavoces de los Gobiernos de Cantabria y Castilla y León, vecinas de la vasca.

- El Gobierno vasco. El departamento de Economía del Gobierno vasco, hoy del PSE, defiende el blindaje porque, al elevar las normas forales a rango de ley, sólo pretende igualar sus competencias a las de los parlamentos autonómicos. Recuerda que la Constitución y las sentencias del Tribunal Europeo de Luxemburgo avalan el Concierto Económico vasco, del que emanan las normas forales. No obstante, admite que "en el pasado ha podido haber una aplicación abusiva de esas normas" por las diputaciones, controladas por el PNV entonces y hoy. Estas declaraciones de buena voluntad son insuficientes para que las comunidades vecinas renuncien a la posibilidad de recurrir ante los tribunales ordinarios que el blindaje les negaría.

LIDERADO POR JOSÉ DOMINGO
Presentan "Impulso Ciudadano", un lobby por el bilingüismo en Cataluña
La exclusión del castellano en las aulas auspiciada por el Estatuto catalán y la posibilidad de que el TC lo avale sigue generando respuestas desde la ciudadanía. Este sábado se presentó una de ellas, "Impulso Ciudadano", un lobby por el bilingüismo.
LIBERTAD DIGITAL 4 Octubre 2009

La presentación estaba prevista para este tres de octubre en Barcelona y este domingo El Mundo se hace eco de ella. José Domingo, ex miembro de Ciudadanos y diputado del Parlamento Catalán, es su impulsor. La intención del nuevo colectivo es constituir una especie de lobby por el bilingüismo que aglutine a todos los colectivos que luchan contra la exclusión del castellano en el espacio público con el fin de presionar a partidos y ciudadanos.

“Nuestra intención es mostrar la Cataluña real y no la virtual que una minoría nos está intentando hacer creer”, explicó Domingo ante representantes del PP, UPyD, la Asociación por la Tolerancia o Círculo Balear, entre otras. También habló del Estatuto y el TC: según advirtió Domingo, “una Constitución que avale el Estatut no es válida para la mayoría de nosotros”.

El lobby, según el diputado catalán, no tiene vocación de terminar transformado en partido político. Su aspiración es lograr “influencia” suficiente para que el bilingüismo sea una realidad en Cataluña.

El PP lleva al pleno otra moción para pedir la cooficialidad del topónimo
Negreira pide a Losada que aclare su postura en esta cuestión, «que se puede arreglar en cinco minutos»
Ana Lorenzo La Voz 4 Octubre 2009

Aunque hace cerca de 25 años que el tema de la cooficialidad del topónimo de la ciudad lleva coleando, esta semana ha vuelto a la actualidad después de que el alcalde de A Coruña, Javier Losada, y el secretario general de los socialistas gallegos, Manuel Vázquez, mostraran su intención de que la denominación castellana se legalizara. Por ello, ayer el grupo municipal del PP presentó en el registro una moción que llevará al pleno de mañana, y en la que «tiende la mano al alcalde para que, con coste cero, sean oficiales los topónimos de A Coruña-La Coruña», señaló ayer Carlos Negreira, quien también declaró que, «es en el salón de plenos donde Losada debe aclarar su posición, y no en los medios de comunicación. Es muy grave que Losada un día diga una cosa, y al otro la contraria. Esto pone en evidencia su credibilidad y peso político, algo preocupante en un cargo público».

El portavoz del Partido Popular coruñés recordó que la postura del alcalde sobre la cooficialidad del topónimo había cambiado en los últimos años, desde que firmó el pacto de gobierno con los nacionalistas, y cuando, en el pleno de julio del 2008, «tomó la decisión de retirar el recurso judicial en defensa del topónimo de La Coruña», en el que ya se habían gastado más de 300.000 euros.

Negreira también quiso responder a las acusaciones que señalan al PP como único culpable de la aprobación de la ley que «impidió a los coruñeses poder utilizar indistintamente el topónimo en gallego y castellano», y explicó que se trató de un «error histórico», en el que también votaron todos los parlamentarios autonómicos, incluidos los socialistas. En este sentido, destacó que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha sido el único que hasta ahora se ha pronunciado en favor de aprobar la cooficialidad, siempre que la iniciativa salga del pleno municipal.

Por ello, los populares, «ante la falta de iniciativa del alcalde», quieren que se apruebe esta moción, «que sería una solución definitiva a coste cero, y que acabaría con 25 años de conflicto en cinco minutos». En el escrito que someterán a votación de la corporación, se establecerán dos puntos: defender la cooficialidad de las denominaciones A Coruña y La Coruña, e instar a la Xunta a que ponga en marcha los mecanismos legislativos para modificar la Lei de Normalización Lingüística.

Asimismo, los populares también llevarán al pleno de mañana otros asuntos relacionados con la gestión de Nostián, la falta de una policía de barrio, la congelación de los impuestos, la mejora del barrio del Castrillón, o la ampliación a varias calles de la designación de zona de especial protección ante el botellón.
 

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