AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 18 Noviembre  2009

 

Un juez de Madrid afirma que el gallego es una lengua ´sin utilidad práctica´
El magistrado madrileño califica de "desarraigo escolar" que dos niñas, nacidas en Alcorcón pero de madre gallega, estudien en Vigo tras la separación de sus padres
X. A. TABOADA | SANTIAGO La Opinión 18 Noviembre 2009

El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Alcorcón, Alejandro José Galán Rodríguez, no le encuentra ninguna "utilidad" a la lengua gallega. Así lo expresa en un sentencia del 14 de noviembre de 2008 en un proceso por la custodia de las dos hijas de un matrimonio separado, en la que además señala como motivo de "desarraigo escolar" el que los niños estudien en Galicia debido al uso del gallego en la educación.

Entre las razones que argumenta para impedir que la madre, natural de Vigo, vuelva a su ciudad natal con sus dos hijas tras haber vivido 18 años en Alcorcón (Madrid) con su ahora ex marido, el juez apela al "desarraigo social" de los menores, así como a las dificultades del padre para desplazarse a Vigo con el objeto de seguir el régimen de visitas. También habla de "desarraigo escolar" por tener que abandonar el colegio de Alcorcón y matricularse en centros de Vigo.

Y es aquí cuando el juez carga contra el gallego, al considerar lesivo para las menores el ingresar en colegios público de Vigo, "con inmersión en un sistema escolar en lengua gallega". Pero no se queda ahí: "Es una lengua distinta a la que han sido escolarizadas hasta ahora, que más allá del ámbito de aquella comunidad autónoma, no se aprecia que tenga ninguna utilidad práctica".

El matrimonio, ella de Vigo y él de Madrid, se separó en 2006 e inicialmente la custodia de las dos hijas era compartida. Pero la cosa no funcionó y la madre reclamó la custodia plena, que un juzgado se la concedió, por lo que regresó a Vigo en 2008 en una decisión en la que también pesaron razones de tipo personal y familiar. Pero el padre recurrió el fallo y el auto, firmado por el juez Alejandro José Galán en noviembre de ese año, ordenó el regreso a Madrid de la madre viguesa y de sus dos hijas si no quería perder su custodia, alegado entre otras razones, el desarraigo que supondría para las menores el tener que estudiar en gallego.

La madre vivió en Alarcón hasta junio de este año, mes en el que volvió de nuevo a Vigo, ciudad donde reside actualmente, exponiéndose a perder la custodia. La razón por la que ahora dieron a conocer el auto, un año después de su publicación, obedece al intento de agilizar la resolución del conflicto. Su difusión corrió a cargo de Manuel López, hermano de la madre viguesa y portavoz familiar, y del diputado del Bloque Bieito Lobeira, quienes denunciaron el "calvario" al que se somete a la familia por querer vivir en Galicia.

Manuel López aseguró que las niñas están perfectamente integradas en Vigo, donde además pasaban las vacaciones de verano todos los años, y que, además, no tuvieron nunca problemas con el gallego.

JAVIER PRADERA
Dilemas del Constitucional
JAVIER PRADERA El País 18 Noviembre 2009

Por si la exagerada demora de la sentencia sobre el recurso presentado hace más de tres años por el PP contra el nuevo Estatuto de Cataluña no fuese suficiente motivo de preocupación, las informaciones procedentes del interior del Tribunal Constitucional (TC) acerca del bloqueo existente en su seno agravan los indicios de parálisis de una institución que fue decisiva en su arranque para la construcción del Estado de derecho, pero que hoy ofrece síntomas de una crisis casi terminal.

Desde que perdiera el poder en las elecciones de 2004, el PP -minoritario en el Parlamento- trató de convertir al alto tribunal en un legislador positivo sometido al control de la oposición y encargado de modificar -como simulada tercera Cámara- las normas aprobadas por la mayoría del Congreso; los populares atribuyeron una función subordinada análoga al Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Las consecuencias han sido catastróficas: las dos instituciones, obligadas por mandato constitucional a operar al margen de la lucha por el poder y de la lógica de los partidos, han ido perdiendo paulatinamente su papel al servicio de los intereses generales del Estado de derecho para convertirse en instrumentos puros y duros de las contiendas partidistas. La circunstancia de que los magistrados del Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por la mayoría cualificada del Congreso y del Senado deja en manos de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP las llaves para la designación de sus miembros y multiplica el riesgo de nombramientos sectarios que sacrifican la profesionalidad, el mérito y la independencia a la disciplina partidista.

