AGLI

Recortes de Prensa    Jueves 8 Octubre  2009

 

Rango y legitimidad
RAMÓN PUNSER, CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL La Opinión 8 Octubre 2009

Desde hace algunos meses, los nacionalistas catalanes y sus aliados socialistas están bastante nerviosos, temiendo que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Cataluña declare inconstitucionales y nulos algunos de sus preceptos, sobre todo los más emblemáticos y vistosos (nación, lengua?). Auxiliados por periodistas afines y juristas cercanos, han desatado una campaña de intoxicación con dos finalidades: replantear las relaciones entre el Estatuto y la Constitución desde un enfoque soberanista y deslegitimar al TC como juzgador.

En cuanto a lo primero, el argumento se basa en la idea de que el texto estatutario aprobado por el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales contiene un pacto político que, habiendo merecido ya la conformidad del electorado catalán, no puede ser objeto de desautorización por parte del TC. Ese pacto, en efecto, existe. No se trata, por supuesto, de un pacto "entre Cataluña y España", como los nacionalistas más entusiastas proclaman. Es algo menos épico y más jurídicamente prosaico: el fruto de un acuerdo entre las Cortes y una delegación de la Asamblea autonómica catalana, ambos órganos del mismo Estado. Tampoco consiste en un pacto ratificado por el "pueblo catalán", sino por el cuerpo electoral de la comunidad autónoma; y por cierto: mediante un referéndum de muy escasa participación ciudadana (menos del 50%), lo que revela hasta qué punto a los catalanes no pertenecientes a la clase política les importa verdaderamente el Estatut. En todo caso, ni el Parlamento catalán, ni las Cortes Generales, ni el cuerpo electoral de la Generalidad ostentan soberanía alguna. Aunque las Cortes representen al pueblo español, titular de la soberanía, las leyes que aprueban -y el Estatuto se adopta mediante una ley orgánica- pueden anularse por el TC. La cosa es muy sencilla: como, según la Constitución, únicamente el pueblo español posee la soberanía nacional, ningún poder público goza de potestades soberanas, sino solamente de competencias limitadas y tasadas, justiciables, dentro de un Estado de derecho, en una u otra vía procesal.

De otra parte, siendo la Constitución la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, ninguna otra, por muy importante que resulte desde el punto de vista político, la puede contradecir lícitamente. Los estatutos de autonomía son disposiciones de rango inferior a la Constitución. Cierto que tales disposiciones se hallan dotadas de rigidez mayor o menor en orden a su modificación y que son irreformables unilateralmente por el Estado (excepto a través de una reforma constitucional, no se olvide), pero su rango es infraconstitucional, sin que, en atención a su carácter pacticio, a su innegable trascendencia política, a su función vertebradora del Estado autonómico y a su inclusión en el doctrinalmente llamado "bloque de la constitucionalidad", les convenga el equívoco rótulo de normas materialmente constitucionales para ocultar su obligada subordinación a la Constitución. Cabe, pues, que proceda la sanción de nulidad de sus preceptos si entran en contradicción con la ley fundamental. Y así lo reconoce, por lo demás, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que tiene por "susceptibles de declaración de inconstitucionalidad" a "los estatutos de autonomía y las demás leyes orgánicas".

Todo lo anterior, que inexcusablemente debe conocer un estudiante de segundo curso de Derecho, se combate desde las posiciones nacionalistas: ven en el estricto respeto a la Constitución lo que denominan "fundamentalismo constitucional". Incluso algunos miembros prominentes del Ejecutivo catalán incitan a desobedecer, de resultar adversa a sus intereses, la sentencia que dicte el TC y a aplicar, quiérase o no, los preceptos declarados inconstitucionales. Dentro del PSC corren igualmente aires de fronda, despejados a duras penas por el PSOE. ¡Cómo recuerda esta situación el conflicto de Companys con el Tribunal de Garantías Constitucionales a propósito de la ley de contratos de cultivo! ¿Asistiremos a otro 34 en Cataluña? ¿Se rebelará el Gobierno de la Generalidad reeditando el bufo, aunque sangriento, episodio de octubre de 1934, que tan poco le costó dominar al pobre general Batet? Y perdón por la pregunta: ¿defendería el Gobierno de la nación en tal supuesto el orden constitucional o quedaría el poder estatal deslegitimado y a merced de quien fuera capaz de recogerlo del arroyo y refundar el Estado sobre otras bases? Parece esto política ficción, ¿verdad? Sin embargo, el Estado democrático de derecho que nos dimos en 1978 es una hermosa pero muy delicada planta, incapaz de sobrevivir sin amorosos y continuos cuidados y altas dosis de lealtad constitucional. Justamente la lealtad que tanto echamos de menos en la hora presente de España.

La campaña contra el TC arrecia.
Ahora se cuestiona su autoridad para juzgar el Estatuto aduciéndose su lamentable e irresponsable falta de renovación parcial desde hace año y medio. Peregrino argumento, carente del más ínfimo soporte jurídico. Pero contra el Tribunal vale todo. ¿Resistirá los forcejeos de unos y otros sin alumbrar una sentencia monstruosa? ¡A cuánto desatino venimos asistiendo desde la llegada del tripartito al Govern de Cataluña y el temerario apoyo de Zapatero a cualquier ocurrencia estatutaria del Parlamento catalán! Por si fuera poco, se ha iniciado, con el de Arenys de Munt, un rosario de referendos de independencia en municipios catalanes. El Gobierno de la Nación se limita a decir que carecen de validez legal. ¡Como si eso les importara a los promotores de tales consultas, que conocen perfectamente su alto valor simbólico! ¿Pero es que ni en Cataluña ni en Madrid hay un poco de seny, el estereotipado sentido común de los catalanes?

El nuevo Estatuto catalán y la inmunidad de Berlusconi: el ejemplo del TC italiano
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 8 Octubre 2009

El caso Berlusconi y el caso del nuevo Estatuto catalán tienen numerosas similitudes en su planteamiento. La pregunta es: ¿tendrán también similitudes en su desenlace?

I. EL CASO BERLUSCONI: UNA LEY PARA BURLAR A LA CONSTITUCIÓN
La Constitución italiana, como la española, establece la igualdad ante la ley.
Esto significa que la garantía que asegura a los ciudadanos la defensa de sus derechos ante los tribunales se aplica a todos por igual. Cualquier ciudadano, para defender sus derechos, puede, en consecuencia iniciar un procedimiento judicial.
Es notorio que Silvio Berlusconi es una persona que, digámoslo finamente, coquetea con excesiva frecuencia con la ilegalidad: sobornos, pago por falso testimonio, etc.
Ante la eventualidad de ser juzgado por un tribunal que pudiera investigar alguna de sus actividades y declararla ilegal, la mayoría que apoya a Berlusconi aprobó una ley, la ley nº 124, de 23 de julio de 2008.
De acuerdo con esa ley

(...) los procesos penales contra los sujetos investidos de la cualidad de Presidente de la República, de presidente del Senado de la República, de Presidente de la Cámara de diputados y de presidente del Consejo de ministros, quedan suspendidos desde la fecha de asunción del cargo o función hasta la fecha de su cese. La suspensión se aplica también a los procesos penales por hechos anteriores a la asunción del cargo o de la función.

Cualquiera sabe que esto es contrario a la igualdad.
Pero hacía falta que el TC lo dijera.

II. PRESIONES SOBRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ITALIANO
Conforme se acercaba el momento de las deliberaciones, las presiones sobre el TC italiano se intensificaron.
El argumento: que a Berlusconi le apoya la mayoría. ¿Les suena?
Leamos el relato que hace El País de ayer:

Durante la mañana, el líder de la Liga Norte y ministro del Gobierno, Umberto Bossi, amenazó con "recurrir" al pueblo si los jueces tumbaban la ley Alfano. "Nosotros tenemos el pueblo", dijo Bossi, "pero yo estoy por la prudencia. ¿Quién querría retar la ira de los pueblos?".
La intimidación del líder padano al Tribunal mientras éste se encontraba reunido a puerta cerrada para deliberar sobre una ley clave para el futuro político de Italia irritó a la oposición. Dario Franceschini, secretario general del Partido Democrático, afirmó que Bossi "obvia el más elemental conocimiento de las reglas de la democracia".

