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Recortes de Prensa    Viernes 9 Octubre  2009

 

Hace falta un nuevo partido político
Marcello Estrella Digital 9 Octubre 2009

No hay nada que hacer, el Gobierno de Zapatero va sin rumbo al desastre de la crisis económica y del paro, y la oposición de Rajoy no existe y están a palos entre ellos, con los pies sumergidos en el fango pintoresco de 'Gürtel' que, grande o pequeño, se ha convertido en el circo nacional por causa de la notoriedad de sus personajes y lo vistoso de sus andanzas. ¿Cuántas veces hemos visto en los telediarios a Paco Correa y a su mujer desfilando por las murallas del monasterio de El Escorial en aquella boda imperial de los Aznar? Cientos de veces, quizás miles.

Vivimos en el mayor de los desamparos políticos por causa del presidente Zapatero, que ha tocado techo y puesto al descubierto sus niveles de gran incapacidad política y de destrucción de todo lo que toca. Un presidente que, además, ha liquidado cualquier atisbo de experiencia e inteligencia en el PSOE y que cuenta como tridente de su ataque político con tres cómicos de la talla de Alonso, Blanco y Pajín. Y a causa de un líder de la oposición que se ha convertido en un espectro que ni sufre ni padece y al que se le sube a las barbas cualquier dirigente del PP, a sabiendas de que nunca recibirá el menor reproche del calzonazos más grande habido en la política española.

¿Alguien imagina que la rebelión a bordo del PP era imaginable en tiempo de Aznar? Ni por asomo. ¿Alguien imagina que en tiempos de González el Gobierno de la nación iba a estar plagado de inútiles? Pues tampoco, y que conste que no añoramos a ninguno de los dos. Pero ocurre que nunca este país, España, estuvo en manos de políticos tan mediocres e incompetentes como los que hoy lideran el Gobierno y el PP.

Y ¿Cómo ha sido todo esto posible? Porque la partitocracia, el gobierno de los partidos políticos que sufrimos los españoles desde el inicio de la "santa transición", ha agotado todos sus trucos e imposturas y al final ha quedado al desnudo y en manos de unos dirigentes incapaces y sin talento, y de unos gobernantes que no dan más de sí.

¿Qué se puede hacer? Pues nada o más bien poco. Quizás sería necesaria la aparición de un nuevo partido en el escenario nacional, pero esto tampoco es fácil porque las reglas del juego partitocrático, precisamente, impiden o niegan facilidades a cualquiera que se atreva a intentarlo. Ciudadanos en Cataluña fue una broma de mal gusto, visto su dramático final, y similar al personalismo de Rosa Díez, próximo a la extrema derecha mediática del PP, lo que anuncia más de lo mismo.

Pero el sitio está ahí, y hay varios millones de ciudadanos dispuestos a dar su voto si se encuentra con una verdadera, democrática y talentosa tercera vía política. Pero ¿dónde está? Deambula misteriosamente a la derecha de Zapatero y a la izquierda de un Rajoy que está preso de su extrema derecha. Un lugar este, el ultraconservador, por donde también podría saltar un día de éstos un partido al estilo de Le Pen, a nada que la dirección del PP ose poner firme a la revoltosa Aguirre, la eterna candidata a la refundación de la Alianza Popular.

No es fácil que aparezca una tercera vía en la política española. Pero no se debería descartar y alguien lo debería meditar, porque el vacío de poder, de criterio e inteligencia que crece sin parar en el centro sociológico español es cada vez más grande y nadie lo va a llenar.

Fin de regimen
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 9 Octubre 2009

Si en España contáramos los tiempos de la democracia por Repúblicas, tendríamos que convenir que está feneciendo la Primera, es decir, el Régimen que comenzó con la Reforma política redactada por un chico del SEU llamado Eduardo Navarro y dirigida por otro chico del SEU llamado Adolfo Suárez.
Toda esta aventura se cierra, desde el punto de vista partidario, con la incapacidad de los dos dirigentes políticos que son José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, agotadores para sus seguidores respectivos, carentes de prestigio y de credibilidad, improvisadores ambos hasta el aburrimiento, el uno abrumado por la gobernación de la crisis económica y el otro esperanzado por ella mientras su partido y él mismo se hunden en el descrédito de la corrupción.

