AGLI

Recortes de Prensa    Lunes 2 Noviembre  2009

 

Democracia
Falta valor civil
Agapito Maestre Libertad Digital  2 Noviembre 2009

Cada vez hace más falta valor civil para ocuparse de cuestiones obvias. Las hay por todas partes, pero miramos para otro lado, o peor, no sabemos mirar lo que vemos. He aquí tres sencillos ejemplos, tres cuestiones de Perogrullo, sobre las que no debemos callar, porque sería tanto como renunciar a nuestro primer y fundamental derecho entre todos los derechos ciudadanos, a saber, "hablar sin miedo." Un derecho que, dicho sea de paso, empieza a tambalearse en todos los medios de comunicación.

Primera: ¿Por qué el presidente del Gobierno rechaza la propuesta del Congreso de los Diputados de reducir ministerios y burocracia en época de crisis económica? Porque él no toma decisiones contando con instituciones democráticas. Él decide por su cuenta y saltándose todas las mediaciones entre él, el presidente, y el Pueblo. Zapatero es un populista en estado puro, o sea, un cínico: hace lo contrario de lo que dice.

Segunda: ¿Por qué los monopolizadores del sindicalismo español junto a unos cuantos actores y escritores convocan una manifestación contra los empresarios? Porque ellos están al servicio de Zapatero, o mejor, le guardan una fidelidad perruna; renuncio a saber qué significado tiene la palabra política para este personal, que convoca por "otra política y otros valores para salir de la crisis económica", entre otros motivos, porque tendría que llamarles totalitarios y farsantes; pero no puedo sustraerme a intentar averiguar qué significados pudieran albergar esos "otros valores" a los que apelan. Sospecho que estos nuevos valores tienen las piernas muy cortas. De ellos nadie espere otra cosa que resentimiento contra los verdaderos valores, o sea, más falsa conciencia en sus formas dominantes: mentira, falsificación, ideología y cinismo.

Y, tercera, ¿por qué nuestros políticos son tan timoratos al hablar de la corrupción en la democracia española? Porque no existe la democracia. Todo es corrupción. Repito: la corrupción española no es una plaga bíblica, sino la apoteosis de un sistema político que sobrevive sin los principios fundamentales que rigen las democracias avanzadas: confianza, responsabilidad, fe en la palabra del otro, principios y tradiciones sobre las que construir la base de la civilización. La honradez ha desaparecido de la vida pública. Pero si quedara algo de esa virtud, las listas cerradas y bloqueadas de todos los partidos políticos impiden cualquier atisbo de renovación del sistema político.

Vale.

La inanidad de las sentencias interpretativas
MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ABC   2 Noviembre 2009

Las sentencias de fondo que dictan los jueces y los magistrados deben resolver las pretensiones controvertidas y deben estar jurídicamente fundadas. Es así como se satisface la tutela judicial efectiva que reconoce y consagra el artículo 24 de la Constitución Española (CE).

Otro artículo de la CE, el 120, exige que las sentencias estén motivadas. Tales preceptos nos plantean dudas sobre las denominadas «sentencias interpretativas», en las que no se decide nada con carácter definitivo, sino que se deja abierta la cuestión debatida para que puedan mantenerse soluciones distintas. ¿Es esto, acaso, resolver una controversia? ¿No nos recuerda al "lavarse las manos" del despreciable Pilatos?

Entre las sentencias interpretativas hasta ahora pronunciadas, algunas parecen fruto de una candidez asombrosa. Por ejemplo, la ingenuidad de pensar que los partidos políticos iban a comportarse en el Congreso de los Diputados y en el Senado de una manera generosa y no de la forma que les permite su fuerza parlamentaria.

Se debatía en aquella ocasión el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Era inconstitucional que la mitad de los vocales fuese propuesta por el Congreso y la otra mitad por el Senado? ¿Cómo se garantizaría la división de los poderes del Estado si uno de ellos, el Legislativo, designa a los componentes del órgano de gobierno del Poder Judicial?

La sentencia del TC que declara conforme a la Constitución la ley de 1985, con la confusión de poderes indicada, se fundamenta del siguiente modo: «Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad de la Norma Constitucional (la distinción y separación de los poderes del Estado) si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido, atienden sólo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos». El riesgo era inevitable y en la misma sentencia no se olvida que «la lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género», o sea a comportarse según el número de escaños de cada uno.

La lógica se impuso efectivamente y el Consejo General es un reflejo del Parlamento. La anhelada división de los poderes del Estado fue una utopía, soñada por los constituyentes en 1978.

