AGLI

Recortes de Prensa    Domingo 22 Noviembre  2009

 

El Gobierno catatónico
IGNACIO CAMACHO ABC 22 Noviembre 2009

LO que pone nervioso al Gobierno y le lleva a perder los papeles y las formas no es el acoso de la oposición, ni el bochorno del «Alakrana», ni siquiera la posibilidad de tener que explicar lo inexplicable en el chivatazo del bar Faisán, ni mucho menos el limbo legal de las escuchas de Sitel. Lo que tiene al zapaterismo en estado de crispación, lo que preocupa seriamente al poder, es el sesgo unánime de las encuestas y la constatación, paulatina pero constante, de que se está abriendo una brecha sociológica.

Sondeo tras sondeo, sean públicos o privados, conocidos u ocultos, cocinados o en bruto, los tres puntos parecen ya sólo el suelo de una ventaja creciente de la oposición, que en algunas muestras supera incluso el seis por ciento. Y la intención directa de voto socialista se está desplomando. El caso Gürtel y los problemas internos apenas han afectado al despegue del Partido Popular, pese al escaso entusiasmo que sigue despertando el liderazgo de Rajoy. Eso quiere decir que al margen de las reservas que suscite la alternativa ha empezado a cuajar el desencanto del Gobierno como un fenómeno casi estable de la opinión pública. Que se está desmoronando la confianza. Que está en marcha el proceso que conduce a perder las elecciones.

El fondo de esa erosión está en la recesión económica. Los españoles ya no reconocen en el zapaterismo una dirigencia con capacidad de gestión, y los errores puntuales ante crisis concretas sólo vienen a reforzar esa impresión de incapacidad para la gobernanza. Sin levantar aún un programa alternativo claro, y con enormes reservas de escepticismo popular, el PP nota el viento a favor de un impulso de cambio. Pero también crece el voto de izquierda radical mientras el partido de Rosa Díez, esa tercera vía de los inconformistas que empezó pescando en el caladero de la derecha, se nutre ahora también de las expectativas de la decepción socialista. Si se suma la tendencia a la abstención provocada por el desengaño, el resultado conduce a una grieta cada vez más ancha en el crédito del Gobierno. A la incipiente posibilidad de que el vuelco se instale como un fenómeno compacto capaz de convertirse en constante durante un tiempo prolongado.

Para mayor abundamiento, el Ejecutivo no da pie con bola. No hay problema ante el que no fracase, proyecto que no se le tuerza ni dificultad en la que no tropiece. Los errores se retroalimentan con la preocupación y la inquietud desemboca en nuevos fallos. El zapaterismo necesita éxitos rápidos y sólo encuentra reveses sucesivos. Está atascado, catatónico, y los reflejos del presidente parecen presos de un bloqueo que desnuda toda su liviandad política. Zapatero ha salido de envites peores y remontó incluso la ruptura de las negociaciones con ETA, pero ahora hay una crisis de fondo que destruye el optimismo social. Y aún queda la sentencia del Estatuto de Cataluña.

Broncas en bares y cafeterías de Cataluña a causa del idioma
Juan Julio Alfaya Periodista Digital 22 Noviembre 2009

Dicen que en Cataluña existe plena libertad lingüística, que el español no está en peligro, que los alumnos de primaria y secundaria dominan el español y el catalán, que los hispanohablantes no están discriminados. Pero la realidad demuestra día a día lo contrario. En Cataluña existe una imposición lingüística coactiva a todos los niveles: administración, enseñanza, medios de comunicación, empresa privada... Mientras, la Justicia, encadenada al poder político y a sus intereses electorales, no logra que se cumpla en aquel territorio ni una sola de sus sentencias. Los nacionalistas catalanes se toman la Justicia a chirigota y el Poder Judicial pierde cada día más credibilidad. Mientras, los ciudadanos sufren las consecuencias de una situación lingüística impuesta y artificial.

