AGLI

Recortes de Prensa    Martes 17 Noviembre  2009

 

El melonar constitucional
M. MARTÍN FERRAND ABC 17 Noviembre 2009

EN los mentideros próximos al Tribunal Constitucional se habla más de los posibles sustitutos de su presidenta, María Emilia Casas, que sobre las deliberaciones en torno al Estatuto de Cataluña que, desde hace tres años, es fuente principal de los desvelos de tan innecesaria como polémica institución. La ponente del caso, Elisa Pérez Vera, lleva ya redactados cinco borradores de resolución, pero ninguno de ellos consigue un número de adhesiones y rechazos lo suficientemente equilibrados para evitar el escándalo de la goleada y alcanzar una prudente mayoría con la mínima distancia, sin humillaciones ni tremendismos. ¿Un imposible metafísico?

La semana pasada los diez magistrados que participan en el asunto, ya que uno de los doce titulares está recusado y el otro no ha sido sustituido tras su fallecimiento, hicieron una valoración prospectiva del proyecto de la ponente y el resultado no les satisfizo. Una mayoría entiende que Cataluña no es una Nación y que, según la Constitución, no puede ser obligatorio el uso del catalán. Esa práctica, según leo y escucho en diversos medios informativos, ha escandalizado a gran número de personas y, por igual, a partidarios y contrarios al Estatut que, en su día, elaboró el Parlamento de Cataluña y sancionó el Congreso de los Diputados. No hay razón para el escándalo. La técnica fue de uso común en la escuela de Villaconejos.

Villaconejos es una pequeña localidad madrileña que, desde principios del XIX, alcanzó fama por la calidad de los melones que allí se producían. Tan grande fue su éxito que multitud de cuadrillas de conejeros se contrataron en tierras de las dos Castillas para el cultivo de los melones. Llegaban en la época de la siembra, se instalaban en una cabaña de fortuna y allí permanecían atentos a su función hasta la recogida de los melones. Incluso los volteaban en la mata para alcanzar una mejor exposición solar. De ahí los trasladaban a los mercados y, especialmente en Madrid, los dispensaban en tinglados provisionales instalados en la vía pública. Alcanzaron prestigio y precio porque introdujeron para el consumidor el derecho a cala y cata, de modo que se garantizase la satisfacción de los melonadictos. Las deliberaciones prospectivas del TC, la cala y cata previos a la aportación de una resolución, entronca con la tradición. No necesariamente con la constitucional, pero las costumbres también hacen leyes.

Los bebés comienzan el aprendizaje de la lengua materna ya en el útero
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 17 Noviembre 2009

Esta noticia es importantísima. Tengo un libro que empezó a escribirse en 1975 y fue publicado en inglés en 1981 con el título "The secret Life of the Unborn Child". Existe edición en español: "La vida secreta del niño antes de nacer" del Dr. Thomas Verny y John Kelly, Ediciones Urano, 1988. En él se habla con detalle de lo que el niño intrauterino es capaz de sentir, percibir y aprender en el útero materno. Ahora los investigadores han descubierto que el aprendizaje de la [b]lengua materna[/b] ya es demostrable en el último trimestre de gestación.

Los científicos pensaban que la lengua materna influía en la producción de sonidos más tarde. Un estudio publicado hoy sostiene que el llanto es fundamental para desarrollar el habla y que los recién nacidos prefieren copiar melodías típicas del lenguaje que oyeron durante el último trimestre del embarazo.

La primera palabra es uno de los grandes "eventos" en la vida del ser humano. Pero abandonar los simpáticos balbuceos y poder expresar lo que se quiere es un proceso mucho más largo de lo que se creía. O al menos eso sostiene un estudio realizado por científicos de Alemania y Francia que aseguran que las bases del habla se adquieren a partir del tercer trimestre del embarazo. Allí, en pleno útero. Rodeado de líquido amniótico, el bebé no sólo reconoce y prefiere la voz de su madre sino que es capaz de percibir las emociones de los mensajes gracias a las diferentes entonaciones y las distintas "melodías" que se generan al hablar, descubrieron los científicos que publicaron su trabajo en la revista Current Biology.

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es que el llanto es fundamental para el desarrollo del lenguaje. "El descubrimiento más notable es que los neonatos no sólo son capaces de producir diferentes melodías de llanto sino que además prefieren producir el tipo de melodías que son típicas del idioma que oyeron durante su vida fetal, dentro del último trimestre de gestación", explicó Kathleen Wermke de la Universidad de Würzburg en Alemania.

"Contrariamente a lo que sostienen las interpretaciones ortodoxas, estos datos ponen de relieve la importancia del llanto de los bebés como base para el desarrollo del lenguaje". El equipo de Wermke registró y analizó el llanto de 60 recién nacidos sanos, 30 de familias francesas y 30 de alemanas. Todos tenían entre tres y cinco días de vida. Los resultados de los estudios revelaron claras diferencias en la forma que los bebés lloran, basadas en su lengua materna.

Específicamente, los chiquitos franceses lloraban con una curva melódica ascendente, mientras que los alemanes lo hacían con un tono descendente, patrones que se repiten como diferencias características en los dos idiomas, explicó Wermke.

Los investigadores recordaron que los fetos son capaces de memorizar sonidos del mundo exterior una vez que han llegado al último trimestre de gestación, y tienen particular sensibilidad por la curva melódica de la música y del lenguaje. Y agregaron que, tras nacer, la preferencia por el lenguaje que escucharon en el útero y su capacidad para distinguir entre diferentes lenguas y cambios de tono se basa fundamentalmente en la melodía.

Aunque estudios anteriores habían demostrado que la exposición prenatal a la lengua materna influía en la percepción de los bebés, los científicos pensaban que el idioma de los padres afectaba la producción de sonidos mucho más tarde. Con estas nuevas evidencias, los investigadores ahora creen que no es así.

Sabiendo que los bebés pueden imitar sonidos vocálicos de los adultos que los rodean, pero recién a partir de las doce semanas de vida (antes no es posible físicamente), los científicos alemanes y franceses fueron por más y llegaron a un conclusión.

Imitar la curva melódica, en cambio, "se basa en mecanismos respiratorio-laríngeos bien coordinados y no está limitada por la inmadurez articulatoria", señalaron. "Los recién nacidos probablemente están muy motivados a imitar el comportamiento de la madre para atraerla y así propiciar el apego. Como la curva melódica quizá es el único aspecto del habla materna que los recién nacidos son capaces de imitar, esto podría explicar por qué encontramos esta imitación a edad tan temprana".

El estudio se realizó gracias al trabajo interdisciplinario de varias instituciones de estos dos países. Por Alemania participaron la propia Wermke, Birgit Mampe de la Universidad de Würzburg y Angela D. Friederici del Instituto de Neurociencias y Conocimiento Humano Max- Planck de Leipzig. El aporte francés llegó de la mano de Anne Christophe de la Escuela Normal Superior del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de París, un profesorado de investigadores.

http://www.elcastellano.org/noticia.php?id=1116

TRIBUNA / PRESENTE Y FUTURO DE LA UE
Europa y las salchichas
RICARDO ALONSO GARCIA El Mundo 17 Noviembre 2009

CON LAS LEYES pasa como con las salchichas: es mejor no ver como se hacen». Tal afirmación, atribuida al canciller prusiano Otto von Bismarck (1815-1898), bien podría trasladarse en la actualidad al terreno de la construcción europea, con el agravante de que tendría pleno acomodo no ya en el nivel legislativo de la Unión, sino en su propio nivel constitucional. Con otras palabras, no sólo resulta saludable para el buen dormir no profundizar en las maneras conforme a las cuales Europa legisla sin cesar en cuestiones de lo más variopintas (que abarcan desde el IVA aplicable a pañales y preservativos hasta cuestiones de lucha antiterrorista), sino que tal receta se extiende a las maneras conforme a las cuales aborda periódicamente, desde los 90, las sucesivas reformas de sus Tratados constitutivos.

