AGLI

Recortes de Prensa    Domingo 11 Octubre  2009

 

A buenas horas
Editorial ABC 11 Octubre 2009

EL Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se plantea ahora si la Ley de Educación de Cataluña puede ser inconstitucional en algunos de sus apartados más polémicos. La actitud del Ejecutivo central sería digna de elogio si no fuera porque esta ley se aprobó por el Parlamento catalán en el mes de julio, y fue precedida de una larga negociación que la configuró como el gran proyecto educativo compartido por los socialistas catalanes con los nacionalistas de Convergencia i Unió. Al día siguiente de su aprobación, con el voto en contra del PP y de Ciudadanos, el presidente del Gobierno pidió a los partidos catalanes que no «quebraran la paz social» existente en Cataluña en materia lingüística y calificó, muy a su estilo, la nueva ley «como muy razonable», reconociendo, eso sí, «algún exceso». Con semejantes palabras es evidente que el Gobierno apoyaba la ley de educación catalana, porque ya se sabe que los emplazamientos a mantener la convivencia social y a no crispar siempre se dirigen a quienes defienden la enseñanza del castellano en un régimen de bilingüismo, la vigencia de la Constitución frente a tesis segregacionistas y la unidad de la soberanía nacional, frente a la deriva confederal de Cataluña.

Ahora -a buenas horas- el Ministerio de Educación ha transmitido al Gobierno catalán sus dudas sobre algunos apartados de la ley que ya eran conocidos antes de que ésta se aprobara y que no provocaron en el Ejecutivo socialista preocupación alguna. El departamento que dirige Angel Gabilondo cuestiona la competencia que se atribuye la Generalitat para regular el curriculum escolar y sus horarios, herramienta empleada por el tripartito catalán para suprimir la enseñanza de una tercera hora de castellano. No es comprensible esta súbita atención del Gobierno socialista por una inmersión lingüística forzosa que estaba pactada por el PSC con CiU desde 2008. Tiempo tuvo Rodríguez Zapatero de desautorizarla en público, en vez de bendecirla con un melifluo barniz de tópicos y palabras huecas. Lo mismo se puede decir de la pretensión del tripartito de crear un cuerpo propio de docentes para Cataluña, uno de los ejes de la reforma del sistema educativo en esta Comunidad Autónoma, y que supondría una invasión -otra más- de competencias del Estado.

Está bien, sobre el papel, que el Gobierno se preocupe de enjugar aparentemente los daños que su propia política territorial ha propiciado, al impulsar pactos con partidos separatistas y una reforma estatutaria que se sustenta, precisamente, en legitimar estas iniciativas segregacionistas de la Generalitat. España no se rompe, como parodian los defensores del Estatuto de Cataluña, pero se hace cada día menos viable. Por eso, pese a estas leves rectificaciones, no hay mucho mérito en que el bombero apague el fuego que ha provocado. Tampoco es probable que estas dudas del Ejecutivo central desemboquen en un recurso de inconstitucionalidad o conflicto de competencia, que sería lo coherente con la responsabilidad que incumbe al Gobierno de la Nación, como principal institución del poder ejecutivo del Estado. Lo más factible es que se traduzcan en una enésima parodia de acuerdo de coordinación entre administraciones, ese eufemismo habitual que encubre las continuas abdicaciones del Estado frente las reclamaciones del tripartito de Cataluña.

España viva (y viceversa)
JORGE CAMPOS* www.lavozlibre.com 11 Octubre 2009

Un año más, la Fiesta Nacional de España se celebrará en todo nuestro país. Un día para conmemorar, para celebrar en familia y para homenajear a nuestros caídos, especialmente, a los miembros de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas, que sirven a esta gran nación y lo que representa, quizá hoy más que nunca, frente a los nacionalismos totalitarios: la libertad.

Un '12 de Octubre' es una verdadera 'Diada Nacional', no como otros días de fiesta autonómica o regional elevados a la categoría de nación. Nacioncillas con aspiraciones. Con aspiraciones al fracaso.

Celebramos un Día de la Hispanidad sumidos en una profunda crisis. Gracias a un modelo de Estado autonómico que es coautor de esta situación con un nivel de ineficiencia, despilfarro y corrupción, único en el mundo. Todo multiplicado por 17 taifas autonómicas, cientos de miles de funcionarios haciendo lo mismo -sobran unos dos millones-, inventando y controlando 17 normativas diferentes, 17 sistemas informáticos, 17 de todo, y con un mercado fragmentado en 17 parcelas independientes. Un desastre para la productividad y la eficiencia. Y al frente del tinglado, un cortejo de indocumentados nombrados a dedo con carné del partido y con el mayor nivel de corrupción de la historia de España.

Las CC.AA. consumen el 60 por ciento del gasto público, el triple del neto del Estado: 177.000 millones de euros. Estoy de acuerdo con aquello de que las autonomías acercan la Administración al ciudadano, concretamente al bolsillo del ciudadano.

Con este panorama vamos a celebrar el '12 de Octubre'. Pero no todo es dirigirse sin remedio al abismo. Cuando el 'sistema' falla en los aspectos apuntados, una sociedad civil fuerte, que no dependa del Estado, es fundamental para la consolidación de una sociedad democrática, estable, libre y responsable. Una sociedad civil que asume una responsabilidad, que los partidos políticos parecen incapaces de asumir.

Aún nos queda mucho camino por recorrer hasta llegar a vertebrar una sociedad civil como la americana. El ejemplo de los Estados Unidos en cuanto a volúmenes de participación y donación, sin duda se constituye en un desafío para la realidad española. Aun así, grandes movimientos cívicos han surgido en España. Y en Baleares, el Círculo Balear (CB) aglutina y encauza la mayoría de las reivindicaciones de la ciudadanía con múltiples actos, denuncias, reclamaciones, y campañas cívicas para conseguir que el poder político sirva a la ciudadanía y no a sí mismo.

Tenemos el ejemplo más reciente de que la sociedad civil está asumiendo un importante, decisivo y necesario papel en nuestra democracia en la manifestación que convocamos el pasado 30 de mayo en Palma a la que asistieron más de 20.000 personas. Una protesta contra la aplicación de políticas lingüísticas excluyentes que corroen la única garantía de futuro a la actual crisis económica, estructural y de valores: la educación. Políticas de trascendentes consecuencias para todo nuestro sistema jurídico, político y social. Invertir en Educación es invertir en futuro.

