AGLI

Recortes de Prensa    Jueves 22 Octubre  2009

 

La dimisión de Zapatero, cuestión de salud pública
Francisco Rubiales  Periodista Digital 22 Octubre 2009

Que nadie se avergüence por lo que ocurrió el 12 de octubre, fiesta nacional de España, cuando miles de ciudadanos, indignados ante el mal gobierno y la arrogancia ineficiente de Zapatero, exigieron a gritos, en el madrileño Paseo de la Castellana, durante el desfile militar conmemorativo, la dimisión del presidente del gobierno español. Aquel fue, probablemente, uno de los gestos más dignos y responsables de la sociedad española en los últimos años.

Aunque algunos políticos, como el alcalde de Madrid, condenaron la protesta, aquel fue un gesto importante para la democracia española, que recuperó parte de su dignidad perdida cuando los ciudadanos, haciendo uso del derecho que les otorga el ser dueños y soberanos en democracia, abuchearon al mal gobernante, gritándo al que pagan el sueldo ¡Zapatero, dimisión!

Cuando una ciudadanía es cada día más consciente de que está siendo mal gobernada, conducida hacia el fracaso y la pobreza y también se siente sometida por un sistema degradado, que ha dejado de ser democrático, y por una casta política arrogante, inepta y atiborrada de privilegios y ventajas, debe aprovechar cualquier ocasión para demostrar su rechazo y repudio al mal gobierno, a la corrupción y al abuso.

Ese derecho ciudadano a protestar en cualquier espacio u ocasión es democracia en estado puro.

Si España fuera una democracia auténtica y si la sociedad española fuera lúcida y responsable, sabriamos todos que los datos económicos y el estado de la nación exigen la dimisión urgente de José Luis Rodróguez Zapatero y la convocatoria de elecciones anticipadas.

La estrategia del gobierno de separarse de la crisis como si fuera algo importado del exterior, eludiendo toda responsabilidad en el desastre de la economía española, que según algunas previsiones podría permanecer todavía varios años en el foso, hasta alcanzar la espeluznante cifra de seis millones de parados, es una falacia y un engaño contrario a la lógica y a la decencia porque, en democracia, la culpa del drama siempre es del que tiene el poder y la obligación de combatir el desastre con los inmensos recursos que hoy tiene el poder. El tozudo e irracional empeño de Zapatero en no introducir en España las reformas y medidas que le aconsejan el FMI, la Unión Europea, otras instituciones internacionales de prestigio y miles de expertos inclinan a muchos españoles a sospechar que están siendo gobernados por un personaje incontrolado y tal vez enfermo.

Las medidas de Zapatero han fracasado, una tras otra, como demuestra la situación de España, que es el único país de la Unión Europea que no reacciona y sigue hundiéndose. Ese drama se debe a la terquedad de Zapatero en aplicar recetas contrarias a las que han aplicado los demás países, como el endeudamiento imprudente, la subida de impuestos y el desvergonzado mantenimiento del despilfarro en el gasto público.

La consecuencia de esas medidas gubernamentales ha sido la destrucción masiva del tejido productivo, la desmoralización de la sociedad, el hundimiento del consumo y de la demanda y la creación constante de paro y pobreza, una cosecha tan desastrosa que en cualquier democracia exigiría dimisiones en masa y nuevas elecciones para dar oportunidades a otros equipor más preparados y con otras ideas.

El balance del gobierno de Zapatero es desolador: durante su mandato España se ha empobrecido, el desempleo se ha adueñado de la sociedad y se han ensanchado las fosas que separan a los ricos de los pobres, a los ciudadanos de los políticos y a las derechas de las izquierdas, además de potenciar la insolidaridad, la desunión entre los españoles y la corrupción, sin olvidar que se han consolidado los liderazgos internacionales y vergonzosos que España ostenta en fracaso escolar, baja calidad de la enseñanza, desempleo, destrucción del tejido productivo, prostitución, alcoholismo, consumo y tráfico de drogas, despilfarro público, endeudamiento, avance de la inseguridad, crecimiento desordenado del Estado, manipulación y propaganda del Estado, deterioro de la política y un largo y lamentable etcétera que en un cualquier democracia seria ya habría provocado la dimisión del gobierno en pleno..

Pero Zapatero, que entiende poco de democracia y mucho de poder, se aferra a su sillón y, sin sensibilidad ni sentido de la responsabilidad, seguramente es capaz de hacer como Sansón, que provocó el hundimiento del templo para morir él con todos los filisteos, bajo las ruinas (de España).

