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Recortes de Prensa    Domingo 1 Noviembre  2009

 

Al borde del sumidero de la corrupción
ÁNGEL EXPÓSITO, Director de ABC  1 Noviembre 2009

O se pone coto de manera tajante, penal y política al fenómeno de la corrupción, o se nos irá por el sumidero el capital democrático logrado desde la Transición. Se marcharán los logros, las virtudes y los defectos de esta España por culpa de unos cuantos cientos de mangantes; y lo que es peor, a causa de un sistema que, lejos de atenazar a los corruptos y sus corruptelas, parece que ha servido para aumentar el número de excesos, incrementar el tamaño de las sacas de dinero y sembrar de dudas, injustamente, la labor de todos y cada uno de los más de ocho mil ayuntamientos españoles. A este paso habrá que construir centros penitenciarios exclusivos para este tipo de delincuentes. Hay quien advierte que la corrupción es inherente a la condición humana, por lo que cabría deducir que, a más elementos añadidos, más posibilidades de corruptelas. Si al humano en sí se le aliña con un mucho de política, un poco de urbanismo, un «boom» inmobiliario y unos cuantos desalmados... entonces tendremos la pócima perfecta. Una mezcla tan conseguida, que se ha extendido como la pólvora durante los años de burbuja y que ha estallado a la vez que la recesión o, lo que es lo mismo, cuando muchos de los involucrados han dejado de percibir sus cheques.

La financiación ilegal de los partidos políticos está sobre el tapete desde el minuto uno de existencia del primer caso de corrupción política. Pero, si somos sinceros, en la mayoría de los casos esa excusa del partido ha servido como tapadera para repugnantes enriquecimientos personales. Del caso Filesa a la Operación Malaya hay un abismo. De los cientos de casos que hoy están abiertos ya sabremos. Lo que resulta evidente es que los partidos políticos funcionan por encima de sus posibilidades y realidad social. Esa hiperactividad y, por lo tanto, ese gasto desmesurado ni siquiera sirven para una mayor implantación significativa o un incremento de sus bases. Tan solo se trata de salir en los medios, lucir un minuto de telediario y acaparar la foto en el periódico. Y para ello, fin de semana sí y otro también, asistimos a un mitin tras otro y a millonarias organizaciones de fastos bajo difícil control.

Se presenta como urgente, y sería deseable que fuera en común, un cambio de cultura interna en los partidos políticos tendente al uso de las nuevas tecnologías y a huir de viejas fórmulas populistas para intentar movilizar a las masas -porque siempre son las mismas-, así como un esfuerzo en la contención del gasto. Si no se genera, no se puede gastar. Y todo pinta que vamos a seguir sin generar un euro por mucho tiempo. Hemos asistido, sorprendidos como ciudadanos y quizá demasiado miopes como periodistas, a una explosión de operaciones urbanísticas imposibles y a desarrollos sobre el suelo que parecían más recreaciones de la Gran Manzana que realidades municipales. A aquellos partidos políticos imposibles les ha seguido una política urbanística insoportable; con burbuja o sin ella, sencillamente, insoportable

Y es que para ese urbanismo desaforado ha sido necesaria una descentralización desde el Estado hacia las comunidades autónomas, cuando no diputaciones o cabildos, y posteriormente hasta los propios ayuntamientos. Un galimatías de controles y descontroles que ha provocado decenas de errores en el seguimiento, cientos de interferencias e innumerables fallos -cuando no cosas peores- sobre expedientes y operaciones. ¿Cómo es posible que determinadas comunidades autónomas no hubieran detectado irregularidades por doquier en ayuntamientos concretos? ¿Tan alejada está la Administración autonómica de sus ciudadanos como para no haberles oído hablar en la calle? ¿Nadie se percató durante años de los diálogos de cualquier vecino que advertía clamando en el desierto sobre sus alcaldes y su concejal de Urbanismo? El reparto de tareas no ha funcionado. No funciona, y lo que es peor: o se pone coto al desmadre competencial o seguirá sin funcionar. Y es entonces cuando aparece la labor de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad. ¿Nos imaginamos qué habría ocurrido ante determinados casos si la autoridad judicial competente hubiera correspondido en exclusiva al autonómico Tribunal Superior? ¿Estamos convencidos de que esa labor investigadora se habría llevado a cabo de manera estricta por una Policía autonómica? ¿Y si el fiscal anticorrupción correspondiente hubiera sido designado por tal o cual Gobierno de cualesquiera de las 17 comunidades más Ceuta y Melilla?