La última, la del Tratado de Lisboa, es previsible que entre en vigor el mes que viene, tras la inadmisión por el Tribunal Constitucional checo del recurso de inconstitucionalidad contra el texto interpuesto en septiembre por 17 senadores, miembros del ala euroescéptica del Partido Cívico Democrático, fundado por el actual presidente de la República, Vaclav Klaus.

La reforma de Lisboa nos sitúa, una vez más (como antes las de Maastricht, Amsterdam y Niza), ante un texto de enorme complejidad, incluso para los más avezados en la materia. Dejando a un lado sus aspectos sustanciales, y tomando no ya como referencia la reforma en sí, sino los textos consolidados resultantes de la misma, nos encontramos ante un documento múltiple integrado por dos Tratados (el de la UE y del Funcionamiento de la Unión) y 37 Protocolos anejos, dotados todos ellos del mismo valor jurídico. La suma de ambos Tratados asciende a 413 artículos, a los que habría que sumar otros 54 procedentes de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, incorporada a aquéllos, como veremos, por la puerta de atrás, más todos los artículos de los referidos Protocolos (algunos de los cuales rondan o superan los 50 preceptos?).

Tal es la presentación de la salchicha en su escala constitucional. Pero centrémonos en cómo se ha elaborado. El proceso se remonta a la Declaración relativa al futuro de la Unión, adoptada en la misma Conferencia Intergubernamental que cerró las negociaciones de la reforma de Niza en diciembre de 2000. En dicha Declaración, se reconoció «la necesidad de mejorar y supervisar permanentemente la legitimidad democrática y la transparencia de la Unión y de sus instituciones, con el fin de aproximar éstas a sus ciudadanos». Cuatro años más tarde, se firmaba en Roma el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.

Muy felices se las prometían los Estados signatarios cuando en diciembre de 2004 se publicaron los datos del último Eurobarómetro realizado en octubre y noviembre: los resultados de las encuestas mostraban el apoyo a la Constitución Europea del 68% de los ciudadanos participantes. Pero lo cierto es que al éxito del referéndum español celebrado el 25 de febrero de 2005 (76% de síes, pero con un índice de participación que apenas superó el 42%), siguió la debacle de los celebrados en Francia primero (mayo de 2005) y, poco días después (junio), en los Países Bajos.

Descartada la posibilidad de continuar, tal cual, con un proceso que exigía la ratificación de todos y cada uno de los Estados signatarios, se abrió un nuevo proceso cuyo producto resultante sería el Tratado de Lisboa, firmado el 27 de diciembre de 2007, y cuya entrada en vigor, como adelanté, se prevé para diciembre de 2009 o enero de 2010, salvado el último escollo, el checo, de las ratificaciones nacionales.

Veamos cómo se superó el derrumbe de la Constitución Europea con el Tratado de Lisboa y las dificultades que en su proceso de ratificación encontró este último, procedentes fundamentalmente de Irlanda y República Checa. Por decirlo brevemente, la operación de Lisboa consistió en meter por la puerta de atrás lo que no pudo entrar por la de delante. Esto es, se mantuvo prácticamente intacto el cuerpo de la Constitución Europea, la cual fue desnudada, eso sí, de revestimiento constitucional (en esencia, de toda simbología -himno, bandera, etc., pese a lo cual, tenemos himno, bandera, etc.- y terminología -leyes europeas, Ministro de Asuntos Exteriores- que pudieran llevar a la ciudadanía a sospechar la creación de una suerte de macro Estado).

Así lo entendió no sólo la práctica generalidad del mundo académico, sino alguien tan cualificado como Jean-Paul Jacqué, director del Servicio Jurídico del Consejo de la Unión, quien ha ejemplificado la operación en los siguientes términos: cuando un fabricante de automóviles no está satisfecho con las ventas de uno de sus novedosos modelos (i.e., la Constitución Europea), puede bien abandonar la producción y concebir un vehículo completamente nuevo, lo que conllevaría una importante inversión, bien, al precio de algunas modificaciones de diseño, volver a introducir el antiguo vehículo en el mercado presentándolo como totalmente nuevo (que es lo que el constituyente europeo hizo con Lisboa).

Prueba evidente de ello es la mencionada Carta de Derechos Fundamentales, desde 2000 solemnemente proclamada, pero sin eficacia jurídica vinculante. La Constitución Europea optó por incorporarla al texto del propio Tratado, aportando una mayor clarificación y legitimación de los límites del poder público frente al individuo, y reforzando su contenido constitucional en términos del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, según el cual «toda sociedad en la que no está asegurada la garantía de los derechos [?] no tiene Constitución»). Lisboa, en cambio, optó por incorporarla por la vía de la remisión: se limita a declarar que la Unión reconoce la Carta, «la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados»).

¿Qué ha sucedido con el de Lisboa? Desnuda la nueva reforma del revestimiento constitucional, muchos Gobiernos suspiraron aliviados por poder evitar el referéndum interno a la hora de proceder a su ratificación. No fue el caso del Gobierno irlandés, que, por imperativo constitucional, tenía que proceder a su convocatoria. Lo hizo en junio de 2008, con resultado contrario a la ratificación.

La solución a esta nueva crisis tardaría un año en llegar. Y, una vez más, por la puerta de atrás. El Consejo Europeo de julio de este año, «con objeto de devolver la confianza y responder a las preocupaciones del pueblo irlandés» (concernientes a su autonomía fiscal, su neutralidad militar y su soberanía sobre cuestiones sociales como el aborto), decidió abordar dichas preocupaciones en una Decisión que no tiene desperdicio: los altos mandatarios de los Estados de la Unión declaran primero que «su contenido es plenamente compatible con el Tratado de Lisboa y no requerirá una nueva ratificación de dicho Tratado», y añaden que «enunciarán después, cuando se celebre el próximo Tratado de Adhesión, las disposiciones de la Decisión en un Protocolo que se anexará, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales, al Tratado de la UE y al Tratado de Funcionamiento de la UE».

No hace falta ser experto en la materia, ni siquiera jurista, para advertir que algo huele mal en esta operación: 1) si la Decisión, que es un acto jurídico y no simplemente político, ni quita ni añade nada a Lisboa, ¿cuál es su sentido? 2) si, supuestamente, ni quita ni añade nada a Lisboa y, por ello mismo, no exige ratificación por todos los Estados miembros de la Unión (lo que implicaría abrir de nuevo el melón de las ratificaciones nacionales de la reforma de Lisboa), ¿a qué responde la necesidad de su ulterior incorporación a un Protocolo, que sí requiere la ratificación de todos los miembros de la Unión, anexo, además, a un Tratado que nada tiene que ver con el de Lisboa, como es el de adhesión de un futuro miembro (léase Croacia o Islandia)? Una de dos: o se ha tomado el pelo a los ciudadanos irlandeses, que el pasado 2 de octubre refrendaron en nueva convocatoria el Tratado de Lisboa sin ninguna alteración real del texto rechazado un año antes, o se ha tomado el pelo al resto de ciudadanos europeos, que han ratificado a través de sus respectivos Parlamentos un texto que con posterioridad ha sufrido alteraciones favorables a las pretensiones de Irlanda.

POR SI FUERA poco, el Consejo Europeo de finales de octubre ha repetido la operación ante las exigencias del Presidente checo, que había amenazado con retrasar su firma a la ley de ratificación hasta la celebración de las elecciones británicas, en las que una victoria del conservador y euroescéptico David Cameron podría degenerar en una nueva situación de crisis reformadora sin precedentes. Y, llegados a este punto de surrealismo diplomático y jurídico, no debería extrañar que la salida que se ha dado a la República Checa haya sido precisamente uno de los motivos de inconstitucionalidad esgrimidos por los senadores del Partido Cívico Democrático contra el Tratado de Lisboa. A saber, que la solución irlandesa suponía un añadido al Tratado de Lisboa que exigía, al igual que éste, la ratificación por el Parlamento checo.

La preocupación checa (o del presidente checo) era que la plena aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en la República Checa pudiera desembocar en una reivindicación de los bienes confiscados a ciudadanos alemanes tras su expulsión de los Sudetes finalizada la II Guerra Mundial. La solución a tal preocupación: otro acuerdo de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión por el que se comprometen, en el momento de la celebración del próximo Tratado de Adhesión y de conformidad con sus respectivos requisitos constitucionales, a anexar un Protocolo al Tratado de la Unión y al de su Funcionamiento por el que se extiende el régimen de excepción a la Carta que ya había previsto Lisboa para Reino Unido y Polonia.