Mientras llega el momento de salir de nuevo a la calle, comprobamos como va calando en algunos partidos políticos el mensaje defendido por el CB: desde la regeneración democrática hasta la libertad lingüística, pasando por el refuerzo de una España que necesita reformas en profundidad, sentido común y no tener que estar sometida al constante chantaje de las minorías nacionalistas. Y ello se consigue desde la unidad.

Sigamos demostrando que el pueblo español está vivo y que no tenemos por qué amilanarnos ante las bravatas nacionalistas de unos pocos que, además, viven de ello, engrandecidos por la irresponsabilidad de unos políticos que han primado su interés particular y de partido sobre el general de un gran país como el nuestro. Celebremos con orgullo nuestra Hispanidad y demostremos, desde nuestra querida tierra balear, que somos una España viva.

(*) Jorge Campos es presidente de Círculo Balear.

Hay que frenar la voracidad recaudadora de los municipios
EDITORIAL El Mundo 11 Octubre 2009

IMPUESTOS por casarse, por usar el crematorio municipal, por depurar las aguas, por estacionar en determinadas vías, por arreglar las playas o las carreteras. Los 8.000 ayuntamientos españoles no saben ya qué hacer para aumentar sus ingresos, muy mermados por la crisis.

La voracidad recaudadora de algunas corporaciones está provocando indignación entre los ciudadanos, que están sufriendo aumentos abusivos de las tasas municipales y del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

El ejemplo más patente de incremento desproporcionado de los impuestos es Madrid, cuyo ayuntamiento ha empezado a aplicar una nueva tasa de recogida de las basuras que se calcula en base al valor catastral de las viviendas, con independencia de las personas que allí vivan. Por el contrario, Barcelona y Valencia han anunciado una congelación de las subidas de sus impuestos municipales.

La explicación es que Madrid tiene una deuda cercana a los 7.000 millones de euros, que supera lo que deben conjuntamente Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Bilbao, La Coruña, Valladolid y Zaragoza. El Ayuntamiento de la capital ha recurrido en los últimos años a un fortísimo incremento de las contribuciones de los ciudadanos. Solamente en multas, Madrid espera recaudar 270 millones de euros, diez veces más que hace seis años.

Según las cifras que hoy publica nuestro suplemento Mercados, los ayuntamientos españoles deben 32.600 millones de euros, a lo que habría que sumar otros 7.000 millones de deuda de entidades y agencias paramunicipales. Ello ha obligado al Gobierno a subir el límite de endeudamiento presupuestario de las corporaciones locales, cada vez más obligadas a recurrir el crédito privado para afrontar sus gastos.

El problema es que los ayuntamientos carecen de fuentes de financiación suficientes para cubrir los crecientes gastos que han ido asumiendo, parte de los cuales corresponderían a las comunidades autónomas. A ello se ha unido el fuerte desplome de la recaudación por la construcción de viviendas, que era en muchos municipios de la costa mediterránea su principal caudal de ingresos.

Si la recaudación ha disminuido por la crisis, también es cierto que muchos alcaldes han derrochado los recursos en gastos suntuarios, festejos e infraestructuras de nula utilidad social pero que les reportaban votos. Dada la autonomía financiera de cada corporación, nadie ha controlado esos dispendios.

Los alcaldes se vuelven ahora hacia el Gobierno, al que piden una reforma legal que les permita un aumento de sus ingresos. Pero ello es virtualmente imposible en unos momentos en los que el déficit del Estado amenaza con superar el 10% del PIB. Por otro lado, el Gobierno se ha comprometido a incrementar hasta 11.000 millones de euros adicionales su aportación a las comunidades, lo que reduce el margen para transferir mayores recursos a los ayuntamientos.

Tarde o temprano, habrá que proceder a esa reforma legal que piden con razón los municipios, aunque los alcaldes tendrán que empezar por apretarse el cinturón y recortar gastos, que es lo único realista en esta situación de crisis.

Historia de un abuso
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 11 Octubre 2009

El PNV se dispone, ante la debilidad del Gobierno y del PSOE y, seguramente con la confusión del PP, a “blindar” el Concierto Económico vasco a cambio de sus seis votos en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Y si así sucede, se perpetrará un abuso de enorme magnitud. Afirmación ésta compatible con la aceptación sin reserva mental de que el Concierto fue el procedimiento de financiación autonómica que, desarrollado mediante una ley de 1981, prorrogada indefinidamente por otra de mayo de 2002 por el entonces Gobierno de José María Aznar, se asumió constitucional y estatutariamente como sistema tradicional de los territorios vascos a modo de restauración del último vestigio foral que quedó después de la ley de 21 de julio de 1876 que abolió los fueros vascongados elaborada por Cánovas del Castillo tras la última guerra carlista. Ciento treinta y tres años nos contemplan. Hasta el franquismo respetó el Concierto para Álava y el Convenio para Navarra, suprimiéndolo para las “provincias traidoras” de Vizcaya y Guipúzcoa mediante el ominoso Decreto de “castigo” dictado en 1937.

La Unión Europea, gracias, entre otros factores, a la defensa cerrada que el Estado español ha hecho del Concierto, lo ha admitido, aunque no sin reticencias, porque no deja de ser muy peculiar en la UE que tres provincias (la vascas) y una comunidad (Navarra, con su correlativo Convenio) tengan prácticamente las mismas facultades normativas, de gestión, inspección y recaudación de impuestos que las que disponen sus Estados miembros.

Las Juntas Generales de las provincias vascas han cometido algunos abusos de grueso calibre en el desarrollo de las facultades concertadas de que disponen y que han sido anulados por los tribunales nacionales y de la UE. Por ejemplo, el que perpetraron al establecer las llamadas “vacaciones fiscales” en el impuesto de sociedades lo que suponía una competencia desleal en la medida en que deslocalizaban inversiones que en circunstancias fiscales homogéneas se habrían dirigido a comunidades lindantes con el País Vasco: Rioja, Castilla y León o Cantabria. Esas comunidades se han podido defender de esa competencia desleal impugnando las normas forales tributarias ante los tribunales ordinarios porque tienen naturaleza reglamentaria aunque, en el ámbito de cada una de las provincias vascas, dispongan de fuerza de ley material. Y el Tribunal de Luxemburgo, en tres sentencias de 9 de septiembre pasado, las ha declarado también ilegales. Ayer, la Diputación de Vizcaya anunció que recurrirá en casación las sentencias de los jueces comunitarios.