El PP se tiró a fondo desde el primer momento para manipular la tramitación del recurso contra el Estatuto de Cataluña de 2006 interpuesto por su grupo parlamentario. La exitosa emboscada que forzó la inicua recusación del magistrado Pérez Tremps -visto con sospechas por su sensibilidad autonomista- y la frustrada conspiración que intentó privar a la magistrada Casas de la presidencia de la institución (y del voto dirimente en caso de empate) sembraron de agravios, temores y recelos la vida del tribunal.

El pleno del TC que se pronunciará sobre el pleito estatutario ha quedado reducido a 10 miembros, por la recusación de Pérez Tremps y el fallecimiento del magistrado García Calvo; algunas filtraciones señalan la existencia en su seno de dos férreos bloques formados cada uno por cuatro magistrados. Uno de los grupos estaría resuelto a validar -con la complacencia del Gobierno y de la Generalitat- la totalidad o la gran mayoría de los artículos impugnados; por contra, el otro bloque -en sintonía con el PP- desearía expulsar del ordenamiento el contenido sustancial del Estatuto.

Los magistrados Aragón y Jiménez parecen renuentes a unirse a cualquiera de los dos bloques a causa de la extremosidad ideológica y política de sus planteamientos; guiados sólo por la lógica jurídica, tratan de lograr acuerdos para ensanchar la superficie de consenso de la sentencia. Sin embargo, algunas lenguas viperinas proyectan sus ruines motivaciones sobre esos magistrados y les atribuyen turbias ambiciones de poder.

La marginación de las cuestiones políticas y de las connotaciones simbólicas en el debate permitiría al alto tribunal centrarse en las dimensiones normativas de un texto sobrado de retórica y de ambigüedades que debería ser examinado sólo desde enfoques jurídico-constitucionales. Y el carácter casi infinito de las interpretaciones imaginables de los numerosos preceptos equívocos aconsejaría renunciar a los pronunciamientos hermenéuticos abstractos en espera de las ocasiones concretas que ofrezca el futuro.

El fracaso a la hora de imponer los fueros de la lógica jurídica a las emociones identitarias, las ideologías doctrinales y las pasiones partidistas repercutiría peligrosamente sobre el equilibrio dialéctico entre el principio democrático y el principio de legalidad, fundamento último del gobierno representativo. Las reglas constitucionales son la forma del poder y el marco de la voluntad popular; pero el Estatuto no es una ley cualquiera sino una norma consensuada por las Cortes y la Asamblea de Cataluña y refrendada por una consulta popular.

Hundimiento de El País y Prisoe
Nota del Editor 18 Noviembre 2009

Con comentaristas como el que antecede no hacen falta problemas económicos para hundir un periódico. Al afirmar "el Estatuto no es una ley cualquiera sino una norma consensuada por las Cortes y la Asamblea de Cataluña y refrendada por una consulta popular" se convierte en juez mayoría del tribunal constitucional y da por bueno el tal bodrio. Ni en un panfleto se atreven los intoxicadores de opinión a escribir tales disparates.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

La Moncloa presiona para aplazar la sentencia del Estatut

José Antonio Gundín Semanal Digital 18 Noviembre 2009

La morosidad del Tribunal Constitucional en cumplir con su obligación de dictar sentencia sobre el Estatuto de Cataluña no es razonable ni aceptable. Es, sobre todo, sospechosa. Ayer se reunió para su enésimo debate y no consta que haya avanzado gran cosa, pese a las presiones del Gobierno. Han pasado ya casi tres años y medio desde que el PP presentara el recurso de inconstitucionalidad, plazo más que sobrado para sustanciar un fallo sin excesivas complicaciones técnicas. Por el camino, se han registrado toda suerte de situaciones excepcionales y nada regulares, desde la muerte de un magistrado y la recusación aceptada de otro, hasta la caducidad del mandato de varios magistrados, entre ellos el de su presidenta, María Emilia Casas, que si sigue al frente de la institución es debido a una ley hecha ex profeso. Al mismo tiempo, el Gobierno catalán ha legislado como si el Estatuto estuviera libre de toda sospecha, de tal manera que ya han entrado en vigor varias leyes fundamentales, como la de Educación. Los nacionalistas, por su parte, no han desaprovechado oportunidad alguna para  zurrarle la badana a un Tribunal con el prestigio herido de muerte.

¿Qué está ocurriendo para que los magistrados hayan ignorado incluso los plazos avanzados públicamente por la presidenta? ¿Hasta dónde llegan las presiones del Gobierno para que una y otra vez se dilate el fallo? El motivo que oficiosamente se esgrime para explicar la dilación es que Casas se niega a utilizar su voto de calidad para romper un empate que dividiría en dos al Tribunal, removiendo los viejos fantasmas de la sentencia de Rumasa.

