AGLI

Recortes de Prensa    Domingo 25 Octubre  2009

 

La verdad obligada
César VIDAL La Razón 25 Octubre 2009

Releía yo el otro día a Tucídides cuando me topé con la siguiente cita: «Os podría haber escrito cosas diferentes y más agradables que ésta, pero ciertamente no serían más útiles, si verdaderamente queréis deliberar con pleno conocimiento de las cosas. Al mismo tiempo, conozco vuestra verdadera naturaleza y sé que deseáis escuchar las cosas más agradables, pero luego lanzaréis acusaciones si resultan las cosas de otra manera. Por lo tanto, he pensado que lo más seguro es desvelar la verdad».

Como suele suceder con los clásicos, de esas frases se desprende una veracidad no limitada por las cadenas del tiempo y del espacio. En mayor o menor medida, resulta habitual que la gente desee escuchar lo agradable y cerrar los oídos a lo ingrato. A veces, lo hace por estupidez o sectarismo, pero tampoco faltan los que actúan así en un vano intento de pasar por alto las amarguras de la existencia. Con todo, plegarse a esos deseos de la masa no resulta una conducta sabia ni de cara a la propia masa ni tampoco para el que debe referir los hechos. En el caso de la gente, resulta obvio que no puede dejar de saber la verdad porque sólo conociéndola podrá actuar con conocimiento de causa, y en el del narrador porque, aunque momentáneamente consiga el aplauso o la audiencia, más tarde o más temprano, la verdad saldrá a relucir y lo mismo que lo vitorean y escuchan ahora se volverán luego airados contra él.

Traigo todo esto a colación porque la política de ZP se ha sustentado durante años en el uso masivo de la mentira y de la propaganda. En parte por miopía ideológica; en parte, por frío cálculo político y, en parte, por el deseo de mantener sometidos a los ciudadanos, ZP y sus adláteres practican la constante de no decir la verdad lo mismo en relación con la guerra de Afganistán que con el 11-M o la situación internacional. Sin embargo, donde posiblemente han mentido más es en relación con la situación económica. Durante años negaron la existencia de la crisis llegando al extremo de no pronunciar siquiera la palabra hasta ese momento histórico en que Gloria Lomana la arrancó de labios del presidente. Luego vino el engaño absurdo de unos presupuestos disparatados que han tenido este año la peor manifestación. Y todo ello sucedía mientras se desplomaban el número de empleados, el sistema financiero y la economía real de empresas y familias.

Para perpetrar ese entrelazado de engaños ZP ha contado con los mecanismos del poder gubernamental, del aparato del partido y de unos paniaguados mediáticos innumerables como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Pues bien, la realidad no se puede ocultar más. Un tercio de España ha entrado ya en una grave depresión; la destrucción de empleo prosigue y nuestro sistema financiero puede enfrentarse con desafíos de los que sólo Dios sabe si saldrá airoso. Por añadidura, ZP no está dispuesto a abordar ninguna de las reformas que podrían ayudarnos a sobrevivir en medio de la tempestad. La verdad, sin embargo, resulta obligada y no sólo en política. Por ello que no se extrañe ZP si, al fin y a la postre, como advirtió Tucídides, aquellos a los que se la ha ocultado se acaban revolviendo contra él y causando su ruina.

Perfectamente alineados nos vamos al precipicio.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 25 Octubre 2009

De acusar de actitud machista al Sr. Rajoy en el debate sobre los presupuestos generales, la Ministra de Economía, la Sra. Salgado, reconoce en una entrevista que la política económica es del Presidente del Gobierno y de la Ministra de Economía. ¡Acabáramos! Esto quiere decir que cuando el Sr. Rajoy se dirigió al Presidente del Gobierno, Sr. Zapatero, estaba justamente interpelando a uno de los responsables de semejante despropósito presupuestario. Y si tenemos en cuenta la jerarquía, entonces es el máximo responsable, tal y como dijo Rajoy. Por ello la reacción de la Sra. Salgado fue simplemente una pataleta de incapacidad argumental.