La sentencia del Tribunal Constitucional será el final del ciclo. Sea cual fuere. En el caso del rechazo del Estatuto catalán habrá un levantamiento de Cataluña; en el caso de la aprobación tendremos dos Estados y la disfuncionalidad insoportable y los disparates diarios. Porque la tercera solución que puedan aportar los leguleyos a sueldo será una suma de los males de las dos hipótesis anteriores. Con el Estatuto Rodríguez Zapatero quiso hacer el papel del Stalin de las nacionalidades y Rajoy en la derecha capaz de gobernar no sólo con los nacionalistas sino con los Camps y Basagoiti propios.

El agotamiento de la derecha es tal que necesita echar mano de Jordi Sevilla, Carlos Solchaga, Joaquín Almunia, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el propio Pedro Solbes para dar solidez a sus argumentos.

En este fin de Régimen los conservadores se agarran a los supervivientes socialistas frente a los chicos socialistas, pacifistas, ecologistas, abortistas, laicistas, partidarios de la economía sostenible representados por Leire Pajín, Bibiana Aído y Carme Chacón.

En la sociedad civil está la solución
Enrique de Diego elsemanaldigital 9 Octubre 2009

Nuestra querida España no ha tenido en las últimas décadas problemas más graves que ahora. Esos problemas no han surgido de la noche a la mañana, sino que son la consecuencia de errores muy graves de modelo.

En esto no cabe engañarse, no hay en el panorama ningún caballo blanco que por sí mismo pueda hacer las correcciones necesarias, sino que ha de ser un esfuerzo colectivo, una revitalización de la sociedad civil, la toma de protagonismo de los ciudadanos.

No acabaremos o mitigaremos la corrupción, mientras no vayamos a la financiación por sus afiliados de los partidos y a penas mucho más graves a quienes corrompan y a quienes se dejen corromper.

No hay en el panorama actual sindicatos, con algunas excepciones, y no desde luego ni la UGT ni Comisiones Obreras, porque son castas parasitarias sindicales viviendo del contribuyente.

No podremos afrontar la crisis económica mientras no se acabe con la cultura de la subvención, mientras no se reduzca drásticamente el sector político y mientras no se reformen de manera muy profunda las autonomías.

Es preciso ir a medidas como la desamortización de edificios públicos, el cierre –por supuesto- de todas las embajadas autonómicas y una moratoria que prohíba la utilización de coches oficiales durante un año.

No están los tiempos para cataplasmas, ni para esperar que la situación nos la resuelva el vecino. Zapatero, el inútil de La Moncloa, no es la causa de nuestros males, sino su efecto vergonzoso.

Es preciso pensar a fondo y también convencerse de que juntos podemos cambiar esta situación delirante y suicida.

Otrosí: La Plataforma de las Clases Medias convoca concentración el sábado 24 de octubre, a las 12 horas, en la Glorieta de Murcia.

Entre la espada y la espada
Daniel Martín Estrella Digital 9 Octubre 2009

El mundo en el que vivimos deja bastante que desear. Al que prestamos más atención, nunca merece la pena. Desde hace unos años, los premios Nobel de Literatura se dedican a sacar del anonimato a unos cuantos autores que suelen palidecer frente a los premiados de hace medio siglo. Por ejemplo, los de Estocolmo acaban de regalar fama mundial a Herta Müller como el año pasado hicieron con Jean-Marie Gustave Le Clezio. Fama que, en lugar de nacer del prestigio o del mérito, nace de la atención mediática que despiertan unos premios caducos. El Man Booker Prize, por el contrario, es garantía de calidad pero, en casi todos los rincones de España, es sistemáticamente ignorado. Debe de ser que no vende.

Este borreguismo se impone aún más en lo que tiene que ver con las grandes promociones. Muchas noticias vienen impuestas antes que nacer de un auténtico espíritu periodístico por la novedad. Desde hace un mes se viene hablando de la nueva película de Alejandro Amenábar y de Hipatia de Alejandría porque así lo dicta el fascismo intelectual de esta tierra yerma. Casi nadie ha visto la peli, pero es un acontecimiento obligado, un ejercicio de servilismo a los poderes fácticos. En cierto modo, nos doblegamos ante el poder de las grandes compañías y luminarias, igual que hace miles de años en Persia, sólo que sin genuflexión expresa.