Voto en Blanco

¡Hay que echar a Zapatero!
Federico Quevedo El Confidencial 22 Octubre 2009

En las urnas, naturalmente, pero este país exige ya una convocatoria anticipada de elecciones y un cambio político que sirva para que de nuevo florezcan las expectativas en una sociedad que ahora mismo se encuentra sumida en la mayor de las depresiones colectivas jamás vivida. Al menos en las tres últimas décadas. Rodríguez ya no sirve para dirigir este país. Realmente yo creo que nunca ha servido, pero es cierto que en la pasada legislatura tuvo, al menos, el viento a favor de la bonanza económica y el cansancio de un electorado que le pasó al PP la factura de los dos últimos años de Gobierno de Aznar. Pero el escenario ha cambiado radicalmente y ahora nos encontramos con un presidente del Gobierno atrincherado en su particular nirvana y absolutamente incapaz de resolver los graves problemas que tiene este país, mientras nos hundimos inexorablemente en el más profundo de los pozos. España se desmorona, y lo hace mientras sus gentes asisten atónitas a un espectáculo propio de una tragedia griega, o a una moderna recreación del incendio que asoló Roma provocado por Nerón, mientras este entonaba odas de horrible factura en su desafinada arpa. Rodríguez, como Nerón, ha incendiado España y parece deleitarse en la obra que simboliza su propio epílogo.

Hay que reconocer que es difícil encontrar otro presidente de un Gobierno que, desde un punto de vista comparativo, lo haya hecho todo tan rematadamente mal. El hombre que tenía en sus manos haber impulsado un cambio cualitativo importante en la salud de nuestra democracia ha conseguido, sin embargo, que ésta pase de sufrir una gripe seria, a padecer un cáncer que, si bien no llega a estar en fase terminal, sí que presenta un agudo cuadro de metástasis que requiere un urgente tratamiento de shock si queremos salvar el sistema político que los españoles nos dimos en 1978. Nunca antes se había producido una incursión tan brutal del poder político en las instituciones del Estado, llevando a éstas a un grado de corrupción que parecía imposible. Es verdad, por ejemplo, que por un defecto de nuestra Constitución la Fiscalía del Estado es una dependencia más del Poder Ejecutivo, y siempre se ha criticado a los fiscales generales por su condescendencia con el poder que los nombraba, pero nunca se había llegado al grado de sometimiento que la actual Fiscalía del Estado tiene respecto del poder político. Como nunca antes se había producido tampoco una confluencia tan perversa de intereses entre el Gobierno, el partido que o sustenta, la Fiscalía, la Justicia -una parte de ella-, algunos elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado y determinados medios de comunicación.

Primer pilar sobre el que se asienta nuestra democracia, es decir, la división de poderes y su independencia, destruido. Pero una democracia requiere, para consolidarse, progreso y bienestar. Hasta ahora, ambas cosas era posibles en un país con una economía razonablemente abierta: el socialismo de Felipe González abandonó cualquier tentación planificadora y el pseudo-liberalismo de Aznar hizo posible un fuerte avance en la libertad de mercado y en la competitividad de nuestra economía. Pero llegó Rodríguez y en su primera legislatura se limitó a vivir de las rentas, dejando para esta segunda, en lo peor de la crisis económica, su rostro más intervencionista y radical. De entrada, ha provocado un enfrentamiento con las clases empresariales digno del chavismo más cutre y pendenciero, y ha optado por hacer descansar su política económica sobre el idealismo calenturiento y reaccionario de Cándido Méndez, hasta el punto de que a estas alturas nadie sabe si el verdadero vicepresidente económico del Gobierno es el barbudo dirigente de la UGT o esa temblorosa Elena Salgado que el martes casi sucumbe en la Tribuna del Congreso. Que me expliquen, si no, qué pinta un sindicalista de la UGT, nombrado por Méndez, con despacho casi fijo en Presidencia del Gobierno y asistiendo a todas las reuniones de estrategia que organiza el Director de la Oficina Económica, Javier Vallés. Para echarse a temblar.

