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Recortes de Prensa    Viernes 13 Noviembre  2009

 

El escandaloso trato del idioma
Daniel Martín Estrella Digital   13 Noviembre 2009

En plena crisis, de manera apresurada, parcial y sin consenso, escandalosa, se aprueba en el Congreso una nueva forma de financiar las Autonomías, otro paso más para que nuestros dirigentes continúen malgastando el dinero público a su antojo y sin control. Aquí los presupuestos son asunto menor, pero nadie mueve un dedo para quejarse, protestar y acabar con el derroche. Como he escrito en numerosas ocasiones, si en España todo resulta posible es, sobre todo, culpa de un pésimo sistema educativo.

Efectivamente, y aunque a muchos se les llene la boca repitiendo lo de que los actuales jóvenes son "los mejor preparados de la Historia", ahora los estudiantes saben menos que los de hace 20 años, por no hablar de los de hace medio siglo. Esta afirmación es fácilmente observable si comparamos la capacidad comunicativa, escrita u oral, de cualquier persona de menos de 25 años. La debacle educativa es aún más evidente en el trato docente que se da al castellano. Nos quejamos de que en Cataluña sólo se dan dos o tres horas a la semana, pero en el resto de España tampoco se enseña ni se aprende a leer, escribir, hablar... en definitiva, a pensar.

Las causas son numerosas. Entre otras:

-La dictadura de lingüistas, gramáticos y filólogos ha llenado la asignatura de Lengua de extraños términos como sintagma, hiperónimo, antropónimo, suplemento, enlace, locución preposicional, prosopografía, etc. A veces parece que, en un arrebato marxiano, en la clase de Lengua se hable de todo menos castellano.

Tengo mis dudas sobre si esta es la mejor manera de afrontar el estudio de un idioma. Estructuralismo, generativismo y demás zarandajas quizás tengan su sentido desde determinadas perspectivas. Pero en ningún caso es una manera correcta, coherente ni inteligible de afrontar la enseñanza de un idioma, fenómeno de tal riqueza y magnitud que sólo se puede comprender si se estudia de manera directa, sin axiomas, estructuras ni términos confusos y abstractos, con paciencia y detenimiento, potenciando siempre la capacidad comprensiva y creadora del castellano en el alumno. La dictadura lingüística de la docencia de la lengua ha convertido a esta asignatura en algo incomprensible, la más trágica paradoja de nuestro sistema.

-Paralelamente, la enseñanza del castellano ha ido perdiendo peso dentro de los planes educativos. Son muchos los colegios en donde se dan más horas de idioma extranjero que del propio.

Por si fuera poco, la LOGSE combinó en una sola asignatura Lengua y Literatura, con lo que hay que dar el doble de materia durante las mismas horas que antaño, lo que equivale a aprender menos de ambas. Además, la convivencia de las dos no siempre es sencilla, porque, para más inri, a menudo los clásicos desdicen esas teorías lingüísticas que quieren imponer sobre la viva realidad del idioma.

-Si esto hubiera servido para fomentar y mejorar la lectura, perfecto. Pero todos los estudios reflejan que los alumnos actuales tienen una comprensión muy inferior a la de hace tan solo un cuarto de siglo. Como bien decía un viejo profesor, durante el franquismo no se podía leer La Celestina por prohibición, y ahora no se puede leer por incapacidad.

-A todo esto se une la pésima calidad de los libros de texto, en especial los de Lengua y Literatura, escritos en un idioma aproximado, grueso, inexacto, con continuas ambigüedades, medias verdades, manifiestas falsedades y chorradas inmensas. Por otro lado, el lucrativo negocio de los libros infantiles y juveniles, que se leen y mucho, da constantes patadas a la gramática, al idioma, para desesperación de maestros y perjuicio de alumnos.

El resultado es que el actual dominio de la lengua española por parte de los escolares españoles es pésimo. Se habla mal, se lee a medias, se escribe con dificultad, incorrección y nula claridad, lo que revierte en serias dificultades para el razonamiento profundo y el consiguiente nacimiento del espíritu crítico en los futuros ciudadanos. Y, mientras se continúa alabando -no sé si con hipocresía o temeridad- las virtudes de los nuevos graduados, lo cierto es que estos -los castellanoparlantes; desconozco qué ocurre con las lenguas cooficiales- desconocen casi por completo los rudimentos de su propia lengua materna. Si a esta, como Unamuno, la denominamos sentido común, no hace falta decir mucho más.

dmago2003@yahoo.es

Financiación
Pilla y corre
Agapito Maestre Libertad Digital  13 Noviembre 2009

El escaso margen por el que se ha aprobado la nueva ley de financiación autonómica no refleja el "acuerdo" de fondo de todos los actores políticos implicados, a saber, es menester matar a España, pero sin rematarla. En efecto, excepto UPyD, el resto de los implicados han votado a favor o en contra sin importarles una higa el asunto central: España como Estado-nación ha desaparecido. El cinismo socialista ha sido tapado con la hipocresía de los populares. Del resto de los grupitos de la cámara, por ejemplo, los de UPN y CC, mejor no hablar.

Las comunidades autónomas ya no son las representantes de España en sus regiones, sino que compiten obstinadamente con España. Las autonomías son una cosa extraña, difícil de definir en términos de teoría política, que niega el Estado-nación, pero sin atreverse a abandonarlo definitivamente. O sea, todas las comunidades aspiran, o mejor, han conseguido una especie de independencia sufragada. Ha triunfando, sin duda alguna, el "modelo" catalán. La locura.

Esta ley, sí, sanciona una tropelía y, por supuesto, retrata a nuestra esperpéntica casta política. Ya ni siquiera se trata de una España asimétrica y desigual, sino de algo peor, y muchísimo más feo, a saber, los políticos- funcionarios quieren reducir a los ciudadanos españoles a una masa o gentío. Toda la ley es un inmenso trapicheo para ocultar lo importante: España ha dejado de ser una nación normal con un Estado decente para convertirse en 17 taifas o "estaditos". Los políticos no quieren gobernar sino pastorear poblaciones. Hay que gastar sin control de nadie. Esta salvajada "financiera", insisto, es el fruto del "modelo" nacionalista catalán: no se trata de conseguir una financiación eficiente y justa sino maximizar los ingresos fiscales per cápita por comunidad.