Otro debate, por supuesto encima del tapete y con necesidad de clarificación en todos y cada uno de los casos en los que reaparezca, es el del uso partidista de esa misma Justicia, sea desde la Fiscalía o desde la Policía judicial. Pero tema aparte es el sistema. Si se profundiza, como parece inexorable, en una mayor «autonomización» del Poder Judicial, mucho me temo que asistiremos a una ocultación de determinados casos y, lo que sería peor, a una «superpolitización» de los tribunales en sus distintos despachos e instancias. Nada más negativo, pues, para la lucha contra la corrupción política o urbanística. Los partidos que pueblan escandalosamente y sin distinción el mapa de la corrupción que hoy ilustra nuestra portada hacen mal, muy mal, al intentar obtener rédito político del conflicto del adversario. Porque se ha demostrado que la moneda siempre tiene cara y cruz. Y que cuanto más levantas la voz, antes te quedas afónico. La podredumbre urbanística, los enriquecimientos personales y los problemas de financiación existen en todas y cada una de las formaciones políticas.

La sociedad asiste entre atónita y abochornada al espectáculo casi diario de un nuevo caso tras otro y de cómo se forran o se han forrado de billetes determinados personajes. Y la gente no sabe cómo diferenciar entre los «buenos» y los «malos», incluso dentro de un mismo partido. Eso sí, y no conviene olvidarlo, la experiencia demuestra que la corrupción cuesta los votos justitos. Para los expertos, la red de corruptelas mueve más dinero en España que el infierno de la droga. O desde el Gobierno se coge de la mano al resto de formaciones y se decide afrontar el problema sin aspavientos ni estúpidas rentabilidades, o asistiremos a un enorme aumento de la abstención ante cualquier cita a las urnas. Por desidia y por hartazgo. La peor reacción social es el reconocimiento de la corrupción como un problema normal y consustancial con la política. Si queremos cargarnos el sistema democrático, sigamos así. Si no pretendemos luchar contra este cáncer, continuemos mirando para otro lado, despilfarrando el dinero en mítines inútiles y respaldando socialmente a quienes se han enriquecido con nuestro dinero mediante obscenos abusos y ridículas ostentaciones de opulencia. Hay que atajar el problema con un nuevo trabajo desde la sede local del partido hasta la Presidencia del Gobierno, pasando ineludiblemente por el distrito, el Ayuntamiento y su Concejalía de Urbanismo, el Tribunal y el Fiscal competente, la Diputación y el Cabildo, la Comunidad Autónoma y el Ministerio.

O se detiene esta sangría del prestigio que le queda al modelo o nos desangramos como democracia, a la vez que desaparecemos por el sumidero maloliente de la corrupción.

Cleptocracia
IGNACIO CAMACHO ABC  1 Noviembre 2009

EN los años noventa la corrupción ascendió a los áticos y plantas nobles del Estado y provocó un colapso político nacional, pero lo que hizo crisis fue el felipismo y no el sistema porque salvo algunas excepciones la venalidad había sobrevenido como una excrecencia derivada del acaparamiento hegemónico del poder por un partido que lo disfrutaba en régimen extensivo. Ahora el Gobierno y sus aledaños son reos de una mediocridad letal pero en materia de mangancia parecen relativamente limpios; sin embargo en los escalones intermedios de la Administración se ha incrustado un ejército de saqueadores que amasan fortunas a base de ordeñar y desviar los recursos públicos sin distinción de ideologías ni adscripciones. Esa universalización de la deshonestidad es mucho más peligrosa porque impide a los ciudadanos asqueados la opción de derivar su voto hacia alternativas no contaminadas; la partitocracia corrompida nos lleva directamente a Trincolandia.

La pasividad complaciente de los aparatos de dirigencia nos ha devuelto a los tiempos en que Julio Camba podía escribir con sorna que en España se dice que los concejales roban como se dice que los caballos relinchan o los toros mugen: como una suerte de expresión natural de su condición zoológica. Sólo que ahora además de los concejales roban alcaldes, presidentes de diputaciones y caciquillos de las autonomías, más una pléyade de satélites especuladores que gira en su entorno desde la esfera privada. En vez de organizar una cruzada común contra esta delincuencia de cuello blanco que subvierte la representación del pueblo, los partidos se blindan en su autodefensa, apelan a detalles victimistas o protestas persecutorias y abordan el problema con una óptica de sectarismo cuyos cristales filtran la corrupción propia para medir tan sólo la del adversario, o encuentran vagos argumentos paliativos y excusas de un casuismo hipócrita con las que cohesionarse a sí mismos.

Para tomar medidas de fondo, penales o civiles, urge primero la aceptación del mal desde una conciencia de ética pública que parece haberse perdido en el debate banderizo. Sólo a partir de ahí cabría pensar en fórmulas sinceras de achicar el campo a los corruptos desde una voluntad de atajar el problema más allá de sus repercusiones en las urnas, acaso parcas por desistimiento o conformismo de un electorado envuelto en el desaliento moral. Si los partidos fuesen responsables subsidiarios del dinero defraudado por sus militantes quizá asumiesen más en serio su deber de vigilancia. Como núcleo funcional del sistema les corresponde una responsabilidad ineludible en la centinela de su integridad. Ante el riesgo de llegar a una cleptocracia no valen lágrimas de cocodrilo que suenan a la cínica sentencia de Henry Kissinger: el noventa por ciento de los políticos le crea mala reputación al diez por ciento restante.

