AGLI

Recortes de Prensa    Martes 27 Octubre  2009

 

Interior
Los otros faisanes de Rubalcaba
GEES Libertad Digital 27 Octubre 2009

El proceso de negociación de Zapatero con ETA, por su génesis –oculto, a escondidas–, por su contenido –político, que afectaba a vascos, navarros y resto de españoles– y por su desarrollo –a espaldas de los españoles–, tenía necesariamente que convertirse en una ciénaga para el Gobierno. Ahora empieza a serlo. Desde luego que el caso Faisán es de una gravedad extrema: se trata de funcionarios públicos colaborando con ETA. Pero en el tenebroso proceso hay además otros acontecimientos oscuros que afectan a Rubalcaba, de los que el Gobierno aún no ha dado explicaciones. El ministro de Interior está ahora sufriendo los duros golpes derivados del motivo por el que fue nombrado por ZP: blindar el proceso de pacto con ETA.

El primer asunto, relacionado directamente con el caso Faisán, es el caso de los informes de verificación que él dice que encargó y que se elaboraron. Pero que jamás hizo públicos. Sólo se filtraron del Ministerio del Interior a los medios habituales, y Rubalcaba habló de ellos como si existieran y fuesen claros al respecto. Eran la prueba que permitía al Gobierno dar el paso de sentarse públicamente con la banda. Pero, ¿qué pasó con esos informes? ¿Existían? ¿Se manipularon? ¿Por parte de quién? ¿Quién mintió a la opinión pública para hacerle tragar lo intragable?

La Guardia Civil y la Policía Nacional realizaron los informes habituales sobre el día a día contra la banda. Y éstos no dejaban lugar a dudas: las Fuerzas de Seguridad del Estado transmitían lo siguiente: advertían que ETA se rearmaba en Francia, mediante el robo de armas y la fabricación de explosivos; advertían que la banda estaba chantajeando a empresarios vascos y navarros; enumeraban los actos de kale borroka que llevaba a cabo el brazo callejero de ETA; investigaron el acto de Oyarzun en septiembre de 2006 en el que los etarras habían disparado al aire al grito de "jotake". Por otra parte, Europol advertía en las mismas fechas en que Rubalcaba comunicaba que el alto el fuego estaba verificado, que ETA se preparaba para golpear con fuerza. Por si fuese poco, el juez Moreno de la Audiencia Nacional alertó de que el "Comando Donosti" estaba haciendo seguimiento a objetivos en Guipúzcoa. Y Francia informaba que ETA se estaba rearmando.

Es decir, que todos los informes y noticias que obraban en poder del Gobierno indicaban que ETA no había detenido su actividad. De hecho, la información de que disponía Rubalcaba demostraba justo lo contrario. Por si fuera poco, los sindicatos policiales lo denunciaron después. ¿Quién ocultó lo que las FSE y demás organismos decían, para hacer creer a la opinión pública algo que era falso? La responsabilidad de Rubalcaba es evidente, porque esos informes estaban dirigidos precisamente a él y a su Secretario de Estado de Seguridad, y porque los utilizó para amparar ante la opinión pública los tratos con ETA, que iban ya entonces muy adelantados.

Es ahora el momento de exigir al aún ministro responsabilidades por un caso grave de manipulación y mentiras a los españoles: se ocultó la actividad criminal de ETA para seguir negociando con ella. Además, el caso de los informes de verificación va unido al caso Faisán: el chivatazo estuvo motivado entre otras cosas por la necesidad de que las detenciones no pusiesen de manifiesto ante la opinión pública que la maquinaria etarra funcionaba a pleno rendimiento. De haberse efectuado el desmantelamiento de la red de chantaje, hubiese quedado claro que ETA seguía actuando criminalmente, y la coartada de los famosos informes de Rubalcaba hubiese saltado en pedazos. El chivatazo cubrió la negociacion con ETA, pero también cubrió a un ministro que hubiese sido pillado mintiendo a la opinión pública esgrimiendo documentación falsa o inexistente. La operación hubiera mostrado que Rubalcaba engañó. Además Rubalcaba, apenas una semana después, afirmaba que ETA no actuaba después de que sus policías alertasen a la banda de la operación. verificaba por tercera vez que ETA no actuaba. La operación abortada por el chivatazo demostraba justo lo contrario.

El caso Faisán y el caso de las verificaciones forman parte de la red de mentiras montada por el Gobierno en su empeño por llegar a un acuerdo, como sea, con la banda terrorista. Mentiras, manipulaciones y engaños que se entrelazan los unos con los otros. Es verdad que Zapatero acertó al nombrar a Rubalcaba ángel de la guarda de sus contactos con ETA, sustituyendo a Alonso, que inició la cobertura del proceso de rendición. Pero éstos fueron de tal calibre y constituyen tal escándalo, que ni siquiera Rubalcaba es capaz de controlarlos, y le estallan en las manos. Lo malo para el ministro es que existen otros faisanes que van surgiendo conforme se saben detalles del proceso. El de las verificaciones es sólo uno de ellos, pero no el único.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Paralelismos
De faisanes y silencios
Gabriel Moris Libertad Digital 27 Octubre 2009

Hasta donde yo sé el faisán es un ave de la familia de las gallináceas. Creo que es urogallo la denominación que recibe en el norte de España, concretamente en los Picos de Europa. No lejos de esas latitudes, y contra todo pronóstico –pues el faisán es un ave que vende cara su presencia–, durante estos días se habla de él en algunos medios de comunicación. Ciertamente su canto no lo ha dejado oír y su presencia ha trascendido, no por el vistoso color de su plumaje, sino por lo oscuro del mismo.

Algunas circunstancias relacionadas con el bar Faisán de Irún pueden tener paralelismos (salvando la gran distancia que hay entre un hecho y otro), con los atentados del 11-M, y por supuesto también algunas diferencias. Una de las similitudes puede ser el silencio que el Ejecutivo y sus medios de comunicación mantienen sobre ambos, cuestionando muy seriamente la vigencia de nuestro Estado de Derecho. Otra similitud se puede constatar si observamos la ausencia de pruebas en ambos casos; en el caso del 11-M dicha ausencia clama al cielo: inexistencia de grabaciones en las estaciones, desaparición inmediata de los trenes y pérdida de restos con un peso de noventa toneladas, desaparición de las muestras tomadas en los trenes por los Tedax (correctamente referenciadas y numeradas), desaparición de los registros analíticos sobre las veintitrés muestras que posteriormente se entregaron para la pericia sin ser válidas analíticamente; la instrucción del juez Del Olmo (cerrada a cal y canto hasta poco antes de finalizar y orientada más que a descubrir la verdad, a hacer coincidir la citada investigación con la teoría islamista); otro tanto se puede decir de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, volcada totalmente en encontrar autores materiales e intelectuales que no aparecieron en la sentencia. Creo que estos ejemplos y otros muchos que callo por la brevedad de este artículo, pueden ser demostrativos de que existe un paralelismo en el comportamiento de los órganos estatales y judiciales entre ambos casos.

En el caso del bar Faisán de Irún tanto el juez de la Audiencia Nacional como el fiscal de la misma han impedido hasta el momento cualquier investigación para descubrir la verdad. Si este hecho resulta muy grave en un Estado de Derecho, ¿qué no se puede decir de un atentado terrorista en el que murieron 193 personas y quedaron con heridas residuales reconocidas 1850?

Un país y la sociedad que lo conforma no puede ser testigo mudo ante comportamientos de este calibre por parte de los rectores de nuestra sociedad y los garantes de nuestra convivencia en paz.