Lo cierto es que desde el Gobierno se emiten señales de decepción y enfado con Casas, a la que tachan de pusilánime y poco fiable, sobre todo a raíz
de la famosa bronca de Fernández de la Vega en un acto público. En La Moncloa están a punto de tirar la toalla porque no creen que la presidenta sea capaz de muñir una mayoría sólida a favor del Estatut; al contrario, salvo los magistrados irreductibles de obediencia socialista, que son minoría, los moderados se han ido escorando hacia una sentencia que poda las veleidades bilaterales y nacionalistas del texto catalán.

Llegados a este punto, y tras fracasar con sus insistentes presiones, pese a los redoblados esfuerzos del ministro Caamaño, al Gobierno de Zapatero sólo se le queda la baza de aplazar el fallo hasta después de las elecciones autonómicas, de aquí a un año si Montilla no las adelanta. Hasta entonces, los socialistas no quieren ni pensar en una sentencia desfavorable porque el tripartito saltaría por los aires y, con él, su presencia en la Generalitat. ¿Solución? Que el Estatut siga durmiendo el sueño de los justos hasta que la sentencia, sea cual fuere, ya no tenga relevancia política.


El TSJC liquida las cuotas de catalán en los medios dictadas por la Generalitat
El Consejo Audiovisual advierte de que las cuotas se mantienen porque la norma anulada ya había sido sustituida por otro reglamento posterior
IVA ANGUERA DE SOJO | BARCELONA ABC 18 Noviembre 2009

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado la instrucción del Consejo del Audiovisual Catalán (CAC) que imponía cuotas de catalán a las televisiones y radios que emiten en esta comunidad. Una regulación que deriva de la Ley de Política Lingüística de la Generalitat aprobada en 1998, que el TSJC sí avala amparándose en jurisprudencia anterior del Tribunal Constitucional (TC).

La sentencia del TSJC anula trece de los dieciocho artículos de la instrucción que incluyen la obligación para los medios de gestión pública de utilizar el catalán como lengua vehicular así como las cuotas en el caso de cadenas privadas. Anula también los artículos referidos a los criterios de cómputo de la programación en catalán y aranés; los criterios sobre la programación de la música cantada en catalán y aranés, y criterios sobre la presencia de la cultura catalana, entre otros.

Esta normativa, aprobada por el CAC en 2004, fue denunciada por la Asociación por al Tolerancia por entender que el Consejo no tenía potestad normativa para imponer esos criterios. Así lo ha entendido al Sala Tercera del Contencioso-administrativo del TSJC, que advierten en su sentencia que el CAC está ejerciendo «potestades reglamentarias de carácter general sin habilitación legal».

Desde el CAC se advertía ayer, sin embargo, que ese reglamento ya ha sido derogado por otro posterior, que sigue vigente. En 2007, el Consejo adaptó ésta y otras instrucciones a la Ley del CAC de 2005, que le dio potestad normativa.

El Consejo ha recurrido además la sentencia del TSJC, que considera excesivamente restrictiva con las competencias de las que disponía. La ley del CAC de 2000 le confería a la institución la posibilidad de adoptar instrucciones generales «en el ámbito de su actuación y competencias», ámbito que según el Tribunal «quedó ampliamente rebasado» en este caso.

Aclaración de Galicia Bilingüe sobre una reciente sentencia del Tribunal Supremo

JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 18 Noviembre 2009

La resolución sobre el recurso interpuesto por un padre vigués no impide que el derecho a elegir el idioma vehicular se pueda reconocer por ley

EL SUPREMO DEJA ABIERTA LA PUERTA A QUE SE ESCOJA O NO LA LENGUA EN LA ENSEÑANZA
Vigo (17-11-2009). La resolución del Tribunal Supremo sobre el recurso interpuesto por un padre vigués en demanda de la libre elección de lengua en la enseñanza, se limita a rechazar que tal derecho figure como fundamental o que se derive directamente de la Constitución, pero no impide que se pueda reconocer legalmente.

En la práctica, la sentencia, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, deja en manos de las comunidades autónomas la potestad sobre la principal demanda de la asociación Galicia Bilingüe y el compromiso asumido por Núñez Feijoo en relación con este asunto durante la campaña electoral de las autonómicas, que no era otro que permitir a los progenitores o a los alumnos optar por gallego o castellano como idiomas vehiculares en los colegios.

Este fallo del Supremo se limita pues a ratificar la constitucionalidad tanto del modelo de libre elección de lengua que se viene aplicando en el País Vaco o Navarra, como de la opción en la que es la Administración la que establece el reparto entre los idiomas como vehiculares. Es decir, que se puede reconocer el derecho demandado por el padre vigués por Ley, aunque no figure como tal en la Constitución. Por lo tanto, esta sentencia no supone traba alguna para el cumplimiento de los compromisos asumidos por Núñez Feijoo en su día.