Otra declaración ha sido la de que el Gobierno se siente cómodo alineado con los sindicatos. Yo diría que más bien se siente cómodo al ver como los sindicatos han aceptado gustosos las subvenciones generosas y las medidas “sociales”. Es evidente que esos sindicatos ven con buenos ojos la pasividad de un Gobierno para resolver el dramático tema del paro. Y que lo que menos les interesa a ellos es promover altercados y huelgas, salvo que estas sean contra la “patronal” a la que acusan de querer rebajar los beneficios sociales de los trabajadores y promover el despido libre.

La Ministra resalta que “por responsabilidad de todos, sindicatos, empresarios y Gobierno, no ha generado una crisis social y que esa paz social no puede ponerse en riesgo. Pues qué bien. Ahora resulta que lo que se trata es mantener calmado al rebaño y que no se asusten porque el lobo de la recesión, de la pobreza y del paro les está acechando. Que haya paz social y yo añado y buen rollito y amor en el mundo. Ahora todos juntos entonemos la Internacional y levantemos el puño como hace con tanto entusiasmo Leire Pajin en cada mitin. Desde luego hay que tener una desfachatez máxima para decir semejantes simplezas.

Lo único que se sabe es que los sindicatos van a promover manifestaciones contra los empresarios, convertidos en chivos expiatorios acusados de inmovilismo e intransigencia tanto por el Gobierno como por estos vergonzantes sindicatos. Si fuera empresario, me pensaría mucho si en esta España dominada por esta pandilla de sectarios merece la pena arriesgar dinero, tiempo y esfuerzo, para además recibir este trato denigrante y de tintes mafiosos. Con esta actitud, lo que el Gobierno y los sindicatos están promoviendo es precisamente el hartazgo de los empresarios.

Si eso sucede, entonces sí que habrá conflicto social. Nadie puede obligar a un empresario a mantener un negocio ruinoso por culpa de la cerrazón, demagogia y sectarismo trasnochado de quien dice defender los derechos de los trabajadores, sin pensar que para que los puestos de trabajo existan, el empresario debe tener alicientes para crearlos y no losas que le impidan o lastren su libertad de movimientos.

Así que ustedes verán lo que hacen y con quien prefieren estar “alineados”. Su camino de “cariño mutuo” en esta relación, perjudica a un tercero que ha visto traicionada su confianza y puede tomar la decisión de optar por un divorcio a “cara de perro” o si quieren, una interrupción temporal de la relación, que queda más políticamente correcto. Las inifdelidades no siempre se perdonan.

Déficit público y deuda sostenible
JUAN J. TORIBIO, Director del IESE en Madrid ABC 25 Octubre 2009

Los presupuestos generales del Estado, ahora en tramitación parlamentaria, han nacido quizá viciados de origen y, en lógica consecuencia, pocos efectos positivos cabrá esperar de su aplicación. Casi todos los analistas parecen de acuerdo en advertir que, un año más, las cifras presupuestadas parten de una previsión macroeconómica de dudoso realismo, como si el Gobierno estuviera dispuesto a tropezar de nuevo en la misma piedra que hizo tambalear su gestión presupuestaria durante el pasado ejercicio.

Como es de sobra conocido, todo presupuesto de las administraciones públicas constituye, en el lado de los gastos, un conjunto de autorizaciones administrativas, pero en la vertiente de los ingresos no pasa de ser una simple estimación de las recaudaciones que se esperan obtener por vía tributaria. Cuando tales previsiones recaudatorias se basan en supuestos excesivamente optimistas, el déficit final estimado aparece como una cifra escasamente creíble y las consecuencias esperables, en términos de endeudamiento público, han de resultar forzosamente más gravosas que las anunciadas por los redactores del propio presupuesto. El problema ha sido especialmente agudo en el ejercicio actual. Recordemos que el año pasado, por estas fechas, se programó un déficit en el total de las administraciones públicas inferior al dos por ciento del PIB, mientras que muy probablemente la realidad va a depararnos un saldo negativo próximo al diez por ciento, es decir, una desviación de más de ocho puntos del PIB o, por ponerlo en valores absolutos, una «equivocación» próxima a noventa mil millones de euros. A tal absurdo han contribuido, tanto el desplome de los ingresos tributarios (cercano al veinte por ciento en lo transcurrido del año), como el aumento de los gastos asociados a la prestación por un desempleo que oportunas reformas laborales podían haber paliado, más los correspondientes al conjunto inconexo de medidas arbitradas para afrontar la recesión. El déficit público habría resultado más fácilmente corregible si el Gobierno no se hubiera empeñado en ignorar la crisis a la hora de presupuestar sus cuentas anuales.