Y es que, verán, la única política posible para salir de esta crisis es la de acentuar el grado de apertura de nuestra economía reduciendo la presencia del Estado en la sociedad. Sin embargo, en defensa de una falsa justicia social, el Gobierno ha emprendido el camino contrario, el de la intervención y el dirigismo. “Que la planificación económica centralizada conduce inexorablemente a la tiranía es algo que hoy en Occidente nadie niega”, afirma tajante Hayek en un pequeño ensayo titulado Democracia, justicia y socialismo de recomendable lectura. Ese proyecto de Ley de Economía Sostenible con el que nos amenaza el Gobierno puede suponer el fin del segundo pilar sobre el que se asienta nuestra democracia: la libertad económica. No contento con haber provocado una crisis institucional y económica colosal, Rodríguez se presenta dispuesto a llevar a cabo un proyecto de fractura social de incalculables consecuencias. Lo inició la pasada legislatura con algunas medidas que provocaron a los sectores más conservadores de la sociedad, pero en ésta se ha empeñado, a través de la nueva Ley del Aborto que convierte este crimen en un derecho, en afrentar incluso a miles de personas que se consideran de izquierdas pero que defienden el primero y más elemental de todos los derechos del hombre: la vida. Rodríguez pretende provocar un verdadero terremoto en la estructura de valores de nuestra sociedad destruyendo así ese tercer pilar sobre el que se sostiene nuestra democracia, y que no se ha levantado sobre los cimientos de la religión, sino que se ha ido edificando con la consistencia de un bien entendido humanismo.

Si a todo ello unimos la dura realidad de un Gobierno incapaz de hacer valer su autoridad ni dentro ni fuera de nuestras fronteras, desconcertado ante el hecho de un secuestro en aguas internacionales que supera ya el medio mes sin encontrar solución, rendido ante las dictaduras de izquierdas como la cubana y los regímenes caudillistas de América Latina en clara discrepancia con el sentido de la política exterior europea, entregado a los modelos rupturistas del nacionalismo más radical hasta el punto de hacer retroceder el Estado de Derecho allí donde más falta hace, y empeñado en convertir al Ejército en una ONG subida a lomos de un carro de combate, nos encontramos, digo, con que ese cuarto pilar sobre el que se asienta nuestra democracia, la Defensa del Estado, también vacila peligrosamente. ¿Qué hacemos? Es evidente que, llegados a esta situación, la convocatoria de unas elecciones se hace imprescindible, pero como Rodríguez no va a dar su brazo a torcer y permanecerá atrincherado mientras a su alrededor el país se desmorona, la única opción posible es que el resto de formaciones políticas del arco parlamentario, en un ejercicio de responsabilidad y servicio al bien común, hicieran suya esta demanda social y provocaran la caída del actual Gobierno con el único objetivo de convocar a los ciudadanos a las urnas para cambiar esta situación. De no ser así, prepárense ustedes para lo peor.

EDITORIAL El Mundo 22 Octubre 2009
La Audiencia obstruye la acción de la Justicia


TAL VEZ algún día logremos despejar las muchas incógnitas que rodean los atentados del 11-M, pero desgraciadamente no será por el celo de la Audiencia Nacional, que está demostrando que no tiene el menor interés en seguir investigando o facilitar la tarea a quienes lo intentan.

EL MUNDO revela hoy que la Audiencia Nacional sigue sin entregar copias del grueso de las grabaciones de las pruebas periciales sobre los explosivos que estallaron en los trenes. La propia Audiencia Nacional acordó en abril pasado entregar esas grabaciones -almacenadas en 700 discos- a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que actuó como acusación en el proceso.

El tribunal que presidía Javier Gómez Bermúdez denegó que esas grabaciones pudieran ser visionadas en el juicio del 11-M. Pero luego accedió a entregárselas a la Asociación de Víctimas del 11-M tras una impresionante carta de su presidenta, Ángeles Domínguez, en la que reprochaba el incumplimiento de sus promesas a los jueces.

Han pasado ya seis meses y la Audiencia sólo ha proporcionado una insignificante parte de ese material. El pretexto es que esta instancia judicial tiene unos medios absolutamente rudimentarios para duplicar los discos, pero todo indica que no existe la menor voluntad de Gómez Bermúdez de acelerar el proceso, que podría demorarse a este ritmo un año o quien sabe si dos más.

Ello lesiona gravemente los intereses de la acusación contra el comisario Jesús Sánchez Manzano, al que la Asociación de Víctimas del 11-M imputa delitos de encubrimiento, falso testimonio y omisión del deber de perseguir delitos. Una de las pruebas clave está en esas grabaciones donde -según testigos presenciales- se puede escuchar al jefe de los peritos exclamar que Sánchez Manzano les ha engañado.