Estos dos casos a los que aludo son dos síntomas de la misma enfermedad que aqueja a Occidente, a España en versión más virulenta. La sociedad está aborregada. Eso es algo que todo el mundo, en mayor o menor medida, admite. Lo que ya no es tan unánime es considerar que a ello contribuye un aborregamiento general de todas las fuerzas que constituyen nuestra realidad: medios de comunicación, clase política, sindicatos y patronal, colegios profesionales, etc. Hay unas cuantas líneas maestras que rigen nuestros destinos y, la verdad, es casi imposible salirse de ellas. ¿Alguien se atrevería a no dar la noticia de, por ejemplo, los Nobel?

La cuestión fundamental que subyace bajo todo esto es que con un mundo así de fofo es imposible esperar grandes mejoras y progresos en el futuro. Si seguimos rindiendo pleitesía a galardones arbitrarios que huyen del prestigio y el mérito, si dejamos que los grandes nombres y el dinero digan lo que es importante, seguiremos por el mismo camino. Esto explica perfectamente que, por poner un buen y bien cercano ejemplo, permitamos que algo tan poco legítimo e interesado como el COI designe algo tan loable e importante -que mueve ingentes cantidades de dinero- como la sede de los Juegos Olímpicos.

A partir de aquí, los argumentos son los mismos que he repetido en numerosas ocasiones. George W. Bush fue reelegido después de mentir sobre los motivos para entrar en guerra con Iraq. Berlusconi "reina" en Italia. Schroeder y Giscard caminan libres y, para más inri, respetados. Se rinden honores a tiranos como Gaddafi, Castro, Chávez o Morales. Se comercia con la dictadura china porque es un mercado de más de mil millones de potenciales clientes. Etc.

En España la cosa se multiplica por mil. Estamos en manos de un Gobierno evidentemente incapaz de enfrentarse a ningún problema real. Se autocalifica de socialista y grava el consumo. El Estado autonómico separa y desintegra la realidad nacional. La oposición no actúa ni ante los desmanes de José Luis Rodríguez Zapatero ni ante un gravísimo caso de corrupción generalizada que afecta sus intereses electorales y amenaza su propia dignidad, por no decir existencia. La Educación, cada vez más endeble, fabrica seres amorales incapacitados para convertirse en ciudadanos. Se persigue más a los ciudadanos normales que a los delincuentes comunes. Las adolescentes van a poder abortar sin tener permiso para fumar y beber durante el embarazo. Y ahora hasta enviamos a nuestras Fuerzas Armadas contra la guerra sin un equipamiento que les sirva de mínima protección.

Mientras, los medios de comunicación, la sociedad al pleno se queja levemente mientras sólo atiende a minucias y esas noticias "importantes" que vienen impuestas desde fuera de la realidad. Nadie mueve un dedo y, lo que debería generar indignación, queda ahí, suspendido, como si todo fuese lo más normal del mundo. Españolito que vienes al mundo, estarás rodeado de mierda nociva y dañina por todas partes. Pero nada ha de helarte el corazón. Así está establecido, así deben continuar las cosas por mor de no sé muy bien qué.

dmago2003@yahoo.es

Madrid 2016
La corazonada del fiasco y el Estado fragmentado
Fundación DENAES Libertad Digital 9 Octubre 2009

La metafísica sentimentalista de Gallardón se descubrió, por fin, como todo un fiasco. Y es que no hay nada más débil, frente al saber, que una corazonada, desprovista por definición de toda racionalidad.

Pues con ese discurso asertivo del "vamos a ganar" se pudieron llenar páginas de periódicos o minutos de televisión, pero lo que no se hizo fue convencer al Comité Olímpico Internacional de que Madrid debía ser la sede olímpica para el 2016.

Precisamente muy lejos de los ensueños con los que la publicidad del alcalde nos quiso embaucar, la comisión del COI había ya emitido un documento el 2 de septiembre en el que se presentaban diversas críticas a la candidatura de Madrid, entre las cuales la más importante daba en la diana del problema de España. No se les escapó a los miembros del comité la dificultad de poner de acuerdo a las tres administraciones, municipal, autonómica y nacional, a la hora de financiar un evento deportivo de la magnitud de los Juegos Olímpicos.

Y así es como con toda elegancia el documento en cuestión se permitía dudar de que las diferentes competencias se hicieran finalmente cargo de una perfecta organización. De esto no se habló en las noticias, y sin embargo, es prueba de la eficacia, ésta sí, con la que se ha analizado nuestra candidatura.