Con lo cual, tendremos una Carta a la carta, ampliado el abanico de gustos bajo la sombra de un futuro Tratado de Adhesión que ya veremos en qué termina, pues el jefe de la diplomacia eslovaca, Miroslav Lajcák, se ha apresurado a adelantar que su país -con temores similares en relación con el abandono de tierras y hogares por la población húngara de la actual Eslovaquia- no podría aprobar la excepción para la República Checa en caso de no recibir la misma garantía por parte de la UE).

Buen apetito con la salchicha? y no tan felices sueños.

Ricardo Alonso García es catedrático de la Universidad Complutense y Director del Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional

SÓLO CINCO PUNTOS PASAN LA CRIBA
El TSJC anula 13 artículos del CAC que imponían el catalán en los medios de comunicación
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado 13 de los 18 artículos de la Instrucción general del Consejo Audiovisual de Cataluña sobre la imposición de la lengua y la cultura catalana en los medios de comunicación audiovisuales. Esta sentencia supone un duro varapalo para la Generalidad.
EUROPA PRESS Libertad Digital 17 Noviembre 2009

Tras un recurso de la Asociación por la Tolerancia a estos 13 artículos de la instrucción, aprobada por el CAC en noviembre de 2004, la Sala Tercera de la Sala Contencioso-administrativa ha anulado los artículos 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la norma.
Entre los artículos anulados figuran los relacionados con las obligaciones de los medios, tanto de gestión pública -tienen que garantizar que el catalán sea la lengua utilizada normalmente- como privada; los criterios de cómputo de la programación en catalán y aranés; los criterios sobre la programación de la música cantada en catalán y aranés, y criterios sobre la presencia de la cultura catalana, entre otros.


La Asociación por la Tolerancia denunció ante el TSJC que el CAC no tiene potestad reglamentaria para decidir en la materia de los citados artículos- materia que es competencia de la Administración autonómica-, ya que el CAC únicamente poseía entonces funciones de vigilancia y control.

El TSJC considera en su sentencia, que puede ser recurrida, que en la instrucción impugnada el CAC ha ejercitado una potestad de desarrollo reglamentario que "no le ha sido otorgada" ni tampoco "delegada con anterioridad". La ley del CAC de 2000 confiere a la institución la posibilidad de adoptar instrucciones generales "en el ámbito de su actuación y competencias", ámbito que según el tribunal "ha quedado ampliamente rebasado" en este caso.

Sin embargo, la Ley Audiovisual de Cataluña de 2005 ofreció nuevas competencias al CAC, motivo por el cual el CAC actualizó la instrucción de 2004 y la sustituyó por otra en 2007.

La Asociación por la Tolerancia planteaba también la posible inconstitucionalidad de los artículos 25 y 26 de la Ley de Política Lingüística de 1998. En este sentido, el TSJC, basándose en la anterior jurisprudencia, considera que no cabe un planteamiento de inconstitucionalidad.
Según el tribunal, la Generalidad de Cataluña está habilitada para "determinar el alcance de la cooficialidad" de las lenguas, así como para ejercer "acciones políticas" y "toda actividad administrativa" que crea conveniente para que sean efectivos los derechos de los ciudadanos relativos a las lenguas.

La sentencia recuerda que el objetivo de la ley es "normalizar el uso de la lengua catalana" en todos los ámbitos, y garantizar el uso normal y oficial del catalán y del castellano.

¿Un ERE para el gallego o un céntimo lingüístico?
ADOLFO GIL GÓMEZ  La Opinión 17 Noviembre 2009

Todos los idiomas son una industria y el que se atreva a negarlo que tire la primera piedra. Podría ser que tuviesen los mismos problemas que todas las industrias y las mismas soluciones que todas las industrias.

Pero no se crean que hablamos sólo de la industria cultural o editorial, de la industria educativa o de la cinematográfica, de la industria radiofónica o televisiva. Estamos hablando de algo más amplio, extenso y complejo.

Seamos claros, aquí del asunto de los idiomas vive mucha gente, como mucha gente vive del aluminio, del juego o de la hostelería y todo esto independientemente de que cada una de esas personas ame la ruleta, la cocina o la carpintería metálica más que a la madre que lo parió.

Pero el idioma, como cualquier industria, depende del mercado, de la oferta y de la demanda, puede ser triste pero es así. Los que no lo quieren dejar todo ad libitum saben que al mercado hay que introducirle mecanismos correctores de los desequilibrios que conlleva para que los que no tengan acceso a las prestaciones básicas, les sean garantizadas por el Estado.

Por eso el Estado legisla y cada año propone unos presupuestos que se votan y se ejecutan, para cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanos, por eso, en Galicia, pagamos un céntimo sanitario; es decir, el combustible que compramos está gravado con un céntimo para cubrir el déficit del Sergas. ¿Sería descabellado proponer un impuesto especial para sufragar los gastos lingüísticos?

Pero el Estado también tiene otros mecanismos legislativos para tratar de evitar las debacles industriales. Por ejemplo, cuando una empresa entra en crisis porque no vende, porque no puede soportar los gastos salariales, porque los proveedores no le suministran, porque los costes energéticos son insalvables? tiene varias soluciones, puede proponer a sus trabajadores un ERE, una regulación de empleo, puede proponerles una rebaja salarial o puede acudir a un concurso de acreedores.

Aunque también puede acudir a proponer reformas y apoyos económicos como en el caso de la construcción, la banca, el automóvil o la lata de atún deslocalizada en el Índico que nos sale a precio de oro.

Todo indica que la proliferación de las múltiples plataformas lingüísticas da a entender que el gallego tiene problemas de supervivencia, se le puede tratar como al lince ibérico en peligro de extinción o como a una empresa en crisis a punto de entrar en ERE; pero también podríamos repensar si la legislación en vigor desde 1981, 1983 y 2004 es la adecuada.

Los sectores de progreso, los que cultivan el método científico, deberían ser autocríticos y preguntarse si todas esas normas han llegado a la ciudadanía y le han servido para algo; podría ser que el abismo existente entre los intereses y voluntades de los dirigentes sociales y las necesidades populares sea más grande que lo que pensamos y haya un mundo virtual, ajeno a las guerras lingüísticas, en el que viven aisladas las opciones políticas radicalizadas para pescar mejor en el río revuelto.

Se hacen continuos llamamientos al consenso político perdido desde la ley de normalización o el decreto del gallego, pero la sociedad civil ya había llegado antes a sus propios acuerdos de convivencia sin contar con sus preclaros gurús. Si dejamos que todo fluya, seguramente no harán falta ERE ni céntimos suplementarios en los impuestos.

www.lafelizgobernacion.blogspot.com

El TSJC censura la precipitación del CAC para regular el catalán en los medios
La anulación de un decreto del Consejo del Audiovisual no tendrá traducción práctica
JOSEP GARRIGA - Barcelona El País 17 Noviembre 2009

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha revocado casi en su totalidad una norma del Consejo del Audiovisual (CAC) autonómico por el cual se fijaban los porcentajes de presencia de la lengua catalana y aranesa y de la música cantada en ambos idiomas en los medios de comunicación tanto públicos como privados que emiten en esta comunidad. Los magistrados entienden que este organismo regulador rebasó el ámbito de sus competencias en 2004 cuando aprobó este decreto pero rechaza plantear, tal como pretendía la Asociación por la Tolerancia, un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Política Lingüística, y ni mucho menos acepta que esta regulación idiomática vulnere el derecho a la libertad de expresión reconocido en la carta Magna.

La sentencia señala que, en 2004, el CAC carecía de ámbito competencial para regular la presencia del catalán y del aranés en las radios y televisiones que emiten en Cataluña. Sin embargo, los propios magistrados admiten que la ley del CAC de 2005 sí otorgó esta potestad al CAC, por lo que éste organismo volvió a aprobar una norma idéntica en 2007. Es decir, la sentencia del TSJC tendrá escasa traducción práctica pues en realidad niega al CAC estas competencias con carácter retroactivo, pero no en la actualidad. Y además, el tribunal no entra a valorar el fondo del asunto, es decir, si se pueden establecer o no cuotas idiomáticas en los medios de comunicación.