¿Les suena todo esto?

III. Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ITALIANO HA DADO LA TALLA
Pero el TC italiano ha considerado que un poder constituido, por muy apoyado que esté por la mayoría, no puede actuar como un poder constituyente.
O dicho de otra manera: que un parlamento ordinario, por mucha mayoría que tenga, no puede cambiar la Constitución mediante una ley, sino sólo mediante una reforma de la Constitución. Y lo que vale para un parlamento ordinario, vale para un referéndum que no se haya convocado para reformar la Constitución.
El comunicado del TC italiano es claro: la ley de inmunidad a Berlusconi viola el artículo 3 de la Constitución italiana que reconoce el derecho a la igualdad y el artículo 138 de la Constitución italiana que establece que sólo se puede reformar la Constitución por el procedimiento expresamente resevado para ello, y no mediante una ley ordinaria.

IV. DE ITALIA A ESPAÑA: ¿DARÁ LA TALLA EL TC ESPAÑOL?
El Estatuto catalán contradice la Constitución. Eso está claro.
La cuestión es: ¿puede contradecirse la Constitución cambiando un Estatuto de Autonomía?

Es una pregunta muy simple. Pero el TC presidido por María Emilia Casas Bahamonde lleva más de tres años sin contestarla.

Sentencia sobre el Estatuto de Cataluña
Partido Nacional Republicano 8 Octubre 2009

“NO VA A PASAR NADA”
La III República. Portavoz del Partido Nacional Republicano. Octubre 2009

Los nacional-republicanos estamos a favor de la constitución de España en república unitaria. Manifestamos nuestro rechazo frontal del Estado autonómico de la monarquía de Juan Carlos I, régimen cuya demolición preconizamos en aras de la supervivencia de nuestra Patria. Calificamos al Estatuto de Cataluña de engendro antiespañol, antidemocráctico y antisocial. Proporciona encaje privilegiado en el dominio general del gran capital a las 200 familias de una burguesía corrupta y declinante, mimada por subsidios y amparada por la Caixa , y que considera al conjunto de España como su botín. Junto con los demás Estatutos de autonomía, pretende impedir mediante alambradas “identitarias” que llegue a forjarse un frente unido del pueblo trabajador español contra el régimen juancarlista de los bancos y oligopolios.

A partir de ahí, poco nos importa el pronunciamiento que sobre la constitucionalidad del Estatuto pueda emanar del Tribunal Constitucional (TC), mera transposición de la partitocracia purulenta del régimen vigente. Y no somos tan ingenuos como para pensar que el contenido de la sentencia será una incógnita. Como recientemente ha afirmado Rodríguez Zapatero, “no va a pasar nada”. El Estatuto será “constitucional” porque es fundamental para el despegue confederal de la monarquía autonómica.

Una miríada de juristas, leguleyos y plumillas afectos al régimen se encargan ya de justificar la constitucionalidad del Estatuto, adelantado el fallo de un tribunal cuya presidencia se ha prorrogado arteramente para asegurar que el resultado de la deliberación sea el convenido. La alteración de las mayorías en las que se agrupan los magistrados del “alto tribunal”, “conservadores” y “progresistas”, por el alineamiento de uno de los magistrados “progresistas” con las tesis de los “conservadores”, puede prolongar sine die la publicación de la resolución, pese a que la presidente del TC, María Emilia Casas, ha aseverado que la sentencia llegará “antes de las uvas”. Este escollo ocasional explicaría el rosario de declaraciones procedentes del Ejecutivo del PSOE en los últimos tiempos, dirigidas a fijar el posicionamiento del TC. Así, el ministro de interior, Pérez Rubalcaba, afirmaba: "lo que España no puede hacer es negar la decisión del Parlamento elegido por los catalanes". Igualmente, el ministro Caamaño volvía a la carga pontificando con que "una ley aprobada por los representantes legítimos de los ciudadanos de España (...) debe siempre entenderse que es constitucional por respeto a esa voluntad de las Cortes Generales mientras que el tribunal, de manera expresa e inequívoca a través de una sentencia, no diga lo contrario". Así también el vicepresidente tercero y ministro de política territorial, Manuel Chaves, terciaba sobre el asunto: "debe ser tenido en cuenta" (el Estatuto) "es una ley aprobada por el Parlamento Catalán, las Cortes Generales y refrendada por el pueblo catalán".

La sentencia, tarde lo que tarde en ver la luz, mantendrá incólume su impronta desarticuladora de España: el catalán como única lengua oficial; aparatos de justicia, tributos y gestión de la inmigración propios; modelo privilegiado de financiación y, por supuesto, consideración de “nación” para Cataluña y bilateralidad. El Estatuto es el modelo para otras reformas estatutarias claves en la consolidación de la Monarquía Confederal (especialmente, la que se planteará para Vascongadas en relación a la anexión de Navarra y la “paz” con ETA, y también para la Galicia de Feijóo. En este sentido, el ministro de justicia, Francisco Caamaño, este verano pasado se refería al papel trascendental de la sentencia ya que 'va a marcar el futuro del Estado de las Autonomías y hacia donde pueden o no evolucionar' Añadía que depositaba su confianza en que el TC hiciera “una buena interpretación de la constitución”, y señalaba que España es un “Estado federal” con sus tensiones centro-periferia y que el Estatut lleva tres años aplicándose sin mayores consecuencias.

En este asunto, como en muchos otros, el régimen se cisca en su legalidad. Aquí prescinde cínicamente de los procedimientos de revisión previstos en su propia norma fundamental. Así, a través de una mera ley orgánica, el Estatut, cuela de rondón la reforma del título preliminar de la constitución e introduce un nuevo sujeto de soberanía o constituyente: la nación catalana. Este “quebrantamiento” del papelucho de 1978, una vez publicada la sentencia que admitirá la constitucionalidad del Estatut, convertirá los estatutos de autonomía en mecanismos ordinarios de revisión constitucional.

Los nacional-republicanos no tenemos motivo alguno para profesar un desprecio menor que el manifestado por el régimen juancarlista hacia su propia legalidad. Pero no podemos contentarnos con ello. Debemos ganar a todos cuantos quieren seguir siendo españoles a la convicción de que no deben considerarse representados por las instituciones de la monarquía, sean sus ayuntamientos, los parlamentos autonómicos o las Cortes Generales, ni aceptar las “interpretaciones” y “reelecturas” constitucionales de sus órganos y prebostes.

“No va a pasar nada” no es una mera frase de Rodríguez Zapatero. Es la consigna con la que el régimen al completo va a proseguir el desmembramiento plurinacional de nuestra patria. Los nacional-republicanos queremos que sí pase algo. Y no será mediante la interposición de recursos ante los órganos del régimen, ni votando a ninguno de sus partidos. Será mediante el avance hacia una rebelión nacional popular contra la monarquía, y mediante la construcción del Partido capaz de asegurarle desembocadura. Contra todas las oligarquías políticas y económicas que nos llevan a la extinción: ¡refundación nacional, republicana y social de España!

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PPN y UPN
Elites y liberalismo en Navarra
Oliver Serrano Gil Libertad Digital 8 Octubre 2009

Me cuentan mis colegas del Partido Popular de Navarra (PPN), del que soy afiliado, que el próximo 21 de noviembre es la fecha elegida para celebrar el congreso fundacional en el que se elegirá al presidente de dicha formación. Pues bien, candidatos, polémicas y luchas de poder aparte, la nueva singladura del PP en Navarra supone el acontecimiento político navarro más importante desde que se firmara el ya difunto pacto de 1991 con UPN.

Dicho pacto dejó a Navarra en manos de una formación ultraconservadora, tradicional y sin proyección internacional, ni siquiera europea. Una formación que años atrás, en 1986, se abstuvo en la votación de la importante Ley Foral del Vascuence, que sin una clara explicación filólogo-lingüística, consagró la "zonificación lingüística" de Navarra en su gracioso y nacionalsocialista –digo bien, fue aprobada por el Partido Socialista Navarro y el Partido Nacionalista Vasco– artículo 5.1, en el cual se citan uno por uno los municipios que pertenecen a la "zona vascófona", a la "zona mixta" y a la "zona no vascófona".

