AGLI

Recortes de Prensa    Jueves 15 Octubre  2009

 

La ciénaga
Contra el Estado autonómico
Raúl Vilas Libertad Digital 15 Octubre 2009

La crisis del PP a cuenta de las corruptelas del Gürtel, el desconcierto vasco y la falta de autoridad de la direccion nacional es sintomática del disparatado diseño del Estado autonómico, cuyo deterioro ha llegado a un punto sin retorno. Sin restar méritos a Don Mariano, que sin duda los tiene, un personaje de su insignificancia política no puede ser señalado como el responsable único de la descomposición de su partido, proceso paralelo a la desintegración de facto de la propia nación española.

No se trata de la clásica discusión entre centralismo y federalismo, porque aquí no tenemos ni una cosa ni la otra, y sí los inconvenientes de ambos modelos. Las justificaciones históricas que apelan a las dificultades coyunturales que tuvieron que salvar los padres de la Constitución ya no sirven 30 años después.

El primer despropósito fue dejar abierto el sistema de distribución competencial al albur de la conveniencia política del momento, sin que los intereses de los contribuyentes y la eficiente gestión de los recursos que el Estado les sustrae cuente lo más mínimo. Así, una administración puede hacerse cargo o no de la seguridad o cualquier otro asunto en función exclusivamente del apoyo al Gobierno de un grupo de diputados.

Pero la mayor burrada es la llamada financiación autonómica. Es una invitación al gasto irresponsable que los gobiernos autonómicos han abrazado con entusiasmo en una carrera ruinosa por ver quién logra la mayor de las deudas, lo que ha convertido nuestro sistema institucional en el más caro e ineficaz y, por tanto, insostenible. Gastan y gastan un dinero que no recaudan, por el que no deben responder ante sus administrados. De modo que se estimula la creación de redes clientelares, como la que ha aflorado ahora en el PP, que no deja de ser pecata minuta si lo comparamos con las tejidas por el PSOE en Andalucía o los nacionalistas cuando han gobernado en el País Vasco y Cataluña, recuerden el tres por ciento.

Los intereses de la parte prevalecen siempre sobre los del todo. Incluso si Rajoy gozase de una autoridad que no tiene, le hubiese sido especialmente difícil imponerse sobre Camps o Basagoiti. El líder de la oposición es en la España de hoy un mindundi político frente a todo un caudillo autonómico. En estas condiciones estamos en un callejón de muy difícil salida. Si además no existe voluntad de cambiar las cosas, vamos de cabeza a la ruina. Habría que esperar a que Rosa Díez ganase las elecciones y, qué quieren que les diga, eso, por inverosímil, no es un gran consuelo.

Los españoles pagaremos los gastos de traducción de nuestros europarlamentarios en Bruselas
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 15 Octubre 2009

Hay que reconocer que para algunos artículos de lujo y demás caprichitos identitarios hay más dinero que para las necesidades más apremiantes de los españoles. Los europarlamentarios españoles, que hablan y conocen perfectamente el idioma oficial de su Estado, es posible que pueden utilizar sus respectivas lenguas vernáculas en los debates parlamentarios, ya que el gobierno ha decidido que "España" (o sea, los españoles) pagaría los gastos de traducción. Es decir, un europarlamentario gallego, vasco o catalán, que habla perfectamente el español, podrá permitirse el lujo de hacerlo en su lengua vernácula gracias a que la factura de los traductores la pagaremos, como siempre, las castigadas clases medias de este país que ni a Kafka le hubiera salido más kafkiano.

El encargado de tramitar tan absurda e innecesaria petición ante el presidente del Parlamento Europeo, el polaco Jerzy Buzek, será Diego López Garrido que a estas alturas ya se encuentra en Bruselas para transmitirles a los altos dirigentes de las instituciones europeas la nueva genialidad que, con toda seguridad, ha surgido como una pompa de jabón del cerebro vacío del Acariciador de Obama.

Los diputados y las diputadas, los miembros y las miembras que viven a cuenta de nuestros impuestos "wie Gott in Frankreich" (expresión alemana que significa "como Dios en Francia") podrán, por fin, quitarse de encima el ignominioso peso de tener que expresarse en la lengua oficial de su Estado.

Espero que el representante de las Islas Canarias pueda, por fin, expresarse en Bruselas mediante el silbo gomero. La pena es que no viva Luis Buñuel para filmarlo y deleitarnos con la más surrealista de sus películas.