La norma del CAC obligaba a los medios de comunicación públicos a emitir en catalán al menos el 90% de su programación y a los privados el 50%. También prescribía que la presencia de música en catalán debía ocupar al menos el 25% del total.

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El entusiasmo, la Convención para convencidos y el problema de España
Santiago Abascal Semanal Digital 17 Noviembre 2009

Una convención ha de hacerse con ánimo propagador, de cara al exterior, y nunca con ánimo de mandar mensajes internos. Para eso están las circulares.

Una convención ideológica de un partido habría de ser un faro mediante el cual ese partido llamará la atención con fogonazos y destellos de la sociedad a la que se dirige y a la que se quiere representar. Habría de abordar los problemas esenciales de la sociedad española y mostrar al partido ante la espectadora, expectante y desesperanzada sociedad como la única garantía de la resolución de los problemas político-sociales.

Y así ha sido en parte la Convención del Partido Popular celebrada este fin de semana en Barcelona. A la que he asistido, dicho sea de paso. Interesantes mesas, doctos ponentes de la sociedad civil, Correctos discursos de los líderes, e incluso acertadas intervenciones.

A muchos les gusta decir que un partido es como una empresa que vende un producto y que ha de conquistar el mercado. Un partido ha de vender un proyecto y conquistar al electorado, pero para obtener el poder. Acepto por un momento este símil entre empresa y política que, he de confesar, no suele gustarme en la medida en que hay quienes lo reivindican como un modo de relegar los valores, que por cierto, no están en revisión según las palabras del propio presidente del PP. Me alegro.

Ahora bien, una empresa, cuando celebra una convención, lo primero que haría es dirigirse al mercado, y no al antiguo jefe de la empresa. Y evitaría que asuntos internos de la empresa, que denotan problemas y divisiones, fueran el titular del día siguiente. Y además esa empresa trataría probablemente de vender algunos de sus productos estrella, para satisfacer demandas ciudadanas.

En la Convención de este fin de semana, la número dos le ha dado al antiguo número uno en varias entrevistas. ¿Consecuencia? Titulares sobre problemas internos.

En la Convención de este fin de semana, el actual número uno se ha referido a la unidad del partido y a la honradez del partido. ¿Consecuencia? Leo por todas partes titulares que denotan los problemas internos.

En cambio, ni una sola mesa, ni encuentro, ni intervención sólida en todo el fin de semana sobre un gravísimo problema, máxime en una convención convocada en Cataluña. Nada sobre el TC y el Estatut, el mayor desafío a la democracia española en treinta años. Miento, una leve frase en un discurso que no ha hecho el número uno. Pero ni uno solo de los debates generados mencionaba la cuestión territorial; en cambio las filtraciones interesadas si alentaban el futuro pacto con CiU. ¿Consecuencia? Se evita dar el más mínimo destello, fogonazo, o esperanza sobre uno de los problemas que más desasosiega a los españoles conscientes de la grave crisis del momento presente.

Sí; a los españoles conscientes. Esos que a algunos solo les parecen "un puñado de entusiastas". Justo lo necesario para ahogar el necesario entusiasmo ante la alternativa del futuro. ¿Cómo entusiasmar a los españoles sin entusiasmar antes a los "entusiastas", a los que han de propagar el mensaje del cambio? Difícil con una convención para convencidos, convencidos de que aquí no pasa nada, y de que hay que quedarse como la Puerta de Alcalá: mirando cómo pasa el tiempo.

Con entusiastas, y no con contemplativos, se cambian las cosas pasado el tiempo.

Dicho sea con todos los respetos, lealtad y entusiamo.


Los proetarras reeditan la misma propuesta trampa de siempre
Editorial La Razón 17 Noviembre 2009

«Más de lo mismo». Todas las fuerzas democráticas coincidieron a la hora de enjuiciar el anuncio de la llamada «izquierda abertzale» realizado en Alsasua (Navarra). Decenas de miembros de la ilegalizada Batasuna escenificaron una propuesta de negociación que sólo era otra «propuesta trampa», repleta de lugares comunes, como la «desmilitarización del País Vasco» o la libertad para los presos de la banda. Los radicales, otra vez, tendieron su mano envenenada a la sociedad, para una nueva negociación, pero sin cumplir con mínimas exigencias como que ETA entregue sus armas y deje de matar.

Al mismo tiempo, en la pantomima se pretendía poner a igual nivel a las víctimas y sus verdugos, con una negociación entre iguales. Tras el ofrecimiento se oculta la desesperación de la banda asesina, incapaz de reaccionar a la contundencia de las medidas puestas en marcha por el Estado, y con la vista puesta en el horizonte de 2011. La izquierda abertzale busca participar en las elecciones municipales y forales de ese año. Unos comicios de los que quedarán descabalgados, más pobres y sin recursos, si no condenan las prácticas asesinas etarras. Los ciudadanos sólo esperan que los proetarras acaten la Ley y las exigencias del Estado de Derecho. No hay otra cosa de la que hablar.

Rajoy y ETA maniobran
Lorenzo Contreras Estrella Dikgital 17 Noviembre 2009

Casi simultáneamente han lanzado ofensivas políticas de clara intencionalidad la alta dirección del PP (léase Génova 13) y la llamada izquierda abertzale. El mundo que controla todavía Mariano Rajoy con su "estado mayor" ha dado un golpe de efecto mediante la convención de leales reunida en Barcelona para crear una sensación de unidad y disciplina tras el 'caso Gürtel' y las peleas internas del PP. Y, por su parte, la izquierda abertzale se ha juramentado desde Alsasua en supuesto apoyo de un proceso político pacífico y democrático.

La convención de Barcelona, por muy ruidosa y cohesionada que haya querido parecer, no ha dejado de ser selectiva, con importantes ausencias de notables, manifiestamente críticos con la línea de Rajoy, y sólo en algún caso propensos a ensayar algunas expresiones de avenencia para paliar la evidente sensación de lucha por el poder interno.

Los abertzales plenamente supeditados a ETA han contado a todas luces con la dirección y supervisión de la banda en un nuevo preparativo de tregua que les sirva para contrarrestar los estragos padecidos en los últimos tiempos gracias a la aplicación de la Ley de Partidos y los correspondientes encarcelamientos de dirigentes y militantes, así como capturas de material explosivo, armas y documentación reveladora de planes terroristas.

La dirección del PP, ilusionada por los datos que vienen suministrando las encuestas de opinión e intención de voto con vistas a sus posibilidades electorales futuras, intenta a toda costa no malograr tales expectativas. Resuelto relativamente el 'caso Camps', sin el sacrificio personal de su principal responsable, ha de seguir lidiando los efectos devastadores de 'Gürtel' y otras situaciones oscuras, todavía a medias entre las penumbras y la luz.

Rajoy, duramente descalificado por Aznar, ha jugado en Barcelona a ser el indispensable bueno de la película. Una operación facilitada por el hecho de continuar a los mandos de la nave de Génova, más "pirateada" que el Alakrana en las aguas revueltas de la crisis nacional. Contra Génova no se cansan de disparar desde la Comunidad madrileña, donde Esperanza Aguirre, entre sonrisas de ocasión, no renuncia a nada pese a su dolorosa derrota en la batalla por el control de Caja Madrid. Tampoco entierra sus designios el alcalde Gallardón, aunque ahora le ha llegado el turno de sonreír también hasta que se resuelvan los combates electorales del 2010 y el 2011, cuyos desenlaces en el terreno municipal y autonómico irán dando la medida de la resistencia de Rajoy y su capacidad de supervivencia como líder supuestamente agraciado por la fortuna política.