Fruto de esta ley y de una política de marketing internacional vergonzosa tanto por parte del PSN como de UPN, no es extraño que cuando los navarros viajamos al extranjero los "San Fermines" sean las fiestas más representativas del "Basque Country", ni que los extranjeros sonrían estupefactos cuando les hablas de esa cosa llamada Navarra. Debemos volver al Navarra es Navarra, Navarra es España, y ampliarlo a Navarra es Europa.

Sin embargo, además de esta pretendida imposición del vascuence en Navarra –resulta del todo imposible imponer una lengua que habla a duras penas el menos del 9% de la población navarra y de la que cuesta encontrar personas que la escriban con rigor– el PP va a tener una misión mucho más complicada en Navarra: que la elección de los políticos y la designación de los cargos públicos sea meritocrática y no influenciocrática.

A este respecto, y aunque es algo que sabemos que sucede en absolutamente todas las esferas públicas y privadas, es de lectura obligada la tesis doctoral de Don Ricardo Feliú Martínez titulada La distribución social de poder: la elite navarra en el cambio de siglo (1999-2004).

Esta tesis pone muy en duda los méritos de la elite navarra, compuesta por tan sólo 114 personas, sospechosamente todas ellas estrechamente relacionadas con UPN, el Opus Dei y la Confederación de Empresarios de Navarra.

Así pues, no resulta curioso que de esas 114 personas, sólo el 8% pertenezcan a la elite intelectual navarra, hecho del que Don Ricardo intenta llamar la atención mordiéndose la lengua cuando dice, con una solemnidad admirable, que "en líneas generales todos aquellos aspectos relacionados con la vida intelectual o cultural están ocupando una posición casi marginal", o como dirían los castizos, que la inteligencia y la cultura brillan por su ausencia en esta elite política.

En realidad, el PP tendrá que luchar por resucitar el concepto original de elite perteneciente a Vilfredo Pareto, quien la definió como aquel conjunto de personas que manifiestan unas cualidades extraordinarias o dan pruebas de aptitudes sobresalientes en cualquier actividad.

Para ello, le proponemos al PP una liberalización completa, seria y verdadera, a través de los principios morales del liberalismo y a través de las reprivatizaciones. Le proponemos que abogue por unas listas basadas en mérito y capacidad, por una reforma absoluta en los procesos de selección de la Administración Pública que impidan nombramientos a dedo, por la igualdad de oportunidades en dichos procesos selectivos, por la desvinculación política y económica con el Opus Dei y por una Navarra más libre.

Quizá después una verdadera elite política liberal sea capaz de argumentar convincentemente, sin miedos ni complejos, por qué hay que reprivatizar la sanidad, la educación y las fuerzas de seguridad, flexibilizar el mercado de trabajo, liberalizar el suelo para que los navarros nos podamos comprar un piso a un precio real y no inflado, reconocer que el matrimonio homosexual es un mero contrato en el que se reconocen unos derechos y obligaciones que los heterosexuales teníamos ya reconocidos... En definitiva, desconservadurizarse y dar a la gente la libertad para elegir y para ser elegido.
Oliver Serrano Gil es abogado especializado en derecho energético

ESPAÑA Y LIBERTAD 12 DE OCTUBRE EN HUELVA
 Plataforma España y Libertad  8 Octubre 2009

DÍA NACIONAL DE ESPAÑA EN HUELVA
La Plataforma España y Libertad celebrará el 12 de Octubre en Huelva. Después de tres años haciéndolo en Sevilla, la organización liderada por Yolanda Couceiro Morín se manifestará en Huelva para conmemorar el Día Nacional de España.

Javier Muñoz, representante de la Plataforma afirma que este año “se pretence celebrar un acto abierto al que pueda adherirse cualquier organización, e incluso blogs y páginas de Internet”. Para España y Libertad “el Día nacional de España debe ser un día de fiesta que reuna a todo tipo de personas bajo una misma bandera: la española”

La manifestación se celebrará el día 12 de Octubre en Huelva a las 12 de la mañana, y partirá de la Plaza de la Merced (frente a la Catedral), transcurriendo por la calle Vázquez Limón , Ginés Martín , Ciudad de Aracena, Medez Núñez; finalizando del recorrido y discursos en la “Plaza de las monjas”.

“Queremos que no sea una celebración partidista, por lo que animamos a todos aquellos que se quieran sumar a la misma que porten la bandera de España”

De momento, está confirmado que hablará tras el acto la presidenta de España y Libertad, pero “este año queremos que participen más oradores, por lo que está abierta la posibilidad de que pudieran hablar otras tres o cuatro personas de aquellas organizaciones que se adhieran”, apunta Muñoz.

España y Libertad ha puesto en marcha una web (VER PULSANDO AQUÍ) desde la que se puede acceder a la información sobre la manifestación así como al formulario de adhesiones. Tras el acto “se leerán todas las adhesiones e incluso se dará la oportunidad a aquellas que no puedan estar en Huelva de enviar una nota por correo electrónico que se leerá tras el acto”

Más información
678.61.61.77
info@e-libertad.es
http://www.e-libertad.es

Entrega del XV premio a la Tolerancia a Antonio Mingote
Asociación por la Tolerancia 8 Octubre 2009
El acto de entrega del XV Premio a la Tolerancia a Antonio Mingote tendrá lugar el próximo 16 de Octubre de 2009, viernes, a las 19:30 horas, en el Hotel Tryp-Apolo (Av. Paralelo, 57-59) de Barcelona. Metro: "Paral-lel" (L2-L3).

Nos complacería contar con tu asistencia y la de tus amigos a la ceremonia de entrega del Premio. La entrada al acto es libre.

A continuación del acto de entrega tendrá lugar una cena con el premiado para la que previamente se deberá haber realizado un ingreso de 36 euros en la cuenta corriente de La Caixa núm. 2100-1337-27- 0200033503. En el ingreso se deberá indicar nombre y apellidos (imprescindible).

El resguardo del ingreso en cuenta se canjeará, in situ, por el ticket para la cena.

Más información: Tel. 93 476 11 58 (contestador automático, dejar nombre, número de reservas y teléfono contacto) ó 607 905 986

asociacion.toleranc ia@gmail. com
¡ Te esperamos !. Asociación por la Tolerancia

MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Requero: "Pone los pelos de punta que el Ministerio Fiscal quiera archivar el caso Faisán"
El magistrado de la Audiencia Nacional ha sido entrevistado por Federico Jiménez Losantos en esRadio, y ha dicho "pone los pelos de punta que el Ministerio Fiscal diga que hay que archivar el caso Faisán", y que "uno empieza a tener miedo de dónde está y de quién nos guarda".
LIBERTAD DIGITAL - ESRADIO 8 Octubre 2009

El que fuera vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y actual juez de la Audiencia Nacional, José Luis Requero, ha valorado la situación de la justicia en España en esRadio.

Sobre el caso Faisán, Requero ha afirmado que le ha "puesto los pelos de punta", porque a su juicio en un país en el que "la propia policía da un chivatazo a ETA para que desaparezcan y no sean detenidos, y se supone que somos una democracia, un Estado de derecho dónde no hay que tener miedo a la policía...uno empieza a tener miedo de dónde está y de quién nos guarda".

Además considera igualmente escandaloso "que el ministerio Fiscal diga que hay que archivar la causa porque no lleva a nada" y que este tipo de cosas son las que "miden la calidad de un sistema institucional, democráctico". El magistrado ha llamado a la opinión pública a que "salga de su entontecimiento y ate cabos".

Para el magistrado, la situación de la justicia reviste una gravedad sin precedentes ya que la politización ha llevado al sistema a que al final "le ordenen la agenda al juez y le digan qué es lo que tiene que hacer". Ha considerado que "llevamos 25 años de protagonismos judiciales, de un verdadero corporativismo, en la que lo realmente grave es que un señor se sirva de su protagonismo judicial se sirva de su condición para otros fines distintos".