El PNV le ha visto las orejas al lobo: sabe que ya no puede hacer mangas y capirotes con las facultades normativas fiscales de las Juntas Generales y pretende (lo lleva pretendiendo desde hace muchos años, desde 1993) que éstas no sean recurribles más que ante el Tribunal Constitucional, como si se tratasen de leyes formales. Y es lo que le exige al Gobierno que haga el próximo día 13, el martes, en el Congreso: que modifique las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional para que estas normas se conviertan de hecho en leyes, como si el Derecho constitucional fuese de plastilina.

El despropósito es total porque si se “blinda” el Concierto como pretende el PNV se llegaría al absurdo de que en el País Vasco existirían cuatro instituciones con capacidad legislativa: el propio Parlamento y las Juntas Generales de cada territorio. Se entraría entonces, no sólo en colisión con las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, sino también con la misma Constitución, abriendo una vía de agua de similar importancia cualitativa a la que representan muchos de los preceptos del Estatuto de Cataluña.

Bastante es que el País Vasco disponga de un procedimiento de financiación tan favorable como el Concierto; bastante es que las Juntas Generales se permitan desmarcarse del incremento fiscal que va a presentar el Gobierno (en Vizcaya, Álava y Vizcaya no se suprimirán las bonificaciones de los 400 euros en el IRPF a determinados niveles de renta; el tipo de imposición al ahorro no irá del 19 al 21% como en el resto de España, sino que se será de tipo único, al 20%; las deducciones por creación de puesto de trabajo serán infinitamente superiores a las previstas por el Estado…) bastante es, en fin, semejante singularidad que lo es tanto que no aporta más que un cupo a los servicios comunes pero no al fondo de solidaridad. Bastante es que el único límite que la ley establezca al Concierto es que se “mantenga la presión fiscal efectiva global equivalente a la que existe en el resto del Estado”.

Pero rebasa cualquier ecuanimidad, cualquier criterio de recto entendimiento de la ciudanía, del principio de igualdad y de respeto al sistema de fuentes del derecho, que unas normas reglamentarias forales de ámbito provincial sólo puedan impugnarse ante el Tribunal Constitucional.

El victimismo egoísta del PNV
El PSOE y el Gobierno barajan fórmulas que no impliquen textualmente el blindaje que pide el PNV (un compromiso político, la convalidación por el Parlamento Vasco de las normas forales tributarias mediante el procedimiento de lectura única…), pero los nacionalistas quieren una garantía total. Y es muy posible que los socialistas –los mayores detractores históricamente del Concierto, ya durante la República y luego en democracia—se la presten. ¿Olvidarán en el Grupo Socialista que tanto en 1981 como en 2002 se abstuvieron en la votación de las leyes reguladoras del Concierto Económico? Sería verdaderamente grave que el PP diese cobertura a la pretensión del PNV. Es verdad que los populares vascos están por la labor.

En el País Vasco el único aspecto de la autonomía que une a prácticamente todos los ciudadanos no es ni la bandera, ni el himno, ni las instituciones, ni la propia comunidad autónoma: es el Concierto Económico porque propicia enormes flujos financieros públicos para las infraestructuras de todo tipo (educación, sanidad, transportes…) y, además, deja grandes remanentes para subvenciones y para la nutrición de iniciativas varias y diversas.

Ni socialistas ni populares quieren aparecer, ahora que son ellos los que forman la mayoría parlamentaria en Vitoria, como los que niegan al Concierto esta garantía exorbitante. Sin embargo, aunque López se contraríe y pese a que Basagoiti se enfade, el blindaje que pretende el PNV es un agravio al resto de los ciudadanos españoles, a los demás sistemas autonómicos; es un forzamiento de la Constitución y una ruptura del modelo de Estado, otra más, que haría de España una país todavía más injusto y desigual.

Los nacionalistas han visto la oportunidad de poner en un brete al PSE y al PP, desestabilizando así al Gobierno de López y deteriorando su entendimiento con el PP. Pues aunque el lendakari y Basagoiti pasen por alguna dificultad –por peores han transitado—el Congreso ha dar una negativa a este reclamación abusiva y sin sentido. Si algún partido ha abusado de la democracia española y del conjunto de España ha sido el PNV. En algún momento habrá que poner límite a esa voracidad egoísta que ha tenido un efecto depredador respecto de otras muchas regiones españolas.

La amenaza -en españa- permanece
RAMÓN PÉREZ - MAURA ABC 11 Octubre 2009

EL Jeque Abdul Majeed al Zindani nos lo explica hoy en estas páginas con toda claridad. La amenaza lanzada sobre España por Osama bin Laden tras el 11-S y trágicamente plasmada en el 11-M sigue tan viva como entonces. Él nos habla sin tapujos de «las acciones que, especialmente desde España, se han llevado a cabo para extender la palabra del profeta». Y aclara que «es nuestro deber convertir al Islam, cueste lo que cueste, a esa lacra cristiana y judía que vierte mentiras sobre el profeta». Por si acaso nuestro presidente del Gobierno -o alguno de sus allegados- lo creyese, me precipito a aclarar que el agnosticismo o el ateísmo no son escudo válido contra esta denuncia de los cristianos. Para Zidani y sus adláteres todos los occidentales somos hijos del judaísmo y del cristianismo. Ergo, somos culpables.

Al que le quede una conciencia más tranquila puede seguir proclamando que estamos en Afganistán en «una misión de estabilidad» como ayer se recogía en estas páginas de boca del presidente del Gobierno español. Pero todos sabemos que eso es intentar hacerse trampas en el solitario. Afganistán es la guerra que siempre supimos justa porque el alumno del jeque Al Zindani, Osama bin Laden, había llegado a ser el verdadero amo de aquella finca. Y desde allí había planeado el mayor desfío jamás lanzado contra Occidente: el 11-S. El deber de respuesta en Afganistán, ahora hace ocho años, fue unánimenente proclamado. Entre tanto se abrió otra guerra en Irak, por bastantes considerada innecesaria. Mas lo cierto es que ésta se ha resuelto en buena medida de forma favorable -a muy alto coste- y ahora hablan de rendirse a plazo fijo -¿cinco años?- en la guerra que todos creían imprescindible. No haya duda. El reto sigue vivo y quieren acabar con nosotros. Hoy se lo cuentan en ABC. Con nombre y apellidos.