Desde su parcela, ETA acecha su oportunidad. Sabe que la izquierda vasca ilegalizada ya no es la misma que en otros tiempos de arrogancia frente al Estado y que, por consiguiente, pese a los desengaños, continuará bajo su control. Es muy probable que la reciente declaración de "oferta" pacificadora o negociadora de esa izquierda no tenga otra inspiración que la propia banda terrorista. Se trata de forzar una nueva tregua que, a fin de cuentas, es la ganancia de tiempo que la banda necesita para reabastecerse, reorganizarse y debilitar, si puede, al propio PNV, hoy forzosamente en la oposición, aunque ésta sea sólo una situación relativa en el sentido de oposición con mando en plaza, tanto en municipios como en diputaciones.

El "proceso democrático" que la izquierda abertzale ofrece pretende "ausencia total de violencia" y verse libre de injerencias. Es una apuesta que no resulta de recibo desde la democracia oficial, pero que se formula sobre la base de que el "enfrentamiento armado", como quieren llamar al terrorismo, se ha prolongado "mucho más de lo que nadie debiera desear". A eso se llama hablar desde la supuesta fatiga, aunque en el fondo no pase de ser una estrategia de espera de oportunidades que ya ETA supo aprovechar en el pasado.

La declaración intenta convencer de que su punto de partida es "una decisión unilateral de la izquierda abertzale". ¿Y ETA, qué? Ya dijo en su comunicado del Gudari Eguna que "seguirá con las armas en las manos".

La lucha contra el "pancatalanismo" une a Baleares, Valencia, Aragón y Cataluña
Plataformas de las cuatro Comunidades presentarán el 26 de noviembre el 'Manifiesto a la Nación Española'
LVL 17 Noviembre 2009

Madrid.- Plataformas Ciudadanas y asociaciones de las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña han unido sus fuerzas con el objetivo de defender sus lenguas propias y promover el bilingüismo con el castellano luchando contra lo que denominan el “expansionismo lingüístico y cultural catalanista”. Para ello dichas entidades están preparando un manifiesto que presentarán el próximo 26 de noviembre en Madrid. El texto lleva por título 'Manifiesto a la Nación Española' y los organizadores lo harán público sobre una pancarta que dice “Aragón, Valencia y Baleares. No hablamos catalán. No al proyecto de los Países Catalanes”.

Los 11 colectivos llevan meses preparando este encuentro que todos citan como “el inicio de más acciones conjuntas de colaboración”. De hecho, no descartan crear una plataforma supraautonómica.

Su objetivo es sensibilizar a los partidos políticos nacionales, a los sindicatos, medios de comunicación, colectivos y ciudadanos de toda España ante su problema para que les ayuden en la defensa de su cultura y del idioma común, el castellano.

En el texto del manifiesto en él que están trabajando todas las asociaciones que acudirán a Madrid, en líneas generales, se denunciará "la imposición lingüística del catalán", la "desaparición del castellano en la educación y en la Administración" en algunas comunidades y "la eliminación de las lenguas propias de Valencia, Baleares y Aragón y su sustitución por el catalán estándar".

Fuentes de la Plataforma No Hablamos Catalán explican que “por primera vez colectivos de la antigua Corona de Aragón nos hemos unido para defendernos del acoso, la imposición y la asfixia que sufrimos por parte de un enemigo común, el nacionalismo catalán”.

Por su parte el presidente del Grup d’Acció Valencianista, Manuel Latorre, considera “esencial” que estas asociaciones trabajen juntas para enfrentarse a “la injerencia del expansionismo lingüístico catalán”. “Tenemos enemigos muy poderosos: en primer lugar, la Generalitat de Cataluña, y después los grupos y partidos políticos que en cada comunidad apoyan sus pretensiones expansionistas, como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), el Bloc en Valencia o el PSOE de Aragón”.

La asociación Círculo Balear, presidida por Jorge Campos, comparte las críticas de Latorre y añade que “el pancatalanismo quiere acabar con la riqueza cultural de Aragón, Valencia y Baleares, y con el castellano de todos, porque los baleares estamos orgullosos de ser españoles”.

“El Gobierno balear y muchos ayuntamientos están eliminando el castellano y acabando con el bilingüismo, a la vez que con el mallorquín que siempre se ha hablado aquí”. Un ejemplo de esto es la eliminación del callejero bilingüe de Palma. Según denuncia Círculo Balear, el verano pasado el Gobierno autonómico se gastó 100.000 euros en cambiar las placas bilingües de las calles de la capital para poner otras que no estaban ni en castellano ni en mallorquín, sino sólo en catalán.

“En Baleares ya casi ocurre lo que en Cataluña, ya que el 90% de los colegios e institutos dan el 100% de sus asignaturas en catalán; y confunden la cultura balear con la catalana, sin espacio para el español, ni para el mallorquín”, denuncia Jorge Campos.

Por su parte Raúl Vallés, presidente de la Federació d’Asociacións Culturals de l’Aragó Oriental (Facao), denuncia que en Aragón el problema es otro. “Hace meses que el Gobierno regional de Marcelino Iglesias prepara una Ley de Lenguas que quiere impulsar el catalán como lengua propia e histórica y por encima del aragonés oriental”, critica Vallés.

El manifiesto contará con el apoyo de Convivencia Cívica Catalana, la entidad más activa que promueve el bilingüismo en Cataluña. Como explicó José Antonio Martínez, secretario de la asociación, “el del imperialismo catalán” es un “problema nacional, no local, por eso tenemos que afrontarlo desde toda España y junto con asociaciones todas las comunidades”

Política lingüística en tiempo de cambio
JUAN IGNACIO PÉREZ IGLESIAS El Correo 17 Noviembre 2009

Para el autor, «una sociedad vasca más integrada requiere que superemos el desequilibrio entre nuestros idiomas oficiales y trabajemos para que la lengua vasca, como patrimonio de todos, sea utilizada con normalidad. Para ello es imprescindible que el Gobierno continúe con la labor destinada a superar los prejuicios que rodean al vascuence, que explique la riqueza que encierran el bilingüismo y el plurilingüismo»

El informe 'Euskara XXI', impulsado por el anterior Departamento de Cultura, supuso un punto de inflexión en el debate lingüístico en Euskadi. Personas de diferente trayectoria y adscripción ideológica se pusieron de acuerdo en un texto en el que se analiza la situación que tiene en la actualidad la lengua vasca y se formulan principios y voluntades de cara a su futuro desarrollo.

Los actuales gobernantes han manifestado de forma explícita su acuerdo con las conclusiones del citado informe, aunque no debe olvidarse que 'Euskara XXI' carece de elementos normativos, y tampoco concreta objetivos en términos tales que su posterior grado de cumplimiento sea evaluable. Estas son cuestiones importantes, porque bien puede ocurrir que lo que en este momento parece un alto grado de acuerdo, deje de serlo una vez haya que establecer objetivos evaluables y deban aprobarse medidas concretas. Habrá que ver si, llegado ese momento, se mantiene el aparente grado de consenso actual en un terreno de tanto valor simbólico para todos los partidos políticos.

La sanitaria es una de las áreas concernidas por las cuestiones de esta índole. Han sido muchas las voces que se han opuesto a las exigencias lingüísticas al personal sanitario, aun cuando el número real de puestos afectados desde la aprobación de la Ley del euskera y el decreto de perfiles ha sido ridículo. Y sorprende el énfasis que se pone en el hecho de que se haya dado más valor a saber vasco que al haber realizado una tesis doctoral. Nunca se había ponderado de esa forma el poseer el título de doctor, título que, por cierto, no capacita para atender mejor a chiquillos o a personas mayores en la consulta o el ingreso hospitalario. Poder comunicarse con ellos en vasco, sin embargo, si permite atender mejor a muchos pacientes. Bienvenido y cultivado sea, en todo caso, este recién adquirido fervor doctoral.

El Parlamento vasco ha respaldado la posición del consejero Bengoa, quien de forma reiterada se ha manifestado a favor de una rebaja de las exigencias lingüísticas y de la valoración del conocimiento del vasco en el área que gestiona. Considera a la lengua vasca un lujo del que bien puede prescindirse en el ámbito sanitario. Y, sin embargo, sigue en vigor la Ley del euskera que aprobó el Parlamento vasco (con alto grado de consenso, por cierto) hace más de 25 años. De la citada ley y decretos que la desarrollan se desprenden obligaciones lingüísticas para todas las áreas de la Administración y la sanitaria es una de ellas. La ley, además, no es caprichosa: como antes he señalado, hay muchas personas para quienes es muy importante el ser atendido en lengua vasca por el personal sanitario.