Pero Requero ha querido resaltar que el origen de todos los pecados es "la consideración del poder judicial como un servicio público, porque no lo es". Para el magistrado esta denominación "tiene claros tintes suicidas", porque "al final nos convertimos en un funcionario más, al servicio de la administración autonómica de turno. El juez deja su independencia relegada, sin capacidad ninguna de organización...con la misma independencia de un médico de la seguridad social".

El magistrado ha querido señalar responsabilidades de la situación "y en buena parte la culpa la tenemos los jueces, porque hemos estado hablando, a tontas y a locas de que prestamos un servicio público, y no lo es, la justicia es un poder del Estado".

A pesar de todo, José Luis Requero considera que la huelga del próximo jueves supone que los magistrados "hagan uso de un derecho que no les pertenece" porque aunque "me parezca bien que se reaccione ante la funcionarialización de la justicia, lo que está ocurriendo parece más el sindicato del metal que un debate entre jueces", sostiene.

Por otro lado, el magistrado ha mantenido su habitual postura crítcia con el Tribunal Constitucional del que ha dicho que "no es un órgano judicial". Ha llamado la atención sobre los cinco años que lleva examinando el Estatuto soberanista catalán, cuando "por ejemplo, en su momento, el Consejo General del Poder Judicial al que pertenecí, lo hicimos en veinte días". Para Requero, esto evidencia las servidumbres políticas del órgano, porque el Estatuto "no tiene tanta cosa, y si nosotros tardamos veinte días en el tema judicial, en lo constitucional no pueden demorarse cinco años".

Enrique de Diego, Plataforma de las Clases Medias
"Iremos a La Moncloa para pedir que se vaya el inútil que la habita"
Temen que, hundido el "ladrillo", ahora "vayan a por el turísmo"
Miguel Pato Periodista Digital 8 Octubre 2009

¿Acudirá a la concentración convocada por la Plataforma?
Sin dudarlo e iré acompañado. Probablemente. Si el tiempo lo permite... No, Tengo mejores cosas que hacer.

La subida de dos puntos en el IVA significa traer el hambre a España. La Plataforma de las Clases Medias es tajante en sus argumentos y en sus acciones porque temen que estemos muy cerca de un punto de no retorno. De hecho, De Diego anuncia en estos micrófonos que si los sindicatos siguen sin moverse, su organización cívica convocará una huelga general.

¿Parece que aunque tarde, el Gobierno reconoce que su plan económico afectará a las clases medias?
Este Gobierno sin cordura y dado a la mentira, efectivamente, ha reconocido lo obvio en palabras de Elena Salgado. Esto confirma lo reiterado por la Plataformas: estamos frente al intento de aniquilación de las clases medias y ya anuncio que las clases medias van hacia la rebelión.

¿Cómo?
Para empezar los días 7, 8 y 9 de noviembre habrá una importante acción de la Plataforma. El día siete nos concentraremos en la Plaza de Alonso Martínez de donde partiremos hacia La Moncloa para pedir que se vaya el inútil que la habita. El día ocho, diferentes grupos recorrerán Madrid para informar a los ciudadanos y el día nueve volveremos a La Moncloa.

La segunda gran acción, que adelanto aquí, es que si los sindicatos siguen sin moverse (como borregos alimentados por el pesebre del contribuyente), la Plataforma de las Clases Medias convocará una huelga general.

Algo insólito de un movimiento ciudadano.
Más insólito es que los sindicatos no la convoquen. Y no vamos a permitir que nuestras familias vayan a la hambruna. Por si alguien no se ha enterado, la subida de dos puntos en el IVA significa traer el hambre a España.

¿No son ustedes muy drásticos con esta afirmación?
No.

La política económica parece estar diseñada por dementes. A quién se le ocurre, en una nación turística, subir el IVA al inicio de la temporada alta de verano. Es como lanzar un mensaje al mundo para que los turistas extranjeros no vengan a España porque es muy cara.

Ya han hundido el sector inmobiliario y ahora van a por el sector turístico.
Lo curioso es que algunas fuerzas políticas como IU empiezan a decir que ustedes no representan a las clases medias.

La cuestión es a quién representa Izquierda Unida. Creo que a poca gente.
Lo que cuestionan es el concento que nosotros empleamos para las clases medias. Es un concepto plural de dignificación de la gente. Nosotros no queremos que la gente ni sea pobre ni proletaria. Queremos que sean Clases Medias: con soberanía, contribuyentes y consumidores a los que todos tienen que atender.

También quería comentar con usted la política económica que propone la oposición. ¿Cómo valoran esa alternativa en el caso de que ustedes mismos la vean como tal?
Sin duda es difícil valorar la política fiscal el Partido Popular. Por un lado, las clases medias ven con agrado a la postura de Mariano Rajoy contra cualquier subida de impuestos.

Pero, por otro lado, la Plataforma y las clases medias en su conjunto se preguntan qué hace Rajoy cuando en diversos ayuntamientos (de modo notable en Madrid) se aumentan los impuestos de modo abrumador.
Por eso resulta complicado entender la política fiscal del PP. No sabemos si atender a la verbal de Rajoy o la práctica de Gallardón.

Un juez catalán exige a un abogado pagar si quiere traducir unos documentos al castellano
“Muchos procesos pueden tener 1.000 folios o más; eso serían 40.000 euros de coste”, afirma el letrado
 www.lavozlibre.com 8 Octubre 2009

Vic (Barcelona).- El abogado murciano José Luis Mazón, que representa a un ciudadano catalán, ha recurrido la providencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vic (Barcelona) en la que se le comunica que si desea que unos documentos redactados exclusivamente en catalán sean traducidos al castellano deberá pagar los gastos de traducción. El asunto judicial, señalado para el 3 de noviembre, es un procedimiento ordinario de una demanda civil. El abogado necesita dicha documentación para defender a su cliente.

“Este asunto me parece increíble porque vulnera lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que se procederá de oficio a la traducción si se alega indefensión por desconocer el idioma”, criticó Mazón. El abogado ha elevado también una queja al Consejo General del Poder Judicial.

La resolución emitida por el Juzgado de Vic determina que “dado que las actuaciones se siguen en partido judicial perteneciente a la comunidad autónoma de Cataluña… se puede oficiar a Seprotec (Traducciones Técnicas-Juradas, Intérpretes) a efectos de realizar la traducción solicitada, pero informando al solicitante que tal traducción sería a su costa, para lo cual sería presentado por tal institución, previamente, un presupuesto”.

Según el letrado, la empresa de traducciones cobra 40 euros por folio traducido. “Muchos procesos pueden tener 1.000 folios o más; eso serían 40.000 euros de coste”. El abogado José Luís Mazón complementa su denuncia argumentando que él no es nacional de una “potencia extranjera”, sino que pertenece al mismo Estado del Juzgado, por lo que explica que tiene derecho a que los documentos se le entreguen en castellano. “El resultado práctico final es que nos echan a los abogados españoles de los juzgados radicados en Cataluña porque supone un considerable incremento el coste de llevar letrado que no hable catalán”, denuncia Mazón.

“La interpretación que hace la providencia reenviando a una empresa privada y a costa del propio demandante constituye un menoscabo de precepto legal, una burla del derecho a la traducción y una discriminación del castellano en relación al catalán”, añade el abogado, el cual finaliza su recurso con la petición de que “se reponga la providencia en el punto impugnado y se ordene la traducción de los documentos solicitados sin cargo al litigante, en cumplimiento del precepto 231.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del derecho a la Justicia y a la no discriminación de los castellanohablantes que no sabemos catalán”.

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Picaresca para evitar la imposición del gallego
JUAN JULIO ALFAYA //blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php 8 Octubre 2009

A veces la gente tiene que hacer encaje de bolillos para contrarrestar la imposición del gallego que defienden personajes tan ilustres como Rafael Cuiña Aparicio, del PPdeG, miembro de «ProLingua», que nos llama «bífidos» y «obscenos» a quienes defendemos algo tan normal en la Europa civilizada como es la libertad lingüística. Los que, como él, defienden la imposición coactiva o engañosa se enfadan mucho con nosotros porque analizamos sus métodos, desmontamos sus mentiras y divulgamos el resultado. Sintiéndolo mucho, vamos a seguir haciéndolo mientras que en Galicia no se «normalice» el derecho a la libertad en todos los ámbitos, incluido el lingüístico.

