AGLI

Recortes de Prensa    Martes 10 Noviembre  2009

 

La hora de la sociedad civil
IGNACIO CAMACHO ABC 10 Noviembre 2009

EN tiempos de crisis intelectual o moral, que con frecuencia coinciden con recesiones económicas, la democracia se vuelve hacia la sociedad civil en busca de una respuesta capaz de generar nuevas esperanzas. El simple hecho de llamar sociedad civil a la que se organiza al margen de los partidos e instituciones denota una sensible desconfianza respecto de la clase política profesional, contemplada como una secta estamental que reproduce el papel de las antiguas dominancias militares o religiosas. Y no poco de sectario hay, en efecto, en su comportamiento colectivo, enfermo de corrupción y de ensimismamiento. Hace unos dias Joaquín Leguina reflexionaba con escepticismo sobre el tópico de que todos los políticos son iguales; para demostrar que no lo son, venía a decir, convendría que evitasen comportarse de forma sospechosamente similar en la defensa de sus vicios de casta.

El creciente proceso de desgaste o desprestigio de la política convencional que se viene observando en la sociología española debería propiciar un resurgimiento del protagonismo civil que activase la participación democrática; sin embargo, la articulación social al margen de las estructuras institucionales no pasa del estado abstracto porque los partidos y el poder han invadido el territorio político con una vocación excluyente. Incluso la eclosión de una emergente fuerza tercerista como la UpyD de Rosa Díez, que ilusiona a sectores urbanos desencantados de la partitocracia bipolar, se basa en la popularidad y el liderazgo de una figura del establishment fuertemente connotada de profesionalidad política. Las plataformas sociales, culturales o deportivas, los sindicatos y otras esferas asociativas están intervenidas por los poderes públicos a través de potentes redes clientelares y subvenciones diversas que coartan la independencia de su funcionamiento. De alguna manera, a lo largo de treinta años de democracia el poder tradicional se ha asegurado su hegemonía mediante la anulación de cualquier forma de autonomía civil y la subordinación a sus intereses de toda modalidad participativa.

Pero las encuestas son tercas: está creciendo el hastío ante la falta de respuestas. La versión más inane de la socialdemocracia coincide con el momento más lánguido de la derecha liberal, y en esa encrucijada de incapacidades la democracia necesita una válvula de escape para no caer en las tentaciones del populismo. La única vía posible es la de la llamada sociedad civil: foros, plataformas o tribunas de reflexión que escapen del sectarismo y propicien un rearme político y moral de la exigencia ciudadana. Para las clases urbanas, para los cuadros profesionales o intelectuales refugiados en el individualismo, es la hora de volver al debate público y rescatarlo de la esclerosis si no queremos que esa queja creciente languidezca en una pasiva renuncia conformista.

Franquismo
El murito de ZP
José García Domínguez Libertad Digital 10 Noviembre 2009

Qué habilidad esa tan suya para trivializar hasta el oprobio cualquier expresión de grandeza verdadera o de genuino dramatismo. Ahora, acaba de plantarse tras el extinto telón de acero con tal de propalar entre sus reclusos que el franquismo, "nuestro muro propio", supuso algo similar a la URSS del Gulag. Una necedad de calibre equiparable a aquella que cometió con la madre de Irene Villa, cuando sacó del baúl de la Piquer al abuelito de marras. Y un murito, ese doméstico, contra el que tanto debió luchar que ni siquiera sabe cuándo fue demolido. Así, según el cancerbero mayor de la Memoria Histórica, al caer el de Berlín, "España llevaba desde el año 1975 en un periodo de libertad y democracia". Y eso que algunos creíamos haber militado en la clandestinidad hasta el 9 de abril de 1977, día en que Suárez legalizó el matrimonio de conveniencia PCE-PSUC.

Sin embargo, Zapatero ya se sintió hombre libre y pájaro cantor mucho antes, con Arias Navarro ocupando la Presidencia del Gobierno y Juan Luis Cebrián dirigiendo los informativos de la televisión del Régimen. O sea, en pleno franquismo sin Franco, cuando Solzhenitsyn vino a España para explicar cómo se sobrevivía tras el auténtico Muro. Revelación que despertó la santa ira de la progresía, por cierto. Recuérdese: "¿Saben ustedes lo que es una dictadura? Los españoles son absolutamente libres de residir en cualquier parte y de trasladarse a cualquier parte de España. Nosotros, los soviéticos, no podemos hacerlo. Estamos amarrados a nuestro lugar de residencia por la propiska (registro policial). Las autoridades deciden si tengo derecho a marcharme de tal o cual población. También he podido comprobar que los españoles pueden salir libremente de su país para ir al extranjero. En nuestro país estamos encarcelados".

"Paseando por Madrid y otras ciudades, he podido ver que se venden en los kioscos los principales periódicos extranjeros. ¡Me pareció increíble! Si en la Unión Soviética se vendiesen libremente periódicos extranjeros, se verían inmediatamente decenas y decenas de manos tendidas y luchando por procurárselos. También he observado que en España uno puede utilizar libremente las máquinas fotocopiadoras. Ningún ciudadano de la Unión Soviética podría hacer una cosa así. Cualquiera que emplee máquinas fotocopiadoras, salvo por necesidades de servicio y por orden superior, es acusado de actividades contrarrevolucionarias".

Suficiente para que un airado zapaterista avant la lettre, Juan Benet, bramara: "Yo creo firmemente que, mientras existan personas como Solzhenitsyn, subsistirán y deben subsistir los campos de concentración". Fue hace 33 años, pero no han cambiado ni una coma de su dogmatismo: el murito progre, incólume, sigue en pie.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Toca reducir gastos
La presión de Europa y el temor a la reacción de los mercados exige un plan de austeridad
EDITORIAL El País 10 Noviembre 2009

El crecimiento explosivo del déficit empuja inevitablemente al Gobierno a considerar políticas de reducción del gasto público. El Ministerio de Economía teme que los mercados retiren la confianza en las emisiones españolas de deuda si se prolonga el desequilibrio de las cuentas públicas; y pesa el miedo a no cumplir la exigencia de reducir el déficit, que este año estará en torno al 10% del PIB, al 3% en 2013. Ése es el plazo máximo que concederá hoy Bruselas a España, Reino Unido, Irlanda y Francia para cumplir con la exigencia de estabilidad presupuestaria. El plan económico financiero 2010-2012 recoge estos temores con propuestas para recortar el gasto público. Sugiere limitar el aumento salarial de los funcionarios, restringir la oferta de empleo público, obligar a todos los ministerios y empresas públicas a presentar un plan de austeridad y eliminar organismos públicos. Éste es casi todo el grado de detalle que ofrece el plan. En una primera impresión no parece que se trate de un ajuste radical del gasto

La crisis económica resalta el desequilibrio histórico de la Administración. En el Gobierno hay inflación de vicepresidencias, con el agravante de que su poder de coordinación es muy escaso; sobran algunos ministerios, que apenas alcanzarían el nivel de secretarías de Estado en una organización más racional, y faltan centros de poder ministerial en asuntos vitales para el buen funcionamiento económico, como la energía. Sobre todo, proliferan los organismos públicos de utilidad más que dudosa para el ciudadano.

Es cierto que el grueso del gasto público no está ahí, sino en las pensiones, los costes del paro, la sanidad, el servicio de la deuda y la financiación autonómica. En épocas de elevado desempleo y de ansiedad por la pérdida de la renta familiar, los gastos sociales no deben recortarse. Pero sí es deseable imponer un recorte del gasto a los Gobiernos autónomos. En medio de la recesión más grave de la democracia, todavía hay autonomías que proponen para 2010 aumentos presupuestarios, como si no estuvieran obligadas a moderar el déficit para ayudar a que el Estado reduzca el suyo. Tampoco parecen dispuestas a devolver al Estado el exceso de dinero que han recibido una vez contabilizada la caída de ingresos públicos. La Administración central apenas decide hoy sobre el 25% de los recursos de la nación; y aplicando ajustes a ese 25% no se consigue reparar las cuentas de todo el país.

La inversión de valores en la justicia
Javier Hernández y Alejandro Saiz El País 10 Noviembre 2009

Algunos acontecimientos de los últimos días y, sobre todo, las reacciones públicas y publicadas sobre las actuaciones judiciales en los ya conocidos como casos Palau y Pretoria, en particular sobre los modos y las decisiones cautelares adoptadas, hacen necesarias algunas reflexiones. Ambos casos constituyen, pese a sus notas divergentes, un episodio más de un estado de cosas preocupante, muy preocupante, mediante el que se ha transformado, adulterándolo, el momento de la justicia. Intentemos explicarnos.

Desde hace ya bastante tiempo, la instrucción sumarial parece haberse convertido en nuestro país en el espacio donde se ventila y se decide acerca de la inocencia o culpabilidad de los ciudadanos. De forma simultánea a la producción de las fuentes de prueba, incluso cuando éstas se obtienen mediante los medios más injerentes en los derechos fundamentales, la sociedad toma puntual conocimiento de conversaciones telefónicas, de anotaciones en agendas privadas, de datos fiscales, bancarios o clínicos de personas inculpadas o protoinculpadas. Casi a diario, la prensa y la televisión nos suministran las fotografías e imágenes de personas -que siguen gozando de la presunción de inocencia hasta que ésta se destruya judicialmente- detenidas y esposadas, arrastradas, con frecuencia, entre una multitud que desea, gritando, la aplicación de la ley... de Lynch 250 años después.