Ciertamente, no cabe pensar que la desviación presupuestaria correspondiente al año 2010 vaya a revestir los caracteres disparatados del año actual, pero tampoco parece razonable esperar que el déficit de las administraciones públicas se limite al ocho por ciento del PIB, previsto en los presupuestos. El consenso de los distintos servicios de estudios, revelado en el panel de previsiones que elabora la fundación de las cajas de ahorros, sostiene que alcanzaremos un desequilibrio superior en punto y medio del PIB al estimado en los presupuestos generales del Estado, mientras que el Fondo Monetario Internacional (siempre prudente en sus estimaciones) cifra el déficit esperable para el año próximo en cuatro puntos porcentuales más que lo previsto por el Gobierno.

Se nos retrotrae, así, a tiempos lejanos, en los que apenas se debatían los presupuestos generales del Estado porque, de hecho, nadie creía en ellos. Ya se sabía que las cifras finales superarían, como de costumbre, el nivel programado en un documento presupuestario, cuya credibilidad correspondía al bajo nivel que cabe esperar de una mera proclama política. Mediada la década de los noventa, se hizo, sin embargo, un esfuerzo muy notable por presupuestar sobre bases realistas y por ajustar la gestión económica de la «res pública» al rigor de las cifras aprobadas. A ello se añadió con posterioridad el efecto disciplinante de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuyo articulado parece hoy letra muerta, pero que permitió en su día dotar de credibilidad a los presupuestos y generar unas expectativas de certeza en la gestión pública, al amparo de la veracidad de los datos. No fue pequeño el logro, ni escaso el empeño.

Todo ello se ha echado a perder en los dos últimos años, y la cuestión ahora es dilucidar si los déficit realmente esperados (no los anunciados en el presupuesto) son, o no, gestionables en el tiempo, habida cuenta de que ya no pueden ser cubiertos a través de simple recurso directo al banco emisor, sino que deben financiarse mediante colocaciones de deuda y en condiciones de mercado. ¿Son sostenibles (adjetivo hoy tan de moda) unos déficit presupuestarios que carecen de precedentes históricos y cuya medición precisa de dos dígitos para ser expresada en términos de PIB?

Desde el optimismo irredento que viene caracterizando las previsiones del Gobierno, la respuesta habría de ser positiva y el déficit presupuestario estaría lejos de plantear problemas irresolubles. Cierto que se trata de un desequilibrio que sobrepasa, con mucho, el límite del tres por ciento establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento vigente en la Eurozona, pero son varios y muy importantes —se argumenta— los países que hoy vulneran esta norma, por lo que alguna solución global se arbitrará. El hecho de que, en este sentido, España sea el país más indisciplinado de la Unión Monetaria Europea no parece suscitar mayores problemas para los defensores a ultranza del actual desbarajuste presupuestario. Por lo demás (se afirma) la deuda pública española es, en términos relativos, inferior a la de la mayoría de los países desarrollados y, aunque crece a velocidad récord, parece colocarse sin mayor problema en los correspondientes mercados pues, en las actuales circunstancias, ¿qué pueden hacer los tenedores de liquidez, sino comprar cuanta deuda pública se emita?

Basta un mínimo sentido de responsabilidad para advertir el riesgo que tales argumentos encierran. Para empezar, una parte sustancial de la deuda pública emitida está siendo adquirida por los bancos y cajas de ahorros, quienes aprovechan la extraordinaria ola de liquidez que el Banco Central Europeo les proporciona, para invertir esos mismos recursos, de coste mínimo, en deuda pública (no en créditos a familias o empresas) y sanear así sus balances sin riesgo. Pero nadie en su sano juicio puede pensar que tan anómala situación vaya a prolongarse en el tiempo. No tiene ningún sentido que, en última instancia, la cobertura de los desequilibrios presupuestarios se esté llevando a cabo mediante recurso al Banco Central Europeo, tras situar a bancos y cajas en medio del proceso, para que aprovechen una parte de la regalía. Tan pronto como los principales países europeos consoliden su incipiente recuperación económica, si no lo están haciendo ya, las autoridades monetarias de Francfort interrumpirán esa financiación indirecta del déficit público, que tanto les incomoda.