El testimonio de Margarita Leis fue publicado en EL MUNDO, el día 15 de septiembre de 2008. Léanlo. No tiene desperdicio.

Los hijos de Margarita no se ahogan en la inmersión lingüística porque ella, como otros padres, practica un método casero contra la eliminación del castellano en las escuelas. El procedimiento requiere un esfuerzo económico de los padres, uno de aprendizaje de los chicos y la complicidad de los profesores, que saben que muchos alumnos aparentan que escuchan.

Margarita Leis de la Calle, Marga, ha hecho de la picaresca una virtud, un salvavidas escolar para sus dos hijos, Pedro, de nueve años (4º de Primaria) y Ana, de 15 (2º de ESO), sumergidos en la normalización lingüística gallega.

No se ahogan porque Margarita, como otros muchos padres, le ha tomado la medida a la Xunta y practica un método casero con el que combate la eliminación del castellano en las escuelas.

El procedimiento requiere un esfuerzo económico de los padres y uno de aprendizaje de los chicos. También es necesaria la complicidad de los profesores, que saben que muchos de sus alumnos aparentan que escuchan; y del centro, que se debate entre las instrucciones impuestas por la Consejería de Educación y la actitud de los padres, favorable al castellano.

El proceso resulta más fácil de entender en boca de Marga Leis. «La Xunta reparte cada año, a través de los colegios, los cheques escolares, con los que compramos los materiales en gallego. Pero nuestros hijos no se enteran con esos libros. Así que, de nuestro bolsillo, encargamos fuera de la región las versiones en castellano que más se les parecen. Los profesores, reconvertidos al gallego, lo explican más o menos en clase, y luego en casa, con el libro en castellano, los niños aprenden el tema con detalle. Al día siguiente vuelven al cole con el milagro de saberlo casi por un don sobrenatural».

En Galicia, este proceso irracional de aprendizaje resulta coherente. Es más, sin él, miles de niños no conseguirían superar el curso. «Agudizamos el ingenio para evitar la imposición lingüística», asegura Margarita.

Testigos de esta práctica son los inspectores de la Consejería de Educación, que, apostados en ocasiones en las puertas de los colegios, sonsacan a los escolares el idioma en que su profesor ha impartido las clases. Otras veces el interrogatorio se produce dentro de la clase, después de haber solicitado al maestro su salida del aula. Las pesquisas acarrean la amonestación y la sanción, hasta la pérdida de la ayuda económica -si se trata de un colegio concertado- y la retirada de licencia.

El viernes pasado, Margarita Leis dio un paso más en la defensa de los derechos lingüísticos en las escuelas gallegas. Envió a su hijo, Pedro, con los libros en castellano a la escuela, un centro concertado gestionado por religiosas. La profesora devolvió al chico a su casa con la mochila llena. «Dile a tu madre que se ha equivocado al comprar los libros».

Hoy, lunes, Pedro volverá a clase con la misma mochila y una carta que recoge el Dictamen 366/07 del Consejo Consultivo de Galicia. Establece que el artículo 13 del decreto que regula el uso y la promoción del gallego en el sistema educativo deja un resquicio legal para que los alumnos puedan usar material escolar que no sea en ese idioma. Su madre no las tiene todas consigo. Si el colegio lo acepta habrá ganado temporalmente una batalla, la misma que otros padres están planteando en un principio de curso que promete conflicto.

Margarita Leis es una madre con carácter que ha decidido unirse a otras y salir a la calle para recabar firmas en defensa del castellano en la escuela. Ahora es activista de la plataforma Galicia Bilingüe, un movimiento independiente que reclama igualdad de derechos lingüísticos. Alguien ha escrito en la puerta de su casa Eiqui vive unha fascista.

«En algunos actos, los nacionalistas han llegado a insultarme, a decirme obscenidades irrepetibles, y a escupirme. He tratado de evitar que mis hijos se enterasen, pero son listos y saben lo que pasa. Como madre siento vulnerados mis derechos y los de mis hijos porque no tenemos poder sobre su educación. Somos los paganinis del escenario político».

A Margarita Leis le escandaliza que la Xunta haya invertido «un millón de euros en publicidad para promocionar el gallego, con la crisis que tenemos. Todos hablamos gallego... pero no ese gallego lusista que están imponiendo, que ni mi abuela entiende».

Percibe la discriminación lingüística incluso en situaciones cotidianas. «En la playa de Panjón [Pontevedra] se difunden el estado del mar, la temperatura, los peligros de oleaje, sólo en gallego, a una gente que, al cien por cien, habla castellano. Estoy cansada de ir a la Oficina de Turismo para poner denuncias, pero no se dan por aludidos».

Para Margarita, las consecuencias de la imposición lingüística del gallego no tardarán mucho en llegar. «Aquellos que tienen profesiones liberales tratarán de irse de aquí y los nacionalistas lograrán lo que quieren, una sociedad sectaria. Su objetivo es que te sientas mal por hablar castellano, cuando escolarizas a tu hijo o te diriges a un funcionario».

Se ha dado el plazo de un año para marchase de Galicia si no cambia la situación. «Hemos mirado pisos y colegios en Salamanca. Allí volveríamos a empezar».

El último interrogante lo plantea como un desafío: «¿Dónde está la Alta Inspección del Ministerio de Educación?».

Cataluña
La nave de los locos
José García Domínguez Libertad Digital 8 Octubre 2009

Ayer, ojeando una gaceta de mi provincia acusé recibo con rutinaria perplejidad de la siguiente advertencia: "Si en el improrrogable término de treinta días no se ha emitido sentencia firme y justa [sic] del Tribunal Constitucional sobre el Estatut [...], los abajo firmantes procederán al cierre de cajas, rehusando pagar los impuestos que la opinión del pueblo haya declarado abusivos y/o extravagantes". Por lo demás, mi asombro relativo no surgió de la alucinante literalidad del escrito, ni tampoco de la alucinada personalidad de su promotor, el Muy Honorable Pasqual Maragall i Mira.

Lo que me resultó estupefaciente fue la normalidad con que semejante desvarío, fruto de una persona con sus facultades mermadas por el Alzheimer, iba a ser acogido en la sociedad catalana. Así, el disparatado llamamiento al motín, lejos de despertar cristiana compasión, se ha integrado en el paisaje retórico dominante con plena naturalidad. La misma, supongo, que destilan los internos de todos los manicomios tras toparse con la enésima reencarnación de Napoleón Bonaparte. Al cabo, si de algo peca ese revival del tancament de caixes que promoviera aquel célebre medidor de cráneos llamado Doctor Robert, es de blanda tibieza claudicante.

Porque, desengañémonos, lo de Maragall no deja de constituir un pellizco de monja al lado, por ejemplo, de los cien referendos separatistas prometidos por Puigcercós, el mismo que acaba de enviarle el finiquito a l´avi Carod, un tibio regionalista a su lado. Mas en la nave de los locos siempre habrá alguien dispuesto a doblar la apuesta. De ahí que los talibanes de la Esquerra ya parezcan unas nenazas al lado de cierto Joan Carretero, el rústico lunático escindido de sus filas que propone declarar la independencia mañana mismo y por las bravas, sin andar perdiendo el tiempo con votaciones y collonades.
Desconcertante tendencia la de la Cataluña contemporánea a dejar la cosa pública en manos de auténticos desequilibrados. Macià, un orate de atar; Companys, un ciclotímico capaz de las mayores barbaridades; Pujol, un místico irredento; de Maragall, mejor no hablar. Quizá Prat de la Riba fuese el único normal, un espíritu gobernado por pasiones prosaicas, tales como construir hospitales, asfaltar carreteras o ampliar el calado de los puertos. En cuanto a Montilla... ehhhh, o sea, ahhhhh...
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

'Abertzales', pero menos
ISABEL SAN SEBASTIAN El Mundo 8 Octubre 2009

CONFIESO haberme regocijado en lo más íntimo al oír a Josu Erkoreka pedir a la ministra de Defensa que embarque a infantes de marina, a infantes de marina españoles, en cada pesquero con base en el País Vasco que faene en las costas de Somalia. ¡Por fin sale a relucir el espíritu de Elcano que alienta en lo más hondo del pueblo de mis ancestros! ¡Vuelven a ser patriotas, patriotas españoles, los hijos de esos marinos que capitanearon con orgullo las flotas de Castilla y de España!