'Islamofilia' y 'lepenización'
ANTONIO ELORZA El País 11 Octubre 2009

A la vista de la insistencia con que es pronunciada la acusación de islamofobia, nuevo fantasma que al parecer recorre Europa con el objeto de echar a pique la maravillosa idea de la alianza de civilizaciones, resulta tal vez útil proponer un antónimo, islamofilia, para designar a los propagadores de semejante especie. Advirtamos que en España se localizan preferentemente en círculos oficiales, con el refuerzo de aquellos católicos que se convierten en "propagandistas involuntarios", en nombre de la fraternidad entre religiones. Por supuesto, hay una islamofilia del todo encomiable, consistente en manifestar una estimación positiva, e incluso una adhesión, a los valores del Islam. Desde una perspectiva histórica, quienes profundizan en el significado de la religación entre criatura y Creador expresada en la construcción teológica del Corán -significado originario de yihad-, o se adentran en el legado intelectual y religioso de Rumí, Averroes o Ibn Jaldún, devienen inevitablemente islamófilos.

Otra cosa bien diferente es asumir desde supuestos intelectuales la posición del creyente, que tiende a ver en el Islam la expresión de una Verdad absoluta y al mismo tiempo un bastión siempre asediado por fuerzas enemigas y perversas a las cuales es preciso combatir y derrotar. Este encastillamiento, amparado casi siempre por una invocación tópica de Edward Saïd, hace de la islamofilia un avatar más de los planteamientos maniqueos que recorren la historia, cuya finalidad consiste siempre en servir de base a la eliminación del otro. En una palabra, legitimar el establecimiento de una Inquisición que impida, etiquetándola de islamófoba, toda tentativa de análisis crítico de las creencias y los usos en el mundo musulmán, con especial énfasis a la hora de deslegitimar el análisis de los posibles vínculos entre sus expresiones antidemocráticas y/o violentas -islamismo, yihadismo- y los supuestos doctrinales que ellas mismas proclaman. Lo pudimos observar en estas mismas páginas, cuando una arabista propuso una clasificación de islamófobos a semejanza de aquéllas que los reaccionarios decimonónicos elaboraban para detectar francmasones: unos son intelectuales de izquierda con su "humanismo de salón" que esgrimen "la igualdad entre los sexos", otros "expertos securitarios" carentes de estudios islámicos, otros "intelectuales islamófobos" que citan el Corán sin "saber lo que citan". Ni siquiera le gustan quienes hablan de "un Islam tranquilo opuesto al Islam terrorista", y tampoco "el musulmán esclarecido" (progresista) que da argumentos a los islamófobos. Encerremos a Alá en un búnker.

Allí donde imperan institucionalmente tales guardianes y vestales, todo pensamiento alternativo es simplemente borrado, incluso como título en su librería. Lógica proyección de la línea negacionista del ministro Moratinos respecto de aquello que pueda afectar a la Alianza, "lengua materna" que Zapatero propone en el vacío a la ONU. El Irán oprimido, y otras opresiones, para el ministro no existen. Entre tanto, el pasado agosto, el Consejo de Ministros destina 650.000 euros a la Alianza de Civilizaciones... sustraídos al Fondo de Ayuda al Desarrollo.

Esta historia sería un esperpento hispánico más, de no tener repercusiones graves. Ante todo, alzar una cortina de humo entre ese islam(ismo) intocable, y la presencia recurrente de grupos terroristas islámicos, los cuales por mucho que se empeñan no logran convencer al Gobierno del significado de su concepción religiosa. Ahí está la demostración de la testigo del burka, que reveló su adscripción ideológica señalando como causa de lo ocurrido a la "ignorancia": para el islamismo radical, ignorancia no es simple desconocimiento, sino yahiliyya, la ignorancia culpable de quienes se oponen al Islam. Consecuencia: la policía y la judicatura no bastan; hace falta conocimiento del cuerpo doctrinal del Islam y de la posible deriva hacia el islamismo radical, tanto porque el 11-S, el 11-M y otros actos de megaterrorismo han existido, como para implementar una política que integre sin reservas a los ciudadanos musulmanes en nuestras sociedades. Y la táctica islamófila del avestruz aquí no sirve.

Además, cerrando el círculo, está el riesgo de lepenización, de generalización de un racismo maurófobo y de paso antiislámico, más soterrado que aparente, pero en evidente ascenso, fomentado en vez de combatido por ese blindaje del conocimiento del Islam tal como es, impuesto por los/las voceros de la islamofilia. Es curioso que éstos se centren en la caza de brujas contra los intelectuales, olvidando la política y la mentalidad social. Cuando si no separamos convincentemente el trigo de la cizaña, la esencia de la religión frente a ulteriores desarrollos marcados por la violencia; si no explicamos la diferencia entre ser musulmán e islamismo, la reacción xenófoba tendrá el campo libre, como está sucediendo en Italia.

SU PRESIDENTE, MIGUEL BERNARD EN esradio
Manos limpias: "La tasa de basuras paga a los 1200 asesores de Gallardón"
El presidente de Manos Limpias, Miguel Bernard ha sido entrevistado en esRadio, donde ha anunciado que continuarán luchando contra la tasa de basuras de Gallardón, interponiendo una segunda reclamación contencioso administrativa para frenar lo que consideran una imposición con "manu militari".
LIBERTAD DIGITAL - ESRADIO 11 Octubre 2009

Miguel Bernard considera que con la nueva tasas de basuras aprobada por el alcalde madrileño, Alberto Ruiz Gallardón "se pretende mantener a los más de 1.200 asesores que cobran más de 6.000 euros al mes" en el consistorio de la capital.

En declaraciones a esRadio ha dicho que es "un verdadero atraco al bolsillo de los madrileños" para "lograr cubrir el impresionante déficit de 7.500 millones, el mayor de la historia del Ayuntamiento de Madrid". Considera que es "una vergüenza" que "no se les ocurra hacerlo en otro momento, ahora que los españoles estamos asfixiados por la crisis".