Y siguen soñando quienes creen que el ordenamiento constitucional se realiza sólo con normas jurídicas. Los poderes fácticos intervienen en el proceso junto a los partidos políticos admitidos en el sistema. En suma: se configura una realidad jurídico-política que debe ser analizada con un criterio jurídico-político. La Constitución no ha de tener el mismo tratamiento que, por ejemplo, la Ley de Arrendamientos Urbanos o, incluso, el Código Civil. Por ello la sentencia interpretativa resulta a veces inane: quedan fuera de la resolución judicial los agentes que impondrán, según los casos, lo que más les conviene.

El ordenamiento constitucional se integra con reglas y con principios. Una sentencia interpretativa que infravalore, o desconozca, la fuerza vinculante de los principios es también inane.

El Tribunal Constitucional estableció en su día: «La Constitución proclama principios, debidamente acogidos en su articulado, que dan fundamento y razón de ser a sus normas concretas. Son los principios constitucionales que vinculan y obligan, como la Constitución entera, a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos (art. 9.1 CE), incluso cuando se postula su reforma o revisión y hasta tanto ésta no se verifique con éxito mediante los procedimientos establecidos en su Título X».
Uno de los grandes principios constitucionales es el interés general de España; otro, la solidaridad entre los españoles.

La enumeración de los principios constitucionales incluye, además, los siguientes:
1.La soberanía, en cuanto poder originario, pertenece a la Nación española.

2.La autonomía de las Comunidades en poder derivado de la Constitución

Muy importante, por ello, es conocer el texto de la Constitución. Su estudio debería intensificarse en los planes de enseñanza, con el fin de dar una buena formación a los ciudadanos.

Conocimiento del texto constitucional y lealtad a la Constitución. Ahora bien, la lealtad a la Constitución no puede alcanzarse con el simple conocimiento, ni incluso con la mera observancia de la norma positiva, aunque ésta se conciba más allá del puro formalismo. Es otra clase de lealtad, más profunda. La Constitución atiende a determinados fines que trascienden a la positividad de sus mandatos. El respeto a la Constitución exige una lealtad entendida como adhesión a fines y valores, con unos principios constitucionales que dan razón de ser y sentido a las normas concretas.

En España dentro de la lealtad en todos los ámbitos constitucionales, hay una con notable protagonismo: la lealtad en las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Como tuve ocasión de exponer, hace algún tiempo, en un inolvidable acto académico, la doctrina española en este punto es tributaria de la dogmática constitucional alemana, que ha hecho de la Bundestreue, la lealtad federal, uno de los principios fundamentales de su modelo de distribución territorial del poder público. Se le ha llegado a definir como un principio inherente a la división horizontal del poder, válido, pues, por encima de la variante estrictamente federal. En nuestro caso su operatividad es mayor que en otros modelos descentralizados, habida cuenta de la singularidad de nuestro sistema autonómico.

Curioso por ello es que algunas sentencias interpretativas contengan razonamientos del tenor del siguiente: «En el ámbito de lo dispuesto por el art. 147.2 d) CE, los Estatutos de Autonomía no pueden establecer por sí mismos derechos subjetivos en sentido estricto, sino directrices, objetivos o mandatos a los poderes públicos autonómicos. Por ello, cualquiera que sea la literalidad con la que se expresen en los estatutos, tales prescripciones estatutarias han de entenderse, en puridad, como mandatos a los poderes públicos autonómicos, que, aunque les vinculen, sólo pueden tener la eficacia antes señalada. Lo dicho ha de entenderse...».

Si aceptásemos ese razonamiento la literalidad de las normas importa poco. Además de inanes las sentencias interpretativas resultan, a veces, asombrosas.
Sabido es que nuestro modelo territorial de organización del Estado no fue rematado por la Constitución; fue definido, fue bosquejado. Los principios y fundamentos del modelo están perfectamente establecidos: soberanía del pueblo español, unidad de la Nación española, supremacía de la Constitución.

La corrupción que merecemos
IGNACIO CAMACHO ABC  2 Noviembre 2009

FRENTE al recelo y la alarma de quienes temen que la corrupción generalizada acabe provocando una crisis sistémica de hartazgo ciudadano respecto la dirigencia pública, otra tesis aún más pesimista apunta a la posibilidad de que la ciénaga política sea tan sólo un reflejo del envilecimiento moral de una sociedad espejada en sus propios representantes democráticos. Algunos estudios de opinión y la propia tranquilidad de los partidos parecen avalar esta cínica teoría al constatar la escasa repercusión de los hechos ilícitos en las expectativas electorales. Numerosos alcaldes y diputados bajo sospecha relevante han sido reelegidos con amplias mayorías, mientras al PP le ha desgastado más el bochornoso espectáculo de sus rencillas internas que la explosión aparatosa del escándalo Gürtel con sus múltiples conexiones venales en la Administración local y autonómica.