Faisán a la Rubalcaba
DAVID GISTAU El Mundo 15 Octubre 2009

El presidente del Gobierno estaba en su viaje de turista espacial a la Casa Blanca, demasiado a gusto en su papel de secundario en un capítulo de The West Wing como para que le alcanzaran las miserias que ayer se debatieron en el Congreso. Y el líder de la oposición bastante tenía con tratar de sacar adelante un simulacro de carácter en el que acabó recordando a un Don Pantuflo incapaz de convencer a Costa de que le devuelva los vales de la bicicleta. La comedia de enredo del PP delata a un partido que, no pudiendo gobernarse a sí mismo, se achica como expectativa ante la empresa de gobernar un país con necesidades regeneradoras comparables a los trabajos de Hércules. Y ello se notó en el ambiente de la bancada popular, que traía cara de mi carro me lo robaron anoche cuando dormía.

Para una oradora escurridiza como F. de la Vega, las tribulaciones del PP son perfectas para escaquearse en vez de responder, como suele. No importa que le pregunten por los piratas de Mompracem, por la precariedad laboral o por la costumbre esquimal de saludarse frotando la nariz. Ella, igual que las máquinas de entrenamiento largan pelotas de tenis, suelta en cadencia lo de Gürtel, Correa, pues anda que en Madrid y Valencia, y a ver si arriman el hombro, pues sigue empeñada en que la función de la oposición es no ejercerla, sino participar de los propósitos gubernamentales como cualquier ministerio. La frasecita que siempre se trae hecha fue ayer un juego de palabras de mucho reír: «Ustedes quieren ganar a toda Costa». No sé a qué espera Bono para habilitar en su mesa un botón que active risas enlatadas con las que subrayar estas punch-lines de la vice.

Cuando más despoblado estaba el Hemiciclo, la sesión se puso tensa y descendió al Hades de la política mierda. Ocurrió cuando la reencarnación actual de Fouché, Rubalcaba para el siglo, fue preguntado por el repugnante chivatazo del bar Faisán, por el momento en que la Policía se avino a colaborar con el terrorismo sólo para servir el interés de un partido, por la identidad de quien diera la orden política, por el chiste cínico de que investigador e investigado sean la misma persona -condecorada, por cierto- que además daba cuentas a un juez también politizado. Rubalcaba habló de policías «honorables», pero sin el matiz sarcástico con que Marco Antonio empleaba este mismo término en el discurso fúnebre a Julio César de Shakespeare. Y luego exigió respeto a las instituciones del Estado y a las Fuerzas de Seguridad, como si ponerlas en duda constituyera una suerte de traición o de insensatez. O sea, que ha rescatado los mismos argumentos que utilizaba cuando era el portavoz del Gobierno de los GAL y, como ahora, negaba hechos, y hasta se hacía el indignado sólo por tener que considerarlos, antes de que un ex presidente tuviera que abrazar a uno de sus ex ministros ante la puerta de una cárcel. Uno de los diputados populares que inquirieron al ministro del Interior se lamentó de que siempre sea el PSOE el que se relacione con los terroristas por cauces ilegales, ya sea para asesinarlos o para ayudarles a escapar, ya sea en un extremo o en el otro. Y siempre con Rubalcaba -el que «pone» a Maribel Verdú porque ella odia la mentira- despejando a córner.

Suficientes privilegios
Editorial ABC 15 Octubre 2009

EL llamado «blindaje» constitucional del Concierto Económico ha provocado una inoportuna polémica interna en el Partido Popular y ha permitido al PNV recuperar un protagonismo que estaba perdiendo desde que abandonó el Gobierno vasco tras las últimas elecciones autonómicas. Los nacionalistas han hecho pleno al conseguir la vinculación de esta reforma con su apoyo, aún no asegurado, a los Presupuestos generales del Estado para 2010, aprovechando la precariedad parlamentaria del PSOE, empeñado sin éxito en zafarse de este mensaje del PNV y en presentar su respaldo a la iniciativa del Parlamento vasco como una decisión ajena a su necesidad de apoyos en el Congreso.

