AGLI

Recortes de Prensa    Lunes 16 Noviembre  2009

 

Enclaustremos al TC hasta que haya sentencia.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 16 Noviembre 2009

Hubo un tiempo en que estaba interesado en el tema del estatuto catalán, llegué a leérmelo dos veces y media y me entretuve. Luego me intrigó las vueltas y revueltas del estatuto en el Tribunal Constitucional, leía lo que se publicaba, pero han conseguido que supere mi límite del hartazgo y ya solo leo titulares. Esto ya es de pena chusca, se habla incluso de que lo dejen para dentro de un año y luego seguro que hasta que salga la sentencia que interesa a ZP. Yo propongo una solución clásica.

Cuentan de un cónclave para elegir Papa, que no se ponían de acuerdo los cardenales y pasaban los meses sin que llegasen a tomar una decisión, no tengo clara la historia, pero me parece que el pueblo de Roma harto de tanto rollo quitó el techo del lugar del cónclave y en 24 horas había una decisión, era invierno.

Dado que eso seguro funciona, yo no soy tan malo, propongo que a los del Tribunal Constitucional les dejen encerrados en una habitación con aseo y una poterna para pasarles la comida y que les dejen allí hasta que tengan una sentencia. En 12 horas la tenemos, seguro.

Enclaustremos pues al TC por el bien de España y de Cataluña.

Agujeros del PP... y de España
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 16 Noviembre 2009

A mí me gustaría que el PP ganara las elecciones porque quiero pensar que, si ello fuera así, los niños podrían estudiar en su lengua materna; los ciudadanos que viven en Cataluña tendrían las mismas obligaciones y derechos que los del resto de España y porque, en definitiva, podría detenerse el proceso de Cataluña hacia la independencia.

Mi abandono de las posiciones de izquierda tuvo su razón de ser en mis concepciones sobre la nación española, aunque además hayan tenido gran peso otras causas que tienen que ver con la defensa de las libertades. Todos mis análisis han tenido en cuenta estos objetivos y la carga de melancolía que los ha distinguido se ha debido a la incapacidad de la derecha para saber interpretar con antelación los movimientos de los nacionalistas. El último caso ha sido la aceptación de Rajoy a la propuesta del cambio de modelo autonómico. Concretamente al que iba a afectar a Cataluña. Algunos sabíamos que iríamos de cabeza a un Estatuto anticonstitucional y que su refrendo por la ciudadanía daría pie a que los partidos comprometidos con él lo interpretarían como un hecho definitivo, histórico. En nada podrían compensar los triunfos pírricos (Ferrand dixit) en otras Comunidades. Por todo ello ¿cabe interpretar positivamente la celebración de la convención del PP en Barcelona? Cierto que sus fines eran nacionales pero ¿no habría convenido alguna alusión a la persecución de la lengua común o al escándalo del Estatut? Siempre he pensado que levantar la bandera española en Cataluña sería, además de rentable, necesario. La derecha liberal no puede tener dos agujeros en el País Vasco y Cataluña porque no puede tenerlos España

Fascismo
Los sindicatos como salvavidas
José Vilas Nogueira Libertad Digital 16 Noviembre 2009

Zapatero, capitán insensato, no sólo ha llevado a la nave del Estado (por acudir a la acreditada metáfora), sino al propio país, al naufragio. Dios sabrá si, tras tanta inepcia y cobardía, algún día podrá recuperarse España de tamaña catástrofe. Mientras tanto, el náufrago perenne chapotea agitadamente, a la búsqueda de cualquier salvavidas al que asirse. Vulnerando las normas tradicionales de la navegación, sálvese el capitán, aunque perezca el resto, infantes y mujeres incluidos. Destruido el sentido nacional, arruinado el respeto a la ciudadanía, quebrantados los principios, escarnecidas las leyes, siempre que hubo menester de salvavidas parlamentario ha encontrado alguna minoría dispuesta a venderle su apoyo (para obtener una imagen de la multitud de los venales basta analizar los resultados de las votaciones parlamentarias). Cuando precisó salvavidas judicial, la sumisión de la mayoría de los altos magistrados, por no hablar de los jueces constitucionales, que no son jueces en estricto sentido ni, a juzgar por sus hechos (véase el sangrante caso del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, eternizado en espera de su resolución), celosos guardianes de la Constitución.

Pero como consecuencia de tanto delito de lesa patria, el temporal arrecia y se acrecienta la angustia del náufrago. La clase política ha alcanzado niveles prácticamente insuperables de desprestigio. Al margen del fingimiento, casi nadie cree en el funcionamiento de las instituciones. Urge, pues, acudir a nuevos salvavidas. La memoria histórica puede venir en nuestra ayuda. No sólo en el sentido perverso que esta expresión ha adquirido como revancha contra el franquismo (revancha que se hizo esperar sólo siete décadas a la derrota del Frente Popular), sino en un sentido más objetivo. La valoración de las instituciones es un precipitado de experiencias de varias generaciones. Y, cualquiera que haya podido ser su efectivo papel en el pasado, la imagen de los sindicatos incorpora la significación de asociaciones de defensa de los trabajadores, sometidos a las duras condiciones laborales y a los menguados salarios del capitalismo del siglo XIX y (al menos en España) de las tres primeras décadas del XX.

Esta memoria impide que mucha gente vea que los sindicatos españoles actuales poco más que el nombre tienen en común con sus precedentes. Carecen prácticamente de afiliados salvo, si acaso, entre los trabajadores de la administración pública. Son aparatos burocráticos mantenidos por el Ejecutivo, y a su servicio (más, lógicamente, si está en manos del PSOE). Estos gigantescos ejércitos de "liberados" no defienden a los trabajadores, sino que los distraen de sus propios objetivos, y son una de las instancias más eficientes de la creación y permanencia de una "economía subsidiada". Zapatero les ha demandado auxilio más de una vez. Ahora ha dicho que quiere potenciar su papel en las instituciones. ¿Estará estudiando el corporativismo fascista? No, claro; sólo busca un nuevo salvavidas.
José Vilas Nogueira es profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela

La caída del muro del 11-M
Luis del Pino Libertad Digital 16 Noviembre 2009

Hemos emitido este fin de semana la entrevista que Julio Anguita ha concedido al programa Sin complejos de esRadio.

Entrevista con Julio Anguita (primera parte)
http://fonoteca.esradio.fm/c.php?op=player&id=2838
Entrevista con Julio Anguita (segunda parte)
http://fonoteca.esradio.fm/c.php?op=player&id=2868

Merece la pena escucharla íntegra, porque la verdad es que Anguita es un político que se sale de lo común. Estoy, evidentemente, en sus antípodas ideológicas en muchísimos aspectos, y me resulta difícil de entender que defienda, siendo un hombre enormemente inteligente, ciertas posturas. Como también me resulta difícil de entender que defienda, siendo un hombre íntegro, a determinadas ideologías que tanto sufrimiento han causado.

Pero, a diferencia de casi toda nuestra clase política actual, Anguita es alguien que defiende sus ideas simplemente porque cree en ellas (y no porque le mueva un interés particular); es alguien a quien le repele la corrupción de nuestro actual sistema (como me repele a mi); es alguien que habla con una meridiana claridad (sin dedicarse a proferir palabras huecas); es alguien que respeta que otras personas puedan tener una opinión distinta de la suya (y que no pretende imponer sus opiniones a nadie) y es alguien que se atreve (en un país de mudos voluntarios) a decir cosas que otros no dicen.

Es, por tanto, un hombre con el que se puede discutir y a quien es un placer escuchar. Y habrá muchas cosas en las que uno no pueda ponerse de acuerdo con él nunca. Pero en muchos otros campos, creo que no puedo estar más conforme con algunas de las cosas que Anguita dice.

Uno de los momentos más importantes de la entrevista es, para mí, aquél en que Julio Anguita habla del 11-M. Porque se ha atrevido a decir lo que ningún político de la izquierda española se había atrevido a decir hasta ahora: que en el 11-M se han manipulado pruebas; que ningún manipulador ha sido castigado; que no tiene elementos de juicio para afirmar si ha sido ETA, si ha sido Al Qaeda o si el responsable es otro; que, mientras no tengamos esos elementos de juicio, él no descarta ninguna alternativa; que el 11-M está tan oscuro como otros graves episodios de nuestra reciente historia democrática y que, en su opinión, hay elementos de juicio que apuntan a conexiones internacionales en la matanza de Madrid.

Quitando esta última frase (que yo matizaría, porque, aunque no me atrevo a descartar esas conexiones internacionales, creo más en un atentado de factura fundamentalmente local), suscribo punto por punto lo dicho por Julio Anguita sobre el 11-M. Porque yo tampoco dispongo de las pruebas que me permitan afirmar si el 11-M lo cometieron ETA, Al Qaeda, las cloacas del estado español o servicios secretos extranjeros. O una mezcla de varias de esas alternativas. Y yo también, como Anguita, admito cualquiera de las alternativas, siempre que me aporten las pruebas oportunas. Lo único que se, como Anguita, es que se han manipulado pruebas (lo que hace insostenible la versión oficial de los atentados) y que el 11-M es un episodio que, más que oscuro, está oscurísimo.

Ya era hora de que alguien, desde la izquierda, se atreviera a derribar el muro de silencio en torno la masacre de Madrid. Y me quito el sombrero ante la valentía de Anguita, porque supongo que le van a llover los palos por todas partes.

Aunque también me imagino que eso a Anguita le resbala. Porque estoy seguro de que es consciente de que, al final, las interpretaciones que el sentido común dicta son las que se terminan imponiendo, antes o después.

Como también estoy seguro de otra cosa: las posibilidades de regeneración de la clase política española pasan porque aparezcan muchos más anguitas, en todos los partidos. Políticos que se atrevan a hablar a la gente con franqueza, que expongan sus opiniones sin intenciones ocultas de ningún tipo y que respeten a quienes no piensan como ellos.

Necesidad de Estado
CARTA DEL DIRECTOR|PEDRO J. RAMIREZ El Mundo 16 Noviembre 2009

El conflicto moral es innegable pero tiene veredicto por adelantado. Algunas de las razones por las que la inmensa mayoría de los españoles respaldarían que se pagara un rescate por la liberación de los tripulantes del Alakrana y que el trato incluyera la devolución más o menos camuflada de legalidad de los dos piratas capturados, son bastante obvias. Nadie percibe a los corsarios somalíes como una amenaza para el Estado, pues su pulso no es político, sino económico y, además, se comprende que es poco menos que imposible garantizar la seguridad de nuestros pesqueros en un lugar tan vasto y remoto como las aguas del Índico donde faenan. Sólo una gran potencia como Estados Unidos, o un país especializado en operaciones de comandos en situaciones límite, como Israel, podrían plantearse la alternativa de una liberación por la fuerza.

Todos estos factores alejan por completo el debate de los términos en que se discutiría cómo afrontar un chantaje de ETA. Nadie pidió al Gobierno de Aznar que cediera a las pretensiones de la banda, cuando todos sabíamos que existía una altísima probabilidad de que se consumara el asesinato de Miguel Ángel Blanco, porque aun compartiendo la posterior jerarquía de Zapatero sobre el «valor supremo de la vida», era fácil comprender que si en un lado de la balanza estaba la del joven concejal de Ermua, en el otro quedaban las de las personas a las que con igual certidumbre ETA extorsionaría y asesinaría si el Estado se rendía a sus exigencias.