En gran medida es cierto que por una parte el acentuado sectarismo del electorado fijo y por otra la trivialización de la ética y la cultura que caracteriza a la sociedad líquida han minimizado el impacto de las conductas deshonestas en la opinión pública. El carácter transversal de la corruptela española, diseminada por todos los ámbitos partidarios, ideológicos y hasta geográficos, neutraliza la repulsa social hasta empantanarla en la perezosa conclusión de que se trata de un hecho tristemente inherente a la propia actividad política y diluir sus consecuencias en un vago rechazo genérico que no resulta operativo como castigo electoral. De ahí la relativa pasividad de los aparatos dirigentes, más preocupados de demostrar la universalización de la mangancia que de combatirla y menos atentos a la vigilancia de su nomenclatura que a presentar las desviaciones y abusos de poder como una suerte de mal necesario e inevitable de la democracia.

Esta rebaja del nivel ético del sistema es posible porque los mecanismos de representación funcionan de manera inapelable como una proyección de la conciencia mayoritaria. Son los ciudadanos los que han devaluado su propia exigencia al conformarse con la oferta de mediocridad que los partidos, actuando como sindicatos de intereses, le han presentado como un menú de consumo obligatorio. Hasta ahora la democracia española, refundada en la Transición bajo un impulso de gran estímulo participativo, ha funcionado gracias al pacto convencional de una enorme ilusión colectiva inicial que se ha desvanecido sin que alcancemos a darnos cuenta. La conciencia crítica se ha refugiado en el exilio interior del individualismo o la renuncia nihilista y ha desertado de su papel de estimulación cívica. Y desde este punto de vista tenemos lo que merecemos: una dirigencia política que impone su propia lógica de casta al obligarnos a elegir entre corrupción o incompetencia, cuando no las ofrece a la vez como una siniestra combinación simultánea.

Justicia
Iñaki EZKERRA La Razon  2 Noviembre 2009

Hay problemas políticos que necesitan del tiempo para mostrar su naturaleza y su dimensión. Después de tres décadas de descentralización, está quedando más que demostrado que la España de las autonomías es especialmente vulnerable a la corrupción porque dificulta la sana alternancia en el poder y porque la perpetuación en el mismo genera corrupción por propia definición. Esto es lo que ha aflorado en la Andalucía de Chaves, lo que va a aflorar un día de éstos en la Euskadi que ha dejado de ser nacionalista –gracias a la alternancia precisamente– y lo que está aflorando ahora en la Cataluña «co-mangoneada» durante años por CiU y el PSC. No es extraño que los escándalos vengan de esos dos partidos porque son los más beneficiados de ese microclima vicioso que facilita el sistema autonómico y al que habrá que buscarle antídotos tan estructurales como la enfermedad que éste tiende a incubar. Antídotos que no son, desde luego, el de una «Justicia independiente» que tuviera un falso techo de escayola más bajo que el del TS. La señera no puede servir de manto para la corrupción. Si el peligro de una «Justicia vasca» vendría del totalitarismo aranista, en el caso catalán vendría de ese oscurantismo económico de los casos de Millet y del alcalde de Santa Coloma, pero que asomó la patita del 3% por la boca Maragall. Habrá Justicia catalana si es la de todos los españoles.

Corrupción para tapar recesión
Carmen Gurruchaga La Razon  2 Noviembre 2009

Todos los indicadores y organismos internacionales afirman que España vive una profunda crisis económica, probablemente, la más grave de los últimos 60 años, lo que no representa ninguna novedad. Tampoco es muy original opinar que en esta difícil coyuntura el destino del país o la salida de esta situación se halla en manos de un Gobierno que se muestra impotente ante ella e incapaz de encontrar los mecanismos para empezar a superarla. Esta es, sin duda, la principal preocupación de todos los españoles, de acuerdo con los estudios demoscópicos publicados. Sin embargo, hace días, semanas y meses que alguien se encarga de que los ciudadanos sólo lean o escuchen asuntos relacionados con casos de corrupción en los que políticos sin escrúpulos, presuntamente se han apropiado de dinero público, en unos casos y, en otros, han aceptado dinero a cambio de cometer ilegalidades para hacer favores a algunos empresarios ávidos de ganarlo.

