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Recortes de Prensa    Miércoles 11 Noviembre  2009

 

Lengua propia, un concepto impropio
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital  11 Noviembre 2009

A veces los chistes dan mejor en el centro de la diana que los interminables debates y discusiones en los que se mezclan la lengua con los intereses políticos, económicos y de poder.

Jordi: ¿Cataluña es una nación?
Miquel: Cataluña es una nación.
Jordi: ¿Por qué?
Miquel: Porque tiene lengua propia.
Jordi: Entonces Murcia también es una nación.
Miquel: No, porque no tiene lengua propia.
Jordi: Pues claro que tiene, el español.
Miquel: No entiendes, para tener lengua propia hay que tener dos, como nosotros. Una es la propia y otra la impropia.

Lengua propia es un término jurídico propio de la legislación española que alude, en distintos Estatutos de autonomía de comunidades autónomas de España, a lenguas que han sido declaradas oficiales de dicha comunidad autónoma junto con el castellano, de acuerdo con lo establecido en el artículo tercero de la Constitución española.

Es un término ajeno a la Lingüística y sin tradición en la sociolingüística hasta tiempos recientes. El diccionario de la Real Academia Española, en su voz «lengua muerta», hace una referencia, desde 1803, a la que «no se habla ya como lengua propia y natural de un país o nación», pese a que no existe una entrada específica para definir el sintagma.

Apareció por vez primera en 1933, en un texto legal de Cataluña, y fue posteriormente retomado, a partir de la Transición española, con la creación del llamado Estado de las Autonomías. En 1996, el Gobierno de España, el Congreso de los Diputados y el Senado, unánimemente, se adhirieron a la propuesta de Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, que cuenta con el apoyo de personajes tan ajenos a la Lingüística como Nelson Mandela, el Dalai Lama, el arzobispo anglicano Desmond Tutu, el arzobispo y cardenal católico Ricard Maria Carles (valenciano de nacimiento), el tenor Josep Carreras, Yasir Arafat (presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, presidente de la Autoridad Nacional Palestina y líder del partido político Al-Fatah), Adolfo Pérez Esquivel (escultor, arquitecto y Premio Nobel de la Paz en 1980), Shimon Peres (actual presidente del Estado de Israel), Gatsha Mangosutu Buthelezi (político zulú sudafricano que fundó el Inkatha Freedom Party en 1975), Peter Gabriel (músico inglés de rock progresivo), Joan Oró (bioquímico, investigador de la NASA y marqués de Oró), etcétera.

En este documento de 76 páginas aparece 23 veces el término "lengua propia" que se define así: «la denominación lengua propia de un territorio hace referencia al idioma de la comunidad históricamente establecida en este espacio». ¿Y si la comunidad históricamente establecida en ese espacio habla dos o más idiomas? Por otra parte, ¿qué se entiende por "comunidad históricamente establecida"?

El concepto de lengua propia no es claro sobre todo si lo aplicamos a territorios en los que se hablan dos o más lenguas, como Galicia. Se formuló por vez primera en el artículo tercero del Estatuto de Régimen Interior de Cataluña, aprobado por el Parlamento catalán el 25 de mayo de 1933, que en su artículo tercero establecía: «La lengua propia de Cataluña es la catalana». Fue utilizado posteriormente en el Estatuto de autonomía de Cataluña de 1979, donde se enuncia que la lengua propia de Cataluña es el catalán. El preámbulo de la Ley de Normalización Lingüística catalana de 1983 repite esta misma afirmación añadiendo genéricamente que la lengua propia «es una herramienta natural de comunicación, expresión y símbolo de una unidad cultural con profundas raíces históricas».

El término, sin embargo, no aparece en la Constitución de 1978, que define al castellano como «lengua española oficial del Estado» y dispone simplemente que «las demás lenguas españolas» sean «también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas», sin alusión alguna a lenguas propias distintas de las oficiales.

Los estatutos citados consagran la existencia de varias lenguas oficiales, de las cuales la calificada como «propia» es siempre aquella distinta al castellano (en Arán, la calificada como propia es aquella distinta al castellano y al catalán). El castellano es lengua oficial en toda España, pero no goza de ninguna protección especial en las comunidades bilingües al no ser definida como «propia» ni siquiera allí donde es natural o autóctona. Unido al de normalización lingüística, este nuevo concepto fue básico para legitimar el diseño de políticas favorecedoras de la considerada lengua propia que, según los territorios y la coyuntura política, ha oscilado desde la discriminación positiva o la llamada inmersión lingüística hasta lo que algunos califican como promoción del monolingüismo institucional.

El término aparece en la práctica totalidad de los Estatutos de autonomía de las comunidades autónomas españolas con más de un idioma oficial, así como en la en la Ley de Ordenación del Uso de la Lengua Oficial del Principado de Andorra.

No existe una definición conocida de lengua propia que permita distinguirla de lengua vernácula. Suelen ser definiciones políticas realizadas ad hoc, como la de Declaración de la Unesco que, pese a ser apoyada por el Gobierno español, su definición no se corresponde con la realidad lingüística española ni con lo que realmente implementan los textos legales autonómicos. En términos puramente funcionales, lo único que permite distinguir a la «lengua propia» es la capacidad de legitimar políticas institucionales favorables a las lenguas así calificadas.

