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Recortes de Prensa    Domingo 18 Octubre  2009

 

Los ciudadanos quieren mandar
Francisco Rubiales Periodista Digital 18 Octubre 2009

La masiva manifestación de ayer en Madrid demuestra que los ciudadanos se están rebelando y quieren mandar. No se fian de sus dirigentes y consideran que la política, de la que dependen sus destinos, es algo demasiado importantre para dejarla en manos de políticos sin altura ni solvencia. El poder, convertido en "casta", se siente amenazado y reacciona considerando al ciudadano como enemigo, sustituyéndolo por una nueva "especie", la de los "BMT" (Botarates Manipulables Televidentes), incapaces de debatir, discernir, criticar y ser libres.

Más de un millón y medio de ciudadanos se rebelaron ayer en las calles de Madrid frente a un gobierno que desprecia el criterio de las mayorías y que, violando la democracia, quiere imponer una ley del aborto rechazada por la sociedad, sin atreverse a convocar un referendum que, sin la menor duda, perdería de manera humillante.

Ante la arrogancia del poder, que se impone ilícitamente a la voluntad popular, muchos ciudadanos, decepcionados ante el mal gobierno, ya no se fian de los políticos y quieren tomar el poder. A lo largo del siglo XX han comprobado que el mal gobierno ha llevado a la Humanidad hasta niveles de infamia intolerables, con Estados capaces de generar la guerra, los gulags, los hornos crematorios y otros mil métodos para acabar con la libertad. Tan sólo en el siglo XX los gobiernos han asesinado, a sangre fría y en las retaguardias, a más de cien millones de ciudadanos. Ahora, en el siglo XXI, muchos hombres y mujeres libres creemos que la política es algo demasiado importante para dejarla en manos de los políticos y sentimos el deber de regenerar la democracia y de erradicar a unos representantes e intermediarios que se han vuelto demasiado arrogantes e inútiles.

Seamos optimistas y pensemos que esa rabelión cívica contra el mal gobierno, cuyo epicentro es el deseo de transformar la actual democracia representativa, demasiado degradada y desequilibrada, en una democracia auténtica, de ciudadanos que controlan a sus representantes, se convertirá, poco a poco, en la fuerza dominante del siglo, hasta alcanzar la fuerza de un tornado. Los gobiernos que no sepan interpretar a tiempo esa corriente libertadora, serán arrasados por los ciudadanos indignados y cansados del abuso de poder. Algunos escritores y expertos en prospectiva han dicho que la próxima guerra mundial será la de los ciudadanos indignados contra sus gobiernos corruptos y degenerados.

El caso de España es paradigmático: arropado por millones de fanáticos que le votarían siempre, incluso si nos llevara hasta el fracaso y la derrota como nación, y apoyado por los cientos de miles de militantes de su partido, muchos de ellos enchufados en el poder y dotados de privilegios, y por otros cientos de miles de familiares y amigos del poder, José Luis Rodríguez Zapatero se siente lo bastante seguro para esperar una nueva reelección en el año 2012, a pesar de sus mentiras, engaños y reiterados fracasos como gobernante, los cuales están llevando a España hasta la ruina y la derrota como pueblo.

La actual democracia española es un bodrio de ciudadanos marginados y de poderes controlados por los partidos políticos, que no cumple ni siquiera una de las reglas fundamentales del sistema. Esta democracia degradada ni siquiera habría servido para los tiempos de la Guerra Fría, cuando el mundo, dividido en dos bandos irreconcialiables, el comunismo y la democracia, armados hastsa los dientes, amanecía cada día sorprendido de que los misiles no hubieran salido de sus silos y arrasado el planeta. Hoy, cuando los dos grandes desafíos de las sociedades son la decencia y la prosperidad, esta democracia es indigna.

En aquellos tiempos de guerra, tal vez tuviera cierto sentido que las democracias estuvieran controladas ferreamente por una clase dirigentecapaz de tomar decisiones de manera autónoma en situaciones de emergencia. Sin embargo, tras la caida del Muro de Berlín y la desaparición del enemigo soviético, ese concepto de "democracia de guerra" carece de sentido. Los ciudadanos se sienten estafados por sus dirigentes y con derecho a recuperar la soberanía que la democracia les otorga y los políticos le niegan.

Los partidos políticos y las castas dominantes se resisten a abandonar el dominio y el poder abusivo que ejercen sobre la sociedad e inventan nuevos enemigos que justifiquen su control absoluto de los recursos y de las decisiones. El terrorismo está siendo inflado y magnificado para que sea el nuevo gran enemigo y la civilización islámica está siendo "esculpida" mediáticamente para que parezca una amenaza atróz que justifique una nueva "democracia de guerra" en Occidente.

Pero muchos ciudadanos siguen confiando en la democracia, se resisten a caer en el engaño de los gobiernos y siguen firmes en el deseo de controlar el poder.

En estos momentos la cultura occidental vive una especie de situación de empate entre una ciudadanía que todavía no consigue convertir en mayoritario y ganador sus deseos de controlar a los muchos ineptos que les malgobiernan y de reformar el sistema democrático, que ha sido envilecido y transformado por el poderen una vulgar oligocracia, y una casta profesional y elitista de políticos profesionales muy poderosos, decididos a frustrar los deseos ciudadanos de reforma para mantener sus ilícitos privilegios y ventajas.

La clave del problema reside en el concepto de representatividad. Los políticos defienden que los representantes elegidos por el pueblo tienen libertad total para tomar decisiones y gobernar, sin tener en cuenta nada más que su libertad de criterio y de acción, como ocurre con la reforma de la actual ley española del aborto, mientras que los demócratas rebeldes creemos que la representatividad debe entenderse de otro modo y que los representantes, para seguir siéndolo, deben ser sensibles al deseo de las mayorías y ganarse constantemente la confianza de los ciudadanos que les han elegido y que poseen el derecho a controlarlos.

Es obvio que tienen razón los demócratas, que la política, entendida como un monopolio de los partidos y de sus élites profesionales, es bastarda y que el concepto de representación que hoy defienden los políticos es un abuso antidemócrata que debe ser abolido.

Los demócratas quieren controlar a los políticos y los políticos quieren controlar a los ciudadanos. Es una lucha simple por el poder donde los buenos son los ciudadanos y los malos son las élites afincadas en el poder y el privilegio, acostumbradas a someter a los demás y a contemplar el mundo desde las alturas.

Si al menos los poderosos hubieran sido eficaces, si al menos pudieran exhibir una hoja de servicios brillante o un balance respetable, quizás podríamos permitirles que siguieran mandando, pero ocurre que el balance de los políticos es un desastre porque, a pesar de disponer durante siglos de todo el poder y de todos los recursos, prácticamente sin límites, no han sido capaces de solucionar ni uno sólo de los grandes problemas de la Humanidad: la pobreza, el hambre, la desigualdad, la violencia, la injusticia, la inseguridad....

