AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 14 Octubre  2009

 

El Estatuto ante el Tribunal Constitucional
JUAN JOSÉ SOLOZÁBAL El País 14 Octubre 2009

Quisiera defender con llaneza -que toda afectación es mala- la legitimidad del tribunal para controlar la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña utilizando argumentos de derecho positivo, pues no en vano vivimos en un Estado de derecho en el que necesariamente las normas, sea cual sea su rango, han de cumplirse; pero utilizando también argumentos, digamos, de alcance general o teórico, deducidos del modelo constitucional del Estado autonómico.

Desde la primera perspectiva ocurre simplemente que al tribunal le corresponde asegurar la normatividad constitucional, en concreto la supremacía de la Norma Fundamental. De manera que el artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional encarga a éste el control de aquellos estatutos cuya inconstitucionalidad debidamente se alegue por quienes son competentes para ello. El mismo tribunal, recientemente, en la sentencia sobre el Estatuto de Valencia de 2007, ha recordado su competencia para apreciar "como intérprete supremo de la Constitución si los estatutos de autonomía han incurrido en algún vicio de inconstitucionalidad". Nada empece, por tanto, a que una extralimitación estatutaria, como cualquiera otra en que pudiese incurrir una norma infraconstitucional, sea impedida por el tribunal si la norma en cuestión a través de una adecuada interpretación no puede atraerse al sistema constitucional. Para eso justamente existe la justicia constitucional.

Cierto que la norma objeto de control es muy importante, pues el estatuto lleva a cabo la configuración política de la comunidad, tiene, si se quiere ver así, pretensiones cuasiconstitucionales, e integra el rasero de constitucionalidad para la comunidad autónoma y el Estado. De manera que los estatutos no son unas leyes cualesquiera, aunque se aprueben como leyes orgánicas. Esta trascendencia material habrá de llevar al tribunal a ser especialmente cuidadoso o delicado, estudiando el tema con calma (aunque quizás no tanta como la que se está tomando para examinar los recursos contra el Estatuto catalán) pero extremando su reflexión y prudencia.

Con todo, no es el contenido del estatuto la característica que puede plantear dudas sobre la pertinencia del control de su reforma, sino el hecho de que el estatuto es una norma paccionada, como se ve si se considera la intervención de la comunidad en su elaboración. Las reformas estatutarias en concreto, como se sabe, deben su iniciativa al Parlamento de la comunidad autónoma, que puede retirar el proyecto durante su tramitación en las Cortes y cuyo cuerpo electoral confirma el texto votado como ley orgánica a través de un referéndum. El estatuto no es una norma que exprese poder constituyente propio pero no hay reforma estatutaria sin la voluntad o contra la voluntad de la comunidad autónoma.

Desde un punto de vista jurídico, ¿por qué puede el Tribunal Constitucional controlar el estatuto? Primero, porque la intervención del cuerpo electoral aprobando el estatuto es una especificidad procedimental, que de por sí no tiene diríamos que consecuencias trascendentales o cualitativas que hagan diferente ese control del de otras posibles normas. Por ejemplo, una ley orgánica se elabora conforme a un procedimiento diferente de una ley ordinaria, exigiéndose para su aprobación un quórum más alto, la mayoría absoluta, pero la ley orgánica sigue siendo una ley y comparte con la ordinaria el mismo rango y valor. También difieren desde el punto de vista procedimental la reforma ordinaria del artículo 167 de la Constitución y la extraordinaria del 168, sin ir más lejos en punto a la mayoría exigida para su aprobación; pero en ambos casos nos encontramos ante normas que comparten la misma naturaleza y rango.

En segundo lugar, la intervención del cuerpo electoral en la elaboración de una norma no impide su control jurisdiccional por el TC. Por ejemplo, puede recurrirse perfectamente una ley que obedezca en su origen a una iniciativa popular, o que se haya aprobado en cumplimiento de una decisión tomada en referéndum, y cabe a mi juicio siempre un control formal de las reformas constitucionales del 168 CE, e incluso en este tipo de reformas constitucionales un control material, si la misma pudiese ser calificada, siguiendo la terminología de mi admirado amigo Javier Pérez Royo, como anticonstitucional: es decir, una reforma que suponga la ruptura o quiebra del orden constitucional y no sólo su profunda o generalizada modificación, casos a los que se refiere el artículo 168 de la Constitución.

En tercer lugar la alegación de contradicción entre lo aprobado por el cuerpo electoral y la voluntad constituyente que el TC está para preservar e imponer universalmente, no alude a un choque de soberanías, la de comunidad autónoma y la de la nación. Este choque sencillamente es imposible, pues la intervención del cuerpo electoral no supone ejercicio de soberanía que ni la comunidad ni, por tanto, su cuerpo electoral tienen. No hay, entonces, choque de soberanías ni se puede decir que el referéndum sana el abuso o la incorrección constitucional, de modo que se libre de su inconstitucionalidad a un referéndum contrario al ordenamiento.

Pero, como decía, la pertinencia del control puede explicarse también desde una perspectiva más amplia que la que ofrece la atención a los aspectos jurídicos, de derecho positivo, de la cuestión. Creo que hay otras razones pertinentes desde un punto de vista llamémosle institucional o que sintonizan con las bases teóricas del Estado autonómico. Ocurre, primeramente, que el control del tribunal da un sentido aceptable a la intervención en la reforma estatutaria de las de las Cortes Generales, limitadas a verificar un control institucional grosero o básico de la constitucionalidad del proyecto de reforma y a asegurar su congruencia con las exigencias de homogeneidad del sistema, que el aval de las Cortes garantiza. De modo que la eventual intervención del tribunal facilita la actuación de las Cortes en el proceso estatutario, sabiendo que la adecuación constitucional del estatuto reformado queda garantizada a través, en su caso, de un control específico y técnico. La eliminación de este control alteraría en consecuencia el margen de actuación de las Cortes, obligadas a verificar entonces una intervención más exhaustiva y completa, contraria a la preparación y posición constitucional de un órgano legislativo.