Investigaciones de la Fiscalía en los 28 sumarios más importantes
La corrupción política ha sustraído al menos 4.158 millones en 10 años
Antonio Rubio | Madrid El Mundo  1 Noviembre 2009

La corrupción política en España ha sustraído en los últimos 10 años, y en tan sólo 28 casos, 4.158 millones de euros. Así se deduce de las memorias de la Fiscalía Anticorrupción y de otros procedimientos abiertos en diferentes Tribunales Superiores de Justicia.

También hay que resaltar que en el año 2005 España se encontraba en el puesto 23 del ranking de corrupción mundial, según un informe de la ONG Trasparencia Internacional. Uno de los casos más importantes de los últimos 10 años es el saqueo I de Marbella, que reveló EL MUNDO en 1999, y donde se defraudaron 25 millones de euros.

Y en el reciente 'caso Pretoria', donde han sido detenidos el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet y dos ex altos cargos de Convergència, entre otros, se calcula que el fraude asciende a 45 millones de euros. Es decir, unos 70 millones en tan sólo dos casos.

En los próximos meses, la Audiencia Nacional señalará la fecha del inicio de la vista oral del saqueo II de Marbella -descubierto también por este periódico en 2003- y donde el actor principal volverá a ser Juan Antonio Roca.

El dinero defraudado en Marbella entre 1999 y 2006, y detectado tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por el Tribunal de Cuentas, ascendería a la friolera de unos 314,6 millones de euros.

En años posteriores, la corrupción fue tomando cuerpo y en 2001 se destapó el caso Gescartera. Al frente de la sociedad de inversiones Gescartera estaba Antonio Camacho, que estafó unos 88 millones de euros a sus clientes.

El año 2006, según se desprende de la memoria de la Fiscalía Anticorrupción, fue el punto de inflexión de la corrupción urbanística y en ese periodo se dieron casos tan importantes como: Ciempozuelos (40 millones de euros), Malaya (2.400) y Andratx (cinco).

La Fiscalía Anticorrupción analiza y explica en su memoria de 2006 por qué se han descubierto muchos más casos de corrupción en ese periodo y llega a la conclusión de que todo ello es producto de "un trabajo realizado con mayor profundidad de lo desarrollado habitualmente".

La corrupción ahoga España
PABLO MUÑOZ/CRUZ MORCILLO | MADRID ABC  1 Noviembre 2009

«Primero utilizan el urbanismo y luego las empresas de servicios municipales (agua, limpieza, mantenimiento...), y éstas son un pozo sin fondo, como se ha visto en El Ejido o en Barcelona». Son palabras de un constructor de la Costa del Sol al que políticos de todos los colores llevan años pidiendo dinero: de cien mil a diez millones de euros, si es una recalificación de calado. «Malaya», «Astapa», «Gürtel», «Pretoria»... Son los nombres de las operaciones policiales que han marcado hitos en la lucha contra la corrupción urbanística, que se extiende a todos los partidos: socialistas y populares, nacionalistas e independientes. De ahí que en la opinón pública vaya cuajando la necesidad de poner coto, o al menos atajar en la medida de lo posible, esta lacra en fase expansiva. Voces cualificadas sugieren un pacto de Estado, con profundas reformas legales (administrativas y penales) al que se comprometan todos los partidos.

«Los corruptos no tienen ideología, por eso es absurdo que los partidos quieran ganar votos con el «ladrillazo»; están afectados por igual y sólo si hay financiación ilegal del partido -hasta ahora demostrada sólo en el «caso Filesa»- se puede decir que es la formación política la implicada», explican fuentes fiscales.

Todos corruptos
La «operación Pretoria» lo ejemplifica: dos ex altos cargos del Gobierno de Pujol, un ex diputado del PSC y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet. El dinero manda, como quedó claro tras la «Malaya» en Marbella, donde estaban implicados los concejales del GIL, del Partido Andalucista y del PSOE.
Descartado, por tanto, que unos partidos sean más corruptos que otros -en el futuro quizá se den cambios por las deficiencias de los sistemas de financiación-, sí que hay aspectos comunes en estos escándalos: los municipios afectados tienen entre manos importantes desarrollos urbanísticos, lo que conlleva recalificaciones de suelo y un aumento importante de población.