Francisco Rubiales
Voto en Blanco

Los PGE de los mercenarios
Vicente A. C. M. Periodista Digital 18 Octubre 2009

Los PGE se van a aprobar con el apoyo del nacionalismo radical vasco y la desesperación del olvidado insulismo canario

Al Sr. Zapatero, su Gobierno y al PSOE no le importan nada ni la opinión de expertos, ni nada que entorpezca su suicida marcha a la que conducen a España. Por un lado mediante la promulgación de leyes frentistas entre los ciudadanos y por otro lado apoyándose en grupos nacionalistas radicalizados y que solo tienen como objetivo su separación de España. Su ceguera sectaria no puede ser admitida sin oponer resistencia y esa, no puede limitarse a aceptar la imposición en temas de Seguridad Nacional de una mayoría simple obtenida mediante el chalaneo y la venta de privilegios a cambio de votos.Son los PGE de los mercenarios.

Los Presupuestos generales del Estado se han transformado en un mezquino mercado persa en el que solo importa su aprobación. Los responsables de ellos son conscientes de que son irreales, con datos maquillados, cuando no directamente falsos. Unos presupuestos generados con el objetivo exclusivo de poder seguir despilfarrando los fondos públicos y endeudando a España por encima del 12% del PIB. Unos presupuestos que aumentan el gasto, aunque digan lo contrario. Unos presupuestos imposibles de aprobar, salvo por la traición de quien no le importa nada excepto obtener un beneficio, a costa del resto de España.

No basta con exponer los argumentos para que esos presupuestos sean rechazados. Hay que avergonzar y poner en evidencia al Gobierno y a esos grupos como el PNV y Coalición Canaria, verdaderos mercenarios carentes de sentido del Estado y de interés en la recuperación real de España. Es exigible que algo que afecta de un modo tan esencial al futuro de la Nación, no pueda pasar un mero trámite con una aprobación por simple mayoría parlamentaria. El PNV no representa al pueblo español y lo ha demostrado este fin de semana marchando en manifestación del brazo de los separatistas que apoyan el terrorismo de ETA. Sus votos serán legales por ser diputados, pero no están legitimados.

Estamos en una situación de “emergencia nacional” y eso requiere medidas excepcionales, que son totalmente opuestas a las que el Gobierno del Sr. Zapatero está tomando. Estamos en una situación en que se debe hacer un control del gasto y no aumentarlo. En que se debe consensuar una política de austeridad y de revisión de las estructuras económicas. El futuro de millones de trabajadores pende de un hilo demasiado fino y de los intereses comprensibles de otros países que no dudarán en defenderlos. España debe ir en el mismo camino emprendido por la UE y no en dirección contraria como hace el Sr. Zapatero con “sus ocurrencias”, fielmente seguidas por incompetentes gestores.

El gran error de los gobernantes es no atender a la voz de los ciudadanos cuando se expresa de una forma tan rotunda. Viven en su mundo virtual, ciegos y sordos a la realidad y en el que se sienten cómodos. Una cobardía en el mejor de los casos o una traición consciente. Aprobar estos presupuestos debe ser considerado como una de las dos cosas. Personalmente me inclino por la segunda opción y motivación.

Un clamor pro-vida contra el rodillo de Aído
EDITORIAL Libertad Digital 18 Octubre 2009

No por mucho repetirlo puede volverse redundante y estéril recordar que poner fin a una vida humana no puede ser nunca un derecho. Nadie, salvo en todo caso el propio interesado, tiene un derecho alguno sobre la vida de una persona, ni siquiera un Gobierno que ostentara la máxima legitimidad democrática.

He aquí el pecado original que invalida la ley del aborto recientemente aprobada por el Ejecutivo: crear la ficción de que las mujeres tienen un derecho irrestricto a acabar con la vida del nasciturus hasta las 14 semanas de gestación. En realidad habría que plantear la cuestión desde otra perspectiva: el Gobierno de Zapatero ha declarado que, como titular del monopolio estatal de la violencia, se va a quedar de brazos cruzados ante cualquier ataque iniciado por la madre contra el nasciturus durante sus tres primeros meses de vida.

Atrás queda, pues, la mucho más razonable Ley orgánica 9/1985 en la que el aborto no se consideraba un derecho, sino un crimen, pero exento de responsabilidad penal en ciertos supuestos donde existiera un conflicto entre los derechos a la vida o al desarrollo de la personalidad de la madre y el derecho a la vida del nasciturus. Por mucho que sus resultados fueran más que discutibles habida cuenta de su deficiente aplicación, la respuesta al incumplimiento de la ley no debería pasar por dar patente de corso al delito.

La nueva normativa, sin embargo, avanza por esa dirección y ya no juzga el aborto como un mal menor (pero mal, al fin y al cabo) frente a otros males mayores (como el riesgo de muerte de la madre), sino como una libérrima opción más de la mujer dentro del período de gestación; algo que incluye, pues, convertir el aborto en un método anticonceptivo alternativo del que quepa echar mano impunemente. La manera de evitar embarazos no deseados no puede ser la de interrumpirlos, sino la de tomar las precauciones necesarias para ello y, en caso de no hacerlo, asumir las consecuencias que de ahí se derivaban.

Por este motivo, centenares de miles de personas –aunque la cifra, en este caso, ni da ni quita la razón– salieron ayer a las calles de Madrid con lemas como "la vida importa" o "lo progresista es defender la vida". Se manifestaron para recordarle al Gobierno que su primera obligación, aquella en la que encuentra su razón de ser y que justifica sus privilegios competenciales, es defender los derechos básicos de los ciudadanos, entre los que destaca de manera muy especial el derecho a la vida.

Frente a este clamor, el PSOE podrá parapetarse tras el pueril argumento de que los "retrógrados" manifestantes sólo quieren limitar los derechos de la mujer e impedir que finalice su proceso de "liberación". De hecho, Tomás Gómez no ha dudado en cargar contra Esperanza Aguirre por acudir a la convocatoria pro-vida empleando la retorcida estrategia maniquea de contraponer su condición de mujer a su posición contraria al aborto. Como si entre los nasciturus abortados no hubiese futuras mujeres que no podrán llegar a desarrollarse y a "liberarse" debido a la interrupción del embarazo. O como si la responsabilidad parental debiese concentrarse sólo en la madre y no en el padre que ha sido copartícipe en su fecundación. Algunos, por querer pasarse de feministas, se convierten a la primera de cambio en unos machistas de cuidado que pretenden endosarle a la madre toda la carga de criar a los vástagos.

Es de sentido común que a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, nos interese que el Estado se dedique a proteger nuestros derechos en cualquier etapa de nuestras vidas. Por ello, cuando hace dejación de los compromisos adquiridos –especialmente cuando hace una dejación ideologizada y sectaria de sus funciones– conviene que, como ayer, los ciudadanos protesten para recordarle cuál es su cometido: proteger los derechos básicos de los ciudadanos y no interponiendo falsos derechos que no son más que una cortina de humo para atentar contra los primeros.