Los colores de la rojigualda resplandecerán en lo alto de los mástiles de esos buques de labor, como tributo a la gran nación, la nación española, de la que forman parte. ¿O no?

Ahora que recuerdo, el Playa de Bakio, ese otro barco apresado hace unos meses por piratas somalíes, no izaba en el momento de ser secuestrado más pabellón que la ikurriña, incumpliendo con ello no sólo la legalidad vigente en materia de navegación, sino las más elementales normas de seguridad en la mar. Porque esa bandera, a efectos internacionales, vale tanto como la calavera y las tibias de Garfio. Pese a lo cual pagamos, los españoles, el millón largo de euros exigido por su rescate, con la mediación de agentes del servicio secreto español, y les escoltó una fragata española, la Méndez Núñez, hasta un puerto de las Seychelles en el que fueron recibidos y atendidos por el embajador de España en Kenia. El atunero regresó sano y salvo a su base en la muy abertzale Bermeo, cuyo consistorio, gobernado por el PNV, se desgañitaba hace poco exigiendo al ejecutivo español el «regreso a casa» de los terroristas presos. ¡Eso sí que es gratitud!

Ese mismo PNV, cuyo portavoz en el Congreso de los Diputados reclama ahora la protección de las Fuerzas Armadas Españolas, protestaba recientemente ante la misma Carmen Chacón porque un destacamento de soldados españoles hubiese colocado una bandera de España en lo alto del Monte Gorbea, que ellos consideran propiedad privada. Su máximo líder, Iñigo Urkullu, se despachaba a gusto con ocasión de la última Eurocopa, manifestando sin tapujos que, en ausencia de un equipo de Euskadi, él anhelaba una victoria de los rusos que dejara en la cuneta a la selección española. Por no mencionar el famoso blindaje del concierto y del cupo, a través del cual, apelando a presuntos derechos medievales, pretenden inhibirse de una vez por todas de contribuir a la caja común, acogiéndose al principio de «yo lo recaudo, yo me lo quedo� y los demás, que arreen».

Ahora han descubierto el calor de la Madre España y se acuerdan de Santa Bárbara. ¡Qué momento! ¡Qué espectáculo!

El País Vasco y Navarra: un camino juntos para fomentar el euskera
El pasado julio ambos gobiernos firmaron un convenio de colaboración
Ep www.lavozlibre.com 8 Octubre 2009

Pamplona.- Alberto Catalán, consejero de Educación, Relaciones Institucionales y portavoz del Gobierno de Navarra, asegura que el Ejecutivo autonómico se mantendrá en contacto con el Gobierno vasco con el objetivo de promocionar el euskera en ambas comunidades, y así desarrollar el protocolo de colaboración suscrito por Miguel Sanz y Patxi López el pasado mes de julio.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra realizó esta puntualización en comisión parlamentaria a petición de Nafarroa Bai. Catalán, que fue emplazado por la coalición a dar cuenta de a dónde van a ir destinados los fondos que lleguen de Euskera para promocionar la lengua, no explicó a qué se va a dedicar esta cuantía.

Durante su comparecencia, Catalán destacó que uno de los objetivos del Gobierno de Navarra durante esta legislatura ha sido "intensificar las relaciones institucionales con las comunidades limítrofes", es decir, con el País Vasco, Aragón y La Rioja, a través de "la cooperación en asuntos y proyectos de interés para los ciudadanos".

"Este es un compromiso que conozco perfectamente y en el que me he involucrado e implicado de manera especial", destacó el consejero, quien explicó que en el marco de este compromiso se sitúa el protocolo de colaboración firmado entre los presidentes de Navarra y el País Vasco el pasado 3 de julio, en el que se manifiesta la necesidad de mantener relaciones "basadas en los principios de colaboración y de cooperación".

Asimismo Catalán explicó que en lo referente a política lingüística el protocolo señala que ambos gobiernos tienen la voluntad de "proteger el euskera" al considerarlo como "un idioma que enriquece el patrimonio cultural". No obstante, destacó que lo que ocurre en Navarra "es diferente a lo que pasa en otras comunidades bilingües cien por cien", ya que, según recalcó, "aquí hay una zona que habla vascuence y castellano, pero hay otra zona que habla castellano y que está apostando más por el inglés que por el vascuence".

El consejero de Educación navarro defendió que "todo debe ser compatible" y censuró "la utilización del euskera como arma política a la hora de la incorporación de Navarra a Euskadi" por parte de algunos grupos políticos como Nafarroa Bai. "Ésta es la diferencia entre Nafarroa Bai y UPN", sentenció Catalán, tras reclamar que "se aleje este debate en la medida de nuestras posibilidades dentro de esa utilización política partidista".

En el turno de intervenciones, María Luisa Mangado, parlamentaria de Nafarroa Bai, hizo hincapié en conocer a dónde va a ir destinado el dinero que proceda de la Comunidad Autónoma Vasca para fomentar el euskera. “Temo que esta cuantía no sea utilizada correctamente al ser el Ejecutivo foral el encargado de decidir en qué se emplea”.

En su opinión, es necesario conseguir la normalización del euskera al ser "un derecho" tanto de los ciudadanos navarros como vascos, y porque "conocer esta lengua y sus raíces enriquece a todo el mundo".

Por su parte, la parlamentaria regionalista Carmen González aseguró que desde UPN esperan que continúe la colaboración entre las Administraciones de ambas comunidades limítrofes, pero "siempre desde el respeto institucional y diferenciando que son dos comunidades diferentes".

Por parte del PSN María Victoria Arraiza constató que el asunto del euskera "ha traído siempre disgustos y líos", por lo que consideró que su normalización "es el camino más adecuado para alejar las tensiones". Así, pidió "tranquilidad y seriedad" al asegurar que "tratar de poner piedras" en torno a la política lingüística "puede producir grandes coscorrones que no ayudan a que las cosas sean normales".

Finalmente, José Andrés Burguete, de CDN, destacó que el euskera "forma parte del patrimonio cultural de Navarra" y que "hay que tratarlo como tal", motivo por el cual aseguró que el Ejecutivo foral "está obligado a establecer cauces de colaboración con el País Vasco", lo que obliga a los grupos políticos a "ser capaces de superar las dificultades de esta situación y tratar el euskera como una riqueza".

El Gobierno cuestiona que Cataluña pueda eludir por ley la tercera hora de castellano
Las dos partes tienen seis meses para ponerse de acuerdo antes de un eventual recurso al Constitucional
SEBASTIÁN TOBARRA - Barcelona El País 8 Octubre 2009

El Gobierno central se ha dirigido al catalán cuestionando que la Generalitat pueda fijar los programas y los horarios de las enseñanzas no universitarias y crear un cuerpo propio de catedráticos de secundaria como prevé la ley de educación catalana. Los Ejecutivos central y catalán iniciarán conversaciones sobre ambos temas, ha anunciado en el Parlamento catalán el consejero de Educación, Ernest Maragall, que ha remarcado que la ley es "plenamente constitucional y seguirá desplegándose".

En la práctica, esto supone que el Gobierno central cuestiona que la Generalitat pueda eludir por ley, entre otras cuestiones, la tercera hora semanal de castellano en las escuelas como prevé un decreto estatal. A partir de ahora se abre un periodo de seis meses para que Gobierno central y catalán pongan sobre la mesa sus criterios sobre ambos puntos en discusión. No se paraliza la aplicación de la ley catalana de educación ni se producen cambios en el proyecto de ley, ha explicado el secretario de Políticas Educativas de la Generalitat, Francesc Colomé. Sólo si finalmente no hubiera acuerdo y el Gobierno central llevara estos preceptos al Constitucional, la norma catalana quedaría paralizada.