Se trata de un momento crucial en el trabajo de los peritos y de un documento supuestamente incriminatorio contra el comisario que está siendo sustraído a la acción de la Justicia, lo que confirma las sospechas de que la lentitud en hacer las copias no es sólo una cuestión de medios humanos y técnicos.

El perito Antonio Iglesias declaró ayer en la causa que se instruye contra el comisario que él y sus colegas sólo pudieron disponer de un número muy limitado de muestras, que además habían sido lavadas, lo que hacía imposible la identificación precisa de los explosivos.

La única muestra intacta era la llamada M-1, en la que los análisis detectaron dinitrotolueno y nitroglicerina, que, como Iglesias testificó en su día, son componentes del Titadyn y no de la Goma 2 Eco.

También declararon ayer dos tedax que recogieron muestras de los trenes. Ambos coincidieron en que se llenaron decenas de bolsas, que fueron trasladadas a la sede de la unidad policial. Luego fueron destruidas por orden de Sánchez Manzano.

El testimonio de Iglesias y el de los tedax corrobora que Sánchez Manzano fue el responsable de que no se pudiera identificar el explosivo que estalló en los trenes, cuyas muestras decidió no remitir a los cualificados laboratorios de la Policía Científica.

Todo ello quedó ya acreditado por la juez que desestimó la demanda de Sánchez Manzano contra nuestro periódico, que además recogía en la sentencia que este comisario incurrió en un falso testimonio en el juicio del 11-M cuando afirmó que los tedax nunca habían enviado los restos no pesables de los explosivos a la Policía Científica cuando lo habían hecho en al menos 10 ocasiones.

La retención de estas grabaciones supone una obstrucción a la Justicia, sea para proteger a este comisario sea por pura negligencia. Por ello, si Gómez Bermúdez no es capaz de implementar un sistema rápido de entrega, el presidente de la Audiencia Nacional debería intervenir en este asunto que afecta a la imagen y el funcionamiento de la institución.



El odio ideológico
Iñaki Ezkerra LR

Por primera vez un tribunal madrileño ha considerado el odio ideológico como agravante de la pena por asesinato. Cualquier extranjero que visitase España estos días y leyera esa noticia por encima podría pensar que se trata de un juicio por un atentado de ETA. Pero no; no se trataba de ningún delito de terrorismo. Un millar de asesinatos cometidos por ETA no han servido para que sobre ninguno de sus responsables recayera ese agravante, primero porque no existía ni nadie lo echó de menos hasta 1995 en que fue redactado; después, porque fue como si siguiera sin existir. Se me dirá que el delito de terrorismo está más penado que el delito a secas y que ese plus de penalidad ya absorbe e implica la agravación del castigo que supondría el odio ideológico, pero el Código Penal sólo basa el endurecimiento de la condena por terrorismo en la pertenencia a banda armada, o sea, en lo organizativo y no en la «fobia política». Un millar de acribillados a tiros o destrozados por las bombas no merecieron que se llamara «ideológico» al odio por el que engrosaron esa lista trágica. Ha tenido que aparecer un descerebrado con una navaja y la cabeza rapada en el metro de Legazpi para que las «ideologías del odio» tomaran algún cuerpo penal.
No estoy minimizando la gravedad de un asesinato como el de Carlos Palomino. Estoy simplemente mostrando mi perplejidad. Lo siento, pero no puedo entender que no se haya invocado antes ese agravante que ahora se le aplica a un espontáneo asesino de metro; que se haya pasado sin invocarlo sobre un millar de cadáveres de seres abatidos precisamente por el odio ideológico y sistemático a sus uniformes, a sus togas, a las siglas que representaban en un ayuntamiento rural o a las voces con las que gritaban libertad en la columna de un periódico. No puedo entender la compaginación de ese descuido jurídico con el celo con el que se ha tratado de demostrar el carácter político de un crimen urbano y de sustraerlo de la dialéctica de las tribus metropolitanas o del fenómeno pandillista de los que participa en una buena medida, se quiera ver o no. No digo que no haya «unas ciertas dosis de ideología» en el comportamiento del asesino de Carlos Palomino como también en éste y su grupo, que respondían a la «parafernalia antisistema». Digo que esas dosis son eso, «dosis», por estar tan mezcladas con lo estético y lo sociológico, con el contexto urbanita y juvenil. Por muy neonazi que se sintiera el asesino y por antifascista que se llamara la víctima, en ninguno de los casos esas «sensibilidades» tienen una traducción política real y seria. Ésta es la paradoja. A Josué Estébanez se le ha buscado la ideología hasta en la «estética skin» para endilgarle un agravante ideológico que se habría omitido en el caso del etarra Aitor Elizaran al que, sin embargo, le llamamos «jefe político». Obviando la sangrante paradoja, es, sin duda, positiva la llegada de ese agravante al guiñol judicial. A partir de ahora ya sabemos que el odio ideológico es algo detestable en cuanto que es punible cuando acompaña al delito. Que se apliquen el cuento los que han enseñado ese odio en la escuela vasca y los que lo han propagado en Cataluña o en Getafe, los que llaman «tontos de los cojones» a los que no piensan como ellos y los que hablan de «rojos» como si acabara de terminar la Guerra Civil. El odio ideológico nos interroga a todos.