Sucedió en un bar de Masnou
Sucedió en un bar del municipio barcelonés de Masnou. El cliente llamó al camarero por su nombre, Jaime, pero este se encolerizó porque no le había llamado Jaume. Jaime ha explicado que «un amigo del propietario» fue al restaurante y se dirigió a él «de una forma desagradable», es decir, llamándole Jaime. El camarero le dijo que su nombre era «Jaume y no Jaime». Según el sensible empleado del restaurante, el cliente «me dijo que me llamaba Jaime porque le salía de los huevos».

El camarero se ha justificado argumentando que se sintió atacado y ofendido, a lo que el cliente, siempre según la versión del empleado del restaurante, le contestó que era «un catalán de mierda y un gilipollas». Se desconoce la versión del cliente.

El propietario del restaurante exigió al camarero que se excusara o recibiría una sanción. Jaime no quiso pedir disculpas porque se sentía «ofendido» y el propietario del local suspendió al trabajador una semana de empleo y sueldo. El camarero dice ahora que «la empresa no defiende al trabajador» y que se siente «incomprendido».

Carod-Rovira se burla de una camarera sudamericana por no saber catalán
Hace algún tiempo El Periódico publicó una carta firmada por Laia Boada: «El domingo, 25 de noviembre, estaba desayunando en una cafetería de Barcelona cuando una voz grave y rotunda nos deseó buenos días. Era el señor Carod-Rovira. Una vez hecho el saludo, se dirigió a la camarera, de un evidente aspecto sudamericano, y le preguntó, en catalán, si tenía que pedir en la barra o se sentaba y le tomaban nota. La camarera no contestó, en un gesto claro de no entender el catalán. Entonces, Carod-Rovira le soltó: Parlais vous français?, pregunta que la camarera ni entendió, ni contestó. Me dio vergüenza ajena, como barcelonés, como catalán y, sobre todo, como persona».

La querencia del nacionalismo por las barras y los camareros no se circunscribe a los etnicistas catalanes. En su penúltima visita a Chile, el ex presidente regional vasco, Juan José Ibarretxe, se reunió con la presidenta, Michelle Bachelet, y en el curso de la conversación le comentó despectivamente que «España es un país de camareros».

«La marca del esclavo»
En otro periódico catalán, Avui, apareció esta otra muestra de intolerancia: «Dejé de ir a un supermercado porque un día que buscaba un producto, me dijeron que lo preguntara a un empleado y me respondió: "No entiendo el catalán". Yo le contesté que se buscara un intérprete porque yo no hablaba el castellano, y ya no he vuelto más. Me harto de predicar entre mis amistades que no hablen castellano cuando una persona les habla en esa lengua». En Diari de Girona, otro "intelectual" del nacionalismo, Jaume Fábrega, urgía a convertir todos los nombres propios y apellidos en algo que al menos pareciera catalán. Sus "argumentos" conducían alegremente al más puro racismo al concluir que tener un nombre español constituye «la marca del esclavo»: «No tener el apellido correctamente escrito en nuestra lengua, es decir, castellanizado, es la marca del esclavo. A muchos pseudocatalanes también les va bien el nombre en castellano. Es seguro, por lo tanto, que todavía podremos disfrutar, durante generaciones, de la impronta española o francesa —una verdadera "marca del esclavo" en la mayor parte de los apellidos de los Países Catalanes».

El castellano ha muerto en Barcelona
http://www.youtube.com/watch?v=KwiQs2BI0OQ

De nuevo el canon franquista
J. M. RUIZ SOROA El Correo 22 Noviembre 2009

La solicitud de nuestros nacionalistas para que los miembros de ETA fusilados en los estertores del franquismo fuesen considerados como víctimas del terrorismo y como demócratas que lucharon por la libertad puede explicarse desde las necesidades particulares del nacionalismo en este momento histórico concreto que vivimos.