Desconocemos si los miembros del COI están al tanto de cómo en España no se han podido organizar las tres administraciones para evitar muchos de nuestros desastres. Puede que no supieran que en 2005 once españoles fallecieron en un incendio que asoló parte de la provincia de Guadalajara y ante el que la burocracia autonómica se vio desbordada. A lo mejor tampoco sabían que a principios de este año una nevada paralizó la capital de España y los planes de emergencia no se activaron desde el Gobierno Central porque eran, según la ministra del ramo, asunto de la Comunidad Autónoma.

Y esto por lo que toca a los desastres "naturales", pues los peores son otros. ¿Sabrán los miembros del COI que un funcionario del Estado español no puede trabajar en aquellas comunidades en las que hay otra lengua cooficial además del español? ¿Sabrán que la Geografía y la Historia de España no se explica en las comunidades en las que los gobiernos nacionalistas han impuesto su propia doctrina?

No es de extrañar, por tanto, que el nacionalismo fraccionario que asola a España haya perjudicado nuestra candidatura de Madrid como sede olímpica, pues debemos tener presente que nuestra política como país es vista desde el exterior.

Este fracaso lo ha sido especialmente para algunos, para aquellos en cuyos ambiciosos planes no cabía perder, para quienes no han sido capaces de ver en la futura sede de Río de Janeiro nuestra vinculación con una ciudad de Hispanoamérica, en la que el papel del español será fundamental.
Para la Fundación DENAES ha sido, en cambio, la oportunidad para que los españoles sepamos cómo nos ven en el resto del mundo, por cierto, y a nuestro pesar, muy acorde con el diagnóstico de nuestra propia Fundación.
Fundación DENAES para la Defensa de la Nación Española

El blindaje foral
JUAN JOSÉ SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UAM El Correo 9 Octubre 2009

Voy a dar tres razones por las que me parece inconveniente la tramitación en las Cortes de la iniciativa legislativa del Parlamento vasco que persigue el así llamado blindaje de las normas forales para impedir su control por la jurisdicción contencioso-administrativa y residenciarlo exclusivamente ante el Tribunal Constitucional.
En primer lugar, entiendo que tal intento es sencillamente inconstitucional. Los gobiernos y los parlamentos tienden a creer que el tope de la constitucionalidad es una barrera cuestionable y sobre todo fácilmente salvable. Pero se equivocan. Los sistemas democráticos de nuestros días son complejos. Y ocurre que el éxito final de algunas decisiones, como sucede con las leyes, debe pasar sucesivos filtros, desde que se produce su iniciativa. El último y decisivo de los trámites a que me refiero es la superación del control constitucional. No tengo que referirme a los avatares del Estatuto de Autonomía de Cataluña para ponderar la seriedad y dificultad del tope constitucional y del coste de su rebasamiento.

Creo que la reforma de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, que la iniciativa del blindaje supone, sencillamente no pasaría finalmente el control del Tribunal Constitucional, si, como sin duda ocurriría, la reforma de las leyes orgánicas que se propone en la iniciativa promovida por el Parlamento vasco sobre el blindaje de las normas forales fuese impugnada ante la jurisdicción constitucional. ¿Dónde radica el problema? Pues en que las normas forales vascas sencillamente no son leyes y por tanto no pueden pretender el control inmediato del Tribunal Constitucional para privar del mismo a los jueces ordinarios y así impedir su anulación. Nuestra Constitución reserva el control por la vía del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad exclusivamente a las leyes y a las disposiciones normativas con rango de ley. Se pongan como se pongan, las normas forales ni son leyes, normas que sólo pueden aprobar las Cortes Generales o los parlamentos autonómicos, ni disposiciones con rango de ley, esto es,decretos-leyes y decretos legislativos, que sólo pueden aprobar los gobiernos.

Cierto que las normas forales navarras pueden tener un contenido como las normas forales de los territorios históricos. Pero las normas forales navarras son leyes; las de los territorios históricos, no. Como fácilmente se entiende, Euskadi es como Navarra, pero las provincias, quiero decir cada una de ellas, no son el reino. Cierto que las normas forales no son por muchos conceptos unos reglamentos cualesquiera, ni mucho menos. Son la expresión de una potestad fiscal bien singular, tienen asegurada una reserva material de contenido frente a las leyes estatales y autonómicas y desplazan o excepcionan a las leyes fiscales del Estado. Pero no son leyes. Y por tanto no pueden ser, sin que se reforme la Constitución, impugnadas directamente ante el Tribunal Constitucional.