Los partidarios del monolingüismo en catalán, a partir del II Congreso Internacional de la Lengua Catalana (1986), dieron carta de naturaleza al concepto lengua propia, como forma de resolver el conflicto y recuperarse del estatus desfavorable que ellos atribuyen a la considerada como lengua propia frente al castellano, lengua común de todo el Estado. Ahora tratan de convertir el catalán ya no en lengua propia, sino en "lengua común" de Cataluña, eliminando de raíz el español o castellano.

Para los partidarios del monolingüismo en catalán, el bilingüismo siempre es una situación transitoria de sustitución de la lengua propia, por lo que, a su juicio, deben arbitrarse medidas de discriminación positiva que inviertan el proceso.

Por el otro lado, el concepto encontró críticas desde muy pronto. La primera crítica pública al concepto de «lengua propia» y a sus consecuencias probablemente fue el Manifiesto de los 2.300 (1981). Posteriormente, hubo filólogos que se mostraron también muy críticos, como Gregorio Salvador, y también lingüistas vascos y catalanes como Jon Juaristi, Xavier Pericay, Ferran Toutain o, más recientemente, Irene Lozano. También el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras se ha referido en términos muy críticos. Especialmente reseñable para fijar estas posiciones fue el Manifiesto del Foro Babel. Todos ellos, con diversos matices, han elaborado la crítica al concepto.

En general, todos ellos coinciden en que la expresión «lengua propia» sugiere a los hablantes que su opción va más allá de la decisión personal de hablar una u otra lengua —algo que la ley garantiza—, y que esa decisión lleva implícita su adhesión a un proyecto identitario. La «lengua propia» constituiría una categoría ideológica, no científica, que no tendría consistencia empírica fuera del ideario nacionalista.

Si no valen estos principios, no se preocupe, tengo más
Carlos Sánchez El Confidencial  11 Noviembre 2009

La Comisión Europea ha decidido convertir en papel mojado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ya saben, aquel acuerdo suscrito por los fundadores del euro para hacer sostenible el área monetaria única. La noticia, en términos económicos, es intrascendente. Ninguna de las grandes economías europeas -ahora acuciadas por cuantiosos déficit públicos- está en condiciones de llegar al año 2012 con un desequilibrio fiscal por debajo del 3% (ahora tendrán un año más). Una retirada prematura de los estímulos públicos sólo hubiera alimentado la recesión, y Bruselas, por lo tanto, se ha plegado a una realidad innegable.

Veamos, por ejemplo, el caso de España. Este país tenía en 1995 un déficit presupuestario del 6,5% del Producto Interior Bruto, pero hasta el año 2005 no logró un superávit fiscal equivalente a un punto del PIB. Es decir, que tuvieron que pasar 10 años, con un crecimiento superior al 3% en media anual, para que España rebajara su desequilibrio fiscal en 7,5 puntos del PIB.

Con sólo repetirse lo que ocurrió en el ciclo expansivo anterior, hasta 2015 ó 2016, en el mejor de los casos, España tendrá que malvivir con un déficit superior al 3% del PIB

Pues bien, teniendo en cuenta que este año 2009 el desequilibrio fiscal se situará entre el 11% y el 12% del PIB, parece irreal pensar que España estaba en condiciones de llegar a 2012 con un déficit inferior al 3%, como de una manera un tanto cínica admitía hasta ayer mismo la ministra Salgado. Ni que decir tiene que ese recorte del déficit fiscal se produjo en un contexto irrepetible: tipos de interés extremadamente bajos, llegada masiva de fondos de la UE, ingresos extraordinarios por privatizaciones, boom del ladrillo o entrada intensa de inmigrantes que favoreció el empleo y ensanchó el potencial de crecimiento de la economía española. Un marco, como se ve, que difícilmente tendrá segunda parte en un futuro más o menos próximo. Con tan sólo repetirse lo que ocurrió en el ciclo expansivo anterior, se estaría hablando, por lo tanto, de que hasta 2015 ó 2016, en el mejor de los casos, España tendrá que malvivir con un déficit superior al 3% del PIB.

Ciclo expansivo
Pero no sólo eso. No hay razones para creer que España esté en condiciones de reducir su stock de deuda de forma significativa en los próximos años. Tampoco estará de más recordar, en este sentido, que en el pasado ciclo expansivo tuvieron que pasar nada menos que trece años para rebajar la deuda del 63,3% del PIB en 1995 al 39,7% en 2008, y todo ello, como se ha dicho, en un contexto extremadamente favorable.

Ahora, sin embargo, la Comisión Europea viene a decir que España está en condiciones de situar el déficit público por debajo del 3% del PIB en 2013. Simplemente falso.

No estaría de más que alguien le hiciera llegar al comisario Almunia el último informe de coyuntura elaborado por el Servicio de Estudios del BBVA, en el que se estima que de cerrar las administraciones públicas 2009 con un déficit del 11,4% (algo que asume hasta el propio Banco de España), las políticas discrecionales y el ajuste no coyuntural habrían elevado el saldo estructural hasta el -10% del PIB. Sí han leído bien.