Diariamente participamos como espectadores impasibles de un proceso de inversión de valores constitucionales, de absoluto desprecio por el derecho fundamental a la presunción de inocencia. El inculpado es culpable y al juez de instrucción se le exige que se comporte como un agente ejemplificador. Algún dirigente político ha llegado a verbalizar contundentemente la conveniencia de este comportamiento. Parece no existir espacio racional para la inocencia. El juicio oral es un horizonte lejano, en muchas ocasiones demasiado lejano, y disfuncional. ¿Por qué debe esperarse a que un tribunal en condiciones contradictorias y con plenitud de garantías para la defensa decida que alguien es culpable si todos sabemos y hemos comprobado (lo hemos visto y leído) que lo es desde hace muchos meses?

Convertir la fase previa del proceso penal en una suerte de casa de cristal no es un valor democrático ni una garantía de transparencia de la justicia. Es, llanamente, una inversión gravísima de nuestro sistema de valores. La mayoría de los países de nuestro entorno -con el respaldo explícito de una consolidada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- ha previsto rigurosas reglas que limitan la interferencia mediática en el proceso instructorio cuando se pone en intenso peligro la presunción de inocencia, castigando, incluso penalmente, a aquellos agentes públicos y privados que las desconocen. Y lo han hecho, precisamente, para garantizar los valores qu

edeben regir en una sociedad democrática avanzada. Confiar en que un tribunal independiente e imparcial, después de un proceso justo y equitativo, es el único que tiene la legitimidad para privar a un ciudadano de su libertad era el sueño de Beccaria, y lo fue también de los revolucionarios que a ambos lados del Atlántico reaccionaron contra "la justicia del Rey". Es triste que siga siendo un sueño más de dos siglos después.

En el actual estado de cosas, es coherente que no nos resulte estremecedor, que consideremos normal, por cotidiano, leer las transcripciones de intervenciones telefónicas declaradas secretas o las cartas ocupadas en un registro donde se vuelcan sentimientos e intimidades, o fotos o imágenes de personas esposadas. La dignidad humana de quienes padecen estos comportamientos se ve degradada hasta unos extremos inaceptables. ¿Qué queda de aquélla como fundamento del orden político y de la paz social, tal y como la quiso el constituyente (artículo 10.1 CE)? Es coherente que no nos escandalice que un buen número de ciudadanos inocentes estén sometidos a la pesadilla del proceso (mediático) perpetuo, a la acusación sin defensa, a que día tras día su presunción de inocencia se ignore de forma deliberada. Todo vale, todo lo exige el nuevo tempo de la justicia. Todos deben cumplir el papel asignado. En este contexto, en esta recreada ilusión de acceso inmediato a la verdad, liberada de todo rito, de todo límite de sustancia, es muy lógico que escandalice que un juez de instrucción no ordene la prisión provisional del culpable, del muy culpable, y que, en lógica consecuencia, se avale y se enaltezca que otro juez de instrucción la decida.

La prisión provisional en este nuevo momento de la justicia no es, desde luego, concebida por la sociedad como una medida cautelar, sometida, por esencia, a fuertes restricciones constitucionales de aplicación, sino como el castigo, el justo castigo ya socialmente decidido. Sorprende que pueda generar mayor debate público y mayor reproche que un juez no decida la prisión provisional en un caso de relevancia mediática a que un juez pueda haber ordenado la intervención de las comunicaciones entre un inculpado y su letrado, sin que conste en la causa (al menos de cuanto ha trascendido) dato que permitiera pronosticar que el segundo podía formar parte del círculo de los presuntos responsables criminales del delito que se investiga.

No conocemos los detalles de los casos Palau y Pretoria ni los porqués de la actuación del juez de instrucción de Barcelona, en el primer supuesto, ni del juez de instrucción de la Audiencia Nacional, en el segundo, pero la aparente contundencia de este último no puede implicar la ausencia de contundencia o debilidad en el primero. El problema radica en la unidad de medida que se utilice. Cuando se trata de medir o de comparar dos actuaciones judiciales en procesos con elementos de cierta proximidad por todos conocidos, el parámetro que debe tomarse en cuenta, en particular cuando están en juego derechos fundamentales, no es el grado de empatía social que merece una u otra, sino el nivel de adecuación de cada una a los valores y límites de sustancia constitucionales a los que debe responder, en un Estado como el nuestro, el ejercicio del poder público.

Y por ello, también la terrible puissance de juger. En ocasiones, decisiones que llaman la atención por el rechazo que suscitan en ciertos ámbitos políticos, sociales y hasta judiciales, permiten visualizar de manera mucho más evidente la trascendencia constitucional de la función del juez como garante de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, también de los que se sospecha -ni más ni menos, pero sólo eso- que han cometido un ilícito penal.

Desconocemos cuál será el devenir de ambos procesos, el tiempo de desarrollo de cada uno de ellos y las consecuencias finales, pero sí estamos en condiciones de afirmar que la decisión del juez de Barcelona -sin perjuicio de los necesarios márgenes de crítica pública legítima en un Estado democrático, y sin tomar en consideración otras actuaciones de su instrucción- ha tenido un valor simbólico muy especial: en condiciones de altísima presión mediática y social ha dejado claro que la instrucción no es el momento del castigo y que la sentencia, ya dictada por aquellos que todo lo vuelven transparente, menos el lugar de donde procede dicha transparencia, no será ejecutada en sus propios términos.

Y ello debería constituir, también, un indicativo muy valioso para medir la contundencia de la actuación judicial, la contundencia constitucionalmente exigible a los jueces.

Javier Hernández García es magistrado en la Audiencia Provincial de Tarragona y Alejandro Saiz Arnaiz es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra. Firma también este artículo Roser Bach Fabregó, magistrada.

Aristóteles y los piratas
José María Ruiz Soroa El País 10 Noviembre 2009

A los argumentos que son verdaderos razonamientos se responde destruyéndolos, y a los que son sólo aparentes haciendo distinciones", decía Aristóteles en sus Argumentaciones Sofísticas. Y en este momento parece que estamos en España atrapados en una trampa sofista: todos queremos que los piratas somalíes vuelvan a África para que nuestros compatriotas estén más seguros, pero hacerlo violaría las reglas de nuestro Estado de derecho que es lo que más vale para nosotros. De forma que nosotros mismos nos estaríamos prohibiendo hacer lo que legítimamente más deseamos.

Necesitamos distinciones, está claro. Y la distinción que puede sacarnos del embrollo es separar adecuadamente el mundo jurídico interno y el internacional marítimo; distinguir entre la jurisdicción como manifestación del Estado de derecho y la jurisdicción como fruto de una decisión libre y arbitraria de un concreto Estado. Porque, verán, creo que nunca se ha comprendido adecuadamente lo que la Armada española hace en el Índico, que no es defender el Estado de derecho (al que para nada afecta lo que allí suceda) sino defender el derecho de nuestros navieros al libre uso de los mares. Defender un interés material concreto y tangible, no el Derecho en general. Y precisamente por ello, esa defensa puede reflejar la conveniencia y el egoísmo del interés nacional en una forma que no estaría permitida por el Estado de derecho si se tratase de delitos internos. La razón de Estado, un concepto tabú ante los tribunales de justicia, puede en cambio operar cuando se trata de los piratas en alta mar.

Lo que dice el Derecho del Mar. En realidad, los textos normativos básicos en la materia, el Convenio N.U. de Derecho del Mar de 1.982 (art. 105), y antes el Convenio de Ginebra sobre el Alta Mar de 1.958 (art. 19) lo proclaman con nitidez para quien quiera verlo: los Estados (sus buques de guerra) no están obligados a perseguir a los piratas, ni a apresarles, ni a juzgarles si les apresan. Pueden hacerlo, si quieren (art. 105), pero no están obligados a ello. Pueden apresarles o dejarles correr, pueden juzgarles una vez apresados o pueden liberarlos a su conveniencia. La jurisdicción es aquí un poder opcional, no un atributo obligatorio de un Estado de derecho ya existente. Es un poder que se ejerce o no según interese al Estado concernido, aunque si se ejerce deberá hacerlo con respeto a las reglas del due process y del respeto a los derechos del acusado.

La diferencia entre uno y otro caso de ejercicio de la jurisdicción es pasmosa, tan pasmosa que nos resistimos a verla: la idea de una jurisdicción que se ejerce o no a pura conveniencia del poder estatal es tan repugnante para un Estado de derecho constituido en su ámbito normal de autoridad, que pensamos que no puede existir algo así. Pero existe, y el de los piratas en alta mar es un caso concreto.

Equívoco: la fragata captura, la Audiencia procesa. Pues bien, nuestra Administración y nuestros Tribunales no han captado esa distinción, y por ello han aplicado mecánicamente las reglas internas a un supuesto que no caía bajo ellas. La fragata podía capturar a los dos piratas, pero también no hacerlo. Podía capturarlos y luego liberarlos en la costa. O no. El Estado español podía libremente (¡sí, a su conveniencia!) no traerlos a España, no juzgarlos, no entregarlos a los tribunales. No se trata de justificar un "espacio Guantánamo", pero sí de reconocer que en este ámbito de la piratería el Estado es libre de juzgar o no juzgar. Por eso precisamente, porque su jurisdicción deriva sólo de su voluntad para ejercerla y está a su disposición, ha podido celebrar un acuerdo con un tercer país como Kenia para entregarle a los sospechosos que quiera. ¿O es que podría hacer tal cosa con los que delinquen en Sevilla o Bilbao?

Si miramos la jurisdicción desde esta nueva perspectiva, como una facultad que se usa a conveniencia, tendremos que admitir que no existe ningún obstáculo serio para abandonarla cuando ello convenga. Al igual que pudimos juzgar o no, podemos ahora seguir con el juicio o no. Es la razón de Estado la que manda, no el Estado de derecho, que en nada sale perjudicado ni tocado se haga lo que se haga. Comparar este caso con los chantajes de ETA carece de sentido, porque aquí no está en juego un valor superior que el propio interés de España (de los españoles).