El siglo de las ideologías
Pío Moa Libertad Digital 18 Octubre 2009

Lo someto a su implacable crítica:

Una potente ideología de la época fue el nacionalismo, que, combinada con otras, movería a grandes masas y transformaría el mapa político del mundo en los siglos XIX y XX. El nacionalismo, ya quedó dicho, no inventa la nación sino que transfiere a ella la soberanía antes atribuida al monarca, por lo que su contenido es en principio democrático. Creció ligado al liberalismo y al romanticismo, sin identificarse del todo con ellos. Solía hipertrofiar el sentimiento patriótico, a veces hasta extremos delirantes, o los creaba de la nada, y a menudo trataba de expandirse a costa de los vecinos.

Esta ideología encaraba dos problemas: cómo definir una nación y cómo aplicar la soberanía. Nación, de entrada, es un amplio grupo social que comparte una cultura distinta de las de sus vecinos; pero como la cultura incluye diversos elementos, y siempre se comparten bastantes con otros pueblos, delimitar la nación es a veces difícil (ocurre con otros conceptos sociales). Aun así, su evidencia es indudable en muchos casos: existen numerosas naciones culturales, y el nacionalismo les supone el derecho a convertirse en naciones políticas, es decir, a dotarse de su propio gobierno.

Las naciones políticas aparecieron en Europa en las edades de Supervivencia y de Asentamiento, cuando tres de ellas, España, Francia e Inglaterra, se apartaron del Sacro Imperio Romano-Germánico, que pretendía abarcar a la cristiandad; a estas pueden añadirse las escandinavas, no tan definidas, posteriormente Portugal, Polonia, Moscovia, más tarde Holanda y otras menores o más efímeras. Las demás naciones culturales de Europa estaban políticamente absorbidas en imperios, donde una nación predominaba. A comienzos del siglo XIX, el centro-este de Europa estaba repartido entre los imperios austríaco, ruso y turco, más Prusia. Por los años 20, Grecia se sacudió la dependencia turca, pero los hechos más relevantes fueron sin duda la constitución de Alemania e Italia, por primera vez, en naciones políticas unificadas (excepto Austria, en el primer caso), hacia 1870-71. Alemania adoptó significativamente el título de II Reich o Imperio, considerando el primero el Sacro Imperio, y fue capaz de derrotar a Francia y de rivalizar con Inglaterra en poderío económico, científico y técnico. Las demás naciones integradas en los imperios austrohúngaro, otomano y ruso no lograrían independizarse en el siglo XX, pero su agitación independentista no cesaría de crecer.

Fuera de Europa, las naciones culturales eran menos discernibles, y a menudo serían creadas a partir de la política, en una inversión del proceso. Así, en América apenas había diferencias culturales entre Argentina y Chile, o entre Bolivia, Perú y Ecuador, o entre Colombia y Venezuela, ni en Centroamérica. Y el diseño de la Gran Colombia tenía cierta base sobre la común cultura española. No obstante, las oligarquías regionales lograron crear nuevas naciones políticas siguiendo límites administrativos españoles. Aun más enrevesada sería la cuestión en África y Asia.

En cuanto a la soberanía, facultad de dictar leyes sin recibirlas de otro poder, la revolución la había atribuido a la nación, al pueblo (la diferencia entre soberanía nacional y soberanía popular es irrelevante), propuesta más simple en su enunciado que en su práctica. La nación, el pueblo, nunca dicta las leyes: lo hacen, en su nombre, unas oligarquías parlamentarias más o menos representativas. Para evitar la acreditada tendencia de las oligarquías a crear conflictos, se había tendido a depositar la soberanía en el monarca y hacerla hereditaria, un principio sencillo y (relativamente) operativo: el rey concentraba la voluntad de la nación. Durante la Edad de Asentamiento, la soberanía regia fue haciéndose más o menos compartida con las Cortes y Parlamentos, que debían refrendar las grandes decisiones; parlamentos no democráticos, pues la inmensa mayoría campesina no estaba representada, pero que moderaban el poder del rey. Esta especie de soberanía compartida o limitada resultaba compleja y conflictiva por lo que el siglo de la Ilustración simplificó aún más el principio, anulando de hecho las Cortes y Estados Generales en pro del absolutismo, salvo en Inglaterra.

Inglaterra fue el primer país en establecer normas capaces de equilibrar el poder monárquico y el de la oligarquía, así como de dirimir los contenciosos interoligárquicos mediante elecciones y turno de partidos. No era democracia, pero permitió una estabilidad social muy superior a la del continente. El sistema inglés, producto de una larga evolución, no sería fácil de imitar, como probaría la experiencia de la mayoría de las naciones, en las que ha ocasionado bandazos de semianarquía demagógica y tiranía.

La democracia no es el poder, sino cierto control del poder por el pueblo, e implica el sufragio universal. Este solo se implantó en Francia desde la revolución de 1848, y en casi todos los demás países europeos a finales del siglo o entrado el siguiente.

Por lo demás, aun en las democracias asentadas, las oligarquías o partidos que se disputan la opinión pública para ganar el poder, mostraron gran capacidad para manipular y embaucar a dicha opinión. Con todo, han probado ser formas de gobierno más capaces de conciliar las libertades con la estabilidad social. El nacionalismo, aunque se desarrolló de la mano de los ideales democráticos, no equivalía a estos, y a menudo se manifestaría como lo contrario.

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Del liberalismo se ha dicho que representa los intereses y concepciones de una “clase” burguesa comerciante, pero eso sería limitarlo absurdamente. La base de la doctrina liberal es la limitación del poder y la defensa de la libertad del individuo, ideas que arraigan en una corriente tan antigua como la civilización cristiana, en la que desde el principio dos poderes se limitaban mutuamente: el espiritual –pero también político—de Roma, y el político –pero también espiritual—de los gobiernos. Entre ambos hubo conflicto y complementariedad, que afirmó una noción de la libertad personal y abrió un espacio bastante libre a la especulación y controversia filosófica y política. Por lo que hace a España, la idea de esa libertad aparece muy pronto, entre otras cosas en la temprana formación de unas Cortes que templaban el poder monárquico, o en la concepción de la Monarquía hispánica, distinta de los demás imperios europeos y con contrapesos que obstaculizaban el despotismo, o en la Escolástica tardía de los siglos XVI y XVII, próxima en varios puntos al liberalismo posteriormente formulado por Locke, Montesquieu o Adam Smith. Quizá no fue un mero azar que el término “liberal” (como “guerrilla”) se difundiera a otros idiomas, pese a que las contribuciones doctrinarias españolas al liberalismo durante el siglo XIX fueran insignificantes.

Las concepciones liberales se reflejan en las declaraciones oficiales de derechos. Estas no significan que antes las personas carecieran de derechos, desde luego, pero sistematizarlos y hacerlos explícitos les dio un impulso más universal, aplicó la igualdad ante la ley, eliminó las leyes privadas o privilegios y mermó la arbitrariedad del poder.