Así por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado, han sido calificados de inútiles para vencer esta depresión económica. Incluso el PNV, formación que los ha apoyado a cambio del blindaje del Concierto Económico, algo que nada tiene que ver con las crisis económica, los ha calificado de nefastos. Y, sin embargo, esta realidad ha ocupado un insignificante espacio en los medios, comparado con el que han invadido presuntos casos de corrupción. Es cierto que alguno de ellos ha copado menos lugar del que le corresponde, dada la magnitud del escándalo. Esto ha sucedido con el denominado «caso Astapa», un escándalo de grandes dimensiones, acaecido en el Ayuntamiento de Estepona, gobernado por los socialistas y del que muy pocos españoles han oído hablar. Pero hace unos días, sorprendentemente, el mismo juez que ha puesto el ventilador en marcha con el fin de airear todos los presuntos trapos sucios del PP –sería absurdo ocultar que algunos dirigentes «populares» han ayudado a ello con actitudes irresponsables–, ha dado a conocer inopinadamente uno ignoto, pese a ser bastante antiguo; en él han «trabajado» conjuntamente socialistas catalanes y Convergentes. Este mismo magistrado tiene capacidad para incomodar a los dirigentes del PSOE con el «caso Faisán» que tras años de desidia, milagrosamente, se ha puesto en marcha. Casualmente, coincide en el tiempo con una situación complicada por la que atraviesa ese juez al verse inmerso en un caso de prevaricación. El chivatazo dado a unos etarras por algún miembro de los aparatos del Estado para que pudieran evadir la acción policial y no ser detenidos es uno de los mayores escándalos de la democracia. Significa, en castellano de Cervantes, que alguien desde el Ministerio del Interior pudo haber cometido un delito de «colaboración con banda armada». Pese a la importancia del hecho, durante tres años ha permanecido oculto porque quien pudo investigarlo no tuvo interés en hacerlo y ahora, en cambio, podría servirle como elemento de presión para intentar salvar su carrera profesional. Mientras tanto, las economías de nuestro entorno empiezan a despuntar, España continúa en valores negativos de crecimiento, en cifras de desempleo más altas y, lo que es peor, sin un proyecto económico serio.

ACUSA A RUBALCABA DE «MENTIR»
Basagoiti pone el dedo en la llaga en el 'caso Faisán'
IMPRESIONES El Mundo  2 Noviembre 2009

EN UNA entrevista que hoy publica nuestro periódico, Antonio Basagoiti, el presidente del PP en el País Vasco, acusa al ministro Pérez Rubalcaba -que tiene pendiente una explicación parlamentaria- de «mentir de forma flagrante» cuando asegura que todos los implicados en el caso del bar Faisán han sido detenidos y procesados. Basagoiti afirma que Rubalcaba ya mintió cuando negó que el PSOE tuviera algo que ver con los GAL y también cuando dijo que ETA no estaba detrás del robo de las armas durante la tregua. Pide que la Justicia siga investigando el chivatazo porque si se cierra sin culpables saldrá perdiendo «la ciudadanía y la democracia». A su juicio, el Estado está enviando a los terroristas el erróneo mensaje de que se pueden traspasar las líneas rojas sin castigo. Resulta difícil realizar un análisis más certero que el de Basagoiti. Si el asunto se archiva sin que la opinión pública conozca a los autores e inductores del chivatazo, la credibilidad del Estado de Derecho habrá quedado fuertemente tocada.

A vueltas con las cuentas autonómicas y locales
Roberto Centeno El Confidencial   2 Noviembre 2009

El martes pasado conocimos las cuentas del Estado a septiembre. El desfase presupuestario asciende ya a 62.780 millones de euros, es decir, los gastos doblan a los ingresos, pero lo más grave es que los meses que faltan, particularmente diciembre, son estructuralmente los más deficitarios. En 2008, el “agujero” a septiembre era de 13.457 millones y pasó a 30.248 a fin de año, de manera que este año el deterioro no sólo es mayor, también es más rápido, lo que significa que podemos cerrar 2009 con un descuadre del orden de 130.000 millones.

Pero como dirían los hermanos Marx, esto es sólo la parte contratante de la primera parte, porque hay muchos gastos del Estado que no computan como déficit y van directamente a deuda, por ejemplo las infraestructuras. Por ello, lo relevante es la deuda, y a septiembre el incremento anual según el Tesoro era de 87.133 millones de euros, y como de enero a septiembre 2.008 el incremento fue de 21.652 millones y de septiembre a diciembre otros 29.605, la deuda adicional del Estado para todo 2009 podría superar los 180.000 millones. Las bases económicas de Zapatero: más gasto, más impuestos, ninguna reforma.

Cuentas y deuda autonómica.
Y este gigantesco descuadre es solo del Estado, no incluye CCAA ni Ayuntamientos. Empezaré por las CCAA, donde ya casi no existe ninguna en la que sus altos cargos no estén imputados por corrupción, la mayor de toda nuestra Historia. Y ocurre, que son precisamente estos corruptos al por mayor, quienes manejan los dos tercios del gasto de la nación.

La previsión de gasto para 2009, sumados los presupuestos autonómicos, es de 181.844 millones de euros, aunque la realidad no la sabremos antes de dos años, como denunciaba en julio Malo de Molina, porque la falta de transparencia de este modelo de estado corrupto hasta la médula es absoluta y total. Y mientras tanto, el país se enfrenta a un escenario deflacionista brutal con un paro que, en contra de las mentiras del INE, alcanzaba a septiembre una tasa del 19,3 % según Eurostat (4.438.000 desempleados), y un paro juvenil casi inimaginable: el ¡41,7%! Pero en todo caso, lo primero es saber quien despilfarra qué.