Por terrible que resulte reconocerlo, en la ponderación de los bienes a proteger que requiere la doctrina del estado de necesidad, para situarse excepcionalmente extramuros de la ley, el mal menor era entonces el sacrificio de un inocente. Y lo era por las devastadoras consecuencias concretas que habría tenido que los terroristas se salieran con la suya. Ahora el mal menor consiste en que los corsarios obtengan su botín y el delito de sus dos pinches quede más o menos impune, pues el mal mayor sería el asesinato de los miembros de la tripulación del Alakrana.

No se trata, por supuesto, de una cuestión de número ni menos aún de que la vida de un marinero valga más que la de un abnegado político de pueblo. (Aunque es evidente que sí vale más que la de un sádico asesino veintitantas veces reincidente, al que sólo amenazaba su propio fanatismo). Tampoco podemos negar que nuestro sometimiento financiará y estimulará nuevos secuestros marítimos, pero estamos convencidos de que en el futuro podremos arreglárnoslas para eludir volver a caer en manos de los piratas, bien pescando en otras aguas, bien llevando siempre hombres armados a bordo.

¿Y qué pasa con la solidaridad internacional?, podrá alegarse. Por debatibles que fueran las formas de nuestra retirada de Irak, España viene cumpliendo con creces sus responsabilidades para con la causa de la globalización. Hemos estado en los Balcanes en los momentos de mayor peligro, seguimos jugándonos el tipo en Afganistán y en el Líbano y formamos parte de la propia Operación Atalanta que se enfrenta a los piratas. De hecho la obsesión por cumplir con sus protocolos más allá incluso de la literalidad, ha contribuido al gravísimo error de trasladar a España a los dos detenidos en aguas internacionales. Pero nadie puede pedir que un Estado se desentienda de la suerte de una quincena de sus ciudadanos en aras de un principio de ejemplaridad mil veces sacrificado ya a la realpolitik. Y menos que nadie el embajador del Reino Unido, que acaba de excarcelar por razones de conveniencia comercial a un nada presunto terrorista múltiple.

Pero todo esto es lo que constituye tan sólo la superficie del debate. En el fondo la sociedad española ha ido poniéndose emocionalmente en el lugar de esa tripulación bloqueada en circunstancias amargas en un confín remoto, porque de manera intuitiva y subconsciente va percibiendo que esa experiencia no es en realidad sino el abrupto compendio de lo que de un tiempo a esta parte viene sucediéndonos a todos. ¿O acaso no estamos el conjunto de los españoles secuestrados, inmovilizados o al menos severamente coartados en nuestro movimiento como nación por el paro y sus consecuencias generales; por la coacción institucional que los partidos nacionalistas han logrado ejercer a través de un Estatuto de Cataluña que desnaturaliza nuestro modelo constitucional hasta hacerlo inviable; por la depredación sistemática de la corrupción política, a modo de impuesto revolucionario, que drena recursos por doquier y encarece todo lo que toca; o por el despliegue de un demoníaco sistema de vigilancia electrónica, cuyos largos brazos pronto penetrarán en la intimidad de cada uno, si no somos capaces de cortarle la cabeza a tiempo?

Navegábamos tan tranquilos y confiados por los mares del sur de la prosperidad material y la estabilidad política, cuando de repente se abrieron los cielos y un rayo terrible en forma de masacre terrorista, procedente aún no se sabe de dónde, encrespó el océano hasta convertirlo en una negra montaña rusa. Un golpe de viento electoral nos arrojó entonces a unas aguas desconocidas en las que los cantos de las sirenas fueron adormeciendo a la mayor parte del pasaje. Nadie puede negar que el arrullo haya sido seductor: nos acunaba la España plural que admite que el concepto de nación es algo discutido y discutible y apuesta por el diálogo para buscar la paz, defiende a las mujeres de la violencia machista, equipara en derechos a los homosexuales, promueve la Alianza de las Civilizaciones y garantiza la protección social en tiempos de crisis. Pero hétenos aquí que al ir despertando poco a poco de esta borrachera de soma bienintencionada nos hemos encontrado en medio de la calma chicha del Mar de los Sargazos, pero con el buque atestado de malencarados bucaneros y el escorbuto y la disentería diseminándose por la cubierta y los camarotes.

¿Y qué han hecho entre tanto el capitán y la oficialidad de la nave en cuyo casco aún se perciben los últimos rasgos desvaídos de la palabra España? Lo primero, arriar la bandera; lo segundo, ayudar a subir a bordo y cubrir de ofrendas y agasajos a quienes nos tienen secuestrados; lo tercero, favorecer la propagación de todas estas epidemias.

Esta no es la primera crisis de la economía ni será la última, pero los gobiernos pueden contribuir decisivamente a amortiguar y acortar sus efectos o a amplificarlos y prolongarlos. Zapatero y su equipo, empeñados en camuflar bajo un superficial barniz de ideología su ignorancia supina en la materia, subiendo impuestos cuando tocaría bajarlos, están consiguiendo que España bata todos los records de destrucción de empleo y vaya a ser -ejem, con Chipre y Grecia- el último país desarrollado en recuperarse.

Los dirigentes nacionalistas catalanes no son los únicos que han hecho de la distorsión de la convivencia y la falsificación de la Historia un modus vivendi -y a veces también un modus robandi- pero sí son los únicos que han contado con la necia complicidad del conductor de la diligencia que pretendían desvalijar. La abstención del PSC ante la moción que promueve la consulta independentista en la Inmortal Gerona que cada equis años sacaba en procesión a San Narciso para defender su españolidad frente a los franceses, es el último síntoma de adonde está llevando a los socialistas aquel desvarío del «aceptaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña». Y entre tanto crece el escándalo del Tribunal Constitucional, encerrado por su presidenta en el barco prisión de su sede, hasta que los magistrados que aún conservan la decencia intelectual se avengan a legitimar el engendro que tuvo a Zapatero por comadrona.

España no es la única democracia en la que hay políticos ladrones, pero sí es aquella, o al menos una de aquellas, en las que la legislación vigente en materia urbanística, municipal, electoral o de financiación de los partidos más coadyuva a facilitar su actividad ilícita. El actual gobierno no ha dejado de repetir el tópico de la «tolerancia cero» frente a la corrupción, sin promover una sola iniciativa seria para combatirla y contribuyendo por lo tanto con su pasividad a su propagación exponencial. ¿Por qué no se atreve nadie a proponer el desbloqueo de las listas electorales, para que los ciudadanos puedan tachar a aquellos candidatos sospechosos por su tren de vida o su línea de conducta?

España no es el único país desarrollado que dispone de sofisticados métodos de espionaje electrónico, pero sí es el único que teniendo a un político como Rubalcaba en el Ministerio del Interior y a un magistrado como Garzón en la Audiencia Nacional, deja al albur de los apaños entre jueces y policías la utilización de un monstruo como el sistema Sitel, capaz de volver transparentes hasta los más recónditos pliegues de nuestras vidas privadas. Tal está siendo la masiva vulneración de derechos que no sería de extrañar que toda la investigación e instrucción sobre el caso Gürtel quedara próximamente anulada por los tribunales, con lo que al Gobierno y su juez de cabecera cabría achacarles dos desastres encadenados: el empleo sistemático de métodos propios de un Estado policial y la bochornosa exoneración de corruptores contantes y corruptos sonantes.

El del Alakrana no es el primer caso de un pesquero capturado por piratas somalíes ni tampoco será el último, pero sí es el único en el que un gobierno, carente de otra opción que la de negociar el rescate, se complica a sí mismo el empeño, poniendo más alto el listón del trato y acrecentando el riesgo para los secuestrados, al dejarse enredar por la voracidad y egolatría de ese juez de cabecera y avenirse a pedir el traslado a España de los dos cómplices de los secuestradores, cuando podían y debían haber sido entregados a Kenia, tal y como proponía el Ministerio de Defensa. ¿Qué hacía Zapatero aquella noche en la que su Gobierno metía la pata hasta el corvejón?

Se mire por donde se mire su incompetencia supina y su falta de compromiso con aspectos esenciales del actual régimen constitucional hacen del actual Ejecutivo el principal foco emisor -o al menos amplificador- de esas «ráfagas de temor» que, como explicó hace diez días nuestra presidenta Carmen Iglesias ante el Rey, azotan cada vez con mayor intensidad y frecuencia a la sociedad española.

El estado de necesidad que hace imperativo llegar a un apaño con los piratas para liberar a los marineros, no es sino la miniatura hecha camafeo de un desalentador retrato colectivo que desvela la necesidad de Estado de encontrar una solución democrática a nuestro secuestro como nación.

En un escenario similar -más intolerable, pero menos grave- Aznar fue capaz de liderar hace década y media una alternativa regeneracionista que suscitó grandes ilusiones, colmando unas y defraudando otras. Su ausencia en la convención que el PP celebra este fin de semana en Barcelona, certifica que todo eso ya es historia. Sin embargo, la arbitrariedad con que Rajoy se ha comportado durante las últimas escaramuzas internas, ha generado inseguridad y desconcierto entre los cuadros del PP. «¿Oye y a ése por qué le hemos echado?», comentaba no hace poco el propio Aznar, refiriéndose a Ricardo Costa. «A ver si va a ser la primera vez que echamos a alguien por mirar mal?» Afortunadamente Camps ha pedido disculpas por decir de forma impremeditada y durante un acalorado debate que a alguien del PSOE le gustaría matarle, pero Cobo no ha tenido que hacerlo por alegar en una intervención concienzudamente preparada para un cómodo foro interno que la conducta de la presidenta regional de su partido le hacía temer por la vida de sus hijos.

Todo esto unido a la sensación de que cada vez hay más asuntos en los que el PP mimetiza el discurso de sus adversarios -véase la aberrante arbitrariedad de que la embriaguez sea un atenuante si le pegas a un policía y un agravante si lo haces con tu pareja, siempre que ella sea hembra y tu varón-, mantiene al centro derecha en posición de expectativa y dirige las miradas hacia ese hombre tan inteligente como borde, tan articulado como autoritario, que antes parecía rico y ahora empieza a serlo, cuya «salida del armario» acaba de ser lúcidamente certificada por Esperanza Aguirre. Por desgracia, tal y como se va poniendo esto, España necesitará que las próximas urnas le traigan como mínimo un sargento de hierro y, a ser posible, un comandante de acero con una mayoría absoluta bajo el brazo.

pedroj.ramirez@elmundo.es

Nacional-sindicalismo
GABRIEL ALBIAC ABC 16 Noviembre 2009

UNA sociedad corrupta alcanza sólo condición estable cuando corrompe el lenguaje a su propia medida. También aquí impera la despótica fórmula que la Alicia de Lewis Carroll tuviera que aprender de Humpty-Dumpty: las palabras significan lo que dicta el que manda. Zapatero, anteayer, ante sus jefes sindicales, formulaba la promesa de una mayor «presencia institucional» que les pague los servicios prestados. No podía hacer menos en favor de aquellos rudos muchachotes cuyo amor suplicó tan tiernamente. Y que son el verdadero brazo armado del gobierno socialista, en su proyecto de blindar un peronismo intemporal a la española.