Me gustaría recibir explicaciones desde todos los órganos del Estado y concretamente desde el Ministerio del Interior, desde la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y desde la Fiscalía que ejerció la acusación pública en la vista del 11-M, de las razones por las que se desviaron tanto de su recta y lógica actuación así como del silencio más absoluto sobre la masacre del 11 de marzo que sin lugar a dudas no es un caso cerrado. En el supuesto de que ellos tengan sus razones para obrar así, lo mínimo exigible es que nos hagan a las víctimas y a la sociedad partícipes de las mismas.

Salamanca
España, motor de la economía
Gabriel Calzada Libertad Digital 27 Octubre 2009

Solemos pensar que España no tiene nada que enseñar al mundo en materia económica. Y posiblemente sea verdad si nos fijamos en las políticas económicas que aplican hoy nuestros gobernantes. Sin embargo, cuando hablamos de teoría económica, España ha sido y es una fuente de valiosas ideas.

La pasada semana, el Ludwig von Mises Institute de Estados Unidos celebró en Salamanca unas jornadas en las que conmemoraba el origen español de la ciencia económica y del liberalismo. Durante los cuatro días que duró el evento, co-organizado por el Instituto Juan de Mariana, los asistentes pudieron reflexionar acerca de las aportaciones teóricas de esos autores, sus recomendaciones políticas y la vigencia de sus diagnósticos y recetas económicas. Este grupo de pensadores es conocido mundialmente como la Escuela de Salamanca. Se trató de una nutrida comunidad de teólogos que en su intento por resolver cuestiones morales descubrieron el orden espontáneo del mercado y el daño que causa el intervencionismo político sobre la propiedad privada y los intercambios libres.

Aquellos escolásticos que rechazaron el dirigismo estatal sobre los precios, que solicitaban la eliminación de las barreras de entrada a todo tipo de mercados, que se oponían a la inflación monetaria, que exigían equilibrio presupuestario y que mantenían que una subida de impuestos sin el consentimiento del pueblo era un atraco, formaron la primera escuela liberal de la historia; escuela que tuvo que debatir sobre todos estos asuntos en unos años marcados por guerras, déficits presupuestario y crisis económica a gran escala.

Durante los días que duraron estas jornadas, los economistas allí reunidos estudiaron lo parecida que es la situación actual a la que los escolásticos españoles vivieron hace 400 años. Además, el evento sirvió para reivindicar la plena vigencia de las propuestas de solución que en su día dieron personajes de la talla de Diego de Covarrubias, Saravia de la Calle, Luis de Molina o Juan de Mariana. La reducción del gasto público y de los impuestos, la eliminación de barreras comerciales, la detención inmediata de las políticas inflacionistas y el mantenimiento de un equilibrio presupuestario conforman unas recetas que eran en su día tan válidas para Felipe III como lo son hoy para Zapatero.
Gabriel Calzada Álvarez es doctor en Economía y presidente del Instituto Juan de Mariana

Presupuestos
Subasta de votos
Ignacio Moncada Libertad Digital 27 Octubre 2009

Tim Harford, autor del libro El economista camuflado, escribe una columna en el Financial Times en la que resuelve problemas de los lectores usando la lógica económica. Recientemente le preguntaban sobre cómo ocho amigos que se mudaban a un piso podrían repartirse en ocho habitaciones diferentes de la manera más justa. Harford proponía que se realizara una subasta, empezando por el cuarto más grande, en la que se utilizara como puja la porción del alquiler que cada uno estaba dispuesto a pagar por ocupar esa habitación. Así, el que diera más valor a la mejor habitación acabaría adjudicándosela a cambio de pagar más que el resto. Tras subastarse todas las habitaciones podría darse que el que se quede la peor habitación termine por no pagar alquiler, que estaría cubierto con la contribución de los demás. O, incluso, cobrando el sobrante si las pujas han sido lo suficientemente altas.

La subasta es una herramienta que suele apasionar a los economistas, ya que son capaces de revelar información que subyace camuflada bajo la realidad. Permiten averiguar el valor que cada persona da a las cosas con gran exactitud, como sucede en el experimento de Harford. Mediante este mecanismo, los ocho amigos se ordenan automáticamente según el valor que le dé cada uno a cada habitación, ajustando los pagos a las preferencias.

Algo similar sucede desde hace tiempo en el Parlamento. Cuando el PSOE, que es grupo mayoritario, quiere sacar adelante una votación, lo que hace es abrir una subasta. En las reuniones previas a un Pleno, el partido en el Gobierno va haciendo pujas por los votos necesarios para aprobar cualquier ley. Las grandes virtudes del mecanismo de las subastas, en este caso, se desvanecen. Principalmente por dos motivos. Primero porque las pujas no se hacen con su dinero, sino con el nuestro. Y segundo, porque no se están vendiendo bienes privados, sino que se están votando las leyes que se aplicarán a todos los ciudadanos. De esa forma lo que se logra es que aprueben las leyes diputados que en realidad no están de acuerdo con ellas.

Recientemente el PNV y Coalición Canaria se han alineado con el PSOE para aprobar la ley de Presupuestos 2010. Lo curioso es que han admitido que esta ley, que probablemente sea la más importante que se aprueba cada año, es lo contrario de lo que necesita la economía española. Es como inyectar más veneno a un envenenado. Pero al Gobierno no le importa, porque han sido los mejores postores. El precio de adjudicación ha sido, en total, de 125 millones de euros. El PNV, que aporta 6 diputados, se ha llevado 85 millones disfrazados de inversiones y transferencias. Es decir, 14 millones por diputado prestado. Coalición Canaria da dos votos, a 20 millones de euros la unidad, lo que suma 40 millones que se apunta en su haber.

Muchos dirán que estos son gastos necesarios para los ciudadanos. Pero en realidad es una transferencia que no se habría hecho si no le hubieran faltado diputados al PSOE. Las inversiones que no son previstas, ni estudiadas, ni respaldadas por una planificación, y que además son una contraprestación por un apoyo puntual en el Congreso, en realidad no son una inversión, sino un despilfarro. Es una cesión de dinero público para que el PSOE pueda respirar durante algunos días más. Lo más duro para los ciudadanos que aún confían en darle la vuelta a esta situación económica es ver cómo el Parlamento gasta dinero público en aprobar subidas de impuestos argumentando que en las arcas no queda ni un duro.

Como en el reparto de habitaciones que explicaba Harford, la subasta de votos en el Parlamento también saca a flote información que se oculta bajo la realidad. Sabemos que el valor que tiene para el PNV y CC el devenir de la economía española es lo bastante bajo como para cambiarlo por unas migajas. Y sobre todo que para el PSOE, y para prácticamente todos los políticos, la democracia y la libertad tienen un precio tan bajo que diariamente queda en entredicho.

El secreto de Fernández Campo
Pablo Sebastián Estrella Digital 27 Octubre 2009

El general Sabino Fernández Campo, que acaba de morir, fue un español respetable y respetado, y un testigo de excepción de la transición política española de la dictadura a la democracia (más bien partitocracia). La que no es del color de rosa como la pintan entusiastas sus hagiógrafos y algunos de los protagonistas de esos años difíciles de la historia reciente de España, aunque el resultado del proceso fue positivo en su conjunto, especialmente en lo que a la reconciliación nacional y la recuperación de las libertades se refiere. Porque el supremo ideal democrático quedó lejos de ser alcanzado, y fue en cierta manera "secuestrado" por los jefes y aparatos de los partidos políticos en su beneficio y en menoscabo de la soberanía nacional.