El principio liberal puede entenderse, al estilo de Rousseau, como la bondad del individuo frente a la maldad del poder, y así vienen a entenderlo algunas versiones liberales, próximas al anarquismo. Pero la tendencia mayor estima que el individuo no es tan bueno que su libertad sin trabas no aboque a la disolución social, por lo que debe haber límites a esa libertad; ni el poder tan malo que no pueda ejercer de garante de esos límites. Un problema era la disyuntiva entre libertad e igualdad, o la actitud ante el voto universal democrático, que provocaba recelo, también en Usa, por temor a que abonase una demagogia desenfrenada. Así, la tendencia dominante en el liberalismo del siglo XIX no fue democrática, sino aristocrática: en España, Inglaterra y la mayoría de los países solo votaba una capa social, cuya superioridad partía de sus mayores ingresos. Había inclinación a buscar en la economía la clave explicativa de la sociedad, con el comercio como instrumento esencial de la libertad y felicidad del individuo.

Ante las condiciones sociales creadas por la industrialización, una interpretación del liberalismo --no la única— confinaría al estado a la defensa del país y el mantenimiento de la ley, dejando la sanidad, la enseñanza pública y otras labores a la iniciativa privada que, en teoría, debía cubrir toda la demanda posible; y no debía intervenir en los tratos entre patronos y asalariados, excepto para asegurar que estos últimos no actuaran de forma colectiva, sino individual –lo que los colocaba en indefensión y llevaba a la contratación masiva de niños y mujeres, y a jornadas abrumadoras—ni con huelgas. Esa versión liberal persistiría un tiempo, hasta ser progresivamente abandonada.

Diversas corrientes liberales pueden considerarse ideológicas en cuanto tratan de fundarse exclusivamente en la razón, suponen una bondad humana esencial, esperan del comercio u otro medio económico la panacea para la felicidad social y excluyen la religión. Otras corrientes admiten límites a la razón, no suponen al hombre una bondad intrínseca ni carácter meramente racional, y admiten la religión sin pronunciarse sobre su validez. Así, sería algo distinto de una ideología como aquí se la ha definido.

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El liberalismo sufrió enseguida los embates del socialismo, basado en la concepción de la igualdad: las libertades “formales” y la igualdad ante la ley no aseguraban el bien del individuo, sino solo de algunos individuos, los de la clase burguesa o capitalista, mientras que a las masas proletarias generadas por el capitalismo les eran indiferentes o perjudiciales. La libertad política nada valdría sin la igualdad económica, y los teóricos propusieron liquidar el régimen burgués y sustituirlo por otros donde el interés privado –base del liberalismo— desapareciera, y la producción y distribución se hicieran sobre bases igualitarias. Ideas más o menos utópicas abogaban por la supresión completa de la propiedad privada, de la familia y del estado, por la comunidad de mujeres, etc. Era difícil pensar en alcanzar tal sociedad sin un poder mucho más fuerte que el de los estados conocidos, pues intervendría hasta en las inclinaciones íntimas de las personas y anularía los efectos de milenios de civilización, como había deseado Rousseau.

La arbitrariedad utopista irritaba a quien sería el máximo intelectual del socialismo, Carlos Marx, cuyo pensamiento, de incalculable repercusión en el siglo XX, también en España, requiere alguna atención. Según él, la historia debía entenderse a partir de la economía, plasmada en lucha de clases. La insuficiente producción de riqueza había causado la división de la sociedad en clases, de las cuales una se quedaba con la parte del león y explotaba a las demás. La economía clasista se había basado sucesivamente en la esclavitud, en el vasallaje feudal y finalmente en el capitalismo, aunque distinguió también un “despotismo asiático” menos definido. La lucha entre clases explotadoras y explotadas determinaba la historia, pero esa lucha, antes del capitalismo, no alteraría la situación, pues los oprimidos, aun si triunfaran, solo podrían reproducir la opresión anterior. En cambio el capitalismo desarrollaba a tal grado la producción, que haría posible la abundancia general y la desaparición de las clases, hasta llegar al comunismo bajo el lema “A cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus capacidades”

Conseguir el comunismo exigía derrocar al capitalismo que, de motor de la expansión productiva se había convertido en rémora, al mantener la explotación y la separación de clases basada en la propiedad privada de los medios productivos, lo cual causaba crecientes crisis económicas, proletarización de las clases medias, acumulación de riqueza para unos pocos y de miseria para la mayoría. Los explotados debían rebelarse e instaurar su propio poder, la “dictadura proletaria”, a fin de transformar el sistema económico y las formas e ideas de la vida burguesa. Pues Marx afirmaba que las clases sociales segregaban espontáneamente modos de pensar, ideologías, de las cuales la dominante era la de la clase dominante y explotadora; y esas ideologías persistirían durante un tiempo después de aniquilado el poder político y económico burgués.

El marxismo, al revés que los utopismos, parecía explicar coherentemente el pasado y dar sentido al presente, lo que le otorgaba rasgos de ciencia y fuerza convincente. Como ha pasado con muchas otras teorías, sus contradicciones tardarían en verse: las condiciones obreras no empeoraron, mejoraron progresivamente; la burguesía, con o sin presión sindical, fue reduciendo las jornadas y el trabajo de niños y mujeres; los obreros preferían las reformas, sin pretender derrocar a la burguesía, e imitaban en lo posible sus modos de vida, en lugar de soñar con un sistema colectivista o una dictadura propia (que ejercerían los líderes u oligarcas comunistas, no proletarios por lo común).

Marx apoyaba su análisis en la teoría del valor-trabajo, esbozada pero no seguida por Adam Smith, a la que añadía la noción de la plusvalía: supuesto que el valor de las mercancías residía en el trabajo humano que contenían, Marx creyó demostrar que la ganancia capitalista solo podía salir de una parte no pagada del trabajo obrero (la plusvalía), que el empresario se apropiaba. La explotación, así, dejaba de ser una impresión subjetiva o una situación alterable, para convertirse en el dato objetivo que fundamentaba el sistema. El ansia de ganancia llevaba al capitalista a aumentarla sin cesar, aumentando de paso la miseria del proletariado. Claro que el capitalista también ansiaba ampliar el mercado, por lo que al empobrecer a la mayoría se privaba de clientela. Marx suponía que la ciega avidez de lucro conduciría así a la ruina al capitalismo, pero la experiencia indica que este no resultó tan ciego.

Otros economistas sostenían que el valor de una mercancía no reside en el trabajo que ha costado, sino en el aprecio subjetivo del consumidor, de lo cual surgía una teoría muy distinta. Marx acusaba a esos economistas de no hacer ciencia, sino ideología al servicio del capital, pues eran a su vez burgueses y su modo de pensar derivaba de su situación social. Pero el propio Marx pertenecía a la pequeña burguesía, que él miraba con especial desprecio, y su amigo y co-teórico Engels al capitalismo industrial, sin que se explicara bien cómo habían podido elaborar un pensamiento “proletario”.