Bernard ha reiterado la posición de Manos limpias, de que "la tasa de basuras se ha impuesto bajo manu militari, sin consultar absolutamente a nadie". Por ello, ha anunciado que han interpuesto la segunda reclamación, porque "nos negamos a arreglar la bancarrota del Ayuntamiento" y oponiéndose a que "se apruebe una tasa sin la más mínima exposición de motivos". Desde esRadio ha instado a todos los madrileños a "oponernos al pago de los recobros que ya nos están llegando", porque es el momento de "dar una respuesta dentro del Estado de Derecho".

Además, el sindicato que preside Bernard recuerda que han sido "los primeros en denunciar los mil doscientos ochenta y pico asesores que Gallardón ha colocado, porque siendo más de 30.000 funcionarios los que hemos entrado por procedimiento legal y reglamentario por oposición, nos están birlando el trabajo asesores que no hacen nada, que en teoría asesoran al alcalde".

Para Manos Limpias este excedente de asesores con sobresueldo "ha puesto a todo el sistema patas arriba, sumiéndolo en un completo caos administrativo, burocrático y económico" y ha mostrado su firme oposición a "un gasto que evidencia el completo derroche, con asesores que cobran de 6000 a 8000 euros al mes, que van con chófer, agenda...".

Por ello Manos Limpias anuncia que persistirá en su lucha contra un Ayuntamiento que "debería estar dando muestra de austeridad" y que está "atracando a los madrileños

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Recuperar las calles vascas
Durante 2008 se registraron 2.453 manifestaciones de apoyo a la banda ETA
Editorial La Razon 11 Octubre 2009

Entre los avances democráticos que propicia la alianza de socialistas y populares en el Gobierno vasco destaca la recuperación de la libertad en los espacios públicos, hasta ahora y desde hace muchos años colonizados por el brazo político de ETA. Dueños absolutos de calles y plazas, los batasunos han impuesto sus leyes mafiosas a los ciudadanos, esa mayoría silenciosa y asustada que se ha limitado a contemplar el macabro espectáculo tras los visillos de sus casas. Los muros, los frontones y las fachadas de las instituciones han sido utilizados como pizarras siniestras en las que se anunciaban con anticipación los asesinatos, se marcaba a las víctimas y se amenazaba al vecino que osaba levantar la voz. Todo ello favorecido por la pasividad de una Ertzaintza dirigida por el PNV.

El panorama ha empezado a cambiar radicalmente desde que el socialista Rodolfo Ares dirige a la Policía autonómica. Aunque los matones siguen marcando territorio, sobre todo en aquellos municipios donde gobierna ANV, ya no lo hacen impunemente. Gracias a la intervención de los ertzainas, los «muros de la vergüenza» que se componen con fotografías de presos etarras y asesinos ya no decoran las plazas durante semanas y meses. Sin embargo, aún queda mucho territorio que liberar del miedo y muchas calles que devolver a los ciudadanos. Según el anuario estadístico del Ministerio del Interior, el pasado año se registraron 2.453 manifestaciones del brazo político de ETA, de las cuales 1.761 no fueron comunicadas. Es decir, en 2008 hubo en el País Vasco casi siete manifestaciones callejeras al día en las que se reivindicaron los objetivos de la banda terrorista y a sus integrantes. Inaudito. En ningún país democrático se tolera una situación semejante, que resulta tan repugnante como si en Estados Unidos se toleraran manifestaciones a favor de Al Qaida, en Gran Bretaña de enaltecimiento del IRA o en Francia de apoyo a los islamistas argelinos. No es de recibo que, después de los casi mil asesinatos de ETA, se hayan producido diez demostraciones públicas de ensalzamiento etarra por cada protesta antiterrorista, como sucedió el año pasado.

La lucha contra los pistoleros ha avanzado notablemente desde que PP y PSOE recuperaron el Pacto Antiterrorista, y se están dando pasos en la dirección correcta, como la ilegalización de las tapaderas políticas y el estrangulamiento financiero de sus organizaciones satélites. Está pendiente la reforma legal que permita la expeditiva expulsión de ANV de los ayuntamientos que controla y, sobre todo, falta estrechar el cerco a los matones que utilizan el espacio común de todos para extorsionar al vecindario y enaltecer a los terroristas. Nada más aleccionador, al respecto, que el procesamiento de Arnaldo Otegi por su participación en un mitin donde se hizo apología de ETA, lo que puede suponerle varios años de prisión.

En el cometido de erradicar las concentraciones a favor de la banda terrorista tiene un papel insustituible la Ertzaintza, sin duda ninguna, pero también la Audiencia Nacional, que ha venido realizando una labor diligente y de gran competencia, aunque no se puede ignorar que se han registrado excepciones incomprensibles. No se trata de limitar derechos constitucionales, sino de impedir que precisamente los enemigos de la Constitución utilicen los mecanismos y las garantías democráticas de ésta para cercenar los derechos de los demás, entre ellos el derecho a la vida y a la libertad. Ninguna ley puede amparar la coartada política de quienes ejercen la violencia para conseguir sus fines.

10 a 1: los proetarras golean a las víctimas en la calle
Según cifras del anuario estadístico del Ministerio del Interior correspondiente a 2008, en España se celebran diez manifestaciones en apoyo a ETA y sus presos por cada una que se convoca contra el terrorismo.
Madrid - Efe La Razon 11 Octubre 2009

En España se celebran diez manifestaciones en apoyo a ETA y sus presos por cada una que se convoca contra el terrorismo, tal y como reflejan las cifras del anuario estadístico del Ministerio del Interior correspondiente a 2008.

En concreto, el año pasado hubo 2.453 manifestaciones proetarras (692 comunicadas y 1.761 no comunicadas) frente a las 251 que discurrieron contra el terrorismo (197 y 54, respectivamente).

Estos son dos de los motivos que hicieron salir a la calle a los ciudadanos, según se desprende de los datos relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales, que concluyen que en 2008 hubo en total 15.226 manifestaciones (8.760 comunicadas y 6.466 que no lo fueron), a las que asistieron más de 1.800.000 personas.