Si tenemos en cuenta que el componente cíclico del saldo presupuestario es del -1,4% del PIB, esto quiere decir que el deterioro del déficit estructural entre 2007 y 2009 se habrá situado ligeramente por encima de los 9 puntos porcentuales. Es decir, que este país -y a los precios actuales- ha acumulado un gigantesco déficit estructural de 90.000 millones de euros al margen del ciclo económico.

Quiere decir esto que no estamos sólo ante una cuestión que se resuelve reasignando o recortando el gasto, sino también ante un grave problema de ingresos públicos, lo cual es mucho más difícil de resolver. Básicamente por una razón. La recaudación va a estar determinada por el nivel de empleo, y nada indica que hasta 2012 la economía vaya a estar en condiciones de crear puestos de trabajo suficientes como para provocar que los ingresos vuelvan a crecer por encima del PIB nominal (en torno al 6%-7% del PIB). Los felices tiempos del ladrillo tardarán en llegar en forma de maná para las administraciones públicas.

La Comisión Europea, por lo tanto, no se ha basado en el análisis económico para dar ese año de gracia, al menos en el caso español. Se ha comportado como un Ejecutivo débil que se ha plegado a los intereses de los gobiernos. Probablemente como consecuencia de que se trata de un colegio de comisarios saliente que quiere hacer el último favor a sus jefes políticos.

El problema es, por lo tanto, de naturaleza política. ¿Tiene sentido mantener vivo un Pacto de Estabilidad cuando todo el mundo sabe que es papel mojado? Esa es la respuesta que debe dar el comisario Almunia antes de abandonar el cargo. Y lo mismo cabe preguntarse en el caso español. ¿Tiene sentido mantener viva una Ley de Estabilidad Presupuestaria que es simplemente un brindis al sol? La respuesta, al revés que en la canción de Bob Dylan, no está en el viento. Está en sus señorías que son quienes deben transmitir credibilidad a las cuentas públicas. Y eso pasa necesariamete por hacer cumplir las leyes, y si no pueden hacerlo, como es el caso, derogarlas o cambiarlas.

M.A. Blanco como tabú
EDURNE URIARTE ABC  11 Noviembre 2009

Recordar a Miguel Ángel Blanco es tabú estos días. Para ley del silencio, la que hay alrededor del Alakrana y de la cesión del Estado ante los secuestradores. Mencione usted a Miguel Ángel Blanco, recuerde que fue asesinado por ETA porque ni aquel Gobierno ni la mayoría de los españoles pensaron que se podía ceder a las exigencias de los terroristas y le mirarán como a un provocador, incluso como a un desalmado.

Y, sin embargo, las cuestiones éticas y democráticas planteadas por ambos secuestros son las mismas. Por mucho que ahora convenga cerrar los ojos y, según Zapatero, también la boca. La posible diferencia entre el secuestro económico del Alakrana frente al político de Miguel Ángel Blanco ha dejado de ser tal a partir de la exigencia de liberación de dos delincuentes. Ahora hay cesión política además de económica, y eso si admitimos alguna diferencia entre ambas. Porque lo cierto es que no sabemos de Gobierno democrático alguno que negociara con ETA el pago de los millones exigidos por los secuestros «económicos». Ni mucho menos que el mismo Estado pusiera el dinero, como parece que va a ser el caso ahora.

La diferencia realmente significativa entre ambos casos es que entonces no hubo posibilidad alguna de intervención policial porque no pudo averiguarse la localización de Miguel Ángel Blanco mientras que tal posibilidad ha existido desde el primer momento con el Alakrana. Y a pesar de ser la única legal, al Gobierno ni se le ha pasado por la cabeza ponerla en práctica.

Por supuesto, hay otra diferencia y es que eso de la legalidad internacional que tanto ha repetido Zapatero en los últimos años le da exactamente lo mismo al Gobierno. Aquí nos saltamos la legalidad internacional y la nacional desde la primera hasta la última disposición. Y encima se nos exige que nos tapemos los ojos y que cerremos la boca.

EpC
Tiranía educativa
Manuel Llamas Libertad Digital  11 Noviembre 2009

Al fin, un grupo de empresarios se ha rebelado contra el adoctrinamiento ideológico que impera en España y que afecta a millones de alumnos año tras año. La Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF) ha elaborado un duro informe para denunciar las "falacias" que enseñan los principales manuales de Educación para la Ciudadanía (EpC) en materia económica.

El razonamiento y la veracidad brilla por su ausencia, pero su fin es muy claro. El dogma a seguir se resume en los siguientes principios básicos: el empresario es un explotador capaz de cualquier cosa con tal de aumentar sus beneficios; las multinacionales son grandes corporaciones que expolian los recursos naturales de los países pobres y se aprovechan de la mano de obra del Tercer Mundo; el libre comercio internacional (globalización) es condenable, puesto que provoca la deslocalización de empresas en las economías avanzadas; por el contrario, el Estado es un ente protector que cuida de los desvalidos y conforma una "red de seguridad" esencial para la convivencia pacífica en el seno de la sociedad civil; y los sindicatos, cómo no, son los "defensores" por antonomasia de los trabajadores.