En efecto, el nacionalismo no quiere que el discurso de deslegitimación de la violencia etarra que se va imponiendo en la política y en la sociedad vascas asocie en exclusiva la violencia política con el nacionalismo radical. Y, para ello, nada mejor que incorporar al elenco de víctimas a personas que pertenecen a su órbita ideológica, o ampliar el concepto de víctima a todo aquel que sufriera una muerte violenta e injusta, aunque fuera una violencia de respuesta provocada por el terrorismo etarra. Es el mismo afán que mueve a quienes intentan en Alemania equiparar a los judíos, gitanos y homosexuales exterminados en los campos con los civiles muertos por los salvajes bombardeos británicos de Hamburgo o Dresde. Todos fueron víctimas, todos fueron inicuamente masacrados, todos son iguales. Claro. Y así, un poco de tapadillo, como sin querer, queda disimulada la ideología de los victimarios, sumida en la confusión de la compasión.
Ahora bien, con independencia de estas 'razones' particulares, la reclamación de los nacionalistas con respecto a la elevación a los altares de Paredes y Otaegi es también un reflejo evidente del absurdo canon interpretativo de la historia española reciente que se está imponiendo últimamente por mor de la llamada recuperación de la memoria histórica. Un canon que, es curioso señalarlo, no es sino el mismo canon franquista de comprensión de la historia, aunque esté ahora invertido en sus efectos.

Verán, el régimen autoritario y represivo franquista fue un maestro en hacer simplificaciones maniqueas; según el dogma que impuso a sangre y fuego, en la política patria sólo había dos bandos: el de los que estaban con él (o se callaban resignados), y el de la anti-España o malos españoles. Este último englobaba a una variopinta multitud compuesta de liberales, socialistas, anarquistas, comunistas y nacionalistas periféricos, amén de todo tipo de individuos de dudosa calificación que se resistían al rodillo de la homogeneidad nacional católica. Ahora bien, es más que dudoso que entre toda esta caterva de judeomasonería y comunismo internacional existiesen muchos lazos ideológicos en común, salvo el de ser todos proyectados a las tinieblas del mal por el franquismo. El mito de las dos Españas tiene un atractivo arraigo en la poesía machadiana, pero carece de la más mínima validez descriptiva. En muy poco se parecían los proyectos de un liberal como Azaña, un socialista como Largo Caballero, una comunista como Ibarruri, un anarcosindicalista como Durruti o un nacionalista como Companys, salvo en ser todos ellos unos enemigos a exterminar para Franco.

Pues bien, asistimos en la actualidad a una nueva manifestación de este maniqueísmo franquista, aunque sea con un sentido diverso. Consiste en definir como demócratas y luchadores por el constitucionalismo a todos los que estuvieron contra Franco, en la guerra y después, a todos quienes fueron perseguidos y represaliados por él. «El régimen autoritario les persiguió ergo eran demócratas», ésa es la ecuación simplista en que se basa la memoria histórica que se propone desde la izquierda en el Gobierno. De esta forma (¡quién lo iba a decir!) Franco se convierte nada menos que en el dispensador de patentes de democracia. Ni que decir tiene que se trata de una falsificación de raíz de la historia española y de su compleja textura. La mayoría de quienes se le opusieron no lo hicieron en nombre de la democracia ni de la República, sino en nombre de unas revoluciones proletarias o anarcosindicalistas que nada tenían que ver con la democracia tal como hoy la entendemos. La mayoría de los antes citados no son nuestros abuelos ideológicos, sino de los regímenes de Corea del Norte o Cuba, así de claro.
Cuando se maldescribe en forma dualista nuestro pasado se oculta deliberadamente que en la época republicana, como ha escrito Enrique Moradiellos, existieron por lo menos tres Españas políticas: la reaccionaria, la revolucionaria y la demócrata. Y que el fracaso de la República vino provocado por el hecho de que las dos primeras atenazaron a la tercera y la excluyeron del juego político mediante una dinámica centrífuga que no se supo ni se quiso evitar. Por la República, como escribió amargado su presidente Azaña, no luchó casi nadie. Desde luego, no lucharon por ella quienes dos años antes se habían alzado en armas contra esa República burguesa para proclamar la proletaria. Tampoco lucharon por ella los que tiraron las armas no bien vieron perdido su propio interés nacional. No, aquellos antifranquistas no eran los abuelos ideológicos de la democracia, aunque lo fueran familiarmente de muchos de nosotros mismos.