De ellas, sólo 454.735 acudieron a las manifestaciones que se celebraron y no habían sido comunicadas a las autoridades correspondientes, que sí prohibieron un total de 139.

Pero la mayoría de las manifestaciones en 2008 se convocaron por temas laborales (6.023), asuntos vecinales (3.624) y contra las medidas políticas y legislativas (1.486), además de en apoyo a la organización terrorista.

Este apoyo convirtió al País Vasco en la Comunidad Autónoma con más manifestaciones -3.075, de las que 3.009 no fueron comunicadas-, y a Guipúzcoa -1.822- en la provincia con más protestas.

Pero Madrid, sin embargo, fue la Comunidad que concentró al mayor número de manifestantes, convocados por distintos motivos -670.804-, frente a los 201.472 del País Vasco, que le sigue en segundo lugar.

Al País Vasco, y en número de manifestaciones, le siguen Andalucía, con casi 2.500; Galicia, con 1.631 y la Comunidad Valenciana, con más de 1.500.

Y los promotores de las mismas fueron en su mayoría asociaciones ciudadanas, grupos independentistas, sindicatos y comités de empresa y trabajadores.

Los meses de diciembre y enero contabilizaron las cifras más elevadas de protestas, más de dos mil en cada mes.

La división, la fatiga y los recelos impiden al TC resolver el Estatut
1. • Los 10 miembros siguen escindidos en tres bloques y ninguno osa someter una propuesta a votación
2. • El fracaso de las dos últimas reuniones augura que el fallo no llegará antes de Navidad o incluso del verano
MARGARITA BATALLAS, MADRID, El Periódico  11 Octubre 2009

«El que resiste, gana», solía decir el premio Nobel de Literatura Camilo José Cela. Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) han hecho suyo el dicho, de modo que la fumata blanca para la sentencia del Estatut depende ya más que nunca de que alguno de los tres grupos en los que está dividido el TC ceda y conforme una mayoría. De momento, las dos últimas reuniones que han celebrado (29 de septiembre y 6 de octubre) no han servido para acercar posturas, pese a que los magistrados trabajaron en septiembre en la redacción de un cuarto borrador del fallo. Al final, pese a lo anunciado, no habrá sentencia en octubre. En el mejor de los casos será antes de fin de año y, en el peor, tal vez se solape con las elecciones autonómicas catalanas, previstas para otoño del 2010.

La situación empieza a ser insostenible en el TC. Para aliviar tanta tensión, los jueces han optado por cumplir sus compromisos institucionales. Esta semana han viajado a Portugal y la próxima irán a Rumanía para asistir a sendos encuentros de tribunales constitucionales europeos. El martes vuelven al trabajo.
Fuentes del TC admiten que los magistrados «están de los nervios» por no ser capaces de desbloquear la situación que viven desde que hace más de tres años el PP recurrió el Estatut. La presidenta del alto tribunal, María Emilia Casas, quiere firmar la sentencia a toda costa, pero fuentes de su entorno reconocen «que no hay forma humana» de lograr una mayoría mínima que avale la constitucionalidad del texto.

ARAGÓN, EL JUEZ DISCREPANTE / El magistrado Manuel Aragón –nombrado a propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– no da su brazo a torcer y sigue defendiendo que algunos artículos son contrarios a la Carta Magna. Fuentes conocedoras de las deliberaciones apuntan, por ejemplo, que las dudas surgen sobre el término nación y el uso de símbolos nacionales. La posición de Aragón es refrendada por el conservador Guillermo Jiménez. Este trasvase de votos pone en serios aprietos a Casas, que puede perder la votación si al final esos magistrados se pasan al bando conservador.

Dicho bloque se mantiene en la misma posición desde el inicio de las deliberaciones. Los magistrados conservadores Vicente Conde, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez-Zapata quieren aceptar el recurso del PP. Por su parte, Casas, Pascual Sala, Elisa Pérez Vera y Eugenio Gay son partidarios de rechazarlo, aunque aceptarían una sentencia interpretativa de algunos apartados. Jiménez ha ido cambiando de bando en este tiempo y finalmente se ha decantado por hacer un frente común con Aragón para apuntarse a la facción ganadora.

Esta situación ha dado lugar a varios momentos de tensión. Fuentes del alto tribunal explican, por ejemplo, que uno de los magistrados pidió a Casas que utilizara ya su voto de calidad para salir del laberinto. La propuesta fue recibida con sorna por la presidenta. Tuvo que recordarle a su interlocutor que solo puede recurrir a esta prebenda si hay empate en la votación, hipótesis improbable salvo que los conservadores pierdan el voto de Aragón.

No obstante, las fuentes consultadas subrayan que, aunque parezca un contrasentido, el atasco actual beneficia a los que defienden la constitucionalidad del Estatut. La desconfianza que reina en la sede del alto tribunal impide a los conservadores, por ejemplo, tomar la delantera y exigir a la presidenta que convoque un pleno no solo para deliberación, sino también para votación. Con el reglamento en la mano, bastarían cinco firmas para forzar la votación. El bloque conservador no las tiene todas consigo y teme que, llegado el caso, Aragón pueda abandonar el barco contrario al Estatut.

Casas aventuró en la reciente apertura del año judicial que en octubre podría haber sentencia. No será así. Algunos de sus compañeros le reprocharon incluso el comentario. Diciembre podría ser la nueva fecha en el horizonte. Entonces Casas y otros tres jueces cumplirán dos años de la prórroga de mandato. Habrá que elegir nuevo presidente. Aragón aspira a la plaza y no tendría problemas en aceptar a Rodríguez Arribas como vicepresidente. Delgado, Pérez Vera y Gay han perdido esta oportunidad porque cesarán en diciembre del año que viene. Una norma no escrita establece presidencias de tres años.

La Fiscalía pide para él 18 meses de cárcel por un acto de la ilegalizada Batasuna en Anoeta
Otegi se volverá a sentar en el banquillo por exaltar a ETA
El fiscal reclama la misma pena para los ex dirigentes batasunos Joseba Permach y Joseba Álvarez.
Madrid - Ricardo Coarasa La Razon 11 Octubre 2009

Arnaldo Otegi se volverá a sentar en el banquillo. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictó hoy un auto de apertura de juicio oral contra el ex portavoz de Batasuna Arnaldo por exaltar a ETA el mitin celebrado por su formación política en el velódromo de Anoeta (San Sebastián) el 14 de noviembre de 2004, en el que según la Fiscalía enalteció a ETA.