Sobre todo a partir del golpe de Estado del 23-F, sobre el que aún pesan no pocas incógnitas, misterios y un pacto de silencio sepulcral de las máximas instancias del Estado y los políticos de la época, que a lo mejor han temido que el general Fernández Campo, que era el hombre que sabía demasiado, rompiera su silencio obligado por el cargo de confianza que ocupaba y que, una vez muerto, ha llegado a su final, si es que el general no ha dejado unas memorias que permitan escribir la historia del golpe y de la transición tal y como ocurrieron y lo más cerca posible de la verdad. Si en su vida Sabino era adulado y temido, a su muerte lo seguirá siendo por lo que haya podido escribir y guardado en algún lugar.

Como bien guardado tenía el general Sabino en su corazón el mal trato que recibió a la hora de su cese en el Palacio Real, por culpa de una infame y repugnante delación de un conocido y ruidoso medio de comunicación. Un lamentable error palaciego que nunca quebró la lealtad del general y que, luego, se ha querido rectificar con honores -el título de conde de Latores- y homenajes que no curaron la herida por más que sonaran a unas disculpas tardías que seguramente no colmaron su decepción.

No en vano el general Fernández Campo, desde su posición de secretario general de la Casa Real, fue un testigo de excepción de estos cruciales años de la transición, donde se le reconoce una actitud impecable en la defensa de la democracia. Sobre todo en la larga noche del 23-F, durante la que Fernández Campo abogó por el diálogo directo y el control de todos los capitales generales antes de la tardía aparición del Rey, de madrugada en televisión española, por si alguno de los golpistas, como Milans del Bosh, seguía hacia delante, confiado en que Armada llegaría al Palacio Real -"ni está ni se les espera", le dijo Sabino al general Yuste de la División Acorazada-, de acuerdo con lo hablado en las vísperas del golpe con los merodeadores del palacio real de la Zarzuela.

E incluso con las cúpulas de los grandes partidos nacionales, PSOE aquí incluido, como lo acaba de denunciar Jordi Pujol en sus memorias, al afirmar que quien entonces era responsable de la política de Defensa del PSOE, Enrique Múgica -ahora Defensor del Pueblo-, fue a sondearle en las vísperas del 23-F, sobre la oportunidad de un Gobierno de concentración presidido por un militar.

Graves, muy graves son las tardías palabras de Pujol -debió denunciar entonces semejante oferta "pregolpista" en su momento-, porque no sólo implican a Múgica sino a la dirección del PSOE, como luego se aprecia en la lista del Gobierno que pretendió formar el general Armada tras el asalto al Congreso de los Diputados. Palabras que hablan de la connivencia de los socialistas con el golpismo de Armada y que explicarían luego sus silencios posteriores sobre la pantomima del juicio militar de Campamento contra los sublevados, y la sorprendente negativa del Parlamento de entonces de investigar el golpe de Estado. Algo a lo que, sorprendentemente, también renunció el Gobierno de Felipe González tras su llegada al poder en 1982, sometiéndose al saludo militar con la aparición del ex presidente en la misa de campaña de la División Acorazada de Madrid.

Por supuesto, si esto pasó en la cúpula del PSOE, imagínense lo que habría estado ocurriendo antes, durante y después del golpe en el seno de la UCD, por parte de quienes traicionaron a Adolfo Suárez, e incluso en el embrión de la Alianza Popular. ¿Por qué el Parlamento de ese tiempo no investigó el golpe y también se corrió un tupido velo en los medios de comunicación? El temor a una nueva intentona golpista no era, ni mucho menos, la única explicación. Pero a raíz de todo ello el largo camino de la transición hacia la democracia se frenó. El pacto de silencio que se estableció sobre el golpe de Estado se prolongó en el tiempo y con él las carencias y las debilidades de la transición democrática. Y, en vez de ser el golpe de Estado de 23-F la excelente oportunidad para la definitiva ruptura democrática, se convirtió en el gran lastre, el secreto a voces de la partitocracia renqueante que aún nos invade y a la que habría que poner, de una vez por todas, punto final.

El increíble chollo de ser político en España
Clases Medias 27 Octubre 2009

¿Qué futuro tiene un país donde las casi 80.000 personas que forman la clase política están envueltas en un velo informativo sobre el despilfarro de sus privilegios? Gurtel es sólo un epígrafe en esta crispante historia.

AZNAR, JOSÉ MARÍA: es el único ex presidente del Gobierno que ha solicitado el sueldo vitalicio que supone sentarse en el Consejo de Estado: 74.000 euros anuales. Nómina que pretendía sumar a la de ejecutivo del magnate de la prensa Rupert Murdoch. Se lo denegaron pero le salió rentable. Aznar renunció por un sueldo de 220.000 euros al año, tres veces más de lo que cobraba como consejero de Estado. [Resulta difícil cifrar, como en el caso de otros ex presidentes, cuánto dinero suman sus actividades privadas y públicas].

ABSENTISMO: no existen datos oficiales sobre la falta al trabajo de los políticos o al menos no se han hecho públicos.

AVIONES: los diputados pueden utilizar a su antojo con cargo a las arcas del Estado aviones, trenes o barcos. Disponen de 5.000.000 de euros al año para viajes.

BONO, JOSÉ: entre sueldo y complementos, el presidente del Congreso cobra 13.856 euros al mes: 3.126 por diputado, 3.605 como complemento, 3.915 para gastos de representación y 3.210 de libre disposición. Las dos últimas partidas suman más de 6.000 euros mensuales para comidas, regalos y actos de protocolo. Todo este dinero sin contar las indemnizaciones previstas por ley para sufragar «gastos que sean indispensables para el ejercicio de su función».

BOTELLA, JOSÉ: el cuñado de José María Aznar fue fichado en Bruselas, desde las oficinas del PP en esa capital. En el tribunal que lo examinó para funcionario estaba un miembro determinante, Gerardo Galeote, que presidía la delegación popular en Europa. En menos de dos años el hermano de Ana Botella se blindó con un sueldo europeo para toda la vida.

CALDERA, JESÚS: el ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales recibe 6.319 euros mensuales por su escaño en la cámara baja, donde redondea su sueldo como vocal de la Diputación Permanente y presidente de una comisión. Cuando era ministro subió el salario mínimo a 600 euros. Cuatro años después, su sueldo es 10 veces superior a esa cifra, que recibe simplemente por no abrir la boca. Caldera no ha presentado ni una sola iniciativa ni ha intervenido en el Congreso desde que comenzó la actual legislatura. Al final, cobrará en 2009 más de 120.000 euros por los servicios prestados.

CARGOS: hay 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados provinciales, 650 diputados y senadores, 139 responsables de Cabildos y Consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán.

CASTIGO: nunca se ha sancionado a ningún miembro de La Casta por incumplir el Código del Buen Gobierno, que se supone que controla las buenas prácticas del Ejecutivo.

COCHES: el lujo de muchos dirigentes autonómicos les lleva a sentar sus posaderas en automóviles de más de 100.000 euros. Gallardón, el alcalde de Madrid, se mueve en un Audi A8 de 591.624 euros. Fue contratado en arrendamiento hasta 2011, así que el alcalde gasta 150.000 euros al año del bolsillo de sus ciudadanos para moverse por la ciudad y alrededores. Catorce de los 17 presidentes autonómicos usan Audi. El valenciano Francisco Camps tiene varios a su disposición (esa comunidad dispone de 200 vehículos para sus altos cargos, la mayoría de ellos Volvo S80, de 40.000 euros), lo mismo que sucedía con Chaves en Andalucía, cuyo Gobierno cuenta con 234 coches oficiales.