Ahora bien, guste o no el nuevo canon, lo que resulta bastante lógico es que sirva para reclamar para los etarras fusilados por Franco el título de demócratas anticipados (quizás un poco apasionados, eso sí) y de víctimas del terrorismo. Porque desde el maniqueísmo no cabe otra calificación para ellos: lucharon contra Franco, luego eran demócratas. Franco los fusiló, luego son víctimas. Por eso, probablemente, la izquierda política experimenta serias dificultades para rechazar la petición o para explicar por qué no la apoya, puesto que es perfectamente congruente con el canon de comprensión histórica que ella misma está construyendo.
Al mismo tiempo, sin embargo, la equiparación de víctimas y victimarios, de inocentes y de culpables, es tan estremecedora e hiriente para cualquiera dotado de un mínimo sentido moral y conocimiento histórico que demuestra, sin necesidad de mayor comentario, que el nuevo canon de comprensión histórica falsea los hechos. Porque si produce semejantes disparates, sólo puede ser porque es erróneo en su propia raíz. Creo yo.

El autor cuestiona «una nueva manifestación del maniqueísmo franquista, aunque sea con un sentido inverso. Consiste en definir como demócratas a todos los que estuvieron contra Franco, en la guerra y después, a todos quienes fueron perseguidos y represaliados por él»

Gallegos en inglés
José Luis ALVITE La Razon 22 Noviembre 2009

Hay muchas razones para defender el idioma gallego y no se comprende que algunos quieran emplear en su defensa menos entusiasmo que el que están dispuestos a poner en la salvación del urogallo. Si la lengua galega se perdiese, el estropicio excedería de la simple dimensión filológica y supondría sin duda un daño emocional irreparable, una catástrofe que se llevaría por delante la forma de ser distintiva de un pueblo en cuya singular personalidad no hay probablemente un solo rasgo que no obedezca a su historia tanto como a su vocabulario. Que nadie se alarme ni se precipite a descalificarme, pero yo creo que el progresivo desarraigo de la lengua gallega hasta reducirla a su simple y anecdótica implantación folclórica puede suponer para el espíritu de los ciudadanos de Galicia una modificación verdaderamente traumática con un resultado tan trágico como lo sería la desforestación de sus montes, el olvido de sus leyendas o la extinción de sus ríos. Se equivocan los políticos conservadores al plantearse la lengua gallega como algo de lo que se puede prescindir sin graves consecuencias, como si para los gallegos perder su idioma natural no supusiese un problema mayor que el de dejarse extirpar las anginas.

Desde que tengo memoria me consta que el de Rosalía y el de Curros era el idioma que aquí hablaba y cantaba el pueblo de manera natural y congénita, y aunque en la escuela los maestros urbanos imponían el orden en castellano, incluso los más reaccionarios de ellos sabían que aquellos dóciles y atónitos niños de mandilón obedecían en silencio pero callaban en gallego. Y que no se diga que es el castellano el que se ve amenazado en Galicia porque en esta tierra nacieron Cela y Valle-Inclán, Fernández Flórez y Julio Camba, en el mismo país en el que Álvaro Cunqueiro sobrevivió sin problema en ambas lenguas, escritores todos ellos unidos por la circunstancia de haberse criado en un sitio en el que, como en el resto de España, por desgracia son muy pocos los que leen el mismo idioma que habitualmente hablan. ¿Cuál es entonces el problema? Muy sencillo: la derecha es genéticamente reacia a la lengua gallega porque cree que constituye una secreción del nacionalismo. Es obvio que el Partido Popular se equivoca. Porque en Galicia ni siquiera el nacionalismo es más viejo que la lengua en la que simplemente se refugia mientras los snobs de la derecha ignoran a Rosalía leyéndola en inglés.