El área educativa también tiene importantes responsabilidades en materia lingüística. En este curso académico un 71% de los niños y niñas escolarizados por primera vez lo han hecho en vasco. El dato es espectacular en sí mismo, pues indica que la progresión del modelo D, contra lo que cabía prever, no ha tocado techo aún. Y lo es también porque una parte significativa del aumento en el número de escolarizaciones registrado durante los últimos años obedece al ingreso en el sistema educativo de los retoños de la población inmigrante. Y es sabido que la población inmigrante opta en mayor medida por las líneas A o B que la población autóctona.

ay quien sostiene que la progresión del modelo D obedece a la presión ejercida por el nacionalismo desde las instituciones que gobierna o ha gobernado y que, una vez desalojado del Gobierno vasco, las cosas cambiarán. También se aduce que la demanda del modelo A ha sido ocultada y reprimida, debido a las trabas puestas a la matriculación en dicha línea. Exigen, en consecuencia, que se tomen medidas para que aflore la demanda real y se satisfaga. La consejera Celaá ha afirmado que se tomarán tales medidas y que se garantizará que se pueda ejercer el 'principio' (que no el 'derecho') de la elección de lengua por los padres.

No hay nada que objetar a ese propósito. Es más, debe hacerse aflorar esa demanda 'oculta' y evaluar su magnitud. Porque así se despejará la duda. Al respecto, puede resultar revelador que en Navarra, donde no cabe hablar de presión nacionalista vasca y donde la ley establece diferencias entre zonas que constituyen verdaderos obstáculos a los estudios en vasco, la demanda de esos estudios no ha dejado de crecer.

Es sabido que con el actual sistema de modelos no se consigue que todos los jóvenes cuenten con un conocimiento adecuado del vascuence. Por eso muchos abogan por su reforma. La consejera de Educación, con buen criterio, no piensa abordar tal reforma si no es para sustituirlo por otro de amplio consenso. También se propone reforzar el aprendizaje de una tercera lengua, preferentemente el inglés, durante la enseñanza obligatoria. El propósito es loable, desde luego, porque no nos podemos permitir que siga existiendo el escandaloso desconocimiento del inglés que sufre la mayoría de la población vasca. Pero si de verdad se pretende capacitar a nuestros estudiantes para que utilicen con fluidez tres lenguas en el sistema educativo, no debe olvidarse que una de esas tres lenguas, la vasca, no se adquiere hoy en la medida que establece la ley en todo nuestro sistema educativo. Ese es, en materia lingüística, el elemento que debe recabar de forma preferente la atención de la consejera Celaá y del conjunto de agentes del sistema. Por ello, bueno sería dejar a un lado declaraciones altisonantes para de esa forma facilitar que nos podamos poner de acuerdo en lo fundamental.

Una sociedad vasca más integrada requiere que superemos el desequilibrio entre nuestros idiomas oficiales y trabajemos para que la lengua vasca, como patrimonio de todos, sea utilizada con normalidad. Para ello es imprescindible que el Gobierno continúe con la labor destinada a superar los prejuicios que rodean al vascuence, que explique la riqueza que encierran el bilingüismo y el plurilingüismo y que ponga de manifiesto que necesitamos una verdadera pluralidad lingüística, y para ello, el vasco ha de ser la lengua de más y más ciudadanos cada vez.

María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, ya afirmó que la sentencia del Estatut «debería satisfacer a todos»
Reanuda hoy sus debates sobre la ponencia de la magistrada Pérez Vera
El TC busca evitar que el Estatut le «rompa» en dos
Los magistrados confían en acabar esta semana con las deliberaciones sobre el texto de la ponente.
F. Velasco La Razón 17 Noviembre 2009

MADRID- El Pleno del Tribunal Constitucional reanudará hoy sus deliberaciones sobre los recursos interpuestos contra el Estatut de Cataluña. Y lo hará con la continuación del debate de la ponencia de la magistrada Elisa Pérez Vera, pese a que la semana pasada en un «sondeo» o «prospección» entre sus integrantes, seis de los diez se mostraron contrarios al contenido global de la misma.

Sin embargo, fuentes del Alto Tribunal confirmaron ayer a este periódico que el debate «sigue abierto», ya que si bien es cierto «que no todo el mundo está de acuerdo» con esa ponencia, «tampoco se rechaza de plano». Por ello, destacaron al respecto que se está haciendo un esfuerzo notable por lograr una «aproximación máxima» entre los magistrados.

«Hay una situación en la que el debate de la ponencia sigue abierto, porque hay muchas cosas de ella que se pueden aprovechar», añadieron al respecto las fuentes consultadas.

Pese a que no existe un calendario cerrado, se espera que esta misma semana se termine con el debate sobre el texto presentado por Pérez Vera, la cual, a la vista de las objeciones planteadas, podría reelaborar su propuesta de cara a lograr un mayor consenso.

El escenario más negativo sería aquel que la situación se estancase de tal forma que obligase a nombrar a un nuevo ponente, para que éste redactase una nueva ponencia que pudiese suscitar el respaldo de la mayoría de magistrados.

Y es que, en el fondo, lo que se pretende es evitar a toda costa una sentencia que «divida» en dos al Tribunal Constitucional, y, mucho menos, que salga adelante con el voto de calidad de la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas. La imagen del Alto tribunal sufriría, en ese caso, un daño más que notable, precisamente lo que no se quiere que ocurra. «Espero que la imagen del Tribunal no se haya deteriorado ni se deteriore nunca», declaró sobre esta cuestión María Emilia Casas en la entrevista concedida a este periódico el pasado mes de junio.

Lo cierto es que es una sentencia que se hace esperar más de lo deseable, desde que el 31 de julio de 2006, el PP presentase su recurso, al que después se sumaron otros seis. En total, los preceptos recurridos de la norma catalana superan los 180. Algunas de las cuestiones más relevantes a las que afectan los recursos son las siguientes:

NACIÓN CATALANA
La inclusión del término «Nación» en el preámbulo del Estatut es tachada de inconstitucional por el PP, para quien la Constitución no permite la aplicación de ese término salvo aplicado a España. La mayoría de los magistrados del TC parecen inclinados a estimar el recurso en este punto.

PODER JUDICIAL PROPIO
Se considera que el Estatut consagra un Poder Judicial propio, con lo que se vulneraría la unidad que consagra la Carta Magna en esta materia.

BILATERALIDAD
Es una cuestiones que suscita más división en el TC y que afecta a las relaciones entre Cataluña y España. Los reproches de inconstitucionalidad se centran en considerar que el Estatut viene a «colocar» a Cataluña «al nivel de España», y que, para los recurrentes, explica la intención de «perfilar un nuevo marco de relación con el Estado».

El Supremo rechaza que los padres elijan el idioma de estudio
El fallo considera "absurdo" que la Administración dé libertad para escoger la lengua en la enseñanza, ya que abriría la puerta a que cualquiera pudiese "reivindicar una instrucción impartida en cualquier lengua"
PAULA PÉREZ | SANTIAGO La Opinión 17 Noviembre 2009

El Tribunal Supremo rechaza que los padres puedan elegir el idioma en el que estudian sus hijos. Éste es uno de los argumentos que utiliza este órgano judicial para no admitir el recurso interpuesto por el padre de un alumno del colegio Los Sauces de Vigo que exigía que su hijo recibiese las clases íntegramente en castellano. El juez alega que reconocer a "toda persona dependiente de la jurisdicción de un Estado el derecho a ser instruido en la lengua de su elección conduciría a resultados absurdos, ya que todos podrían reivindicar así una instrucción impartida en cualquier lengua, en cualquiera de los territorios".