Galicia Bilingüe sí coincide con la resolución del Supremo en lo absurdo e inviable de que los progenitores pudieran escoger como lengua vehicular para sus hijos entre cualquier idioma del mundo, como así se recoge en la sentencia basándose en una resolución anterior del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De hecho, en sus postulados, la asociación se refiere siempre a la libre elección de lenguas oficiales, como sucede en todas las democracias, o incluso entre algunas no oficiales pero habladas por una parte apreciable de la población.

Además, el mismo Tribunal Supremo ya dictaminó en diciembre del 2008 que la Generalitat de Cataluña debía incluir en los sobres de matrícula una casilla para garantizar el derecho de los padres catalanes a elegir la lengua en que sus hijos recibirían la primera enseñanza, si catalán o español.

La asociación Galicia Bilingüe está recibiendo numerosas consultas de socios y simpatizantes sobre esta reciente sentencia del Tribunal Supremo, recelosos ante la posibilidad de que pueda servir para, como mínimo, ralentizar más la aplicación de la promesa de libertad lingüística de Feijoo. La entidad está ya dando a padres y madres las aclaraciones oportunas.

Galicia Bilingüe
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Extracto del comentario de un defensor de la libertad lingüística

Si la respuesta a ese padre fuese diferente y le dieran la razón, todo el castillo de naipes de la inmersión en Cataluña, Valencia, Baleares, etc. etc. se vendría abajo. ¿Sabéis lo que supondría eso para el Gobierno de España?

Pero es que la sentencia en sí, es pura demagogia. Ese padre no pide la enseñanza para su hijo en una lengua cualquiera; la pide en una de las dos lenguas oficiales de Galicia. ¿Por qué tienen que darle la enseñanza en una de esas dos lenguas y no en la otra? Con el agravante de que además es la lengua oficial del estado y es la que todos tenemos el deber constitucional de conocer; cosa que no afecta a la otra lengua oficial.

En resumen: PURO DISPARATE.
Y una vez más, demostración de que eso de la separación de poderes no es más que un "engañabobos" para la galería.
Luis A.G.M.
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Mi opinión personal
¿Qué esperaba ese padre del Tribunal Supremo? ¿Acaso no sabe que en España el Poder Judicial está atado de pies y manos al Poder Ejecutivo y éste a los pactos con los nacionalistas? Lo del Tribunal Supremo era de esperar, pero la ingenuidad del padre es para nota, dicho sea con todo el respeto a su derecho a recurrir ante el tribunal que desee.
Juan Julio Alfaya
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La noticia en Faro de Vigo (¿Fue una filtración premeditada del PP?):
http://www.farodevigo.es/galicia/2009/11/17/supremo-rechaza-padres-puedan-escoger-idioma-estudian-hijos/387123.html
Juan Julio Alfaya
JuanJulioAlfaya@yahoo.es
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Gallegos Hispanohablantes
1) http://blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php
2) http://www.libertadengalicia.es/index.php/section-blog/39-gallegos-hispanohablantes

¿QUIÉN FILTRÓ EL FALLO MANIPULADO?
El Supremo no cuestiona el derecho a elegir la lengua en la enseñanza
Frente a lo publicado por varios medios gallegos, el fallo del Tribunal Supremo rechazando el recurso de un padre de Vigo que pedía que su hijo recibiese la educación en castellano no entra en el fondo de la cuestión, y se fundamenta exclusivamente por defecto de forma.
R. Vilas Libertad Digital 18 Noviembre 2009

Libertad Digital ha tenido acceso al fallo del Tribunal Supremo en el que se inadmite a trámite el recurso de casación de un ciudadano de Vigo, por una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que rechazaba su petición de que su hijo sea educado en castellano.

Aunque es del 21 de octubre, varios medios gallegos informaban este martes, entre ellos El Faro de Vigo, noticia de la que se hizo eco Libertad Digital, que un fallo del Supremo negaba el derecho de los padres a elegir la lengua en la que se educan los hijos.

Sin embargo, la realidad es que el fallo no entra en el fondo de la cuestión y no admite el recurso "en consideración a la defectuosidad técnica del escrito de interposición de casación", ya que "las argumentaciones que ahora aduce el actor no están dirigidas contra las fundamentaciones de la sentencia recurrida como corresponde a la naturaleza de la excepcional forma de impugnación que constituye la casación".