En segundo lugar, en esta línea político-institucional, hay otro argumento que legitima, desde la propia lógica de nuestro sistema autonómico, la intervención del tribunal. Se trata de lo siguiente. El sistema autonómico es antes que nada una forma política moderada y equilibrada de soberanías, o poderes si se prefiere, compartidos. Ello se muestra en la reforma estatutaria de modo manifiesto. Así, la iniciativa, la facultad de retirada del proyecto a lo largo de su tramitación en las Cortes, y especialmente la decisión del cuerpo electoral sobre la Ley Orgánica de Reforma del Estatuto expresan el peso territorial frente al del Estado. El relieve del Estado se manifiesta en la facultad de las Cortes de corregir el texto de reforma que proviene de los Parlamentos autónomos, y que lo aprueban si ésa es su voluntad como Ley Orgánica. Podríamos decir que el recurso ante el Tribunal asegura que en casos graves la inclinación territorial del proceso se compense con una rectificación reequilibradora del sistema. Se trataría entonces, más que de una intervención extra ordinem, o exorbitante, de una posibilidad de actuación institucional compensadora: de restauración del equilibrio del orden autonómico.

De manera que, creemos, no hay razones para temer la intervención del tribunal, explicable desde argumentos de derecho positivo y de lógica institucional. No caracteriza a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional su nulo relieve político, sino al contrario su importancia para el mantenimiento del orden que hace posible el juego concurrencial de todos. Del tribunal se espera un fallo responsable y serio. La comunidad lo aceptará, pues una justicia constitucional cuestionada, lo sabe bien, no fortalece precisamente el sistema democrático en el que felizmente estamos todos.

Juan José Solozábal es catedrático de Derecho Constitucional de la UAM.

Desafuero foral
IGNACIO CAMACHO ABC 14 Octubre 2009

MIENTRAS Zapatero entraba en el Despacho Oral, digo Oval, con la misma solicitud obsequiosa que Monica Lewinsky y al tiempo que el carismático líder valenciano Ricardo Costa se atrincheraba en obstinada autodefensa de su honorabilidad perdida entre los bigotes de ciertas amistades indecorosas, el Congreso perpetró ayer a cencerros semitapados un auténtico atropello -otro más- a la solidaridad y el equilibrio territorial de la España a la que representan los diputados. El compromiso de blindaje legal del concierto vasco supone una concesión abusiva sobre un ya discutible privilegio, que el PSOE ha aceptado para alquilar los votos nacionalistas en la negociación de los Presupuestos; las transacciones en política son legítimas siempre que no se comercie con ellas en un mercado negro donde se venden y compran intereses generales o, como en este caso, se subasta el modelo de Estado para hacerlo aún más desigual, más asimétrico y más desproporcionado.

En su afán de no perder de vista a un PNV al que parece casi arrepentirse de haber desalojado del poder, el zapaterismo le va a conceder una franquicia que González siempre rechazó con firmeza. En pocas palabras, se trata de proteger el concierto fiscal vasco de cualquier recurso ante los tribunales -salvo el Constitucional, faltaría más-, modificando para ello dos leyes orgánicas. Dicho de otra manera: lo que decidan en materia de Hacienda las Juntas Generales de las provincias vascas se convertirá en doctrina inamovible. Vacaciones fiscales e impunidad jurídica. No basta, por lo visto, con que el País Vasco esté exento de contribuir al fondo nacional de solidaridad o con que sus empresas gocen de beneficios particulares y sus ciudadanos de rebajas de impuestos. Y esto lo aprueba un partido que se denomina a sí mismo Socialista.

Al menos el Partido Popular, cuya sección vasca se hallaba entre la espada de sus intereses electorales y la pared del criterio general sobre el equilibrio del Estado, ha terminado desmarcándose de este dislate que no es sólo un capricho insolidario, sino una vuelta de tuerca a la transformación de la España de los ciudadanos en una España de los territorios. Pero en el ámbito de las concesiones autonómicas jamás se puede recoger el agua derramada; es de temer que se trate de un nuevo paso irreversible. Un salto atrás que otorga a organismos provinciales capacidad legislativa similar a la del propio Parlamento de la Nación. Una distorsión antimoderna, propia del concepto medieval del nacionalismo vasco, que disminuye y cercena el principio de igualdad. El victimismo nacionalista sigue cobrando en especie de un Gobierno entregado e incapaz de plantarse ante la exacción y el chantaje político; por mucho que se ampare en un vago y discutible derecho foral, este blindaje es una arbitrariedad, una injusticia y, paradójicamente, un desafuero.

El Concierto de la desigualdad
Editorial La Razon 14 Octubre 2009

El Congreso respaldó ayer con el apoyo del PSOE y el PNV, entre otros, y el voto en contra del PP una propuesta del Parlamento vasco para que las iniciativas fiscales de las Juntas Generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa adquieran rango de ley y sólo puedan ser recurridas ante el Tribunal Constitucional, como sucede con las disposiciones aprobadas por el Parlamento vasco. La futura modificación conlleva cambios en las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. La reforma pretende el blindaje del Concierto Económico vasco para que no se pueda recurrir ante instancias judiciales ordinarias por parte de gobiernos regionales o por particulares como ocurre hasta ahora y para que en el futuro sólo puedan actuar contra las decisiones de las Juntas el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados o 50 senadores. El blindaje ha sido una vieja aspiración de los nacionalistas, a la que se sumaron los otros dos grandes partidos de esa comunidad autónoma en la Cámara de Vitoria. Se trata de proteger y asegurar la foralidad fiscal que consagra el Concierto y que concede toda una serie de privilegios a las Juntas Generales, lo que ha sido objeto de numerosos conflictos e interminables pleitos con las regiones limítrofes, que lógicamente se han sentido agraviadas y desprotegidas.