En este contexto de trueques entre PNV y PSOE, el voto negativo del PP estaba justificado. Además, había también razones de fondo para oponerse a lo que muchos expertos consideran como una exacerbación de los privilegios, cuya constitucionalidad no es discutible, que ya están reconocidos al País Vasco. La proposición de ley que se tomó en consideración el pasado martes se basa, en definitiva, en tratar las normas fiscales aprobadas por las Diputaciones Forales como si fueran leyes parlamentarias, de manera que su impugnación sólo sería posible ante el Tribunal Constitucional. El escenario final que prepara esta reforma se traduce en que la Comunidad vasca acabará siendo la única que tenga, de hecho y de derecho, cuatro parlamentos: el autonómico de Vitoria y tres forales, uno por cada Territorio Histórico. Los defensores de esta reforma afirman que así se corrige la anomalía de que unas normas tributarias sean impugnables ante los Tribunales de Justicia. Pero más anómalo es que unas normas que regulan soberanamente los impuestos que pagan los vascos no sean aprobadas por un Parlamento, sino por unos entes de ámbito local.

El Concierto Económico Vasco no es un derecho histórico, ni siquiera una institución foral en sentido estricto, salvo en el procedimiento paccionado para su aprobación. Tiene su origen en la Ley de 1876 que ordenó algo tan sensato como extender a las provincias vascas los deberes constitucionales que pesaban sobre el resto de españoles. Luego, el primer Concierto fue aprobado por Real Decreto en 1878. Por tanto, la condición previa para enfocar este debate es no creerse la retórica cansina del nacionalismo vasco. El Concierto fue una concesión del Estado posterior a la definitiva incorporación de los ciudadanos vascos a la igualdad constitucional. Así son complejas de defender las exigencias de garantizar más aún un sistema foral protegido de manera reforzada por la Constitución y el Estatuto de Guernica. No menos improcedentes son las comparaciones con otras comunidades autónomas, porque si el País Vasco se ha organizado simultáneamente como comunidad autónoma y como «confederación» de territorios forales es porque así lo quisieron sus representantes políticos. Lo que sucede es que es difícil funcionar con privilegios del siglo XIX y ampararse en procedimientos constitucionales del siglo XXI. Resulta comprensible que el PP vasco, como representante del foralismo vasco -que originariamente no fue de izquierdas ni nacionalista-, buscara ampliar el régimen jurídico de un instrumento que, en definitiva, expresa la inserción del País Vasco en España. Pero todo debe tener un límite, sobre todo, cuando el Concierto y el sistema foral de los Territorios Históricos ya constituyen, en las actuales condiciones, un extraordinario privilegio frente al resto de comunidades y provincias.

Justificar en Afganistán lo que se criticó en Irak
EDITORIAL Libertad Digital 15 Octubre 2009

Aunque el encuentro "planetario" entre Obama y Zapatero no haya encontrado el menor eco en la prensa norteamericana, y hasta haya quedado algo eclipsado en España por el asunto del cese de Ricardo Costa, lo cierto es que el Gobierno y el PSOE tratan de sacarle el mayor jugo propagandístico. Y es que, si bien por su duración, este encuentro no ha permitido abordar los numerosos temas que Zapatero llevaba en su agenda, sí ha permitido realizar numerosas fotografías que pueden sostener la ficción de que nuestro país vuelve a "estar entre los grandes".

No vamos a negar que el presidente de Estados Unidos haya dispensado numerosos gestos de amistad y simpatía hacia el presidente del Gobierno español, pero no es menos cierto que todo ese cordial recibimiento ha tenido un claro precio para nuestro país que no es otro que el de tener que enviar más tropas a la guerra de Afganistán. Tal vez consciente de que esa exigencia es lo único que ha quedado en limpio del esperado encuentro, la secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Valenciano, ha corrido a justificar el envío de más efectivos a ese país en guerra señalando que "estar con los grandes" implica llevar a cabo compromisos como éste. Así, con palabras casi calcadas a las que pronunciaba Aznar para justificar el envío de tropas a Irak tras el derrocamiento de Saddam Hussein, Valenciano ha señalado que "cuando uno está en ese nivel, no solamente se sienta en la mesa de los grandes para departir, sino que se compromete con los grandes en la gestión de los asuntos que son más delicados. Y Afganistán es uno de ellos".