En tiempos de la dictadura, no producía asombro llamar «sindicatos» a semejante cosa: agentes del gobierno. Además, el adjetivo «verticales» limpiaba de cualquier equívoco. Aquello era a un sindicato lo que una marcha militar a las Vísperas de Monteverdi. Y hasta tenía su gracia ver a los de la camisa azul y el correaje pavonear sus zarzueleros modos de castizo proletario. El «vertical» era un pintoresco ministerio pastoreado por jerarcas camisoviéjicos tan hilarantes como José Solís: lo más parecido, en floritura retórica y nulidad conceptual, al Felipe González más galano. Luego, vino la transición. Y el «vertical» siguió allí. Aunque sin adjetivo. Cambiaron algunos nombres. La esencia era intangible: que el Estado financiara a los sujetos que, bajo retórica defensa del desvalido obrero, habían decidido vivir a costa del erario público, que es decir a costa de los faraónicos impuestos que en este loco país pagamos todos. El trato se completó sin más anécdota dolorosa que la liquidación -mitad conspirativa, mitad burocrática- de la CNT, la cual era, no en vano, heredera del mayor patrimonio inmobiliario sindical de antes de la guerra. Se procedió al desvergonzado reparto de bienes pasados, presentes y futuros entre los dos apéndices populistas del PSOE.

Desde entonces hasta hoy, eso a lo cual llamamos sindicatos son entes parasitarios, con una afiliación casi inexistente y un aparato funcionarial megalómano: la cuadratura del círculo.

En la segunda mitad del siglo XIX, los sindicatos nacieron como organizaciones de defensa de la clase obrera. Sobre un principio elemental: uno está siempre al servicio de quien le paga; si un sindicato obrero pretende ser instrumento de lucha, ni un céntimo de su presupuesto puede venirle de otra fuente que no sea la que acumulan las cuotas de sus afiliados. Nadie da nada gratis. Mucho menos, a un enemigo. En la jerga sindical de principio del siglo veinte, a aquellos sindicatos que vivían de fondos recibidos por vía que no fuera la del proletariado militante al cual decían representar, se les dio un nombre infamante que pervive hasta nuestros días: esquiroles, gentes que, bajo máscara sindical, trabajaban para el beneficio de los tipos más odiados. Cuando aquel que pagaba era el gobierno, los nombres eran mucho más feos, el odio más intenso. A nadie juzgó nunca un sindicato enemigo más imperdonable que al obsceno sujeto que cobraba del gobernante de turno para ser su correveidile en los conflictos

De aquel viejo sindicalismo de hasta hace tres cuartos de siglo, se podrá criticar lo que se quiera. Nadie podrá negar su blindada coherencia. De esta subdirección general de orden público que son hoy las redes funcionariales de los muy peronistas Toxo y Méndez, nada habría que decir si conservasen, al menos, el adjetivo que define su estructura de piquetes defensivos del gobierno que paga sus sueldos: sindicato vertical, forma española del fascismo. Pero la lengua corrupta dice sólo «sindicato».

Fuerza moral frente a chantaje
Enrique LÓPEZ La Razon 16 Noviembre 2009

En los últimos días están ocurriendo cosas en España que vuelven a obligar a extremar el cuidado sobre el Estado de Derecho y sus consecuencias. Consecuencias legales y oportunidad política, incluso humanitaria, a veces no van de la mano. España es un país extraño, donde hay, como diría Cercas, gente que lo sabe todo y no entiende nada y gente que no sabe nada y lo entiende todo. Y la pregunta es por qué no puede haber gente que sepa algo y además entienda algo. Lo peor que hay en la vida es no tomar decisiones. En España o en cualquier otro lugar del mundo, lo único que tendrían que tener claro los delincuentes es que se les va a perseguir y a hacer pagar por sus fechorías y nada más. Ceder a la presión una vez es sencillamente establecer una suerte de línea de financiación del delito para toda la vida. Tratando de justificar lo anterior, y en contra del sentido común de la mayoría de la gente que tiene muy claros los conceptos de decencia y responsabilidad, a veces surgen los que justifican a todo trance cualquier desviación a las normas mediante una artificiosa palabrería.

Esta ideología permisiva sólo tiene como resultado práctico la desvaloración de los conceptos naturales de carácter moral, tales como honradez, valentía, lealtad, sinceridad y responsabilidad. Y es esta carencia de valores éticos y morales lo que genera el clima de irresponsabilidad y de impunidad donde cada día se está multiplicando la delincuencia y la corrupción. Según Ortega, no hay una sola libertad determinada de la que el hombre no pueda prescindir y, sin embargo, continuar siendo libre. La libertad significa mucho más que la simple ausencia de coacción. Dice Ortega: «No existe ninguna libertad concreta que las circunstancias no puedan un día hacer materialmente imposible; pero la anulación de una libertad por causas materiales no nos mueve a sentirnos coartados en nuestra libre condición».

Cuando alguien trasgrede las mínimas normas de convivencia, el que lo hace debe tener una contundente respuesta de la sociedad, valiente y no cobarde y acomodaticia. Esto exige tomar decisiones desde el primer día. Es lo que hace fuerte a una sociedad y lo que determina el triunfo final respecto a los delincuentes. El primer día del triunfo sobre ETA, fue el día en el que con todo el dolor del alma un Gobierno no cedió al chantaje de los asesinos y estos causaron la muerte de Miguel Ángel Blanco. Pero esta muerte, por dolorosa, no fue baldía. Ese día se le ganó la batalla al terrorismo, la sociedad reaccionó y triunfó. Se pagó un gran precio, pero la victoria fue total. Ortega piensa que el derecho presupone la desesperanza ante lo humano, cuando los hombres llegan a desconfiar mutuamente de su propia humanidad, procuran imponer entre sí, para poder tratarse, algo premeditadamente inhumano: la ley. Tito Livio decía que «es la ley cosa sorda e inexorable, incapaz de ablandamiento ni benignidad ante la menor transgresión». Por eso no se puede ni se debe esperar que el Poder judicial, los jueces en suma, utilicen el derecho al servicio de las necesidades políticas por más que se esté con el agua al cuello. Se debe reaccionar antes y con decisión, pero con entereza moral, porque la ley está de nuestro lado. Pero nunca se puede, ni se debe esperar del Estado de Derecho una decisión que satisfaga los intereses de los delincuentes, aunque el fin sea salvar vidas. En cualquier caso, y aún así, en problemas como el que todos sabemos, la discreción es la mejor arma.

Herejes e inquisición en la España zapateril
Pedro de Hoyos Periodista Digital 16 Noviembre 2009

España se ha señalado siempre por tratar con la máxima dureza a quienes se han salido del trillado camino señalado por la autoridad. En España siempre nos ha gustado defender con uñas y dientes las verdades oficiales, la Verdad. En siglos anteriores hemos destacado en la caza de falsos conversos y traidores al Imperio en general que no respondían a la doctrina marcada por los organismos encargados de velar por la pureza de nuestras costumbres. Cierto que no hemos sido los únicos, aunque seamos los que peor fama hemos cargado sobre nuestras espaldas. A la lista de víctimas que engrosan algunos españoles como Servet, el resto de Europa ha aportado igualmente sus victimarios. En España, aunque también, no se persiguió a las brujas como en Inglaterra, por poner un simple ejemplo.

Afortunadamente la Inquisición vuelve a España y vuelve con el acostumbrado rigor con que solía. Se trata como siempre de defender las grandes verdades colectivas que en España acostumbramos a mantener. Quizá ahora la Inquisición no emplee potros, uñas de gato ni hogueras, quizá nadie muera como efecto de la defensa de la nueva Fe, pero la Inquisición sigue haciendo su trabajo de manera efectiva, totalitaria y controladora. Naturalmente, han pasado los siglos, la Humanidad ha evolucionado y ahora debemos atenernos a la declaración de los Derechos Humanos, que desconocían en siglos pasados.

Pero los nuevos inquisidores se han organizado sabiamente y nadie escapa a sus garras, ¡se trata de defender la Verdad contra la España del atraso, la España mojigata, clerical y antiobrera! Para ello la Moderna Inquisición cuenta en la actualidad no sólo con los pregoneros que tradicionalmente se encargaban de anunciar la verdad al pueblo en plazas y corrillos, de señalar a los falsos conversos y de azuzar sobre ellos a las multitudes, sino que actualmente la Inquisición dispone de la Santa Hermandad del Laicismo Absoluto, del Aborto Generalizado y del Onanismo Juvenil, un ejército popular disciplinado, entregado y extremadamente fiel a los pontífices máximos del progreso dispuesto a echarse encima de quienes disientan de la verdad oficial, preparado para defender al pueblo de las herejías encabezadas por fachas, curas y otras gentes de mal vivir.

Las armas que empuñan estos leales colaboradores de la actual Inquisición no son cruentas, faltaría más en el siglo XXI, pero rotundamente efectivas, dolorosamente más letales: la maledicencia, la difamación, el apartamiento de los círculos sociales, la manipulación de las conciencias más débiles, la muerte social en definitiva. La batalla de la conciencia social es la clave, hay que convencer a los indecisos, y si no se dejan, apartarlos de la calle, apartarlos de la vida, mostrarlos públicamente como lo que son: caverna, atraso, reacción, incultura, caspa.

Claro que todo ello no sería posible sin la callada cooperación, sin el silencio culpable, sin el viciado encogimiento de hombros de la España tradicional que tolera avergonzada y temerosa la tan callada como organizada labor de las fuerzas inquisitoriales. Con la cabeza debajo del ala la España conservadora asiste, acongojada, miedica e irresoluta, a la decidida acción de sus rivales, sin atreverse a tomar las riendas de su futuro, a luchar democráticamente por sus ideas. Que se joda, pues, y se aguante. Y ustedes perdonen.

El PIB cae sólo un 0,3%: orden de Zapatero
Roberto Centeno El Confidencial 16 Noviembre 2009

El tema de la manipulación de la Contabilidad Nacional por parte del INE y del resto del sistema estadístico resulta no solamente un auténtico escándalo; es que en cualquier país decente incurriría en responsabilidades graves, porque el engaño masivo a los agentes económicos sobre lo que ocurre en realidad les induce a tomar decisiones erróneas de consumo y de inversión como ocurrió en 2007 -“no hay ninguna burbuja inmobiliaria”- y en 2008 -“no existe ninguna crisis”-, lo que llevaría a la ruina a cientos de miles de familias y decenas de miles de empresas, y que ante la total impunidad con que se realiza, se repite una y otra vez en favor de la degradación económica, intelectual y social que Zapatero representa. Ahora es “el PIB ya solo cae un 0,3%”, o sea que estamos a punto de superar la crisis, cuando la realidad es justo la contraria.

Pero si en lugar de la peor oposición imaginable, con un líder incapaz de poner orden en su propia casa, y con unos responsables económicos dedicados a sus propios negocios y a apuñalarse los unos a los otros, tuviéramos una oposición sensata y capaz, el fraude del sistema estadístico nacional no podría mantenerse. Primero, porque si los encargados del tema económico del PP se dedicaran al trabajo para que les pagan, habrían cuantificado la incoherencia entre los indicadores de producción y demanda y la Contabilidad Nacional, y verificado que las cifras del INE no se tienen en pie, como no se tenían las de 2008, cuya tasa han tenido que revisar sólo siete meses después ¡un 25 % a la baja para empezar! Segundo, porque si el Sr. Rajoy tuviera lo que debería tener alguien que aspira a gobernar España, daría un puñetazo encima de la mesa y exigiría a la Comisión Europea una auditoria a fondo de todo el sistema estadístico.