Aunque es cierto que la Constitución reconoce esta particularidad de los tres territorios históricos, que tiene su origen en el siglo XIX, y que el propio Partido Popular ha explicado que únicamente se trata de llenar un vacío normativo, no lo es menos que el Congreso de los Diputados ha agudizado el desequilibrio y ha alimentado el conflicto con su decisión de ayer. No se hizo más justicia para los españoles, vivan donde vivan y trabajen donde trabajen, porque las prerrogativas de las Haciendas Forales no las tendrán ni las diputaciones ni los cabildos, sino que se fortaleció la anomalía que supone que tres provincias de un mismo país puedan decidir libremente sobre una fiscalidad que amenaza la prosperidad y el futuro económico de otras comarcas españolas sin que éstas tengan siquiera capacidad de defensa plena ante las instancias judiciales. Al menos en la situación anterior existían las garantías añadidas para los gobiernos regionales y los ciudadanos particulares afectados de plantear sus objeciones incluso en los tribunales ordinarios. Así se pudieron parar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las denominadas vacaciones fiscales vascas, que pervertían la libre competencia y que acabaron por el empeño de la Administración riojana de plantear una batalla judicial, algo que será imposible con el blindaje.

Casi peor que el fondo de la decisión es la trastienda de todo este episodio, donde emerge la debilidad del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2010 y la urgencia de contar con el apoyo crucial de los seis diputados del PNV. El mercadeo público en sede parlamentaria, donde se pone a la venta por un puñado de votos una cuestión de gran calado político, económico y social como es la inmunidad del Concierto, es un espectáculo muy poco edificante. La responsabilidad del Gobierno es defender el bien común en todas sus actuaciones y no su interés particular a costa de fomentar el desequilibrio, la inseguridad y los privilegios de unos frente a otros. La abstención del PP, motivada por este chalaneo parlamentario del PSOE y el PNV, fue una respuesta equidistante a una encrucijada interna –sus tres diputados vascos se ausentaron para no votar en contra– que no justifica su adhesión de fondo a una iniciativa manifiestamente insolidaria, contra la que cabe esperar que los agraviados recurran en su momento.

Habilidades
HERMANN TERTSCH ABC 14 Octubre 2009

MONTECASSINO
Hay que reconocer que nuestros actuales gobernantes tienen unas habilidades y un desparpajo que convierten las torpezas de sus rivales casi en pecados cuando no en supuestos delitos. El desprecio del presidente Zapatero hacia todos los españoles que pedían su dimisión durante el desfile del Día de las Fuerzas Armadas y los insultos a todos esos ciudadanos que profirieron ayer la vicepresidenta y Lady Pajín, descalificándolos por supuesto como contubernio del facherío y la peor carcundia, son ya parte de la subcultura política de este país. Pero perfectamente asumida y oficializada. El mismo que utilizó un desfile para, en presencia del Rey, insultar a una nación y cultivar ese antiamericanismo entonces tan productivo, las mismas que convocaron a manifestaciones para calificar de asesinos a la mayoría parlamentaria de este país, consideran que cualquier signo de descontento contra su Gobierno sólo puede ser muestra de desagradecimiento o una conspiración de esa nueva anti-España que se han construido y que tan buenos réditos les ha dado hasta ahora. Con lo bien que nos va. Tropa de ingratos.

Con el caso Gürtel pasa igual. Aunque pueda haber sorpresas y según se tire de la manta resulte que los amigos del señor Gürtel tiene también muchos amigos entre los socialistas, incluida una íntima fontanera de La Moncloa. Resulta que los inmensos lodazales de corrupción que son las socialistas Andalucía y Cataluña aparecen como si fueran comunidades calvinistas. Y Madrid y Valencia poco menos que la cueva de Luis Candelas. Pero no debe extrañar ante la maña que despliegan quienes tendrían que pararles los pies. La oposición de debería dejar de pijerías y disculpas y dedicarse a las cosas serias. Véase el Faisán. Pero se dejan liar hablando de trapos cuando de lo que se debía hablar es de traición.

Indoloro y nada edificante
FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS El Mundo 14 Octubre 2009

TODO el esperpento de la caída de Ricardo Costa está resultando justo lo contrario de lo que González Pons anunció en Antena 3. Poco antes de que el número 2 del PPCV le diera la vuelta a la tortilla, Pons dijo que la caída de Costa obedecía a que «hay que actuar de forma dolorosa pero edificante». Sin embargo, al final no ha habido destitución y los términos han sido poco dolorosos para los jefes del partido y nada edificantes para los 700.000 militantes y los veintimuchos millones de votantes.

Lo peor parado de toda esta astracanada es la imagen de los políticos, lo único que desciende a la misma velocidad que el empleo. La víspera, de forma deliberadamente ofensiva para votantes y no votantes del PP, contribuyentes todos, Gallardón comenzó su nueva carrera a La Moncloa defendiendo a ZP, abucheado por los madrileños a doscientos metros y mil zanjas de la tribuna de autoridades. El de Ambiciones sigue sin demostrar el empeño que dice que tiene en esclarecer el 11M -eso dijo en el famoso juicio contra mí que sentó las bases para multar ferozmente a cualquiera que ose criticar a un político- pero ataca a los que entre Zapatero y él masacran fiscalmente. Le ha faltado, como siempre, decir la verdad: lo que se abuchea, cada vez más, es al sistema, a las instituciones representativas y a la casta política en general. No todos los políticos son iguales pero el que no vea la crisis política es porque no quiere verla.

Pero a la vista está. Ayer, en las declaraciones de Ricardo Costa contra Camps y Rajoy, me sorprendió que apelase a los militantes del PPCV, como si todos los votantes, del PP o no, y los que no votan o votan en blanco no pagasen a la fuerza su sueldo y los gastos legales de su partido. Pues no: a los únicos que rendía cuentas el Costa Chico -si hay alguno grande- era a los del partido, no a los ciudadanos en general, más avergonzados que el propio Costa por las conversaciones gurtelianas. Y no debe de andar muy desencaminado porque ha conseguido forzar la prórroga.

La única instancia de legitimidad para los políticos de hoy es el partido, que los crea y los destruye por obra y gracia del dedo del jefe. Lo demás, les trae al pairo. Se dirá que el ruinoso Ambiciones se diferencia en eso de los demás, puesto que sólo se inclina ante el PSOE, Prisa y lo que él llama «el Estado», o sea, el sistema político. Eso es a lo que la gente llama «la corrupción».

Extremos abucheos de la extrema derecha
Pedro de Hoyos Periodista Digital 14 Octubre 2009

Dicen que la extrema derecha abucheó a Zapatero el día de la fiesta nacional. A mí me parece bien que se abuchee a los presidentes de gobierno; todos terminan, más tarde o más temprano, por ganárselo a pulso. Incluso me da igual el día que se escoja, preferiría que no fuese el doce de octubre, pero qué más da la fecha si tienes la oportunidad de estar cerca de él y puedes darle cuatro voces. Lo tonto sería aguantarte las ganas y esperar a… ¿a cuándo?