Es obvio que con esta ley las desigualdades crecen entre las diferentes comunidades autónomas y se penalizará, además, a las autonomías que menos gasten. Pero, lo peor de todo, es que han conseguido aprobar una ley orgánica que consolida la desaparición del Estado-nación. Esta ley es, reitero, la consecuencia lógica del Estatuto de Cataluña. En fin, por un lado, los socialistas y aláteres, incluidos los de UPN, cumplen rigurosamente con el Estatuto de Cataluña; y, por otro, el PP da grititos por "un gran acuerdo nacional", pero elude el asunto fundamental: denunciar el modelo nacionalista catalán. Todos, en fin, cogen la pasta y salen corriendo. Lo decisivo no se trata.

Izquierda liberal
Maldito franquismo
Antonio Robles Libertad Digital  13 Noviembre 2009

Vivimos tiempos convulsos, tan garantistas en los fines como retrógrados en los hechos. Pura apariencia humanista donde el bien consiste en no estigmatizar el mal. Un mundo donde las víctimas han de comprender, mientras nos desquiciamos por preservar los derechos del verdugo. La peor forma de ser y de estar. Estúpida paradoja que se pudre en la propia revolución que anuncia. Aunque en realidad todo se reduce a una pastosa decadencia, en el peor de los sentidos. Ni siquiera tiene el sabor poético de la melancolía. Son tiempos maniatados, con ciudadanos sin valentía política ni grandeza ética, tan incapaces de exigir lo que el sentido común les pide, como de enfrentarse a la clase política, hija toda ella de una transición llena de tópicos y chantajes ideológicos.

Nadie se atreve a pensar las soluciones desde la realidad que nos atosiga, todos parecen estar neutralizados por los complejos democráticos de cuarenta años de franquismo.

Aumentan las garantías democráticas de salón al mismo ritmo que la delincuencia, nadie se atreve a poner a la víctima por delante de los sentimientos heridos del verdugo, son éstos los que acaparan mayor indignación política o judicial –que no social–, como si lastimar a la víctima encajara en las garantías constitucionales, y acorralar al verdugo, las fatigara. Importa poco que éste sea un ser miserable, un niñato malcriado y peor instruido, criminal confeso, capaz de jugar al escondite con el cadáver de una joven asesinada, mofándose de jueces, policías, bomberos y políticos y arrastrando los sentimientos de sus seres más queridos por los lodos del cauce de un río o los estercoleros de Sevilla. De los costos ocasionados al Estado ya ni hablo. Seguro que saltarían inmediatamente almas indignadas por la grosería material, aunque hasta este momento no hayan gesticulado ni un milímetro por la desesperación de unos padres obligados a imaginarse mil tormentos por culpa de la crueldad de quien no duda en meterles el alma en un estercolero. Miguel Carcaño es la metáfora de estos tiempos sin pulso, de programas de televisión basura donde se encumbra a gentucilla, gentuza o simplemente a personajillos cuyo máximo mérito es hablar de sus últimas bragas.

¡Maldito Franquismo!, que de tanto abusar del autoritarismo, nos ha convencido de la maldad intrínseca de la autoridad. ¡Maldito franquismo!, que a fuerza de ejercer la arbitrariedad, nos ha desprestigiado la disciplina. ¡Estúpido franquismo!, que aún nos solivianta el recurso al orden, por esa maldita costumbre tan suya de haberlo confundido con el ordeno y mando. ¡Maldito franquismo!, por imponer el esfuerzo sin razones, confundir la memoria con el conocimiento o la obediencia con la sumisión. Toda una generación democrática capada y sin arrestos para pensarla y ejercerla. ¡Estúpida generación anfranquista!, por contraponer el respeto por los mayores a la rebeldía legítima de la juventud, confundir el castigo educativo con los malos tratos sufridos; ¡estúpida generación la mía!, que no ha sabido librarse de él sino dramatizando toda su existencia, la que le era propia y la que necesariamente forma parte de la vida de una nación, independientemente de quien la gobierne. De esa confusión nace la perplejidad de nuestra época, en la que nos mostramos incapaces de ser, a fuerza de vivir acomplejados por los ritos buenistas de una clase dirigente sin arrestos ni grandeza.

Las tribulaciones de la muerte de Marta del Castillo y la incapacidad del Estado para hacer confesar a esa pandilla de mentes insalubres, me han hecho recordar la indignación general por la exhibición pública de los presuntos delincuentes del PSC y de CiU, Bartolomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma, y Macià Alabedra, ex conseller de CiU y Lluís Prenafeta, mano derecha de Pujol. Una cosa es el respeto escrupuloso a las garantías procesales y otra muy distinta, esa sensibilidad histérica contra policías, jueces o comentaristas cada vez que a un delincuente o a un terrorista no se le trata con exquisitez. Esa exquisitez que tanto se echó a faltar en los años ochenta con los familiares de las víctimas de ETA y se sigue echando a faltar hoy cada vez que el delincuente parece el agredido.

Pero la cuestión no se queda simplemente en la desventura de tantas y tantas víctimas maltratadas por el trato deferente al delincuente, va mucho más allá y afecta a la estructura del propio Estado.

Vuelvo a ese maldito franquismo; sus efectos colaterales han logrado convencer a la mayoría de españoles que el centralismo es despreciable, cualquier centralismo, y dan crédito ilimitado a cuanta descentralización y ejercicio de autonomía se les oponga. De tanto abusar del poder de un sistema centralista, hemos acabado legitimando cualquier abuso autonomista. De tanto ignorar la pluralidad lingüística de España, hemos acabado sacralizando una torre de babel.