Boadella denuncia que la Ley del Cine supone un paso más en la secesión de Cataluña
"El cine catalán es de mínimo interés", señala el dramaturgo
 www.lavozlibre.com 22 Octubre 2009

Boadella denuncia que la Ley del Cine supone un paso más en la secesión de Cataluña Boadella denuncia que la Ley del Cine supone un paso más en la secesión de Cataluña

Barcelona.- Albert Boadella, director de los Teatros del Canal de Madid, ha criticado en un artículo en el diario 'La Razón' el anteproyecto de Ley del Cine de Cataluña, que prevé sanciones de entre 4.000 y 75.000 euros para todas aquellas distribuidoras que no doblen o subtitulen al menos la mitad de sus filmes en catalán (siempre que éstos superen las 16 copias en el territorio de la comunidad). "No hay que darle más vueltas: estamos ante un proceso de secesión de Cataluña que va tocando todos los ámbitos".

"En Cataluña, que esta Ley de Cine vaya a perjudicar a los distribuidores y a las salas tiene una mínima importancia: todo está aderezado por un 'staff' de gente que va dictando estas cosas; sin embargo, el problema es que la ciudadanía calla, en este y en otros asuntos. Ellos podrán dictar lo que les parezca, pero nadie va a levantar la voz", lamenta el autor del ensayo ‘Adiós Cataluña’.

"Los medios catalanes son los primeros que no van a decir nada o si lo hacen será de manera sutil porque forman parte del régimen en Cataluña. Todo está basado en un modelo nacionalista completamente radical, es lo que hay. Se avanza milímetro a milímetro en cada sector de la sociedad", añade Boadella.

"No existen, por ejemplo, compañías de teatro en lengua castellana en Cataluña; las pocas que actúan allí son de fuera, un hecho que ha sucedido con el beneplácito de toda la profesión teatral, no ha habido ni una sola protesta dentro de un colectivo que siempre se llena la boca con el concepto de libertad. Y el mundo del cine no es ajeno a este contexto. Esta situación puede provocar que se acabe haciendo un cine pequeño. Y es que el catalán es un cine de mínimo interés", manifiesta Boadella.

CULTURA | Anteproyecto
Las 'majors' consideran la Ley del Cine en Cataluña 'un golpe mortal' a la industria
Laura Fernández | Barcelona El Mundo 22 Octubre 2009

¿Por qué la llaman ley de cine cuando quieren decir ley de política lingüística? Productores, distribuidores y exhibidores consideran "agresivo" y "golpe mortal", teniendo en cuenta "la que está cayendo" en plena crisis, el anteproyecto de Ley del cine catalán que prevé sanciones de entre 4.000 y 75.000 euros para aquellos que se salten la obligación de distribuir el 50% de las copias en catalán (ya sea en versión original o doblada). "Los hábitos no se cambian por decreto, lo único que van a conseguir es que la gente deje de ir al cine", sentencia Enrique González Macho, propietario de la cadena de cines Renoir y presidente de la distribuidora Alta Films.

El texto ha provocado un terremoto en el sector, que se muestra "sorprendido" por las exigencias políticas a un ámbito que, como afirma Pilar Sierra, gerente del Gremio de Empresarios de Cines de Cataluña, "es totalmente privado". "El exhibidor no debería tener ninguna obligación más allá de lo que considere mejor para su negocio", asegura Sierra. "No es que estemos en contra del catalán, es que si no hay oferta es por algo y ese algo es evidente: no hay demanda", añade la empresaria.