«El ladrillo ha hecho millonarios a muchos y también llevará a muchos a la cárcel», aseguran las fuentes consultadas por ABC. El sistema de financiación de las corporaciones locales es el caldo de cultivo. «Los ayuntamientos se financian a través de los convenios urbanísticos, y esa es una vía de penetración perfecta para la corrupción. Si no se soluciona la primera, con eso que algunos han llamado la segunda descentralización, no se acabará con la segunda», señalan los expertos.
Al calor del desarrollo urbanístico surgen los protagonistas del cohecho: de un lado, miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento o la comunidad de turno, que llevan mucho tiempo en sus cargos y han tejido una tupida red de intereses alrededor; se sienten cómodos, impunes -el «caso Gürtel», con los ayuntamientos y cargos implicados sería un buen ejemplo-; de otro, empresarios que aspiran a repartirse el pastel, con abogados que asesoran, sacan tajada y disponen además de relaciones privilegiadas en despachos influyentes. El Ejido o Estepona son claros exponentes.

Si a estos elementos se une que el municipio esté en una zona costera, en especial la mediterránea de norte a sur -Costa del Sol, de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña-, el cóctel explosivo de la corrupción estaría servido. Y es que sólo con la intención de recalificar un terreno rústico y convertirlo en urbano comienza a moverse mucho dinero -de nuevo la «operación Pretoria», esta semana en Cataluña, es ejemplo de ello-. Guardia Civil y Policía mantienen abiertas una docena de operaciones y hay varias más que comienzan a dar sus primeros pasos porque la crisis de la construcción aún no afecta a los corruptos.

Empresarios sin escrúpulos
El funcionamiento de las tramas sigue un mismo patrón. Se necesita a un alcalde, un concejal de urbanismo o bien técnicos municipales de ese sector dispuestos a llenarse los bolsillos; alguien ajeno a ellos -aunque puede ser la misma persona, como Juan Antonio Roca en Marbella- que conozca las interioridades de la localidad, en especial posibles recalificaciones; y, empresarios con pocos escrúpulos en unas ocasiones o, en otras, financieros hastiados de no conseguir ni una sola obra de forma legal.

Los promotores compran los terrenos cuando aún no se puede edificar a un precio muy bajo. Buena parte de ese «ahorro» lo dedican a pagar los favores del conseguidor y de los corruptos del ayuntamiento implicado. El resto de su ganancia la consiguen con una nueva venta del solar, ya a un precio mucho más elevado, o bien con la venta de los inmuebles que construye. Dinero fácil para todos y posibilidad de repetir la operación casi hasta el infinito.

No existe patrón sobre quién toma la iniciativa del cohecho: el político -como parece que sucedió en Estepona- o el empresario, consciente de que tiene que depositar una «mordida» si quiere trabajar en un pueblo determinado. El elemento común es el ladrillo y el dineral que lleva aparejado.
La corrupción urbanística produce más dinero que la droga, según fuentes policiales, y tiene la ventaja de que las penas son menores. Un ejemplo es Julián Muñoz, condenado en un buen número de causas y en libertad a la espera de que se celebre el juicio por la «operación Malaya», la primera que se saldó con la disolución de un Ayuntamiento por corrupción.

La «Malaya» es por «reiteración, alevosía» y monto del trinque el mayor caso de corrupción urbanística destapado. No es casualidad que se diera en Marbella. Málaga es una de las provincias con más denuncias. Desde 2006 han sido detenidos siete alcaldes y más de 300 personas serán juzgadas en 2010 por corruptelas de todo tipo. En Andalucía los casos son legión. No se libra ni una sola provincia, aunque como es lógico existen grados de voracidad económica. En los últimos años han sido investigados medio centenar de alcaldes andaluces, buena parte del PSOE, casi siempre por construir en terrenos no urbanizables. El Ejido es el último episodio y ha acabado con su regidor, ex PP, en prisión.

En Canarias, otro de los feudos apetitosos, se ha dado en los tres últimos años un desfile de alcaldes, ex alcaldes y responsables de urbanismo por los juzgados. El caso de más relumbrón ha sido el del regidor de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), a raíz de una operación millonaria para urbanizar parte del frente de la playa de Las Teresitas. Las corruptelas salpican tanto a la formación nacionalista como a la grancanaria Nueva Canarias, así como a los dos grandes partidos, PP y PSOE. El último gran caso ha sido la «operación Unión», con una treintena de detenidos en Lanzarote y que afecta especialmente al PIL de Dimas Martín y a su socio habitual, el PSOE.

Ex presidentes a la cabeza
Baleares es la comunidad que apunta más alto desde el punto de vista político, dado que están imputados por presunta corrupción el ex presidente del Gobierno autonómico, Jaume Matas (PP) -caso «Palma Arena»- y la presidenta del Parlamento balear, María Antonia Munar (UM) por una venta irregular de terrenos. Otro ex presidente, Gabriel Cañellas (PP), es investigado por la Fiscalía en relación con el ayuntamiento de Andratx, y el ex alcalde de ese municipio mallorquín fue condenado a prisión.