Y sin embargo, hay muchas razones para defender una sanidad pública, universal y única para todos los españoles. ¿Por qué será tan raro reivindicar una educación gestionada con criterios científicos y no ideológicos? ¿Por qué cada cual quiere la suya?

Ahora entendemos por qué el nacionalismo pretendía que Cataluña fuera la última instancia judicial. Aquí nunca ha habido confrontación ideológica, ni proyectos políticos diferentes, sólo una comedia de intereses, donde se han repartido los papeles de un mismo guión: el catalanismo. Ahora entendemos por qué se pretendían resguardar del imperio de la ley. Ahora queda al descubierto para qué sirve el catalanismo.
Y mientras tanto, España diseña acomplejada ese guión de trileros, no sea que los derechos constitucionales del asesino de Marta del Castillo o los mangantes de Pretoria-3000, se sientan ofendidos.
antoniorobles1789@hotmail.com

Cuentas autonómicas de la lechera
Editorial La Razón  13 Noviembre 2009

Con los 176 votos imprescindibles, ni uno más, el Gobierno logró ayer sacar adelante la nueva Ley de de Financiación Autonómica (Lofca), que sustituye a la aprobada por el Gobierno del PP en 2001. El Grupo Socialista no habría alcanzado su propósito de no haber sido por el apoyo de los dos diputados navarros de UPN y NaBai, a los que paradójicamente no les concierne esta ley porque Navarra tiene su propio concierto económico. No es la única paradoja que ha suscitado el nuevo modelo de financiación y entre ellas destaca la valoración tan opuesta que han hecho los nacionalistas catalanes, CiU radicalmente en contra por considerarlo nada menos que «la sentencia de muerte del Estatut», y ERC decididamente a favor.

Si a lo anterior se añade que, en asuntos de dineros autonómicos, los dirigentes políticos se enfrentan al dilema de seguir las directrices del partido o defender los intereses particulares de su comunidad, se comprende que el debate sobre la nueva Lofca resulte confuso, contradictorio y enigmático para el contribuyente, que es el pagano de la historia. Ha faltado un esfuerzo elemental de pedagogía, aunque no resulte fácil ante una ley que es opaca, con fórmulas laberínticas y que deja a cada autonomía hacer sus propias cuentas, aunque no sean reales. A modo de recapitulación de un proceso que se inició hace más de dos años, envenenando el debate político y entre las autonomías, se debe señalar que la reforma ofrece aspectos positivos, como actualizar la financiación a la población real de cada región, que en total ha crecido en seis millones de personas. También es positivo que fije el foco de atención en la sanidad, la educación y los servicios sociales. Los desacuerdos surgen a la hora de fijar los demás criterios de reparto y de establecer los porcentajes, capítulos en los que las arcas del Estado sufren la peor parte. Como es sabido, se cede a las autonomías el 50% del IVA e IRPF y el 58% de los impuestos especiales. Además, el Estado pone 11.700 millones más cada año y aplaza la devolución de otros 6.000 millones que le deben las comunidades autónomas por los anticipos a cuenta en 2008. Por si fuera poco, el Gobierno garantiza que ninguna autonomía recibirá menos que con el sistema anterior. Es discutible si la caja central debe someterse a tales sacrificios para satisfacer a los gobiernos regionales, lo que disparará aún más una deuda que camina hacia el 10% del PIB y penaliza la posición financiera de España en el mercado internacional, aparte de hipotecar el futuro. Pero lo que no ofrece duda es que las cuentas que ha hecho el Gobierno se parecen mucho a las de la lechera del cuento. En efecto, no se ha considerado la caída vertiginosa de la recaudación fiscal por la crisis y que las comunidades están ingresando un 30% menos que hace tres años. Además, ¿de dónde piensa sacar el Gobierno esos 11.700 millones, que no están contemplados en los Presupuestos?

Esa partida la puso encima de la mesa para pagar el cheque catalán y, con el resto, premiar a las autonomías amigas, convencer a las que titubeen y castigar a las díscolas. La discrecionalidad absoluta del Gobierno, que propicia el regateo de mercado persa, es lo que arroja sombras de sospecha sobre la Lofca y explica que haya comunidades, como Madrid, que se sienten claramente perjudicadas con respecto al mejor trato que reciben otras, como Cataluña. También resulta inaudito que esta ley penalice la bajada de impuestos o que el Estado, a cambio de su generosidad, no imponga ciertas normas de austeridad y eficiencia en el gasto autonómico.

Éxito completo de la gran marcha sobre La Moncloa
Enrique de Diego Semanal Digital  13 Noviembre 2009

Ya no se puede decir que la sociedad está adormecida y que no protesta por la subida de impuestos. El 7 de noviembre, en torno a tres mil personas en el mitin de Alonso Martínez, y más de mil ante el mismo Palacio de La Moncloa, protestaron y exigieron elecciones anticipadas.

A ellos hay que sumar la reciente protesta de los autónomos y la que viene de los agricultores. La sociedad civil española está en proceso de protesta y las clases medias, de rebelión. Son los medios, al servicio del inútil de La Moncloa o sumisos a la casta parasitaria, y de espaldas a la gente, los que silencian y ocultan la realidad. La sociedad civil española está viva, son los medios de comunicación los que están muertos.

Era fundamental marcar el camino. Era esencial indicar la meta: La Moncloa, el palacio que pagamos entre todos, y desde el que, con una política demencial, se nos lleva a la ruina y al hambre. Y lo conseguimos. Más de mil miembros de la Plataforma de las Clases Medias llegamos a La Moncloa en dos columnas, partiendo desde Cuatro Caminos, la primera, y la más nutrida desde Alonso Martínez (tras dejar, por cierto, una bolsa de basura en el domicilio de Alberto Ruiz Gallardón). Fuimos por esas calles que también hemos pagado con nuestros impuestos. Las calles son nuestras y el Palacio de La Moncloa es nuestro, de los contribuyentes, y no se pueden utilizar contra nosotros, como se está haciendo, friéndonos a impuestos.