En ese sentido, los datos son demoledores. Sólo un 20% de los espectadores prefieren el cine en catalán. ¿Culpa de la falta de oportunidad o de la costumbre? "En Cataluña el espectador está preparado para consumir cine en catalán, pero por mucho que haga el gobierno si las majors no colaboran, seguirá siendo algo minoritario", considera Luis de Val, al frente de la distribuidora independiente Wide Pictures. "Por supuesto que supone un coste superior para el distribuidor hacer una versión catalana de la película, pero estamos dispuestos a asumirlo. Lo malo es que esas copias no se van a rentabilizar porque van a acabar en salas de segunda. Estamos seguros de que el 50% de las copias en castellano irán a parar a los multicines, que son a los que la mayoría de la gente acostumbra a ir", explica. En otras palabras, el tiro puede salirles por la culata.

Convencido de que "al final se hará lo que digan las majors", Enrique González Macho opina que la "agresividad" con que se trata de imponer un nuevo orden de cosas "lo único que va a hacer es perjudicarnos a todos: a los exhibidores porque no van a contar con suministros suficientes; a los distribuidores porque les va a doblar el coste por película, y al gobierno catalán porque, si la cosa no convence, se le puede volver en contra". El exhibidor y distribuidor considera que, al obligar a doblar al catalán la mitad de las copias a aquellas películas que se distribuyan en más de 16 salas, lo que pasará, "al menos en el terreno del cine independiente", es que "se harán siempre menos de 16 y el que perderá será el espectador y, por extensión, el cine".

"Lo que está claro es que la ley nacerá muerta si los exhibidores no colaboran", prosigue Luis de Val, uno de los pocos dispuestos a doblar al catalán "todo" lo que distribuya, sin excepción. Y los exhibidores siguen esperando a que el gobierno recapacite "y se ocupe antes de otras cosas". "El problema es que han convertido un asunto empresarial en algo político y creo que están cometiendo un error, porque en momentos de crisis poner barreras a los empresarios no es muy buena idea", considera José Ramón Gómez Fabra, presidente de la Federación de Cines de España (FECE). "No se trata de convertir España en un pequeño reino de taifas", añadió.
 

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Un fantasma anida en Euskadi
JOSEBA ARREGI El Correo 22 Octubre 2009

En una conversación reciente, mi interlocutor expresó una idea que comparto plenamente: incluso cuando desaparezca ETA, en la sociedad vasca seguiremos teniendo un problema serio con los esquemas mentales que se nos han hecho habituales, con las formas de pensar condicionadas por la existencia de ETA y acomodadas a ella, por sus planteamientos, por su dominio del lenguaje, por las reacciones, o falta de ellas, que hemos desarrollado ante la experiencia de la violencia y el terror. Todo esto nos acompañará durante mucho tiempo, también cuando desaparezca ETA. Y nos costará mucho conquistar un mínimo de normalidad de pensamiento. Tendremos que aprender a pensar y a hablar de nuevo.

Los términos de la convocatoria para protestar por las detenciones ordenadas por el juez Garzón de miembros del entorno de ETA -aunque parece que algún tipo de convocatoria estaba ya decidida antes de esas detenciones- me han recordado hasta qué punto ese fantasma sigue rondando los recovecos de la sociedad vasca: en defensa de 'todos' los derechos de 'todas' las personas. Esta frase, este eslogan permite perfectamente calibrar en qué consiste la tragedia que nos acompaña desde hace demasiado tiempo en Euskadi, cuál es la naturaleza de ese fantasma que recorre nuestra sociedad. Porque nuestro problema es la violencia, es el terror, por supuesto. Pero también es la mentalidad de la que ha nacido ese terror, esa violencia, también es la atmósfera de pensamiento y de lenguaje que se ha ido conformando en torno a esa violencia y a ese terror. Y en el eslogan citado aparece perfectamente el núcleo de todo ello.

'Todos' los derechos de 'todas' las personas. Una frase que aparenta el máximo que se pueda lograr en la defensa de las personas, en defensa del Estado de Derecho, en defensa de los derechos y del derecho. Y esa apariencia la logra por la inclusión del término todos y todas. Construye una frase inatacable. No deja nada fuera. Incluye a todos, sean personas o derechos. Nadie puede estar en contra. Todos debieran estar a favor.

El problema de este eslogan radica, sin embargo, en esa voluntad omniabarcante, en su pretensión de omnipotencia. Porque da a entender que es posible la política sin tener que optar. Porque da a entender que es posible la convivencia en sociedad sin ningún tipo de norma limitante, sin ningún tipo de regulación que obligue, coarte, limite las posibilidades de cada uno de los que actúan en sociedad. Porque da a entender que para los humanos todo es posible. Como lo da a entender otra frase que ha circulado impunemente por los discursos de los políticos nacionalistas: basta con tener voluntad política para arreglar los problemas. No hay más limitación que el querer arreglar los problemas. Y si no se arreglan, no se debe a limitaciones objetivas, de hecho o de derecho, sino a la falta de suficiente voluntad.