En segundo lugar, creo que esta iniciativa hace un mal servicio al sistema foral al que dice querer proteger. Vivimos tiempos agitados y en los mismos hay que ser prudentes. Esta iniciativa no es prudente. Con toda serenidad, el régimen foral, cuyo reconocimiento, que es un acierto formidable de nuestra Constitución y una muestra más de su sabiduría, requiere una reconsideración que ponga en su sitio su compatibilidad con la garantía de la homogeneidad sustancial y la igualdad en el espacio económico español y aun europeo. Los avatares de nuestra fiscalidad foral en las instancias judiciales europeas y las reticencias de nuestra opinión pública ante algunas estridencias en este campo muestran la extravagancia de iniciativas como la actual del Parlamento vasco. Salvada la inmediata aplicación de las normas forales, ¿por qué pensar que el control constitucional va a ser necesariamente más benévolo que el judicial ordinario, teniendo en cuenta que la jurisdicción constitucional es en todo caso la finalmente garante de la especialidad de nuestro régimen foral?

Por último, ciertamente una urgencia presupuestaria puede creer el Gobierno que justifica una iniciativa como la presente. Hay letras cuya firma es necesario pensársela porque tienen de verdad fecha de vencimiento. No es juicioso que, por salir de una situación de dificultad en el trance de los Presupuestos, abordable seguramente de cualquier otra forma, se ponga patas arriba nuestro sistema de justicia constitucional, y también nuestro sistema de justicia ordinaria, afectando al tipo de normas controlables y la legitimación para su impugnación, y se muestre la imagen ante el resto de comunidades autónomas de un Gobierno dispuesto a seguir por una senda bastante irrazonable. Así, modestamente, lo creo.

En opinión del autor, hay razones suficientes para considerar «inconveniente» la tramitación en las Cortes de la iniciativa del Parlamento vasco para promover lo que se ha llamado blindaje del Concierto Económico


******************* Sección "bilingüe" ***********************

El Gobierno acierta al cuestionar la Ley catalana de Educación
Editorial La Razon 9 Octubre 2009

Tres meses después de que el Parlamento catalán aprobara la primera Ley de Educación de Cataluña, el Gobierno central da síntomas de reacción ante algunos aspectos que pudieran ser inconstitucionales o invadir competencias estatales. En especial, la aplicación de la tercera hora de castellano, que la citada ley escamotea.

Según reveló ayer el consejero catalán de Educación, Ernest Maragall, el Gobierno cuestiona que la Generalitat pueda fijar los programas y los horarios de las enseñanzas no universitarias, crear un cuerpo propio de catedráticos de secundaria y eludir por ley la tercera hora semanal de castellano en las escuelas que prevé un decreto estatal. No podemos por menos que felicitarnos de que el Gobierno de Zapatero haya tomado la iniciativa, como hace ya meses se solicitaba desde este periódico, para garantizar los derechos educativos y la libertad lingüística de los padres en Cataluña, así como defender las competencias del Estado. De poco vale que el consejero catalán se erija en paladín de la pureza constitucional teniendo en cuenta que esa ley autonómica se inspira en un Estatut bajo examen desde hace tres años. En todo caso, el Gobierno debe abstraerse de tactismos políticos o conveniencias partidistas para centrarse en lo importante: velar por los derechos de todos los españoles.

La insoportable obscenidad de los Cuiña
J.J. Alfaya blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php 9 Octubre 2009
El lalinense José Cuiña Crespo, «o fillo do muiñeiro», desempeñó un importante papel político durante los 13 primeros años del Gobierno de Fraga
y fue considerado su delfín político hasta que fue destituido en enero de 2003 como consejero de Política Territorial tras confirmarse que empresas de
su familia vendieron material para limpiar las costas afectadas por la marea negra del Prestige. Una empresa del holding empresarial de la familia de
Cuiña negoció la venta de al menos 8.500 trajes de agua y 3.000 palas para limpiar el fuel vertido por el Prestige.