La incoherencia entre el PIB y los indicadores de producción y demanda
Medido a través de la producción, el PIB es igual a la suma de los valores añadidos brutos (VAB) sectoriales, más los impuestos netos sobre productos. Sus participaciones son: agrario, 2,6%; energía, 2,3%; industrial, 13,4%; construcción, 11,0%; servicios, 60,4%, impuestos netos sobre productos 10,3%. Y la tasa de variación interanual a septiembre de los indicadores más representativos de los sectores productivos muestran una caída del 23% para la energía, del 15,6% para la industria, del 25% para la construcción y en servicios el descenso de la cifra de negocios y las ventas declaradas caen siete veces más que el VAB, unas incoherencias que alcanzan ya cotas desconocidas, porque aunque no es igual valor añadido que ventas o producción, las diferencias son tan enormes que invalidan completamente las cifras del INE.

Medido por los componentes de la demanda, el PIB es igual a la suma de las demandas finales de bienes y servicios en el periodo: consumo de las familias, el componente que más pesa, 57% del total; inversión, 30%; gasto del gobierno, 18%, y el saldo de la balanza comercial cuya aportación es negativa.

¿Y qué pasa con el consumo de las familias? Pues que ha experimentado la mayor caída de la historia, y la cifra del INE de Zapatero es una broma. Si utilizamos cifras correlacionadas independientes, por ejemplo, los ingresos por IVA, éstos han caído el 33,9% a septiembre; o las ventas interiores deflactadas, el 14,5%. Luego la inversión -11% la oficial, -17% la caída real de la FBCF, o del -23,7% los bienes de equipo, es decir, el comportamiento de los componentes que suponen el 87% del PIB, no tienen nada que ver con la versión oficial. Y finalmente la balanza comercial, donde las discrepancias entre la Contabilidad Nacional y Aduanas ya no son de recibo.

La estimación del PIB por procedimientos indirectos: la tendencia
Hay varios procedimientos indirectos, el más utilizado es la estimación a través de las afiliaciones a la Seguridad Social y la productividad, pero desgraciadamente y como expliqué la semana pasada, es ya inutilizable, porque las cifras de afiliación se han falsificado incluyendo cientos de miles de escolares como afiliados no cotizantes.

A falta de ello, otro de los procedimientos es la estimación a través de una variable fuertemente correlacionada. En concreto, el PIB ha venido variando históricamente un punto menos que el consumo de gasóleo automoción. Si el consumo crecía, por ejemplo, un 4,5%, caso aproximado de 2006 y 2007, el PIB crecía un 3,5%. ¿Y qué pasa ahora? Pues pasa que el consumo de gasóleo automoción ha caído un 5,6%, lo que significa que el PIB ha caído un 6,6 % interanual, con un margen de error del 10%.

Pero la falsificación no sería tan dañina si la tendencia fuera a mejor, pues las decisiones inducidas a los agentes económicos solo errarían el timing, pero es que la tendencia es a peor. Así, los indicadores interanuales de septiembre son peores que los de agosto en energía -22,8% frente a -12,2% en ventas o -6,9% frente a -6% en producción-, peores en la industria -12,5% frente a -10,6% en agosto, peor en la construcción, donde el consumo aparente de cemento pasa del -21,6 % al -23,7%, y peor en los servicios. Por su parte, los indicadores adelantados como visados de superficie a construir, pedidos a la industria, inversión en bienes de equipo, y sobre todo, el indicador sintético de actividad que elabora el MEH, que da idea de la evolución de la economía a seis meses vista, empeoran en su totalidad.

¿Y qué significa todo esto? Pues que la economía va a peor y no a mejor: más paro, menos consumo, menos producción y la bomba nuclear, mayores déficit, con el agravante que el aumento es casi en su totalidad consecuencia del incremento del gasto corriente, fundamentalmente salarios. Y aquí no puedo dejar de mencionar, como dentro de la locura suicida que se ha apoderado de nuestros indignos políticos, la Comisión de Presupuestos ha aprobado que todo el endeudamiento 2009 y 2010 sea destinado a ¡gasto corriente! Todo antes de bajarse los salarios a sí mismos, a sus familiares, a las decenas de miles de asesores y a los cientos de miles de chupópteros contratados a dedo, y antes también de privarse de coches, viajes de lujo y todo el demás despilfarro.

En resumen, que el PIB ha caído algo más del 6% interanual, que en el tercer trimestre se ha moderado la caída como consecuencia de la estacionalidad y el efecto de las medidas temporales de estímulo como el Plan E y el Fondo Local, pero no un 0,3% sino por encima del 0,8%, que esta moderación ha dado paso a una nueva aceleración después de verano, que se agravará con las subidas de impuestos estatales y locales a partir del primer trimestre 2010 y el desplome de las expectativas de renta permanente por parte de las familias, que los déficit de la AAPP seguirán creciendo en forma descontrolada, generando un volumen de deuda imposible de financiar a los pocos meses de que el BCE cierre la barra libre del crédito. A día de hoy, la deuda de los bancos españoles con el BCE, dedicada casi íntegramente a la adquisición de deuda Zapatero a corto, alcanza el increíble récord de 82.000 millones de euros.

Y como guinda del pastel, más de la mitad del sistema financiero está quebrado, no podrán devolver sus casi 800.000 millones de deuda, sólo retrasar lo inevitable refinanciándola con aval del Estado, lo que significa que no serán ellos sino nosotros, el pueblo, los responsables de su devolución. En 2009 de unos 80.000 millones de vencimientos, no se ha amortizado casi nada, más de 70.000 se han refinanciado a tres años con nuestro aval, ¡concedido sin el más mínimo cálculo de liquidación si se produce la quiebra! Es de Juzgado de guardia. ¿Y qué pasará dentro de tres años, cuando habrá que devolver no 70.000 sino 240.000? Pues que es imposible porque la situación será muchísimo peor. Pero lo dramático, lo auténticamente escandaloso, es que entonces ya no lo deberán ellos, ¡ lo deberemos nosotros! El problema no es, como no ceso de repetir, cuando saldremos de la crisis, sino cuanto tiempo podremos mantener el imparable deterioro de las cuentas públicas, antes que España entre en suspensión de pagos, o entre en quiebra la mitad del sistema financiero.

(*) Catedrático de Economía de la Escuela de Minas de la UPM

03.- Racismo nacionalista en la literatura galleguista de los siglos XIX y XX.- Manuel Murguía.
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 16 Noviembre 2009

Escrito por Miguel Salas desde Taiwán para la Revista Tonos Digital, de la Universidad de Murcia. 28 de Enero de 2009.

Manuel Murguía

El gran descubrimiento etnicista del siglo XIX en lo que respecta a Galicia fue el celtismo. Convertido en doctrina inmediatamente después de su formulación, mucho es lo que se ha escrito y dicho desde entonces a favor y en contra –como ejemplo del escaso acuerdo existente es interesante el libro de Beatriz Díaz Santana, "Os celtas en Galicia. Arqueoloxía e política na creación da identidade galega"–.

Murguía es, como toda su generación, un celtista ferviente. En su opinión, nada anterior a los celtas resta en la Galicia actual. Afirma “que hallamos perfecta semejanza entre los gallegos de hoy, y de siempre, y los celtas de la Europa antigua y moderna” (Murguía, 2000, pp. 42-43). La aparición de los celtas marca un antes y un después en la historia de Galicia, convirtiéndose en el momento inaugural de la raza y la cultura gallegas actuales. Los celtas, gracias a la “indiscutible superioridad sobre aquellos [pueblos] entre los que ha vivido” (Murguía, 1985, p. 109), erradican hasta el más mínimo rasgo de los pobladores anteriores.

Dice Murguía al respecto:
"El día en que las tribus célticas pusieron el pie en Galicia y se apoderaron del extenso territorio que componía la provincia gallega, a la cual dieron nombre, lengua, religión, costumbres, en una palabra, vida entera, ese día concluyó el poder de los hombres inferiores en nuestro país. Fuesen o no, fineses o gente más humilde todavía, de color amarillo, lengua monosilábica y vida intelectual rudimentaria, tuvieron que apartarse y desaparecer. Ni en la raza ni en las costumbres y supersticiones, ni siquiera en los nombres de localidad dejaron las huellas de su paso. (…) Nada hay en nuestra antigüedad que de ella no venga o con ella no empiece. El celta es nuestro único, nuestro verdadero antepasado" (Murguía 1985, p. 21).

Si los fineses son humildes y los amarillos más —lo afirma un miembro del pueblo que “por el lenguaje, por la religión, por el arte, por la raza (…) está ligado estrechamente a la grande y nobilísima familia ariana” (Murguía, 1985, p. 117)— los negros no salen mejor parados en los textos del autor gallego: “El ario en su comienzos es superior al negro en todo el esplendor de su civilización posible” (Murguía, 1985, p. 141).

El pueblo el celta y, por tanto, el gallego, es, entonces, ario y superior a las demás razas, como Murguía no cansa de repetir siempre que tiene oportunidad, “un pueblo numeroso y superior, —por ser por entero céltico, (…) por ser más germanizado (aunque parezca a algunos absurdo), y por no haberse contaminado con la sangre semita, que tanto domina en las comarcas que ama y ensalza nuestro adversario, porque son suyas” (Murguía, 2000, p. 30).

La sangre semita predomina, según Murguía, en el resto de la Península Ibérica, y es claramente inferior a la celta, modificada apenas en Galicia por la invasión sueva, a la que Murguía se refiere cuando habla de la germanización.

Haber nacido gallego, por tanto, es una fortuna, como constantemente recuerda el marido de Rosalía a los pequeños lectores de La primera luz, el manual escolar de historia que escribió para la enseñanza primaria. En él les enseña a amar las virtudes de la galleguidad mediante afirmaciones como la siguiente: “La historia nos hace odiar la guerra (…) pero nos enseña también que si alguna guerra es santa, es únicamente la que se hace por defender la independencia de la patria o la preponderancia de la raza a la que se pertenece” (Murguía, 2000b, pp. 33-34). Una guerra, por ende, como la que los celtas llevaron a cabo contra las razas inferiores al asentarse en el recién descubierto territorio gallego. No hace falta que subrayemos el potencial peligro de las afirmaciones de Murguía, considerado unánimemente hoy en día uno de los padres de la patria gallega.

Miguel Salas
Taiwán

La objeción a Educación para la Ciudadanía sigue viva
El submarino La Razon 16 Noviembre 2009

La tranquilidad que hoy se respira en los pasillos del Ministerio de Educación puede tener una fecha de caducidad mucho más próxima de lo que desearía el ministro Ángel Gabilondo. Hoy, la crisis hace mella en otros departamentos y, si se compara lo que se sufre en los pasillos de Hacienda, Defensa o la misma Presidencia, en la Casa de las Siete Chimeneas hay calma chicha. Gabilondo ha cerrado puertas y ventanas a los objetores de Educación para la Ciudadanía, pero eso no significa que no existan y que no se preparen a fondo para dar nuevamente la batalla. Disponen de munición jurídica y del apoyo de sectores de la comunidad educativa, que debieran poner al ministro sobre aviso.