El españolito actual sólo siente ganas de abuchear a Zapa por el tema económico. El bolsillo personal, vaya. Con el PP no podían hacerlo por eso y se escogió un tema ético y moral: la guerra de Irak y el apoyo aznariano a tan estúpida ocasión. Sea cual sea siempre hay motivo para silbar a un presidente. A Zapa podemos culparle tanto de la crisis económica, mentira, como de la mala programación de la tele o de la gripe A. A los presis les pasa como a los árbitros, siempre tienen la culpa de nuestras desgracias.

Hay mil motivos posibles para criticar al presidente y los abucheadores bien se podían haber esperado al día trece de octubre, en vez del doce, si él no hubiera aprovechado para irse a Norteamérica del Norte, esta vez sin sus hijas, que Halloween ya está bastante cerca y no conviene asustar demasiado a los buenos amigos. A los que se espera que sean buenos amigos, quiero decir.

A Zapahuero se le pueden reprochar sus discursos enroscados en una sonrisa sin sentido, hinchados de palabrería obrerista, buenista y sofista, engalanados de palabrería vana y a la postre desmentidos tanto por sus propios ministros como por la dura realidad. Eso de que los impuestos los iban a pagar los ricos y poderosos, por ejemplo. Miren si no hay suficiente pa cortar tela.

Y sin embargo los españoles sólo le reprochan cuatro millones de parados y la subida de los impuestos. El vil metal, vaya. Materialismo de extrema derecha, supongo. Pero nadie comenta críticamente la degeneración social de España, que se mantenga en el lumpen educativo a masas de españoles, proletarios culturales aunque hayan ido cien veces al Caribe, cuya educación social está basada en las lúgubres, tétricas, analfabetas pero muy exitosas series de televisión. El nivel de la tele de un país es un buen “sensómetro” de su nivel moral, ético y cultural.

En nuestro país el mal gusto y la mala educación son vistos por los españoles como algo “progre” que da buena imagen. Nadie critica a un gobierno ni al partido que lo sostiene por la degeneración de costumbres populares, por la zafiedad general en el trato o porque entre nosotros sea habitual el uso de la grosería como método general de relación.

A mí me da igual que critiquen a Zapa más o menos de lo que se criticó a Aznar, pero me incomoda la monotonía de las réplicas socialistas a esas críticas, termina por producirme cierto hastío. A los socialistas les basta decir que “son críticas de la derecha más radical” y se quedan tan anchos. Parece que ser de derechas invalida todos los argumentos, todas las capacidades, anula todos los valores. Eres de derechas y zas, condenado a mazmorras, que a quién se le ocurre, hombre, qué indigno e inmoral hacerse de derechas con lo bien que queda ser de izquierdas. Y de la derecha radical, encima, que podías ser de derechas pero calladito y sonriente. Sin embargo ser un radical de izquierdas que suprime la patria potestad de los padres de las adolescentes… eso está bien visto, es normal, incluso es elegante como nuestra vicepresidenta.

Los vicios de la democracia española (IV)
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 14 Octubre 2009

Un cuarto vicio de nuestra democracia es el cada vez mayor descrédito de los partidos políticos, los cuales, casi sin excepción, podrían denominarse mejor 'castas políticas', debido a su endogamia y a los privilegios que disfrutan con respecto a los ciudadanos de a pie.

Y, sin embargo, los partidos son un mal necesario para que pueda funcionar una democracia. Por decirlo gráficamente, se asemejan a unas escaleras que las personas que viven en los pisos altos de un edificio sin ascensor deben subir y bajar continuamente. Por supuesto, las escaleras son extenuantes pero no queda más remedio que utilizarlas para llegar a casa.

Los partidos son también extenuantes, pero sin ellos un régimen democrático, a pesar de sus abusos, dejaría de serlo, para convertirse en un régimen autoritario o arbitrario.

La cuestión, por tanto, es saber cómo deben comportarse para que puedan cumplir con esa función de ser los intermediarios entre los ciudadanos y el Poder político, ejerciendo unas veces el Gobierno y otras la oposición. La receta más sencilla para conseguirlo la ofrece el artículo 6 de la Constitución, cuando afirma que "su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos".

Ahora bien, a pesar que el mismo artículo señala que su actividad es libre "dentro del respeto a la Constitución y a la ley", cabe afirmar que ningún partido cumplen escrupulosamente tal mandato, sino que unos lo respetan más y otros menos. El hecho es que los partidos españoles, especialmente los dos más importantes, arrastran al menos cinco taras importantes que habría que erradicar.

La primera es que son partidos autoritarios, en los que se detecta una personalización excesiva del poder por parte del lider y del aparato burocrático. A pesar de lo que señalen los respectivos estatutos, no existe debate interno en su seno. Además, los puestos y cargos se otorgan en razón de la lealtad 'inquebrantable' al lider, y no en razón de los méritos respectivos. Si hace años se hablaba de corrientes dentro de cada partido, en la actualidad no existe más que un caudal único, que es el que permiten los que mandan.

En segundo lugar, los partidos no son generadores de ideas que favorezcan la innovación y el progreso de la sociedad, sino que están estructurados para fomentar el clientelismo, basándose en prejuicios y estereotipos que no resiten la confrontación con la inteligencia o la razón. Es más, han logrado 'partidizar' no sólo las instituciones del Estado, sino la sociedad entera. De este modo, hay jueces del PP o del PSOE, pero también médicos, fontaneros o capadores de pollos que actúan de forma partidista, según una polarización que es un freno para la existencia de una verdadera democracia.

En tercer lugar, los partidos paradójicamente se hallan cada vez más alejados, a pesar del clientelismo, de sus electores. El famoso 'cordon sanitario', mencionado por el actor argentino Federico Luppi con ánimo de marginar a la derecha española, donde realmente existe es entre los partidos y sus electores, lo que impide que un elector pueda plantear problemas a quienes les representan, como ocurre en otros países. No es raro, por consiguiente, el desprestigio cada vez mayor que han alcanzado los políticos en general.