Desbordada la Policía por la riada humana y por la determinación de los manifestantes, no tuvo más remedio que ir parándonos el tráfico para que marcháramos con más comodidad. Nosotros nos parábamos en los semáforos. Ellos –sus jefes- no tenían interés en la que se estaba armando, con la gente preguntando, aplaudiendo y los coches, de manera generalizada, haciendo sonar los claxon en señal de apoyo. Tenían el máximo interés en que fuéramos lo más rápido y para ellos nos facilitaron que fuéramos lo más cómodos posible. Como nuestro objetivo era llegar a La Moncloa, y nos lo facilitaban, aceptamos el pacto. Ya los de Cuatro Caminos, llegados desde Valencia y Murcia, habían tomado posiciones ante el Palacio y fue muy emocionante unirnos a ellos.

Fue un mal día para el sistema, para la casta parasitaria y para el inútil de La Moncloa. Y un día de lucha y de gloria para las clases medias.

La palabra que define las intensas sensaciones que vivimos los miembros de la Plataforma de las Clases Medias es dignidad. Nos sentimos llenos de dignidad personal. Dignidad en todos los asistentes, nerviosismo histérico en Moncloa.

Los efectos demoledores de la protesta en el sistema de casta parasitaria, su indudable éxito, se irán percibiendo con el tiempo, más pronto que tarde.

La próxima vez convocaremos a la nación a marchar desde todos los puntos, desde plazas y calles a La Moncloa. Ya hemos señalado el camino. Ya lo conocimos.

Objetivo cumplido: llegamos a La Moncloa. Como estaba previsto, como era ley.

Yo, ciudadano
PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO Rector de la Universidad Rey Juan Carlos ABC  13 Noviembre 2009

Nadie pone en entredicho que la democracia se configura de forma mayoritaria, cuando no esencial, al hilo de los cauces de la democracia representativa. Una conformación que se articula, en los Estados democráticos de Derecho, a través de la convocatoria y celebración de elecciones libres y periódicas. Unos comicios que se encauzan sobre el destacadísimo papel que despliegan los partidos políticos. Los partidos se han erigido de esta suerte en los actores principales de la vida política. Una realidad que no desconoció nuestro constituyente de 1978, cuando dispuso en el artículo 6 de la Constitución, que «los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política». Y así lo entendió, aunque matizó, el Tribunal Constitucional, al afirmar que «los partidos políticos... son instrumento fundamental de participación política, pero, sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que el derecho a participar corresponde a los ciudadanos y no a los partidos» (STC 5/1983, de 4 de febrero). Estamos, en fin, ante el Estado de partidos estudiado magistralmente por el profesor Manuel García Pelayo.


En este contexto, y yo soy el primero en no ponerlo en discusión, los mecanismos de la democracia directa, esto es, aquellos en los que el pueblo soberano explicita su voluntad de una forma directa y sin intermediarios, han quedado relegados a un segundo lugar cada vez más residual. La dificultad o imposibilidad de establecer tales instrumentos -referéndum, recall, iniciativa legislativa popular- en ámbitos humanos tan amplios como los Estados, muy lejanos a la polis griega o la civitas romana, así como el uso frecuentemente autoritario de tales institutos -los referéndums finalizan por transformarse, casi siempre, en indeseables prácticas plebiscitarias-, postergaron, cuando no minimizaron, su presencia en las democracias actuales. A lo que habría que añadir una circunstancia específica en el caso español: la entendible desconfianza, en el momento de elaborarse la Carta Magna de 1978, hacia unas instituciones que habían sido fraudulentamente utilizadas durante el franquismo para cercenar y erradicar la auténtica manifestación de todo régimen constitucional. A saber, la existencia de elecciones libres, y la concurrencia en las mismas de los, entonces, estigmatizados partidos políticos.


Ahora bien, los excesos de los partidos en las democracias occidentales, especialmente en el modelo europeo, pues en Estados Unidos éstos desarrollan su principal cometido en el momento de los comicios -son, por expresarlo gráficamente, maquinas electorales- nos llevan, aún sin desdecirnos de lo antedicho, a añorar, y hasta reclamar, ¿por qué no?, una mayor presencia hoy de los mecanismos de la democracia directa. La perversidad de una partitocracia que se extiende a todos los ámbitos de la vida no sólo política -recuerden las perversas cuotas en que se reparten las principales instituciones del Estado- sino hasta de la vida privada de los ciudadanos, que también se quiere fagocitar por las hipertrofiadas formaciones políticas, nos impele a replantearnos su extensión en ciertos casos. Especialmente, cuando los ciudadanos asisten desencantados al alejamiento de una endogámica clase política encerrada en la satisfacción inmediata y rácana de las consabidas cuotas de poder; muy lejos, por tanto, de las cuestiones que ocupan y preocupan a la ciudadanía. A lo que se suma la elaboración monopolística de unas listas electorales cerradas y bloqueadas, que complica sobre manera las fórmulas de una mejor coparticipación y codecisión de la sociedad civil en los asuntos de su Res publica. Una insatisfactoria realidad que puede terminar por dar la razón al mismísimo Rousseau, el padre de la democracia directa, cuando señalaba que «El pueblo inglés piensa que es libre y se engaña: lo es solamente durante la elección de los miembros del Parlamento: tan pronto como éstos son elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada.» O al también maestro León Duguit que fragmentaba, en el siglo XIX, la estructura de las sociedades en dos castas impermeables: los gobernantes y los gobernados.


Una situación que en nuestro país adquiere tintes más graves, a consecuencia de la debilidad de su sociedad civil. Una sociedad civil que se nos muestra desvertebrada, acomodaticia, retraída y diletante. Un contexto desazonador para quienes desean un incremento de su presencia activa en la vida política nacional. Un déficit que no hemos sido capaces de superar, por más que hayan transcurrido treinta años desde la aprobación de la Constitución de 1978.
Así las cosas, estoy convencido de mi legitimación como ciudadano para reclamar una mayor participación directa e inmediata en los asuntos de la vida pública. Específicamente en el caso de algunos asuntos de la máxima importancia que me resultan -insisto, nuevamente, en mi cualidad de ciudadano- irrenunciables. Unos asuntos que no pueden quererse presentar interesadamente por nuestros partidos políticos como meras cuestiones de trámite, o de previa y absoluta delegación del pueblo soberano en los mismos. ¿Cuáles son tales materias? A mi entender, los espacios que reclamarían una creciente participación de la ciudadanía, bien a través de una mayor presencia de la sociedad civil, bien del ejercicio de los mecanismos de la democracia directa, son, al menos, los dos siguientes.