CHAVES, MANUEL: cobra al año 81.155 euros por ser ministro más una indemnización de 46.000 al año por abandonar la presidencia de Andalucía. O sea, 127.155 euros anuales. Dos sueldos del Estado compatibles sólo para altos cargos. Para los demás españoles está prohibido por ley.

DESPILFARRO: el Congreso gasta cada año 160.000 euros en regalos navideños. 11.000 cargos públicos reciben obsequios por esas fechas, un gasto que suma al año 2.200.000 euros.

DEUDAS: cada español debe a los bancos 566 euros por la deuda de los ayuntamientos.

DESCONTROL: es tal en la administración de fondos públicos que en España no hay ni una sola institución que conozca cuántos políticos cobran del Estado.

DIETAS: los parlamentarios que no viven en Madrid reciben, además del sueldo, otros 1.823 euros al mes por sus supuestos gastos de manutención y alojamiento. Los locales, 870 para gastos, libres de impuestos. La suma de estos sencillos complementos supera el sueldo de 12 millones de ciudadanos. Además, cobran 150 euros cada día si salen al extranjero, y 120 si viajan por el país.

ENCHUFADOS: hasta hace tres meses, cada eurodiputado disponía de 17.140 euros al mes para contratar a familiares. El ex presidente del PP de Cataluña y vicepresidente de la cámara europea, Alejo Vidal-Quadras, puso en nómina como secretario en Bruselas a Albert Fuertes, hermano de su esposa. Y el eurodiputado cacereño del PP, Felipe Camisón (fallecido en mayo de 2009) contrató a su cónyuge como asistente, al igual que hizo la también diputada popular Cristina Gutiérrez-Cortines con su hija. Y lo mismo hizo el socialista Enrique Barón con la hija de un militante afín. [En la actualidad, los familiares directos han sido eliminados de las plantillas de los diputados españoles. Sin embargo, los parientes de sangre han sido reemplazados por personal próximo al partido].

FUNDACIONES: 52 políticos nacionales ocupan cargos en 74 fundaciones distintas: 31 por el PSOE, 28 por el PP y 4 por el resto de grupos. La conservadora Soledad Becerril parece la más activa: es miembro del patronato de seis fundaciones. No todas tienen un marcado carácter político.

GUERRA REINA, ALFONSO: hijo del ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Fue elegido a dedo como asistente del vicepresidente del Parlamento Europeo, el socialista Miguel Ángel Martínez. Más de 140 millones al año se van en sueldos de 1.200 recomendados. Con ese dinero se podrían mantener los servicios de una ciudad española de 115.000 habitantes durante un año.

HACIENDA: la retención de las nóminas de los diputados y senadores es sólo del 4,5%.

HORAS EXTRAS: en 2008 el Gobierno de La Rioja pagó 200.000 euros extras a sus conductores. Realizaron 870.182 kilómetros, unos 2.300 al día, lo suficiente para cruzar tres veces España de este a oeste. Un gasto curioso ya que es la comunidad más pequeña del país y que su población es inferior a la de cualquier ciudad dormitorio de Madrid. El uso de coches oficiales para asuntos particulares es una práctica tan común como soterrada.

IBARRETXE, JUAN JOSÉ: el ex lehendakari del Gobierno vasco recibe unos 45.000 euros al año, la mitad de lo que ingresaba cuando era presidente. Y lo cobrará de por vida, igual que todos los miembros de su ejecutivo. Este tipo de jubilaciones están muy por encima del límite legal para el resto de los españoles, que no pueden cobrar más de 32.000 euros anuales, por mucho que hayan cotizado toda su vida.

IMPUESTOS: un ciudadano, por ejemplo, de Madrid sustenta con sus impuestos el salario de 27 concejales, 120 parlamentarios de la Asamblea madrileña, 264 senadores, 350 diputados nacionales y 54 del Parlamento Europeo. En total, 815 cargos electos con un sueldo base que supera los 3.000 euros. Y sin contar los puestos de confianza que arrastra cada uno.

JUBILADO DE ORO: tras abandonar el FMI, Rodrigo Rato regresó a España con una pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales. Sumados al sueldo de ex ministro, en 2006 percibía 37.070 euros mensuales. [Un español necesita cotizar al menos 35 años, 15 con la base más alta, para poder cobrar la jubilación máxima de 32.000 euros al año].

MARISCADAS: no hay límite legal para las comidas de representación de los políticos españoles. Tampoco hay fiscalización previa a la hora de comprar jamón, champán o puros de alta cava. Ejemplo descontrol es el socialista valenciano Vicent Costa. Acababa de perder las elecciones municipales a favor del PP, pero seguía siendo alcalde en funciones. Y como tal se gastó casi 500 euros del dinero público en gambas, cigalas, langosta, navajas, jamón y caldereta. Una buena despedida.

MÓVILES: los senadores cuentan con 1,7 millones de euros al año para gastos de teléfono. El ayuntamiento de San Lúcar de Barrameda tenía 270 dados de alta. Entre los servicios que pagó figuran descargas de juegos, llamadas a Cuba y a varias líneas eróticas.

MULTAS: ¿sabía usted que paga de su bolsillo las multas que la DGT impone a los políticos? ¿Y que además las paga con recargo?

MOROSOS: los miembros de La Casta invirtieron 66,6 millones de euros en la celebración de las elecciones general de 2008. De ese dinero, 44 millones fueron prestados por bancos españoles para financiar campañas publicitarias megalómanas. Las mismas entidades que ese año de crisis embargó las casas a 60.000 familias por falta de liquidez. 180.000 personas se quedaron sin techo. Sin embargo, los partidos de La Casta deben a los bancos 144,8 millones de euros.

NEGOCIOS: sólo el 33% de los diputados del Congreso se dedica en exclusiva a su labor política. El resto engorda sus cuentas corrientes con la participación en empresas privadas, fundaciones y colaboraciones varias. Algunos, como el diputado del PP Miguel Ángel Cortés, aglutinan hasta 12 actividades extraparlamentarias.

NÓMINAS: los sueldos de los políticos electos (80.000 miembros de La Casta, que llenarían un estadio como el del Real Madrid) cuestan a los ciudadanos unos 720 millones de euros al año, más que el presupuesto anual de toda la red ferroviaria, tres veces superior al dinero dedicado a cuidar el patrimonio nacional y 60 veces más que lo que gasta el país en salud bucodental para jóvenes.

OCULTISMO: no hay datos oficiales sobre el número de políticos que cobran del Estado. El alcalde de Barcelona -el mejor pagado del país- tiene un salario de 177.398 euros brutos anuales. Más que un ministro, que se lleva a casa 74.000 al año.

PAJÍN, LEIRE: en 2000 se coronó como la diputada más joven de España. Ocho años después, con 33 de edad, ya tiene derecho a una indemnización de 85.000 euros anuales del Estado. Recibe 5.500 euros al mes por su trabajo al frente del PSOE, tiene derecho al 80% de su sueldo como ex secretaria de Estado de Cooperación, 103.000 euros anuales con todos los complementos, a lo que hay que sumar 3.126 como senadora.

PLÁTANO CANARIO: 60 diputados, todos ellos de la comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, pidieron en abril irse a La Palma. Objetivo: estudiar el cultivo del plátano. Tal y como suena. Con toda naturalidad, haciendo caso omiso a la crisis. Si la obscena petición prospera, sus señorías se habrían embolsado 24.000 euros en dietas por cuatro días.

PUJOL, JORDI: cobrará 76.800 euros al año como ex presidente de Cataluña hasta 2014. Y después una pensión de 57.600 euros durante el resto de su vida. [El ex ministro socialista Javier Solana podría cobrar al menos tres pensiones vitalicias].

