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Recortes de Prensa    Jueves 12 Noviembre  2009

 

Se acabó el recreo
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo  12 Noviembre 2009

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) era la última esperanza de los partidos nacionalistas para revertir la ilegalización de Batasuna. Habían descalificado con tales términos la Ley de Partidos y las sentencias del Supremo y del Constitucional que la aplicaban que no les cabía en la cabeza otra cosa que no fuera un revolcón jurídico en la Corte de Estrasburgo.


En Batasuna, por supuesto, estaban convencidos de ganar el recurso en la instancia internacional. Incluso los más escépticos, aquellos que han llegado al convencimiento de que ETA tiene que abandonar las armas, tenían puesta su esperanza en el TEDH. Un buen ejemplo es la carta intervenida en prisión en el pasado mes de mayo al abogado Txema Matanzas. En ella advertía de las dificultades para «revertir» la estrategia del Estado «a no ser que nos salve Estrasburgo, para el que yo guardo ciertas esperanzas, sí». Creía Matanzas que el Tribunal Europeo no obligaría al Estado a realizar «cambios sustanciales», pero sí a corregir algunas cuestiones como la Ley de Partidos o el Código Penal. Pues ni eso.


Los dirigentes de Batasuna pueden intentar engañar a sus seguidores diciendo, como ha dicho Arnaldo Otegi, que la sentencia es consecuencia de la 'guerra al terrorismo' abierta por George Bush y Tony Blair y que ellos no van a cambiar. A lo mejor es cierto y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos valora ahora cuestiones que en otra época de su historia igual no hubiera tenido en cuenta. La 'guerra al terrorismo' abierta tras el 11-S de 2001 cambió, para desgracia de los etarras, la actitud de muchos países. La Unión Europea, por ejemplo, creó una lista de terroristas en la que figura ETA y en la que también aparecen no pocos dirigentes de Batasuna.

En cualquier caso, sea ésa la causa de la sentencia del TEDH o sea, simplemente, que la legislación española respeta los estándares democráticos internacionales, la situación de Batasuna no cambia: se les ha acabado el recreo y se quedan fuera de la ley sin más recurso que el del pataleo, que es el que se invoca cuando han fracasado todas las demás apelaciones.

Ahora están obligados a reaccionar ante la «castástrofe», tal como definió Otegi la sentencia, porque el Estado, reforzado por el respaldo internacional, no va a dar marcha atrás. Todo lo contrario. Los dirigentes de Batasuna, sin embargo, han empezado con mal pie hurtando a sus seguidores un debate franco sobre la continuidad de la violencia porque han preferido que la cuestión sea dirimida en secreto entre la cúpula etarra y los líderes de su brazo político, como ha ocurrido siempre. Han elegido la fórmula en la que siempre pierden frente a los encapuchados.

Ilegalización definitiva
EDITORIAL El Correo 12 Noviembre 2009

E l rechazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al recurso presentado por Batasuna contra la sentencia del pasado 30 de junio, que avalaba su ilegalización, tiene un significado mucho más profundo que el de confirmar definitivamente la validez jurídica y procesal de la vía emprendida por el Estado, a través de la Ley de Partidos, para proscribir las sucesivas siglas abertzales por su connivencia con ETA. Es probable que la convicción que ha calado en buena parte de las formaciones políticas y la opinión pública sobre el irremediable final del terrorismo etarra, aun cuando resulte incierto el tiempo en que pueda prolongar su sangrienta trayectoria, haya contribuido a diluir la gran relevancia de los dos pronunciamientos del TEDH.

Una trascendencia innegable que viene definida no sólo por la contundencia con que el tribunal europeo certifica la legalidad de la actuación del Estado de Derecho, llegando a asegurar que la expulsión del sistema de Batasuna y sus marcas afines sentenciada por el Supremo y el Constitucional españoles respondía a una «necesidad social imperiosa» en defensa de la democracia frente a la violencia; sino también por haber desnudado la terrible perturbación que supone para una sociedad cimentada en la prevalencia de la ley y los derechos humanos el recurso al terror, y hacerlo precisamente en la instancia en la que la izquierda abertzale -y, a su modo, el nacionalismo institucional- había depositado sus expectativas de ver reprobada la Ley de Partidos y, con ello, la propia legitimidad de la democracia española. Una trampa, esta última, en la que no deberían haber incurrido ni quienes han venido defendiendo la idoneidad de la proscripción de Batasuna, ni quienes se han opuesto a ella en la bancada de los demócratas. Porque la alharaca con la que los representantes abertzales acudieron a Estrasburgo nunca debería haber desembocado en un cuestionamiento del Estado de Derecho, como si éste sólo acabara siendo homologable con el resto de la Europa avanzada en virtud de que lo decidiera el TEDH.