Primero. El modelo constitucional y territorial del Estado. Un modelo que entendíamos afianzado en una recta interpretación de los principios constitucionales de unidad, igualdad y solidaridad (artículo 2 CE), pero que una irresponsable política autonómica ha puesto en discusión. Si se desea por algunos una modificación del modelo territorial -algo posible, pues la Constitución carece de cláusulas de intangibilidad- puede hacerse (¡por más que me parezca un desatino!), pero eso sí, siempre que se disponga de las mayorías cualificadas. Lo que no puede asumirse es una alteración del marco territorial a través de espúrias mutaciones constitucionales estatutarias que subviertan, de iure o de facto, el orden territorial fijado en la Constitución.

Segundo. El régimen de derechos y libertades públicas. Unos derechos que hasta ahora entendíamos eran privativos de los ciudadanos, y nunca de los pueblos. Unos derechos -presididos por las notas de igualdad y solidaridad- que no pueden quedar al socaire de tratamientos complementarios o alternativos en ciertos Estatutos de Autonomía o en algunas disposiciones legislativas emanadas de las Comunidades Autónomas. Si en el caso anterior, teníamos mucho que decir en nuestra condición de ciudadanos, que les voy a señalar ahora, cuando se afecta, ni más ni menos, que al contenido axiológico de la Constitución: los derechos fundamentales y libertades públicas, insisto, de ciudadanos libres e iguales ante la ley en cualquier parte del territorio nacional. ¿Qué cuáles son mis títulos esgrimibles para ello? Uno, político: mi reseñada condición de ciudadano. Otro, jurídico: el propio artículo 23 de la Constitución, me concede, nos concede, el derecho de participación en los asuntos públicos de forma representativa o directa. En palabras de Arnaldo Alcubilla, «respetando el carácter esencialmente representativo de nuestra democracia, no se ve incompatibilidad alguna con el reforzamiento de las técnicas de participación directa, pues coadyuvan adecuadamente en la profundización en la democracia sin adjetivos, en cuanto aseguran una participación más integral, en cuanto permiten un mayor control popular del poder monopolizado por los partidos políticos, sin poner en discusión su condición de actores protagonistas de la escena política.» Por eso, en tales materias tan esenciales para todos quiero, como ciudadano, y no mero súbdito, ser escuchado.

Nuevo golpe a ETA.
Cayetano González Periodista Digital  13 Noviembre 2009

MADRID, 12 (OTR/PRESS)
La decisión de la Gran Sala del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos hecha pública el miércoles de desestimar el recurso presentado por el brazo político de ETA, Batasuna, contra la sentencia dictada por el citado Tribunal el pasado mes de junio en la que se aseguraba que su ilegalización se hizo conforme a derecho, supone un duro golpe, fundamentalmente para la propia banda terrorista que así tendrá que perder toda esperanza de poder seguir burlándose de la democracia mediante la presencia en las Instituciones.

Pero también esta decisión del Tribunal con sede en Estrasburgo pone en su sitio a todos aquellos grupos políticos y agentes sociales que han basado su crítica a la ilegalización de Batasuna por parte del Tribunal Supremo en el 2003 y confirmada en junio de este año por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el argumento falaz de que se estaban persiguiendo ideas y que se estaba dejando fuera del juego político a esos miles de ciudadanos vascos que han votado siempre a Batasuna, se llamara esta como se llamara. Y entre esos partidos se encuentran Eusko Alkartasuna, Aralar, Izquierda Unida y en cierta manera hasta el propio PNV, aunque el presidente de este partido, Iñigo Urkullu, declaró nada mas conocerse el rechazo del Tribunal de Estrasburgo al recurso presentado por los pro-etarras que "esta decisión pone el contador a cero para Batasuna que debe tener claro que el tiempo de ETA ha terminado". Algo es algo.

A Batasuna no se la ilegalizó por el Tribunal Supremo con un objetivo de "perseguir ideas", sino para impedir lisa y llanamente que los terroristas tuvieran voz en las Instituciones y cobraran de las mismas. Los Tribunales españoles dictaminaron en su momento que Batasuna=ETA, y por lo tanto, era un instrumento creado por la banda terrorista para utilizarlo en su servicio. La prueba del nueve es que nunca, nunca, ningún dirigente de Batasuna ha condenado ningún atentado de ETA, lo cual como dictaminó en junio el Tribunal de Estrasburgo significa en la práctica "una actitud de apoyo tácito al terrorismo".

Pero todavía hay una asignatura pendiente que corresponde superarla, fundamentalmente, al Gobierno de Zapatero. Con esta ratificación del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la ilegalización de Batasuna, el Ejecutivo no puede retrasar más la adopción de las medidas que sean necesarias para sacar de los 48 ayuntamientos vascos y navarros donde están presentes a otra "marca" de ETA, ANV, que en las elecciones municipales del 2007 el ejecutivo de Zapatero y el Fiscal General del Estado, permitieron que se presentaran porque en aquellos momentos "convenía". El aislamiento institucional de ETA no será completo mientras que haya un solo concejal de ANV en su puesto y cobrando del erario público. Algunas cosas están cambiando en el País Vasco desde la llegada del lehendakari López a Ajuria-Enea con el apoyo del PP. Después de la decisión de Estrasburgo, el Gobierno de Zapatero, si quiere, lo tiene más fácil.