Presupuesto de gastos de las CCAA 2.009 (millones de euros)

Andalucia……….33.764 Castilla-La Mancha…… 9.399 Madrid…… 19.984
Aragón………….. 5.837 Cataluña………………. 30.251 Melilla…….
Asturias………… 4.494 Ceuta………………….. 262 Murcia……. 5.136

C.Valenciana……14.747 Extremadura…………. 5.789 Navarra….. 4.301
Canarias………… 7.667 Galicia………………… 11.792 País Vasco 10.498
Castilla-León……10.584 Islas Baleares………… 3.790 Rioja…… 1. 328

A la cifra inicial de 181.844 millones hay que añadir 80.500 millones de los Ayuntamientos. Esta suma lleva a un total de 264.344 millones de euros, una cantidad irrisoria comparada con los miserables 56.969 millones para financiar el funcionamiento España, es decir, departamentos ministeriales, incluyendo infraestructuras, y el resto del aparato del Estado, y excluyendo los gastos fijos de todos: intereses deuda pública, aportación UE, clases pasivas, servicio público de empleo, etc. Esto es lo que los padres de la Transición y una casta política corrupta y parasitaria ha hecho con nuestra patria: convertirla en un Estado residual inviable a medio plazo, algo que en cualquier país civilizado sería considerado alta traición.

En línea con ello, a junio 2009 la deuda viva de las CCAA ascendía a 82.000 millones de euros. Si tenemos en cuenta que su tasa de crecimiento se está acelerando, la deuda a fin de año será del orden de los 110.000 millones. Sólo la Generalitat había dilapidado a septiembre el endeudamiento de 5.000 millones previsto para todo el año. Y la financiación de éste despilfarro se realiza con bonos y créditos del sistema financiero, fundamentalmente las cajas locales, y aunque el BdE pueda conocer, que no controlar, lo primero, de lo segundo no tiene ni idea; la deuda real es muy superior a la oficial. Alertaba el viernes Eduardo Segovia en estas mismas páginas sobre el peligro de la deuda para el sistema financiero referido a la de España, pero si ésta es un peligro cierto, la de CCAA y Ayuntamientos es una bomba termonuclear.

Y el tema es peor aún. Nuestros gobernantes han ideado un sistema tan perverso que los anticipos a cuenta de CCAA y Ayuntamientos se fijan de antemano con arreglo a las previsiones presupuestarias, y si estas no se cumplen ¡no se pueden corregir!, por lo que no les afecta la caída de ingresos, son los del Estado los que absorben íntegramente la desviación presupuestaria. Por ejemplo, en el IVA, frente a una caída del 39%, las entregas a las Administraciones Territoriales aumentan un 23%, dando lugar a una disminución de los ingresos del Estado por este concepto del 53,9%.

Como consecuencia, las CCAA deben a lo que queda de España 26.000 millones de euros que recibieron de más, 6.000 en 2008 y una estimación de 20.000 en 2009, donde el descuadre de cuentas es el mayor de la historia de la hacienda española, lo que elevará la deuda oficial total a 136.000 millones a fin de año. Y 2010 será mucho peor aún. Andalucía, por ejemplo, de un incremento neto de deuda de 1.600 millones en 2009, Griñan pasa a 4.045 millones en 2010. Y así, mientras despilfarran el dinero a carretadas, la Justicia, la Policía o las Fuerzas Armadas no tienen ni para fotocopias y menos aún para el material imprescindible para proteger sus vidas, 22 soldados de España han muerto por ello.

En este engendro diabólico que pusieron en marcha los padres de las Transición aquella noche triste en de “café para todos”, sentando las bases de la desintegración de España, CCAA y Ayuntamientos realizan el 68 % del gasto y el 32 % la España residual, frente a un 30/70 en los Estados Federales.

En manos de ciegos y dementes
Luego las Entidades Locales cuyo presupuesto de gastos en 2009 es de 80.500 millones: 58.000 ayuntamientos, 7.300 diputaciones y cabildos y 15.200 diputaciones forales, que durante la época de las vacas gordas incrementaron el gasto estructural financiado con ingresos coyunturales en forma desmesurada, fundamentalmente el gasto de personal, que en seis años casi se duplicaría hasta los 660.000 actuales, los mismos que en los años 60 bastaban y sobraban para gestionar con infinitamente más eficacia que hoy, el conjunto de la nación española.

Cuando los ingresos se esfumaron, la primera medida ha sido incrementar brutalmente impuestos, tasas y multas, con alzas de hasta el 30 %, con Gallardón y Rita Barberá, los alcaldes estrella del PP a la cabeza, y cuya rapacidad habría hecho palidecer al sheriff de Nottingham. Subidas de impuestos cero decía Rajoy hace unas semanas. La segunda ha sido reducir al mínimo la inversión y los servicios a los ciudadanos, y finalmente el incremento de la deuda, todo antes que reducir el despilfarro o despedir a familiares y amigos, que han contratado a paladas sin el menor rubor.