Además de Otegi, se sentarán el banquillo de los acusados los antiguos líderes de Batasuna Joseba Permach y Joseba Álvarez. En cambio, el magistrado ha dejado fuera del juicio al también dirigente de la formación Iñigo Balda, acusado en un primer momento.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 18 meses de prisión para los tres dirigentes de Batasuna al acusarles de un delito de enaltecimiento del terrorismo. El Foro Ermua, personado como acusación popular, solicita cinco años de cárcel para ellos, al añadir al delito de enaltecimento los de desobediencia, reunión ilícita y quiebra de medidas cautelares, informa Servimedia.

En el escrito de acusación que la Fiscalía ha remitido al juez Eloy Velasco –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– recuerda que el citado acto, «promovido por los tres acusados», se celebró «con carteles de Batasuna cubriendo las vallas interiores del velódromo, así como con diversas banderas de la formación ilegal, y su logotipo en el atril de oradores».

Propósito de elogiar
Después de que Permach se dirigiera a los 15.000 asistentes –continúa el relato de los hechos– se proyectó en una pantalla gigante un video con imágenes de detenciones de miembros de ETA, comunicados de la banda, concentraciones de apoyo a los presos y pintadas a favor de los terroristas, todo «con un claro propósito de elogiar y homenajear públicamente» a la organización criminal. En el citado video también apareció una sucesión de imágenes de más de una decena de etarras ya fallecidos, entre ellos Francisco Javier Echevarrieta, muerto en un tiroteo con la Guardia Civil el 7 de junio de 1968, fecha del primer atentado mortal de ETA.

Además, la fiscal Teresa Sandoval recuerda que Otegi protagonizó la «intervención principal» y en su alocución, de unos 45 minutos, subrayó «que era un acto ilegal, de una formación ilegal y con un portavoz ilegal». Durante ese acto, Batasuna –ilegalizada por el Tribunal Supremo en marzo de 2003– presentó la conocida como «propuesta de Anoeta», el plan de actuación de la formación abertzale para los próximos años. Tras la intervención de Otegi, los periodistas fueron expulsados del velódromo y una veintena de encapuchados repartió boletines de la banda terrorista.

En el auto del pasado diciembre en el que el juez Velasco instaba a las partes –además de la Fiscalía, el Foro de Ermua– a presentar sus escritos de acusación o solicitar el archivo de las actuaciones, el magistrado imputaba también a Otegi un delito de reunión ilegal, del que finalmente no le acusará la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Javier Zaragoza.

Según fuentes jurídicas, aunque la pena por la que podría ser condenado Otegi (a expensas de la solicitud del Foro de Ermua) es inferior a dos años, lo que no lleva aparejado el ingreso en prisión salvo en caso de reincidencia, las recientes condenas de Otegi serían determinantes para su vuelta a la cárcel.

El ex portavoz batasuno fue condenado en 2005 a un año de prisión por injurias al Rey –a quien llamó «responsable de los torturadores» en febrero de 2003–, pero la condena quedó en suspenso siempre y cuando no delinquiese en un plazo de tres años. Pero un homenaje al etarra «Argala» celebrado en diciembre de ese año le supuso una nueva condena, a 15 meses de cárcel. Otegi ingresó en prisión en junio de 2007 y no la abandonó hasta agosto de 2008.

En libertad bajo fianza
Otegi se encuentra en la actualidad en libertad bajo fianza en la causa en la que el juez Baltasar Garzón ha procesado a 41 dirigentes batasunos por financiar a ETA a través de las «herriko tabernas». En octubre de 2006, el magistrado rebajó de 650.000 a 50.000 euros la cuantía de las fianzas que se le habían impuesto.
- Integración en ETA. En el citado sumario de Batasuna, cuyo juicio podría celebrarse el próximo año, Otegi está procesado como dirigente de organización terrorista, un delito por el que podría ser condenado a 14 años de prisión.
- Homenaje a Sagarduy. Pero Otegi podría sentarse antes en el banquillo por otro homenaje a un etarra, en este caso José María Sagarduy, el miembro de ETA que más tiempo lleva en prisión. El ex portavoz batasuno lo comparó en un mitin de julio de 2005 con Nelson Mandela y la Fiscalía pide para él un año y medio de cárcel. Este proceso está pendiente de señalar la fecha del juicio.

El Gobierno admite la "dudosa legalidad" de la LEC
La ley vulnera la organización horaria de las materias y la creación de cuerpos independientes de los estatales
 www.lavozlibre.com 11 Octubre 2009

Madrid.- El Gobierno admitió ayer que ha hallado aspectos de "dudosa legalidad" en la Ley de Educación de Cataluña (LEC). Según un informe elaborado por el Ministerio de Educación y remitido a la Generalitat por el Ministerio de Política Territorial, la ley autonómica vulnera la estatal en lo referente a dos aspectos: el diseño del currículum escolar, especialmente en lo que concierne a la organización horaria de las materias que se imparten; y la creación de cuerpos docentes propios e independientes de los estatales.

Pese a ello el Ejecutivo ha evitado pronunciar el término ‘inconstitucionalidad’ públicamente. Ha sido Ernest Maragall, consejero catalán y artífice de la LEC, el que ha aludido a la “constitucionalidad” del texto al comunicar que el Gobierno central había pedido a la Generalitat iniciar conversaciones sobre las “dudas” manifestadas en el informe.

De acuerdo a la Constitución la regulación de los cuerpos de funcionarios le corresponde al Estado, que también dicta las normas básicas sobre Educación. Las autonomías deben ceñirse a la norma estatal.

El procedimiento abierto a petición del Gobierno central supone el inicio de conversaciones técnicas sobre la organización del currículum escolar “para que quede claro qué le corresponde a cada Administración”, afirman fuentes del Ministerio de Educación. El proceso abierto responde a lo que dicta el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, referido a los conflictos de posible inconstitucionalidad de las leyes aprobadas y a la manera de resolverlos mediante el diálogo y sin tener que llegar a plantear un recurso al Tribunal Constitucional.