Gallegos a la fuerza

Nota del Editor 22 Noviembre 2009

Pretender conservar el gallego a base de imponerlo a quienes no lo quieren no es una opción razonable, es nazismo puro y duro. Quienes quieren conservar una lengua lo tienen muy fácil, van a una ferretería, compran una cajita y guardan en ella la lengua de su elección. Lo que es indamisible es que unos cuantos ventajistas de las lenguas regionales, pretendan inocular la lengua y su ideología a los niños cuya lengua materna es el español.

¿Por qué no los despedimos?
Francisco Rubiales Periodista Digital 22 Noviembre 2009

El espectáculo de la torpeza gubernamental al gestionar el secuestro del pesquero Alakrana ha sido inquietante, como no lo es menos la necedad e impotencia de Zapatero y su gobierno frente a la crisis económica. Mientras el país nada en la decadencia y el fracaso, la prensa informa que mafias bulgaras y marroquies roban en España 100.000 coches de lujo al año, que salen con destino a África y el Este de Europa, y que otras bandas internacionales se apropian de decenas de kilos de oro y de millones de euros en los indefensos hogares que asaltan.

A juzgar por los datos de recuperación y de detención de esos ladrones, el gobierno español es lamentablemente ineficiente y no consigue evitar el expolio. Lo mismo ocurre con la violencia en general, con los robos en los hogares, los asaltos y otros tipos de violencias protagonizadas por mafias extranjeras que viajan a España, una especie de paraiso inerme donde es fácil delinquir con impunidad.

Mientras tanto, los ciudadanos españoles, que son rehenes de la inseguridad y víctimas de esas mafias, no pueden hacer nada para acabar con la desesperante ineficiencia del gobierno. Los políticos, a los que pagamos el sueldo con nuestros impuestos, son, en teoría, nuestros empleados, pero ni siquiera podemos expulsarlos por ineptos. Han conseguido blindarse y ni siquiera admiten que les exijamos que cumplan con su deber.

En la España del presente los padres no se sienten tranquilos cuandos sus hijos juegan libremente en las calles. Tienen que ser vigilados para que no les ocurra como a la niña Mari Luz, asesinada por un pederasta al que la Justicia dejó en libertad sin informar al vecindario de que un asesino nauseabundo andaba suelto.

Los hogares de los españoles permanecían abiertos en tiempos del dictador Franco, pero ahora hay que cerrarlos a cal y canto. Los hogares de la "democracia" son hoy como cárceles donde se encierran y se refugian ciudadanos asustados. Las verdaderas cárceles españolas están repletas y el número de reclusos se ha multiplicado por ocho desde la muerte del dictador. Ahora, después de que la Italia de Berlusconi ha decidido cerrar el país a los delincuentes y canallas, nos tememos que la escoria que rechazan Italia y otros países se instale entre nosotros.

Nuestros políticos son insensibles ante el drama de la inseguridad ciudadana, tal vez porque lo desconocen al sentirse a salvo en sus coches con escolta y en sus residencias vigiladas. Miles de policías son sacados de las calles y obligados a cuidar a los políticos y a sus propiedades. Ellos tienen escoltas personales, viajan en coches blindados, con chofer, y sólo conocen la miseria si algún día ven el telediario. Son una lujosa y superflua "casta" de nuevos amos con muchos inútiles e ineptos en sus filas.

Aunque existen algunas excepciones, los dirigentes políticos españoles, a juzgar por los frutos y resultados de su gestión, merecen ser expulsados de sus puestos de trabajo por quienes les pagamos el sueldo. Cada vez que se enfrentan a un problema, son incapaces de resolverlo y, a veces, con su torpeza, hasta obstaculizan la solución, como está ocurriendo con el caso del pesquero vasco Alakrana, secuestrado por piratas somalíes.

Si trabajaran en una empresa privada, ya habrían sido despedidos de manera procedente, sin gratificación, pero en el Estado han conseguido blindar sus privilegios y han logrado que su ineptitud sea recompensada con subidas salariales, pensiones de lujo, exenciones fiscales y otras distinciones tan inmerecidas como injustas..