Nada se puede oponer a una voluntad suficiente. No puede haber obstáculo alguno, no hay que pensar que los intereses de las personas puedan entrar en colisión.

Que incluso los derechos de unas personas puedan entrar en colisión con los derechos de otras. Que el núcleo de la política reside en buscar un equilibrio entre distintos derechos, a sabiendas de que no es posible la satisfacción de todos al mismo tiempo, sin limitación alguna. Un equilibrio guiado por la convicción de que unos pocos derechos -M. Walzer- no están a disposición de ninguna voluntad, por muy soberana que se crea ésta. Y que entre esos derechos está el derecho a la vida.

El fantasma que recorre la política nacionalista, y que a través de ésta infecta toda la política vasca, es el fantasma de la omipotencia, de la idea de que somos dioses, el fantasma de la idea de que los sentimientos lo son todo, que todo reside en poder satisfacer las pretensiones de una subjetividad sin límites, de una subjetividad expansiva, a la que no se pueden poner cortapisas, porque se limita la libertad, el derecho del pueblo.

No es posible satisfacer todos los derechos de todas las personas al mismo tiempo. Y menos si no se quiere entrar a establecer un esquema de prioridades en los derechos. La política no es, como lo formuló algún líder nacionalista de forma muy reveladora, el arte de hacer posible lo imposible, sino, más humilde y humanamente, el arte de lo posible, simplemente. Si se quiere hacer posible lo imposible se puede terminar, o empezar, pensando que existe una violencia capaz de acabar con todas las violencias.

La democracia no es el campo en el que se intenta una y otra vez la conquista de los imposibles, la satisfacción de todos los derechos de todas las personas al mismo tiempo, la cuadratura del círculo, sino que es el espacio de la gestión de las limitaciones necesarias para conseguir libertad para todos los que se prestan a asumir la limitación de su subjetividad, renunciando a toda pretensión absolutista. Pero para el nacionalismo todo es posible, todo debe ser posible. Sólo así se entiende que alguien pueda hablar, refiriéndose a las detenciones de Otegi y compañía, de genocidio: el sentimiento nacionalista es tan grande, la subjetividad nacionalista puede tanto que tiene que abarcar el todo de la sociedad vasca, de forma que no cabe ningún otro sentimiento, ninguna otra subjetividad que no sea la nacionalista. Sólo así pudiera tener algún sentido hablar de genocidio cuando se trata de detenciones de personas que no terminan de desligarse del uso ilegítimo de la violencia.

Pero ello mismo pone a prueba la validez de la frase 'todos' los derechos, de 'todas' las personas: es un todo que implica necesariamente exclusión, exclusión de todo lo que no sea sentimiento, subjetividad desbordante nacionalista. Sólo así se puede entender que hablen de genocidio aquéllos que no condenan la única violencia que es ilegítima, y que, además, es la única que mata a otros por no ser, sentir y representar de una forma aceptable al pueblo vasco. El 'bietan jarrai' de ETA y de su entorno, pues no se puede seguir en ambas cosas si sólo hay ETA y no hay entorno, el entorno es el segundo del 'bi', es también manifestación de la misma fe en la omnipotencia: para algunos no puede haber limitación alguna, es posible jugar en el campo antisistema y en el campo del sistema al mismo tiempo. Sencillamente porque poseen la razón nacionalista.

El llamado nacionalismo democrático en tiempos tuvo la sospecha de lo que se encerraba en el recurso a la violencia, de esa manía de omnipotencia que acompaña a la cultura moderna desde la destrucción de los dioses tradicionales, y que con tanta claridad aparece en los hombres del subsuelo de Dostoievski. Y por eso vinculaba la violencia de ETA a sus planteamientos marxistas y revolucionarios.

ero cometieron el grave error de pasar de ese planteamiento a achacar la violencia y el terror a la existencia del conflicto, del conflicto nacionalista. Y desde entonces andan sin poder desandar el camino marcado por el fantasma: se han dejado contagiar de la pretensión de omnipotencia del nacionalismo revolucionario de ETA, han vinculado su futuro a esa voluntad, y se han pasado al ejercicio del 'bietan jarrai': aprobar los Presupuestos del Gobierno central, tratando así de quitar validez de interlocución al Gobierno vasco que ya no controlan, y al mismo tiempo caminar bajo la pancarta del entorno de ETA que dice claramente 'todos los derechos de todas las personas'. Ejemplo perfecto de la máxima antidemocrática que dice que, para el que quiere con suficiente fuerza, todo es posible, sin límite alguno.