Así pues, un esquema simplista y demagógico, cuyo único objetivo es encumbrar a lo más alto las funciones que desempeña la todopoderosa clase política. No obstante, tal y como recoge la Editorial Anaya, "el poder político es el poder supremo que, en una sociedad, decide, de manera obligatoria para todos, lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse". Una frase que, extraída de contexto, firmaría sin duda alguna el propio Stalin, Hitler, Fidel o el bolivariano Chávez.

Y es que el sistema educativo español constituye una auténtica tiranía. El Gobierno impone por la fuerza una serie de itinerarios que, se quiera o no, deben ser aplicados obligatoriamente en los colegios, ya sean públicos, concertados o privados. El contenido básico de las asignaturas es dictado por las correspondientes autoridades públicas, cuyas competencias corresponden mayoritariamente a las comunidades autónomas.

El problema de la educación en España no radica, pues, en el ideario moral que propugna EpC, sino que va mucho más allá. Tan sólo es necesario fijarse en la imposición lingüística que aplican las regiones con lengua cooficial para percatarse de que España cuenta con un modelo que está herido de muerte. Lo mismo se podría decir de la visión nacionalista que impera en las asignaturas de Historia o Geografía, o del bajísimo nivel que existe en Matemáticas o Lengua.

El cáncer de la intervención pública corroe las entrañas de la educación española. La solución, por tanto, no estriba en suturar la herida, ya sea eliminando EpC, cambiando una vez más el plan de estudios general o devolviendo al Gobierno central las competencias perdidas en esta materia. No, rotundamente no. La metástasis únicamente se podrá frenar si se combate el nefasto gen que causa la enfermedad. Esto es, el poder público.

Por desgracia, las décadas de intervencionismo en esta materia han logrado implantar en la opinión pública que la sanidad y la educación son intocables. Ambos sectores han sido fagocitados por el Estado. Sin embargo, esto no ha sido así siempre y, de hecho, puede cambiar, tal y como ha sucedido en Suecia y otros países nórdicos, otrora paraíso para los defensores del mal llamado Estado de Bienestar.

La única salida posible es la completa y profunda liberalización de la educación en España. Es decir, que cada centro (privado) pueda establecer libremente tanto el programa educativo a seguir como los distintos idiomas en los que impartir las materias. La competencia en este ámbito se encargará de avanzar de forma constante e ininterrumpida hacia la excelencia y la alta cualificación de su alumnado ya que, en caso contrario, el mercado hará criba con aquellos colegios que no satisfagan la demanda existente (las exigencias de padres y alumnos).

Los de siempre dirán que, en ese caso, muchos jóvenes no podrán acceder a la educación por falta de recursos. Error. En primer lugar, la educación pública tiene un coste (elevadísimo, por cierto) que es sufragado con el dinero de los contribuyentes. En segundo lugar, se trata de un mal menor, ya que la extensión de becas y la implantación de cheques escolares (como en Suecia) solucionaría por completo el problema. Así pues, frente a la tiranía educativa de hoy, apostemos por la liberalización del mañana.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana

Jiménez Becerril opina que hoy es "un día grande"
Estrasburgo confirma la ilegalización de Batasuna
Confirma que el objetivo de la formación abertzale era completar la acción terrorista de ETA
Redacción Periodista Digital  11 Noviembre 2009

La Corte europea defiende el procedimiento seguido contra Batasuna por parte del Tribunal Supremo y el Constitucional españoles

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha rechazado el recurso presentado por Batasuna contra la sentencia dictada el pasado mes de junio por este mismo órgano que avaló su ilegalización y declaró que el procedimiento judicial abierto en su día por España no supuso vulneración alguna de los derechos de reunión y de asociación. Según dijo entonces el TEDH, el objetivo del partido abertzale era otro que "completar y apoyar políticamente" la acción de ETA.

El tribunal declara, en aplicación del artículo 44.2 de la Convención, la firmeza del fallo dictado el pasado 30 de junio , en el que declaró que l objetivo del partido de la izquierda abertzale era "completar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para perturbar el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública".

Para ello, decía la sentencia ahora confirmada, el partido ilegalizado llevaba cabo "una estrategia para instaurar su proyecto político, contrario en esencia a los principios democráticos defendidos por la Constitución española".

Así, la Corte europea defiende el procedimiento seguido contra Batasuna por parte del Tribunal Supremo y el Constitucional españoles al entender que produjo con el objetivo de "mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos".

JIMÉNEZ BECERRIL
La eurodiputada del PP Teresa Jiménez Becerril, hermana del concejal Alberto Jiménez Becerril, asesinado por ETA en 1998, opinó hoy que hoy es "un día grande para todos los españoles y europeos" después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara el recurso de Batasuna y confirmara así su ilegalización, al tiempo que consideró que la izquierda abertzale intentará ahora acercarse al PNV.(Agencias)

Éxito de la I Jornada de apoyo a los amenazados por ETA
Redacción Minuto Digital  11 Noviembre 2009

El pasado sábado se celebró en Getxo, Vizcaya, la I Jornada en pro de los amenazados, perseguidos y exiliados por causa de ETA. En la misma participaron numerosas víctimas del terrorismo de persecución y representantes de diferentes partidos políticos, asociaciones y organizaciones.

Zaitu, Asociación pro-victimas de persecución, amenazados y exiliados por causa de E.T.A, logró reunir a políticos del PNV, PSE o Partido Popular en unas mesas redondas que destacaron por el nivel de debate y exposición de la realidad que viven los amenazados en el País Vasco.