No es la primera vez que desde aquí denunciamos cómo el Gobierno de Zapatero mantiene en Afganistán el mismo discurso y las mismas acciones que los socialistas criticaron desde la oposición al Ejecutivo de Aznar con respecto a Irak. Zapatero encubre su bochornosa incoherencia llamando a la de Irak "misión de guerra" y maquillando a la de Afganistán como "misión de paz". Lo cierto, sin embargo, es que ambas misiones tenían los mismos objetivos, con la diferencia de que la situación en Afganistán es ahora mucho más arriesgada y proclive a enfrentamientos armados que la que se vivía en la zona de Irak a la que fueron enviados nuestros militares.

El Gobierno de Zapatero también recurre a una mentira generalizada como es la de que el envío de tropas españolas a Irak contravenía las resoluciones de Naciones Unidas. Lo cierto, sin embargo, es que el único que contradijo a la ONU fue Zapatero con su precipitada y bochornosa retirada de Irak. Aquella salida que tanto celebró el fundamentalismo islámico internacional –incluido el que ahora nos combate en Afganistán– no sólo desoyó a nuestros aliados y al propio Ejecutivo provisional de Irak, sino también resoluciones de Naciones Unidas, como la 1511 de 16 de octubre de 2003, que expresamente "insta a los Estados Miembros a que presten asistencia en virtud del presente mandato de las Naciones Unidas, incluso con fuerzas militares, a la fuerza multinacional". Para colmo de la impostura, también debemos recordar la todavía más silenciada resolución 1546 de 8 de junio de 2004, que también "pide a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales y regionales que presten asistencia a la fuerza multinacional, en particular con fuerzas militares", y que el Gobierno de Zapatero tuvo el descaro de suscribir semanas después de haber pegado la espantada.

El caso es que para sostener esa farsa de "buenismo pacifista", Zapatero ha emprendido una gira por Oriente Medio y, durante una visita a la Mezquita de los Omeyas de Damasco, ha pedio a un imán que "sus plegarias lleven la paz a todas las regiones del mundo". Esperemos que esta solicitud de intercesión divina, que el "laicista" de Zapatero no haría ante un clérigo católico, no ignore el hecho de que en muchas mezquitas se hacen llamamientos a la guerra santa; una "guerra santa" que los fundamentalistas islámicos libran contra los infieles en Afaganistán, y a la que Zapatero va a enviar, no plegarias, sino más soldados.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Menos ingenuidad
KEPA AULESTIA El Correo 15 Octubre 2009

La detención, por orden del juez Garzón, de quienes podrían constituir el último equipo de dirección de Batasuna suscitó la consabida acusación de que la Audiencia Nacional habría aplicado una orden gubernamental para abortar el plan que los presuntos dirigentes de la ilegalizada organización estarían tramando en su seno. Es sorprendente la convicción con la que, de forma periódica, se apela a la existencia en el seno de la izquierda abertzale de una corriente que estaría liderada por Otegi o por Díez Usabiaga para distanciarse definitivamente de la violencia. Sorprendente porque hasta la fecha ni uno ni otro se han mostrado decididos a cortar amarras con el pasado. Y los matices que han podido introducir respecto al discurso más iracundo de otros portavoces no han sido nunca suficientes como para concederles el mérito a la audacia. Sin ir más lejos, ambos fueron intérpretes adocenados de las dos últimas rupturas de tregua por parte de ETA, y observadores comprensivos de los asesinatos con las que la banda rubricó ambas rupturas. No hay constancia pública alguna de que los detenidos estuviesen actuando con la misión de desarmar el camino hacia la independencia. Y de ser así es lógico pensar que expondrán su cometido como argumento nuclear de su defensa en la comparecencia ante el juez que ha ordenado su detención.

Supongamos -lo cual es mucho suponer- que Otegi y Díez Usabiaga se habían decidido por fin a encabezar la revisión de los medios empleados por ETA y secundados por la izquierda abertzale para así salvar sus fines últimos o, sencillamente, preservar su propia existencia política y procurar la vuelta a la legalidad. No tendrían más que decirlo. Pero probablemente no sea eso a lo que se refieran los batasunos con la apertura de un «nuevo ciclo político para superar el conflicto armado», tal como ayer anunciaron desde Baiona. Probablemente se trate de situar el punto de equilibrio de la propia izquierda abertzale más cerca del «matar menos y bien» que del «matar todo lo que se pueda».

Ni la sociedad ni los poderes del Estado tienen por qué respetar, en actitud condescendiente, el ritmo supuestamente evolutivo de la izquierda abertzale mientras su comportamiento contribuya a la perpetuación de la amenaza terrorista. Es más, la sociedad y las instituciones tienen razones poderosas para mostrarse extremadamente exigentes respecto a eso que en la jerga de la izquierda abertzale se denomina «propuesta de calado», «iniciativa de solución» o, una vez más, «alternativa democrática».