Como es habitual, para fundamentar el fallo se reproduce la sentencia anterior recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 2007 y los argumentos del recurrente. La manipulación de El Faro de Vigo y otros medios gallegos ha sido tal que lo que hacen es presentar como argumentos del Tribunal Supremo lo que no es más que la reproducción de la sentencia anterior recurrida.

Esta información de la sentencia manipulada del Supremo ha sido celebrada por todos los partidos gallegos, desde el BNG al PP. Así, el portavoz del PP en el Parlamento gallego Manuel Ruiz Rivas celebró que el Supremo "da la razón a las leyes de normalización lingüística" impulsadas por los gobiernos del PP de Manuel Fraga. "Asumo con agrado la sentencia", llegó a decir.

Además, la filtración se produce mientras el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo todavía no ha cumplido con sus compromisos electorales de garantizar la libertad de los padres para elegir la lengua en la que se educan sus hijos. El líder del PP gallego sigue mareando la perdiz cuando nos acercamos al año de su victoria electoral. La información manipulada ha tenido una gran repercusión en Galicia, durante todo este martes. La pregunta, ahora, es quién ha filtrado la noticia en los términos en los que ha sido difundida. Quizás baste un simple qui prodest.

Educación ratifica su política lingüística tras negar el Supremo la libre elección del idioma
La Xunta sostiene que "no se modifica ninguna cuestión" del borrador que prepara para regular la lengua en la enseñanza. "Una cosa es enjuiciar una ley y otra una consulta hecha a los padres", señala el PP
S. OTERO / P. PÉREZ | SANTIAGO La Opìnión 18 Noviembre 2009

La sentencia del Tribunal Supremo que rechaza que los padres puedan escoger el idioma en el que estudian sus hijos no alterará la política lingüística del Gobierno gallego que seguirá adelante con el borrador de decreto que permitirá derogar la actual normativa aprobada por el bipartito. A pesar de que el fallo judicial da la razón a la Administración gallega, entonces gobernada por la coalición PSOE-BNG, frente a la demanda de un padre que en 2007 reclamó que su hijo recibiera las clases íntegramente en castellano, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dejó claro ayer que esta decisión "no valida" la política lingüística del anterior Ejecutivo ya que en ese momento aún no estaba en vigor el polémico decreto que fija un mínimo del 50% de clases en gallego. "Si acaso valida la de un Gobierno del PP", apunta en alusión al mandato de Manuel Fraga.

"La demanda no se hizo contra el decreto del bipartito", insiste. La reclamación del padre de un alumno del colegio Los Sauces de Vigo para que su hijo recibiese las clases íntegramente en castellano se produjo en mayo de 2007 y la normativa sobre el gallego en la enseñanza del bipartito no entraría en vigor hasta septiembre de ese año. En todo caso, el Tribunal Supremo argumenta su rechazo a que los padres puedan elegir el idioma de la enseñanza en normas de carácter general como la Constitucion y la Declaración de Derechos Humanos sin entrar en normas de rango autonómico.

A pesar de ello, el Gobierno presidido por Núñez Feijóo defiende sus planes lingüísticos y se desmarca del contenido del fallo judicial emitido por el Supremo. "Es una sentencia que no afecta al decreto que prepara el Ejecutivo dentro de la más estricta legalidad", sostuvo el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez. Por lo tanto, según añadió, "no modifica ninguna cuestión sobre el decreto en el que estamos trabajando".

Encuesta
Uno de los compromisos electorales del PP fue garantizar "el derecho a la libre opción lingüística" y, de hecho, tras asumir el poder en la Xunta realizaron una consulta entre los padres para preguntarles en qué idioma preferían las clases para sus hijos.

Para el portavoz del grupo parlamentario popular, Manuel Ruiz Rivas, esta encuesta a las familias "no contradice" la sentencia del Supremo que deniega da los padres su derecho a elegir la lengua en la que escolarizar a sus hijos. "Una cosa es enjuiciar una ley y un derecho y otra es una consulta a los padres en la que expresan su voluntad", argumentó.

Las medidas que está adoptando el Gobierno gallego en materia lingüística "respetan perfectamente la legalidad vigente en Galicia y respetan el Estatuto", en palabras del conselleiro Jesús Vázquez.

En una entrevista concedida a Onda Cero, el presidente de la Xunta defendió que "lo razonable" es que los alumnos tengan conocimiento de las dos lenguas. Núñez Feijóo añadió que también se debe "respetar el derecho de los padres, siempre dentro del compromiso del bilingüismo cordial y compensado".

En todo caso, desde la Consellería de Educación aseguran que "acatan la legalidad y lo que diga el Tribunal Supremo". Desde el departamento que dirige Jesús Vázquez consideran que la sentencia del Supremo "confirma que hay un marco normativo y que mientras no se cambie se respetará ese marco normativo".