Zaitu, organización impulsada por Joseba Marcaida (Presidente) y Asunción Olaeta (Secretaria General), ha logrado poner rostro a los perseguidos en el País Vasco.

APOYO DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
La Jornada organizada por Zaitu contó con el apoyo de numerosas organizaciones y víctimas del terrorismo, destacando, entre otras, la Federación de Asociaciones Autonómicas de Victimas del Terrorismo, presisida por Joaquín Vidal Ortiz, o la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana, presidida por Txema Morales. Destacó la presencia de Emilio José García Mercader, presidente de la Fundación Victimología

VOZ A LOS PERSEGUIDOS
También se dío voz a los perseguidos y a las víctimas en una mesa muy animada que protagonizaron Teo Santos, Iñaki Arteta, Sonsoles Arroyo, Antonio Castellet y la directora de este diario digital y presidenta de España y Libertad, Yolanda Morín.

Los protagonistas pusieron de manifiesto las dificultades de vivir amenazados y con escolta en el País Vasco.

Los encuentros, tal como recoge Manu Rueda de El Correo, sirvieron para poner de manifiesto la necesidad de hacer visible el drama diario de los amenazados por ETA en Euskadi, cifrados en 42.000 personas, según el informe de atención institucional a las víctimas del terrorismo presentado el pasado mes de julio por el Ararteko. Durante el acto inaugural, en el que tomaron parte el alcalde de Getxo, Imanol Landa, y el presidente de Zaitu, Joseba Marcaida, entre otros, la presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa, Rafaela Romero, alabó la labor de Gesto por la Paz por poner «cara y voz» a la violencia de persecución con su denuncia y acompañamiento a las víctimas que la sufren.

También presentes en la conferencia, la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, coincidió con el parlamentario del PSE Jesús Loza al considerar la ley de reconocimiento de los damnificados de la violencia como «un hito» en la política vasca que evidencia un cambio de actitud de la sociedad hacia las víctimas. Lasa recordó que la norma obliga a la «reparación política y moral» de los perjudicados, y citó actuaciones como los homenajes o la colocación de monolitos.

http://www.e-libertad.es/
 

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Nacionalismo: la máquina de fabricar problemas
Tomas Salas Minuto Digital  11 Noviembre 2009

He escrito en otra ocasión de la “máquina de fabricar pobres”, que es el populismo. Ahora, autoplagiándome, quiero hablar de otra gran máquina que funciona con enorme potencia y genera toneladas de ideología. Ese magnífico artefacto es el Nacionalismo. Sus ramificaciones se extienden hasta los recónditos rincones del cuerpo social. Y, además, tiene la virtud de contagiar a las otras ideologías como un virus expansivo. Su función principal, lo que a un tiempo supone el secreto de su éxito y su más íntima seña de identidad, es la capacidad de crear problemas. Han leído ustedes bien: no “resolver” ni “provocar” ni “suscitar”, sino “crear”. Hay que sacar los problemas de la virtualidad, de la nada donde dormían el tranquilo sueño del no-ser. Al modo de un demiurgo o de aquellos personajes de un famoso cuento de Borges de largo título, que inventan un universo con todos sus detalles: la geografía, la botánica, la lengua… Todos estos problemas tienen un mismo origen, que es el Mal con mayúsculas. Esta entelequia puede recibir distintos nombres: el Estado, el Gobierno central, o simplemente, con recurrida metonimia, Madrid. El Nacionalismo –aquí está la clave de esta impostura- tiene como función principal y trascendente la resolución de estos problemas.

Un caso claro es el de la lengua. Cataluña, por ejemplo, ha sido siempre un modelo de convivencia lingüística. Cualquiera podía comprobar como, en una calle o en una tienda de Barcelona, se alternaban y mezclaban castellano y catalán en la misma conversación. Miles de paisanos nuestros que fueron desde Andalucía a buscar su forma de vida pueden ser testigos de esta realidad. En otro nivel, el de la alta cultura, Barcelona era la vía de penetración de las vanguardias culturales europeas e hispanoamericanas. ¿Cómo entender sin los catalanes Barral y Castellet y sin las empresas editoriales de Barcelona en fenómeno del “Boom” de la novela hispanoamericana? Sin embargo, forzando la espontaneidad social y yendo contra la lógica, había que crear un problema lingüístico y, con el una grave problema educativo, que está agriando el ambiente, generando una multitud de descontentos y fomentando un peligroso e injusto sentimiento anticatalán. ¿Qué decir de Galicia y del gallego? Un nuevo nacionalismo abre un frente en una región que siempre ha sido bilingüe sin problemas ni renuncias. Lo mismo -en ciertos aspectos peor, pues aquí si se fuerza una realidad lingüística hasta extremos casi de imposición- puede decirse del euskera. ¿Vendrán detrás el valenciano y el bable? El nacionalismo inventa el problema de la lengua como inventa largas historias de represión como crea ab nihilo territorios –Euskalerría- que nunca han sido más que una mención geográfica.

Algo nos consuela: en los tiempos que vienen harán falta fuerzas y medios para resolver problemas de verdad y habrá, por necesidad, que dejar de lado los problemas virtuales.
 