En Murcia se instruyen nueve casos: seis afectan a municipios gobernados por el PP y el resto al PSOE o vinculados a anteriores ediles socialistas. Hay ocho alcaldes y ex alcaldes de ambas formaciones imputados por tramas de corrupción, y dos diputados regionales, uno de cada partido. Cierran la lista el senador socialista Manuel Hurtado, cuyo aforamiento está pendiente de la decisión del TS, y el ex consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués, detenido en marzo en relación con la recalificación de una finca protegida para una urbanización de lujo.

La Comunidad Valenciana, donde la Gürtel ha extendido sus tentáculos pero no en el urbanismo, tiene también una decena de alcaldes y ex alcaldes imputados, así como una ex diputada socialista en el Congreso, a quien la Fiscalía acusa de vivir en un chalé «regalado» por una constructora.

El caso Ciempozuelos de Madrid, los alcaldes populares de esta comunidad imputados en la Gürtel... no son municipios costeros, pero las apetencias urbanísticas en zonas como Boadilla, Majadahonda o Pozuelo resultan aún mayores y la posibilidad de hacer caja, también. En la memoria colectiva está el caso del macroproyecto de Seseña, promovido por el constructor Francisco Hernando, «El Pocero», con la recalificación de dos millones de metros cuadrados para construir 13.500 viviendas -sólo hay construidas 5.600 y las obras se han paralizado-. Anticorrupción sigue investigando la que se considera la mayor operación especulativa de vivienda.

«Si no hay un enriquecimiento o algún componente penal, son conductas asumibles por la sociedad. Es frecuente encontrarte a gente que te dice sin rubor que prefiere que se lo lleven los suyos (a quienes votan), a que se beneficien los contrarios; o que te suelten que antes lo han hecho todos los que han pasado por allí», señalan los investigadores.

En cuanto a los denunciantes, las Fuerzas de Seguridad reciben informaciones anónimas y otras con nombres y apellidos: una parte nada desdeñable procede de empresarios que se sienten agraviados por el reparto del pastel. Otros, denuncian cuando fracasan en los procedimientos legales que plantean y creen que tienen razón.

«La corrupción es un problema de todos que tenemos que erradicar» (Soraya Sáenz de Santamaría esta semana), pero la proclamada «tolerancia cero» es aún más que una utopía para todos los partidos políticos.
 

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Todavía dudan
JAVIER ZARZALEJOS El Correo  1 Noviembre 2009

Creo recordar que fue Arnaldo Otegi el que calificó de «catástrofe para la izquierda abertzale» la reciente sentencia en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalaba sin reservas la Ley de Partidos Políticos y la ilegalización de las sucesivas marcas electorales de ETA.

Otegi tenía conocimiento de causa más que sobrado para valorar los efectos de la sentencia de Estrasburgo con esa insólita sinceridad. Él ha sido uno de los instrumentos permanentes utilizados por ETA en el intento de la banda terrorista de perpetuar su estrategia de votos y bombas, que es precisamente a lo que puso fin a Ley de Partidos y lo que el Tribunal Europeo ha revalidado.

Gracias, en buena medida, a ese instrumento legal aprobado en junio de 2002, la detención de quienes trataban de reorganizar el soporte político de ETA -entre ellos Otegi- debería marcar el definitivo punto de no retorno desde el que no se puede volver a dar credibilidad a ninguna añagaza que lleve a subcontratar el final de ETA a los que hacen todo para que ETA sobreviva porque, no nos engañemos, siguen convencidos de que violencia y política se complementan aunque la dosis en que ambas hayan de combinarse pueda variar según las circunstancias. En ese sentido, Arnaldo Otegi ha sido un fiel instrumento de ETA tanto como una creación política del tiempo en que retornaba el espejismo de que la izquierda abertzale quería y podía impulsar el abandono de la violencia por parte de ETA como efecto de una negociación política admisible para el Estado.

Hay mucho de paradójico en que, casi cinco años después, la Audiencia Nacional haya abierto juicio oral contra Otegi por enaltecimiento del terrorismo perpetrado en el mítin de Anoeta, en el que arrancó públicamente el denominado 'proceso de paz' de la pasada legislatura. Lo que entonces se quiso presentar por unos y otros como una esperanzadora oferta de paz es hoy una expresión de enaltecimiento del terrorismo que espera depurar responsabilidades penales en aquéllos que fueron reconocidos como interlocutores en una persistente negociación política. No puede extrañar que, en aquellos momentos de protagonismo de una organización política formalmente disuelta, Otegui proclamase la derrota de la 'política de ilegalización'. Pero en este caso se equivocaba, como prueban sus sombrías previsiones después de la sentencia de Estrasburgo. Querían internacionalizar el problema y se han encontrado con la internacionalización de los instrumentos del Estado de Derecho. Con una iniciativa torpe e incomprensible del Gobierno buscaron el aval europeo para la negociación y se han encontrado con que desde el santuario de los derechos humanos de Europa se calificaba de «necesidad social imperiosa» la ilegalización de los instrumentos políticos de ETA.