Ruiz Rivas va más allá e incluso recibe con "agrado" la sentencia. En su opinión, el tribunal "da la razón a las leyes de normalización lingüística" impulsadas por el Gobierno de Manuel Fraga. El portavoz del PP aplaudió que este fallo judicial "va en contra de romper la armonía lingüística", una actitud de la cual culpó al bipartito.

idioma
El Supremo avala que los niños gallegos no puedan escolarizarse exclusivamente en castellano

Rechaza el recurso de unos padres y da por buena la postura del Tribunal Superior
La Voz 18 Noviembre 2009

Los padres gallegos no tienen derecho a elegir que sus hijos se escolaricen íntegramente en castellano. Así de claro se mostró el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ante el recurso de una familia de Vigo que pedía que su hijo recibiera todas las clases en castellano, y así lo ha ratificado el Tribunal Supremo al no admitir un recurso de los padres contra la sentencia del TSXG.

El alto tribunal no valora el fondo de la cuestión, sino que da por bueno el fallo de los magistrados gallegos. Los padres habían denunciado a la Consellería de Educación en el 2007, cuando estaba dirigida por la socialista Laura Sánchez Piñón. Pedían que su hijo, del colegio privado vigués Los Sauces, pudiera estudiar la educación primaria «íntegramente con clases en lengua castellana», algo que la Xunta les había denegado expresamente.

Ante eso, el abogado solicitó el amparo del TSXG, argumentando que elegir la lengua en la que estudian los hijos es un derecho fundamental recogido en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero el Tribunal Superior de Galicia rechazó tajantemente ambos argumentos.

Elegir la lengua de escolarización «no es expresión de ningún derecho fundamental» recogido en la Carta Magna española, dijo el TSXG. Sobre los Derechos Humanos, su artículo 26 permite a los padres escoger «el tipo de educación» que reciben sus hijos, nada más. Por tanto, la Justicia gallega considera probado que ni la declaración universal ni la Constitución «garantizan a los padres el derecho de elegir la lengua». De hecho, considera «absurdo» que tal cosa pueda suceder, pues podría llevar a que cualquier persona reclamara ser educada en cualquier lengua del mundo.

Ante la sentencia del TSXG, el abogado recurrió, pero el Supremo apreció en su escrito «defectuosidad técnica», ya que pretendía reabrir todo el proceso y no recurrir el fallo concreto. De ahí que desestimara el recurso.

Reacciones
Conocida la sentencia, todos los partidos políticos quisieron ver una victoria. El PP vio avalado «o coñecemento en igualdade no ensino obrigatorio de castelán e galego», según su portavoz, Manuel Ruiz Rivas.

El PSdeG también se felicitó e indicó que el Gobierno de un país con dos lenguas debe garantizar la competencia del alumnado en ambos idiomas, según el diputado Francisco Cerviño.

El BNG consideró que el fallo «desmonta as mentiras do PP e dos grupos extremistas aos que apoia, como Galicia Bilingüe, sobre a imposición do galego», en palabras de Bieito Lobeira y Carme Adán.

Galicia Bilingüe vio una «puerta abierta a que se escoja o no la lengua en la enseñanza», y emplazó a Feijoo a cumplir su compromiso de permitir que los padres elijan.

La oposición utiliza la sentencia del Supremo contra la Xunta
El Alto Tribunal se opone a la educación monolingüe, en el idioma que sea, en las autonomías con dos lenguas cooficiales
J. L. J. | SANTIAGO ABC 18 Noviembre 2009

La sentencia del Tribunal Supremo en la que desestimaba la petición de un padre vigués para que su hijo cursara sus estudios íntegramente en castellano -apelando a la discriminación que suponía no poder ejercitar este derecho, reflejado en la Constitución- se convirtió ayer en munición para la oposición y sus colectivos afines para atacar la política lingüística de la Xunta de Galicia.

El socialista Francisco Cerviño calificó de «acierto» la decisión del Supremo e insistió en que el «objetivo» de los poderes públicos «en un país con dos lenguas» debe ser «garantizar que todos los niños la finalizar la Educación Secundaria Obligatoria tengan competencia en las dos lenguas».

Desde el BNG, su portavoz en materia de lengua, Bieito Lobera, valoró que el fallo judicial «desmonta las mentiras del PP y de los grupos extremistas a los que apoya sobre la imposición del gallego» y resulta «claro y demoledor» que «los padres no tienen derechos a que sus hijos sean ignorantes en lengua gallega» y «reafirma el derecho de los niños y niñas a prender en gallego», indicó el BNG en un comunicado.