A partir de ese momento, la curva temporal de tipos de interés habrá de intensificar su pendiente, es decir, los costes financieros para emitir deuda a medio o largo plazo deberán incrementarse sustancialmente. Como consecuencia de ello, el capítulo III de los presupuestos de gastos, correspondiente al pago de intereses de la deuda, no dejará de crecer, a través de un típico círculo vicioso que se ha dado con harta frecuencia en países menos desarrollados: más intereses de la deuda pública provocan más déficit, que precisa de más deuda, que genera más intereses… y vuelta a empezar. La lógica económica, plasmada en fórmulas al alcance de cualquiera, señala que el proceso de acumulación de deuda pública como porcentaje del PIB resultará explosivo, a menos que se genere un superávit «primario» (es decir, excluyendo costes financieros) que habrá de ser tanto más abultado cuanto menor sea el crecimiento económico y mayores los tipos de interés.
 

Pero si, como es previsible, el crecimiento español se mantiene a niveles muy discretos en el futuro inmediato, y las tasas de mercado aumentan sustancialmente, ¿quién será capaz de ponerle al gato ese cascabel? ¿Cómo podrán lograrse saldos primarios fuertemente positivos en unas cuentas públicas que sólo en su quinta parte dependen de la Administración Central del Estado? ¿Qué recorte presupuestario será finalmente imprescindible, por no haber acometido a tiempo una reducción de los gastos corrientes?

Más temprano que tarde, saldremos de la recesión, pero se lo estamos poniendo muy difícil a las generaciones que nos sigan. A menos, claro está, que la anunciada Ley de Economía Sostenible encuentre un resorte mágico para extender tan grato calificativo a la propia deuda del Estado.

Trincolandia
IGNACIO CAMACHO ABC 25 Octubre 2009

LA clase política española tiene un problema que no quiere afrontar pese a que se la está comiendo por la patas y amenaza al funcionamiento mismo de la democracia. Ese problema se llama corrupción y no sólo afecta a los partidos, la Administración y las instituciones sino que supone un reto para la justicia y las leyes, y sobre todo para la calidad moral del sistema que está poniendo a prueba. Ocurre que la generalización del mal, su extensión permeable a todos los ámbitos del espectro territorial y político, ha generado una especie de perversa tranquilidad en la casta dirigente por cuanto sus miembros saben que esta nefasta universalidad neutraliza los costes electorales de los escándalos. Contagiados prácticamente todos por la epidemia sólo se preocupan de mostrar que la infección también alcanza al adversario para poder competir ante las urnas como en una carrera de cojos.

En un marco democrático bien regulado, la ceguera de la dirigencia política podría quedar compensada por la actuación del aparato judicial, pero en España la justicia también está contaminada de sectarismo. Fiscales, policías y hasta jueces actúan a menudo con discrecionalidad impregnada de prejuicios políticos e ideológicos, aunque por fortuna aún quedan algunos profesionales independientes braceando contra oleadas de dificultades, presiones y cortapisas. Gracias a ellos se puede dibujar un obsceno mapa delictivo que salta por encima de autonomías y colores y arroja un devastador retrato moral de nuestra vida pública. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Mallorca o la Costa del Sol aparecen en ese mapa teñidas de un sospechoso marrón oscuro junto a cientos de municipios asolados por la codicia de políticos deshonestos, oportunistas bisagreros y traficantes de favores. Esta pléyade de canallas no sólo ha envilecido las instituciones sino que provoca un clima de inseguridad jurídica y de desconfianza social que derrota el prestigio de la actividad pública sembrando de pesimismo la vida democrática; los ciudadanos se resignan a considerarse gobernados por un hatajo de ladrones.