Nada permite pensar que quienes hablan en nombre de la izquierda abertzale se hayan liberado o discrepen de la matriz etarra como para tener en cuenta el equívoco y engañoso mensaje del cambio que encarnarían los detenidos. La orden de Garzón podrá ser criticable por muchas cosas; pero mejor será que los profesionales de la «solución dialogada», algunos de los cuales continúan hablando de «proceso de paz», no sigan haciendo el juego a los exégetas que acompañan la deriva etarra. Porque es esto lo que en realidad eterniza el problema.

SE ESTRECHA EL CERCO SOBRE EL SINDICATO LAB
ETA ya sabe que no podrá volver a tener brazo político
IMPRESIONES El Mundo 15 Octubre 2009

OTEGI y los otros nueve detenidos el martes fueron trasladados ayer a Madrid para declarar. Cabe felicitarse por esta operación policial que ha frustrado lo que parece un nuevo intento por parte de destacados miembros de la izquierda abertzale de reconstruir la ilegalizada Batasuna. De hecho, su plan pasaba por crear un partido en apariencia distanciado de ETA para poder volver a las instituciones, pero que en realidad estaría tutelado por la propia banda terrorista. Por ello, son inadmisibles las reacciones de líderes del PNV, como Egibar, que dijo ayer que «quienes han promovido estas detenciones no quieren el fin de ETA», en alusión a que se cierran todas las puertas para el diálogo, cuando sabe de sobra que Otegi y los suyos siguen sin apostar por la vía exclusivamente política. Resulta, además, de extraordinaria relevancia que entre los apresados figure Díez Usabiaga, ex secretario general de LAB, y que algunas detenciones se hayan llevado a cabo en sedes de este sindicato, ya que podría permitir al fin establecer ante la Justicia su vínculo con el entorno etarra, conocido hace mucho tiempo.

España en su letal paradoja
ISABEL SAN SEBASTIAN El Mundo 15 Octubre 2009

VA A volver a suceder. Los Presupuestos Generales del Estado, la Ley más importante de cuantas vertebran el gobierno de una nación, están a punto de aprobarse con el respaldo de tres grupos que reniegan de España. Con sus votos condicionados, por supuesto, previo pago del peaje establecido.

A ERC, republicana e independentista, enemiga declarada de nuestra Constitución, el Partido Socialista instalado en La Moncloa y en la Generalitat no sólo le ha metido en su cama (política, se entiende), sino que le ha forrado el bolsillo para que abra pseudoembajadas, enchufe amiguetes y construya Cataluña con el dinero del contribuyente español. No en vano, el nacionalismo presuntamente moderado de CiU arrancó de Zapatero un Estatuto que garantiza a dicha comunidad una financiación mucho más ventajosa que la del resto, negociada de tú a tú con el Ejecutivo de Madrid. ¡Todavía hay clases a la hora de tomar café, oiga! Y como la pela es la pela, el tercero en discordia, ese PNV que se duele de la detención de Otegi y sólo reconoce como propia a la ikurriña, logra blindar los anacrónicos privilegios fiscales de los que disfrutan los vascos planteando la cuestión como una sine qua non en las Cortes. ¿Qué hace el socialismo gobernante? Tragar y seguir tragando, claro.

Pero lo peor, o lo sorprendente, no es eso. Que unas Juntas provinciales controladas por los herederos de Sabino Arana consigan manejar sin molestias judiciales los dineros que se embolsan, invocando fueros medievales ajenos a cualquier criterio de solidaridad, es ilógico, injusto e injustificable, pero cambia poco respecto de lo ilógico, injusto e injustificable que ampara la Carta Magna a este respecto. Lo más sangrante es que el PP en el Congreso vote no a este chantaje, en un alarde de coherencia, y sus diputados vascos se ausenten del hemiciclo. ¿Por un puñado de votos? ¿Por miedo al qué dirán en casa?

España se hunde sin remedio en esta letal paradoja sin que nadie parezca dispuesto a remediarlo. A medida que se extiende a las propias estructuras de los partidos la feudalización administrativa que padecemos, aumenta la capacidad de coacción de los nacionalistas. Y ante su éxito innegable, cunde el ejemplo. Cada cual va a lo suyo en su pequeño territorio, pase lo que pase con el resto. Pese a quien pese. No hay más intereses que los propios, a escalas que se reducen a ojos vista. Regresamos a las taifas.