La también nacionalista Carme Adán quiso utilizar el fallo del Supremo para desautorizar la consulta voluntaria que la Xunta realizó este verano a los padres con hijos en edad escolar, algo que para el popular Manuel Ruiz Rivas no genera controversia, ya que el tribunal «enjuicia una ley» y la encuesta «reflejaba una voluntad».

Quien no se dio por aludido por la decisión del Tribunal fue el conselleiro de Educación, quien ayer aseguró que ésta «no afecta» al nuevo decreto sobre la aplicación de la lengua en la enseñanza pública que ultima su departamento y que respetará «estrictamente la legalidad».

Lecturas de la sentencia
El Tribunal, no obstante, hace algunas apreciaciones en su fallo que los partidos han obviado en sus valoraciones. Por un lado, señala que el derecho constitucional a conocer y usar la lengua española no es recurrible ante los tribunales, y que la regulación de los idiomas cooficiales depende de los respectivos estatutos de autonomía, que tienen rango máximo al conformar el llamado «bloque de la constitucionalidad». Igualmente, señala que es la legislación autonómica la encargada de regular el cometido constitucional de garantizar el uso y conservación de las distintas lenguas autonómicas.
Del mismo modo, considera discriminación por razón de lengua el hecho de que se pueda marginar un idioma, sea estatal o regional, por lo que cierra la puerta a cualquier monolingüísmo en la enseñanza pública en las autonomías con idioma propio.

polémicas por el idioma
Un juez de Madrid amenaza a una madre con retirarle la custodia de su hija por escolarizarla en gallego

El BNG denuncia que el juzgado de Alcorcón presiona a la madre por considerar que el idioma «no es útil».
Efe La Voz 18 Noviembre 2009

Un juzgado de Madrid «amenaza» a una madre divorciada con retirarle la custodia de sus dos hijas, por trasladar su residencia de Alcorcón a Vigo, debido a que la «educación que van a recibir es en gallego y esta lengua no es útil», según ha denunciado el BNG.

El portavoz del grupo parlamentario nacionalista, Bieito Lobeira, informó, en una conferencia de prensa, de que el auto del juzgado de la localidad madrileña de Alcorcón «niega» a la madre que se traslade a Vigo, debido al «desarraigo, que se extiende a su ámbito escolar» de las menores, que estuvieron escolarizadas en un colegio privado de la citada localidad, y que ahora irán a centros públicos de Vigo donde parte de las asignaturas se imparten en lengua gallega.

Lobeira hizo referencia al auto, que indica que la lengua gallega es una «lengua distinta a la que han sido escolarizadas hasta ahora» las niñas y que fuera de Galicia «no se aprecia que tenga ninguna otra utilidad práctica». El auto indica, también, que esta situación está provocada por «un mero interés económico y personal de la madre» y que de prolongarse esta situación «se estaría corriendo un grave peligro en perjuicio de la formación y desarrollo integral de las menores».

Por su parte, el portavoz de la familia afectada, Manuel López Rodríguez, destacó que las menores están «perfectamente integradas en Vigo y que son felices». Respecto a la lengua gallega destacó que las niñas «no tuvieron ningún problema» y denunció que la familia está sometida a «un calvario» y a una «evidente injusticia por querer vivir en Galicia».

Por ello, solicitó a las fuerzas políticas, a la Xunta a que apoyen su causa e instó a los órganos competentes de la Administración autonómica a que emitan informes para que «se tenga en cuenta la opinión de las menores ».

Lobeira calificó esta situación como un caso de «racismo lingüístico» y de «xenofobia» ya que «no se puede admitir» que un juzgado «deniegue a una madre separada que venga a vivir a Galicia» por el hecho de que exista «una lengua propia». El portavoz parlamentario manifestó su inquietud ante la posibilidad de que este caso «pueda sentar jurisprudencia en el futuro».

Asimismo, anunció que el BNG trasladará esta situación a las instituciones internacionales, además de otros casos concretos de personas que «ven conculcados sus derechos lingüísticos, como trabajadores despedidos por hablar gallego».

Barcelona consagra el monolingüismo de facto
El texto excluye el castellano de «las actuaciones internas» del Consistorio
ÀLEX GUBERN | BARCELONA ABC 18 Noviembre 2009

La comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona dará hoy luz verde a la aprobación inicial del Reglamento de Uso del Catalán, una normativa que, a la práctica, consagra el monolingüismo de facto que ya es común en el Consistorio. El texto contará con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, y es la destilación de meses de trabajosas negociaciones entre el posibilismo de los partidos de gobierno y el maximalismo de CiU y ERC, si bien es con los republicanos con quienes se ha acordado el último redactado. Así, el texto -que en aras de este equilibrio cae en ocasiones en redactados ambiguos- sentencia que «las actuaciones internas del Ayuntamiento de Barcelona deben hacerse en catalán» (artículo 3.1) , obviando la apostilla del «normalmente en catalán» que en un primer borrador proponía el PSC.