El ser humano en la historia concebida por Marx venía a ser un lúgubre animal gobernado por el vientre, desdichado por no poder saciarlo en la mayoría de los casos, impotente al no existir, hasta la era industrial, condiciones materiales para salir de tal situación, revolcado abyectamente en un lodazal de vanas ilusiones ideológicas, ante todo la religión. No es que Marx desdeñase el espíritu, pues estaba impregnado de la cultura –la “ideología,” en su lenguaje—occidental, y muy orgulloso de la alemana, que floreció en ese siglo con vigor excepcional en música, pensamiento, poesía y ciencia. En nueva contradicción, despreciaba a los judíos, siéndolo él, no menos que a los pequeños burgueses, entre los que también se contaba.

El éxito mayor del marxismo, durante el siglo XIX, sería la formación del masivo Partido Socialdemócrata alemán, pero este iba a evolucionar en sentido distinto del revolucionario preconizado por Marx y Engels hasta caer en un reformismo calificado de burgués, de modo que a finales del siglo el marxismo empezaba a diluirse y su destino parecía el olvido, como tantas utopías de la época. Nada permitía augurar la fuerza con que reverdecería en pleno siglo XX.

No obstante, la socialdemocracia no abdicaba del todo de la revolución, sino que pensaba en una evolución hacia lo que Tocqueville llamó “despotismo democrático”: un poder “inmenso” pero votado, servido por una propaganda absorbente, que busca la felicidad de los ciudadanos, que pone a su alcance los placeres, atiende a su seguridad, conduce sus asuntos, procurando que gocen con tal de que no piensen sino en gozar; en suma, "un poder tutelar que se asemejaría a la autoridad paterna si, como ella, tuviera por objeto preparar a los hombres para la edad viril; pero que, por el contrario, solo persigue fijarlos irrevocablemente en la infancia", por medio de una servidumbre "reglamentada, benigna y apacible", que a la larga privaría al hombre de uno de los principales atributos de la humanidad.

El anarquismo, similar en su proyecto comunista, rechazaba la idea de un estado proletario de transición, pues, a juicio de teóricos como Bakunin, solo podría perpetuar y aun profundizar el poder, que, junto con la religión, constituía el supremo mal, la causa de toda opresión humana. Los pueblos debían liberarse revolucionariamente de una vez por todas, eliminando cualquier forma de estado, para vivir en plena libertad y autorrealización. Ello implicaba, sin reconocerse, un poder máximo para asegurar que la gente se portara como era debido, y las propias organización ácratas, con sus divisiones, encontronazos y liderazgos, lo probaban. Bakunin ante la renuencia popular a sus ideas, creyó que el pueblo debía ser manipulado por su propio bien, y a tal efecto diseñó una sociedad secreta totalitaria; y como no bastaba, otra más secreta para dirigir a la primera… El anarquismo extendería los atentados por Europa a finales del siglo XIX y principios del XX, de modo especial en Rusia y España.

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El racismo ganó muy amplio crédito. Cierto racismo espontáneo existe en todas las sociedades y por lo común no reviste mayor importancia. El Antiguo Testamento lo contiene, la expresión “bárbaros” aplicada por los griegos a los demás pueblos puede entenderse en el mismo sentido, en el siglo XVIII Hume, Kant, Buffon, Raynal y otros, declararon a veces inferiores a los negros, a los amerindios o a los hispanoamericanos. Pero estas expresiones cambian cuando se convierten en doctrina. En el siglo XIX, los fantásticos logros culturales europeos abonaron la noción de que demostraban una natural superioridad, pese a ser históricamente recientes. La idea tomó un tinte presuntamente científico al relacionarse con el darvinismo: la raza blanca sería la más apta evolutivamente. Uno de los primeros teorizadores del racismo, el francés Joseph de Gobineau, afirmó a mediados del siglo XIX, en su Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, que estas, la blanca, la negra y la amarilla, creaban culturas particulares de distinto nivel, y que las mezclas entre ellas producían una degeneración cultural. El nivel más alto correspondería a la raza blanca, y dentro de ella al elemento germánico, descendiente puro de la primitiva raza aria, mientras que los latinos y eslavos serían inferiores, al estar mezclados. Estas ideas tomarían mucho vuelo en Alemania, Inglaterra y Usa. En España condicionarían a los nacionalismos vasco y catalán.

Otra ideología que despegó entonces, aunque solo cobraría fuerza en el siglo XX, fue el feminismo. De la idea de los derechos humanos se desprendía la concesión del voto e intervención en la vida pública a las mujeres. Ello encontraba el doble obstáculo de la mayoritaria indiferencia femenina y de cierta resistencia del varón a la entrada de la mujer en un terreno que había sido una creación y evolución masculina, por lo que se la veía como una intrusión, que dañaba la vida familiar al introducir en ella las tensiones políticas y aparatar a las mujeres de sus ocupaciones tradicionales. Además, la emotividad femenina se había mirado casi siempre como una traba a la fría razón, que favorecería la demagogia. No se trataba tanto del trabajo fuera del hogar, pues en las sociedades agrarias las mujeres casi siempre participaban en las faenas del campo, y la industria había empujado a masas ingentes de ellas a las fábricas y las minas. Las demandas de igualdad política evolucionarían a la ideología feminista, según la cual las diferencias sexuales carecían de cualquier otra proyección.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Debajo de la lengua
FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS La Opinión 18 Octubre 2009

Adía de hoy, en el Pepedegá siguen convencidos de que la gran mayoría de los gallegos, incluidos muchos que nunca lo votaron ni lo votarían, refrendan en términos generales su postura en relación con la lengua. Es por eso que no les inquieta demasiado que unos cuantos miles de ciudadanos salgan a la calle en Compostela, bajo el lema Queremos galego, para pedir que no se den pasos atrás en la normalización lingüística. Feijóo y los suyos creen que una parte de esos manifestantes se movilizan, de buena fe, con el propósito de evitar la supuesta deriva españolista de un partido que siempre ha tenido en el galleguismo uno de sus referentes ideológicos. Pero también están seguros de que otros muchos acuden hoy a Santiago en el marco de una estrategia de PSOE y Benegá, que han creído ver en la cuestión del idioma un flanco por el que atacar a los populares.

Casi nunca los problemas se resuelven solos, ni desaparecen. Mientras no pase de las palabras a los hechos, el actual gobierno gallego estará prolongando un debate en el que con el simple paso del tiempo, por hartazgo, las posturas tienden a radicalizarse. Antes y después de las elecciones, el PP galaico adquirió en este terreno varios compromisos que todavía no ha cumplido, empezando por la derogación del llamado decreto del cincuenta por ciento. Eso alienta a aquellos que creen estar a tiempo de evitar que materialice esos compromisos a la vez que, por el otro lado, carga de razón a los que temen que don Alberto les haya engañado y que en realidad no tiene intención de revisar a fondo el marco legal que sustenta el proceso normalizador del gallego.