Este fallo judicial echa por tierra la demanda de algunos padres que reivindican la libertad de elección del idioma en los centros, justo en un momento en el que la Consellería de Educación se encuentra además ultimando el borrador del nuevo decreto que regulará el uso del gallego y el castellano en la enseñanza. La posibilidad de que las familias pudiesen elegir el idioma en el que estudian sus hijos estuvo en un principio entre las alternativas que barajó la Xunta cuando decidió anular el decreto del Gobierno bipartito que fija que se deben impartir en gallego al menos el 50% de las clases.

Para dar libertad de elección, sin embargo, habría que segregar a los alumnos por lengua. Aunque la Consellería de Educación admitió en un primer momento que esta opción estaba "sobre la mesa de trabajo", más tarde se descartó al plantearse ciertas dudas legales al respecto.

Aún así desde el colectivo Galicia Bilingüe se sigue reivindicando que se permita elegir a los padres el idioma de la enseñanza de sus hijos y reclaman a la Xunta que cumpla sus compromisos electorales. En su programa para las elecciones de marzo, el PP prometía "un bilingüismo integrador basado en el conocimiento de ambas lenguas y en el derecho de la libre opción lingüística". Precisamente para intentar ser fieles a esta promesa la Consellería de Educación realizó una encuesta entre los padres gallegos para preguntarles en qué lengua querían que estudiaran sus hijos.

Para el Tribunal Supremo, sin embargo, en un sentencia emitida el 21 de octubre de 2009, ni la Constitución ni la Declaración Universal de los Derechos del Hombre "garantizan a los padres el derecho de elegir la lengua que regirá el proceso educativo de sus hijos".

Por esta razón declara la "inadmisibilidad" del recurso de casación interpuesto por un padre de Vigo en contra de una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de noviembre de 2007 en la que ya se denegaba al demandante que su hijo recibiese las clases íntegramente en castellano.

Proceso
El padre de este alumno de Los Sauces de Vigo recurrió primero a la Consellería de Educación. El departamento dirigido en aquel entonces por la socialista Laura Sánchez Piñón denegó, en un escrito remitido el 30 de mayo de 2007, la solicitud de que este niño recibiera todas las clases en castellano. Fue entonces cuando el padre optó por la vía judicial.

El abogado del demandante utiliza como argumento el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos que dice que "los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos". Sin embargo, la respuesta del Supremo es tajante: "Tal precepto no autoriza el diseño del currículo educativo de los hijos a conveniencia de los padres".

La otra baza jurídica esgrimida por el padre del menor de Vigo es el artículo 27 de la Constitución Española que reconoce la libertad de enseñanza. El Supremo cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para alegar que ese punto "no tiene por efecto garantizar a los hijos o a sus padres el derecho a una instrucción impartida en la lengua de su elección".

Por lo tanto, el Tribunal Supremo no admite el recurso presentado y obliga al demandante además a pagar los costes cifrados en 600 euros.


Ya fueron derogados en 2007
El TSJC anula 13 artículos de una norma del CAC sobre el catalán en los medios
elmundo.es | Europa Press | Barcelona El Mundo 17 Noviembre 2009

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado 13 de los 18 artículos de la Instrucción general del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre la presencia de la lengua y la cultura catalana y el aranés en los medios de comunicación audiovisuales. Esta normativa, que fue aprobada en 2004, no está vigente en la actualidad. De hecho, tal y como ha aclarado el CAC en un comunicado, fue derogada en 2007 por la instrucción que está vigente a día de hoy. El organismo, además, aclara que la nueva norma no ha sido objeto de ningún recurso y adelanta que ha recurrido en casación ante el Tribunal supremo esta sentencia, que no es firme.

Entre los artículos anulados se encuentra la obligación de los medios de gestión pública de garantizar que la lengua habitualmente utilizada sea el catalán.

La sentencia declara nulos los 13 artículos de la instrucción de 2004 que se recurrieron porque el tribunal considera que el CAC está ejerciendo "potestades reglamentarias de carácter general sin habilitación legal". Fuentes del CAC explicaron a Europa Press que la aprobación en 2005 de la Ley de la Comunicación Audiovisual de Cataluña le otorga estas potestades, y remarcaron que la instrucción afectada ya estaba derogada, y sustituida en 2007 por otra actualizada a las novedades normativas.

Tras un recurso de la Asociación por la Tolerancia a estos 13 artículos de la instrucción, aprobada por el CAC en noviembre de 2004, la Sala Tercera de la Sala Contencioso-administrativa ha anulado los artículos 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la norma.

Entre los artículos anulados figuran los relacionados con las obligaciones de los medios, tanto de gestión pública --tienen que garantizar que el catalán sea la lengua utilizada normalmente-- como privada; los criterios de cómputo de la programación en catalán y aranés; los criterios sobre la programación de la música cantada en catalán y aranés, y criterios sobre la presencia de la cultura catalana, entre otros.

La Asociación por la Tolerancia denunció ante el TSJC que el CAC no tiene potestad reglamentaria para decidir en la materia de los citados artículos- materia que es competencia de la Administración autonómica-, ya que el CAC únicamente poseía entonces funciones de vigilancia y control.

El TSJC considera en su sentencia, que puede ser recurrida, que en la instrucción impugnada el CAC ha ejercitado una potestad de desarrollo reglamentario que "no le ha sido otorgada" ni tampoco "delegada con anterioridad". La ley del CAC de 2000 confiere a la institución la posibilidad de adoptar instrucciones generales "en el ámbito de su actuación y competencias", ámbito que según el tribunal "ha quedado ampliamente rebasado" en este caso.

Sin embargo, la Ley Audiovisual de Cataluña de 2005 ofreció nuevas competencias al CAC, motivo por el cual el CAC actualizó la instrucción de 2004 y la sustituyó por otra en 2007.

La Asociación por la Tolerancia planteaba también la posible inconstitucionalidad de los artículos 25 y 26 de la Ley de Política Lingüística de 1998. En este sentido, el TSJC, basándose en la anterior jurisprudencia, considera que no cabe un planteamiento de inconstitucionalidad.

Según el tribunal, la Generalitat de Cataluña está habilitada para "determinar el alcance de la cooficialidad" de las lenguas, así como para ejercer "acciones políticas" y "toda actividad administrativa" que crea conveniente para que sean efectivos los derechos de los ciudadanos relativos a las lenguas. La sentencia recuerda que el objetivo de la ley es "normalizar el uso de la lengua catalana" en todos los ámbitos, y garantizar el uso normal y oficial del catalán y del castellano.

El TSJC anula 13 de los 18 artículos del CAC sobre la presencia del catalán en los medios
EP | BARCELONA ABC 17 Noviembre 2009

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado 13 de los 18 artículos de la Instrucción general del Consell de l'Audiovisual de Cataluña (CAC) sobre la presencia de la lengua y la cultura catalana y el aranés en los medios de comunicación audiovisuales. Entre los artículos anulados se encuentra la obligación de los medios de gestión pública de garantizar que la lengua habitualmente utilizada sea el catalán.

La sentencia declara nulos los 13 artículos de la instrucción de 2004 que se recurrieron porque el tribunal considera que el CAC está ejerciendo "potestades reglamentarias de carácter general sin habilitación legal". Fuentes del CAC explicaron que la aprobación en 2005 de la Ley de la Comunicación Audiovisual de Cataluña le otorga estas potestades, y remarcaron que la instrucción afectada ya estaba derogada, y sustituida en 2007 por otra actualizada a las novedades normativas.

Tras un recurso de la Asociación por la Tolerancia a estos 13 artículos de la instrucción, aprobada por el CAC en noviembre de 2004, la Sala Tercera de la Sala Contencioso-administrativa ha anulado los artículos 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la norma.

Entre los artículos anulados figuran los relacionados con las obligaciones de los medios, tanto de gestión pública --tienen que garantizar que el catalán sea la lengua utilizada normalmente-- como privada; los criterios de cómputo de la programación en catalán y aranés; los criterios sobre la programación de la música cantada en catalán y aranés, y criterios sobre la presencia de la cultura catalana, entre otros.

La Asociación por la Tolerancia denunció ante el TSJC que el CAC no tiene potestad reglamentaria para decidir en la materia de los citados artículos-- materia que es competencia de la Administración autonómica--, ya que el CAC únicamente poseía entonces funciones de vigilancia y control.