Recordemos los hechos. José Cuiña Crespo rechazó la oferta de la empresa pública Tragsa, que había solicitado remesas de estos productos, porque «había otras más baratas». Curiosamente la otra opción más barata era Gallega de Suministros Industriales, empresa de la familia de Cuiña. La empresa familiar de Cuiña ofreció este material en un momento trágico para Galicia en el que existía un gran desabastecimiento en el mercado de este tipo de productos. Hacer negocio de la mayor catástrofe ecológica de Galicia es una obscenidad y, además, un delito por el que José Cuiña Crespo nunca fue juzgado.

Rafael Cuiña Aparicio, el hijo de José Cuiña Crespo, dice en un artículo publicado en Vieiros, que no le molesta reconocer que tiene un bueno feeling' personal con Anxo Quintana. Tener buen 'feeling' con Anxo Quintana no es ningún delito, simplemente indica la deriva ideológica del pepero Cuiña hijo que expresa de forma clara y meridiana cuando critica duramente a UPyD por su apoyo «a algo para mí tan obsceno como son las tesis de Galicia Bilingüe».

Obsceno, señor Cuiña hijo, es lo que hizo su padre cuando la catástrofe del Prestige. Y obscena es su falta de sentido democrático al descalificar a una
asociación que, como Galicia Bilingüe, defiende algo tan normal en cualquier país de la UE como la libertad lingüística de los padres, los alumnos y los
ciudadanos en general.

Gallegos Hispanohablantes
1) http://blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php
2) http://blogs.lavozlibre.com/galicia

El Ejecutivo discute la constitucionalidad de la Ley catalana de Educación
El Gobierno exigirá a Cataluña que aplique la tercera hora de castellano
Gobierno y Generalitat se sentarán a la mesa para debatir las «dudas» que plantea el Ministerio sobre la legalidad de la Ley.
Marcos Pardeiro La Razon 9 Octubre 2009

La Ley de Educación de Cataluña (LEC) –la que consagra el sistema de inmersión lingüística en catalán e ignora la aplicación de la tercera hora semanal de castellano– podría desencadenar un conflicto de alto voltaje entre Gobierno y Generalitat porque el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero tiene «dudas» sobre la constitucionalidad de esta norma. Pero el Gobierno no tiene la intención de acudir, de momento, al Tribunal Constitucional, sino que prefiere reunirse con la Generalitat para evitar un nuevo foco de tensiones.

El consejero de Educación, Ernest Maragall, reveló ayer que el Gobierno le ha planteado «dudas y cuestiones de interpretación», las cuales se refieren a dos bloques. El primero afecta a la capacidad de los centros escolares de Cataluña de determinar el currículum escolar y sus horarios –lo cual incumbe a la tercera hora de castellano–, y el segundo tiene que ver con la creación del Cuerpo de Docentes de la Generalitat. Ambos aspectos podrían ser incompatibles con la Ley Orgánica de Educación (LOE) y con un Real Decreto sobre las enseñanzas mínimas.

Desarrollar la norma
El Parlamento de Cataluña aprobó la LEC el pasado mes de julio con los votos de PSC, CiU y ERC, con el apoyo parcial de ICV y con el rechazo de PP y Ciutadans, quienes critican «la exclusión del castellano del sistema como lengua vehicular», algo que contradice la doctrina del Tribunal Constitucional, según denuncian. La Generalitat ha comenzado a aplicar la LEC en este principio de curso y piensa seguir desarrollándola. «La Ley no tendrá ninguna modificación, no tiene que tener, ni la tendrá», aseguró el consejero de Educación.

Maragall aplaudió la actitud del Gobierno a la hora de dirigir sus dudas porque, de entrada, no ha presentado un recurso de inconstitucionalidad. En cierta manera, es lógico que el Ejecutivo haya procedido de esta manera, puesto que el sistema educativo es un tema que despierta muchas sensibilidades en Cataluña, tal y como se vio en la aprobación del decreto que establecía la hora extra de español.

El consejero de Educación explicó que Gobierno y Generalitat iniciarán reuniones técnicas para analizar el campo competencial curricular y los cuerpos docentes. Ambos gobiernos tienen un plazo de seis meses para limar asperezas. De lo contrario, la LEC podría llegar al Tribunal Constitucional, tal y como piden varias entidades defensoras del bilingüismo. El PP, por su parte, no ha descartado acudir al Alto Tribunal, pero, de momento, está a la espera de conocer la sentencia del Estatut porque el texto catalán inspira buena parte del redactado de la ley educativa.