Desde ciertos sectores del PpdeG reprochan al conselleiro de Educación, en cuyo ámbito recaen las competencias de Política Lingüística, además de la lentitud, la torpeza con que gestionó hasta hoy tan delicado asunto, empezando por el embrollo de la consulta a los padres. Las conclusiones de la encuesta, en el momento de hacerse públicas, ya tendrían que ir acompañadas de medidas concretas enmarcadas en un amplio plan de actuación, que su vez podría incluir una propuesta de revisión de la ley de normalización. Pero se han dado algunos palos de ciego, en forma de decisiones aisladas, que generan sobre todo desconcierto. Eso no le viene nada bien a un gobierno que quiere presumir, entre otras cosas, de agilidad y valentía a la hora de encarar los problemas.

Aún así, que vayan perdiendo toda esperanza quienes creen que aún es posible recuperar el consenso en el terreno de la lengua. De entrada, lo de recuperar es un decir, porque ahora sabemos que tal consenso nunca existió al menos en el plano social. El acuerdo para fomentar la lengua gallega, imponiéndola en las aulas o en las instituciones, en la vida pública en general, fue una decisión de la élites políticas, tomada desde arriba, en un determinado contexto y sin estar ni siquiera muchas de ellas sinceramente comprometidas en el empeño. Ahora mismo la dialéctica partidista no propicia acuerdos de casi ningún tipo y las circunstancias objetivas son muy diferentes a las de los años 80 (para empezar, se ha perdido la ingenuidad y se apagó el idealismo; hoy todo se mide en términos de voto).

Aunque a unos y otros -en distinta medida- les duela reconocerlo, las bases militantes y electorales de PP y PSOE comparten la idea de que la apuesta por el gallego en las aulas está yendo demasiado lejos. Y piensan que, antes de seguir avanzando por ese camino, es precisa una profunda reflexión para saber por dónde hay que tirar, si, como defiende algún sector de los manifestantes de hoy, lo que deseamos es que Galicia sea un país verdaderamente bilingüe, donde algún día sea posible vivir en gallego, en castellano o en las dos lenguas a la vez, según la preferencia de cada cual, pero también un lugar donde los gallegohablantes no se sientan, cada vez más, ciudadanos de segunda, bichos raros o incluso gente sospechosa.

fernandomacias@terra.es

Contestación abertzale
EDITORIAL El Correo 18 Octubre 2009

La manifestación de protesta por la detención de los presuntos integrantes de una nueva dirección de la izquierda abertzale ilegalizada, que ayer congregó a miles de personas en San Sebastián, no sólo es reflejo de los apoyos que todavía concita la trama organizada en torno a ETA; demuestra sobre todo cómo muchos ciudadanos vascos siguen dando la espalda o mirando de reojo a la Ley y al Estado de Derecho cuando éstos reducen el margen de impunidad del que hasta hace bien poco se ha servido el terrorismo. La propia celebración de la marcha confirma que la libertad de expresión y la de reunión tienen en nuestro país posibilidades de realización tan o más amplias que en cualquier otro de nuestro entorno democrático. Es la persistencia del terrorismo lo que obliga a preservar precisamente esa libertad contra la persecución violenta, pero también frente a los distintos camuflajes con los que ésta intenta penetrar en la conciencia ciudadana y en el juego político de una sociedad abierta. Porque lo que los convocantes de la manifestación de ayer y quienes se adhirieron a ella presentan como una 'iniciativa política de calado', o una 'vía de solución al problema' -dando por supuesto que Otegi y Díez Usabiaga han sido encarcelados mientras lideraban algún movimiento en el seno de la izquierda abertzale-, no describe otra cosa que un enredo que permitiría a ETA hacerse con las riendas del abertzalismo mediante la gestión de treguas temporales a la medida de la banda terrorista; excluyendo, además, al PNV de la jugada.

Tal pretensión resulta tan aviesa como pueril. No sólo porque las intenciones de la izquierda abertzale no aguantarán mucho más que la manifestación de ayer antes de que se delate su verdadero propósito de arropar a una debilitada ETA, lo que se ha dejado entrever en los últimos episodios de violencia callejera. Sobre todo porque la sociedad y las instituciones están suficientemente escarmentadas de las engañosas palabras de diálogo pronunciadas por los voceros de la banda, y doloridas por décadas de saña y muerte como para avenirse a escuchar un evanescente mensaje de pretendida esperanza que -y es importante recordarlo- en realidad no han emitido ni Otegi ni Díez Usabiaga. Ayer, en el transcurso de la manifestación, Joseba Egibar rehusó valorar el contenido del auto dictado por el juez Garzón, quizá porque resulta paradójico que el PNV se sienta obligado a mostrar su solidaridad hacia dirigentes de la izquierda abertzale que continúan bajo la disciplina etarra y auspician estrategias de exclusión del partido fundado por Sabino Arana. De ahí que sea aún más inexplicable que el propio Egibar se refiriese a los detenidos argumentando que «quienes quieren construir un futuro en paz desde la palabra merecen la adhesión del PNV».

El PNV se presta a la estrategia de ETA
El Puntazo La Razon 18 Octubre 2009

El PNV reeditó ayer el frente soberanis- ta de Estella con su participación en una manifestación proetarra contra la operación que frustró la refundación de la nueva Batasuna, por la que han sido encarcelados Arnaldo Otegi o Rafa Díez Usabiaga, entre otros. El mismo partido que prestará sus votos para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en Madrid participó ayer en una marcha en San Sebastián en la que se reclamó el regreso al País Vasco de todos los presos terroristas. En una deriva extremista y en plena sintonía con el entramado ideológico de la banda etarra, el PNV otorga la presunción de culpabilidad al Estado de Derecho y cree sin matices a quienes han jaleado los asesinatos durante años. No hay una doble alma en el PNV, sino sólo una, intolerante. El objetivo es imponer su visión de un País Vasco dominado por los nacionalistas.

Incoherencia ante el PNV
Editorial ABC 18 Octubre 2009

LA presencia de dirigentes de alto nivel del PNV en la manifestación celebrada ayer contra la detención de la nueva cúpula de Batasuna -ahora bajo el disfraz de «bateragune»- resulta inaceptable en términos democráticos. Una vez más, el nacionalismo mal llamado «moderado» presta su apoyo expreso a los secuaces de ETA y se sitúa no solo al margen de la legalidad, sino también de la legitimidad ética y política que exige estar al lado de las víctimas y no de los asesinos. Por desgracia, esta actitud no es nueva ni existe el menor indicio de que pueda cambiar a medio plazo. Al contrario, desde su salida de Ajuria Enea los nacionalistas han perdido el rumbo ante la evidencia de que es posible gobernar en el País Vasco sin alterar las reglas del juego constitucional ni plantear conflictos permanentes con el resto de España. En todo caso, actitudes como la de ayer refuerzan la necesidad de profundizar en las reformas que ha puesto en marcha el Ejecutivo que preside Patxi López con el apoyo parlamentario del PP.