La conexión prevalente se vuelve dañina. Se escucha en nuestro derredor el argumento de que en este caso, dado que se ha atentado contra buques y personas españolas, hay una conexión prevalente que hace obligatoria la competencia judicial patria (art. 25.4 LOPJ); pero es un argumento que también se ha vuelto sofístico. Pues, ¿cómo podría ser que una conexión pensada para proteger el interés de unos compatriotas trabaje de hecho en contra suya? Porque el discurso suena algo así como: debemos retener la jurisdicción porque el ofendido es español, a pesar de que el interés de ese español es que renuncie a ella. Preciosa aporía, digna del mejor Gorgias.

La solución del enredo sólo requiere decir el discurso con las diferencias que su propia naturaleza reclama. Y, cómo no, también un poco de sentido común y buena voluntad. Que no tendría por qué escasear.

José Mª Ruiz Soroa es abogado.

Nuevos déspotas travestidos de demócratas
Francisco Rubiales Periodista Digital 10 Noviembre 2009

Al conmemorarse el 20 aniversario de la caída del Muro de Berlín, conviene saber que muchos déspotas, muy parecidos a los comunistas derrotados, están gobernando nuestras democracias, tras haberse camuflado y travestido con trajes de demócratas.

La política mundial está empezando a ser dominada por un espécimen nuevo y letal, el de los nuevos déspotas travestidos de demócratas. Tienen una clara vocación autoritaria, pero les gusta vestir su liderazgo con la legitimidad que confiere el voto popular. Han asimilado la lección histórica de que las masas no toleran la tiranía, pero saben que, debidamente camuflada, esa tiranía puede avasallar y pervivir. Se declaran demócratas y, aparentemente, aceptan la democracia como terreno de juego, pero la manipulan, la pervierten y la utilizan en beneficio propio. En realidad son depredadores totalitarios, pero bien disfrazados de demócratas fervientes, actúan como prestidigitadores y son expertos en demagogia y otros trucos que le sirven para ocultar su verdadera naturaleza ante el ciudadano. Están floreciendo por doquier, en África, en Asia, en América y hasta en la vieja Europa que inventó la democracia, y amenazan con convertirse en la peor pesadilla política del siglo XXI.

Odian a los ciudadanos libres porque reflexionan, son exigentes, tienen criterio y resultan peligrosos. Por eso los exterminan poco a poco y los sustituyen por masas incultas y por grupos fanatizados y sometidos, entrenados para defender sus colores políticos con pasión y sin lógica. Han descubierto que la educación, bien manipulada y desprovista de eficacia, predispone para la esclavitud y, en consecuencia, están convirtiendo las escuelas públicas en fábricas de corderos. Así consiguen que su poder se sostenga, no sólo sobre la legalidad manipulada, sino también sobre el miedo y sobre pandillas peligrosas de ciudadanos descerebrados que les defienden y votan fielmente.

No creen en la división de poderes y, desde el poder Ejecutivo, manipulan y controlan el Parlamento y la Justicia, pero los muy hipócritas afirman en público que los poderes tienen que ser independientes y libres.

Obsesionados por el control del poder a toda costa, utilizan la mentira y el engaño sin límites. Su estrategia de poder les lleva a utilizar demasiadas veces la palabra "democracia" en sus discursos, para sólo lo hacen para esconder su alma autoritaria y su cinismo.

Son perfectamente capaces de aplastar al enemigo sin ni siquiera sentir remordimiento, pero prefieren comprar con dinero público al adversario porque han aprendido que crear mártires, a la larga, es peligroso.

Utilizan el dinero público como si fuera propio y siempre terminan endeudando a sus países hasta límites insoportables y ruinosos. Reparten el dinero entre los amigos y premian con monedas el sometimiento y el servilismo. Son hábiles creadores de clientelismo y dependencia, exterminadores de la libertad y del libre albedrío. El erario público les sirve para afianzar su poder, comprar voluntades y corromper, políticas que siempre se traducen en debilitamiento de la sociedad, hundimiento de los valores, pérdida de competitividad y retroceso económico. Los fondos públicos son también utilizados para ganar votos, pero encubren esa nefasta política con palabras engañosas y programas falsos: igualdad, ampliación de derechos, lucha contra la crisis, defensa del Estado... y, sobre todo, "progreso", la palabra mágica de la nueva especie política depredadora.

Algunos de ellos se sienten tan seguros que se atreven, incluso, a modificar los padrones electorales y a conceder el derecho al voto a los ciudadanos extranjeros partidarios de su proyecto. Los más salvajes y gorilas están dispuestos, incluso, a alterar los resultados electorales, pero esa "fechoría", por el momento, sólo es posible en países tercermundistas, muy dominados y degradados.

Conscientes de que el control del poder Judicial es vital para que sus desmanes estén dentro del marco legal, intervienen la Justicia en nombre del pueblo, violando así la esencia de la democracia, y procuran realizar ese atentado en coalición con otros partidos políticos, para demostrar a la ciudadanía que el sometimiento de jueces, magistrados y tribunales es una práctica legal.

El dominio de las fuerzas armadas es vital y lo consiguen eliminando en la milicia el sentido del honor y del deber, sustituyéndolo por el sometimiento a lo que llaman "la voluntad popular", que no es otra cosa que la voluntad y los intereses de ellos mismos y de sus aliados.

La sociedad civil es corrompida primero y después ocupada, maniatada y castrada, hasta dejarla casi en estado de coma. Los santuarios vitales de esa sociedad civil que, en democracia, debe ser independientes y servir de contrapeso al poder del Estado, son sistemáticamente controlados: colegios profesionales, sindicatos, organizaciones patronales, universidades, asociaciones, religiones, medios de comunicación, fundaciones, cajas de ahorros y hasta empresas.

Se sienten tan seguros y dominadores que hasta renuncian a la austeridad que caracterizaba a sus predecesores del "socialismo real". No tienen miedo de exhibir ante sus pueblos, generalmente empobrecidos y asustados, lujos, confort y privilegios que consideran con descaro atributos del poder.

Una de sus obras maestras es haber creado una clase empresarial parásita y dependiente del Estado, cuyos dirigentes les votan y se hacen millonarios al servicio del poder político.

Pero su verdadera obra de arte ha sido el control de los medios de comunicación, a los que necesitan para vestir de legitimidad sus dictaduras camufladas y obscenas. Con el dinero del Estado prefieren comprar medios de comunicación que periodistas porque saben que los periodistas suelen someterse y autocensurarse voluntariamente. Con los grandes medios de su parte, sobre todo con la televisión, el medio que más influye en los imbéciles, utilizan abiertamente las nuevas tecnologías, la psicología, el marketing y la sociología política para engañar, sojuzgar y envilecer.

Voto en Blanco

DENUNCIA DE LOS EMPRESARIOS
El Gobierno adoctrina a los jóvenes en EpC: empresa "mala", estado "bueno"
Las enseñanzas económicas de Educación para la Ciudadanía (EpC) son, como mínimo, "sorprendentes". La asignatura enseña a denostar la figura del empresario mientras que los manuales encumbran al gobierno. AMEF recoge en un documento algunas de estas "falacias del desconocimiento".
Manuel Llamas Libertad Digital 10 Noviembre 2009

El estado es bueno, el empresario malo. Con esta frase se podría resumir las enseñanzas que recoge Educación para Ciudadanía en España. Los alumnos de Secundaria aprenden a denostar la figura del empresario y la empresa, mientras que el Estado es encumbrado como un ente protector de los más débiles en los principales manuales de esta nueva asignatura.

La Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF) ha elaborado un documento bajo el título Educación para la Ciudadanía: Las falacias del desconocimiento, en el que recoge algunas de estas perlas de la formación económica en el vigente sistema de enseñanza pública.

"Es un hecho difícilmente rebatible que se está constantemente transmitiendo a la sociedad una imagen falseada y anacrónica de lo que es una empresa y de los que son los empresarios. Según todas esas leyendas que se transmiten en muchos medios y en casi todos los colegios de España, la empresa y el empresario son poco menos que la reencarnación, bajo nueva vestimenta, del mismo demonio. Para esa literatura tan extendida, el empresario es, en esencia y por esencia, malo", indica el informe.

Un ejemplo claro de esas "leyendas" pueden encontrarse en las citas recogidas de los libros de texto que estudian los niños y adolescentes españoles en segundo de educación secundaria (14 años). "Son verdaderamente sorprendentes", alerta AMEF.

1. Editorial ANAYA
Página 90: "El poder político es el poder supremo que, en una sociedad, decide, de manera obligatoria para todos, lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse".

Página 104: "El Estado como red se seguridad [...] A lo largo de la vida podemos tener contratiempos inesperados. Para hacer frente a esas situaciones, un verdadero Estado de bienestar debe cumplir una función similar a la de la red de seguridad que suelen usar los trapecistas en el circo: en caso de que caigamos en algún momento de nuestras vidas, debe impedir que nos estrellemos".

2. Editorial SM
Página 143: "[...] Por desgracia, el derecho al trabajo no significa que todas las personas tengan asegurado un puesto de trabajo, sino que los Estados deben de hacer todo lo posible para lograrlo".

"Durante siglos, apenas hubo regulaciones en el trabajo. Los horarios eran muy largos, no había vacaciones pagadas, ni jubilaciones. El que contrataba podía exigir lo que quisiera. Siempre había un trabajador dispuesto a hacer lo mismo por menos dinero".

"Los sindicatos, que son las organizaciones de trabajadores para la defensa de sus derechos, han tenido mucha importancia a la hora de conseguir algunas mejoras. Los sindicatos luchan por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores".

Página 153: "Las empresas multinacionales de los países desarrollados trasladan sus industrias a países con mano de obra barata y en los que hay menor protección de los trabajadores. De esta forma, obtienen mayores beneficios a costa de las condiciones laborales de los trabajadores de estos países".