En cuarto lugar, los partidos funcionan sobre todo como instrumentos para alcanzar el poder, pero no con ánimo de mejorar la sociedad y el funcionamiento de las instituciones políticas, sino que sirven sobre todo como vehículos para que sus militantes alcancen posiciones de privilegios que les diferencien del común de los mortales.

En efecto, como de lo que se trata es de ganar elecciones a cualquier precio, se necesita, en consecuencia, obtener dinero de la forma que sea para su financiación. Además del que, por supuesto, reciben legalmente de sus adherentes o de los Presupuestos Generales del Estado. Esta dinámica lleva a la corrupción, como demuestran los escándalos destapados recientemente, en los que han estado involucrados no sólo los dos grandes partidos nacionales, sino también otros de ámbito regional. Baste señalar que en los últimos cinco años más de un centenar de miembros del PP o del PSOE han sido imputados por temas de corrupción. En la actualidad se pueden ver dos casos más: la trama del 'caso Gürtel' o el bochornoso asunto del 'transfuguismo grupal' del ayuntamiento de Benidorm.

Por último, también es preocupante para el buen funcionamiento de la democracia lo que está sucediendo en los dos grandes partidos nacionales en relación a su 'territorialización', a semejanza de los nefastos partidos nacionalistas, quedando desvirtuadas como formaciones con cohesión suficiente para superar los meros planteamientos locales.

Se pueden describir estos y otros muchos defectos de los partidos, pero creo que lo que se deduce de lo expuesto es que los partidos, siguiendo el símil de las escaleras, pueden y deben mejorarse, porque son necesarios. Para ello bastaría con no edificar edificios de más de dos o tres plantas, con la intención de que subir tantos peldaños no canse. De lo contrario, algunos pedirán un 'ascensor' y entonces las esclaeras, como los partidos, ya no serían estrictamente necesarios.

IGNACIO COSIDÓ, SOBRE EL CASO DEL CHIVATAZO A ETA
"Es la mayor vergüenza, traición e ignominia en la lucha contra ETA"
El ministro del Interior ha debido responder de nuevo en la sesión del control al Gobierno a varias preguntas en relación con el caso del chivatazo a ETA, un caso que ha sido definido como "la mayor vergüenza, traición e ignominia en tres décadas de lucha contra el terrorismo" por el popular Cosidó.
LIBERTAD DIGITAL 14 Octubre 2009

La primera de las preguntas parlamentarias la ha hecho el diputado popular Ignacio Cosidó que ha empezado felicitar las fuerzas de seguridad por las recientes detenciones en la lucha antiterrorista, ha defendido que aclarar lo ocurrido con el chivatazo a ETA es imprescindible "por lealtad a esas fuerzas y cuerpos de seguridad y a la memoria de los que perdieron la vida luchando contra el terrorismo" y que se trataba de "la mayor vergüenza, traición e ignominia en tres décadas de lucha contra el terrorismo".

Tras esto, Ignacio Cosidó ha planteado al ministro los grandes interrogantes del caso del chivatazo: "¿Por qué se cambia al responsable de la policía que llevaba el caso y se designa a un inspector cuando en la parte francesa había un comisario? ¿Por qué se designa jefe de asuntos internos a alguien que estuvo implicado en los hechos?"; y también "¿por qué se condecoraa un inspector que después de trabajar durante tres años el fiscal le dice que es inhábil, que no hay material probatorio?"

Una vez más, Rubalcaba se ha escudado en la propia policía y en los jueces y fiscales para no dar su versión de los hechos ni ofrecer ninguna explicación: "Yo respeto las sentencias judiciales, en este caso que ni hay sentencias pues ni le digo".

"Los hechos son los que son"
Por su parte, el popular Ignacio Gil Lázaro insistió en que "los hechos son los que son" ya que "alguien cometió un delito de colaboración con banda armada". Es más, el diputado añadió que este chivatazo lo dio o bien un político o un funcionario policial, y recordó que en ese momento el Gobierno estaba en negociación con ETA.

Por ello, insistió a Rubalcaba que "les guste o no tanto la Justicia como el Ministerio del Interior tienen la obligación de llegar al fondo de este asunto". Así, apuntó que en la investigación hay "grandes vacíos y sombras, como si alguien de antemano quería que se cerrase este asunto".

En el mismo tono se mostró Jorge Fernández Díaz. En este caso, sus mayores críticas han ido dirigidas al fiscal general del Estado, Cándido Conde Púmpido, recordando sus declaraciones en las que, en mitad del mal llamado proceso de paz "decía que el vuelo de las togas de los fiscales no vacilará en mancharse con el polvo del camino", un polvo que, según Fernández Díaz "ha ensuciado las togas de los fiscales". El popular señalo que "ese trato desigual de la fiscalía es obsceno en un sistema democrático" y le recordó a Rubalcaba que cuando su partido está en el poder "todo son casos, ya sea Gürtel, GAL, Faisán…".

LA MISMA QUE ABRONCÓ A CASAS
De la Vega pide "respetar" al TC "sin presiones ni aspavientos"
Justo cuando se cumplen dos años de su bronca pública a María Emilia Casas, el 12 de octubre de 2007, De la Vega ha pedido "respeto" para el Tribunal Constitucional. Eso sí, la vicepresidenta ha aprovechado para recordar a los magistrados que el Estatuto es "plenamente constitucional".
Libertad Digital 14 Octubre 2009

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha hecho un llamamiento este martes, desde Barcelona, a respetar el tiempo que se están tomando los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) para dictaminar sobre el Estatuto, sin caer en "injerencias" y sin hacer "aspavientos".

Sin embargo, ella misma, que ya abroncó en público a la presidenta del TC, María Emilia Casas, no ha dudado en presionar de nuevo a este órgano al afirmar categóricamente que el Estatuto es "plenamente constitucional".

Así se ha expresado desde la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña, tras cumplir una apretada agenda de visitas en la capital catalana, donde se ha reunido con el presidente de la Generalidad, José Montilla, a primera hora de la mañana.