Y tenemos al PNV jugando en el sistema y contra el sistema, facilitando la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y negando las decisiones de la justicia de ese mismo Estado de la mano del entorno de ETA y de ETA, apoyando sus reclamaciones y su interpretación del genocidio, compartiendo sus sueños fantasmagóricos de omnipotencia.

El nacionalismo tuvo su razón de ser cuando reclamaba el derecho a la diferencia contra tendencias homogeneizadoras que negaban cualquier diferencia. Pero hoy representa lo peor de la cultura moderna, su tendencia a llenar el vacío dejado por la desaparición de cualquier dios del espacio público con los sueños y fantasías de omnipotencia de unas subjetividades para las que sus propios deseos y ensoñaciones se han convertido en la única razón de ser y de actuar. Contra viento y marea. Contra los hechos del pluralismo y los derechos de los que no son como ellos.

Es una enfermedad bien extendida en toda la cultura moderna, frenada con dificultades por la razón democrática que se desarrolla como idea de la limitación y del control de todo poder. Pero dos frases de dos miembros del Gobierno central dan idea de hasta qué punto el sueño de la omnipotencia, de que todo es posible, constituye la enfermedad mortal de la modernidad. Dice Rubalcaba que el PNV apoya en las calles a ETA. Y dice Fernández de la Vega que el PNV actúa con sentido de Estado. Se requiere mucha omnipotencia para conciliar ambas afirmaciones.

La frase 'en defensa de todos los derechos de todas las personas' «permite calibrar en qué consiste la tragedia que nos acompaña desde hace demasiado tiempo en Euskadi», explica el autor. «Nuestro problema es la violencia, pero también la mentalidad de la que ha nacido»

Solicitado por el PP
La cooficialidad del topónimo a pleno el próximo lunes
La Opinión 22 Octubre 2009

El BNG confía en que Losada no se sitúe "fuera de la ley" en su decisión sobre el topónimo . Coruña
Losada afirmó que el PP deberá explicar si sigue haciendo de la lengua un elemento de confrontación

EUROPA PRESS El Ayuntamiento de A Coruña ha convocado para el próximo lunes, día 26, el pleno extraordinario solicitado por el grupo municipal del PP para debatir sobre la cooficialidad del topónimo, según avanzó hoy el regidor coruñés, Javier Losada, quien afirmó que esta formación deberá explicar en él "si sigue haciendo de la lengua un elemento de confrontación".

A preguntas de los periodistas, Losada reiteró hoy que en el debate sobre la cooficialidad del topónimo está "en el mismo sitio y en el mismo lugar" que en los últimos años y acusó al PP de haber sido "ellos los que han cambiado de opinión".

"Deberán explicarnos por qué antes me persiguió, buscó mi condena e hizo lo posible para que no nos llamáramos La Coruña", apuntó en alusión a la postura de los 'populares' en 2004 cuando el pleno municipal aprobó, con los votos de los concejales socialistas, un acuerdo sobre la cooficialidad del topónimo y el proceso judicial iniciado entonces por el Gobierno autonómico presidido por Manuel Fraga.

Losada sostuvo también que en el pleno del lunes el PP "deberá decidir si sigue humillando a los coruñeses y si sigue haciendo de la lengua un elemento de confrontación", al tiempo que acusó a esta formación de "privar un día" a la ciudadanía "de sus derechos" y "otro jugar con ellos", afirmó en alusión a su actual postura.

Asimismo, acusó a los populares de "reírse" de los coruñeses y criticó que su portavoz en el Ayuntamiento de A Coruña, Carlos Negreira, pida un pleno "que sabe que no tiene capacidad legal", añadió al insistir que corresponde "al Parlamento gallego y el presidente de la Xunta" la modificación de la Ley de Normalización Lingüística en lo relativo al topónimo.

El alcalde herculino realizó estas manifestaciones tras la visita que hoy realizó a las instalaciones de la Fundación Adcor, dedicada a la atención de personas con discapacidad intelectual, y a las obras de la residencia impulsada por esta institución.

 

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