La sentencia del Estatuto sólo podría obtener un amplio respaldo si echan atrás puntos cruciales
NIEVES COLLI | MADRID ABC 16 Noviembre 2009

Las cosas han cambiado poco en el Tribunal Constitucional desde el verano y, de hecho, los diez magistrados que integran el Pleno siguen divididos en torno al Estatuto de Cataluña. Sin embargo, algunos de ellos, según fuentes del Tribunal, creen que la sentencia podría ver la luz entre diciembre y los dos primeros meses del próximo año. Con las elecciones catalanas en el horizonte (están previstas para otoño de 2010), en el TC quieren evitar que las deliberaciones se vean entorpecidas por las declaraciones de los políticos, más aún teniendo en cuenta que las precampañas electorales se anticipan cada vez más.

En este momento, el reparto de fuerzas parece oscilar entre un 5-5 (conservadores frente a progresistas) y un 6-4 contrario a la ponencia de Elisa Pérez Vera, un texto interpretativo que avala la constitucionalidad de todo el Estatuto y que contaría con el apoyo incondicional de la presidenta, María Emilia Casas, y de los magistrados del sector progresista Pascual Sala y Eugeni Gay. El quinto magistrado al que se suele alinear en este grupo, Manuel Aragón, en ocasiones ha estado más cerca de los postulados de los conservadores.

Cambio de corriente
Las fuentes consultadas creen que ese reparto de fuerzas podría invertirse, lo que supondría el desbloqueo de la situación y permitiría sacar adelante una sentencia con un amplio apoyo, si el borrador de la ponente declarara la inconstitucionalidad de algunas cuestiones que varios magistrados consideran «cruciales». Cuatro de esas cuestiones son la declaración de Cataluña como nación (en el preámbulo del Estatuto), determinados aspectos de la financiación, la lengua y el Poder Judicial.

Si cumple esas condiciones, la sentencia podría salir adelante por un 7-3 e incluso por un 8-2, según fuentes del TC, cifras que se consideran razonablemente suficientes para un asunto de la trascendencia del Estatuto catalán. Esto significa que habría magistrados del llamado sector conservador -quizás Rodríguez Arribas, Conde y Jiménez-, dispuestos a aceptar la ponencia de Pérez Vera si la norma autonómica fuera declarada inconstitucional en esas cuestiones «cruciales». Los otros dos integrantes de ese grupo, Delgado y Rodríguez Zapata, son más duros de roer, siempre según las citadas fuentes, por lo que seguirían considerando insuficiente esa opción y podrían llegar a formular votos particulares en contra.

En este escenario se retomarán hoy las deliberaciones y se prevé que, después de que los magistrados pusieran las cartas boca arriba en el Pleno del jueves, la ponente presente su texto (va por la cuarta ponencia) con algunas modificaciones.
En lo que sí coincide todo el Pleno es en la necesidad de sacar la sentencia cuanto antes y de que ésta cuente con un número importante de votos o incluso, a ser posible, con un respaldo unánime.

Destina parte de los Presupuestos a los coros de Navarra o la imagen de Calella
El Gobierno gasta más de 12 millones para contentar a los nacionalistas
Carmen Morodo La Razon 16 Noviembre 2009

MADRID-Desde la promoción lingüística catalana hasta el Salón del Cómic de Barcelona, pasando por fundaciones privadas, el Centro Cultural de Vic, una masía medieval, una asociación de juventudes musicales, los coros de Navarra, una piscina municipal, fundaciones privadas o exhumaciones por el territorio nacional. Éstos son sólo algunos de los enunciados de los variados proyectos que han obtenido fondos de la caja de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La razón: la aceptación por parte del PSOE de los requerimientos de ERC-IU-ICV, de CiU, del BNG o de Nafarroa-Bai.

La reforma de la «Ley Beckham», que el PSOE pactó a última hora con IU, ICV y BNG, ha servido para poner sordina al conjunto de la reforma fiscal impulsada por el Gobierno. Es decir, que los titulares sobre el cambio de régimen impositivo que afecta, en su perjuicio, a tan solo 43 futbolistas galácticos, se han comido los del incremento del IVA para todos los ciudadanos. El PSOE ha utilizado la negociación de los Presupuestos para realizar una jugada que le ayuda a «limpiar» su imagen y a reducir el coste político de la subida de impuestos.

Pero también ha utilizado esta negociación para cuidar eso que se ha dado en llamar la «geometría variable», es decir, para repartir guiños a diestra y siniestra, y nunca mejor dicho, porque los ha dirigido a las minorías de la izquierda, a los nacionalistas y a la derecha de UPN. Es decir, «mimos» a todos los que en algún momento le pueden servir de sostén para evitar la soledad parlamentaria y esconder la imagen de debilidad que de ésta se deriva. Ya de partida, el reparto de fondos entre proyectos más que singulares ha ayudado a los socialistas a ir recabando apoyos diversos en las votaciones de las secciones de los Presupuestos. Y lo que es mucho más importante en el regate en corto, les ha dado el voto de UPN y de Nafarroa Bai que ha permitido salvar «in extremis» la reforma de la Ley de la financiación autonómica.

Coros, piscina y biblioteca
La coalición nacionalista Na-Bai ha arañado partidas para los coros de Navarra (200.000 euros), para los amigos de la música (200.000 euros), para la piscina municipal de Zizur (500.000 euros) o para la casa de la cultura y la biblioteca en Villava (400.000 euros).

Los proyectos que ERC-IU-ICV consigue financiar no son menos llamativos. De los PGE salen 300.000 euros para la «promoción lingüística catalana», 50.000 euros para el Salón del Cómic de Barcelona y un millón de euros para «equipamiento cultural de Cataluña». La misma cantidad, 50.000 euros, que se destina al cómic es la que llegará, a demanda de CiU, a la fundación privada «El Somni dels Nens», que tiene entre sus fines la ayuda a niños enfermos de cáncer.
El grupo de ERC-IU-ICV también saca de las cuentas del Estado, a través de una enmienda transaccional negociada con el PSOE, hasta 2 millones de euros para «exhumaciones por el territorio nacional».

El Gobierno ha cedido 600.000 euros a la Fundación Ausias March, una institución valenciana que se dedica a la «promoción de la lengua y la cultura catalana», y lo ha hecho en atención a una enmienda de Esquerra Republicana y a otra de CiU.

Los convergentes se llevan su parte del «pastel», aunque no hayan apoyado las cuentas generales para el próximo ejercicio, resultando especialmente llamativas las partidas para proyectos muy puntuales en ayuntamientos gobernados por la coalición de Artur Mas. Por ejemplo, hasta un millón de euros va a las arcas del centro cultural de Vic; 100.000 euros son para la «asociación juventudes musicales»; otro millón de euros, para la escuela de música del Ayuntamiento de Matadepera; 700.000 euros, para una Masía medieval en Barcelona; 125.000 euros, para el eco museo del campo en Vall d´en Bas…

Y el BNG tampoco sale mal parado de la negociación con los socialistas, a pesar de que al final no diera su aval a los Presupuestos. El centro de interpretación de la historia medieval recibe un millón de euros; otro millón de euros es para el centro de arte del Concello de Vigo; un millón y medio para la biblioteca del Concello de Carballo; y 4 millones de euros más para la adquisición del pazo de Goians.

Además de la financiación de algunos singulares proyectos, los nacionalistas y la izquierda han arañado otras inversiones en infraestructuras y en obras de carácter cultural. De las contadas enmiendas que el Partido Popular ha transaccionado con el PSOE, destaca la que concede, por iniciativa de los populares, 50.000 euros a la Fundación de Víctimas del Terrorismo. La misma cantidad que CiU consigue para el Certamen estatal de la imagen de Calella.

El peaje por la Lofca y los presupuestos
El peaje del Gobierno por lograr apoyos puntuales pero fundamentales para sacar adelante sus propuestas salta a la vista con las partidas reflejadas en estas páginas. Los últimos ejemplos evidencian cómo el Ejecutivo ha podido aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2010 y la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (Lofca). En el caso de los PGE, logró el sí tras cerrar un acuerdo con PNV y Coalición Canaria y sumar así los 177 votos que le garantizaron la aprobación de las cuentas. El pacto con el PNV le supuso una tramitación ultrarrápida del blindaje del Concierto vasco, entre otras prerrogativas para su socio. En cuanto a la Lofca, aprobada la semana pasada, los votos de UPN y Nabai permitieron al Gobierno que la reforma viera la luz tal como la había diseñado.

Plataformas de Cataluña, Baleares, Valencia y Aragón
Entidades de cuatro CCAA se unen 'contra el expansionismo catalanista'
Presentarán un manifiesto común en Madrid en un acto el 26 de noviembre
Luis Ángel Sanz | Madrid El Mundo 16 Noviembre 2009

Al menos 11 plataformas ciudadanas y asociaciones de cuatro comunidades autónomas -Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Aragón- están ultimando estos días un manifiesto común que presentarán en Madrid el próximo 26 de noviembre con el objetivo de defender sus lenguas propias y promover el bilingüismo con el castellano.

Su objetivo es sensibilizar a los partidos políticos nacionales, a los sindicatos, medios de comunicación, colectivos y ciudadanos de toda España ante su problema para que les ayuden en la defensa de su cultura y del idioma común, el castellano. Afirman que tienen un "enemigo común": el "expansionismo lingüístico y cultural catalanista".

En el texto del manifiesto en él que están trabajando todas las asociaciones que acudirán a Madrid, en líneas generales, se denunciará "la imposición lingüística del catalán", la "desaparición del castellano en la educación y en la Administración" en algunas comunidades y "la eliminación de las lenguas propias de Valencia, Baleares y Aragón y su sustitución por el catalán estándar".



******************* Sección "bilingüe" ***********************

La sentencia de nunca jamás
JOSÉ GARCÍA DOMÍNGUEZ ABC Cataluña 16 Noviembre 2009

COROLARIO de ese devenir extramuros de la gramática constitucional del catalanismo político, estos días se glosan con estupefaciente naturalidad en la prensa oficiosa las presiones sobre Maria Emilia Casas con tal de forzarla a prevaricar en el veredicto del Estatut. «Casas tiene el plácet del Gobierno para hacer un último intento de aprobar una sentencia interpretativa, sin anulación de artículos importantes», acaba de revelarnos un diario local desde la más aséptica indiferencia. Así, con el mismo cinismo que se presume el carácter indigno, el espíritu lacayo y el proceder delictivo de la suprema autoridad jurisdiccional del Estado, se augura que la resolución quedará postergada hasta después de las elecciones domésticas si la presidenta del TC no logra «desbloquear» la situación a favor del Ejecutivo y los micronacionalistas. A tal extremo llega el desprecio por la independencia presunta del Tribunal y la persona que lo representa.