El pleno del Constitucional rechaza la ponencia que avala el Estatut
Seis de los diez jueces se oponen a que Cataluña sea una nación y que el catalán sea obligatorio
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) sigue sin alcanzar un consenso sobre la sentencia que debe resolver los recursos contra el Estatuto de Cataluña, después de que la mayoría de los magistrados se pronunciaran ayer contra el cuarto proyecto de resolución presentado por la ponente, Elisa Pérez Vera.
Madrid Estrella Digital  13 Noviembre 2009

Fuentes del Constitucional han confirmado a Efe que, tal y como este viernes avanzan los diarios El Mundo y El País, los diez magistrados que integran el pleno acordaron ayer realizar una "prospección" sobre los apoyos con los que contaba la ponencia y que sólo cuatro de ellos -la propia ponente, la presidenta María Emilia Casas y Pascual Sala y Eugenio Gay- respaldaron el texto.

Los otros seis expresaron su discrepancia con la ponencia de Pérez Vera, aunque las fuentes consultadas explicaron que adujeron distintos motivos.

Así las cosas, la reunión de ayer sirvió para dejar claro que aún no hay una mayoría suficiente en el pleno del TC como para cerrar la sentencia y poder notificarla en un plazo breve de tiempo, cuando están a punto de cumplirse tres años y medio desde que el PP presentara su recurso contra el Estatut.

Sigue sin alcanzarse un consenso
El Constitucional constata que sigue encallado sobre el 'Estatut'
Una 'prospección' arroja un resultado de 6 a 10 contra la última ponencia
María Peral | Madrid El Mundo  13 Noviembre 2009

El Tribunal Constitucional sigue encallado sobre el Estatut. Se constató el jueves durante una reunión del Pleno en la que se sondeó si hay mayoría sobre los aspectos más controvertidos del último texto presentado por la ponente. El resultado fue negativo: la ponencia es rechazada por seis de los 10 magistrados, la misma situación que en julio, cuando los miembros del TC se fueron de vacaciones sin los deberes hechos.

Fuentes del Tribunal Constitucional indicaron que no fue una votación formal ni una fijación de postura definitiva, sino una "prospección" con el fin de comprobar si existen o no mayorías suficientes.

El sondeo sólo sirvió para constatar que, pese los 'pasilleos' de las últimas semanas para negociar acercamientos, las posiciones no se han modificado. La foto es la misma que hace cuatro meses, cuando los magistrados se marcharon de vacaciones sin un acuerdo.

La ponencia, que se basa en alambicadas interpretaciones de los preceptos del Estatut para evitar declaraciones de inconstitucionalidad, sólo cuenta con el respaldo de la presidenta del TC, María Emilia Casas, de la ponente y de los magistrados Pascual Sala y Eugenio Gay, e incluso estos dos últimos consideran que el texto es excesivamente contrario al Estatut.

Secesionistas catalanes denuncian en la UE el «racismo» de España contra Cataluña
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital  13 Noviembre 2009

A los nacionalistas catalanes sólo les faltaba pasear su victimismo por Europa como quien pide limosna de la aprobación y el reconocimiento que "Madrid" (siempre el puñetero "Madrid") les niega. Sería interesante saber quien financia todas estas actividades. Sin duda eso aclararía muchas cosas. Supongo que los europarlamentarios habrán quedado aterrorizados al escuchar las barbaridades que sufren los pobrecitos "catalanes" por parte de los malísimos "españoles". Algunos, incluso, no habrán podido reprimir las lágrimas... a causa de la risa.

El 7 de marzo de 2009 los secesionistas catalanes organizaron en Bruselas la manifestación de los "Diez mil en Bruselas por la Autodeterminación". Después resultó que, a pesar de que Bruselas les queda a un tiro de piedra y cuentan con todo el dinero y los medios que les proporciona la Generalidad para el traslado, los diez mil se quedaron en menos de 3.000. Además de diputados y dirigentes secesionistas catalanes, asistieron, como no podía ser menos, representaciones del BNG, el Sinn Féin y el Plaid Cymru galés.

Bajo el lema "We want a Catalan state" (Queremos un estado catalán), han exhibido banderas independentistas de Cataluña, ikurriñas, banderas flamencas y carteles con la imagen boca abajo de algunos eurodiputados catalanes, como el socialista Raimon Obiols, el convergente Ignasi Guardans o el popular Aleix Vidal-Quadras. Gritaron las típicas consignas “español el que no bote”, “Catalonia is not Spain”, “Independence for Catalonia” y cantaron “Els Segadors”.

Ahora le toca la vez al victimismo. Varias personalidades del ámbito nacionalista catalán han presentado este miércoles en una sala del Parlamento Europeo en Bruselas la campaña "I’m Catalan, I love freedom" (Soy catalán, amo la libertad) a la vez que denunciaban el “racismo” y el “genocidio cultural” de España contra Cataluña. No cabe duda de que estos señores son unos auténticos especialistas en manipulación.

Vamos por partes:

1º Si los secesionistas catalanes amasen la libertad, permitirían que los ciudadanos catalanes tuviesen escuelas y colegios en español, que tuviesen la posibilidad de recibir la enseñanza en su lengua materna y que cesase de una vez la imposición coactiva del monolingüismo en catalán, dejarían de negarles a los catalanes la posibilidad de elegir idioma en su relación con la administración autonómica, no multarían a quienes rotulan en español (pueden hacerlo en chino o en árabe, pero no en español) y no promoverían campañas de denuncias anónimas al más puro estilo soviético o cubano.

2º Los catalanes no son una raza. La antropología física y biológica hace ya mucho tiempo que llegó a la conclusión de que no existen razas en la especie humana. Sí las hay en otras especies, como los perros o los chimpancés. Pero no basta un color de la piel para hacer una raza distinta. Un chihuahua blanco y un chihuahua negro pertenecen a la misma raza canina. Es de suponer que cuando hablamos de «raza», nos estamos refiriendo a un cierto tipo biológico, fuertemente diferenciado dentro de una especie viva. A lo que hoy habría que añadir que está determinado por los genes.