Es lamentable que el PNV proclame públicamente su apoyo a los responsables de una organización que, bajo una falsa cobertura política, está directamente a las órdenes de la banda terrorista ETA. Por eso, tanto el lendakari como el ministro del Interior tienen toda la razón en sus críticas. Sin embargo, los líderes socialistas deberían también rechazar la incoherencia del oportunismo de su propio partido que -simultáneamente- pacta con el PNV a efectos de obtener la mayoría necesaria para aprobar los Presupuestos generales del Estado. Los nacionalistas no engañan a nadie ni en el Congreso de los Diputados ni en las calles del País Vasco sobre cuáles son sus verdaderas lealtades y preferencias. Contar con ellos para el juego parlamentario de las concesiones (entre ellas, el «blindaje» concierto económico) a cambio de votos significa legitimar una estrategia que ni siquiera se molestan en disimular. Por este peligroso camino, pueden surgir serias dificultades para mantener y profundizar el pacto constitucional que sustenta al Ejecutivo de Patxi López. Las imágenes de la manifestación son fiel reflejo de la realidad del nacionalismo vasco que deberían ser motivo de reflexión para Rodríguez Zapatero en su pretensión inaceptable de comprar votos para sacar adelante «como sea» las cuentas públicas. Sin embargo, el oportunismo se impone una vez más y lo que algunos llaman «geometría variable» sirve para pactar con todo aquel que está dispuesto a entregar su voto a cambio de ventajas particulares.

Alega una pérdida de confianza en su labor profesional
ETB destituye a dos editoras por la detención de Otegi
Las periodistas presentaron la noticia en tono muy favorable al etarra
 Periodista Digital 18 Octubre 2009

Los tiempos han cambiado y ellas seguían a lo suyo. Fieles a una vieja costumbre de Euskal Telebista, durante mucho tiempo en clara sintonía con las tesis proetarras, las periodistas se tomaron la detención y encarcelamiento de Arnaldo Otegi como algo propio. Y les ha costado el cargo.

La dirección de ETB ha comunicado a dos de sus editoras de los servicios informativos su destitución inmediata alegando una pérdida de confianza en la labor que han desempeñado en los últimos años.

La decisión guarda relación con el escorado tratamiento de muchas informaciones de cariz político en el Gaur Egun y el Teleberri, especialmente la emisión de un vídeo que mostraba las reacciones, mayoritariamente contrarias, a la detención el pasado martes de Arnaldo Otegi, Rafa Díez y otros ocho miembros de la ilegal izquierda abertzale.

La dirección de la televisión pública vasca encarnada por Miguel Ángel Idigoras y Alberto Surio, convencida de que ha faltado equilibro informativo, comunicó individualmente la retirada de sus funciones a las responsables de los informativos en la tarde- noche del jueves.

Dos de ellas tienen una larga trayectoria profesional en el ente y llevan ejerciendo como responsables de los informativos durante diez y cinco años respectivamente.

Sus puestos serán cubiertos por Ana Azpiri -que hasta ahora se ocupaba del área de Sociedad de los servicios informativos desde la llegada de la nueva dirección el pasado mes de julio- y Begoña Zubieta, conocida por el singular tratamiento de sus reportajes.

La dirección del ente también ha apartado de sus funciones a una ayudante de la editora, cuya vacante será ocupada por Marisa Ozalla, hasta ahora periodista de los servicios informativos de Radio Euskadi.

EGIBAR DICE QUE QUIERE «UN FUTURO EN PAZ» ENTRE GRITOS A FAVOR DE LA LUCHA ARMADA
El PNV le sigue el juego en la calle a ETA
IMPRESIONES El Mundo 18 Octubre 2009

LO QUE diferencia la manifestación proetarra de ayer en San Sebastián de tantas otras que se han producido en el País Vasco es la participación en la misma del PNV. Aunque el acto se había convocado para pedir la excarcelación de los últimos dirigentes de la izquierda abertzale, a nadie escapaba que la cita era un nuevo pulso al Estado de Derecho. Los dirigentes del PNV que acudieron a la marcha deberían explicar hoy por qué siguieron caminando junto a quienes proferían gritos en favor de la «lucha» armada y de «golpear hasta ganar». Desde luego, resulta de un cinismo atroz que Egibar justificara su presencia como muestra de «apoyo» a quienes «quieren construir un futuro en paz».

Lo cierto es que el acto de ayer se inscribe claramente dentro de la estrategia de la banda terrorista para tratar de seguir condicionando la política en el País Vasco aun cuando se ilegalicen las formaciones herederas de Batasuna. Sin ir más lejos, en la documentación incautada a LAB esta semana, queda patente el intento de ETA por configurar un nuevo núcleo soberanista -más amplio del que hasta ahora lidera Otegi-, que permita crear una «alianza independentista», y a la que puedan incorporarse los elementos más radicales del PNV, de EA -que también estuvo ampliamente representada ayer- y de los sindicatos nacionalistas. El PNV juega con fuego al ponerse debajo de las pancartas de los proetarras. Puede que ese discurso sea secundado por algunos de sus seguidores, pero es una incógnita saber cómo responderá la mayoría de sus votantes. Si ésa es su apuesta, los partidos constitucionalistas tienen que tomar nota y actuar en consecuencia. También en Madrid, donde el PSOE acaba de pactar los Presupuestos con el partido de Urkullu.

PROTESTA | Convocadas por la plataforma 'Queremos Galego'
Miles de personas reivindican en Santiago 'el derecho a vivir en gallego'
Efe El Mundo 18 Octubre 2009

Varias decenas de miles de personas, 100.000 según la organización y 50.000 según la Policía Local, se manifestaron por las calles de Santiago de Compostela, convocados por la plataforma 'Queremos Galego', para reivindicar "el derecho a vivir en gallego" y protestar por la política lingüística de la Xunta, que consideran "el peor enemigo" de la lengua.

Sobre las 12.20 horas la marcha partió de la Alameda compostelana bajo lemas como 'Queremos galego', 'Pola nosa lingua nin un paso atrás', 'Aprender en galego non é delito' y 'Polo dereito de vivir en galego', para recorrer varias calles del centro, continuar por el casco viejo y concluir en la Praza da Quintana.

En este punto de la capital gallega, una de las portavoces de la plataforma, la actriz Patricia Vázquez, leyó un manifiesto contra medidas del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo como la "pretensión de derogar" el decreto del uso del gallego en la enseñanza, la "mal llamada consulta a las familias", la "supresión" de las ayudas a la traducción y la reforma de la Ley de la función pública.

A la movilización asistieron, entre otros, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño; el secretario xeral del PSdeG, Manuel Vázquez; el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, el secretario xeral de la CIG, Suso Seixo, además de numerosos diputados y socialistas y nacionalistas, así como personalidades del mundo de la cultura gallega.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de A Mesa, Carlos Callón, en representación del colectivo 'Queremos galego', reclamó que "el señor Núñez Feijóo tome nota y escuche a la ciudadanía". "Exigimos que deje aparcada la arrogancia y la prepotencia en contra de nuestra lengua", reivindicó.