Ha sido, justamente, la larga y dolorosa batalla contra ETA la que ha terminado por subrayar la entereza de nuestra democracia, la misma que los terroristas continúan queriendo destruir. Y se equivoca el PNV cuando asegura que el Tribunal Europeo ha puesto el 'contador a cero' para la izquierda abertzale. Lo que ha hecho, en realidad, es anular cualquier sentido a su actividad pasada y negarle la legitimidad para reinventarse en los mismos términos; un eterno retorno al que siguen enganchados Otegi y los suyos.

Estrasburgo avala una ley burlada
EDITORIAL Libertad Digital 12 Noviembre 2009

"Un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que no respeta una o varias normas de la democracia o que conduce a la destrucción de la misma, así como a ignorar los derechos y las libertades que ésta reconoce, no puede prevalerse de la protección de la Convención contra las sanciones impuestas por estos motivos". Así concluía la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, del pasado mes de junio que este lunes ha sido confirmada, tras rechazar sus magistrados el recurso presentado por Batasuna contra su ilegalización.

Aunque este nuevo respaldo de Estrasburgo a la ilegalización de Batasuna y a la Ley de Partidos debe alegrar a todos los demócratas, no podemos olvidar, sin embargo, que los proetarras siguen cobrando del dinero público y siguen ostentando cargos de representación política en muchos municipios vascos. La razón de este execrable hecho no obedece, no obstante, a posibles dudas en el pasado sobre una supuesta inconstitucionalidad o una supuesta incompatibilidad de la Ley de Partidos con la Convención Europea de Derechos Humanos, hipótesis que estas sentencias vendrían ahora a refutar. La razón se debió únicamente a la falta de voluntad política de un Gobierno y de su dependiente fiscal general del Estado que, a pesar de estar en vigor una ley de acreditada constitucionalidad, prefirieron no aplicarla a las nuevas siglas de los proetarras para facilitar el proceso de negociación con la banda terrorista.

Aunque en aquella etapa colaboracionista y de "paz sucia", el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, llegara al extremo de denigrar la Ley de Partidos como si de un "Guantanamo electoral" se tratara, lo cierto es que su negativa a que el Tribunal Supremo ilegalizara a la luz de esta ley a los proetarras de ANV se debió exclusivamente a su deseo de no obstaculizar las componendas de entonces entre el Gobierno de Zapatero y la organización terrorista. Y es que, tal y como elocuentemente explicó el ministro de Justicia de entonces, Fernández Bermejo, la ilegalización no procedía hasta que la "jugada lo aconseje".

Aunque el Gobierno de Zapatero esté ahora en una "etapa de confrontación" con ETA –por utilizar la elocuente expresión del propio Rubalcaba– lo cierto es que el Ejecutivo y la Fiscalia General del Estado no están haciendo todo lo que está en su mano para enmendar aquella infamia. Su respaldo actual a la aplicación de la Ley de Partidos y la consiguiente ilegalización de ANV no borra su persistente pasividad a la hora de disolver los ayuntamientos a los que los proetarras accedieron en el pasado con su repugnante condescendencia. Las sentencias de Estrasburgo no vendrían en este sentido más que a reforzar la posibilidad de una disolución que ya encuentra amparo en la Constitución y en la Ley de Bases del Régimen Local, legislación esta última que de hecho ya ha sido aplicada y con menor motivo en el ayuntamiento de Marbella.

Esperemos que el PP no olvide el pasado de este Gobierno y que insista en la inmediata disolución de estos ayuntamientos. Entre otras cosas, porque nada garantiza que los proetarras bajo nuevas siglas puedan burlar nuevamente la Ley de Partidos si el Gobierno y la Fiscalía nuevamente se resisten a aplicarla.