Las alternativas: "En el año 2001 tuvo lugar la primera reunión del Foro Social Mundial en Porto Alegre [...] Algunas de sus propuestas son: fomentar el comercio justo, perdonar la deuda externa de los países menos desarrollados, invertir en los países del Tercer Mundo, disminuir el gasto militar. Esto permitiría a los países más desarrollados destinar el 0,7% del PIB a políticas de solidaridad con los países en vías de desarrollo".

3. Editorial MC GRAW HILL
Página 73: "[...] la inmensa mayoría de la población era esclava de sus necesidades y no le quedaba más remedio que aceptar las condiciones laborales que le imponían los dueños de las fábricas, los talleres y las otras fuentes de riqueza".

Página 139: "[...] si los servicios públicos dependieran exclusivamente del capital y la buena voluntad de las personas particulares o de las empresas privadas, probablemente, un gran número de ciudadanos nos veríamos privados de determinados bienes comunes".

"¿Por qué? Porque en la mayor parte de los casos, tanto las personas particulares como las empresas privadas atenderían preferentemente a sus beneficios económicos [...] En la sociedad del bienestar, como es natural, los servicios públicos no cesan de incrementarse".

Página 209: "¿Qué es el neoliberalismo económico? Es una teoría económica que defiende la libertad absoluta del mercado. Es decir, que sostiene que tanto en las relaciones laborales como a la hora de vender y comprar hay que regirse exclusivamente por la ley de la oferta y de la demanda".

"Esta teoría resulta funesta para las economías más débiles, para los obreros en general ¿Por qué? Porque casi todos los países son más las personas que quieren trabajar que los puestos de trabajo disponibles: por lo tanto, el trabajo es escaso".

"¿Y qué ocurre cuando el trabajo es escaso? Que por la ley de la oferta y la demanda, los salarios tienden a bajar. En consecuencia, el neoliberalismo económico, en principio, perjudica a todos los trabajadores, pero sobre todo a las mujeres trabajadoras".

Página 236: "¿Has oído la palabra deslocalización? Como sabes, debido a la globalización, el capital y las mercancías circulan libremente por todo el mundo [...]

¿Para qué lo hacen las empresas? Para obtener mayores ganancias, pues en los países de menor nivel económico los salarios son más reducidos, la legislación suele permitir jornadas más largas y los obrero son menos reivindicativos".

"Esta situación perjudica extraordinariamente a los trabajadores de los países desarrollados. ¿Por qué? Porque si las empresas se van aumenta el paro y, porque ante esta posibilidad, se ven obligados a moderar y reducir sus reivindicaciones, conformarse con salarios más bajos, e incluso a veces, a renunciar a ciertos derechos que tenían adquiridos con anterioridad".

4. Editorial OXFORD
Página 81: "D. Ramón era el dueño de una de las más importantes fábricas de papel del país. Debido a su avaricia por ganar dinero, no le importó que su fábrica contaminara el río sobre el que se asentaba, lo que provocó un vertido tóxico en el agua que llevó a la muerte a muchos peces y a la intoxicación de otros animales debido al consumo de agua y pescado contaminados. Quedaron afectadas gravemente las riberas, la fauna doméstica y salvaje, e incluso la atmósfera, por evaporación. D. Ramón conocía todo lo ocurrido y no le causaba la menor preocupación [...]".

Imagen "falsa" del empresario
Ante estas lecciones, AMEF señala que "casi nada de la verdadera esencia de lo empresarial tiene que ver con esa pintura gruesa, estereotipada y falsa que se hace de empresas y empresarios en los libros de texto de Educación para la Ciudadanía. Pintura que es la que los niños de nuestro país están aprendiendo, de forma descarada, en los colegios".

Todo eso es, en el peor sentido de la palabra, “literatura” o, si se prefiere, “ficción literario-sociológica”. La entidad recuerda que el empresario y la empresa "no están emparentados con el depredador, como tan machaconamente se insiste y tan irresponsablemente se repite en los libros de Educación para la Ciudadanía, sino que sus verdaderos ancestros son otros: el explorador, el inventor, el descubridor científico o el creador artístico".

Y es que, "también el empresario es un inventor de posibilidades, que crea e inventa, casi siempre, en soledad, sin que el entorno social entienda sus anhelos, y entre grandes dificultades de toda índole".

Además, la empresa es una "institución que cumple importantísimas funciones sociales, como crear puestos de trabajo, posibilitar el desarrollo profesional de los trabajadores, ascí como ser una "fuente importantísima de impuestos y contribuciones sociales que ayudan a mantenerse al Estado. El Estado ni genera dinero ni ahorra, se sustenta por lo que obtiene de ciudadanos y empresas".

Al contrario de los que se enseña son las "empresas y los empresarios, en su fuerza para multiplicarse, crearse y destruirse, las que impulsan la vitalidad de las sociedades. Y toda esa multiplicación se vuelve casi imposible cuando el multiplicador es uno y único: el Estado", añade.

Sin embargo, según AMEF, "nada de todo eso se explica o se cuenta en los colegios españoles. Lo único que se hace es seguir expandiendo falsos estereotipos que se venden como ideas, y que no sólo están congeladas en el pasado, sino que están muy poco sustentadas por los hechos. Son esencialmente ideológicas y falsas".

Esas simplezas lo único que consiguen es "paralizar y anestesiar los ojos y las mentes de las personas, especialmente de nuestros jóvenes", denuncian los empresarios familiares de Madrid. Lo que está haciendo el Gobierno con esta asignatura es "crear mentes dogmáticas y destruir el verdadero espíritu crítico".

El castellano se cuela en los institutos con los libros digitales
ESTHER ARMORA | BARCELONA ABC 10 Noviembre 2009

El temor, por parte de algunos profesores y de los sectores nacionalistas (CiU), de que el castellano regresara a las aulas con el uso de los libros digitales no eran infundados. Varios institutos de los cerca de 170 que han estrenado este curso el formato «on-line» reconocen abiertamente que los alumnos inmigrantes que tienen problemas con el catalán «se pasan al castellano para resolver las dudas que les surgen». Más allá de matices políticos, estos centros ven en este formato bilingüe «ventajas» objetivas para favorecer la integración del alumnado extranjero.

Los profesores admiten también que gran parte de estos estudiantes utiliza el español para hacer los deberes en casa «por que es la única lengua que dominan». El Instituto de Educación Secundaria (IES) Segur de Calafell (Tarragona) es uno de los centros que opta por el formato dual (castellano/catalán). Teniendo en cuenta que más del 30% de los matriculados en el IES son suramericanos, puede intuirse que el uso del castellano, lengua hasta ahora desterrada de las aulas catalanas, no es nada desdeñable.

Una «muleta» provisional
Dolors, profesora de física y química del citado instituto, considera «positivo» el hecho de que los recién llegados tengan la «muleta» del castellano durante algún tiempo para acostumbrarse al catalán. Reconoce que la lengua vehicular es la autonómica, aunque «hacer la transición en las dos lenguas oficiales permite mejorar los resultados».

«El aprendizaje en una lengua no debe forzarse», dice Dolors. Tanto ella como profesores de otros centros en los que se ha puesto en marcha el formato digital tienen claro que la lengua de uso en las clases, en líneas generales, debe ser el catalán, aunque son conscientes de que el uso del castellano en las casas «se escapa a todo control». «Estoy convencida de que muchos estudiantes usan en casa la versión castellana», indicaron a ABC portavoces del IES Lluis de Peguera de Manresa.

Un «mapa de la memoria» recordará a las víctimas de ETA en el País Vasco
ABC MADRID 10 Noviembre 2009

El Departamento del Interior del Gobierno vasco va a impulsar el «mapa de la memoria», una iniciativa que pretende «marcar todos los puntos de Euskadi donde la lacra terrorista ha dejado su estela de dolor y destrucción». Así lo anunció ayer su titular, Rodolfo Ares, en su afán de restituir la dignidad de las víctimas del terrorismo que los sucesivos ejecutivos nacionalistas se empeñaron en profanar con su desprecio.

Pocos, muy pocos municipios del País Vasco se han librado de ser escenario de los crímenes de ETA. Alzo, Bidegoyan, Orendain, Oreja, Ajánguiz, Gática... En esas junglas la banda no tuvo necesidad de emprender su «limpieza étnica» porque un elevado porcentaje de sus vecinos —el cien por cien en Oreja— han votado tradicionalmente a los «hombres de la guerra». Pero calles y plazas San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Irún, Rentería, Hernani, Basauri, Baracaldo, Galdácano, Llodio... así hasta decenas, han sido escenario de los crímenes de la banda. Ares pidió a los ayuntamientos de estas ciudades y pueblos su colaboración para llevar a cabo esta iniciativa, que sustituirá el formato actual de homenajes a las víctimas por otros «con menor costo, pero más eficaces».

De este modo, el homenaje que el Gobierno Vasco tributará a las víctimas el próximo día 29 de noviembre en el Teatro Principal de Vitoria será el último de estas características. De cara al futuro, se baraja, entre otras iniciativas, la colocación de símbolos en lugares destacados como homenaje cotidiando de los ciudadanos a las víctimas.

Por otra parte, Ares explicó que su Departamento prevé destinar en los Presupuestos de 2010 un total de 97,7 millones de euros con el objetivo de costear los servicios de escoltas privados para personas amenazadas por ETA.

Además, Ares espera que los grupos consensúen una enmienda para destinar 750.000 euros a dotar de seguridad a las sedes de los sindicatos amenazados. «Para este Gobierno, la seguridad de los amenazados por ETA es una prioridad», dijo.

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ETA
Ortega Lara, la voz de millones de españoles
Fundación DENAES Libertad Digital 10 Noviembre 2009

Con el movimiento de la Rebelión Cívica, frente a la política de entreguismo a la banda terrorista ETA, las víctimas del terrorismo acabaron con la injusta posición que hasta entonces habían ocupado en la vida política española.