Un menoscabo que se hace extensivo a la capacidad intelectiva del público en general. De ahí el etiquetaje canónico que presume «progresistas» a los magistrados proclives a resucitar pretendidos derechos medievales, y rancios «conservadores» a los que apoyan sus argumentos en el concepto de soberanía emanado de la Revolución francesa. La transmutación de cuatro provincias en nación; la consiguiente atribución al «nasciturus» del oropel y la liturgia institucional «ad hoc»; la fantasmagórica apelación al pueblo catalán en tanto que peregrino sujeto de la soberanía; unos arcanos derechos atávicos que nadie acierta a precisar; esa cantinflesca financiación específica aunque genérica, diferenciada pero común y particular si bien ordinaria; la jubilosa usurpación pedánea de prerrogativas estatales; la fulminante expulsión sin contemplaciones del Defensor del Pueblo allende el Ebro; la definitiva proscripción del bilingüismo teórico que aún regía en el papel mojado de las leyes; la flamante bilateralidad, en fin, como principio rector de toda esa ficción confederal; he ahí, por lo visto, el genuino contenido material, la plasmación empírica del concepto del progreso que soñaran de Montesquieu a Condorcet y de Voltaire a Kant.

El mismo progresismo cuya guinda doctrinal pondría el presidente de la Generalidad con una solemne cogitación más propia de Hugo Chávez Frías que de Churchill: «El Estatut es un pacto político. Y los pactos políticos no los pueden tumbar los tribunales», barrunta nuestro estadista. Desconcertante, por cierto, ese paralelismo entre la tropa que hoy dirige Cataluña y aquella recua de iluminados que igual la empujó a la huida de la realidad hace ochenta años. Así Macià, retratado en estos términos por Amadeu Hurtado, el letrado que representaría al Gobierno autonómico en el contencioso jurisdiccional que dio lugar a la asonada de 1934: «No sabía nada de nada y daba miedo escucharle hablar de los problemas de gobierno porque no tenía ni la más elemental noción; pero el arte de hacer agitación y de amenazar hasta el límite justo para poder retroceder a tiempo, lo conocía tan bien como Cambó». Seguimos donde solíamos, pues: al borde del precipicio.

Esperando a María Emilia
Iñaki EZKERRA La Razon 16 Noviembre 2009

Hoy se reúne el Constitucional para hablar de esa sentencia sobre el Estatut que anda entre Beckett y Larra, entre el «Esperando a Godot» y el «Vuelva usted mañana», entre el teatro del absurdo y nuestra burocracia carpetovetónica. Recuerdo que el primer acto de la obra de Beckett se cerraba con la aparición de un niño que les decía a los aburridos personajes que esperaban a Godot que éste acudiría a la cita al día siguiente. Al final del segundo acto aquel niño reaparecía para comunicarles que Godot no iba a acudir. Algo así se teme uno «esperando a María Emilia» y mientras se distrae con las contradictorias teorías conspiratorias.
Según unos, el Palau y Santa Coloma son maniobras del Gobierno para desactivar la reacción «sociovergente» contra la sentencia del Estatut. Según otros, Pretoria es un autoblindaje de Garzón contra el Gobierno. A mí lo que me recuerda todo esto son las esperas de mi infancia en el dentista. Como nos aburríamos, mi hermano gemelo y yo enredábamos, conspirábamos contra los mayores.

También me recuerda este aplazamiento tedioso al chiste de la fiesta del corcho. Un tipo iba a un pueblo y, para celebrar que era la fiesta del corcho, los lugareños lo tenían una semana comiendo.

El chiste se recreaba interminablemente en lo que comía, merendaba y cenaba. Finalmente, llegaba el gran día. En medio de una plaza de toros había un palo y un corcho. Alguien salía al ruedo y prendía fuego al palo. La multitud aplaudía frenética y el forastero preguntaba: «¿Esto es todo?» A lo cual el alcalde respondía: «¡Espera, espera, que cuando arda el corcho…!».

Cataluña en fase menor
VALENTÍ PUIG ABC 16 Noviembre 2009

EN sus horas bajas el nacionalismo catalán siempre recurre a mitificar el pasado o urde un futuro ilusorio antes que afrontar el presente cuando sea lábil y espinoso. Sus transiciones son endógenas, con lo que pierde ósmosis con la nueva configuración social de Cataluña. Por contraste con momentos creativos y tan permeables como fueron la «Renaixença» o el «Noucentisme», el catalanismo se repliega, particulariza aún más sus instintos, simplifica y reduce. Aplíquese el test del punto ciego. Esta es la fase menguante que arrancó en los peldaños finales del pujolismo, tuvo su exótico clímax en el maragallismo y anda ahora en período de requerimientos neurotóxicos.

El grado de sobresaturación es tan elevado y tan acusados los efectos específicos de la recesión económica en Cataluña y las penumbras crecientes de la corrupción que la pasividad y el desapego general son ya apolíticos y próximos a ese rellano ambiguo que algunas veces da pie a la antipolítica. Por ejemplo: Josep Anglada, promotor de las candidaturas municipales antiinmigración en la zona de Vic, está tanteando sus posibilidades autonómicas en el Bajo Llobregat.

Las múltiples dilaciones en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el «Estatut» tienen un aire premonitorio. Ahora quizás no haya sentencia hasta más allá de las elecciones autonómicas catalanas, previstas para el año que viene y sujetas en estos momentos a un sinfín de especulaciones sobre su posible convocatoria anticipada. El paisaje de fondo es de fatiga, de desgana muscular y de avitaminosis histórico-política.

Sentencia interpretativa o sentencia asertiva: para el caso, será propagada en auditorios con muy escaso público y aprovechada con sesgos de todo tipo por una clase política que no tiene la energía moral suficiente como para anular distancias entre lo que piensa y lo que dice, entre lo que hay que hacer y lo que es impura conveniencia. Ciertamente, muy pocos creyeron de verdad en aquel segundo estatuto. Al final, muy pocos serán también los que para algo confíen en el Tribunal Constitucional. Esas fueron las hechuras del maragallismo que fascinó a Rodríguez Zapatero. Nada menos: reformar la Constitución de 1978 con el conjuro de un segundo estatuto de autonomía veteado de inconstitucionalidad.

Suele ser de tan baja calidad la novela negra escrita en Barcelona que por eso ha sido más aparatoso el contraste con las acusaciones a F_lix Millet o las detenciones en la trama de Santa Coloma de Gramenet. Millet constituía un elemento dinástico del catalanismo, como eslabón con la coralidad fundacional que arranca en 1891 al instituirse el «Orfeo Català» por iniciativa de Lluís Millet y Amadeu Vives. Acabado de construir en 1908, el modernista «Palau de la Música Catalana» sería su sede. De Amadeu Vives, personalidad fascinante que retrató Josep Pla, quedan zarzuelas espléndidas como «Bohemios», «Maruja» y «Doña Francisquita». En la memoria popular y sentimental catalana permanece sobre todo, con versos de Verdaguer, la canción «L´emigrant».

En el caso de Santa Coloma de Gramenet han sido llamativas las detenciones de Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, personalidades con notable protagonismo directo en los años-clave del pujolismo aunque los ejes del entramado investigado por la justicia implican de mucho más cerca al entorno del PSC, el gran poder municipal en la Cataluña de hoy. En realidad, poder municipal, autonómico, provincial y mediático, a gran escala y sin mucho espíritu de fineza.

La desnaturalización del capital simbólico del catalanismo cultural y político se inició hace ya tiempo y tanto el caso «Palau de la Música» como la trama de Santa Coloma de Gramenet tienen algo de postrimería, según lo ratifica el intento más bien exangüe de contrarrestarlo una vez más con una reacción victimista. Como se ve de nuevo, el caso es que las élites barcelonesas operan en torno a una especie de «omertá» y no con el fundamento del mérito, lo que facilita las exclusiones sistémicas. Por eso las connotaciones de la corrupción son más densas y nucleares. Unas corrientes subliminales de mucha peculiaridad lo conectan todo con el declive cultural. Como protagonista social, hace tiempo que la burguesía de Pedralbes tan solo es un mito.

Para el socialismo, la complicidad inicial de Rodríguez Zapatero con el pacto del Tinell y el segundo estatuto autonómico ya no es la misma y la tirantez entre PSOE y PSC ha llegado a extremos de confrontación interna. La impresión es que José Montilla ejerce el poder pero sin saber para qué, salvo controlar los desmanes continuos de sus socios del tripartito, autorreproducirse en una política patrimonial y pretender el control mediático omnímodo.

Artur Mas tiene un liderato a medio plazo, con el contrapeso de Duran Lleida en «Unió». CiU está queriendo recuperar o asimilar voto soberanista incluso a costa de incitar oposición drástica a una sentencia que recorte un «Estatut» que la propia CiU nunca quiso. Las encuestas electorales favorecen a CiU, mientras que ERC acumula errores tácticos que de tan rudimentarios y pedestres solo se equiparan a su arcaísmo genético y a sus irresponsabilidades históricas. Ahí asoman las exploraciones de Joan Laporta, presidente del Barça, calcadas de una conjunción populista entre Berlusconi y la Liga Norte. Para el PP, su intrahistoria catalana tan accidentada como contradictoria lo hace depender todo de su empuje en toda España, sin atractivos territoriales propios, salvo que, para bien y para mal, su capital político en Cataluña son las siglas, su naturaleza de partido nacional y los éxitos económicos cuando estuvo en el Gobierno, como por ejemplo quedó ratificado en los pactos del Majestic. En el mejor de los casos, a Mariano Rajoy puede corresponderle una tarea pactista de bordadura ímproba, casi ya en la hora veinticinco.

La epidemia de consultas independentistas iniciada en Arenys de Munt llega en diciembre a unos ciento cincuenta municipios, aunque es un conjunto de escasa dimensión demográfica. El ayuntamiento de Gerona también ha aprobado la consulta, con la abstención del PSC, en el poder desde hace tiempo infinito. Son consultas que no aportarán racionalidad alguna a lo que es la vida pública catalana, sino más bien sensaciones de un desvencijamiento ya antiguo que se suman al adanismo abrupto de esas nuevas generaciones que han crecido en las aulas de la inmersión lingüística y de unos manuales de historia ajenos a la realidad de España.
Para usar un símil pictórico, la política en Cataluña ha perdido mucha perspectiva. Jordi Pujol habla de desencanto, de desprestigio, de pérdida de autoestima. Sí, todo eso y más. Perspectiva y forma simbólica: llegaron a ser lo mismo. Los personajes andan como perdidos en el espacio figurativo de la política catalana. Lo grave es el desconcierto de la ciudadanía, una ciudadanía multidimensional, tan mal representada por una política que sólo existe en dos dimensiones. Ya se sabe que, en el estudio de la perspectiva, las líneas rectas resultaron ser curvas.

Los proetarras reeditan la misma propuesta trampa de siempre
Editorial La Razon 16 Noviembre 2009

«Más de lo mismo». Todas las fuerzas democráticas coincidieron a la hora de enjuiciar el anuncio de la llamada «izquierda abertzale» realizado en Alsasua (Navarra). Decenas de miembros de la ilegalizada Batasuna escenificaron una propuesta de negociación que sólo era otra «propuesta trampa», repleta de lugares comunes, como la «desmilitarización del País Vasco» o la libertad para los presos de la banda. Los radicales, otra vez, tendieron su mano envenenada a la sociedad, para una nueva negociación, pero sin cumplir con mínimas exigencias como que ETA entregue sus armas y deje de matar. Al mismo tiempo, en la pantomima se pretendía poner a igual nivel a las víctimas y sus verdugos, con una negociación entre iguales. Tras el ofrecimiento se oculta la desesperación de la banda asesina, incapaz de reaccionar a la contundencia de las medidas puestas en marcha por el Estado, y con la vista puesta en el horizonte de 2011. La izquierda abertzale busca participar en las elecciones municipales y forales de ese año. Unos comicios de los que quedarán descabalgados, más pobres y sin recursos, si no condenan las prácticas asesinas etarras. Los ciudadanos sólo esperan que los proetarras acaten la Ley y las exigencias del Estado de Derecho. No hay otra cosa de la que hablar.