PENSIÓN DE ESCÁNDALO: los ex ministros mantienen durante dos años una pensión por cese de 58.000 euros anuales, cifra seis veces superior a la pensión media española. En la actualidad, cuatro ex ministros compatibilizan ese dinero con el sueldo de diputado: José Antonio Alonso, Fernández Bermejo, María Antonia Trujillo y Jesús Caldera.

PROSTITUTAS: el concejal de Palma de Mallorca, Rodrigo de Santos, gastó más de 50.000 euros en prostitutos y bares de ambiente. En Estepona, varios miembros municipales están siendo investigados por cobrar 42.000 euros a una red investigada por la Audiencia Nacional para abrir un local de alterne. En 2002, el ex alcalde de Dolores (Alicante) fue condenado a seis meses de prisión por abonar la factura de un local de alterne, al que acudió con siete comensales.

RAJOY, MARIANO: se embolsa cada mes 8.996 euros (sin contar otros complementos): 3.126 por ser diputado, 870 para alojamiento (más que el salario mínimo) y 5.000 como presidente del PP. Con lo que gana en un mes, una pensionista con cuatro hijos vive durante dos años y medio.

REGALOS: no hay una ley concreta sobre los obsequios que pueden aceptar o no los políticos. En EEUU, por ejemplo, pasan al Estado. Condolezza Rice recibió el año pasado en sus viajes oficiales joyas por valor de 360.000 euros. Aquí nadie tiene obligación de declararlos. Se pueden quedar con ellos. Sin más.

SOLBES, PEDRO: tras dejar la política en abril de 2009, el ex ministro de Economía se encontró con un retiro de unos 12.000 euros mensuales (una pensión de 2.725 euros por ser funcionario, su pensión vitalicia como ex comisario europeo y otros 5.700 al mes como compensación, durante dos años, por ex ministro). A Solbes, pues, le esperaba una jubilación cinco veces mayor que la de cualquier español.

SECRETOS: el oscurantismo sobre los gastos llega al absurdo. El Parlamento Europeo cuenta con una Oficina de Lucha Contra el Fraude (OLAF, por su siglas en inglés). Sin embargo, sus informes son confidenciales y su contenido completo sólo es conocido por los parlamentarios. Los votantes pueden saber de las buenas acciones de los políticos, pero sólo La Casta conoce datos sobre el fraude.

SIN LÍMITES: cada parlamento autonómico, diputación o ayuntamiento fija el sueldo de sus cargos electos sin límite ni baremo alguno. José Bolarín, alcalde de Ulea (Murcia), con 900 habitantes, cobra unos 4.000 euros. El de Ricote, cerca del pueblo anterior, se lleva 40.000 al año en una población que no alcanza los 1.300 vecinos. Y la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagu?e, cobraba más que el presidente del Gobierno: 84.462 euros al año en un ayuntamiento que estaba en bancarrota.

TAXIS: la comodidad de sus señorías para hacer su trabajo es tal que el Congreso regala a los que no disponen de coche propio una tarjeta personalizada con un saldo de 250 mensuales para que viajen en taxi por Madrid.

VACACIONES: Zapatero es el único presidente de la UE que carga sus vacaciones a las arcas públicas. Con él van más de 100 personas (escoltas, guardias civiles, asesores...). Cobran una media de 80 euros de dieta diaria, 8.000 euros por jornada sólo por este concepto. Si pasa tres semanas en Lanzarote, le cuesta al Estado 160.000 euros en dietas. A eso hay que sumar avión, desplazamientos, gasolina, manutención... Al final, 200.000 euros en vacaciones.

http://lasclasesmedias.blogspot.com/2009/10/el-increible-chollo-de-ser-politico-en.html

Juan Julio Alfaya
JuanJulioAlfaya@yahoo.es
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Gallegos Hispanohablantes
1) http://blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php
2) http://www.libertadengalicia.es/index.php/section-blog/39-gallegos-hispanohablantes

Vídeo: "Las autopsias de los suicidas de Leganés" (I)‏
Asociación 11-M Verdad y Justicia (asociacion@11mverdadyjusticia.es) 27 Octubre 2009

La ley obliga a realizar la autopsia a los cadáveres de toda muerte violenta para poder certificar la causa y las circunstancias del fallecimiento. Así, el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que, aun cuando por la inspección exterior puede presumirse la causa de la muerte, se procederá a la autopsia del cadáver por los médicos forenses.

Sin embargo, a los restos de los supuestos suicidas del piso de Leganés no se les realizaron las correspondientes autopsias sino una serie de estudios que nada tienen que ver con los preceptos que establece la Ley. Esta irregularidad motivó que el juez Del Olmo solicitara, el 27 de marzo de 2006, que se procediera a la redacción de los correspondientes informes de autopsias para incorporarlos al sumario, cosa que ya no fue posible debido al estado de descomposición de los cadáveres.

¿Cómo es posible que el juez tuviera que pedir, 2 años después de los hechos, constancia por escrito de cómo murieron los suicidas de Leganés?

http://www.youtube.com/watch?v=fDkahKsDbn4
Plataforma Ciudadana Peones Negros - www.peonesnegros.es
Asociación 11M - Verdad y Justicia - www.11mverdadyjusticia.es

La perversión del sistema político arruina el sistema económico
Pedro Juan-Voladrich http://www.intereconomia.com/blog/sexto-sentido 27 Octubre 2009

www.gaceta.es

La crisis empezó siendo principalmente económica. En España, hoy, su meollo ya es esencialmente político. Los últimos datos sobre la evolución de la economía española sobrecogen el ánimo. No les cansaré con una exhaustiva enumeración. El primer plan E, con el que este Gobierno se empecinó en que los ayuntamientos hicieran “lo que sea y como sea” para disimular la destrucción de puestos de trabajo y el aumento del paro mediante la creación artificial de empleo interino, ha fracasado. Los datos de la encuesta de población activa lo demuestran. Anémica mejoría en los meses de la cigarra –entre julio y septiembre- y pronóstico demoledor para el cuarto trimestre. La economía real no perdona las farsas. Cada puesto interino de trabajo –con duración de unos días, unas semanas y máximo seis meses- nos ha costado la friolera de cerca de 50.000 euros. No se si hubiera sido más barato regalar, con un sorteo especial de la lotería, esas decenas de miles de euros a los inscritos en el INEM. No crean que tomo a broma el drama del desempleo. Lo que tomo a chirigota son las medidas del Gobierno para subsidiar a una parte de los parados, sin tener ni idea de cómo generar trabajo, ni economía productiva.

Como claman expertos y afectados, hubiera sido más eficaz que con el Plan E los ayuntamientos hubieran satisfecho sus deudas a proveedores, empresas y autónomos. Una parte al menos, porque deben unos 33.000 millones de euros. Las previsiones de paro para el cuarto trimestre son devastadoras. Pronto rebasaremos el 20 % de la población activa. Entre tanto, 1.136.500 hogares españoles tienen a todos sus miembros en paro. El 60% de las familias españolas las ve negras para llegar a fin de mes y se ahoga cuando sufre un gasto imprevisto. ¡¿Y qué mes no nos sobreviene algún imprevisto?!