Durante los "años de plomo", a cada español utilizado como moneda de cambio de la secesión del País Vasco se le negó interesadamente su condición política. Asesinados o supervivientes, su imagen pública se proyectaba tan sólo desde el punto de vista "humano": el dolor de los familiares, los daños físicos recibidos, en fin, los atentados perpetrados a traición, parecían sucesos acaecidos sin un móvil preciso y conocido.

En el caso de José Antonio Ortega Lara, la banda terrorista ETA creyó en 1996 que su libertad podía intercambiarse por el acercamiento de los presos etarras al País Vasco. Pero el Gobierno resistió ante la amenaza y los fines de la banda se vieron frustrados cuando casi un año y medio más tarde el funcionario de prisiones fue encontrado por la Guardia Civil. Una semana más tarde de esta liberación, el 10 de julio de 1997, vino el secuestro de Miguel Ángel Blanco, y con su asesinato, un antes y un después para ETA y España.

Sin embargo, no sería hasta que la banda encontró el momento oportuno con un Gobierno débil como el de Zapatero y dispuesto a convertirse en interlocutor de los asesinos, cuando las víctimas dejaron de ser simples víctimas para actuar en nombre de España. Las manifestaciones en contra de la negociación con ETA tuvieron a la nación como protagonista, y, ahora sí, el motivo por el que ETA venía actuando desde hacía décadas se gritaba a los cuatro vientos con una marea de banderas españolas inundando las calles. Con esta alianza de las víctimas y España, figuras como José Antonio Ortega Lara comenzaron a representar el poder frente a ETA del que el Gobierno había hecho dejación. Acorralados, los cómplices del terrorismo acusaron de "politización" a un movimiento cuya fuerza amenazaba su siniestro "proceso de paz".

Recordamos todo esto porque el reciente acto de entrega de los premios "Puerta del Recuerdo", otorgados por el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Universidad San Pablo CEU, ha sido la ocasión para que José Antonio Ortega Lara vuelva a pronunciar esta verdad. Denunciando sin ambages la posibilidad de un nuevo pacto con ETA, su discurso señaló las amenazas contra España que hay que seguir combatiendo. Unas horas antes, Ortega Lara había explicado en un programa radiofónico de esRadio los motivos de su salida del Partido Popular. Motivos que no provenían de la emoción sino de un análisis racional de la deriva fragmentadora del PP. Tanto es así, que Ortega Lara justificó en la denominada "Cláusula Camps" su alejamiento del PP.

Desde la Fundación DENAES para la Defensa de la Nación española celebramos la entrega de este merecido premio a José Antonio Ortega Lara y con él y con millones de españoles exigimos al Gobierno, por todos aquellos españoles que no murieron en vano, "Memoria, Dignidad y Justicia".
Fundación DENAES para la Defensa de la Nación Española

Lo que no se discute en batasuna

FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 10 Noviembre 2009

El lenguaje de los dirigentes de Batasuna se ha poblado de expresiones como cambio de ciclo, proceso democrático, muralla popular frente a la represión, nueva fase, alianza independentista y otros letanías similares. Menos de la violencia y el terrorismo etarra hablan de casi todo.

En los treinta y dos folios del supuesto «documento de debate» que ha dado a conocer Batasuna se habla 77 veces de cambio, 138 de proceso, 22 de ciclo, 38 de fase. También dos veces aparece la expresión violencia, una la violencia machista y la otra no se sabe, en abstracto.

Los líderes de Batasuna han pasado a los suyos un documento de estrategia tan ortodoxo que hasta podría suscribirlo 'Txeroki' sin ningún problema. Los conceptos que en él se reflejan, por mucho que digan, no constatan ningún cambio de ciclo, sino que encajan con la tradición de ETA y Batasuna. La única frase que parece que quiere decir algo es aquella que afirma que «el proceso democrático» (Batasuna lo entiende como una fase preparatoria de la negociación) «se debe realizar sin ningún tipo de violencia o injerencia externa». Eso es todo. Bueno, no, luego habla otras tres veces de injerencia y precisa en todas ellas que se refiere a las injerencias «estatales».

Es posible que los líderes de Batasuna consideren que el terrorismo etarra es un problema para sus propósitos de volver a la vida política, pero se abstienen de mencionarlo en el documento que han sometido a sus bases. Al actuar de esa manera renuncian a hacer pedagogía de la acción política sin violencia entre sus seguidores, seguramente porque han renunciado también a incomodar a ETA. Se han abstenido de manera consciente de abrir un debate sobre la continuidad del terrorismo.

Quienes dirigen Batasuna siguen pensando con los viejos esquemas de volver a una doble mesa de negociación en la que cambiarán las armas de ETA por Navarra y la autodeterminación, sin darse cuenta que hasta el sindicato ELA les está exigiendo que abandonen las armas de manera unilateral y sin esperar nada a cambio.
Lo de menos es que el «documento de debate» plantee una estrategia para alcanzar el poder, conseguir una alianza entre nacionalistas o buscar la movilización ciudadana contra las detenciones. Como si se plantean la forma de atajar el cambio climático. A nadie le importan los planes de ETA y Batasuna sobre esas cuestiones mientras no se hayan desmarcado de la práctica del terrorismo. Y eso es algo que no hacen, ni en el texto enviado a las bases de Batasuna, ni en las epístolas dominicales de sus dirigentes encarcelados.

IMPONE TRADUCTORES PARA UNOS NICARAGüENSES
ERC no hace más el ridículo porque no entrena
IMPRESIONES El Mundo 10 Noviembre 2009

SÓLO el fanatismo y la falta de escrúpulos explican el comportamiento que el secretario de Cooperación de la Generalitat, de ERC, tuvo ayer con la veintena de nicaragüeneses que visitó formalmente el Parlamento catalán. Pese a que el español es lengua oficial en Cataluña -y también en la Cámara-, David Minoves les obligó a ponerse los auriculares de traducción simultánea por su empeño en usar el catalán para informarles de los asuntos que debían tratar. Al margen de que su decisión, en plena crisis económica, forzó la contratación de un servicio de traductores innecesario que pagan todos los catalanes, la anécdota demuestra hasta qué punto el nacionalismo nubla las entendederas. De nada sirvieron las quejas de socialistas, populares y de Iniciativa. ERC contó con el silencio cómplice de CiU. Es ridículo usar la lengua para crear barreras entre personas que hablan el mismo idioma.

CAC
Cómo hacer pesebre de la mordaza
Guillermo Dupuy Libertad Digital 10 Noviembre 2009

Una de las noticias que han pasado más lamentablemente desapercibidas en las últimas semanas es la iniciativa del Gobierno de Zapatero de crear próximamente un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), que vendría a extender a nivel nacional las prácticas liberticidas de ese organismo censor que ya conocemos con el nombre de Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC).

Recuerdo que uno de los pocos consuelos que encontró Pedro J. Ramírez en su brillante y encomiable denuncia del CAC ante el Parlamento Europeo es que Zapatero parecía haber "parado en seco" la pretensión de una parte de su Gobierno –concretamente, la del entonces ministro de Industria José Montilla–, de extender esa regulación en Cataluña a un consejo audiovisual para toda España. Ahora sabemos que, a pesar de esa encomiable iniciativa en defensa de la libertad de expresión –liderada también por el entonces eurodiputado Luis Herrero y avalada por más de 700.000 firmas–, no sólo vamos a tener un "gran hermano" a nivel nacional sino que el CAC –en plena crisis económica– va a aumentar un 10 por ciento su presupuesto para el próximo año.

Tal y como informaba El Mundo el pasado domingo, la Generalidad no sólo tiene previsto que el CAC conviva con el futuro CEMA, sino que ha elevado a 11 millones de euros su presupuesto para el año que viene. De ellos, más de la mitad –seis millones– se destinan a pagar los salarios de sus 104 funcionarios. La mayor parte del pastel se la llevan, sin embargo, los nueve consejeros y el presidente del engendro, Ramon Font, a quienes se destina en sueldos más de un millón de euros, unos 100.000 por barba. Pese a este jugoso bocado, el sueldo no incluye las dietas de cada uno de los consejeros. De hecho, el presupuesto de la Generalitat contempla un gasto en dietas y traslados por valor de 55.000 euros, además de destinar otros 35.000 euros en ayudas para comida. Una suma que asciende a 90.000 euros y complementa el salario base de cada uno de los consejeros. Aparte de estos diez altos cargos, más de cuatro millones y medio van destinados a sufragar los sueldos de casi un centenar de trabajadores

A la vista de estos emolumentos, a algunos les puede escandalizar que los presupuestos sólo dediquen 300.000 euros a la elaboración de informes. Sin embargo, tratándose de un organismo dedicado a cercenar la libertad de expresión, casi es mejor que las manos de estos bien remunerados censores se dediquen exclusivamente a meterse en los bolsillos de los ciudadanos que no a la elaboración de informes destinados también a tapar sus bocas, sus ojos y sus oídos.

En cualquier caso, no deja de ser una vergüenza la mera existencia de estos organismos que pretenden arrogarse el monopolio de la verdad o de la veracidad y que vienen a conculcar la transparencia, el pluralismo informativo y los derechos de los ciudadanos que dicen defender. Si hay algún medio de comunicación que viola la ley, para eso ya están los tribunales de justicia sin necesidad alguna de crear organismos supervisores de contenidos cuyos miembros son designados políticamente y a los que se les da poder de sanción. Más aun cuando –a la vista está– hay algunos que de la mordaza hacen pesebre.