Campaña vetada
La ele prohibida de La Coruña
Cristina Losada Libertad Digital 12 Noviembre 2009

Es sabido que La Coruña no existe. La ciudad y la provincia, por supuesto, están ahí, como siempre. Muchos de sus habitantes, al igual que otros gallegos y otros españoles, continúan hablando de La Coruña como si nada. Sin embargo, cada vez que pronuncian esa "ele" infringen la ley. Sólo A Coruña goza de existencia legal en España. La cooficialidad de idiomas no rige en ningún ámbito oficial. Es así de facto. Pero en los topónimos se ha eliminado de iure. La fazaña, en lo que a Coruña respecta, se perpetró primero en el parlamento gallego y después, en el que representa a todos los españoles. Fue en 1997, bajo el primer Gobierno Aznar. Los detalles de la estrambótica sesión –y cesión– los ha relatado Andrés Freire en su ensayo El día que La Coruña desapareció, publicado en La Ilustración Liberal. En ambas cámaras, la erradicación del nombre español de la ciudad fue aprobada por práctica unanimidad.

Unánimes fueron los padres de la patria a la hora de vulnerar la realidad. Pero no lograron que La Coruña desapareciera del habla ni que los coruñeses se resignaran. Todavía no hay policía lingüística capaz de sancionar a la enorme cantidad de transgresores que aún anda suelta por las calles. En cambio, sí hay instrumentos para impedir que unos ciudadanos hagan campaña por la cooficialidad del topónimo en español. Este mes de noviembre, varias asociaciones, como Coruña Liberal y la Mesa por la Libertad Lingüística, decidieron insertar en los autobuses de la ciudad un anuncio con un texto inofensivo: "La Coruña con L de Libertad". Qué digo, inofensivo. ¡Es subversivo! Tanto lo es que ha sido vetado por la autoridad municipal. Pues para el ayuntamiento del PSOE y del BNG, un lema que reúne dos "eles" prohibidas es de una osadía intolerable y de una insolencia delictiva.

Desde la decisión del 97, los coruñeses han venido reclamando la restitución de la "ele". Siempre en vano. Cuando el alcalde socialista Paco Vázquez insistía en ponerla, la Xunta presidida por Fraga lo llevó a los tribunales. Ahora, Feijóo dice estar dispuesto a reconsiderar, pero ha exigido al municipio una moción que, dada la mayoría allí, no sale adelante. El caso de La Coruña ejemplifica como pocos que los auténticos responsables de los excesos de la "normalización" no han de buscarse entre los nacionalistas de nombre, sino en los dos grandes partidos que, por puro hábito, aún llamamos nacionales.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.
 

La Coruña, con L de Libertad
http://www.corunaliberal.es  12 Noviembre 2009

hola, amigos:

La empresa que gestiona el monopolio de la publicidad en los autobuses urbanos de La Coruña ha rechazado nuestra oferta de contratación, conforme a su tarifa de precios, de una campaña por la cooficialidad lingüística -que es la regla general- también en la toponimia -que es la excepción. Una excepción carente de justificación-.

La campaña llevaría el lema "La Coruña, con L de Libertad", y en ella se  explicaría que lo que pretendemos, con el respaldo de asociaciones de
vecinos, comerciantes, cívicas en general y ciudadanos a título singular, es la cooficialidad de los nombres en los dos idiomas, allí donde existen, y no, como hicieron los normalizadores compulsivos, sustituir el nombre oficial actual, por el expulsado de la cooficialidad. No es una campaña revanchista, sino reparadora. Pero no ha sido posible: el que manda en la publicidad de los autobuses públicos -una extensión directa del poder municipal- ha dicho que nada de política antes de las elecciones.

Gracias por su interés.
Pilar Pato, presidente de Coruña Liberal

A los que dicen que no hay imposición lingüística
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 12 Noviembre 2009

En mi familia todos somos castellanohablantes. Me tengo que trasladar a vivir a Barcelona por motivos profesionales. Quizá esté allí 2 años, o quizá 4. Estoy preocupado y fastidiado. Tengo dos hijos, de 3 y de 6 años. La Unesco y todos los pedagogos están de acuerdo en que lo mejor para los niños es que aprendan a leer y a escribir en su lengua materna, y que reciban toda la primera enseñanza en esa lengua. Eso es también lo mejor para sus padres, que así podremos ayudarles en sus estudios como hicieron nuestros padres con nosotros.

Aprender las matemáticas en catalán para mis hijos va a tener más dificultad que aprenderlas en castellano, porque hay expresiones y sentidos que no entenderán bien en catalán. Y lo mismo para todas las demás materias. Tengo amigos que me cuentan que ya están sufriendo ese problema en Galicia y en Cataluña. Y he leído (en un estudio de la Fundación Bofill) que el índice de fracaso escolar en Cataluña es altísimo en alumnos con lengua materna distinta del catalán.