Del Todo por la Patria hemos pasado al Todo por la pasta. Y no me refiero a la Guardia Civil, que es de lo poco que resiste.

Educación evita confirmar si la Xunta hará oficial La Coruña
"El Gobierno autonómico respeta la normativa actual mientras no sea derogada", declaró Jesús Vázquez en respuesta a una pregunta del BNG
PABLO LÓPEZ | A CORUÑA La Opinión 15 Octubre 2009

El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, evitó ayer manifestar su opinión sobre la polémica del topónimo y se negó a confirmar si la Xunta promoverá una reforma de la ley de normalización lingüística que permita que los nombres de municipios como A Coruña puedan ser utilizados en ambos idiomas en los ámbitos oficiales.

Vázquez, a pesar de mostrarse partidario de cumplir la legislación actual, dejó abierta en sus declaraciones la posibilidad del cambio. "El Gobierno gallego respeta la ley de normalización lingüística, mientras no sea derogada", manifestó el conselleiro, que aprovechó para acusar a los nacionalistas de intentar apropiarse del idioma gallego con fines políticos.

"Son los diputados del BNG los que aún no se dieron cuenta de que la lengua es patrimonio de todos los gallegos y no de un gobierno, en concreto de aquel del que los nacionalistas formaron parte", manifestó Jesús Vázquez, que asegura cumplir la legislación vigente al tiempo que "acatar el principio de cooficialidad" de gallego y castellano.

El conselleiro de Educación denunció la política "de imposición" desarrollada por el anterior Gobierno autonómico, que considera una de las causas por las que los votantes optaron por el cambio en las pasadas elecciones.

"Adoptaron una equivocada estrategia de imposición. Es legítimo que sigan estancados, aunque los ciudadanos votaron una nueva política lingüística", declaró Jesús Vázquez, que quiso dejar claro que la actual Xunta "ama" la lengua gallega.

El conselleiro de Educación recordó, para contrarrestar las críticas de los nacionalistas que acusan al Partido Popular de "perseguir" al gallego, que el Gobierno autonómico desarrolla campañas de promoción del gallego y colabora en proyectos para promover su utilización en las empresas.

Críticas nacionalistas
Jesús Vázquez opinó sobre la polémica del topónimo tras escuchar las preguntas formuladas en el Parlamento gallego por el diputado nacionalista Bieito Lobeira, que no dudó en emplear términos como "prostitución léxica" para definir las políticas lingüísticas desarrolladas por el actual Gobierno autonómico del Partido Popular.

El diputado Bieito Lobeira llegó a asociar un cambio de las normas que rigen los nombres de ciudades y pueblos en Galicia como "una vuelta a la toponimia deturpada del franquismo".

El nacionalista lamentó el escaso nivel de utilización del gallego en los ámbitos oficiales y en los medios de comunicación; algo que mencionó como prueba de que la lengua vernácula requiera una protección especial por parte del Gobierno autonómico.

Lobeira afirmó que sólo el 2,5% de los procesos judiciales y el 4% de las líneas de la prensa escrita son en gallego; además de lamentar que únicamente el 10% de las clases en las universidades se imparten en el idioma propio de la comunidad.

El BNG denuncia que la Xunta planifica medidas que tienen como objetivo alejar el gallego de las aulas escolares e incluso culpa al presidente y a los conselleiros de violar la norma que los obliga a emplear la lengua vernácula cuando hablan en público.

"Lo que impone el Gobierno autonómico a los niños es la imposibilidad de conocer la lengua, el derecho a la ignorancia. Además, la inmensa mayoría de los miembros de la Xunta incumplen el "mandato" de usar el gallego en sus intervenciones", declaró el diputado del BNG que preguntó al conselleiro sobre la polémica del topónimo.