La norma estatal fija que Cataluña, al ser una comunidad con dos lenguas oficiales, decide el 45% de los programas y horarios escolares y el Estado el 55% restante. Una parte de las escuelas catalanas imparte dos horas por semana de castellano, aunque otras dan tres en función de su propio proyecto educativo. Un decreto estatal fijó hace dos años un mínimo de tres horas por semana de castellano, pero la Generalitat ha eludido este precepto al aprobar su primera ley de educación.

CiU, principal partido de la oposición,ha criticadoduramente que el Gobierno catalán no hubiera informado hace dias de las dudas que le plantea al Gobierno a la ley catalana de educacion. "Nos han ocultado esta información y es reprobable", ha reprochado la diputada de este grupo, Irene Rigau.

PROMUEVE EL NACIONALISMO
La Xunta financia actividades que desprecian a los castellanohablantes
Galicia Bilingüe ha denunciado que la Xunta de Galicia, la actual, la del PP de Feijóo, financia y promueve algunas actividades dirigidas a escolares con un alto contenido ideológico nacionalista y basadas en el menosprecio a los castellanohablantes.
libertad digital 8 Octubre 2009

En un comunicado, Galicia Bilingüe considera altamente tendenciosa una campaña impulsada por la Editorial Galaxia e integrada en el programa Bocaberta de la Secretaría Xeral de Política Lingüística, que pretende el acercamiento al gallego de los más jóvenes mediante espectáculos teatrales, de marionetas y publicaciones didácticas.

Según explica Galicia Bilingüe “En galego, por que non?”, es el nombre de una de estas acciones, destinada a jóvenes de Secundaria y Bachillerato, que consiste en la representación de la obra teatral Comedia Bífida, de Manuel Núñez Singala, y que incluye la entrega a los asistentes de la publicación “En galego, por que non?” del mismo autor. El libro, escrito por el director del Servicio de Normalización Lingüística de la Universidad de Santiago de Compostela, representa, supuestamente en clave de humor, un juicio a cuatro acusados de atentar contra la lengua de su país, que “non deben ser considerados” como gallegos por utilizar el castellano de forma habitual.

Galicia Bilingüe critica que el gobierno liderado por Núñez Feijóo impulse este tipo de actividades que, bajo el paraguas del apoyo al idioma gallego, se concentran básicamente en la censura y la burla hacia los gallegos que tienen como lengua habitual el español y en el adoctrinamiento de los escolares en la ideología nacionalista. Además, Comedia Bífida es un libro de lectura obligatoria en algunos institutos de Galicia y son muchos los grupos de teatro que han representado esta obra a lo largo de todo el territorio gallego.

El juicio se centra en cinco acusados de utilizar el castellano “a pesar de vivir en Galicia”. Paradójicamente, el fiscal está representado por el demonio y su alegato comienza de la siguiente forma:

* Hoy vamos a juzgar al idioma y lo que hay aquí son gallegos, sólo gallegos, salvo alguna excepción. A ver, ¿hay aquí franceses? No. ¿Y rusos? No. ¿Hay chinos o rumanos o italianos o egipcios o etíopes? No.. Sólo gallegos. ¿Por qué? Porque los franceses hablan francés, los rusos ruso, los chinos chino... sólo los gallegos no quieren hablar gallego. Y eso es muy feo. En realidad no es que sea feo, es patético. ¿Hay algo más triste que una persona que se niega a ser lo que es y pretendo ser algo diferente? (...) La traición es mala, pero la traición contra la propia identidad es penosa. Un gallego que desprecie su lengua atenta contra sí mismo, contra la identidad de su pueblo, de su cultura, de su ser. No debería ni siquiera ser llamado gallego.

A lo largo de toda la obra, los argumentos de los acusados para defenderse quedan en entredicho y se intenta hacer ver a los espectadores mediante alegorías que el castellano “se come” al gallego. Finalmente, cuando el juicio está visto para sentencia, se cancela y tanto fiscal como abogado defensor lanzan un último mensaje al público para que los asistentes reflexionen sobre su conducta lingüística antes de que sea definitivamente tarde y puedan ser condenados

En definitiva, Galicia Bilingüe subraya que el contenido de la obra atenta contra la identidad y la dignidad de muchos de los alumnos a los que va dirigida, dando a entender que hay algo de desleal e inmoral en el hecho de que un gallego pueda tener como idioma el español, haciendo ver incluso que tienen un déficit de identidad o una que no les corresponde.

La representación de esta obra a través de la campaña financiada por la Xunta comienzó este martes en Orense, y a lo largo de todo el mes pasará por los ayuntamientos de Vivero, La Estrada, Villalba, Ferrol, Villagarcía de Arosa, Cangas y Carballo.

El País Vasco y Navarra: un camino juntos para fomentar el euskera
El pasado julio ambos gobiernos firmaron un convenio de colaboración
Ep  www.lavozlibre.com 8 Octubre 2009

Pamplona.- Alberto Catalán, consejero de Educación, Relaciones Institucionales y portavoz del Gobierno de Navarra, asegura que el Ejecutivo autonómico se mantendrá en contacto con el Gobierno vasco con el objetivo de promocionar el euskera en ambas comunidades, y así desarrollar el protocolo de colaboración suscrito por Miguel Sanz y Patxi López el pasado mes de julio.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra realizó esta puntualización en comisión parlamentaria a petición de Nafarroa Bai. Catalán, que fue emplazado por la coalición a dar cuenta de a dónde van a ir destinados los fondos que lleguen de Euskera para promocionar la lengua, no explicó a qué se va a dedicar esta cuantía.

Durante su comparecencia, Catalán destacó que uno de los objetivos del Gobierno de Navarra durante esta legislatura ha sido "intensificar las relaciones institucionales con las comunidades limítrofes", es decir, con el País Vasco, Aragón y La Rioja, a través de "la cooperación en asuntos y proyectos de interés para los ciudadanos".

"Este es un compromiso que conozco perfectamente y en el que me he involucrado e implicado de manera especial", destacó el consejero, quien explicó que en el marco de este compromiso se sitúa el protocolo de colaboración firmado entre los presidentes de Navarra y el País Vasco el pasado 3 de julio, en el que se manifiesta la necesidad de mantener relaciones "basadas en los principios de colaboración y de cooperación".

Asimismo Catalán explicó que en lo referente a política lingüística el protocolo señala que ambos gobiernos tienen la voluntad de "proteger el euskera" al considerarlo como "un idioma que enriquece el patrimonio cultural". No obstante, destacó que lo que ocurre en Navarra "es diferente a lo que pasa en otras comunidades bilingües cien por cien", ya que, según recalcó, "aquí hay una zona que habla vascuence y castellano, pero hay otra zona que habla castellano y que está apostando más por el inglés que por el vascuence".

El consejero de Educación navarro defendió que "todo debe ser compatible" y censuró "la utilización del euskera como arma política a la hora de la incorporación de Navarra a Euskadi" por parte de algunos grupos políticos como Nafarroa Bai. "Ésta es la diferencia entre Nafarroa Bai y UPN", sentenció Catalán, tras reclamar que "se aleje este debate en la medida de nuestras posibilidades dentro de esa utilización política partidista".

En el turno de intervenciones, María Luisa Mangado, parlamentaria de Nafarroa Bai, hizo hincapié en conocer a dónde va a ir destinado el dinero que proceda de la Comunidad Autónoma Vasca para fomentar el euskera. “Temo que esta cuantía no sea utilizada correctamente al ser el Ejecutivo foral el encargado de decidir en qué se emplea”.

En su opinión, es necesario conseguir la normalización del euskera al ser "un derecho" tanto de los ciudadanos navarros como vascos, y porque "conocer esta lengua y sus raíces enriquece a todo el mundo".

Por su parte, la parlamentaria regionalista Carmen González aseguró que desde UPN esperan que continúe la colaboración entre las Administraciones de ambas comunidades limítrofes, pero "siempre desde el respeto institucional y diferenciando que son dos comunidades diferentes".

Por parte del PSN María Victoria Arraiza constató que el asunto del euskera "ha traído siempre disgustos y líos", por lo que consideró que su normalización "es el camino más adecuado para alejar las tensiones". Así, pidió "tranquilidad y seriedad" al asegurar que "tratar de poner piedras" en torno a la política lingüística "puede producir grandes coscorrones que no ayudan a que las cosas sean normales".