El castellano es idioma oficial en España y lógicamente también en Cataluña. Muchos residentes catalanes hablan habitualmente castellano, y bastantes de ellos no son naturales de ese territorio. Muchos emigrantes sudamericanos y de otros sitios van a vivir y a trabajar a esa Comunidad. ¿Por qué se niega el Gobierno Catalán a que haya colegios en castellano, como los hay en Euskadi? ¿Por qué a mis hijos no se les va a permitir recibir la educación en las mejores condiciones posibles? ¿Y si dentro de 2 años mi empresa me envía a Galicia?

Poneros en mi lugar. A mi como adulto no me va a suponer un gran problema aprender catalán. Pero el problema es grave para mis hijos. Es injusto. Es discriminatorio. Es xenófobo. Es jugar con su futuro. Es poner la política y el nacionalismo por encima de los derechos y libertades de los ciudadanos. Quizá tú pensabas que no había imposición lingüística. Pero ya ves que a toda mi familia nos van a complicar la vida al imponernos un idioma que no es el nuestro. Y eso que seguimos en nuestro País, y estaremos en un territorio donde el castellano es oficial (si no lo fuera, no tendría nada que decir); y donde la ley establece que no podemos ser discriminados por querer usar nuestro idioma.

Ya no puedes decir que no hay imposición. Sí que la hay. Si a partir de ahora lo niegas, estás mintiendo. El que para ti no sea un problema no significa que no exista ese problema y les afecte a otros. ¿Quieres seguir negando la realidad y siendo insolidario? Espero que no. Si cambias de idea, gracias, también en nombre de mis hijos.

Alejandro Suárez
(Salamanca)
La Voz de Galicia
Miércoles, 11 de noviembre de 2009
http://www.lavozdegalicia.es/cartasdirector/2009/02/21/0112AF4FE67ED4A6BC8300D13A01B4156D0B.htm#comentario

NO RECHAZAN LA CONSULTA SOBERANISTA EN GERONA
Los socialistas alimentan el desafío independentista
IMPRESIONES El Mundo 12 Noviembre 2009

LA ABSTENCIÓN de los socialistas en el pleno del Ayuntamiento de Gerona que aprobó llevar a cabo una consulta por la independencia de Cataluña es un hecho gravísimo. El Gobierno ya cometió un error al permitir que Arenys de Munt celebrase en septiembre una farsa de ese calibre. Aunque se trata de una bufonada, es un acto que contraviene la Constitución, que crea espacios de impunidad para el nacionalismo radical y que envalentona a los independentistas, que ya han convocado más de un centenar de nuevas consultas. Si con toda lógica no se consintió a Ibarretxe preguntar a los vascos sobre su autodeterminación, no se entiende esta permisividad. Pero además, el PSC, que ha llegado a apoyar estos referendos en alguna población catalana, se ha abstenido ahora en una capital de provincia, dejando sólo al PP votando en contra y alimentando el desafío independentista. Por si fuera poco, la justificación del portavoz socialista de Gerona diciendo que ha de ser el Parlament «quien decida sobre la soberanía» es intolerable. Sobre soberanía sólo puede pronunciarse el Parlamento español.

Baleares subvenciona a los sindicatos que tengan el catalán como lengua vehicular
"Resulta escandaloso que con la crisis que sufrimos el Gobierno de Antich conceda 128.000 euros para normalización lingüística", denuncia Círculo Balear
www.lavozlibre.com 12 Noviembre 2009

Palma (Mallorca).- La asociación Círculo Balear ha denunciado la última medida tomada por la consejería de Educación balear contra el castellano. El Ejecutivo del socialista Francesc Antich ha decidido premiar con subvenciones a los sindicatos que tengan como lengua vehicular el catalán, discriminando a los que utilicen ambas.

La medida tomada por Bartomeu Llinás, consejero de Educación balear, implica conceder 128.000 euros a los sindicatos para contratar a un asesor lingüístico a jornada completa o dos a media jornada. Si bien la contratación debe realizarse entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del presente 2009, el Ejecutivo ha publicado la resolución con fecha de 5 de Noviembre.