Babel
Cristina L. SCHLICHTING La Razon  11 Noviembre 2009

Catorce representantes del Parlamento nicaragüense tenían cita el lunes en el Parlament. Habían sido invitados por el departamento de Cooperación al Desarrollo, que depende de la Vicepresidencia de Josep Lluís Carod-Rovira. Naturalmente, los compatriotas de Rubén Darío hablaban estupendamente el español. Cuál no sería su sorpresa cuando, al entrar en la sala, percibieron que estaban dispuestas las cabinas de traducción, lo que les hizo pensar con vergüenza que los diputados temían no entender su español de Hispanoamérica. Se callaron, sin embargo, por discreción y respeto. Igualmente los parlamentarios catalanes se extrañaron de ver a los intérpretes dispuestos y –a excepción de ERC, que había tenido la iniciativa de encargar la traducción– pensaron que los nicaragüenses sólo se expresaban en misquito, como ocurre en zonas profundas de Nicaragua, donde apenas se usa el castellano. La confusión fue máxima cuando comenzó la sesión y los parlamentarios ultramarinos demostraron hablar perfectamente el español. Visto que les entendían, los diputados de todos los grupos decidieron a su vez hablar en castellano y tan sólo los de CiU y ERC usaron el catalán, obligando a los intérpretes a trabajar para los extranjeros. El parlamentario del PSC Joan Ferran ha exigido una explicación por el gasto innecesario, aduciendo que tanto el castellano como el catalán son idiomas oficiales en Cataluña y que no se traducen entre sí. David Minoves, de ERC, ha respondido que se contrató a los intérpretes para demostrar que en Cataluña se habla en catalán y animar a los nicaragüenses en su batalla por el uso del misquito.

Al cabo de esta crónica certifico que los nicaragüenses se han marchado perplejos por la situación de España y tan decididos como antes a usar el español siempre que puedan. En cambio, el Parlament se ha gastado un dinero que habría podido ahorrarse y que ha pagado el sufrido contribuyente para que los diputados nacionalistas hicieran apología de su batalla independentista. Si alguien entiende algo, que venga Dios y lo vea.

Galicia Bilingüe denuncia que sigue habiendo los mismos problemas de libertad lingüística
La asociación asegura que recibe un número similar de quejas de padres por no poder elegir la lengua en la que educar a sus hijos
 www.lavozlibre.com  11 Noviembre 2009

Pontevedra.- El pasado 1 de marzo Galicia celebró sus elecciones autonómicas. Los resultados auparon al poder al Partido Popular y acabaron con cuatro años de bipartito PSdeG-BNG. El nuevo presidente autonómico, Núñez Feijóo, prometió derogar el Decreto que privilegiaba el gallego en la enseñanza, pero todavía no lo ha hecho, aunque sí ha tomado medidas en pro del bilingüismo en la enseñanza. Sin embargo, Galicia Bilingüe denuncia que siguen recibiendo un número similar de quejas de padres de alumnos que hace un año. Los progenitores protestan por la falta de libertad de elección de lengua en las escuelas.

“Entendemos que dado que nuestra implantación en la sociedad es mayor que hace un año, sería justificable un relativo incremento en el número de correos y llamadas, pero también pensamos que el retraso en la derogación del decreto 124/2007 y las trabas que siguen encontrándose los alumnos para usar libremente el castellano han multiplicado la frustración de los padres”, afirma Gloria Lago, la presidenta del colectivo. “La comunidad educativa esperaba que estas cuestiones hubieran empezado a resolverse hace semanas, pero no ha sido así, lo que consecuentemente ha hecho aumentar el número de protestas”, añade Lago.

La asociación por el bilingüismo informa de que si a lo largo de 2008 se contabilizaron 1070 quejas específicas, en lo que va de 2009 ya se han registrado 982. “En el mes de junio recibimos un inusual incremento de denuncias por irregularidades en el desarrollo de la encuesta”, apunta la presidenta de Galicia Bilingüe.

Galicia Bilingüe afirma que desde la llegada de Núñez Feijóo a la presidencia de la Xunta, el volumen más notable de quejas, alrededor de un 60% del total, se refiere a la imposibilidad de utilizar libros de texto en español y a hacer uso de este idioma al dirigirse a los docentes o al realizar los exámenes. “Atendiendo a la recomendación que hicimos a finales de julio, un gran número de padres y madres optaron por adquirir los libros en castellano, pero muchos se han topado después con el rechazo de profesores”, explica Gloria Lago.

En este sentido, son habituales los correos electrónicos en los que padres o madres denuncian las críticas recibidas por parte de algunos docentes, que incluso llegan a acusarlos de perjudicar a sus hijos. A la asociación han llegado los casos de dos niños castigados, en un caso sin recreo y en el otro “a la silla de pensar”, por acudir a clase con libros en español.

La asociación aconseja a los padres que en el caso de que los centros pongan alguna pega, soliciten una resolución específica por escrito que invoque normas concretas.

Otras quejas repetidas se refieren a la promoción en centros escolares de la lectura obligatoria de obras con proclamas nacionalistas y manipulación de la historia. Asimismo, las familias han mostrado su malestar por la celebración de actividades en los colegios que poco tienen que ver con la enseñanza, como por ejemplo charlas para promover manifestaciones impulsadas desde la órbita política nacionalista. Finalmente, un 20% de los mensajes refleja la falta de folletos o impresos en español en dependencias de la Administración.