Tras la revelación de Maragall sobre las «dudas» del Gobierno, las reacciones políticas se desataron. Convergència i Unió acusó al tripartito de «ocultar» el inicio de conversaciones con el Ejecutivo. «Ésta es la ley más importante que se ha hecho esta Legislatura, con la implicación determinante de CiU, y no es de recibo esconder la intención del Estado de presentar recurso y que se haya aceptado la negociación», afirmó el portavoz parlamentario de los nacionalistas, Oriol Pujol.

«Ningún paso atrás»
ERC, por su parte, exigió a la Generalitat que no se deje comer terreno. «No podemos permitir ningún paso atrás y no debemos tener miedo a la responsabilidad que nos ha depositado el país», dijo el diputado Josep Maria Freixenet.

Al PP, en cambio, las dudas del Gobierno le parecieron de «sentido común». «La gran parte del desarrollo curricular está legislado por el Gobierno mediante decretos y reglamentos y la LEC dictamina que la competencia para establecer el currículum del centro corresponde a la Generalitat», recordó el diputado Rafa López. «Esto nos lleva, por ejemplo al bloqueo de la aplicación de la tercera hora del castellano en las escuelas», alertó.

CiU quiere consultas sin autorización estatal
La futura Ley de Consultas catalana –actualmente en proceso de tramitación parlamentaria– permitirá a la administración catalana convocar consultas sobre cualquier tema, eso sí, siempre con la autorización del Estado. Esta premisa no convence a CiU, que asegura que ERC ha cedido ante las presiones de sus socios. Por este motivo, la federación nacionalista presentará un paquete de enmiendas destinado a conseguir que la Generalitat pueda convocar consultas sin pedir permiso al Gobierno. La normativa planteada por el Ejecutivo catalán sólo contempla las consultas por vía de referéndum, que necesitan de autorización estatal para poder celebrarse. De todas formas, los nacionalistas están convencidos de que el artículo 122 del Estatuto catalán permite a la Generalitat convocar otro tipo de consultas que no necesitan del visto bueno del Gobierno.

Si la iniciativa de CiU prospera, el Ejecutivo catalán podrá plantear consultas independentistas, como la de Arenys de Munt (Barcelona), cuando le plazca. «Tenemos un nuevo Estatut que nos da nuevas competencias, y tenemos toda la voluntad y la ambición de desplegarla», afirmó el portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol.

Cuatro pasos:
1/ Las competencias
El Gobierno entiende que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) puede haber invadido competencias en el campo curricular (programas escolares y horarios) y también cuestiona que pueda crear un cuerpo de docentes.

2/ El litigio
Antes de acudir al Tribunal Constitucional, el Gobierno prefiere negociar con la Generalitat para evitar tensiones. Ambos se han dado seis meses para celebrar reuniones y arreglar la situación.

3/ La polémica
La Generalitat ignora la aplicación del Real Decreto que establece la tercera hora de castellano por semana, uno de los aspectos que no ve con buenos ojos el Gobierno. ERC ya ha hecho bandera de su oposición a esta norma.

4/ Las posturas
CiU, PSC y ERC aprobaron el pasado julio la LEC con el apoyo parcial de ICV. El PP votó en contra al entender que la nueva norma, en vigor desde este curso, excluye al castellano del sistema como lengua vehicular y limita la libertad de elección.

El Gobierno admite la "dudosa legalidad" de la LEC
La ley vulnera la organización horaria de las materias y la creación de cuerpos independientes de los estatales
 www.lavozlibre.com 9 Octubre 2009

Madrid.- El Gobierno admitió ayer que ha hallado aspectos de "dudosa legalidad" en la Ley de Educación de Cataluña (LEC). Según un informe elaborado por el Ministerio de Educación y remitido a la Generalitat por el Ministerio de Política Territorial, la ley autonómica vulnera la estatal en lo referente a dos aspectos: el diseño del currículum escolar, especialmente en lo que concierne a la organización horaria de las materias que se imparten; y la creación de cuerpos docentes propios e independientes de los estatales.

Pese a ello el Ejecutivo ha evitado pronunciar el término ‘inconstitucionalidad’ públicamente. Ha sido Ernest Maragall, consejero catalán y artífice de la LEC, el que ha aludido a la “constitucionalidad” del texto al comunicar que el Gobierno central había pedido a la Generalitat iniciar conversaciones sobre las “dudas” manifestadas en el informe.