El tripartito pide al Gobierno que proyecte la imagen de un Estado «altamente descentralizado»
La Generalitat quiere que España exhiba el catalán al presidir la UE
Montilla y De la Vega se reúnen en el Palau, pero no acuerdan ningún «plan B» en caso de que el TC recorte el Estatut.
Barcelona - M. Pardeiro / M. Espanyol El Correo 15 Octubre 2009

España ocupará la presidencia de turno de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010 y la Generalitat quiere aprovechar esta ocasión para que el Gobierno exhiba la imagen de un país plural. ¿Cómo? «Incorporando la lengua catalana a los elementos de visualización de la presidencia española y reforzando la imagen de España como Estado multilingüe». Así lo pide el Govern en un documento de propuestas para la presidencia española de la UE que José Montilla entregó ayer en mano a María Teresa Fernández de la Vega.

El presidente catalán celebró una «breve entrevista» con la vicepresidenta del Gobierno en el Palau de la Generalitat, cuyo principal –y prácticamente único– resultado fue la entrega de este documento, donde el tripartito también reclama una «mayor participación» de las comunidades autónomas en los asuntos europeos, así como el impulso al reconocimiento de la oficialidad del catalán en la UE. Por último, Cataluña pide «aprovechar sinergias» durante la presidencia española coincidiendo con la puesta en marcha del Secretariado de la Unión por el Mediterráneo, cuya sede estará en Barcelona.

Conviene recordar que la capital catalana acogerá una de las cumbres que reúnen a los jefes de gobierno de la UE durante la presidencia española. De ahí, parte del interés de Montilla para «mostrar España a Europa tal como es, un Estado compuesto y profundamente descentralizado». De momento, el Gobierno no ha analizado el documento de propuestas de la Generalitat porque a De la Vega apenas le dio tiempo de hacer un breve repaso con Montilla de algunos de los temas de actualidad.

El encuentro de De la Vega con Montilla dio alas a CiU para especular sobre de qué hablaron el presidente y la vicepresidenta. Según Oriol Pujol, la versión oficial de CiU es que De la Vega se vio con Montilla para pactar «cuándo y cómo» harán pública la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut. La intención de los socialistas, para Pujol, es perjudicar lo menos posible los intereses electorales del PSC.

El portavoz de CiU en el Parlament se mostró convencido de que la sentencia está «cocinada» y que De la Vega se ha reunido con Montilla para explicarle el alcance de los recortes. Su versión contrasta con la de la vicepresidenta, que hizo un llamamiento desde Barcelona a que se respete el tiempo que se están tomando los jueces para dictaminar la sentencia del Estatut.

De la Vega no aportó nada nuevo en lo que a la sentencia del Estatut se refiere. En la misma línea que el presidente de la Generalitat, evitó hablar de hipótesis y se mostró convencida de que «el Estatut es constitucional». Como botón de muestra defendió que «hace tres años que el Estatut se aplica con total normalidad democrática».

El despliegue del Estatut
La vicepresidenta abogó por seguir desplegando la ley estatutaria como se está haciendo hasta el momento, después de pedir a los que «tenemos responsabilidades políticas, las han tenido y quienes aspiran a tenerlas» que dejen trabajar a los magistrados sin «injerencias» ni «aspavientos».

De la Vega respondió con un «no» rotundo cuando se le preguntó si había dibujado un «plan B» junto a Montilla pensando en si el TC dictaba una sentencia adversa. Sin embargo, no negó que su idea es seguir desplegando el Estatut, ya sea a través de reformar leyes orgánicas o transferir competencias amparándose en el artículo 150.2 de la Constitución.

De la Vega prevé pactar la LEC con el Govern
La vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, no defraudó ayer como huésped a José Montilla. El presidente le ofreció una «cálida acogida» y De la Vega se lo agradeció convirtiendo un debate espinoso en un tema amable. A nadie se le escapa que el Gobierno y la Generalitat discrepan en torno a la Ley de Educación de Cataluña (LEC). El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero alberga algunas dudas sobre la constitucionalidad de algunos puntos de la LEC. Por eso, De la Vega contestó a una pregunta que la Prensa lanzó para meter cizaña entre ambos gobiernos que ambos están trabajando con «la mejor disposición para entenderse». Explicó que el Gobierno está revisando dos aspectos muy concretos de la LEC por si afectan a las competencias estatales en la definición curricular y función pública (porque limita el aprendizaje del español). Y, tras subrayar que el Gobierno y la Generalitat «tenemos una magnífica relación», auguró que se llegará a una solución acordada que respete las competencias de ambas administraciones en el ámbito educativo. De la Vega lanzó un mensaje conciliador a Montilla en lo que a la LEC respecta. Como dicen, «es de buen nacido ser agradecido».

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