Toda la diversidad biológica que podemos observar en las poblaciones humanas pertenece por entero a la misma especie Homo sapiens. Así lo ha confirmado el reciente estudio del genoma humano. La diversidad genética de los humanos tiene una historia concreta, responde a la evolución de la especie en su expansión por el planeta y su adaptación a las dispares condiciones geográficas, climáticas y culturales, a lo largo de los últimos diez o doce mil años.

Luigi Luca Cavalli-Sforza es un prestigioso genetista italiano, considerado uno de los mayores expertos en genética de poblaciones del mundo. Basándose en sus estudios, Cavalli-Sforza es un antirracista convencido y ha llegado a la conclusión de que el concepto de «raza» es erróneo y «no se puede aplicar a la especie humana». Pero los catalanistas que primero inventaron el concepto indemostrable de "lengua propia", ahora parecen dedicidos a inventar la "raza catalana". ¿A qué viene, si no, que digan que en España existe racismo contra los catalanes si estos no son una raza? Si quieren ir de víctimas, que le llamen de otro modo, pero hablar de racismo anticatalán a estas alturas es francamente ridículo.

3º Hay catalanes que están muy orgullosos de ser españoles, mal que les pese a los nacionalistas. Citaré algunas frases de los más famosos, que no por famosos son los únicos.

El piloto de MotoGP, Dani Pedrosa, tricampeón del mundo en distintas categorías (una de 125cc y dos de 250cc), afirma que "la perseverancia es un valor muy español" y que "el orgullo español lo vivimos con menos intensidad que en otros países, aunque cuando ves vibrar a la afición es imposible no sentirlo".

El dramaturgo Albert Boadella no se corta un pelo al decir que "España es lo que más me gusta del mundo y eso en Cataluña me convierte en un traidor a la tribu".

El jugador de baloncesto Pau Gasol considera que "en España hay una nueva generación con mentalidad ganadora, y eso no se enseña, simplemente está ahí... Es una responsabilidad muy grande saber que hay un país entero esperando que ganes". "El triunfo de muchos deportistas ha puesto a este país en el mapa del mundo... Mi patria es España, mi barrio, mi colegio, mi infancia".

El publicista Lluís Bassat explica que "España es una buena marca, pero podría ser extraordinaria. Nuestros deportistas nos hacen sentir orgullosos de nuestro país, una nación que ha permitido que esos jóvenes pudieran dedicarse a lo que más les gustaba hasta llegar a destacar como números uno del mundo".

La empresaria Rosa Tous añade que "el alma española tiene mucho que aportar a la sociedad... ¡y aún puede sorprendernos!".

Jordi Labanda afirma que "el arte y el deporte son medios neutrales para abordar el orgullo de ser español, porque apelan a lo mejor que llevamos dentro. Como diseñador creo que el rojo y el amarillo juntos dan calor, y el calor es acción".

Gemma Mengual cree que "lo mejor de los deportistas españoles es el compañerismo a la hora de competir. Los éxitos del deporte nos han hecho vibrar porque sientes que también son tuyos. Siempre te gustaría estar allí... ¡Es realmente increíble!".

La campeona de surf en cometa, Gisela Pulido, se felicita porque "a mis 14 años he sentido el calor de mis compañeros y su generosidad al compartir mis cinco triunfos mundiales. Los deportistas extranjeros quieren estar cerca nuestro, ¡somos, sin duda los más divertidos!".

Finalmente, una de las catalanas más universales, la soprano Montserrat Caballé recuerda como "he presumido siempre de ser española allá por donde he ido y he interpretado zarzuelas siempre que he podido. Cantar en castellano cuando estoy lejos de casa es algo que me llena de una gran emoción".

Frente a estos catalanes orgullosos de ser españoles, está la patética delegación de catalanistas que han ido a echar la lagrimita a Bruselas. Uno se sus componentes, el coordinador de la Comisión de la Dignidad, Toni Strubell, ha lamentado que Cataluña esté “obligada a vivir en un Estado con estándares democráticos inaceptables”. No contento con esto, añadió: “El muro de Berlín no era el último obstáculo para la libertad de Europa, en España todavía hay uno contra los catalanes” y, finalmente, ha puesto la guinda del pastel comparando el “racismo” de España contra los catalanes con el que han padecido o padecen “los judíos, los tibetanos, los kurdos o los armenios”.

Vamos, unos genios, los tipos.

Cataluña sin notario
IGNACIO CAMACHO ABC  13 Noviembre 2009

EN Madrid, que tiende a creerse el corazón de España como Sevilla se cree, según Cernuda, el ombligo del mundo, existe a menudo la tentación de olvidar lo que ocurre más allá de Aranjuez o de Alcalá y creer que la vida política nacional es un asunto exclusivamente capitalino; sin embargo las elecciones no se pueden ganar sin Andalucía ni Cataluña, donde se eligen casi un tercio de los diputados nacionales. La diferencia actual de escaños entre PSOE y PP coincide exactamente con la ventaja que los socialistas obtuvieron en las circunscripciones catalanas, y será difícil derrocar a Zapatero mientras conserve en ellas tan aplastante supremacía. En Andalucía se van estrechando las distancias por el desgaste del chavismo, pero el papel del centro derecha español en el escenario catalán es mucho más difícil de ajustar por la existencia de un exaltado clima identitario y victimista que ha crispado la política y amenaza con dejar en fuera de juego a quien no sepa modular el discurso.

De ahí que Rajoy haya convertido en prioritaria su estrategia para incrementar resultados en Cataluña, donde el Partido Popular sufre problemas de liderazgo, de presencia, de oferta y de ubicación. Si se inclina hacia el nacionalismo abandona su electorado natural, disconforme con el predominio soberanista, y si lo combate con demasiada vehemencia se aísla de la burguesía y se arrincona solo en una esquina del mapa donde sus adversarios más excluyentes le colocan la etiqueta amarilla del españolismo y la catalanofobia. El punto medio no lo ha encontrado casi nunca, pero en general su imagen en Cataluña depende más del tono de su discurso nacional que del testimonial trabajo de su franquicia autóctona.