Preguntada en rueda de prensa sobre si una sentencia adversa sobre el Estatuto abriría un escenario de crisis institucional con Cataluña, Fernández de la Vega ha pedido dejar trabajar a los magistrados: "Es el tiempo de los jueces". "Lo prudente es respetar ese tiempo. Y respetarlo sin presiones, sin injerencias y sin aspavientos por parte de quienes tenemos responsabilidades políticas, quienes las han tenido y quienes aspiran a tenerlas", ha subrayado.

Según Fernández de la Vega, cuando el TC haya dictaminado "será el momento primero de acatar y luego de estudiar, analizar y valorar la sentencia", pero antes carece de sentido "especular" sobre lo que dirá.

Pero inmediatamente después de esta llamado al respeto de los jueces, la vicepresidenta le ha trasladado a Montilla que el Gobierno "confía plenamente en la constitucionalidad" del Estatuto, que de hecho "se está aplicando desde hace tres años con plena normalidad democrática", por lo que tiene confianza en que la sentencia del TC lo "avalará".

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Última Batasuna
EDITORIAL El Correo 14 Octubre 2009

Las detenciones de Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga, Rufino Etxeberria y varias personas más por orden del juez Baltasar Garzón, bajo la sospecha de que se encontrarían reorganizando la nueva dirección de la ilegalizada Batasuna siguiendo, al parecer, las directrices de ETA, vuelven a demostrar que la acción de la Justicia, y del Estado de Derecho en su conjunto, no se detendrá mientras la trama terrorista persista en su intento de actuar mediante una violencia justificada por un sinfín de actividades de pretendido carácter social y político. A la acusación pública le corresponde dar cuenta de las razones que han llevado a la Audiencia Nacional a ordenar estos arrestos y, en su caso, avalar con pruebas las acusaciones a las que pudiera dar lugar el proceder de los detenidos. Pero, de confirmarse las sospechas que explicarían la decisión del juez Garzón, echarían por tierra cuantas especulaciones han venido apuntando a la eventualidad de que en el seno de la izquierda abertzale pudiera estar gestándose una alternativa distinta a la de la inercia terrorista.

Es erróneo interpretar el pasado o el presente de la banda armada como si sus pasos obedeciesen a un pulso constante que se estaría librando entre duros y blandos; entre los partidarios de lo peor y los más proclives al desistimiento. Pero quienes se han apuntado a este tipo de teorías, excesivamente simplistas para comprender la sinuosidad del fenómeno terrorista, siempre han señalado a Otegi, incluso a Etxeberria, pero sobre todo a Díez Usabiaga como las únicas esperanzas de que desde el seno de la izquierda abertzale pudiera surgir un liderazgo capaz de acabar con el pasado violento y tender puentes de esperanza hacia una evolución democrática del autodenominado MLNV. Nada de lo que hayan hecho o dicho los mencionados dirigentes de la izquierda abertzale permite albergar semejante optimismo sobre la eventualidad de que la trama terrorista pudiera renunciar definitivamente a las armas o, en caso contrario, experimentar una ruptura por efecto de la supuesta audacia responsable de Otegi, Etxeberria o Díez Usabiaga. Por lo que resultaría un argumento falaz suponer ahora que la iniciativa del titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional interfiere en una tan hipotética como incierta evolución de los acontecimientos en el seno de una izquierda abertzale totalmente supeditada al dictado de ETA.

Blindaje a prueba
Editorial El Correo 14 Octubre 2009

La toma en consideración por el Congreso de los Diputados de la propuesta elevada por el Parlamento vasco para considerar como leyes las normas forales tributarias, mediante sendas reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de la del Poder Judicial, dejó ayer en entredicho tanto la solidez jurídica de tal pretensión como, sobre todo, la exigible coincidencia entre las fuerzas políticas, vascas y españolas, a la hora de aprobar una modificación legal de tanto calado. Prueba de ello es que el PP -el único que se opuso, junto a la UPyD de Rosa Díez- acabara rechazando la medida, y que ello llevara a los tres diputados populares por Vizcaya, Álava y Guipúzcoa a ausentarse de sus escaños en señal de disconformidad. El esfuerzo unitario que habían realizado antes los tres miembros de la Cámara vasca al presentar la proposición ante el Congreso, en nombre del PNV, PSE-EE y el PP del País Vasco, quedó en evidencia gracias a la beligerante intervención del diputado nacionalista Aitor Esteban, quien optó por realzar la inamovible postura de su grupo frente a la eventualidad de que los socialistas y sobre todo los populares tiendan a revisar el contenido de la proposición inicial en su trámite parlamentario.

Constitucionalmente, el autogobierno vasco resultó heredero de la autonomía de la que en el pasado gozaron los tres territorios históricos. Pero lo ocurrido estos últimos años con las normas tributarias en el País Vasco ha venido a demostrar que el llamado «núcleo intangible de la foralidad» mantiene una manifiesta contradicción con el hecho de que, en virtud de esa misma Constitución, son las comunidades autónomas las que cuentan con poderes legislativos, mientras que los órganos forales han sido considerados entes administrativos. Es más que razonable que los tributos concertados cuenten en Euskadi con la misma defensa y estabilidad de la que gozan en Navarra y, en lo que al régimen común respecta, en el resto de las comunidades. De manera que, como ocurre en éstas, la normativa tributaria vasca no pueda ser recurrida más que por el Gobierno central en aras a la armonización impositiva. Pero la vía de la doble reforma tomada en consideración ayer presenta dudas de constitucionalidad. Dudas que se acrecientan con la cerrada versión que el PNV se obstina en promover y escenificar bajo la equivocada consigna del 'blindaje' del Concierto.

La relación de Méndez Ferrín con ETA
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 14 Octubre 2009

José Luis Méndez Ferrín es una especie de «dios» para la progresía de la cultura en gallego, la mayor parte de ella partidaria de la imposición coactiva de este idioma a todos los gallegos por considerarlo «lengua propia» de Galicia frente al español, la «lengua impropia». Méndez Ferrín fue propuesto al Premio Nobel de Literatura en el año 1999 por la Asociación de Escritores en Lengua Gallega, no por «Galicia», como dicen algunos medios afines al nacionalismo secesionista. En el mes de febrero del presente año, el escritor orensano recibió un homenaje por su setenta aniversario que consistió en una cena en el Hotel Los Escudos, en Vigo. A este homenaje asistió la plana mayor de la intelectualidad de la cultura en gallego.