La deuda a final de 2008 ascendía ya a 32.000 millones, casi toda a las cajas de ahorro, de los cuales la de ayuntamientos era de 26.120 millones y 5.900 las diputaciones. Y a esto hay que añadir una deuda de 8.000 millones más de las empresas municipales. Y la estimación 2009 es de 55.000 millones, debido al empeoramiento del déficit presupuestario previsto y a la nueva norma que permite la financiación de remanentes negativos de tesorería con deuda financiera. Y termino, se mire por donde se mire, las cuentas y la deuda pública simplemente no se sostienen, y pueden llevarse por delante el sistema financiero, los ahorros de los ciudadanos y la solvencia de la nación. Y mientras tanto, a Zapatero, el rey europeo del paro, lo que más le preocupa son los retos del mundo multipolar. ¿Hay algún economista en la sala?

(*) Roberto Centeno es catedrático de Economía de la Escuela de Minas de la UPM.

En nombre de Cataluña
En pleno debate sobre la corrupción en Cataluña, dos sondeos publicados ayer por «El Periódico» y «La Vanguardia» confirmaban el vuelco electoral que se produce a falta de un año para las autonómicas, fijando las opciones de Artur Mas. Ambos sondeos dan a CiU entre 55 y 58 escaños (ahora tiene 48), margen más que suficiente para gobernar. Las opciones del tripartito de izquierdas sufren un severo desgaste, especialmente importante en el caso de ERC. El PP, sin embargo, podría crecer hasta dos escaños.
À. GUBERN/M. ZARAGÜETA | BARCELONA ABC Cataluña  2 Noviembre 2009

Alusiones veladas, indicios nunca investigados, secretos a media voz, un «tres por ciento» que al final quedó en nada... para quien no quiso verla, en Cataluña nunca hubo corrupción. El saqueo de Marbella o la construcción en el Levante se han analizado desde este lado del Ebro como realidades ajenas, corrupción a la española, un modo de hacer nada catalán, se decía.

La discreción, una de las virtudes siempre atribuidas a la burguesía de aquí -«nada que ver con la ostentación madrileña, por no hablar de Valencia», se repetía por activa y por pasiva- servía a menudo para tapar la corrupción. Y cuando no bastaba la discreción se apelaba a un catalanismo que juzgó como agresión externa el «caso Banca Catalana», justificaba la financiación irregular de partidos o que incluso ahora descalifica a Garzón como «juez español».

Panorama de desvergüenza
El desfalco en el Palau de la Música -una de las señas de identidad del catalanismo cultural- y ahora el caso Pretoria -PSC y CiU implicados, corrupción transversal- dibujan un panorama de desvergüenza que, pese a lo que muchos piensan, tiene muchos antecedentes, no tanto en cuanto a corrupción urbanística, sí en el resto de modalidades del pillaje organizado.

En ocasiones se trataba de la financiación de partidos -«caso Filesa» (PSC), «caso Casinos» (CiU)-; en ocasiones en relación a personajes turbios como Javier de la Rosa, Piqué Vidal o Pascual Estevill; en otros casos, con espectro más amplio, como el caso Hacienda, ahora en fase de juicio. Figuras como Macià Alavedra y Lluís Prenafeta (hombres de confianza de Jordi Pujol) eran habituales del Palacio de Justicia, y aunque muchos a media voz los señalaban, no ha sido hasta la operación Pretoria que se han visto con los grilletes en las muñecas. Antes eran intocables.

Al margen de estos casos, y en relación con la corrupción urbanística, los precedentes son pocos. Uno de los más sonados salpicaba al gobierno de CiU a raíz del llamado caso «tres por ciento», destapado cuando en sede parlamentaria el entonces presidente Maragall acusaba a los nacionalistas de estar implicados en el cobro de la «mordida» habitual en la adjudicación de contratos. Las amenazas de Mas llevaron a Maragall a retirar la acusación, pero abrieron la puerta a la investigación de la Fiscalía. Se llegó hasta Adigsa -empresa pública de vivienda-, donde dos ex directivos y seis cargos se veían implicados en el escándalo por el cobro de comisiones ilegales.

En paralelo, en 2005, el ex alcalde de Tarragona Joan Miquel Nadal (CiU) salía salpicado por el caso «Terres Cavades». El equipo de gobierno presionó a 22 propietarios para vender sus terrenos y ser recalificados luego como urbanizables para doblar su valor. Hasta hoy el fiscal no ha presentado acusación. El abuso de poder y el tráfico de influencias se señala también en relación a Ferran Gombau, concejal Salou, que vendió una finca por 500.000 euros -la adquirió por 30.000- gracias a la modificación del planeamiento municipal.