Esa necesidad social a la que aludía el Tribunal de Estrasburgo sigue siendo hoy igual de imperiosa. Y es preciso recordarlo cuando Arzalluz elogia las virtudes patrióticas que, a su juicio, adornan a Otegi y Usabiaga y cuando el alcalde de San Sebastián afirma que no le hacen «ninguna gracia» las detenciones de aquéllos, porque no sabe «si son buenas o malas para avanzar en la consecución de la paz y el final de ETA». Con el cadáver todavía caliente del 'proceso de paz' -una perfecta traslación a la política de las estafas piramidales-, que se conceda el beneficio de la duda a los que hicieron de gancho en este fraude es una exaltación tóxica de la esperanza sobre la experiencia. Una esperanza sin base alguna, fraudulenta, inconsistente, desmentida punto por punto por la realidad hasta convertirse en un grosera coartada -la paz- utilizada por ETA y su entramado para permanecer.

El Ministerio de Interior, con buen criterio y mejor percepción de los tiempos que corren, se ha apresurado a cortar de raíz las especulaciones sobre la posibilidad de recuperar interlocución alguna con entornos o entramados políticos de la banda. La convicción de que el Gobierno ha aprendido las lecciones de la pasada legislatura ha permitido recuperar el consenso básico con el Partido Popular en la política antiterrorista. ETA y su entorno ven alejarse la probabilidad de que se les vuelva a hacer el juego. Y pese a todo eso hay quienes, como el alcalde de San Sebastián, insisten en sacar a pasear la ficción -si no el engaño- de 'hombres de paz' que luchan por hacer que ETA desista mientras los demás creemos equivocadamente que lo que realmente intentan es recomponer el frente político de ETA, ejecutar la estrategia dictada por la banda y evitar esa catástrofe para la izquierda abertzale de la que hablaba Otegi.

A estas alturas Odón Elorza no sabe si las detenciones de Otegi y Díez Usabiaga son «buenas o malas», es decir que cree que son 'malas'. No parece considerar si son simplemente procedentes y ajustadas a la ley que debe ser cumplida, ni tampoco parece que se crea en el deber de explicar por qué la actuación de la justicia no le hace ninguna gracia. Lo de que la izquierda abertzale quiere hacer política y está dispuesta a llevar a ETA a una mesa de negociación para firmar la paz a cambio sólo de salvar la cara pero que, claro, con esto de la ilegalización no hay manera de que los 'políticos' puedan trabajar, es una vieja conjetura, sin ningún apoyo en realidad sino más bien lo contrario. Esta teoría empezó siendo una elaboración razonada que después se convirtió en un relato útil para que el Gobierno justificara la negociación con ETA. Pero ahora no es más que una fabulación que sólo puede mantenerse con un manifiesto desprecio de los hechos y del deseo colectivo de poner fin al terrorismo.

El juego de buenos y malos, blandos y duros, debe acabar. Debe acabar, en nombre de la verdad y de la responsabilidad, el frívolo voluntarismo de quienes insisten en que es la realidad la que se equivoca y continúan anunciando la inminente rebelión de la izquierda abertzale contra sus amos de ETA. Pronto aparecerán en el horizonte las elecciones municipales y forales. Todos somos conscientes de que para asegurar la derrota de ETA resulta esencial impedir que ETA burle la ley con las marcas electorales que intentará poner en circulación. Llegado el momento, que las dudas de Elorza no se extiendan, y si la voluntad no fuera suficiente, que vuelvan a leer la sentencia de Estrasburgo.

Un armisticio político para lograr la paz lingüística
editorial La Opinión  1 Noviembre 2009