Por contra, este matiz a la baja -al igual que otra apostilla común como la de «preferentemente en catalán», a modo de blindaje ante posibles impugnaciones-, sí se introduce en otros artículos que antes lo obviaban, sobre todo los relativos a la relación con contratistas y proveedores. Si en una primera propuesta (art. 41. y 4.2) se obligaba a que todos los «estudios, proyectos y trabajos» encargados a terceros dentro del «ámbito territorial catalán» se hiciesen en esta lengua, ahora se elimina esta acotación geográfica y se consagra el uso del catalán sólo como «carácter general».

Por su parte, el artículo 4.3 señala que el catalán «figurará entre los criterios determinantes para la adquisición de bienes y de servicios, así como en los pliegos de claúsulas de los contratos públicos siempre que del objeto de los mismos bienes y servicios se deriven comunicaciones orales o escritas con los usuarios».

Como ya sucede ahora, el Reglamento señala que toda la documentación que produzca el Ayuntamiento se hará «normalmente» en catalán, sin perjuicio de que la persona lo solicite en castellano. En paralelo, se establece que las «entidades que reciban una subvención (...) se comprometen a usar preferentemente el catalán» (art. 16).

Contratación de personal
Capítulo aparte merece el de la contratación de personal. Nada modificará los requisitos actuales -sobre todo para la atención al público-, aunque ahora sí se oficializa que en las convocatorias de acceso se especifique el «requisito y nivel de conocimiento del catalán» en el grado adecuado al puesto.
El concejal Jaume Ciurana (CiU) consideró el texto «correcto» en líneas generales, si bien anunció que su grupo se reserva el presentar enmiendas. Por su parte, Àngels Esteller (PP) expresó su negativa a un reglamento que no reconoce el bilingüismo real que practican los barceloneses y que a la práctica elimina el castellano del Ayuntamiento.

El TSJC anula 13 artículos de un reglamento que ya ha sido sustituido
El CAC no tenía potestad para exigir el uso del catalán
En 2004, recomendó a los medios el «uso habitual del catalán». La potestad para hacerlo se aprobó en 2005.
Barcelona - N. Ramírez La Razón 18 Noviembre 2009

En 2004, el CAC (Consejo del Audiodivisual de Cataluña) emitió una instrucción en la que instaba al uso «habitual» del catalán y el aranés en los medios de comunicación. El organismo emitió el reglamento sin tener «otorgada» la potestad para dar instrucciones sobre el uso del catalán y sin tener «delegada con anterioridad» tal posibilidad.

Así lo confirma una sentencia del TSJC que hizo pública ayer y que anula 13 de los 18 artículos de este reglamento, una instrucción que, no obstante, ha quedado obsoleta y se derogó al aprobarse en 2005 la Ley de la Comunicación Audiovisual de Cataluña, que sí permite al CAC aprobar instrucciones sobre el catalán y el aranés.

El TSJC responde así al recurso que presentó Asociación Por la Tolerancia, que no cuestionaba el uso del catalán en los medios, sino si el CAC tenía la facultad para decidir sobre esto. «La sentencia tiene consecuencias nulas porque esa instrucción ya está derogada, ahora el organismo cuenta con una ley marco que sí le permite elaborar reglamentos», se escudaron fuentes del CAC.

La sala tercera de la sala Contencioso-administrativa ha anulado los artículos 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del reglamento. Unos puntos en los que figuran los relacionados con las obligaciones de los medios, tanto de gestión pública –tienen que garantizar que el catalán sea la lengua utilizada normalmente– como privada. Entre ellos están los criterios de cómputo de la programación en catalán y aranés; los criterios sobre la programación de la música cantada en catalán y aranés, y criterios sobre la presencia de la cultura catalana, entre otros.

El Alto Tribunal considera que el organismo «rebasó ampliamente» la ley del CAC de 2000, que confería a la institución la posibilidad de adoptar instrucciones generales en el «ámbito de su actuación y competencias».

El recurso de la Asociación por la Tolerancia planteaba también la posible inconstitucionalidad de los artículos 25 y 26 de la Ley de Política Lingüística de 1998. En este sentido, el TSJC, basándose en la anterior jurisprudencia, considera que no cabe un planteamiento de inconstitucionalidad, ya que la Generalitat está habilitada para ello.
 

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