Voto en Blanco

La polémica sentencia sobre Cataluña
El término "nación" se cae del Estatuto
Más de 40 artículos sufrirán tachas de inconstitucionalidad o serán reinterpretados - La mayoría conservadora del Constitucional se opone a los "símbolos nacionales"
JULIO M. LÁZARO - MADRID El País 22 Noviembre 2009

El Tribunal Constitucional afronta la recta final de la sentencia del Estatuto de Cataluña entre fuertes divisiones internas y peticiones de dimisión. Mientras, en Cataluña cunde el nerviosismo por las consecuencias que una eventual sentencia adversa pueda tener sobre las elecciones autonómicas del otoño de 2010. La votación prospectiva del pleno del Constitucional del pasado día 12 dejó patente que una mayoría de seis magistrados frente a cuatro sigue encallada en su oposición a los "símbolos nacionales", en tanto que el término "nación" ha quedado en la práctica descartado en el último borrador de la ponencia. Un tercio de los preceptos impugnados por el PP se verá afectado, siempre según las fuentes consultadas.

Las tres sesiones plenarias celebradas esta semana, con nuevas votaciones prospectivas sobre aspectos puntuales del título preliminar, han mantenido las posiciones de todos. No obstante, no ha habido renuncia ni cambio de ponente, por lo que la magistrada encargada de la redacción de la sentencia, Elisa Pérez Vera, ha salido con nuevas instrucciones para la reunión del pleno del próximo jueves.

Tras las deliberaciones de los últimos meses, la opinión generalizada es que el enunciado del término "nación" se caerá del Preámbulo del Estatuto, salvo si hay un cambio excepcional de última hora. De hecho, ni siquiera se debate sobre él en las últimas prospecciones, que se centran en los aspectos más polémicos del Título Preliminar y singularmente, en torno a los derechos nacionales de Cataluña. Las votaciones prospectivas han dejado claro que el magistrado del bloque progresista Manuel Aragón Reyes sigue sin aceptar los principales símbolos identitarios, lo que aboca a buscar nuevas fórmulas que permitan consensuar una mayoría que salve del Estatuto todo lo posible.

Desde el pasado verano hay constancia del encallamiento del Tribunal en dos bloques, que dejan en minoría a cuatro magistrados del sector progresista encabezados por la presidenta María Emilia Casas, junto a la ponente Elisa Pérez Vera, Pascual Sala y Eugeni Gay. Del otro lado, a los conservadores Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez Zapata, Vicente Conde y Ramón Rodríguez Arribas a los que se suman, en una posición intermedia, Manuel Aragón y el vicepresidente Guillermo Jiménez.

Los bloques progresista y conservador, siempre según las fuentes consultadas, tampoco son homogéneos entre ellos y en cada uno se mantienen posiciones más o menos inamovibles. Así que, vista la actual situación, expertos constitucionalistas creen que ahora de debería intentar conformar una nueva relación de fuerzas, desplazando hacia el centro a dos progresistas y a otros dos conservadores y conformando una nueva mayoría de seis a cuatro integrada por tres magistrados de cada bloque: la presidenta María Emilia Casas, que lideraría el acercamiento; la ponente Elisa Pérez Vera y Manuel Aragón de un lado, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde y Ramón Rodríguez Arribas del otro.

Quedarían fuera, en principio, los más proclives a la constitucionalidad el Estatut, el catalán Eugeni Gay y el magistrado Pascual Sala, y del otro, el líder del sector conservador, Javier Delgado Barrio y el ultraconservador más irreductible de todo el tribunal, Jorge Rodríguez Zapata. No obstante, de llegarse a esa situación ideal, se confiaría en atraer finalmente a Sala y Delgado Barrio, apelando a su sentido institucional ya que ambos han sido presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial.