Galicia Bilingüe ha trasladado algunas de estas quejas a la Consejería de Educación con la esperanza de que se resolvieran, al menos, algunos de los casos que evidencian graves problemas pedagógicos. Sin embargo, hasta ahora nunca ha recibido respuesta en un sentido u otro a sus denuncias.

La mano de nuestros impuestos y la de Don Anxo es alargada
JOSÉ Mª MARTÍN LÓPEZ-SUEVOS* www.lavozlibre.com  11 Noviembre 2009

Don Anxo, Lorenzo no Quintana, no descansa ni un segundo en su labor normalizadora, que ahora llega también a catequesis y catecúmenos -aunque hayan recibido el bautismo-, y no desaprovecha ocasión de alterar los hábitos lingüísticos de los ciudadanos.

Y así como quien no quiere la cosa, pero queriendo y mucho, nos han enviado a los niños a casa con ‘A Biblia en familia’, un librito íntegramente en gallego para acercar la Biblia a los niños y a las familias de manera sencilla, pero sólo en gallego.

La cosa no tendría nada de malo si estos ejemplares no se hubiesen editado con el dinero de todos o si los hubiese pagado un mecenas particular, ardoroso defensor del rezo en gallego, pero se pagan con el dinero de todos, incluso de los que tienen por lengua familiar el español y a los que no se les ha preguntado en qué lengua querían el texto.

La subvención de la Secretaría General de Política Lingüística les habrá ahorrado unos cuantos euros que, de otra forma, tendrían que haber pagado el Arzobispado de Santiago o los padres de los niños que se están formando para recibir su primera comunión, como sería natural y lógico por otra parte. El que quiera religión que se la pague.

La cultura de la subvención, tan extendida en España y sobre todo en el ámbito de la normalización lingüística, genera toda suerte de hechos llamativos como el que una parroquia de niños castellano hablantes reciban su formación para la primera comunión en gallego, simplemente porque sale gratis. No importa el valor pedagógico del documento. Piensan: total, ya les imparten en gallego la mayor parte de las asignaturas en el colegio, por lo que una más no se nota. La mano de nuestros impuestos, y especialmente la de Don Anxo, es muy alargada, no hay sitio al que no alcance verbenas, lápidas y ahora también la catequesis. Luego se quejan de que no haya dinero para hacer infraestructuras. La normalización devora el presupuesto de la Xunta de Galicia.

Si ya cuesta encontrar a un niño que sepa el ‘Padrenuestro’, no digamos el credo, de entre los que van a recibir la primera comunión, si además les enchufan un libro en una lengua que no usan habitualmente en familia, sólo obligados en el colegio, el resultado está servido. Luego que no se quejen si no los ven aparecer por allí hasta el día de su boda o en el de su entierro. Alguno podrá pensar que ‘A Biblia en familia’ podría estar subvencionado por los que declaraban que la religión es el opio del pueblo, pues no podría hacerse mejor para seguir perdiendo fieles.

La libertad en Galicia brilla por su ausencia hasta de las iglesias.
(*) José Mª Martín López-Suevos es el presidente de la Mesa por la Libertad Lingüística (Galicia).

Duro choque en el Parlamento catalán por la contratación de un traductor al castellano

Los populares exigen «responsabilidades» y no descartan pedir «dimisiones»
Barcelona - Mariona Sanuy La Razon  11 Noviembre 2009

La delegación nicaragüense que el pasado lunes visitó el Parlamento de Cataluña deseaba conocer el funcionamiento del modelo lingüístico catalán y, por este motivo, la Cámara contrató los servicios de dos intérpretes para traducir del castellano al catalán, y del catalán al castellano. Todo, para que los invitados pudieran ver como los diputados se expresan en lengua catalana en el parlamento, según se defendían ayer desde la cámara. Lo que esta delegación de Nicaragua no imagina es el revuelo lingüístico que su vista ha generado entre la clase política catalana.

Todos los partidos, a excepción de ERC, coincidieron ayer en tachar de «prescindible» e «innecesario» que el Parlament contratara servicios de traducción valorados en alrededor de 1.000 euros, cuando todos los diputados del hemiciclo dominan la lengua castellana a la perfección. Es más, nadie utilizó la traducción del castellano al catalán.

Ante este panorama, la presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho, anunció que su formación exigirá «responsabilidades» y dejó la puerta abierta a pedir «dimisiones» ante lo que tachó de «espectáculo ridículo y lamentable».

Mientras la mayoría de las formaciones mostraron su disconformidad con la actuación del Parlamento catalán, los republicanos cerraron filas con el secretario general de Cooperación, David Minoves, encargado de organizar la visita de la delegación nicaragüense y de contratar los servicios de traducción. Según la portavoz de ERC, Anna Simó, los republicanos están «indignados» y cree que las críticas son fruto de «una manipulación mediática». «Cuando en Madrid les pica, algunos en Cataluña se rascan compulsivamente, concluyó Simó.