Finalmente, José Andrés Burguete, de CDN, destacó que el euskera "forma parte del patrimonio cultural de Navarra" y que "hay que tratarlo como tal", motivo por el cual aseguró que el Ejecutivo foral "está obligado a establecer cauces de colaboración con el País Vasco", lo que obliga a los grupos políticos a "ser capaces de superar las dificultades de esta situación y tratar el euskera como una riqueza".

Aragón
ACUERDO ENTRE PSOE, CHA E IU
Las Cortes regularán por ley las lenguas minoritarias de Aragón
EUROPA PRESS. Zaragoza Heraldo de Aragón 8 Octubre 2009

El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó hoy la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista relativa a la protección de las lenguas minoritarias de la Comunidad Autónoma, el aragonés y el catalán.


PSOE, Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida votaron favorablemente la toma en consideración, mientras que el PP lo hizo en contra y el Partido Aragonés (PAR), socio del PSOE en el Gobierno autónomo, se abstuvo.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Miguel Franco, dijo que la proposición de ley del PSOE es, en realidad, "un punto de partida" que se fundamenta en los principios de "voluntariedad y territorialidad" para proteger a "una amplia minoría" de aragoneses que hablan dos lenguas de Aragón "desde hace siglos" y siempre "sintiéndose aragoneses".

El representantes del PSOE subrayó que el conflicto suscitado ante esta proposición de ley alude al catalán y aludió a la no vinculación real entre las fronteras político-administrativas y la identidad lingüística de cada territorio al poner como ejemplo cómo en la mayoría de los países latinoamericanos, como México y Argentina, la mayor parte de la población habla "castellano" sin ser españoles.

Jesús Miguel Franco defendió la oportunidad de presentar ahora esta proposición de ley al considerar que "nunca es el mejor momento", en el sentido de que no se puede esquivar el debate social que ya ha comenzado. Franco se dirigió a los hablantes de las lenguas minoritarias para decirles que esta iniciativa es "respetuosa con la Constitución, coherente con el Estatuto de Autonomía" y que recoge la denominación histórica y filológica de la lengua que se habla en la Franja oriental, "el catalán", y afirmó que es "una suerte" hablar otras lenguas aparte del castellano.

El dirigente socialista expresó que el catalán "es algo que está allí y se ha respaldado siempre", tras lo que recordó que la Ley de Patrimonio de Aragón, aprobada durante el último Gobierno autónomo presidido por el PP, ya reconoce la existencia del aragonés y el catalán. También indicó que los beneficiarios de esta proposición de ley "son aragoneses" y remarcó que la futura normativa "no hace mal a nadie" puesto que no reconoce, expresamente, la cooficialidad de las lenguas minoritarias y limita los efectos de protección y promoción de ambas lenguas a los territorios en los que, históricamente, se ha hablado.

El portavoz de Chunta Aragonesista (CHA), Chesús Bernal, subrayó que el hecho de presentarse la iniciativa como proposición de ley, es decir, a través de un Grupo Parlamentario, "refleja un fracaso del Gobierno de Aragón", en el sentido de que el desacuerdo del PSOE y el PAR ha impedido que se presentara desde el Consejo de Gobierno, o sea, como proyecto de ley. A esto añadió que Iglesias incumplió durante 10 años su promesa inicial de regular pronto las lenguas minoritarias, formulada en 1999.

Bernal avisó de que "quien busca confrontación lo hace porque, libérrimamente, lo quiere introducir en el argumentario político-parlamentario", no por haber sido incitado por ningún otro Grupo. El diputado de Chunta trajo a colación la Ley de Directrices Generales de Ordenación del Territorio, aprobada durante el último mandato del PP (1995-1999), que recoge que el reconocimiento legal del aragonés y el catalán deber ser "el punto de partida" de la regulación autonómica de las lenguas minoritarias.

"Objeto de cooficialidad"
Respecto a la hipotética co-oficialidad del aragonés y el catalán, no contemplada en esta proposición de ley, Chesús Bernal indicó que la Ley de Directrices Generales de Ordenación del Territorio dice que "deben ser objeto de cooficialidad" de ambas, tras lo que insistió en que esta norma fue aprobada por el Pleno parlamentario, también por el PP. Irónicamente, Bernal restó valor a la defensa que otros grupos realizan de las hablas locales del aragonés y el catalán, tras lo que animó a los Grupos interesados a presentar iniciativas para defender variedades locales del castellano, como "el litaguino, el guadalaviarense o el taustano".

El diputado de IU, Adolfo Barrena, reconoció el "derecho ciudadano" de "las minorías" a utilizar, conservar y difundir las lenguas minoritarias y recordó que las Cortes son el Parlamento "de todo el pueblo aragonés", tras lo que aclaró que "no tenemos nada en absoluto que nos aproxime a buscar señas identitarias nacionalistas como puede ser la bandera, la frontera o la lengua" y proclamó que IU es "internacionalista, federalista y solidaria".

Barrena prosiguió afirmando que debe resolverse "una obligación" del Estatuto de Autonomía y "una aspiración" de los ciudadanos beneficiarios, tras lo que indicó que está pendiente desde hace más de 20 años. Adolfo Barrena dijo que la futura ley debe ser "valiente" y rechazó la regulación que se hizo en Castilla y León respecto a los hablantes del gallego que residen en el Bierzo o la que se hizo en Extremadura para reconocer a los extremeños que hablan portugués.

La regionalista María Herrero recordó que las lenguas minoritarias se hablan desde hace 1.000 años y proclamó que "no estamos a favor de esta proposición de ley", aunque sí apostó por regular las "lenguas y modalidades lingüísticas propias", que constituyen "una realidad". Además, en el PAR "somos aragoneses y aragonesistas" y opinó que "la pluralidad lingüística es un rasgo de identidad aragonés".

María Herrero recordó que "no queremos que se llame catalán" la lengua que se habla en la Franja y afirmó que, además de los criterios filológicos, "hay otros", como la Historia o la Sociología, que equiparó a los primeros en este campo. Herrero remarcó que "no queremos en ningún caso que se abra la puerta nunca a que pueda ser el Institut d'Estudis Catalans-Instituto de Estudios Catalanes el que pueda regular ninguna de nuestras lenguas".

En el turno en contra, el popular Miguel Navarro defendió la vigencia de las "modalidades lingüísticas" de Aragón y dijo estar "en desacuerdo" con "el espíritu" de la proposición de ley por defender el aragonés común y el catalán como lenguas propias y por dejar "de lado" las hablas locales de ambos idiomas.

Miguel Navarro negó que haya conflicto lingüístico alguno y expresó que el Gobierno autónomo debería ser "exquisito en el control del gasto público" en un momento de crisis y vaticinó que la puesta en marcha de la ley acarreará gastos importantes a la Administración aragonesa. El diputado del PP demandó la elaboración de una memoria económica para valorar el coste de la aplicación de la ley, por la previsible contratación de traductores y profesores, así como la traducción de los boletines oficiales.

El diputado del PP acusó al jefe del Ejecutivo autónomo, Marcelino Iglesias, de ser "catalanista", tras lo que afirmó que esta proposición de ley es "uno de los mayores despropósitos" de toda la etapa de gobierno PSOE-PAR y rechazó las "innumerables trampas" que, a su juicio, incluye la proposición de ley.

Miguel Navarro opinó que el aragonés común es "un invento" y negó que las hablas del aragonés que se han empleado históricamente en numerosos valles del Pirineo hayan constituido nunca una lengua común.

El Grupo Socialista de las Cortes de Aragón presentó, antes del pasado verano, su propia proposición de ley, después de que el PAR, cuyos concejales y alcaldes de la Franja rechazan, en gran parte, el reconocimiento del catalán de Aragón, rechazara presentar un proyecto de ley desde el Consejo de Gobierno.

La proposición de ley del PSOE excluye la posibilidad de que el aragonés y el catalán sean co-oficiales, tampoco en los territorios donde se habla, y recoge derechos como el de dirigirse a las Administraciones en las lenguas propias o la impartición de clases de aragonés y catalán a los estudiantes no universitarios en los territorios donde se habla habitualmente o se ha perdido en un tiempo relativamente reciente.
 

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