La creciente politización de todo lo relacionado con el uso del idioma en Galicia amenaza en los últimos tiempos con desembocar en un conflicto abierto en una comunidad donde hasta hace bien poco imperaba la paz lingüística. ¿Qué ha pasado para que esta situación diese tal giro? Fundamentalmente, que los partidos han roto un inteligente consenso que evitó durante más de dos décadas de poder autonómico que en Galicia germinasen conflictos que se han instalado como males crónicos en otras comunidades. Lo de menos en este problema es que fue antes, si el huevo o la gallina, es decir, la propuesta de derogación del decreto de regulación del uso del gallego en la enseñanza por parte del actual gobierno del PP, que ha movilizado recientemente en las calles a la militancia opositora, especialmente la nacionalista, o determinadas actuaciones del bipartito en la política educativa que pudieran haber sido interpretadas como imposiciones lingüísticas por muchos padres y que igualmente movilizó a un sector del partido conservador en las vísperas de las últimas elecciones autonómicas que dieron el triunfo a Feijóo. La cuestión clave es que el sentido común de la clase política gallega que mantuvo desactivada durante años la espoleta lingüística parece haber desaparecido. El último capítulo de esta escalada ha sido el pleno del Ayuntamiento de A Coruña sobre la cooficialidad del topónimo, en el que la escasa enjundia del presunto conflicto queda al desnudo ante la paradójica postura del alcalde, que mantiene posiciones, en apariencia, contradictorias sobre el asunto, ya que, por una parte, ha pedido en una carta a Feijóo la cooficialidad del topónimo, y, por otra, rechaza en el pleno la propuesta del PP en la que se instaba a la Xunta a modificar la ley para el uso oficial del topónimo La Coruña. Contradicción de la que tampoco se libra el PP, ya que cuando gobernaba en la Xunta Fraga defendió ante los tribunales, frente a los intentos del Gobierno local de usar también La Coruña como nombre oficial de la ciudad, el topónimo en gallego como única opción válida. Da la impresión de que el idioma se ha convertido en un arma oportunista que se esgrime cuando conviene políticam ente y de que los intereses ciudadanos son apenas convidados de piedra en estos rifirrafes partidistas.

Es un hecho incontestable confirmado por todas las encuestas que el uso del gallego se encuentra en un permanente declive, lo que podría tachar de insólitas las medidas tendentes a la protección del castellano. Pero también lo es que el desangramiento del gallego no es un fenómeno achacable a decisiones adoptadas por este o aquel gobierno, ya que paradójicamente la sangría del gallego se ha venido acentuando desde la llegada de la autonomía, con sus leyes de promoción de la lengua autóctona, entre ellas la implantación de medios de comunicación públicos en los que se utiliza sólo el idioma vernáculo. El verdadero problema es sociológico más que político, al existir una ruptura generacional de transmisión de una lengua que las últimas generaciones -que no han conseguido sacudirse aún el estigma de la emigración como medio de vida- han asociado al atraso económico y social, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el catalán, identificado con las clases medias y altas. En este sentido, la mejor promoción del idioma no serían las leyes lingüísticas, sino la consecución de una notable mejora en los índices socioeconómicos de una comunidad que suelen estar en los últimos puestos del ranking español.

Curiosamente, una de las voces más autorizadas internacionalmente sobre cuestiones lingüísticas es un coruñés, el catedrático de biolingüística de la universidad estadounidense de Maryland Juan Uriagereka, discípulo y colega de Noam Chomsky, quien recientemente analizó las claves del conflicto lingüístico en Galicia para este periódico. El intelectual coruñés defiende el multilingüismo no sólo desde la perspectiva cultural sino biológica, al considerar que el manejo simultáneo de varias lenguas desarrolla la inteligencia. Pero precisa que es un estadio cultural y educativo que sólo se puede diseñar desde la conciliación y el consenso. Al tiempo que manifiesta que sería imperdonable la pérdida de siglos de riqueza atesorados en el patrimonio del gallego, es igualmente crítico con ciertos métodos para conseguirlo: "Los que defendemos el gallego, en vez de imponer, tendríamos que encandilar". El colaborador coruñés de Chomsky apunta que una solución sólo será posible dejando el supuesto conflicto al margen de la batalla partidista.

La disputa política en torno al idioma resulta especialmente perniciosa en el sistema educativo, que no puede cambiar de paso cada cuatro años según el color del gobierno. Al igual que las dos grandes formaciones políticas se están esforzando por cerrar un pacto educativo en España que ponga fin al actual caos, se espera de la clase política gallega responsabilidad, generosidad y sentido común para establecer un marco educativo y lingüístico consensuado para que las futuras generaciones aúnen la conservación de un patrimonio propio con la modernidad y el respeto democrático que exigen los tiempos, ahuyentando así el fantasma de una comunidad dividida por su educación lingüística.

Constitución o guerra
Nota del Editor  1 Noviembre 2009

Que manía de querer obviar la constitución española "deber de conocer el idioma español". Quien quiera estudiar cualquier lengua regional, no tiene que pedir permiso a nadie, pero lo que no puede pretender es obligar a los demás a su conocimiento. Si una nación es muy rica, como España, que tiene 17 miniestados y algunos pretenden que a costa de todos los contribuyentes se ofreza la posibilidad de estudiar en cualquier lengua regional en todos los niveles educativos, pues nada, sobra el dinero, España no está en crisis, únicamente está herida de muerte y aún siguen infligiendole más heridas, para rematarla.

Vivan los funcionarios de los 17 miniestados y 60 mil ayuntamientos, pero por favor no tan cerca, que aqui no los necesitamos, y menos a los que en el colmo de su incapacidad fomentan su aumento para disminuir el "desempleo" y ganar más poder e influencia.