En Cataluña, ni la desmemoria ni la discreción pueden tapar ya el escándalo de la corrupción.

EN CASTILLA LA MANCHA
Siete asociaciones de padres y profesores acuden al Defensor del Pueblo por EpC
El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha ha recibido una queja de siete asociaciones de padres y profesores de la región en la que denuncian la indefensión de los padres frente al "adoctrinamiento ideológico" de sus hijos a través de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC).
Agencias Libertad Digital 2 Noviembre 2009

Según ha informado este domingo "Educación y Persona" y "Educa en Libertad", dos de las asociaciones que se han quejado al Defensor, "después de que el Supremo sentenciara que la objeción de conciencia debe reducirse a casos extraordinarios y que no se debe utilizar EpC para adoctrinar, muchos padres han denunciado la indefensión en la que se encuentran frente a libros de texto, programaciones y profesores que hacen caso omiso a la neutralidad exigida por el TS".

Además acusan a la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha de, no sólo "consentir" esta vulneración de derechos fundamentales, sino también de "intervenir activamente" a través de publicaciones, materiales y cursos para profesores "con explícito carácter ideológico".

Además de "Educación y Persona" y la plataforma "Educa en Libertad", la queja ante el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha la firman la Federación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos de Albacete y Toledo, el "Foro Ciudad Real en Libertad", "¿Xqtecallas? Padres por el respeto y la libertad en la educación" y el Foro Español de la Familia de Cuenca.

En su escrito al Defensor del Pueblo, estas asociaciones solicitan su amparo para que exija a las autoridades educativas de la región que adopten medidas concretas que garanticen la libertad ideológica y religiosa y su derecho a decidir sobre la educación moral de sus hijos, "según establece la Constitución y Declaración Universal de Derechos Humanos".

Entre dichas medidas, destacan que debería velarse para que los padres reciban información puntual de la programación, materiales y actividades que configuran el bloque de contenidos de Educación para la Ciudadanía.

También proponen que "para los hijos cuyos padres no quieran que participen en tales clases o actividades se ha de prever una atención educativa adecuada según el principio de igualdad y no discriminación (artículo 14 de la Constitución) o, como quiere la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, que se atienda debidamente la diversidad".

Igualmente demandan al Defensor del Pueblo que inste a las autoridades educativas a supervisar los libros y materiales de Educación para la Ciudadanía y retirar de forma inmediata aquellos que vulneran el principio de neutralidad ideológica.

Y argumentan que, mientras el Tribunal Constitucional no dictamine sobre la aplicación del derecho a la objeción de conciencia, se deben adoptar las medidas oportunas para que se considere "en situación extraordinaria" a los padres que hacen objeción de conciencia y a los que ha presentado su queja, "para que puedan salir sus hijos de clase sin consecuencias académicas".

Un 53% de los catalanes a favor de los referéndums por la independencia
Redacción Minuto Digital 2 Noviembre 2009

El 53% de los catalanes consultados se muestra a favor de la convocatoria de referéndums y un 39% se posiciona en contra. La tendencia, marcada por Arenys de Mar, es validada por el derecho de la ciudadanía a manifestarse en las urnas aunque no es traducible en una posición favorable a la secesión.

El sondeo del Instituto Noxa, para La Vanguardia, destaca las posiciones de los ciudadanos políticos según su ideología: ERC (con un 86% a favor), CiU (un 60%) e ICV-EUiA (un 58%). El respaldo cae entre los votantes del PSC (un 44%) y se reduce entre los electores populares (un 20%).

¿Y quién rechaza taxativamente los referéndums? Los votantes del PP (un 71%), Ciutadans (un 67%) y PSC (un 48%). CiU e ICV también tiene un electorado que discrepa con las consultas independentistas: exactamente uno de cada tres electores.

Los sentimientos de identidad también se reflejan en el sondeo: “un 85% de quienes sólo se sienten catalanes y un 77% de aquellos que se sienten más catalanes que españoles respaldan la celebración de referéndums. En cambio, la mitad de quienes se sienten tan catalanes como españoles y en torno al 60% de aquellos que se consideran más o sólo españoles rechazan la realización de las consultas”, según destacan en La Vanguardia.
 

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Maite González: "Ahora en Logroño no necesitamos normalizarnos"
Tuvo que irse con su familia a la comunidad vecina por la presión lingüística en el País Vasco
www.lavozlibre.com  2 Noviembre 2009

Logroño.- "El cerco a los niños del modelo A ha ido incrementándose", asegura Maite González, quien tuvo que marcharse del País Vasco a Logroño con su marido y sus tres hijos pequeños. Ante la presión lingüística tuvo que emigrar a la comunidad vecina, donde escolarizó a sus hijos. "Ahora en Logroño podemos expresarnos libremente y somos una familia como las demás que no necesita normalizarse".