Mientras cae este diluvio, el Gobierno propone unos presupuestos deficitarios e imposibles, sobornando “con lo que sea” a pequeños partidos para aprobarlos y sostenerse en el poder “como sea”. Como guinda, el Gobierno Zapatero anuncia un segundo Plan E. Otros 5000 millones de euros, mediante nuevo endeudamiento, para ¡asómbrense ustedes! convertir a nuestros ayuntamientos –casi todos en quiebra técnica- en focos de la creación de empleo y motores del nuevo modelo de economía sostenible. Economía “s.o.s. temible” la calificó ayer un gatoadicto. El culebrón de los presupuestos para 2010 y el segundo plan E, unidos al argumentario oficial para justificarlos, demuestra que la crisis ya no tiene como primera dimensión la económica, sino la política. El sistema político ha sido corrompido hasta tal extremo que, entre otros efectos perversos, agrava la crisis económica y está impidiendo las reformas que permitirían una esperanza seria de recuperación.

El actual Gobierno lleva mucho tiempo encamando su política con la mentira y la ineptitud. Y con esas habituales amantes, ni es posible una democracia y un Estado de Derecho reales, ni tampoco es posible la economía productiva y competitiva, capaz de generar nueva riqueza y empleo, en la escena industrial y comercial global. Un Estado de Derecho, una democracia real, un sistema económico generador de riqueza y empleo, requieren una alta dosis de verdad y de valores. Cuando, en vez de la Vicepresidenta económica, es la Vicepresidenta política Fernández de la Vega quien anuncia, con inmutado rostro de farol, el milagro económico que realizarán los ayuntamientos, en mi cabeza han resonado lejanos tambores soviéticos y cubanos. ¿Se acuerdan de sus pomposos e inútiles planes quinquenales? Claro que estamos ante una cuestión de incompetencia. Porque nuestra economía de libre mercado, cuyo núcleo vital reside en las empresas, no va a ser regenerada en productividad y competitividad por este Estado, lastrado con dieciesiete pródigos aspirantes a “estados”, y por sus ayuntamientos, que no tienen ni para papel higiénico y cuyos ojos codiciosos no gozan de mejor inspiración que el recaudar más impuestos. No es el Estado, sino las empresas y los emprendedores, con mucho esfuerzo, disciplina e imaginación, quienes generarán nueva riqueza y empleos. ¿Este Gobierno, lastrado por su sobrepeso ideológico, es capaz de dejar hacer a los verdaderos protagonistas de la economía, ayudándoles en vez de sustituirles y ahogarles? Me temo que no, porque su gordura ideológica le induce a comerse todo lo que le suena a poder.

Así, además de incompetencia, hay intervencionismo. Lo peor que sufrimos es la impostura y la mentira como método de gobierno. La causa vuelve a ser una ideología, mediocre y vieja, que le colapsa la capacidad de realismo ante los hechos y le obliga a preferir el poder sobre el bien común. Esta perversión esencial es madre del mentir y de la ocupación autoritaria de las instituciones. El nuevo escalón del diagnóstico es que, bajo el naufragio de la economía, ocurre uno mayor, el de las instituciones políticas y los organismos públicos, comenzando por los mayores, es decir, los organismos básicos del ejercicio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Desnaturalizadas las instituciones mayores, se han ido corrompiendo las menores. Una clase política mediocre, cuyos dirigentes sólo están educados para sobrevivir en una concepción partitocrática, lleva años colonizando y politizando, en el peor sentido, las grandes instituciones públicas de las que depende la solidez y limpieza del Estado de Derecho, pervirtiendo su autonomía y sus fines de servicio, sustituyendo el bien común en favor del interés partidista, organizándose unos a otros la impunidad, abusando del poder, falseando la información, aplicándose a corromper y a amedentrar, entronizando la mentira sistemática. No sólo han viciado las públicas, también han colonizado y politizado infinidad de instituciones privadas, grandes y pequeñas, desde las Cajas de Ahorros hasta el Palau de la Música, los organismos de control, comisiones, consejos y tribunales… ¿Para que seguir? Los ejemplos de intervencionismo político y desnaturalización institucional suman cientos. Y esta profunda corrosión política ha tomado el protagonismo sobre el enfermo económico, está agravando su estado y, si las fuerzas sociales responsables no ponen remedio urgente, lo va a matar.

No soy el único en avanzar este diagnóstico. Entre los más recientes está el informe del Círculo de Economía que, hace pocos días, presentó su presidente Salvador Alemany. En realidad, es un secreto a gritos. No saldremos de la actual crisis económica, mientras el carcinoma político siga lanzando sus metástasis sobre los puntos neurálgicos de las instituciones, las públicas y las privadas. Si el sistema político no regenera, arruinará al sistema económico.

LEGISLACIÓN LINGÜISTICA
PP y PAR solicitan una prórroga para enmendar la ley de lenguas e intentar ganar tiempo
Con esta demora, parece complicado que la norma se apruebe antes de fin de año como querían los socialistas.
N. A. M./M. J.V. Heraldo de Aragón 27 Octubre 2009

El Partido Popular y el Partido Aragonés han solicitado una prórroga del plazo para presentar enmiendas a la ley de lenguas con el objetivo de ganar tiempo en la tramitación de la polémica norma. Estaba previsto que los partidos presentarán sus modificaciones antes del 3 de noviembre, pero el periodo para hacerlo se ampliará 15 días. Y no se descarta que se vuelva reclamar otro aplazamiento. Con estos plazos, parece complicado que los socialistas logren aprobar su proposición de ley antes de que acabe el año, como tienen previsto.

La norma reconoce el catalán como "lengua propia de Aragón" pero no su cooficialidad. De hecho, incide especialmente en la voluntariedad de su uso. La misma categoría se le otorga al aragonés. De momento, los socialistas -impulsores de la iniciativa- no han logrado recabar apoyos suficientes para sacarla adelante y se verán obligados a modificar el texto si quieren aprobarla. CHA apuesta por la cooficialidad del catalán y el PAR rechaza la denominación de catalán como lengua propia.

IU pide una ley "valiente"
Por su parte, el portavoz del IU, Adolfo Barrena, pidió ayer al PSOE una ley "valiente" que garantice a los aragoneses que se respetan sus derechos para expresarse en una lengua propia. Criticó los sucesivos retrasos y recordó que es un proyecto de ley no del Gobierno sino del PSOE, "que ha necesitado el voto de la izquierda". No en vano, en la toma en consideración solo logró el respaldo de CHA e IU.

Barrena comprometió su apoyo a la ley, siempre que garantice los derechos ciudadanos, y criticó "la poca verguenza" del Partido Aragonés por bloquear la normativa desde dentro del Gobierno y decir que la derogará si gobierna. "Nos preocupa la falta de sintonía de los dos partidos", añadió en referencia a las discrepancias entre PSOE y PAR.

IU ha creado un grupo de trabajo para preparar las enmiendas. En él está el profesor universitario y autor de novelas en aragonés Anchel Conte. "El aragonés y el catalán necesitan un marco legal para proteger una lengua común, lo que no significa la desaparición de los dialectos", declaró. Conte pidió un compromiso financiero que respalde la normativa para que los ciudadanos aragoneses que utilizan otra lengua además del castellano "la estudien y también la lengua que hablan".

Por su parte, Félix Rubio, representante de IU en el Consejo Escolar de Aragón, recordó que Aragón es la única Comunidad donde se hablan tres lenguas y pidió que "no se hagan trampas" ni un debate partidista.

Florencio Domínguez Iribarren y Santiago Abascal Ezkurra premiados por el Foro Ermua
Foro Ermua 27 Octubre 2009

El Foro Ermua concede el IX Premio a la Convivencia Cívica a Florencio Domínguez Iribarren, Redactor Jefe de la Agencia de Noticias Vasco Press, y a Santiago Abascal Ezkurra, exconcejal del PP en la localidad alavesa de Amurrio.