“Resulta escandaloso que, con la profunda crisis que sufrimos en Baleares, en la que miles de ciudadanos deben acudir a la beneficiencia para poder comer, más de 80.000 personas se encuentran en situación de desempleo y familias enteras se quedan sin subsidio alguno, el Gobierno balear presidido por el señor Francesc Antich conceda 128.000 euros para planes de normalización lingüística y promoción del uso del catalán en el mundo laboral".

Los responsables de Círculo Balear, que pese a sus peticiones siguen sin ser recibidos por Bartomeu Llinás, manifiestan que “las verdaderas intenciones del actual gobierno son penalizar el bilingüismo”.

En este sentido, el apartado 13 de la resolución del Boletín Oficial de las Islas Baleares que atiende los criterios para determinar la subvención otorga 4 puntos "a los sindicatos que definan como lengua vehicular, propia y/o oficial del sindicato el catalán". En cambio, "los que definan el catalán y el castellano como lenguas vehiculares, propias y/o oficiales del sindicato" tan sólo obtendrán 2 puntos.
 

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El PSC ordenó la traducción en la visita de los nicaragüenses al «Parlament»
El portavoz del grupo municipal del PSC de Gerona, Joan Pluma, justificó ayer la abstención de su grupo en el pleno celebrado el martes, que aprobó la celebración de una consulta independentista, en que «es el Parlamento de Cataluña quien tiene que decidir sobre la soberanía». Gerona es la primera capital de provincia catalana que apoyó la celebración de una consulta soberanista, con los votos a favor de CiU, ERC e ICV, los dos últimos en el equipo de gobierno junto con el PSC, que se abstuvo, y el voto en contra del PPC. Lérida y Tarragona ya lo han rechazado.
M. J. CAÑIZARES/I. ANGUERA | BARCELONA ABC 12 Noviembre 2009

La contratación de un servicio de traducción al castellano en el Parlamento catalán fue instada por ERC, pero su brazo ejecutor fue un socialista, el presidente de la Comisión de Cooperación y Solidaridad, José Antonio Donaire Benito, quien solicitó a los servicios ténicos de la Cámara catalana para que facilitara dos cabinas y dos traductores durante la comparecencia de una comitiva nicaragüense.

ERC se había quedado sola defendiendo el empeño del secretario de Cooperación de la Generalitat, David Minoves -que depende orgánicamente del vicepresidente Josep Lluís Carod-Rovira-, de utilizar el catalán en una sesión de la citada comisión celebrada el pasado lunes. PP, CiU, ICV y Ciutadans cuestionaron la necesidad de pagar un servicio de traducción al castellano -que fuentes parlamentarias cifran en 1.000 euros más IVA- en plena crisis económica.

Dos lenguas, dos banderas
El PSC también había expresado, a través del diputado Joan Ferran, su queja por la actitud de Minoves, quien posteriormente manifestó que «lo que no podía hacer era expresarme en el Parlamento con una lengua que no fuera en catalán». La polémica se trasladó el martes a la reunión de la Junta de Portavoces, donde se registraron momentos de tensión cuando la representante del PP, Dolors Montserrat, recordó al presidente del Parlament, Ernest Benach (ERC), la existencia de dos lenguas oficiales en Cataluña. La popular enfatizó su reflexión recordando la bandera española y catalana que preside el despacho de Benach, quien atendió, visiblemente nervioso, las reclamaciones de la portavoz del PP.

Pese a ese primer pronunciamiento de los socialistas en contra de un gasto innecesario, lo cierto es que fue un miembro de este grupo, José Antonio Donaire Benito, quien en calidad del presidente de la Comisión celebrada en presencia de la comitiva nicaragüense, cursó la petición de traducción simultánea a los servicios técnicos del Hemiciclo catalán.

La polémica alcanzó ayer al presidente de la Generalitat, José Montilla, quien se vio obligado a responder de ello durante la sesión de control parlamentario y lo hizo poniendo buen cuidado en no molestar a sus socios de Esquerra.

Increpado -en castellano- por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien lamentó el «ridículo» protagonizado por la Cámara autonómica el lunes, Montilla reivindicó el «derecho a expresarse en catalán o en castellano; es un derecho que tienen todos los diputados de esta cámara, aqui, en el plenario, y también en todas sus sesiones de trabajo».

Montilla amparaba así la exigencia republicana de utilizar el catalán ante la delegación nicaragüense, rubricada por el presidente socialista de la comisión, a pesar de las críticas lanzadas por su portavoz parlamentario, Joan Ferran, a la contratación de un sistema de traducción
 

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