- Tiene tres hijos. ¿Han sufrido algún tipo de presión lingüística?
- Sí. Los matriculamos en el modelo A (el de castellano), por lo que también se produjo cierta presión inconsciente sobre ellos. No se puede obligar a sentir aprecio por una lengua. Puedes quererla y sentirte ligada a ella, pero en el momento en el que te fuerzan todo cambia. Es muy triste sentir esa presión sobre ti, mucho más cuando ves que tus hijos están también afectados.

- ¿Qué características tenía el centro en el que matricularon a sus hijos?
- Matriculamos a nuestros hijos en el colegio que nos pareció más adecuado para su educación. Un centro concertado, de ideario cristiano, disciplinado y con buenos resultados académicos… Pero en cuanto los inscribimos en el modelo A infinidad de personas nos dijeron que les estábamos cerrando muchas puertas. De hecho en este colegio el modelo A era bilingüe inglés-español, pero pese a ello nos manifestaban lo mismo.

"EL CERCO A LOS NIÑOS DEL MODELOS A HA IDO INCREMENTÁNDOSE"
- ¿Cómo se ha manifestado esa presión de la que habla?
- El cerco a los niños del modelo A ha ido incrementándose. Sin contar con los padres y faltando al contrato que firmamos con el colegio, el centro ha ido incrementando las horas de euskera y añadiendo asignaturas en dicha lengua. La dirección siempre nos ha manifestado que es por su bien, pero la situación es muy diferente. Mis hijos todavía son pequeños pero siempre han sacado muy buenas notas. El año pasado los tres terminaron el curso con sobresaliente en euskera, pero no creo que estén capacitados para adquirir conocimientos en esa lengua.

- ¿Se resintió de alguna forma el ritmo de aprendizaje de sus hijos al incorporarles asignaturas en euskera?
- Sí. Mi marido y yo nos dimos cuenta de que su evolución disminuía. No estamos dispuestos a consentir que dejen de asimilar conocimientos porque primero tienen que aprender el código en el que se les van a impartir. Todos los seres humanos no tienen la misma capacidad de aprendizaje. ¿Cuánto tiempo costaría a nuestros hijos aprender euskera para, después, poder entender Matemáticas, Lengua, Conocimiento del medio, Religión o Física? Por otro lado, los niños del modelo A evolucionaban mucho más rápidamente que los de los modelos B y D, y eso no podía consentirse. Así que falsearon los datos y comenzaron a decir que todos los niños evolucionaban a la par, lo que no era cierto en absoluto. De repente su ritmo de aprendizaje disminuyó. Si por ejemplo en tercero de Primaria ya escribían y leían con soltura, de repente les pusieron a dibujar y colorear, a cantar canciones en inglés o euskera, a jugar y poco más. En realidad, si las autoridades dijeron que en los tres modelos se evolucionaba igual fue porque se ralentizó el aprendizaje de los niños del modelo A, no por otra cosa.

- ¿Qué argumento dio el Gobierno regional para llevar a cabo este cambio?
- Desde el Departamento de Educación se dijo que era un experimento, lo que me indignó. ¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza? Mis hijos no son cobayas humanas. Si a ellos no les importa perder a una, dos o vaya usted a saber cuántas generaciones de niños vascos, a mi sí. Porque son mis hijos y no ratoncillos de laboratorio. Que experimenten con los suyos en vez de mandarlos a estudiar fuera del País Vasco.

- ¿Cuál ha sido su reacción?
- Mi marido y yo decidimos trasladar nuestro domicilio a Logroño. Él mantiene su trabajo en Vitoria por lo que cada día tiene que arriesgar su vida en la carretera. Eso por no hablar de los madrugones que tiene que pegarse. Ahora vivimos de alquiler. Hemos dejado en Vitoria nuestro piso, además de familia, amistades, pasado y recuerdos. No queríamos que experimentaran con nuestros hijos. Ahora, poco a poco vamos entablando nuevas relaciones y amistades.

- ¿Cómo han reaccionado sus hijos frente al cambio de ciudad y de colegio?
- Ellos están muy contentos. A los dos mayores les ha hecho mucha gracias estar en 3º B y en 4º B y hacen rabiar al pequeño, al que le ha tocado en suerte estar en 1º A. Ahora en Logroño podemos expresarnos libremente y somos una familia como las demás que no necesita normalizarse.

- ¿Qué conclusión extrae?
- Respeto a todo el que no piense o sienta como yo. Por supuesto no los hago de menos, pero deseo que se practique lo mismo conmigo y con los míos. Soy española, me gusta ser española, estoy muy orgullosa de mi país y de pertenecer a él. No quiero que nadie limite mi libertad de expresarlo y expresarme. Y, sobre todo, quiero que mis hijos tengan la posibilidad de sentirlo igual y de manifestarlo en nuestra maravillosa lengua, el español.
 

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