Esa hipotética mayoría sería la encargada de encontrar un mínimo común denominador en torno a los temas identitarios, que pasaría por desprenderse definitivamente del término "nación" tal como consta en el preámbulo, y tendría que aquilatar las cuestiones más polémicas del título preliminar. Podría admitir la bilateralidad del artículo tres pero los mayores problemas para pasar el listón los tendrían los "derechos históricos" del artículo cinco o los símbolos "nacionales" del artículo ocho, en cuanto podrían interpretarse como un "derecho a la nacionalidad" de los catalanes. La obligatoriedad de conocer el catalán por todos los ciudadanos de Cataluña del artículo seis sigue estando muy discutida.

En compensación, el Estatuto mantendría una parte sustancial de las nuevas competencias. Sería un Estatuto de "tercera generación", el más avanzado competencialmente de todos y que sería el modelo a aplicar a los demás.

Con todo, las fuentes consultadas señalan que alrededor de un tercio de los preceptos impugnados en el recurso de inconstitucionalidad del PP sufrirá tachas de inconstitucionalidad en algunos casos, y en su mayor parte habrán de ser interpretados en el sentido que declare la sentencia del Constitucional. Es decir, que alrededor de 40 artículos de los 126 preceptos impugnados por el PP podrían verse afectados. Los conservadores pretenden elevar esa cifra hasta la mitad de las impugnaciones, es decir, hasta unos 55 o 60 preceptos.

El capítulo relativo al Poder Judicial en Cataluña sigue como estaba en agosto. El PP impugnó la regulación del Consejo de Justicia de Cataluña por ser "órgano de gobierno" del Poder Judicial en Cataluña y "órgano desconcentrado" del Consejo General del Poder Judicial y por sus atribuciones. La mayoría entiende que el capítulo de la Justicia debe quedar regulado, con carácter general, en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En cambio, el capítulo de la financiación es el que podría concitar mayores acuerdos, al margen de algunos aspectos que puedan puntualizarse en la sentencia, aunque en las últimas deliberaciones el tema de la financiación apenas se ha mencionado.

Fuentes de los magistrados matizan sin embargo que el debate está "aún abierto" e incluso el término "nación" puede ser "reconsiderado", si bien no dejan de atribuir a Manuel Aragón la responsabilidad de lo que ha pasado por "hacer la guerra por su cuenta". De puertas hacia dentro muchos creen que la votación prospectiva del pasado día 12, impulsada por dos jueces del sector progresista y uno conservador, tuvo por objeto comprobar si Aragón, teóricamente adscrito al bloque progresista, mantendría sus posiciones llegado el momento de votar.

O si, por el contrario, un cambio de última hora decantaría junto al voto de Aragón el del vicepresidente Guillermo Jiménez, que ya en día se adhirió al bloque progresista para sacar adelante el Estatuto de Valencia. Siempre se había especulado con un cambio de última hora, dentro de una estrategia para asegurarse la presidencia tras la renovación del Tribunal. Un cambio que ahora parece difuminarse en el horizonte.

Cataluña no es una 'nación'
El Tribunal Constitucional ultima su decisión sobre el Estatuto de Zapatero-Montilla
 www.lavozlibre.com 22 Noviembre 2009

Madrid.- El Tribunal Constitucional ultima su veredicto sobre la legalidad del Estatuto de Autonomía elaborado por el PSOE y CiU y refrendado sólo por un tercio de la población de Cataluña. La principal conclusión que se apunta en fuentes bien informadas es que el Constitucional establecerá que no hay más nación que España y que Cataluña es una parte integrante de ella. Por lo tanto, esa evidencia histórica, refrendada por los siglos y por las generaciones, quedará en una pirueta estatutaria que ha sido aprovechada, jaleada y subvencionada por la Generalitat y sus numerosas plataformas.