Pero pocos saben que en septiembre de 1980 la Jefatura de Policía de Coruña hizo pública una nota oficial en la que se informaba sobre las detenciones que desde el día 1 de dicho mes se venían realizando en Galicia con motivo del atraco a una sucursal de la Caja de Ahorros de Orense, en el que los cacos se llevaron 352.000 pesetas. Fueron detenidas doce personas, supuestamente vinculadas al Partido Gallego del Proletariado (PGP). Entre ellas figuraban Antonio Arias Curto, de 36 años, industrial de Monforte de Lemos (Lugo) y concejal en este municipio como independiente por la coalición nacionalista Unidade Galega, y José Luis Méndez Ferrín, de 42 años, escritor y catedrático en Vigo.

Según explica la nota de la policía, algunas armas (entre ellas una metralleta, seis pistolas y munición) llegaron hasta Arias Curto a través del etarra Domingo Iturbe Txomin, quien se las habría entregado en Vitoria. Varios de los detenidos mantuvieron contactos con ETA en Biarriz y Zaráuz en encuentros preparados por Méndez Ferrín.

En mayo del presente año (2009) Arnaldo Otegi realizó un llamamiento a todas sus huestes aberzales para que le dieran su voto a Iniciativa Internacionalista, candidatura encabezada por Alfonso Sastre, a fin de que los secesionistas estuviesen presentes en el Parlamento Europeo. Dicha candidatura fue impugnada tanto por la Abogacía del Estado como por la Fiscalía General del Estado por estar "infiltrada" por miembros de la ilegalizada Batasuna. En ella se presentaban dos gallegos, el escritor José Luis Méndez Ferrín y el sindicalista Xan Andrés Carballo Rodríguez.

Tanto Méndez Ferrín, que figuraba en el puesto número seis de Iniciativa Internacionalista, como Xan Andrés Carballo Rodríguez, en el número 16, pertenecen al grupúsculo creado por Ferrín, denominado Frente Popular Galega (FPG), que se integró en Iniciativa Internacionalista para concurrir a las elecciones europeas del pasado 7 de junio.

El cabeza de lista de Iniciativa Internacionalista era el dramaturgo Alfonso Sastre. Dicha candidatura fue anulada en un principio por el Tribunal Supremo pero restituida más tarde por el Tribunal Constitucional, aunque no obtuvo ninguna representación en las elecciones celebradas el 7 de junio de 2009, pues el pueblo es más sabio y tiene más dignidad que la mayoría de sus jueces.

Alfonso Sastre Salvador (Madrid, 1926), desde comienzos de los años 1970, ha participado de manera significativa en el apoyo a la izquierda secesionista vasca y ha estado estrechamente relacionado con el entorno de ETA. Su esposa, la catalana Eva Forest Tarrat (fallecida en Fuenterrabía el 19 de mayo de 2007), a finales de 1972 puso en contacto a miembros de ETA con una persona desconocida que proporcionó a la banda terrorista los datos necesarios para asesinar al almirante Carrero Blanco. Durante la preparación del atentado, Eva Forest siguió colaborando con ETA ocultando a los terroristas en su casa, encargándose de la adquisición de una vivienda para ocultar a los autores del asesinato y haciendo de correo con la dirección de la banda en Francia para preparar la huída del comando una vez perpetrado el atentado. Eva Forest siempre apoyó activamente a ETA, siendo detenida el 16 de septiembre de 1974 por su presunta implicación en el atentado de la calle Correo, que dejó doce muertos.

Dios los da y ellos se juntan.
---
NOTA: Los 25 primeros miembros de la candidatura de Iniciativa Internacionalista:

1. Alfonso Sastre Salvador. Escritor y dramaturgo.
2. Doris Benegas Haddad. Cabeza de lista en diversas elecciones de Izquierda Castellana.
3. Josep Garganté Closa. Sindicalista de la CGT de Cataluña. Concurrió a las elecciones sindicales de 2006 de Transports Metropolitans de Barcelona.
4. Zésar Corella Escario. Ex miembro del comité nacional de Chunta Aragonesista.
5. Angeles Maestro Martín. Líder de Corriente Roja, escisión de Izquierda Unida, donde fue una corriente interna antes de la escisión. Fue dirigente del PCE y diputada por Izquierda Unida.
6. José Luís Méndez Ferrín. Escritor y poeta. Es el líder de Frente Popular Galega (FPG). Fue presentado como candidato al Premio Nobel de Literatura en 1999 por la Asociación de Escritores en Lengua Gallega.
7. Juan Ignacio Orengo. Metalúrgico. Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación del Metal de CCOO de Sevilla, por el Sector Crítico. Militante de Corriente Roja.
8. Antonio Sardá Artiles. Miembro de la Confederación Intersindical Canaria.
9. Gloria Pérez Berrocal. Programadora de Radio (Radio Nacional de España). Miembro del CSCA (Comité de Solidaridad con la Causa Árabe).
10. Alicia Pérez Herranz. Conocida artísticamente como Alicia Hermida, nombre con el que firmó un manifiesto de apoyo a la candidatura, es actriz y profesora de interpretación. Tiene una dilatada trayectoria profesional. Actualmente interpreta el papel de "Valentina" en Cuéntame cómo pasó" en TVE.
11. Antonio Nicolás Maira Rodríguez. Director de Rebelión.org
12. Jaime Losada Badía. Dramaturgo.
13. Concepción Bosch Riera. Fue en las listas de Barcelona per l'Autodetarminació (BxA) - Federació d'Independents de Catalunya (FIC) en las municipales de 2007 al ayuntamiento de Barcelona.
14. Celia Camps Pérez.
15. David Pérez Ramos. Miembro del Grupo de Trabajo contra Bolonia del Rectorado de la Universidad de Sevilla.
16. Xan Andrés Carballo Rodríguez. Secretario de Acción Sindical de la Confederación Intersindical Galega. Fue candidato al Senado en 2004 y al Parlamento de Galicia en 2005 por Frente Popular Galega. En 2000 fue nombrado vocal del Consejo Gallego de Servicios Sociales en representación del CIG.
17. Mustafa Bachir Mohamed. Miembro del comité de empresa de Controlex España. Vocal de inmigración de la Asociación de Vecinos del Puente de Vallecas (Madrid).
18. Adrián Ruiz Ibáñez. Miembro de Corriente Roja.
19. Guillerma Silva Díaz. Representante de CCOO en el sector de la automoción. Miembro del comité de empresa de Magneti Marelli Electrónica SL desde 1989. Fue candidata de la coalición GPOR-PST (LVS) al Parlamento Europeo en 1994.
20. Violeta Benitez Romero. Militante de Corriente Roja. Fue representante de entidades ciudadanas en el Consejo de la Juventud de Córdoba.
21. Alfonso Araque Macias. Miembro de la comisión ejecutiva de la sección sindical de CCOO de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid.
22. Luis Nicanor Ocampo Pereira. Secretario general de Izquierda Castellana.
23. Luna María Fajó Castro. Fue miembro de Chobenalla cuando ésta aún estaba integrada en CHA.
24. María Rocío Mielgo Blanco. Fue candidata al Senado por Palencia en 2008 por la candidatura Comuner@s.
25. José Estrada Cruz. Fue candidato de Nosaltres Som-Assemblea d'Unitat Popular (N.SOM-AUP) al ayuntamiento de Tarragona en 2007. Fue concejal del PSUC en el Ayuntamiento de Tarragona y secretario general de CCOO de la comarca de Tarragonès. Fue expulsado del sindicato por proporcionar un local para la candidatura Herri Batasuna en las europeas en los noventa. Tras esto, integró en la CGT.