Siquiera por este factor degradante de su fama los partidos deberían avenirse a un pacto de hierro para defenderla; empero, en el actual estado de la política española resulta imposible pactar nada, y menos cumplir lo pactado. Ni siquiera el acuerdo contra los tránsfugas ha podido funcionar con un mínimo de coherencia. El egoísmo miope y la endogamia de esta partitocracia la están destruyendo como destruyó hace quince años la de Italia, donde la ciénaga de la corrupción ablandó los cimientos del sistema; aquí vivimos sobre un pantano similar pero apenas si nos limitamos a blanquear los desconchones de la fachada. Debajo del edificio institucional hay un tremedal movedizo en el que habita entre sombras venales un país paralelo. Se llama Trincolandia.

Rebajas en el Congreso: a 15 millones el voto
Mariano Calleja Blogs ABC.es 25 Octubre 2009

El apoyo del PNV y Coalición Canaria a los Presupuestos Generales del Estado de 2010 ha costado este año 125 millones de euros. Ochenta y cinco de esos millones irán destinados al País Vasco, la mayor parte a inversiones en I+D+i y un 20 por ciento a la internacionalización de empresas vascas. A las Islas Canarias les han correspondido 40 millones de euros, a cambio del apoyo de los dos diputados de CC a las cuentas públicas del Gobierno. Es decir, el “peaje” que ha tenido que pagar el Gobierno por el apoyo de los seis diputados del PNV y los dos de CC ha sido de unos 15 millones por voto. ¡Enhorabuena a los agraciados! Un año más, los “premiados” vuelven a ser los vascos, a los que en esta ocasión hay que añadir a los canarios. Otros años son los gallegos o los catalanes. Sin embargo, los extremeños, andaluces, riojanos o madrileños jamás sacarán beneficios parecidos en estas negociaciones, al no contar con grupos o partidos propios en el Congreso.

Quince millones por voto, con todo, es bastante menos de lo que pagó el Gobierno el año pasado. En 2008 cerró el acuerdo presupuestario con el PNV y el BNG, que sumaban también ocho votos (seis de los nacionalistas vascos y dos de los gallegos), suficientes para que el PSOE aprobara con comodidad las cuentas. El Ejecutivo de Zapatero “pagó” entonces unos 210 millones de euros por contar con su respaldo. De esa cantidad, 125 millones fueron para el BNG, que conseguía más inversiones en infraestructuras en Galicia, y el resto correspondía a la transferencia parcial de I+D+i al País Vasco, a razón de 85 millones por año. El precio final que tuvo que pagar el Gobierno fue de 26,25 millones por voto. La crisis y las rebajas han llegado al Parlamento. Al menos, el Gobierno sí ha sido algo más austero en eso.

Impuestos a contracorriente
Editorial ABC 25 Octubre 2009

EL estudio demoscópico realizado por DYM Market Research para ABC sobre política económica no ofrece ninguna duda de la masiva oposición ciudadana a la decisión del Gobierno de incrementar los impuestos para luchar eficazmente contra la crisis. Pese a que todo sondeo en el que se pregunte a los ciudadanos si son partidarios de un aumento de la presión fiscal es muy susceptible de incurrir en tentaciones demagógicas, las conclusiones en este caso son muy indiciarias de la absoluta desconfianza que genera en todas las clases sociales la política económica del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

La mitad exacta de los consultados opina que para favorecer una mejora de la economía el Gobierno debería hacer exactamente lo contrario, esto es, bajar los impuestos; cuatro de cada diez consideran que debería mantenerse la presión fiscal en sus actuales términos y apenas un raquítico 6 por ciento se muestra conforme con subirlos. La contundencia de los números no refleja sólo una lógica reacción contra cualquier medida que afecte directamente a los bolsillos, sino que acredita que no han calado en la sociedad española ni el mensaje falseado por el PSOE sobre la solidaridad colectiva en tiempos de recesión, ni el recurso fácil y rancio de alentar un conflicto hoy irreal entre ricos y pobres, como hurtando a la opinión pública la evidencia de que el 80 por ciento de la población española está encuadrada en lo que se denomina clase media, precisamente la más afectada. No por repetir constantemente la desgastada consigna del «ciudadano comprensivo y responsable» que sabrá aceptar la subida de impuestos como un mal menor pero necesario, el Gobierno va a ganar enteros en su lucha contra la impopularidad de las medidas y contra la sensación de impotencia que transmite.