Bilbao 27 de Octubre de 2009. El Jurado convocado por el Foro Ermua para otorgar el IX Premio a la Convivencia Cívica ha decidido por unanimidad premiar, en estos momentos de esperanza y de confusión en los que es difícil discernir en tantos comportamientos las convicciones de las estrategias, a dos personas singulares, a dos personas nítidas, que no admiten equívocos en su conducta ejemplar y en su trayectoria profesional: Florencio Domínguez Iribarren, Redactor Jefe de la Agencia de Noticias Vasco Press, y a Santiago Abascal Ezkurra, Exconcejal del PP en la localidad alavesa de Amurrio.

Tanto Santiago Abascal Ezkurra como Florencio Domínguez Iribarren son dos personas queridas -por su sencillez, su modestia y su coherencia -, respetadas y admiradas por todos los que queremos un País Vasco en convivencia y libertad, que sepa relacionarse en condiciones de normalidad con el resto de España. Florencio Domínguez Iribarren es particularmente un ejemplo de rigor, de veracidad y de poner su trabajo profesional al servicio de la libertad. Santiago Abascal Ezkurra es un ciudadano que ha ejercido la fortaleza hasta el heroísmo y la lealtad en los diversos cargos desempeñados (Diputado, Concejal, Juntero), sin defraudar jamás a las personas que representaba.

El acto de entrega del Premio se celebrará en Bilbao el próximo mes de diciembre de 2009.

El Jurado ha estado formado por:
Dña. Inma Castilla de Cortázar, Presidenta del Jurado del IX Premio.
D. Ignacio Echaniz, Secretario del Jurado del IX Premio.
D. Fernando García de Cortázar, Presidente de la Fundación Papeles de Ermua.
D. Juan José Laborda, Ex-Presidente del Senado.
D. Jaime Mayor Oreja, Eurodiputado y Ex-Ministro del Interior.
Dña. Pilar Ruiz Albisu de Pagazaurtundúa.
D. Casimiro García-Abadillo, Periodista y Director Adjunto del periódico El Mundo.
D. Ricardo Benedí, Vicepresidente del Foro Ermua y empresario vasco.
D. José Manuel Ayesa, Vicepresidente del Foro Ermua, Ex – Presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra.
D. Enrique López, Magistrado.
D. Fernando García-Capelo, abogado y portavoz del Foro Ermua.
Dña. Isabel San Sebastián, Periodista.
D. Iñigo Martínez de Pisón, Profesor de Derecho Administrativo y Secretario del Foro Ermua.
 

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El alcalde propone a la Xunta legalizar La Coruña tras votar en contra en el pleno
"No vale decir sí y luego votar no", replica Negreira. Losada comunica al presidente gallego por carta tras la sesión que está "por la cooficialidad". El BNG reprocha al PP su "funambulismo político oportunista"
La asesoría jurídica municipal avisa de que los municipios no pueden promover el cambio de una ley.
MARCOS MOSQUERA | A CORUÑA La Opinión 27 Octubre 2009

El debate sobre el topónimo de la ciudad se dirige a un embrollo político de difícil salida. El PSOE y el BNG, socios en el Gobierno local, tumbaron ayer en el pleno la propuesta del Partido Popular para instar a la Xunta a que declarase la cooficialidad de La Coruña, ahora ilegal, y de A Coruña. Nada más concluir la sesión, el alcalde, Javier Losada, se hizo rodear, en su despacho, de los concejales socialistas para sellar la carta que ha enviado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con el ánimo de proponerle "un esfuerzo conjunto para resolver la situación". "Yo y mi grupo ya hemos emitido nuestro voto, que es por la cooficialidad, y no cambiamos de posición", se lee en la misiva de Losada, que el Ayuntamiento hizo pública y en la que el regidor advierte a Feijóo de que los municipios carecen de competencias para promover una reforma de la ley y que ésta debe partir de la Xunta, de diputados autonómicos o de una iniciativa popular.

A la nueva partida del topónimo, jugada en un pleno extraordinario forzado por el PP, Gobierno local y oposición llegaron con las cartas boca arriba. Los populares buscaban, en vano, apoyo para un acuerdo que llevara al Ayuntamiento a instar a la Xunta a que promoviera la cooficialidad de A Coruña y La Coruña a través de una modificación de la Lei de Normalización Lingüística. Desde su aprobación por unanimidad en el Parlamento gallego, esta norma establece que, en Galicia, la única forma oficial de los topónimos es la gallega.

Los nacionalistas enarbolaron la misma bandera que siempre: el debate sobre el nombre de la ciudad está agotado y la única forma oficial es la gallega. Los socialistas constituían la última esperanza de los populares por sus 23 años litigando en los tribunales en defensa de La Coruña. Pero suponía una esperanza infundada porque el alcalde y la portavoz socialista, Carmen Marón, ya habían advertido de que, aunque mantenían su apoyo a la cooficialidad, jamás respaldarían un nuevo acuerdo plenario porque consideran vigente el de 2004. Aquel año, el PSOE, con mayoría absoluta y con la abstención del PP, declaró la cooficialidad de los dos topónimos, algo que la Justicia, previa demanda de la Xunta, anuló.

Con el guión escrito, la incógnita residía en si los diálogos arrojarían alguna novedad respecto a los argumentos manejados en las últimas semanas, desde que el PP reabrió la caja de los truenos del topónimo. Lejos de resultar innovadores, los discursos sirvieron para reafirmar qué piensa cada uno, por qué lo piensa y, sobre todo, lo mal que piensa del rival político.

Solo en la defensa de un acuerdo plenario en defensa de la forma La Coruña, el PP lidió con los reproches de PSOE y BNG. En el PSOE, la réplica la ofreció su portavoz municipal y la contrarréplica, en un gesto inusual, el propio alcalde. Carmen Marón recriminó al PP que todos los intentos de los socialistas por la cooficialidad, siempre cuando gobernaban la ciudad con mayoría absoluta, habían chocado con la oposición del Partido Popular, bien con su abstención en el pleno de 2004, bien con el recurso interpuesto por la Xunta, entonces en manos de los populares, contra aquel acuerdo, que después anuló un juez.

El PSOE advirtió al PP de que si quiere un acuerdo plenario en defensa de la L lo encuentra en el adoptado en 2004. "Tienen la misma validez las palabras de los socialistas ahora y hace cinco años", dijo Marón, que recordó lo que entonces había expuesto Losada: "Nos sentimos en la obligación y en el derecho de salvaguardar los términos A Coruña y La Coruña".

El alcalde acusó al PP de "equivocarse de escenario" porque un cambio de ley se debate en el Parlamento. "La propuesta que trae le trae sin cuidado porque si realmente le interesase la cooficialidad ya la habría resuelto y vendido políticamente", afirmó mirando a Negreira, a lo que añadió: "Los coruñeses no nos merecemos pasar por una segunda humillación del PP".

El portavoz del PP, Carlos Negreira, llamó a enmendar el "error" que todas las fuerzas, entre las que incluyó la suya, cometieron, a su juicio, en 1983 al ratificar por unanimidad una ley que sólo reconoce la toponimia en gallego. También animó a aprovechar que Alberto Núñez Feijóo es el primer presidente de la Xunta que "abre la puerta" a legalizar La Coruña.

"Lo que se propone es instar a aprobar una excepcionalidad para A Coruña, avalar legalmente lo que se habla en la calle. No hay menoscabo del gallego", señaló Negreira, para quien "no vale decir que sí y luego votar que no", en alusión directa a los socialistas.

Durante toda su intervención, el líder municipal del PP se esforzó en presentar al alcalde como "rehén" del BNG, en transmitir el mensaje de que si el PSOE votaba antes a favor del topónimo en castellano y ahora lo hace en contra es únicamente porque el pacto de gobierno con los nacionalistas ha condenado a Losada a "arriar la bandera de la L". "Sus aliados -sustanció- han logrado imponer el monolingüísmo excluyente".