De acuerdo a la Constitución la regulación de los cuerpos de funcionarios le corresponde al Estado, que también dicta las normas básicas sobre Educación. Las autonomías deben ceñirse a la norma estatal.

El procedimiento abierto a petición del Gobierno central supone el inicio de conversaciones técnicas sobre la organización del currículum escolar “para que quede claro qué le corresponde a cada Administración”, afirman fuentes del Ministerio de Educación. El proceso abierto responde a lo que dicta el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, referido a los conflictos de posible inconstitucionalidad de las leyes aprobadas y a la manera de resolverlos mediante el diálogo y sin tener que llegar a plantear un recurso al Tribunal Constitucional.

La semana próxima concluye el plazo de tres meses para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Educación, pero gracias a las conversaciones iniciadas el Gobierno gana seis meses más. Por su parte, Ernest Maragall se mostró dispuesto a hablar con el Ejecutivo de Zapatero pero destacó que “la ley no tendrá ninguna modificación, no la tiene que tener ni la tendrá”.

POLÍTICA
Las Cortes dan el primer paso hacia una ley de lenguas con la abstención del PAR
El PP vota en contra y CHA e IU respaldan la toma en consideración de la propuesta
ALEJANDRO E. ORÚS. Zaragoza Heraldo de Aragón 9 Octubre 2009

Solo el PP votó en contra ayer de la toma en consideración de la ley de lenguas propuesta por el PSOE en las Cortes. La iniciativa logró 35 votos a favor (PSOE, CHA e IU), 23 en contra (PP) y nueve abstenciones (PAR).

Todos los grupos parlamentarios se vieron obligados a retratarse en un asunto que se ha mantenido como una controversia más o menos latente en la historia de la autonomía aragonesa. Nadie se salió del guión, pero los matices en los discursos fueron importantes.

La abstención del PAR resultó al final significativa para calibrar sus tensiones internas e incluso la salud de la coalición de Gobierno, pero no para el fondo de la cuestión, ya que CHA, al igual que IU, anunció su voto a favor en su intervención previa. Por tanto, fue la izquierda parlamentaria la que dio sustento a la proposición socialista. Una circunstancia que, aparte de situar al PAR en una situación incómoda, podría no ser baladí ante las futuras negociaciones de la ley, que se adivinan difíciles.

El portavoz socialista, Jesús Miguel Franco, destacó que el texto, que calificó de "moderado", es "un punto de partida". Abordó también la clave más polémica de la proposición y dijo que el problema se centra en el catalán y "no por razones lingüísticas". "Todos saben de lo que estamos hablando", añadió. Franco, en un argumento que luego sería ampliamente empleado por el portavoz de CHA, aludió a documentos oficiales que desde 1984 se refieren al "catalán" para definir la lengua que se habla en gran parte del Aragón oriental.

El diputado del PP Miguel Navarro defendió su voto en contra porque el texto "plantea la cooficialidad de forma encubierta" y aseguró que este es un asunto que no preocupa a los aragoneses. Atribuyó la proposición a lo que llamó la "impronta catalanista" del presidente Iglesias y echó en falta una memoria económica. Según Navarro, se incumple el Estatuto "porque el catalán no es una lengua propia de Aragón".

Debilidad del aragonés
Desde el PAR, María Herrero dijo que apoyaban que hubiera una ley, aunque no estaban de acuerdo con el texto presentado. Denunció la debilidad en la que se encuentra el aragonés y explicó que las enmiendas de su grupo irán dirigidas contra la denominación del "catalán", respecto a la que "no hay unidad de criterio", la defensa de la modalidades lingüísticas y en contra de que pudiera ser el Instituto de Estudios Catalanes el que determinara los criterios sobre su enseñanza.

Por parte de Chunta, Chesús Bernal hizo un pormenorizado recorrido por las declaraciones de Iglesias sobre la ley de lenguas desde que asumió la presidencia de la Comunidad en 1999. Bernal consideró que la presentación de la iniciativa, que lamentó que no se hubiera negociado antes con otros grupos, es también el reconocimiento de un fracaso por los "incumplimientos" de estos últimos años y destacó que todos los partidos, incluido el PP, habían admitido el catalán como lengua de Aragón en algún momento.

Adolfo Barrena, que exigió una ley "valiente", dejó claro que el respaldo de IU no tenía nada que ver con la búsqueda de señas identitarias sino con el reconocimiento de un derecho ciudadano y de una realidad que afecta a una minoría.
 

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