La evolución de la crisis ha hecho perder al Gobierno buena parte de su escasa credibilidad y sólo gracias al apoyo incondicional de los sindicatos consigue mantenerse a flote sin que las calles se conviertan en una protesta permanente. Las advertencias de todos los organismos internacionales de referencia mundial siguen incomprensiblemente sin hacer rectificar a Rodríguez Zapatero, cuyo Gobierno parece ser el único en desconocer que un incremento de impuestos no conllevará una reactivación de la economía, ni va encaminado hacia una reforma del modelo productivo, ni generará empleo. Este empecinamiento es sólo el remedio más fácil para soportar un gasto público basado en un engañoso diagnóstico y en una irresponsabilidad: la de hipotecar durante años el futuro de los españoles sin la aprobación de las reformas estructurales que requiere nuestra economía. Precisamente la del gasto público es otra variable que el sondeo maneja para alcanzar la conclusión de que apenas un 14 por ciento de los ciudadanos es partidario de incrementarlo como revulsivo contra la crisis.

Mientras en España el Gobierno elude alegremente una auténtica política de austeridad y contención del gasto, en favor de un castigo fiscal a la sociedad y de la penalización del consumo, Angela Merkel anuncia que los alemanes verán reducidos sus impuestos en 24.000 millones de euros al año sin menoscabo para las políticas sociales y de protección. Ayer, Zapatero se empeñó en nadar contracorriente en su tardío diagnóstico de la crisis; hoy, continúa contra la corriente en las soluciones a la crisis.


AVISO IMPORTANTE:
A todos los simpatizantes de la Plataforma en Madrid

Clases Medias. 25 Octubre 2009

Estimados amigos, de cara al importante movilización del 7 de noviembre a las 12 horas en Alonso Martínez, necesitamos voluntarios para ayudar a repartir publicidad de esta convocatoria.

La Plataforma ha impreso 20.000 documentos a color tamaño A5 que facilitará en cantidad suficiente a aquellos ciudadanos que voluntariamente quieran ayudar a repartirlos por sus zonas de influencia o aquellas que le resulten más próximas y de más fácil acceso.

Para ello, a todos aquellos que contacten con la Plataforma, se les dará indicaciones del lugar, día y hora en el que podrán pasar a recoger el material publicitario con el fin de distribuirlo durante los días previos a la convocatoria del 7 de noviembre. Cada uno puede repartirlo en sus ratos libres, dando un paseo, acompañado de algún amigo o familiar.

Si quieres ayudar en esta importante tarea, escribe un correo a lasclasesmedias@gmail.com indicando en "asunto" Ref. Campaña de información ciudadana. En el contenido del correo es suficiente que añadáis vuestro nombre de pila e indicar un correo de contacto y que estáis en disposición colaborar.

No pienses que otros lo harán por ti. Si tú no lo haces, no lo haga nadie por ti

La Plataforma no es un ente con vida propia, es lo que cada uno de nosotros es capaz de hacer cada día. No hay empleados, ni profesionales a sueldo que realicen tareas al margen de la capacidad de implicación de la sociedad civil, de cada uno de nosotros. Sin personas anónimas capaces de dedicar un poco de su tiempo a hacer crecer esta iniciativa, la Plataforma carecerá de sentido y de capacidad para alcanzar sus objetivos.

Acciones tan básicas como ayudar a repartir publicidad e informar a otros ciudadanos no son tareas que dependan de terceros, sino de cada uno de nosotros. Si tú no lo haces, es seguro que no habrá alguien detrás que lo haga por ti.

La suma de muchos pequeños esfuerzos es el único camino para los grandes logros.