¿Cuántos gallegos hablan gallego?
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 1 Noviembre 2009

Galicia es una Comunidad Autónoma española que tiene dos idiomas oficiales: gallego y castellano. En el actual debate sobre las lenguas, algunos dan por supuesto que el gallego es la lengua mayoritaria en Galicia, y manejan como seguros altos porcentajes de gallego-hablantes.

Es razonable pensar que en general, los que hablan gallego suelen vivir en entornos sociales y familiares donde se emplea mayoritariamente ese idioma, y pueden tener la percepción subjetiva de que sin duda es el más usado. Y lo mismo puede decirse de los gallegos que hablan castellano. ¿Cuál es la realidad?

Muchos pensamos que la Secretaría Xeral de Política Lingüística (SXPL) de la Xunta no sólo promociona el gallego, sino que presenta los datos que le interesan. En su página web, a día de hoy, afirman que más del 91% de los gallegos tienen competencia lingüística en gallego en cuanto a hablarlo; aunque también reconocen que el uso real de la lengua gallega, esto es, los gallegos que hablan siempre en gallego, se cifra en el 56'84% del total (según el censo de 2001).

Sin embargo, en el Mapa Sociolingüístico de Galicia, editado este año por la Real Academia Gallega, se afirma el uso lingüístico más extendido es el bilingüe, con predominio del castellano. La estimación final es que el uso del gallego en Galicia es minoritario respecto al castellano: un 38'4% frente a un 61%. Añaden que el porcentaje de población que nunca habla gallego es el 25'8%, y que este porcentaje llega al 32% en las ciudades. También se presenta el dato de que los gallegos que hablan exclusivamente en gallego eran el 30'5% en 1992, pero han pasado a ser el 16%. En este estudio se puede leer que sólo el 20'6% de los niños gallegos tienen como lengua inicial el gallego, dato confirmado en la Encuesta sobre la lengua realizada en junio por la Consellería de Educación, donde el 20'8 % de las familias gallegas con alumnos en infantil dijeron que la lengua inicial de sus hijos es el gallego.

Los datos son datos, y no se discuten sino que se comprueban. La Xunta debe promover el uso del gallego, sin imponerlo ni discriminar a los que eligen el otro idioma oficial, como mandan las Leyes: pero tiene que usar datos verdaderos. Y esto no está ocurriendo. Por ejemplo, en el libro del director del Servicio de Normalización Lingüística de la Universidad de Santiago, Manuel Núñez Singala, titulado: «En galego, por que non?», y subtitulado «Contra os prexuizos e as simplificacións sobre a lingua galega», editado este año por la Xunta de Galicia (Presidencia, SXPL), y repartido en las instituciones escolares y culturales gallegas, se afirma lo siguiente: «segundo os datos de que dispoñemos e facendo unha aproximación, en Galicia fala galego habitualmente o 75% da poboación, e arredor de 25% fala normalmente español» (pág.52). ¿Ignorancia, error o mentira?

Cuando en los debates sobre la lengua se presentan los datos que se han expuesto arriba (que son datos oficiales, todos ellos comprobables) los galleguistas impositores del monolingüismo afirman con vehemencia que no son ciertos, y aseguran que miente quien niegue que la gran mayoría del pueblo gallego «fala a nosa lingua». Su pasión y su interés les hace ser incapaces de aceptar la realidad.

De la encuesta de Educación citada antes se deduce sin ninguna duda que la mayoría de los padres gallegos quiere que la educación de sus hijos sea mayoritariamente en castellano: la proporción de la elección de los padres de Infantil y Primaria (todos los niños gallegos entre 3 y 11 años, con más del 70% de participación en la encuesta) aporta el resultado final de que 2 familias eligen castellano o predominio del castellano por cada familia que elige gallego o predominio del gallego. Pero el gobierno de la Xunta mantiene un modelo de enseñanza mayoritariamente en gallego para todos los niños gallegos.

Se supone que los gobernantes representan a los ciudadanos y son elegidos por ellos para administrar los dineros públicos y para mejorar su calidad de vida, promocionando lo que quiere la mayoría del pueblo (que es la que ha elegido al gobierno) y respetando las libertades y derechos de todos los ciudadanos. Incomprensiblemente, en este caso está ocurriendo lo contrario, y la Xunta desarrolla políticas lingüísticas contrarias a los intereses de la mayoría de los padres, y no respeta los derechos y libertades no ya de la minoría, sino de la mayoría. Pero peor todavía es que para hacer eso mientan y engañen a los gallegos.

Pedro M. Larrauri (Vigo)
Padre de familia. Médico. Profesor Asociado de la Universidad de Vigo. Socio de Galicia Bilingüe.
 

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