El TSJC considera en su sentencia, que puede ser recurrida, que en la instrucción impugnada el CAC ha ejercitado una potestad de desarrollo reglamentario que "no le ha sido otorgada" ni tampoco "delegada con anterioridad". La ley del CAC de 2000 confiere a la institución la posibilidad de adoptar instrucciones generales "en el ámbito de su actuación y competencias", ámbito que según el tribunal "ha quedado ampliamente rebasado" en este caso.
Sin embargo, la Ley Audiovisual de Cataluña de 2005 ofreció nuevas competencias al CAC, motivo por el cual el CAC actualizó la instrucción de 2004 y la sustituyó por otra en 2007.

La Ley del catalán, constitucionalLa Asociación por la Tolerancia planteaba también la posible inconstitucionalidad de los artículos 25 y 26 de la Ley de Política Lingüística de 1998. En este sentido, el TSJC, basándose en la anterior jurisprudencia, considera que no cabe un planteamiento de inconstitucionalidad.

Según el tribunal, la Generalitat de Cataluña está habilitada para "determinar el alcance de la cooficialidad" de las lenguas, así como para ejercer "acciones políticas" y "toda actividad administrativa" que crea conveniente para que sean efectivos los derechos de los ciudadanos relativos a las lenguas. La sentencia recuerda que el objetivo de la ley es "normalizar el uso de la lengua catalana" en todos los ámbitos, y garantizar el uso normal y oficial del catalán y del castellano.

Las cafeterías catalanas, escenario de conflicto lingüístico
"Carod-Rovira se dirigió en catalán a una camarera suramericana y como no entendía le habló en francés"
www.lavozlibre.com 17 Noviembre 2009

Madrid.- La asociación Hazte Oír se ha hecho eco de varios casos de conflicto lingüístico en el marco de las cafeterías catalanas. Todos han aparecido en distintos medios de comunicación de Cataluña.

Uno de los ejemplos se dio en 'El Periódico de Cataluña', que publicó una carta firmada por Laia Boada. “Un domingo me encontraba desayunando en una cafetería de Barcelona cuando una voz grave y rotunda nos deseó buenos días: era el señor Carod-Rovira”, explica Laia. “Se dirigió a la camarera, de un evidente aspecto suramericano, y le preguntó, en catalán, si tenía que pedir en la barra o se sentaba y le tomaban nota”, añade en la carta, tras lo cual explica que la camarera realizó un claro gesto de no entender el catalán, por lo que no respondió. A continuación, Carod-Rovira preguntó: Parlez-vous français? La camarera, al no entender, no contestó. “Me dio vergüenza ajena, como barcelonesa, como catalana y, sobre todo, como persona”.

En otro bar del municipio barcelonés de Masnou, según recoge Hazte Oír, se produjo un momento tenso entre un cliente, amigo del propietario, y uno de los camareros. El cliente llamó al camarero ‘Jaime’, y éste se encolerizó y le respondió que su nombre no era ‘Jaime’, sino ‘Jaume’. Según el propio camarero, el cliente se dirigió a él de “forma desagradable” y tras ser corregido le respondió que “le llamaba Jaime porque le salía de los huevos”. El mismo camarero explica que posteriormente el cliente le espetó que era “un catalán de mierda” y un “gilipollas”. Sin embargo se desconoce la versión del cliente. Tras esta discusión, el propietario del restaurante exigió al camarero que se excusara, pues en caso contrario recibiría una sanción. Éste manifestó que se sentía “ofendido” y que no se disculparía, tras lo cual el dueño del local suspendió al trabajador por una semana de empleo y sueldo.

”La querencia del nacionalismo por las barras y los camareros no se circunscribe a los etnicistas catalanes”, explican fuentes de Hazte Oír. “En su penúltima visita a Chile, el ex presidente regional vasco, Juan José Ibarretxe, se reunió con la presidenta, Michelle Bachelet, y en el curso de la conversación le comentó despectivamente que “España es un país de camareros”.

La plataforma Hazte Oír denuncia que en el periódico catalán ‘Avui’ también se hizo eco de un flagrante caso de conflicto lingüístico. “Dejé de ir a un supermercado porque un día que buscaba un producto, me dijeron que le preguntara a un empleado y me respondió: 'No entiendo el catalán”. El ciudadano que redacta la misiva explica que le instó a se buscara un intérprete porque él no hablaba castellano. “Me harto de predicar entre mis amistades que no hablen castellano cuando una persona les habla en esa lengua”, añade.

Por su parte, Jaume Fábrega, simpatizante nacionalista, demandaba en el ‘Diari de Girona’ que todos los nombres y apellidos fueran convertidos a algo que “al menos pareciera catalán”. Fábrega justificaba su petición argumentando que tener un nombre español constituye “la marca del esclavo”: “No tener el apellido correctamente escrito en nuestra lengua, es decir, castellanizado, es la marca del esclavo. A muchos pseudocatalanes también les va bien el nombre en castellano. Es seguro, por lo tanto, que todavía podremos disfrutar, durante generaciones, de la impronta española o francesa, una verdadera marca del esclavo en la mayor parte de los apellidos de los Países Catalanes”.

Juzgados cuatro jóvenes por arrancar la L del topónimo floral
El fiscal pide un año y medio de prisión y una multa de 4.800 euros. El Concello reclama 4.600 por la reparación del letrero de Lavedra
Los cuatro jóvenes acusados de arrancar la L del letrero floral que decoraba la entrada a la ciudad por la avenida de Alfonso Molina se declararon ayer inocentes, aunque matizaron que están de acuerdo con la acción y que no consideran el adorno como un bien público. El abogado de la defensa impugnó también el informe del perito judicial que fija en 4.600 euros el coste de reparar los destrozos. Además de un año y medio de cárcel y una multa económica, el fiscal pide que los imputados indemnicen al Concello por estos gastos
MARÍA PARDO | A CORUÑA La Opinión 17 Noviembre 2009

Cuatro jóvenes se sentaron ayer en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 2 acusados de un delito de daños en bienes públicos por haber presuntamente arrancado la L del topónimo floral que estaba instalado en la avenida de Alfonso Molina. El nombre de la ciudad en castellano, que estaba situado en el acceso al barrio de Matogrande, fue sustituido tras las últimas elecciones municipales por una figura de la Torre de Hércules, pero antes del cambio sufrió varios ataques por personas defensoras de la utilización del topónimo en gallego.

El fiscal pidió ayer que los sospechosos sean castigados con un año y medio de prisión -que no tendrán que cumplir al carecer de antecedentes- y una multa de 4.800 euros. Reclama también que los imputados indemnicen al Ayuntamiento con 4.600 euros por el coste de la reparación del topónimo floral. El Concello, personado como acusación particular, demanda la misma cantidad.

Los trabajos de reparación del letrero vegetal ascienden, según el informe de un perito judicial, a la cantidad que reclama el Ejecutivo local. Según esta estimación, impugnada por la defensa de los acusados, 2.750 euros corresponden al suministro de cipresilla (Santolina chamaecyparissus), 107 al de corteza de pino decorativa y 1.106 a la mano de obra, cantidades a las que hay que sumar el IVA correspondiente. Los cuatro acusados, que negaron su participación en los hechos, denunciaron al perito que realizó el informe y a la empresa que ejecutó la reparación (Orto) por entender que mienten sobre el coste de la misma. El fiscal cree que los cuatro jóvenes, tres hombres y una mujer, fueron quienes arrancaron la L del topónimo en la madrugada del 19 de noviembre de 2005. Fueron sorprendidos -junto a un menor que fue juzgado en otro procedimiento- por una patrulla de la Policía Local en las inmediaciones del letrero. Los agentes los identificaron y todos ellos fueron denunciados después tanto por la Fiscalía como por el Ayuntamiento.

Los jóvenes se declararon ayer inocentes, aunque puntualizaron que no consideran el topónimo floral un bien público y se mostraron de acuerdo con la acción. Simpatizantes de la asociación Isca, a la que pertenecen tres de los inculpados, se concentraron ayer frente a los juzgados y colgaron una pancarta en señal de protesta.

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