'Txapote' olvidó el teléfono
DAVID GISTAU El Mundo 10 Noviembre 2009

NO HABÍA teléfono en el zulo donde Txapote mantuvo cautivo a Miguel Ángel Blanco. Por ello, jamás trascendió un relato personal de sus penurias durante la cruel cuenta atrás comparable a los que llegan del Alakrana y que parecen convenir al Gobierno, ya que ablandan a la opinión pública y preparan el ambiente para una solución del secuestro que contiene la más indigna rendición de un Estado ante una banda de criminales. Sentado el precedente, acabaremos dando rango de asunto de Estado a una negociación con los Ñetas o con unos atracadores que hayan tomado rehenes en un banco. Y España saldrá de todas sus retiradas con un estigma de nación cobarde.

Quién no comprendería a los familiares de los marinos para los que el afecto y el miedo a perder un ser querido siempre importarán más que el modo en que un país defiende su ley y hasta su imagen. A nadie entre la gente corriente cabe exigir que se comporte como Guzmán el Bueno, quien, atrapado entre el amor y el deber, prefirió favorecer la ejecución de su propio hijo tomado como rehén antes que rendir Tarifa. Pero es que la gente corriente concede al Estado el monopolio de la violencia, como escribiera Hobbes, precisamente para no tener que enfrentarse a encrucijadas como las del Alakrana, y con la esperanza, además, de que el Estado sea capaz de resolverlas sin arrastrarse ni hacer esa confesión de debilidad moral que es la traición a los principios. Además, resulta que Miguel Ángel Blanco también tenía familiares que no habían de amarle menos que las mujeres de la mar a sus maridos, padres y hermanos. Y el mensaje que la doctrina gubernamental para la solución de secuestros está lanzando ahora a esos parientes de Miguel Ángel Blanco es que al pobre chaval se le dejó morir en vano. Que la firmeza ante el chantaje criminal y la determinación de un Estado ante sus enemigos, incluso cuando toman rehenes, eran en realidad una mandanga gratuita. Porque, de igual forma que ahora buscamos atajos legales y pretextos para devolver a los piratas detenidos a Somalia y pagar también la parte en carne humana del rescate, aquello bien podría haberse arreglado sacando dos o tres etarras de las cárceles y proponiendo un canje. O, directamente, cumpliendo la exigencia principal de ETA: acercar a todos los terroristas a prisiones del País Vasco. No se hizo. Y la decisión le costó la vida a Blanco, después de aquellas 48 horas en las que Txapote no reparó en cuánto más fácil habría sido derrotar al Estado con sólo ponerle un teléfono al secuestrado. En eso, los piratas de Somalia nos conocen mejor que los criminales autóctonos.

España
'Batasunización' de la Facultad de Políticas de la Complutense
'Goras a ETA', fotos de presos, dianas con siglas del PP...
 www.lavozlibre.com 10 Noviembre 2009
martes, 10 de noviembre de 2009, 12:30

Madrid.- Las proclamas ‘Gora ETA’ y ‘Visca Terra Lliure’ han llegado hasta la Universidad Complutense de Madrid. También las fotos de presos y las dianas con siglas del PP. Es la 'batasunización' de la Facultad de Políticas, donde los radicales de extrema izquierda campan a sus anchas y exhiben sin tapujos mensajes más propios de simpatizantes etarras.

El pasado 14 de septiembre, el presidente de Bolivia visitó la facultad de Políticas y quedó sorprendido ante la calurosa bienvenida recibida. Al grito de “¡Abran paso al presidente!”, los miembros de la ultraizquierdista asociación estudiantil ‘Contrapoder’ acompañaron al líder cocalero, quien afirmó: “No esperaba encontrarme con una juventud tan revolucionaria”.

Esta polémica organización saltó a la fama el 21 de febrero de 2007 cuando sus miembros colgaron en la cafetería de la facultad un cartel que exigía la inminente puesta en libertad del etarra Iñaki de Juana Chaos.

Otras entidades de similar ideología han recibido el honor de ser invitadas a la Facultad de Políticas de la Complutense. El pasado mes de mayo y con motivo de la campaña legislativa al Parlamento Europeo, los candidatos de Iniciativa Internacionalista visitaron la facultad. Dicho grupo político ha sido calificado de proetarra por el Tribunal Supremo.

Sin embargo, y pese a que numerosos políticos de distinto signo son invitados a participar en seminarios y congresos en el Campus, no todos reciben la misma calurosa bienvenida. En diciembre de 2008, Josep Piqué, ex presidente del Partido Popular de Cataluña, acudió a la facultad para dar una conferencia y se encontró con insultos como “perro”, “fascista”, “asesino” o “hijo de puta”. Algo similar le ocurrió a Rosa Díez el 19 de febrero de 2008, cuando acudió a la Universidad. Las amenazas, insultos e intentos de agresión que sufrió la líder de UPyD estuvieron a punto de provocarle una bajada de tensión.

Francisco Aldecoa, decano de Políticas, restó importancia al asunto. “Los actos que se celebran aquí son de muy diversa índole. Como suele suceder en estos casos, son sólo unos pocos los que arman bronca, ya que el número de estudiantes radicales roza únicamente el 10%”. Aldecoa resaltó que tanto el PP como UPyD habían celebrado todas las conferencias que les habían propuesto. “En concreto, la conferencia de la señora Díez se celebró pese a las dificultades, así como la del señor Piqué”. El decano añadió que en ambos casos fueron los servicios de seguridad de la Complutense los encargados de garantizar la celebración del acto.

Ignacio de Saavedra, coordinador de Juventudes de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), afirma que muchos alumnos no se sienten protegidos por las autoridades académicas. En diciembre de 2008, Saavedra criticó que "se estaban dando movimientos proetarras que difundían conductas agresivas e inconstitucionales". Así, acusó al rector Carlos Berzosa y al decano Francisco Aldecoa, de "taparse los ojos ante la actitud de este grupo de jóvenes proetarras que tiene tomada la universidad" y "de no sólo emprender medidas para eliminar esas conductas, sino fomentarlas con su continuo sectarismo".

POLÉMICA EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Los grupos radicales de izquierdas no sólo campan por la Complutense, sino también en la Universidad de Salamanca. El sindicato Solución Independiente Universitaria (SIU) denuncia que la Facultad de Geografía e Historia acogerá los próximos 13, 19 y 20 de noviembre unas conferencia organizadas por el grupo Acción Antifascista de Salamanca. Rodrigo Lanza Huidobro, uno de sus ponentes destacados, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por agredir y dejar en estado vegetativo a un policía de Barcelona en 2006, según denuncia SIU.

No es la primera vez que la Universidad de Salamanca se ve envuelta en la polémica. El pasado año, el Colectivo Estudiantil Alternativo (CEA) participó en la organización de un concierto en el cual actuó el grupo independentista catalán Eina, el cual hace apología de la amnistía de los presos etarras y tiene letras que incitan a la violencia. La propia cartelería de las jornadas ‘Ama la música, odia el fascismo’ hacía apología del grupo terrorista alemán RAF, causante de decenas de muertes y secuestros. La AVT y la Embajada alemana se pusieron en contacto y emitieron varios comunicados de condena, pero dichos conciertos acabaron celebrándose.

SIU reclama “una actuación contundente contra los grupos proterroristas y radicales que usan la universidad con total impunidad”. “Queremos una universidad libre y democrática en la que los terroristas, violentos y radicales, no tengan cabida. Es bochornoso que se permita que grupos extremistas ajenos a la universidad se aprovechen de esta e inviten a personas condenadas a prisión por dejar en estado vegetativo con total impunidad”, apuntan desde SIU.

Conflicto
Jordi Pujol: "Observo con inquietud que algunos Mossos se dirigen en castellano a la gente"
“La policía da visibilidad y consistencia al país siempre que defienda aquello que lo caracteriza"
 www.lavozlibre.com 10 Noviembre 2009

Barcelona.- Jordi Pujol ha publicado el segundo volumen de sus memorias, donde critica con dureza que los Mossos d'Esquadra utilicen el castellano. “Observo con inquietud que haya agentes que de entrada se dirigen en castellano a la gente y que persistan aunque el interpelado conteste en catalán, o que me encuentre a un mando de los Mossos que me diga que esto no tiene importancia y que preocuparse es propio de la costra nacionalista".

El ex presidente de la Generalitat y de CiU añade que “un aspirante a Mosso que no puede hacer el examen de ingreso al cuerpo en un buen catalán y que no está dispuesto a hablarlo siempre que haga falta y que se pueda, no puede ser agente de la policía catalana".

Pujol explica que “la policía da visibilidad y consistencia al país siempre que defienda aquello que lo caracteriza y que haga bien el trabajo”. Según el ex presidente de la Generalitat, eso quiere decir también “que tiene que hablar siempre que pueda en catalán".

Galicia Bilingüe denuncia que sigue habiendo los mismos problemas de libertad lingüística
La asociación asegura que recibe un número similar de quejas de padres por no poder elegir la lengua en la que educar a sus hijos
 www.lavozlibre.com 10 Noviembre 2009

Pontevedra.- El pasado 1 de marzo Galicia celebró sus elecciones autonómicas. Los resultados auparon al poder al Partido Popular y acabaron con cuatro años de bipartito PSdeG-BNG. El nuevo presidente autonómico, Núñez Feijóo, prometió derogar el Decreto que privilegiaba el gallego en la enseñanza, pero todavía no lo ha hecho, aunque sí ha tomado medidas en pro del bilingüismo en la enseñanza. Sin embargo, Galicia Bilingüe denuncia que siguen recibiendo un número similar de quejas de padres de alumnos que hace un año. Los progenitores protestan por la falta de libertad de elección de lengua en las escuelas.