"Lo que venimos a defender hoy en la manifestación de 'Queremos galego' son los consensos de todos y todas, conseguidos a lo largo de la etapa democrática", resaltó Callón. "Defendemos la aplicación de la Ley de normalización lingüística aprobada por unanimidad y defendemos la Carta europea de las lenguas", añadió, antes de iniciar la marcha.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Manuel Vázquez, acusó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de ser el "enemigo público número uno" de la "principal señal de identidad" de Galicia, en alusión al idioma de la comunidad, mientras el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, le llamó a "volver al consenso" y a "rectificar" su política la política lingüística.

"Por primera vez, un Gobierno gallego encabeza el ataque al idioma y no respeta el Estatuto de Autonomía", reprobó la actriz Patricia Vázquez al público que llenaba la céntrica Praza da Quintana, mientras miles de personas todavía iniciaban el recorrido. De hecho, como ocurrió en la pasada manifestación del 17 de mayo -Día das Letras Galegas- la organización debió repetir las intervenciones para una segunda tanda de manifestantes.

La Justicia frena los intentos de reconstruir Batasuna
ETA, a la captura del 'tonto útil'

Ángeles Escrivá | Madrid El Mundo 18 Octubre 2009

Los documentos incautados en el sindicato LAB el pasado martes indican un par de cosas: que ETA necesita al resto de las fuerzas soberanistas para que su estrategia no sea un "fracaso" -aunque esa necesidad no obsta para que quiera dominarlas, convirtiéndolas en flagrantes tontos útiles-; y que están equivocados quienes pensaban que los detenidos estaban buscando vías políticas para acabar con la violencia.

Una vez más, el anuncio que la izquierda abertzale preparaba para este otoño, y que se suponía que encerraba un alejamiento progresivo del terrorismo, sí incluye una condena de la violencia... pero no de la de ETA, sino la del Estado. Nada tiene que ver con un intento de solución.

Hace unos meses este periódico publicó los documentos incautados al dirigente etarra Ekaitz Sirvent . La estrategia de la organización entonces era liderar la "refundación de la izquierda abertzale" contando con EA, Aralar y con el sector soberanista del PNV. Sin embargo, ETA dejaba las cosas bien claras: para participar en este nuevo polo soberanista, en la creación de esa especie de Lizarra II (sin el PNV), había que aceptarla tal como es, con atentados.

El auto del juez Garzón recoge este documento y otros más recientes que inciden en la idea. "No podemos hacer una inversión en términos de Proceso Democrático para capitalizarlo en 200.000 votos de una nueva Batasuna. Eso sería un fracaso. Tenemos que ofrecer un cauce político institucional más amplio, desplazando al PNV y adquiriendo la centralidad política y social", sostiene ETA. Es decir, la reconstrucción de Batasuna no es suficiente.

A eso se entregaron Arnaldo Otegi, Rafael Diez Usabiaga - en su papel de organizador intelectual- y el resto de los detenidos. El mayor empeño lo pusieron en EA.

El Gobierno catalán bloquea la opción del castellano en los libros digitales escolares
ESTHER ARMORA | BARCELONA ABC Cataluña 18 Octubre 2009

«Es grave porque se vulnera la ley educativa»
A los pocos días de implantación de los libros digitales, la consejería de Educación de la Generalitat recibió un toque de atención por parte de los partidos nacionalistas. CiU alertó al Govern de que estas nuevas tecnologías podían poner en peligro el modelo de inmersión, que consagra al catalán como única lengua de enseñanza. Converg_ncia i Unió llamó la atención al consejero Ernest Maragall sobre este particular y también lo hizo Esquerra. La diputada de CiU, Irene Rigau, denunció la pasada semana en el Parlament que los contenidos de los libros digitales sean «bilingües»y acusó al departamento de Maragall de «improvisar» en la implementación de las aulas digitales y cometer un «grave error» al «colar un material que vulnera la propia ley educativa al romper con la idea de que el catalán es la única lengua vehicular de la enseñanza».

Con naturalidad y sin filtros políticos, los libros digitales han devuelto a la escuela catalana -aunque sólo por unos días- la libertad lingüística que perdió hace décadas.

De un solo plumazo, mejor dicho de un solo «clik», los alumnos catalanes de los cerca de setenta centros que se han lanzado este curso a la aventura digital pueden leer, si lo desean, los textos en castellano, algo impensable desde que la Generalitat convirtió al catalán en la única lengua vehicular de la enseñanza. Al conectar con Digital Text, la empresa de contenidos con la que la Generalitat ha concertado este servicio «on line» de libros de texto, la pantalla inicial recibe al alumno en castellano, aunque le da la opción de cambiarse al catalán si lo desea. Así de fácil, apretando una tecla el alumno cambia del castellano al catalán o viceversa.
Presiones nacionalistas

Este hecho ha levantado como era de prever polvareda política y el gobierno catalán se ha puesto manos a la obra para deshacer el entuerto. CiU llamó la atención al consejero Ernest Maragall sobre este particular hace unos días en sesión parlamentaria y, según ha podido saber este diario, también le han llegado presiones de sus socios de tripartito (ERC). Los nacionalistas consideran que ese «descuido» pone en riesgo la inmersión lingüística y amenaza la hegemonía del catalán en las aulas.

Ante tales reacciones, la Generalitat catalana ha reclamado a Digital Text que elabore un sistema para que el propio profesor pueda bloquear la tecla del castellano. Según fuentes de la compañía, el dispositivo podría estar listo a finales de la próxima semana. El consejero socialista ha pedido también a la empresa de contenidos «on line» que la pantalla de acceso a los textos «aparezca por defecto en catalán».

El departamento de Educación ha recordado a los docentes que «el catalán es la lengua de uso en los centros educativos» y, según aseguran algunos, les ha hecho llegar la consigna explícita de que bloqueen la opción del castellano. Algunos centros de secundaria compraron los contenidos sólo en la lengua autonómica, aunque otros no le dieron importancia a la cuestión y colgaron la versión bilingüe.

Fuentes de la conselleria de Educación consultados por ABC negaron haber dado instrucciones explícitas a los profesores de que bloqueen la tecla lingüística y recordaron que «la decisión es siempre del docente y él debe tener claro que la lengua vehicular es el catalán». Las mismas fuentes reconocieron que al concertar la licencia con Digital Text «le dejamos también claro que los contenidos debían ser en catalán».

La Generalitat ha pedido a la empresa que ingenie un sistema para vetar la lengua española
La empresa aseguró, por su parte, que «en el aula, el que seleccionará la lengua del libro será el profesor, siguiendo las indicaciones del departamento». «El profesorado nos comunica en qué lengua quiere que se imparta una materia y, aunque ellos sí que pueden acceder a las doble versión lingüística, los alumnos no lo podrán hacer», añadió. Directores de institutos como Josep Castilla del IES Lluís de Peguera de Manresa reconocen que «los profesores controlan siempre que los alumnos tengan abierto únicamente el acceso en catalán» en los libros digitales.

«En casa no los vigilamos»
No obstante, otros docentes consultados por este periódico admiten que «el control directo se pierde cuando los alumnos hacen los deberes en casa». Este hecho, ha provocado que algunos profesores expresen cierta inquietud a las direcciones.
 


 

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