La convención que hoy comienza en Barcelona intenta normalizar una presencia que durante los últimos años ha tenido el carácter de una incursión en territorio comanche. El debate estatutario radicalizó la política catalana y situó en ella al PP como una fuerza cuasi marginal y cercada, pero la incompetencia sectaria del tripartito, el desencanto general del zapaterismo y la deriva radical de Convergencia, que aleja a parte de su clientela moderada, han obrado un cierto reajuste de roles y limado parte de las hostiles asperezas que inflamaban los ánimos. Ya nadie va al notario a da fe de infames promesas de aislamiento antidemocrático y en las próximas autonómicas el PP puede convertirse incluso en llave del retorno al poder de una CiU con severo síndrome de abstinencia.

Queda la papeleta del recurso del Estatuto, una mina a punto de estallar bajo el terreno, y las reticencias de amplios sectores de la derecha española a cualquier veleidad de connivencia con el nacionalismo. Para atravesar ese estrecho desfiladero el marianismo va a tener que hilar fino y tener suerte. El Majestic aún le queda muy lejos, y Rajoy no habla catalán ni con los íntimos.

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Europa condena a Batasuna
Editorial ABC  13 Noviembre 2009

EL Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha ratificado la sentencia del mes de junio con la que avaló la ilegalización de Batasuna decidida por el Tribunal Supremo español al amparo de la Ley de Partidos Políticos. Esta ley fue aprobada en 2002, por iniciativa del Gobierno de José María Aznar, y desde entonces ha superado todos los filtros legales, constitucionales y ahora internacionales, promovidos no sólo por los grupos proetarras, como era previsible, sino también por su gran aliado desde el Pacto de Lizarra, el Partido Nacionalista Vasco. La Ley de Partidos Políticos ha confirmado su escrupuloso respeto a la legalidad y a los derechos humanos, pero también su plena eficacia social y democrática. Ahora es fácil defender esta ley, pero cuando la propuso el Gobierno de PP, fueron muchas y constantes las voces, procedentes también de la izquierda española, que la criticaron por ineficaz y la tacharon de inconstitucional. El encomiable trabajo del entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, garantizó tanto su adecuación constitucional, como los resultados posteriores. Hoy, el entramado batasuno está disuelto y sus dirigentes, encarcelados; ETA es constantemente golpeada; y además hay un gobierno no nacionalista en el País Vasco. Este escenario no es producto del azar, sino de una estrategia de Estado impulsada desde 1996, traicionada durante el proceso de negociación política con ETA y en gran parte recuperada desde que los terroristas rompieron la tregua, es decir, desde que ETA volvió a demostrar -a quien necesitara tal demostración- que sólo merece la disyuntiva de la rendición o la derrota.


La Ley de Partidos Políticos ha sido decisiva para poner la lucha antiterrorista en una dimensión en la que nadie creía, salvo el Gobierno de Aznar: la deslegitimación política de ETA y de sus testaferros. Europa ha aceptado esta apuesta por la ley y la democracia, y su Tribunal de Derechos Humanos ha calificado la ilegalización de Batasuna como una «necesidad social imperiosa», porque los partidos disueltos eran instrumentos del terrorismo. No se ilegalizó una idea política, sino la servidumbre a ETA de unos sicarios disfrazados de políticos. Europa no se ha dejado confundir. Quedaron restañados los perjuicios de aquel nefasto diálogo con ETA que dividió al Parlamento europeo por la mitad.


Lo único que no cambia es la inmoralidad del PNV hacia la violencia de ETA. Los dirigentes nacionalistas han criticado la sentencia europea, como antes lo hicieron con toda decisión judicial que desmantelaba la trama política de ETA. El PNV sigue en esto anclado en el Pacto de Lizarra y sus responsables no dudan en manifestar públicamente su solidaridad con unos terroristas de cuello blanco. Ayer, el bloque nacionalista se opuso a que el Parlamento de Vitoria se pronunciara a favor de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos. Su estrategia es convertirse en la «casa común» de los nacionalistas y por eso el PNV sale en defensa de los proetarras, los hijos pródigos que tienen que volver. La firmeza del pacto PP-PSE en Vitoria debe perseverar, porque el PNV necesita muchos años de oposición, aunque el Gobierno socialista de Madrid, que se está comportando como un subastero de los intereses nacionales, no quiera ver las indignidades nacionalistas con tal de recoger los votos de estos aliados de Batasuna para lograr sus pírricas victorias parlamentarias.

La Generalitat rectifica y las universidades decidirán el nivel de catalán del profesorado
ESTHER ARMORA | BARCELONA ABC Cataluña  13 Noviembre 2009

Las universidades tendrán plena autonomía para decidir cuándo y qué tipo de acreditación de catalán exigen a los profesores foráneos que contratan en régimen de permanencia. Así lo prevé el proyecto de decreto validado ayer por la Generalitat y los rectores en el marco del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC). El texto supone una marcha atrás por parte de la administración autonómica con respecto a las exigencias actuales en esta materia, ya que hasta ahora se pedía oficialmente a los centros que reclamaran a los docentes de fuera —otros países u otras comunidades— el nivel C en el momento de la contratación.

Tal como publicó ABC en su edición del 22 de septiembre de 2008, esta exigencia no la cumplía, de facto, ninguna de las universidades ya que, en la práctica, «flexibilizaban los plazos y las condiciones para no perder profesorado de excelencia».

Según han confirmado a este diario fuentes académicas, el borrador validado ayer supone que «la Generalitat ha visto que la actual situación requería una política más flexible». Según una nota emitida por el departamento de Innovación, Universidades y Empresa, el doble objetivo de este nuevo decreto, que regulará la acreditación del conocimiento de lenguas para el personal académico, es «mantener el compromiso de todas las universidades con la lengua y la cultura catalana y que las mismas universidades puedan mantenerse, a su vez, abiertas al mundo en un momento clave para la internacionalización de la educación superior».

Fuentes de la UPF celebraron ayer la medida que ven como «una forma de normalizar la situación y no frenar la excelencia».

 

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