De la Vega exige «menos aspavientos» y se compromete a desplegar el Estatut
IVA ANGUERA DE SOJO | BARCELONA ABC 14 Octubre 2009

«Es el tiempo de dejar hablar a los jueces, sin presiones, injerencias ni aspavientos». La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, fue así de clara ayer, tras reunirse con el presidente de la Generalitat, José Montilla, al repasar la «carpeta catalana» a un año de las próximas elecciones autonómicas. Un encuentro que se desarrolló con la máxima cordialidad, según sus protagonistas, aunque las agendas de uno y otro impidieron que De la Vega y Montilla compartieran estrado ante la Prensa como habían hecho en anteriores ocasiones en el Palau de la Generalitat.

La vicepresidenta, que tradicionalmente ha sido el canal de comunicación favorito de Montilla con La Moncloa y viceversa, especialemente en épocas de crisis institucional, llegaba ayer a Barcelona con una carpeta menos conflictiva que en otras ocasiones, pero con el encargo de reclamar a Montilla calma ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Una sentencia que fuentes judiciales vuelven a posponer, desmintiendo la previsión de la presidenta del TC, María Emilia Casas, de aprobar el dictamen a final de este mes.

Sentencia pospuesta
En este contexto, De la Vega reclamó ayer a los partidos catalanes, y en especial al Gobierno de la Generalitat, tranquilidad hasta que el Alto Tribunal haga público su fallo y dejar trabajar a la Justicia desde el convencimiento de que el Estatut es constitucional. «El Gobierno está convencido de la plena constitucionalidad del Estatut, que se aplica desde hace tres años con plena normalidad». En otras palabras, seguir con la política de hechos consumados adoptada por ambos ejecutivos sin llevar este debate al ámbito público, como desde verano viene haciendo ERC, socio minoritario del tripartito.

Poco después Montilla corroboraba esas palabras desde el Palau de la Generalitat, al asegurar que no contempla «planes B» ante una eventual sentencia contraria al Estatut. «La vicepresidenta me ha dicho que está convencida de la plena constitucionalidad del Estatut», aseguró el president, quien añadió que ambos acordaron que el texto debe «seguir desplegándose, porque es nuestra obligación aplicar una ley vigente».
Preguntada por los otros dos grandes motivos de fricción entre el Gobierno y la Generalitat, la aplicación del Fonde de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -cuestionado por el tripartito- y la Ley de Educación de Cataluña (LEC) -cuestionada por el Ministerio de Educación-, De la Vega expresó su confianza en llegar a un acuerdo que evite llevar ambas cuestiones ante el TC.

De la Vega auguró una «solución acordada» aunque reconoció que de momento, ambos ejecutivos han sido incapaces de llegar a un acuerdo en ninguna de las dos cuestiones, proyectos clave tanto en el caso del FROB para el Gobierno como la LEC para el tripartito. En este sentido, De la Vega desmintió que el desencuentro entre ambos ejecutivos se deba a la aplicación de la tercera hora de castellano porque «eso no está en la ley», aunque lo cierto es que el Ministerio cuestiona la capacidad de la Generalitat para fijar el currículo y los horarios, lo que le permitirá evitar la tercera hora.

Subvenciones públicas
El tripartito dio ayudas a Òmnium de 8 millones de euros entre 2004 y 2008
Leonor Mayor | Barcelona El Mundo 14 Octubre 2009

Òmnium Cultural, una asociación privada dedicada a promocionar la lengua y la identidad catalanas, se compró una sede de 3,54 millones de euros en 2004. La Generalitat le facilitó dar la entrada, pues le regaló 660.000 euros a cargo de una herencia intestada, la de Carme Pintó Valls. Òmnium pidió una hipoteca, que vence en 2034. No obstante, la entidad podía haber pagado a tocateja, pues ha recibido ayudas millonarias del tripartito que doblan el valor del inmueble.

El Govern ha subvencionado con más de 7,6 millones de euros a Òmnium Cultural entre los años 2004 y 2008. La asociación ha recibido cerca de 80 subvenciones, procedentes principalmente de los Departamentos de Presidència, Vicepresidència, Cultura, Governació, Acció Social, Educació y Treball, controlados por el PSC y Esquerra, según ha podido descubrir el diputado del grupo mixto en el Parlament y promotor de Impulso Ciudadano, José Domingo.

De estas subvenciones, la que más llama la atención es una concedida por el vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, a través de un convenio que firmó con Òmnium en noviembre de 2007. Se trata de una ayuda por importe de 2,71 millones de euros, a repartir entre los años 2007 a 2010
 

Recortes de Prensa   Página Inicial