“Entendemos que dado que nuestra implantación en la sociedad es mayor que hace un año, sería justificable un relativo incremento en el número de correos y llamadas, pero también pensamos que el retraso en la derogación del decreto 124/2007 y las trabas que siguen encontrándose los alumnos para usar libremente el castellano han multiplicado la frustración de los padres”, afirma Gloria Lago, la presidenta del colectivo. “La comunidad educativa esperaba que estas cuestiones hubieran empezado a resolverse hace semanas, pero no ha sido así, lo que consecuentemente ha hecho aumentar el número de protestas”, añade Lago.

La asociación por el bilingüismo informa de que si a lo largo de 2008 se contabilizaron 1070 quejas específicas, en lo que va de 2009 ya se han registrado 982. “En el mes de junio recibimos un inusual incremento de denuncias por irregularidades en el desarrollo de la encuesta”, apunta la presidenta de Galicia Bilingüe.

Galicia Bilingüe afirma que desde la llegada de Núñez Feijóo a la presidencia de la Xunta, el volumen más notable de quejas, alrededor de un 60% del total, se refiere a la imposibilidad de utilizar libros de texto en español y a hacer uso de este idioma al dirigirse a los docentes o al realizar los exámenes. “Atendiendo a la recomendación que hicimos a finales de julio, un gran número de padres y madres optaron por adquirir los libros en castellano, pero muchos se han topado después con el rechazo de profesores”, explica Gloria Lago.

En este sentido, son habituales los correos electrónicos en los que padres o madres denuncian las críticas recibidas por parte de algunos docentes, que incluso llegan a acusarlos de perjudicar a sus hijos. A la asociación han llegado los casos de dos niños castigados, en un caso sin recreo y en el otro “a la silla de pensar”, por acudir a clase con libros en español.

La asociación aconseja a los padres que en el caso de que los centros pongan alguna pega, soliciten una resolución específica por escrito que invoque normas concretas.

Otras quejas repetidas se refieren a la promoción en centros escolares de la lectura obligatoria de obras con proclamas nacionalistas y manipulación de la historia. Asimismo, las familias han mostrado su malestar por la celebración de actividades en los colegios que poco tienen que ver con la enseñanza, como por ejemplo charlas para promover manifestaciones impulsadas desde la órbita política nacionalista. Finalmente, un 20% de los mensajes refleja la falta de folletos o impresos en español en dependencias de la Administración.

Galicia Bilingüe ha trasladado algunas de estas quejas a la Consejería de Educación con la esperanza de que se resolvieran, al menos, algunos de los casos que evidencian graves problemas pedagógicos. Sin embargo, hasta ahora nunca ha recibido respuesta en un sentido u otro a sus denuncias.

El Parlamento catalán contrata traductores para dirigirse a una delegación nicaragüense
"No tenemos por qué cambiar de lengua cuando viene una delegación extranjera"
Efe  www.lavozlibre.com 10 Noviembre 2009

Barcelona.- El Parlamento catalán ha contratado un servicio de traducción al castellano para atender, en la comisión de Cooperación y Solidaridad, a una delegación de Nicaragua que había pedido ser informada sobre la situación de la cooperación catalana. Esta situación ha generado malestar en los grupos parlamentarios socialista, del PPC, de ICV-EUiA y del Grupo Mixto, según diversos diputados consultados. Es decir, en todas las formación menos en ERC y CiU.

Algunos de estos diputados han criticado que el secretario de Cooperación de la Generalitat, David Minoves, haya exigido hablar en catalán en el Parlament ante la delegación nicaragüense, a pesar de que el castellano también es lengua oficial en Cataluña y lo entienden y hablan todos los diputados.

Además, los dos intérpretes contratados no sólo han traducido del catalán al castellano, sino también del castellano al catalán, pese a lo cual ninguno de los diputados presentes ha utilizado los auriculares del servicio de interpretación.

El portavoz adjunto en el Parlamento catalán del PSC, Joan Ferran, ha denunciado que "los idiomas oficiales no se tendrían que traducir entre sí cuando todo el mundo los entiende".

Durante la sesión, el diputado del PPC Rafael Luna se ha quejado de que en tiempos de crisis el Parlament caiga en la "incongruencia" de contratar a dos personas para traducir dos lenguas que dominan perfectamente los diputados catalanes, mientras que el diputado de ICV-EUiA Lluís Postigo ha aludido también a esta contratación de un servicio de traducción castellano-catalán en plena crisis.

Tanto Luna como Postigo han efectuado sus intervenciones en castellano, mientras que el diputado del PSC Toni Comín ha hablado en catalán, excepto al final de su intervención, cuando también se ha dirigido en castellano a la delegación nicaragüense.

La Secretaría de Cooperación de la Generalidad que dirige David Minoves (ERC) ha justificado su petición del servicio de traducción en que la veintena de las personas que han formado parte de la delegación de Nicaragua provenían tanto del gobierno central como de ejecutivos regionales, "sensibilizados" con lenguas minoritarias y que deseaban ver también cómo trabajan esta cuestión las instituciones catalanas.

Según una portavoz de la Secretaría de Cooperación, Minoves ha buscado visualizar cómo los diputados catalanes trabajan en su lengua propia, "que no tiene por qué cambiar cuando viene una delegación extranjera", aunque ésta se exprese en una lengua que también es oficial en Cataluña.

Fuentes del Parlament han justificado la contratación del servicio de traducción simultánea en que los diputados tienen el derecho de poder expresarse en catalán, lengua de trabajo habitual en la cámara. Dichas fuentes, que han declinado cifrar el coste del servicio, han remarcado que éste iba dirigido específicamente a la veintena de miembros de la delegación nicaragüenses.

El pasado 15 de octubre compareció en la comisión parlamentaria de cooperación y solidaridad el alcalde del municipio salvadoreño de Santa Tecla, Óscar Ortiz, a quien los diputados que intervinieron sí se dirigieron en castellano al no haber servicio de traducción.

El Parlament usa traductor al castellano para una comitiva nicaragüense
MARÍA JESÚS CAÑIZARES | BARCELONA ABC 10 Noviembre 2009

El Parlament recurrió ayer a un servicio de traducción simultánea al castellano, después de que el secretario general de Cooperación de la Generalitat, David Minoves (ERC) exigiera utilizar el catalán ante una delegación nicaragüense invitada por la Comisión de Cooperación y Solidaridad de la Cámara catalana.
El uso de ese mecanismo de traducción, que puede costar unos 300 euros la hora, fue criticada por el diputado del PP, Rafael Luna, quien expresó una queja verbal por la contratación de ese servicio en plena crisis.

La comitiva nincaragüense estaba compuesta por una veintena de personas, invitadas por los diputados Antoni Comin (PSC), Miquel Carrillo (ERC) y Lluís Postigo (ICV), para que informaran ante la Comisión de la Cámara catalana de las acciones de cooperación del Govern en dicho país suramericano. Dos de los asistentes intervinieron ante los diputados, obviamente en castellano.

Fuentes del Parlament explicaron a ABC que el catalán es «la lengua de uso habitual» en la Cámara catalana, opinión que compartieron CiU y ERC. Por contra, el diputado del PP, Rafael Luna, calificó de «incongruente» que se contratara a dos traductores porque Minoves se negó a utilizar un idioma que también es oficial en Cataluña. Luna realizó su intervención en castellano, al igual que Postigo, que también lamentó el coste del servicio.

Toni Comín, uno de los anfitriones de la delegación, habló en catalán, pero al final hizo una intervención en castellano. El portavoz adjunto del PSC, Joan Ferran, aseguró a EFE que los «idiomas oficiales no se tendrían que traducir cuando todo el mundo los entiende».

Dependiente de Carod
La secretaría de Cooperación, que dirige David Minoves, depende de Vicepresidencia de la Generalitat. Su responsables, David Minoves, está considerado como un hombre de confianza de Josep Lluís Carod-Rovira.

EN EL PARLAMENTO CATALÁN
Carod contrata traductores para hablar con una delegación de Nicaragua
El Parlamento catalán ha contratado un servicio de traducción al castellano para atender, en la comisión de Cooperación y Solidaridad, a una delegación de Nicaragua que había pedido ser informada sobre la situación de la cooperación catalana.
EFE Libertad Digital 10 Noviembre 2009

Esta situación ha generado malestar en los grupos parlamentarios socialista, del PPC, de ICV-EUiA y del grupo mixto, según diversos diputados consultados. Es decir, todos los grupos menos ERC y CiU.

Algunos de estos diputados han criticado que el secretario de Cooperación de la Generalidad, David Minoves, haya exigido hablar en catalán en el Parlament ante la delegación nicaragüense, a pesar de que el castellano también es lengua oficial en Cataluña y lo entienden y hablan todos los diputados.

Además, los dos intérpretes contratados no sólo han traducido del catalán al castellano, sino también del castellano al catalán, pese a lo cual ninguno de los diputados presentes ha utilizado los auriculares del servicio de interpretación.

El portavoz adjunto en el Parlamento catalán del PSC, Joan Ferran, ha denunciado, en declaraciones a Efe, que "los idiomas oficiales no se tendrían que traducir entre sí cuando todo el mundo los entiende".

Durante la sesión, el diputado del PPC Rafael Luna se ha quejado de que en tiempos de crisis el Parlament caiga en la "incongruencia" de contratar a dos personas para traducir dos lenguas que dominan perfectamente los diputados catalanes, mientras que el diputado de ICV-EUiA Lluís Postigo ha aludido también a esta contratación de un servicio de traducción castellano-catalán en plena crisis.

Tanto Luna como Postigo han efectuado sus intervenciones en castellano, mientras que el diputado del PSC Toni Comín ha hablado en catalán, excepto al final de su intervención, cuando también se ha dirigido en castellano a la delegación nicaragüense.

La Secretaría de Cooperación de la Generalidad que dirige David Minoves (ERC) ha justificado su petición del servicio de traducción en que la veintena de las personas que han formado parte de la delegación de Nicaragua provenían tanto del gobierno central como de ejecutivos regionales, "sensibilizados" con lenguas minoritarias y que deseaban ver también cómo trabajan esta cuestión las instituciones catalanas.