La semana próxima concluye el plazo de tres meses para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Educación, pero gracias a las conversaciones iniciadas el Gobierno gana seis meses más. Por su parte, Ernest Maragall se mostró dispuesto a hablar con el Ejecutivo de Zapatero pero destacó que “la ley no tendrá ninguna modificación, no la tiene que tener ni la tendrá”.

NUEVAS ADVERTENCIAS AL GOBIERNO
ERC: "La inmersión lingüística es un tema sagrado"
La mera posibilidad de que el Gobierno recurriera la ley catalana que excluye el castellano de las aulas ha llevado a ERC a endurecer sus críticas al Ejecutivo. En plena negociación de los presupuestos, han advertido que estarían tocando un "tema sagrado".
EFE Libertad Digital 11 Octubre 2009

El secretario general de Esquerra, Joan Ridao, ha recordado que Esquerra no tolerará ni un paso atrás en la Ley de Educación de Cataluña (LEC), con lo que ha definido esta legislación como una de las líneas rojas que no deben ser cruzadas.

"Parece que el Gobierno español está estudiando si recurrir la Ley de Educación' en el Tribunal Constitucional cuando ésta es una "ley de amplio consenso político, social y de la comunidad educativa" ha afirmado Ridao.

Por ello el dirigente de ERC ha advertido, durante la visita que ha hecho este sábado a la Seu d'Urgell (Lérida), que "habrá un antes y un después si se toca la LEC".

Ridao ha asegurado que "la ley no se cambiará" y ha reclamado que no "molesten con la lengua' porque "la ley la defenderemos con uñas y dientes" ya que "la inmersión lingüística con el catalán como lengua vehicular es un tema sagrado".

Ridao, por último ha abogado por preservar "el modelo de éxito que asegura la igualdad de oferta"' y ha afirmado que en Cataluña "todo niño o niña acaba con las etapa de educación obligatoria hablando catalán y español".

Guillermo Fernández Vara, diana de la soberbia independentista de Laporta
El presidente del Barça le llamó "imbécil" hasta diez veces por escribir un artículo en 'Marca' crítico con la deriva nacionalista del club
 www.lavozlibre.com 11 Octubre 2009

Barcelona.- Joan Laporta llamó "barcelonista de mierda" e "imbécil" a Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, a raíz de un artículo publicado en el diario 'Marca' en el que el dirigente extremeño criticaba educadamente al presidente del Barça.

El incidente se produjo el pasado 14 de agosto, pero se había mantenido en secreto hasta ahora. Dos días después de que 'Marca' publicara el artículo, Vara recibió una llamada mientras circulaba en su coche oficial. Nada más descolgar el teléfono y saludar a Laporta éste inició un monólogo de cinco minutos en el que insultó repetidas veces al presidente de Extremadura (llamándole “imbécil” hasta en diez ocasiones).

El polémico artículo tenía por título 'Querido President' y suponía una crítica impecable en el fondo y en las formas al presidente azulgrana. “Hace meses tuviste el detalle de invitarme a presenciar el partido que nuestro Barça jugaba frente al Sporting de Lisboa. Al empezar nos congratulamos por la cantidad de aficionados que cantaban el himno. Delante de ellos, dos banderas. Una, la del Barça, la otra, la de Extremadura. Eran cientos de aficionados venidos de nuestra Comunidad porque jugaba su equipo. En nombre de ellos y de tantos culés repartidos fuera de Cataluña, te pido que no lo olvides nunca”, comenzaba Fernández Vara.

“El Barça para nosotros también es 'més que un club', es un sentimiento, una emoción, parte de nuestras vidas. Por eso somos culés, a pesar de que a veces no podemos entender ciertos mensajes excluyentes en un mundo que pierde sus fronteras y que en el fútbol las perdió hace tiempo”, criticaba el presidente de la Junta.

“Sabemos lo que el Barça representa para Cataluña. No solamente lo sabemos, lo apreciamos”, añadió. “Te ruego que cuando hables como presidente del Barça lo hagas sabiendo que nos representas a todos”, continuó Fernández Vara, tras lo cual alabó a Laporta: “Estás siendo un excepcional presidente. Nos has hecho vivir momentos inolvidables. Pero, por favor te pido, no nos hagas daño”. El presidente de la Junta de Extremadura finalizó su breve artículo indicando que seguirían siendo del Barça pero “con algunas heridas” por sentirse excluidos, y concluyó con un “Visca el Barça y Visca Cataluña. Viva España también, si me lo permites. O aunque no me lo permitas”.

El presidente del Barça acusó al presidente extremeño de querer hacerse "famoso" a su costa. "Olvídate de pedir nada al Barça y no vuelvas a hablarme en tu vida", le amenazó. "¡Que te quede claro que continuaré siendo presidente del Barça a pesar de ti y de todos los que queréis hundirme!", vociferó Laporta, concluyendo con un “te vas a enterar” instantes antes de colgar el teléfono.

Por su parte el presidente de Extremadura ha realizado declaraciones a posteriori en el programa 'El Mon' de RAC1. "No he querido hacer público nada porque no quería que pudiera hacerle daño a Barcelona, a Cataluña, ni a Extremadura", ha afirmado. "No me gustaron los calificativos que me dijo. Utilizó la palabra ‘imbécil’ en repetidas ocasiones diciéndome que no era un insulto. Incluso llegué a pensar que era una broma de alguien", añade. El presidente de la Junta de Extremadura afirma que pidió a Laporta que retirara esos calificativos pero que, como el azulgrana se negó, Fernández Vara dijo que daba por terminada la conversación. Niega, por otra parte, que le llamara "barcelonista de mierda".

El presidente de la Junta ha explicado que Laporta "no se lo dijo al presidente de Extremadura, se lo dijo a un amigo". "Entiendo que podía hacerle daño alguna de las cosas que escribí, a mí me habían hecho daño cosas de las que dice", reconoce.

"Me molestaba oirle hablar del Barça como si sólo fuera de Cataluña. Estoy dolido y entristecido. El Barça no es Laporta y así se lo manifesté", ha sentenciado.

Fernández Vara comentó posteriormente a sus íntimos que es el incidente más desagradable que le ha tocado vivir en su vida política mientras que Laporta se jactaba del "repaso" [sic] que le dio al jefe de la Junta de Extremadura.
 


 

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