¿Quién les cree?
El PNV tiene un largo camino en la apuesta por la derrota de ETA, debido a la resistencia que aún ofrecen algunos dirigentes más identificados con la familia política de Batasuna
TONIA ETXARRI El Correo 16 Noviembre 2009

Es tan vieja la persistencia de ETA, tan repetitivos sus mensajes y tan insufrible su obsesión por controlar y coaccionar a los ciudadanos vascos desde los desagües nacionalistas que hasta las reacciones a sus apariciones públicas han dejado de ser novedosas. ¿O se trata de reacciones tardías? La enésima propuesta de la denominada izquierda abertzale ha sonado a rancia. La mayoría de los partidos democráticos así la han considerado. Incluso el PNV, cuyos dirigentes en Vizcaya parecen 'caídos del caballo'. En una fiesta de partido en la que coincidieron el alcalde de Bilbao, el diputado general de Vizcaya y Andoni Ortuzar, los tres dirigentes coincidieron en restar importancia a esa propuesta de «pacificación» del entorno de Batasuna que sigue sin separarse de ETA.

'Bienvenidos al club de los desengañados' habrá que decirles a los jelkides vizcaínos, esperando que la caída no haya sido muy dolorosa. Porque muchos, antes que ellos, y muchos años hace ya de esto, otros ciudadanos vascos como los Ordóñez, los Buesa o los Pagazaurtundúa, acompañados de tantas voces anónimas, exigían que ETA entregase las armas. Y punto. Y por mantener esa actitud se les acusó de enemigos del proceso de paz. Ahora Ortuzar dice que no cree lo que dice el entorno de ETA. Bien. Que se lo explique primero al veterano Arzalluz, que padece cierta confusión entre los enemigos de la democracia y los adversarios políticos. Y luego, que se dirija a su compañero guipuzcoano Joseba Egibar, que se opuso, el pasado verano, a suscribir un pacto contra ETA que estaba diseñando el ministro Rubalcaba.

Salvados estos dos importantes escollos dentro del PNV para que los mensajes del partido sabiniano también gocen de cierta credibilidad, habrá que reconocer que sus pasos están siendo más bien parsimoniosos. ¿O quizás calculados? Si todavía se manifiestan contra la Ley de Partidos, que ha hecho posible apartar de la legalidad a los cómplices políticos del terrorismo, y si al alcalde Azkuna le parece que Urkullu, al decir que ETA debe desaparecer, ha arriesgado mucho... a los nacionalistas les queda todavía un largo camino hasta que apuesten por la regeneración democrática con todas sus consecuencias.

Porque en el largo movimiento político y social contra el terrorismo no está, precisamente, en la vanguardia, esencialmente por la resistencia que siguen ofreciendo algunos dirigentes más identificados con la familia política de Batasuna. ¿O es que ya no se recuerda la manifestación en la que destacados dirigentes del PNV acompañaron a los socios de la ilegalizada Batasuna? Ahora la izquierda abertzale ha reaparecido, como el Guadiana, aprovechando el 'bajón' de actividad de la banda terrorista para volver a mostrar el señuelo del proceso de paz. Y si lo hace es porque, hasta ahora, siempre ha picado alguien. Por eso no fue casual el aviso que lanzó el consejero Rodolfo Ares en un foro de coloquio, en Madrid, la pasada semana, alertando a la opinión pública de que nadie se deje engañar por los intentos de los radicales abertzales, que lo único que pretenden es volver a aprovecharse de las instituciones democráticas.

Y por este temor, el consejero, junto al ministro Rubalcaba, llevaban meses intentando implicar a todos los partidos democráticos en un amplio pacto que contemple el compromiso de no dialogar con ETA hasta que no haga público el abandono definitivo de las armas. Nadie mejor que ellos, que se vieron envueltos en la última trampa negociadora de la banda, hace cuatro años, para saber que los terroristas utilizan los periodos de negociación para tomar oxígeno y liberarse de la presión policial. «No hay que escuchar a ETA. Hay que presionarla».

Así está la cuestión en estos momentos tan bajos para la organización terrorista y su conglomerado político. Cada vez más desprestigiados por no haberse atrevido a cortar con la banda que les dirige. Ofrecer ahora un proceso de negociación sin desvincularse de ETA no es ni siquiera un paso. Y si insisten en vivir del cuento de la agitación justificando el conflicto provocado por el terrorismo, se irán quedando sin altavoces, su principal fuente de mantenimiento.

El director general de EITB, Alberto Surio, no ha podido ser más claro en una entrevista en EL CORREO al señalar que los portavoces de la izquierda abertzale ilegal no tendrán a EITB como altavoz propagandístico. Solo por ese salto cualitativo en los medios de comunicación públicos merecería la pena el cambio. A algunos les puede resultar paradójico que el director general del ente público haga bandera de la pluralidad, mientras reconoce que no todos los mensajes van a tener encaje.

Pero se trata de la pluralidad democrática no coartada. De valor incalculable para la interminable espiral de acción-reacción con que ETA y su entorno, durante décadas, han disfrazado la propia degradación de un proyecto que no tenía detrás contenido alguno que no fuera retroalimentar la violencia. Cuanto más tarden los simpatizantes de la llamada izquierda abertzale en percatarse y aceptar que el embeleco de la negociación, salida negociada, ausencia de todas las violencias o cualesquiera otra formulación es una vía amortizada, más tardarán en cambiar el rumbo a favor de las opciones independentistas que ya han rechazado el terrorismo.

El PNV y Batasuna
Germán Yanke Estrella Digital 16 Noviembre 2009

El presidente del PNV, Íñigo Urkullu, dijo al conocer que el Tribunal de Estrasburgo no estaba dispuesto a revisar su sentencia sobre la ilegalización de Batasuna que, para ésta, el contador estaba en ese momento a cero. El drama del nacionalismo vasco se multiplica tanto por su culpa como a su pesar. El del PNV ha perdido el poder en el Gobierno vasco, muestra debilidad en el resto de instituciones (y teme perderlo también en las próximas elecciones locales y forales) y comienzan a alentar -de nuevo- las diferencias en su seno. En tan lamentable situación, el PNV ha venido insistiendo en que la Ley de Partidos ha modificado el mapa político vasco y ahora, con la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, en la que pasmosamente tenían puestas sus esperanzas, se ha demostrado que la única modificación en el mapa ha sido impedir que las ramificaciones de una banda terrorista se presenten como un partido político normal.

La insistencia de los últimos tiempos en la consolidación de una "mayoría social" -la nacionalista- no sólo se da de bruces con la realidad exterior, sino también con la interior del propio PNV. No conseguirá esa supuesta mayoría sin ETA y sus ramificaciones, lo que supone, por las necesarias cesiones (y como ya ha ocurrido en el pasado), establecerla en un proyecto totalitario. No es fácil, como partido de orden y de intereses, que un intento de esa naturaleza, además de su lamentable contenido, sea aceptado por gran parte de sus bases y votantes. El disimulo con el que se plantea -que lleva la contrapartida del constante desprecio de la izquierda abertzale- es prueba de que los anteriores intentos bajo la égida de Juan José Ibarretxe ya no contarán en el futuro con el miedo de los moderados a la ruptura. En la medida en que el alejamiento del poder se haga más palpable, la resistencia sera cada día todavía menor.

Ahora le queda a ese PNV desconcertado el deseo de que Batasuna, como dice Urkullu, ponga el contador a cero y empiece un nuevo rumbo. Un deseo imposible. Si la experiencia reiterada de estos cincuenta últimos años demuestra que no hay en ETA los recursos intelectuales y morales precisos para abandonar una violencia que es parte de su esencia y de su ideología, el documento hecho público estos días ratifica que en su seno nada ha cambiado. Otra vez la negativa a condenar la violencia de la que dependen, de nuevo la exigencia sin sentido de que se termine negociando su antidemocrático programa por el hecho simple de que pueden seguir amenazando con la violencia. Más de lo mismo incluso en el momento en que los ciudadanos, las instituciones y los tribunales europeos han dicho basta con la contundencia que el asunto requiere. La mayor desgracia para el PNV no será, desde luego, la pérdida del poder, sino fiar su futuro, por desesperación, a una Batasuna cuyo contador va -sigue yendo- para atrás.

El 'chivatazo' a ETA se planificó desde Madrid la noche anterior
Carlos Fonseca EC 16 Noviembre 2009

Una vez identificados los supuestos autores del ‘chivatazo’ a ETA, los investigadores rastrearon las llamadas entre ellos y con otras personas para concluir en sus informes al juez que la filtración se planificó la noche anterior desde Madrid, tras un cúmulo de imprecisiones en la cadena de mando de los servicios antiterroristas de la Policía.

Tras llegar por el cruce de llamadas registradas el día 4 de mayo a la hipótesis de que José María B, inspector de Vitoria, entregó a Elosúa el teléfono a través del cual Enrique Pamies, jefe superior de Policía del País Vasco, le informó de la operación en marcha, y de que éste actuó por orden o sugerencia de Víctor García Hidalgo, director general de la Policía, los investigadores chequearon las llamadas de los tres sospechosos la tarde-noche del día 3 en busca de nuevas pistas. Fue así como determinaron que a las 21,48 horas, cuando el operativo para el día siguiente ya estaba ultimado, el director general de la Policía habló durante once minutos con el Comisario General de Información, Telesforo Rubio, y acto seguido telefoneó al jefe superior del País Vasco, con quien habló por espacio de 28 minutos. Éste a su vez, comunicó con Víctor García Hidalgo en otras dos ocasiones esa misma noche, a las 22,43 y a las 23,20 horas, por espacio de 17 minutos. Finalmente, a las 00,06 horas, ya del 4 de mayo, el jefe superior habló durante dos minutos con el inspector de Vitoria. Previamente a todas estas comunicaciones el jefe superior había mantenido numerosos contactos con varios funcionarios de la comisaría de San Sebastián que estaban al tanto del dispositivo policial organizado para el día siguiente y con el jefe de la Brigada de Francia, que desarrolla su trabajo en el país vecino y no depende jerárquicamente de él, sino de la Comisaría General de Información.

Esta secuencia llevó al equipo policial a las órdenes del juez Garzón a concluir que tan pronto como Víctor García Hidalgo tuvo conocimiento de las detenciones que iban a tener lugar al día siguiente, entre ellas la del dirigente del PNV Gorka Aguirre, pidió a Enrique Pamies que abortara la operación dadas las consecuencias políticas que podía tener la misma, justo el día en que el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, se reunía en La Moncloa con el presidente Rodríguez Zapatero para trasladarle el apoyo de su partido al proceso de paz en marcha. El jefe superior, a su vez, habría telefoneado al inspector de Vitoria para encomendarle que contactara con Elosua en su domicilio para alertarle.