"El PP alienta la xenofobia con los chabolistas, criminaliza a la juventud con el botellón y así llegamos a esta farsa, a este funambulismo político oportunista. Casi me lleva a recordar con añoranza a don Manuel (Fraga)", expuso el portavoz del BNG, Henrique Tello, para quien el PP busca "recuperar el viejo fantasma del conflicto lingüístico, relegando al pueblo gallego a la condición de anormal".

Tello interpretó la excepcionalidad que persiguen los populares en la ley de normalización como un intento de hacer a los coruñeses "anormales dentro de un país normal". El concejal del Bloque no sólo se dirigió al PP; también habló para los ciudadanos, a los que pidió "disculpas por someterlos al bochorno de recuperar un asunto rancio, ya superado por los coruñeses".

Ni la Xunta ni el Partido Popular se muestran partidarios de reabrir una vez más el debate sobre el topónimo después de que los populares hayan fracasado en su intento de conseguir un acuerdo unánime de la Corporación en favor de la cooficialidad de los nombres en gallego y en castellano. El presidente de la Xunta y también máximo responsable del PP en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, recibió con "respeto" la "decisión democrática" del pleno coruñés, y abogó por aplazar este debate hasta las elecciones municipales de mayo de 2011. El mismo argumento siguió el portavoz municipal de los populares, Carlos Negreira, en los pasillos del Palacio Municipal al concluir la sesión plenaria.

"Mientras no haya un acuerdo del pleno de la Corporación de A Coruña no vamos a tomar ninguna decisión", afirmó el presidente autonómico durante su visita, ayer, a la ciudad para participar en la presentación de un libro conmemorativo de los 250 años del Colegio de Abogados. Su posición supone rechazar la pretensión del alcalde, Javier Losada, de que la Xunta tome como válido el acuerdo plenario aprobado hace cinco años.

A Mesa habla de "oda a la crispación"
A Mesa pola Normalización Lingüística, que había combatido en los tribunales el empeño del Ayuntamiento en dar validez legal a La Coruña, acusó al PP de formular "una oda a la crispación y al pasado" con su propuesta de cooficialidad. La federación vecinal Salvador de Madariaga consideró "positivo que la mayoría de los concejales" hayan defendido la cooficialidad, aunque "esta realidad no haya tenido un reflejo similar en las votaciones". Para Unión Coruñesa, el debate en el pleno "sólo es comparable a los mejores esperpentos".

El "PeNeUbre" reniega del Estatuto tras 30 años de ordeño
José Antonio Gundín El Semanal Digital 27 Octubre 2009

En una sociedad tan bombardeada por las mistificaciones históricas, las novelitas por entregas y los cuentacuentos, como es la sociedad del País Vasco, resulta exótico que alguien celebre el treinta aniversario del Estatuto de Guernica. La normalidad democrática parece una excepción y su elogio, una provocación que lleva a los nacionalistas al acto desesperado de caparse la boina. Eso fue lo que ocurrió ayer en Vitoria, donde Patxi López tuvo el acierto de conmemorar aquel 25 de octubre de 1979 en el que la mayoría de los vascos aprobó un Estatuto que les ha permitido más autonomía que al resto de las comunidades españolas.

En estos treinta años, el PNV (el "peneubre", como lo ha rebautizado el genial Carlos Herrera) ha ordeñado el Estatuto a dos manos y lo ha utilizado como salvoconducto para sus chantajes, sus exigencias y sus amenazas al Gobierno central. Ayer, en coherencia a su propia desfachatez, no estuvieron presentes en la fiesta organizada por el lendakari López. Los urkullus y egibares siguen con la cabeza hinchada de indignación por haber sido desalojados de Ajuria Enea como vulgares "ocupas", siendo como son los custodios del sudario de Sabino Arana. Lo que no les ha impedido votar los Presupuestos socialistas de Madrid...

Al margen de estas geometrías variables de los nacionalistas, que les llevan a deslegitimar el Estatuto que les ha legitimado a ellos mismos desde 1979, lo verdaderamente interesante es la iniciativa de Patxi López de declarar el 25 de octubre Día de Euskadi, la fiesta oficial de la comunidad. La elección no es baladí y esta fecha tiene poderes taumatúrgicos frente a los poseídos por el nacionalismo. La expresión "25 de octubre" tiene sobre el PNV el mismo efecto que el agua bendita sobre la niña de El Exorcista. Ibarretxe presentó su plan soberanista un 25 de octubre y en día tal pretendía llevar a cabo su referéndum. La explicación histórica es que la confirmación de los fueros vacos fue hecha por la Ley del 25 de octubre de 1839, ley que Arana y sus descendientes no estiman digna de sus ancestros pastoriles.

Pues nada, mientras la fecha aguante en el calendario y los nacionalistas no la supriman para que octubre sólo tenga 30 días, el 25 de octubre será fiesta en el País Vasco. Y aunque a monseñor Uriarte no le parezca fiesta de guardar, todos los demócratas deberían observarla.

Estatuto de consenso
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 27 Octubre 2009

La izquierda abertzale lleva más de diez años jactándose de haber provocado la crisis del marco autonómico y de haber obligado al PNV a replantearse su apoyo al Estatuto de Gernika, un apoyo que en la transición hizo que se bifurcaran los caminos de ETA y del resto del nacionalismo.

La banda etarra ha justificado su actividad terrorista durante los últimos treinta años como un combate contra el modelo estatutario (y el Amejoramiento navarro) y contra las instituciones políticas de la autonomía. ETA y los suyos han buscado la deslegitimación del marco acosando ideológicamente al PNV. A partir de 1998 se convencieron de que habían ganado esa batalla.

Preocupado por no dejar flancos descubiertos a su izquierda, el PNV ha practicado el estrabismo político, con un ojo puesto en la gestión del Estatuto, como principal beneficiario del marco, y con el otro mirando a ETA y a los que cuestionaban las instituciones. En tanto que primer partido que ha estado durante 29 años al frente del Gobierno vasco, ha sido el principal responsable de la gestión estatutaria, pero al mismo tiempo no ha hecho suficiente trabajo ni pedagogía para extender la legitimación social del texto de Gernika, transfiriendo, eso sí, la responsabilidad al Gobierno central por no haber completado su desarrollo.

El PNV ha preferido presentar el Estatuto como una meta temporal dentro de la larga marcha hacia la independencia, en lugar de presentarlo como el punto de encuentro que hacía posible la convivencia entre diferentes opciones políticas. En lugar de defenderlo como texto fundacional del autogobierno, el PNV ha optado por destacar más los defectos que las virtudes del Estatuto, alimentando la insatisfacción de muchos de sus seguidores y reafirmando la oposición de la izquierda abertzale.

El partido mayoritario ha actuado como el sacerdote que pierde la fe, pero que sigue al frente de la parroquia, ejerciendo sin convicción su ministerio, pero sin abandonar la casa cural ni mucho menos las canonjías asociadas al cargo.

El acuerdo nacionalista de Lizarra supuso la culminación de la desafección del nacionalismo con el Estatuto, el reencuentro del conjunto de los que se proclaman abertzales y el inicio de una estrategia de superación del marco legal que, once años más tarde, ha terminado en fracaso. Ese fracaso pone en cuestión la actuación unilateral y confirma que sólo desde el consenso amplio y el pluralismo, tal y como se elaboró el Estatuto, es posible afrontar cualquier cambio que se quiera llevar a cabo.

 

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