Más relajados se mostraron desde CiU, cuyo diputado Antoni Fernández Teixidó admitió que el Parlamento se podía haber «ahorrado» el gasto. Sin embargo, reconoció que es derecho de todos diputados expresarse en catalán siempre que les plazca, al ser la lengua de trabajo del Parlamento. En la misma línea se expresaron desde el PSC. De todas formas, la tensión va «in crescendo». Según se pudo saber ayer, los populares y el presidente del Parlament, Ernest Benach, intercambiaron algo más que reproches en la junta de portavoces.

Galicia Bilingüe presiona a la Xunta con nuevas quejas por el gallego
ABC | SANTIAGO

Nadie entre las huestes gobernantes de San Caetano escucha a Galicia Bilingüe. Es la queja de la asociación presidida por la profesora viguesa Gloria Lago, que protesta porque Educación desoye las quejas formuladas por los padres ante casos de discriminación o maltrato lingüístico. Los finos analistas de esta plataforma emitieron ayer un comunicado en el que advierten de que el flujo de denuncias se mantiene a estas alturas del año en niveles similares al pasado: 1.050, por las 1.070 de 2008. La organización exige que se apure el nuevo decreto del gallego, que la Xunta presentará antes de que termine este ejercicio. Un 7% de los que consultan a GB duda que el cambio llegue.

Cisma vecinal por la recogida de firmas a favor de La Coruña
La campaña de búsqueda de apoyos para la cooficialidad del topónimo en gallego y castellano divide a las asociaciones vecinales representadas en la Federación. Cinco de ellas se muestran contrarias a la inciativa
MARCOS OTERO A CORUÑA La Opinión  11 Noviembre 2009

El "sentir de la ciudadanía" es lo que ha forzado a la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y Área Metropolitana a recoger firmas en favor de la cooficialidad del topónimo de la ciudad. El "clamor público" es tal, según la presidenta de la federación, Luisa Varela, que están en su obligación de solicitar que A Coruña y La Coruña, ambas denominaciones, sean oficiales. Tanto es así que compensa incluso enfrentarse a las distintas asociaciones representadas en la agrupación vecinal.

Varela aseguró ayer que la iniciativa cuenta con el apoyo unánime de la junta directiva de la federación. De los barrios representados en esa junta sí, pero no de otros que también forman parte de la entidad presidida por Varela y que han mostrado su clara oposición a la iniciativa. Se pueden contar hasta cinco asociaciones, de las 35 registradas en la federación, contrarias al proceso que ésta pretende arrancar mañana en Santiago de Compostela con la solicitud al Parlamento del permiso necesario para que la recogida de firmas tenga carácter oficial y consecuencias legales; para que en caso de que consigan reunir 15.000 rúbricas de apoyo se modifique la Ley de Normalización Lingüística de 1983 y los topónimos de la ciudades no tengan como única denominación oficial la gallega.

Dicho artículo, según la federación, entra en contradicción con hasta ocho apartados más de la misma ley. Sobre ello basa Luisa Varela la solicitud de modificación de este punto, de manera que la legislación permita que tanto la forma en castellano como en gallego sean oficiales. Y esto, para algunas de las asociaciones afiliadas a la federación, es manifiestamente "ilegal". Por eso no piensan apoyar la iniciativa y planean desvincularse de ella.

Desvincularse e incluso, en algunos casos, ponerle trabas. Porque el presidente de la Asociación de Vecinos del Agra do Orzán, Francisco Graña, amenaza con obstaculizarla. "Trataremos de boicotearla y de echarla abajo", manifestó ayer.

Los motivos para tal oposición son los mismos que manejan el resto de asociaciones contrarias a la recogida de firmas. Discrepan porque aseguran que nadie les ha consultado acerca de la creación de esta iniciativa; protestan porque la junta directiva actúa de espaldas a algunas de las asociaciones integradas en la federación; y se rebelan porque, bajo su punto de vista, se introduce a los vecinos en una polémica de carácter político. Todos estos motivos unidos son los que motivan a algunos a plantearse incluso escindirse de la federación. Abiertamente en este sentido se posiciona el presidente de la asociación de Os Rosales, Fernando Carrillo, quien no encuentra ningún sentido a la iniciativa promovida desde la junta directiva de la federación. "Vemos que hay problemas más importantes en la ciudad", justificó.

La intención de Carrillo es consultar a los asociados en la próxima asamblea para conocer si esta iniciativa, unida a otras cuestiones, es suficiente como para abandonar la federación.

El presidente de la Asociación de Vecinos As Atochas-Monte Alto-Torre de Hércules recrimina también a Luisa Varela que haya tomado esta decisión sin haber consultado a todos sus asociados, pero considera que meditar la posibilidad ahora de abandonar la federación supondría allanarles el camino a los sectores más próximos a la directiva. "Si te vas, entonces la federación hablaría por la mano de su dueño", resumió el presidente de As Atochas, José Ucha. Antes, ya había dado por resuelta su postura: "No podemos participar en esa iniciativa".

Como tampoco pueden las asociaciones de vecinos de San Pedro de Visma -"El nombre es en gallego y ya está", zanjó su presidente, Carlos Martín- y la de Os Castros. Esta última, a finales del mes pasado, ya se había adherido junto a otras entidades a un manifiesto contrario a la celebración de esta consulta ciudadana.

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