Cadena de mando
Los investigadores sostienen que el jefe superior de Policía siempre informaba de los operativos en marcha al entonces subdirector general Operativo y hoy director general adjunto de la Policía, Miguel Ángel Fernández-Chico, con quien, sin embargo, no habló la tarde-noche del día 3 ni durante todo el día 4 de mayo pese a la relevancia de la operación que se iba a llevar a cabo al día siguiente. Tampoco lo hizo con el delegado del Gobierno ni con su asesor, otras dos personas a las que igualmente informaba de manera habitual de las novedades. Las únicas comunicaciones esa noche fueron con el director general de la Policía, saltándose el conducto reglamentario establecido, lo que supone un indicio más para sustentar su hipótesis sobre la autoría del ‘chivatazo’, siempre según la información aportada al juez. En cambio, cuando finalmente se llevó a cabo la operación contra la red de El Faisán, el 20 de junio, el jefe superior si habló en varias ocasiones con su inmediato superior, Fernández-Chico, tanto la noche anterior como el día de los hechos y ese día también lo hizo con el delegado del Gobierno. Curiosamente, ese día no efectuó ninguna llamada al director general de la Policía.

Los investigadores aportan un elemento más para dar consistencia a su hipótesis incriminatoria: una conversación telefónica mantenida meses después, el 19 de agosto de 2006, por el jefe superior con un periodista de su confianza a través de su móvil, que en ese momento ya estaba intervenido por orden judicial. El contenido de la misma fue como sigue:

Periodista.- ¿La operación llevaba muchos meses, no? (se refiere a la operación contra El Faisán)
Jefe Superior de Policía.- Sí, la operación llevaba muchos meses, pero lo de tirar yo me entero la tarde de antes, pero la tarde de antes, porque me llama (da el nombre de un policía) y me dice, oye, que necesito UIP (se refiere a las Unidades de Intervención Policial que se iban a encargar de registrar el coche de José Antonio Cau en la frontera, cuando regresara a Francia tras recoger el dinero de la extorsión).

Periodista.- Ah…
Jefe Superior de Policía.- Y le dije, ¿para qué quieres, para extranjería?... ¿vas a hacer un control de extranjería?, y me dice que no, que parece ser que estos de Madrid van a tirar, y digo, ¿de qué cojones van a tirar?, y dice, no sé, son los de economía (se refiere los encargados de investigar las finanzas de ETA), me imagino que será lo del Faisán, pero no han dicho ni mú…”

La intervención de las UIP había sido requerida a las 22,13 horas de la noche del 3 de mayo por el jefe de la Brigada de Información de San Sebastián al jefe provincial, minutos después de que el responsable de la operación contra la red de extorsión, Carlos G., encargado posteriormente de la investigación del ‘chivatazo’, le hubiera puesto a él al tanto de la misma. El jefe provincial, a su vez, telefoneó acto seguido al jefe superior de Policía.

Las fuentes policiales consultadas aseguran que la operación contra El Faisán podría haberse pospuesto para evitar las coincidencias señaladas, sin que por ello se hubiese resentido su eficacia. Se habría tratado de un simple cambio de fechas. De hecho, como ya se ha dicho, la operación se llevó finalmente a cabo con éxito el 20 de junio con la detención de doce personas a ambos lados de la frontera. Un error en el traslado de la información a la cadena de mando habría desencadenado un cúmulo de despropósitos que llevó al ‘chivatazo’ como única forma de parar la operación en marcha.

Se pone en marcha la “operación Urogallo”
El responsable español del Equipo Conjunto de Investigación (ECI), Carlos G., comunicó la mañana del 3 de mayo a su jefe, el comisario José C., su intención de poner en marcha la operación si, como se esperaba, Gorka Aguire entregaba esa tarde el dinero del chantaje a un empresario nacionalista a Joseba Elosua y Ramón Sagarzazu, con los que había concertado una cita en una sidrería de la localidad guipuzcoana de Oyarzun, y al día siguiente el etarra José Antonio Cau cruzaba la frontera para recoger el dinero en El Faisán. Ambos policías informaron de su decisión al entonces máximo responsable de la Comisaría General de Información, el comisario Telesforo Rubio, quien ordenó que se trasladara toda la información al juez Fernando Grande-Marlaska, que coordinaba las investigaciones.

El entonces titular del juzgado central de Instrucción número 5 emplazó a los agentes a una segunda reunión a las 17 horas de la tarde, ya con la presencia en la Audiencia Nacional de magistrado de enlace francés, para coordinar con la jueza Laurence Levert y los policías franceses la operación en Francia. El dispositivo quedó cerrado esa misma tarde, acordando que la operación se llevaría a cabo si, tal y como se sospechaba, José Antonio Cau cruzaba la frontera y se reunía con Elosúa. De regreso a Francia, el etarra sería sometido en la frontera a un control aparentemente rutinario por las UIP para comprobar si llevaba el dinero, y si el resultado era positivo se procedería a su detención y se pondría en marcha la operación a ambos lados de la frontera, siempre según datos de la investigación incorporados a la causa.

José Antonio Cau no cruzó la frontera avisado por Joseba Elosúa, que había sido alertado a su vez por un interlocutor anónimo de la operación en marcha, circunstancia que en ese momento aún no había trascendido. El inesperado viaje de Elosúa y su yerno, Carmelo Luquin, a Francia obligó a trasladar el arranque de la operación al país vecino siempre y cuando se produjera la entrega del dinero. En el trayecto Elosúa informó a su yerno de lo que acababa de ocurrirle, y el micrófono instalado en el vehículo puso al descubierto el ‘chivatazo’.

La Policía francesa se niega a intervenir
El encuentro entre Cau, Elosua y Luquin en Bayona, donde reside el primero, fue controlado por los agentes del ECI que se encontraban en dicha localidad pendientes de los movimientos del miembro de la red de extorsión en Francia. Éstos observaron como Elosua le entregaba unos periódicos y unos sobres, en los que pensaron iba el dinero cobrado a Gorka Aguirre el día anterior. Sin embargo, los policías franceses se negaron a activar la operación si antes no tenían autorización de la División Nacional Antiterrorista (DNAT) de París, lo que no ocurrió.

Los miembros del equipo de investigación de Garzón creen que el comisario jefe de la Brigada de Francia les pidió que no interviniera siguiendo instrucciones del jefe superior. Una conclusión a la que llegan tras comprobar que cruzó dieciséis llamadas con el mismo entre la noche del 3 de mayo y la noche del 4 de mayo, pese a no depender funcionalmente de él ni tener ninguna responsabilidad en la operación policial en marcha. Esta persona no ha sido imputada por el juez, como tampoco lo ha sido una inspectora de la comisaría de San Sebastián que habría mantenido continuamente informado al jefe superior de todo lo que ocurría en relación con el dispositivo, al margen de su jefe de brigada y saltándose el conducto reglamentario. El juez Garzón no comparte esta deducción, como se desprende del hecho de que tan sólo hayan prestado declaración como testigos.

La pasividad francesa provocó un fuerte enfrentamiento entre el responsable español del ECI, Carlos G.,que se encontraba en el despacho del juez Grande-Marlaska siguiendo todo el operativo, y su homólogo francés, Pascal B. Según explica el propio Carlos G. en un comunicado difundido el pasado día 19, “a la hora en que se produjo la delación yo me hallaba junto a dos inspectores de mi sección sentado frente al juez Marlaska en su despacho del juzgado repasando las últimas novedades operativas de la tarde anterior (…) haciendo lo imposible para que la Policía francesa detuviera a Elosúa y a Cau en Bayona. Gestiones tanto del juez como mías que sorprendentemente no fructificaron y que provocaron una tensa discusión con los franceses”. El inspector afirma que el enfrentamiento hizo que sus superiores le reprendieran “por poner en peligro las relaciones bilaterales”.

Lea las anteriores entregas de El Caso Faisán:
Los investigadores rastrearon 1.932 llamadas para identificar la del 'chivatazo' a ETA (II)
Las cintas del 'chivatazo' a ETA: "Es un madero. No me cuadra que me haya advertido por teléfono" (I)
La filtración pretendía evitar la detención del dirigente del PNV Gorka Aguirre

NO PODRÁ EJERCER CARGOS PÚBLICOS
El TS inhabilita durante 8 años al proetarra que amenazó a Regina Otaola
El Tribunal Supremo ha impuesto una pena de inhabilitación absoluta para cargo público durante 8 años al proetarra Pedro María Olano, que fue condenado a 2 años de prisión por amenazar a la alcaldesa de Lizartza , Regina Otaola (PP) en 2007.
EFE Libertad Digital 16 Noviembre 2009

Así lo ha acordado la sala de lo penal del TS en una sentencia, en la que estima parcialmente los recursos interpuestos por la Fiscalía y por la acusación particular en representación de Otaola contra la dictada por la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero.

Olano fue número dos de la lista de Lizartzako Abertzale Sozialistak en Lizartza anulada por el Tribunal Supremo antes de las elecciones municipales de 2007 por estimar que era sucesora de los partidos políticos ilegalizados Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

El TS confirma la condena de 2 años de cárcel para el acusado por amenazas, pero también le impone la referida inhabilitación absoluta que la Audiencia Nacional "debió imponer".

El fiscal Fernando Sequeros y el abogado de Otaola también pidieron al Alto Tribunal que Olano fuera condenado por un delito de atentado contra la autoridad -cuya pena máxima es la de seis años de cárcel- al estimar que la alcaldesa fue atemorizada e intimidada por el acusado.

Sin embargo, el TS no accede a tal petición, ya que, entre otras cuestiones, explica que son reo de atentado los que acometen a la autoridad, a sus agentes o funciones públicos o emplean fuerza contra ellos y "las conductas de acometimiento, empleo de fuerza o resistencia activa no puede afirmarse que estén presentes en los hechos enjuiciados".

Además, explica que el acusado no se atrevió a repetir la amenaza cuando para ello fue conminado por la alcaldesa. Los hechos tuvieron lugar el 7 de septiembre de 2007 cuando desde primera hora un grupo de unas treinta personas se concentró frente al Ayuntamiento.

En el momento en el que Otaola se disponía a izar en el balcón la bandera española junto a la ikurriña, le profirieron gritos de protesta tales como Otaola Kanpora (Otaola fuera). Olano señaló entonces a la alcaldesa con el dedo cuando izaba las banderas y le gritó: "Otaola, vas a morir".

Para el Tribunal, Olano buscaba amedrentar a la alcaldesa por ser miembro del Partido Popular y haber conseguido la alcaldía tras la anulación de otras candidaturas por su relación con los partidos políticos ilegalizados por su vinculación con ETA.

Al oirle, añade la resolución, Otaola le pidió que repitiera lo que había dicho y éste no contestó, tras lo que abandonó la concentración sin conseguir que la alcaldesa alterase el programa del acto.

El abogado de Otaola también reclamó que se impidiera a Olano acudir a Lizartza, lo que tampoco acepta el TS. La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Carlos Granados, concluye que ha existido prueba de cargo que sustenta los hechos que se declaran probados, de los que se infiere "el designio perseguido por el acusado al proferir tal frase y en el contexto en la que se produjo".

Además, el Supremo ve adecuado que Otaola sea indemnizada con 12.000 euros como estableció la Audiencia Nacional por la "pérdida de tranquilidad sufrida", ya que tal amenaza "necesariamente debe producir preocupación, intranquilidad y desasosiego en la víctima" y "merece una compensación económica
 

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