Recibid un cordial saludo,
Plataforma de las Clases Medias
 

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Frentes
JON JUARISTI ABC 25 Octubre 2009

VA a cumplirse un decenio desde la ruptura de la tregua/trampa de ETA de 1998-1999 y la consiguiente crisis del frente nacionalista de Estella. No creo que sea imprescindible recapitular la historia de este período, en lo que al país vasco se refiere, para esbozar una comparación de su situación actual con la de entonces. Hay diferencias, desde luego, pero también similitudes inquietantes. Lo primero que salta a la vista es que las personas del drama son otras que las de ayer (Arzallus, Ibarreche, Eguíbar, Redondo Terreros, Mayor Oreja, etcétera). No es cuestión de plantear aquel «¿qué se hicieron?» del verso manriqueño porque, afortunadamente (sobre todo, para ellos) gozan, en su mayoría, de una salud decente y de una vida más o menos activa según los casos, pero entre bambalinas. El desgaste generacional ha sido intenso y los protagonistas han cedido a otros sus papeles. La pregunta pertinente es si el guión de la obra ha experimentado cambios sustanciales, y eso es lo que no parece ni medio claro.

El frentismo nacionalista, por ejemplo, está lejos de haber desaparecido (de hecho, ha bastado una convocatoria de los sindicatos abertzales a una manifestación de apoyo a Otegui y demás muñidores de ETA, encarcelados por orden de Garzón, para una reposición callejera del pacto de Estella). Se trata, en el fondo, de un efecto paradójico de la fragmentación del campo nacionalista: la división política impone la estrategia frentista del nacionalismo revolucionario al PNV, reacio, en principio, a asumir aquélla, que nació, hace cincuenta años, como la alternativa propia de ETA. Es un hecho comprobado que la diversificación interna de los nacionalismos coincide con el crecimiento de las correspondientes comunidades nacionalistas, sin que se haya establecido de modo concluyente cuál es la causa y cuál la consecuencia; es decir, si es el aumento de ofertas políticas de signo nacionalista lo que estimula la incorporación de nuevos sectores sociales al nacionalismo, o si, por el contrario, el crecimiento de la comunidad nacionalista desemboca fatalmente en escisiones políticas. Probablemente, ambos fenómenos se dan de un modo simultáneo o sucesivo. Para el caso, no importa. Lo relevante es que cuanto más dividido aparece el nacionalismo, mayor es su necesidad de recurrir al frente nacionalista, por motivos obvios. El frente de Estella habría dejado de existir, según el PNV, tras la ruptura de la tregua de ETA, hace diez años, pero, en la práctica, continuó y continúa operativo hasta hoy día. Si el nacionalismo fue derrotado en las últimas elecciones autonómicas, no se debió tanto a la proliferación de siglas y de estrategias distintas en su seno, como a la ilegalización de los partidos ancilares de ETA.

La persistencia del frentismo es un hecho. Casi una fatalidad para el PNV, cuyo regreso al Gobierno autónomo vasco pasa obligadamente por la reconstrucción de una mayoría electoral nacionalista. No puede, por tanto, renunciar a una estrategia diseñada, en su origen, por ETA. Previsiblemente, su aproximación al gobierno socialista, que por ahora se limita a un cínico apoyo al proyecto de presupuesto a cambio de concesiones económicas, derivará más temprano que tarde hacia presiones propiamente políticas para facilitar la recomposición de una izquierda abertzale, aunque quizá no a través del modelo clásico de los «procesos de paz», que sólo han favorecido a la banda armada. Lo que parece evidente es que el PNV no puede descuidar el mantenimiento de la cohesión comunitaria del nacionalismo ni siquiera a la hora de entenderse con Rodríguez.

polémica
UPyD no aprecia diferencias en la política lingüística del Gobierno del PP respecto al bipartito

La Voz 25 Octubre 2009

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) no percibe «cambios significativos» en la política lingüística del Gobierno del PP respecto a la desarrollada por el bipartito. La delegación gallega del partido que lidera Rosa Díez critica «la parálisis del Gobierno del PP, que, habiendo prometido libertad, ofrece lo mismo de siempre».

UPyD recuerda que el 18 de octubre hubo una manifestación «en la que se reclamó la exclusión de los derechos de los castellanohablantes en la educación y la vida pública en Galicia». Afirma que la Administración autonómica es monolingüe y que en la web de la Consellería de Educación no figura la opción de gallego o castellano. UPyD ve lejos la promesa de Feijoo de «promover el bilingüismo armónico», además del «incumplimiento de una promesa electoral clave en su victoria: la derogación del decreto sobre uso y promoción del gallego en el sistema educativo en los primeros cien días de gobierno».
 

Recortes de Prensa   Página Inicial