Según una portavoz de la Secretaría de Cooperación, Minoves ha buscado visualizar cómo los diputados catalanes trabajan en su lengua propia, "que no tiene por qué cambiar cuando viene una delegación extranjera", aunque ésta se exprese en una lengua que también es oficial en Cataluña.

Fuentes del Parlament han justificado la contratación del servicio de traducción simultánea en que los diputados tienen el derecho de poder expresarse en catalán, lengua de trabajo habitual en la cámara. Dichas fuentes, que han declinado cifrar el coste del servicio, han remarcado que éste iba dirigido específicamente a la veintena de miembros de la delegación nicaragüenses.

El pasado 15 de octubre compareció en la comisión parlamentaria de cooperación y solidaridad el alcalde del municipio salvadoreño de Santa Tecla, Óscar Ortiz, a quien los diputados que intervinieron sí se dirigieron en castellano al no haber servicio de traducción.

Los intérpretes también tradujeron al catalán las palabras de la delegación extranjera
El Parlament contrata traductores de español para atender una visita de Nicaragua

Barcelona  La Razon  10 Noviembre 2009

El Parlamento catalán ha contratado un servicio de traducción al castellano para atender, en la comisión de Cooperación y Solidaridad, a una delegación de Nicaragua que había pedido ser informada sobre la situación de la cooperación catalana.

Esta situación ha generado malestar en los grupos parlamentarios socialista, del PPC, de ICV-EUiA y del grupo mixto, según diversos diputados consultados. Es decir, todos los grupos menos ERC y CiU.

Algunos de estos diputados han criticado que el secretario de Cooperación de la Generalitat, David Minoves, haya exigido hablar en catalán en el Parlament ante la delegación nicaragüense, a pesar de que el castellano también es lengua oficial en Cataluña y lo entienden y hablan todos los diputados.

Además, los dos intérpretes contratados no sólo han traducido del catalán al castellano, sino también del castellano al catalán, pese a lo cual ninguno de los diputados presentes ha utilizado los auriculares del servicio de interpretación.

El portavoz adjunto en el Parlament del PSC, Joan Ferran, ha denunciado, en declaraciones a Efe, que "los idiomas oficiales no se tendrían que traducir entre sí cuando todo el mundo los entiende".

Durante la sesión, el diputado del PPC Rafael Luna se ha quejado de que en tiempos de crisis el Parlament caiga en la "incongruencia" de contratar a dos personas para traducir dos lenguas que dominan perfectamente los diputados catalanes, mientras que el diputado de ICV-EUiA Lluís Postigo ha aludido también a esta contratación de un servicio de traducción castellano-catalán en plena crisis.

Tanto Luna como Postigo han efectuado sus intervenciones en castellano, mientras que el diputado del PSC Toni Comín ha hablado en catalán, excepto al final de su intervención, cuando también se ha dirigido en castellano a la delegación nicaragüense.

La Secretaría de Cooperación de la Generalitat que dirige David Minoves (ERC) ha justificado su petición del servicio de traducción en que la veintena de las personas que han formado parte de la delegación de Nicaragua provenían tanto del gobierno central como de ejecutivos regionales, "sensibilizados" con lenguas minoritarias y que deseaban ver también cómo trabajan esta cuestión las instituciones catalanas.

Según una portavoz de la Secretaría de Cooperación, Minoves ha buscado visualizar cómo los diputados catalanes trabajan en su lengua propia, "que no tiene por qué cambiar cuando viene una delegación extranjera", aunque ésta se exprese en una lengua que también es oficial en Cataluña.

Fuentes del Parlament han justificado la contratación del servicio de traducción simultánea en que los diputados tienen el derecho de poder expresarse en catalán, lengua de trabajo habitual en la cámara.

Dichas fuentes, que han declinado cifrar el coste del servicio, han remarcado que éste iba dirigido específicamente a la veintena de miembros de la delegación nicaragüenses venidos al Parlament.

El pasado 15 de octubre compareció en la comisión parlamentaria de cooperación y solidaridad el alcalde del municipio salvadoreño de Santa Tecla, Óscar Ortiz, a quien los diputados que intervinieron sí se dirigieron en castellano al no haber servicio de traducción.

Para atender a una delegación de Nicaragua
Cataluña contrata traductores de castellano
La Gaceta 10 Noviembre 2009

Los dos intérpretes contratados no sólo han traducido del catalán al castellano, sino también del castellano al catalán, pese a lo cual ninguno de los diputados presentes ha utilizado los auriculares del servicio de interpretación.

El Parlamento catalán ha contratado un servicio de traducción al castellano para atender, en la comisión de Cooperación y Solidaridad, a una delegación de Nicaragua que había pedido ser informada sobre la situación de la cooperación catalana.

Esta situación ha generado malestar en los grupos parlamentarios socialista, del PPC, de ICV-EUiA y del grupo mixto, según diversos diputados consultados. Es decir, todos los grupos menos ERC y CiU.

Algunos de estos diputados han criticado que el secretario de Cooperación de la Generalitat, David Minoves, haya exigido hablar en catalán en el Parlament ante la delegación nicaragüense, a pesar de que el castellano también es lengua oficial en Cataluña y lo entienden y hablan todos los diputados.

Además, los dos intérpretes contratados no sólo han traducido del catalán al castellano, sino también del castellano al catalán, pese a lo cual ninguno de los diputados presentes ha utilizado los auriculares del servicio de interpretación.

El portavoz adjunto en el Parlament del PSC, Joan Ferran, ha denunciado, en declaraciones, que "los idiomas oficiales no se tendrían que traducir entre sí cuando todo el mundo los entiende".

Durante la sesión, el diputado del PPC Rafael Luna se ha quejado de que en tiempos de crisis el Parlament caiga en la "incongruencia" de contratar a dos personas para traducir dos lenguas que dominan perfectamente los diputados catalanes, mientras que el diputado de ICV-EUiA Lluís Postigo ha aludido también a esta contratación de un servicio de traducción castellano-catalán en plena crisis.

Tanto Luna como Postigo han efectuado sus intervenciones en castellano, mientras que el diputado del PSC Toni Comín ha hablado en catalán, excepto al final de su intervención, cuando también se ha dirigido en castellano a la delegación nicaragüense.

La Secretaría de Cooperación de la Generalitat que dirige David Minoves (ERC) ha justificado su petición del servicio de traducción en que la veintena de las personas que han formado parte de la delegación de Nicaragua provenían tanto del gobierno central como de ejecutivos regionales, "sensibilizados" con lenguas minoritarias y que deseaban ver también cómo trabajan esta cuestión las instituciones catalanas.

Según una portavoz de la Secretaría de Cooperación, Minoves ha buscado visualizar cómo los diputados catalanes trabajan en su lengua propia, "que no tiene por qué cambiar cuando viene una delegación extranjera", aunque ésta se exprese en una lengua que también es oficial en Cataluña.

Fuentes del Parlament han justificado la contratación del servicio de traducción simultánea en que los diputados tienen el derecho de poder expresarse en catalán, lengua de trabajo habitual en la cámara. Dichas fuentes, que han declinado cifrar el coste del servicio, han remarcado que éste iba dirigido específicamente a la veintena de miembros de la delegación nicaragüenses venidos al Parlament.

El pasado 15 de octubre compareció en la comisión parlamentaria de cooperación y solidaridad el alcalde del municipio salvadoreño de Santa Tecla, Óscar Ortiz, a quien los diputados que intervinieron sí se dirigieron en castellano al no haber servicio de traducción.

POLÉMICA LINGÜÍSTICA | Todos los partidos, excepto CiU, lamentan la medida
ERC, 'indignada' por las críticas a las traducciones del catalán al castellano
ELMUNDO.es | Barcelona 10 Noviembre 2009

La trifulca vivida el lunes en el Parlament por la contratación de un sistema de traducción del catalán al castellano para la visita de una delegación de Nicaragua prometen con seguir levantando polvareda.

Esquerra (ERC), formación responsable de la iniciativa por haber sido gestionada a través de una de sus carteras, la de Cooperación, se ha mostrado "indignada" por lo que considera una "manipulación política y mediática" de la medida.

El servicio de traducción, cuya contratación fue criticada por todos los grupos parlamentarios, a excepción de CiU, fue utilizado para traducir al castellano los discursos en catalán dirigidos a los 14 parlamentarios nicaragüenses presentes en la cámara y que dominan perfectamente el español.

Sin embargo, Marta Rovira (ERC), secretaria nacional de Política Europea, Internacional y Cooperación, ha mostrado públicamente su "sorpresa" ante las críticas, ya que cree "poco edificante tener que utilizar una lengua que no sea el catalán cuando [la delegación nicaragüense] ha venido precisamente para conocer el uso de la lengua propia de las instituciones".

Según argumenta la formación republicana y defienden desde la Agència de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat, varios de los representantes nicaragüenses tienen como lengua propia el miskito, cuyo uso habitual quieren aplicar en sus parlamentos, donde por el momento es obligatorio utilizar sólo el español.

Rovira, que atribuye a las críticas políticas el ambiente preelectoral que empieza a vivirse en Cataluña, ha ido más lejos en su arremetida contra "la manipulación mediática" del suceso.

Por una parte considera que "la prensa de Madrid ha reaccionado airada contra el servicio de traducción" con la intención de defender que lo "normal sería que los diputados hablaen en español y punto". Unas críticas que eleva de tono al asegurar que "ERC no entiende la actitud de algunos medios de comunicación con sede social en Cataluña que se resisten tozudamente a sacar una edición en catalán (...) y con la misma devoción que se expresan sólo en castellano exigen al resto que sigan el ejemplo".

 

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