La decisión final que afronta la sentencia del Estatuto de Cataluña, entre fuertes divisiones internas, van acompañadas también por peticiones de dimisión. Mientras, en Cataluña cunde el nerviosismo por las consecuencias que una eventual sentencia contraria pueda tener sobre las elecciones autonómicas del otoño de 2010. La votación prospectiva del pleno del Constitucional del pasado día 12 dejó en evidencia que una mayoría de seis magistrados frente a cuatro se opone a que el Estatuto hable de "símbolos nacionales", en tanto que el término "nación" ha quedado en la práctica descartado en el último borrador de la ponencia. El pleno busca un denominador común en torno a asuntos 'identitarios'.

Después de las reuniones mantenidas por el Tribunal Constitucional en los últimos meses, la conclusión es que el enunciado del término "nación" se caerá del Preámbulo del Estatuto, excepto si hay un cambio de última hora. De hecho, ni siquiera se debate sobre él en las últimas prospecciones, que se centran en los aspectos más polémicos del Título Preliminar y singularmente, en torno a los derechos nacionales de Cataluña. Las votaciones prospectivas han dejado claro que el magistrado del bloque cercano al PSOE Manuel Aragón Reyes sigue sin aceptar los principales símbolos ‘localistas’ presentados en el Estatuto como ‘nacionales’ y que dejan la vía abierta a una confrontación con la definición de España como nación, lo que aboca a buscar nuevas fórmulas que permitan consensuar una mayoría que salve del Estatuto todo lo posible.

Esa hipotética mayoría sería la encargada de encontrar un mínimo común denominador, que pasaría por desprenderse definitivamente del término "nación" tal como consta en el preámbulo, y tendría que aquilatar las cuestiones más polémicas del título preliminar. Podría admitir la bilateralidad del artículo tres pero los mayores problemas para pasar el listón los tendrían los "derechos históricos" del artículo cinco o los símbolos "nacionales" del artículo ocho, en cuanto podrían interpretarse como un "derecho a la nacionalidad" de los catalanes. La obligatoriedad de conocer el catalán por todos los ciudadanos de Cataluña del artículo seis sigue estando muy discutida.

En compensación, el Estatuto mantendría una parte sustancial de las nuevas competencias. Alrededor de un tercio de los preceptos impugnados en el recurso de inconstitucionalidad del PP sufrirá tachas de inconstitucionalidad en algunos casos, y en su mayor parte habrán de ser interpretados en el sentido que declare la sentencia del Constitucional. Es decir, que alrededor de 40 artículos de los 126 preceptos impugnados por el PP podrían verse afectados. Los conservadores pretenden elevar esa cifra hasta la mitad de las impugnaciones, es decir, hasta unos 55 o 60 preceptos.

En cambio, el capítulo de la financiación es el que podría concitar mayores acuerdos, al margen de algunos aspectos que puedan puntualizarse en la sentencia, aunque en las últimas deliberaciones el tema de la financiación apenas se ha mencionado.

ROSA DÍEZ CLAUSURA EL CONGRESO NACIONAL
"UPyD es necesaria si PP y PSOE siguen dominados por nacionalistas"
La líder de UPyD, Rosa Díez, ha afirmado que su "pequeño" partido será necesario mientras el PP y el PSOE no se comporten como fuerzas nacionales "y no sometidas a los nacionalistas", y lo ha hecho tras haber sido proclamada para continuar al frente del partido otros cuatro añosr
EFE Libertad Digital 22 Noviembre 2009

Muy emocionada al principio de su intervención, Rosa Díez, que ha sido reelegida con el 78,2 por ciento de los votos de los afiliados, ha dicho que quizá llegue un día en el que en España no sea necesario un partido "inequívocamente nacional", progresista, que defienda la separación de poderes, y que levante la bandera "de la igualdad" de todos los españoles.

Pero como ese día no ha llegado, ha subrayado, Unión Progreso y Democracia "hace falta" para condicionar la política del Gobierno y que ésta sirva a los intereses de los ciudadanos y no a sus fines partidistas.

La intervención de Rosa Díez, que ha puesto fin al primer Congreso Nacional de UPyD que se ha celebrado durante el fin de semana, ha sido muy dura con toda la gestión del Ejecutivo, pero también con el PP porque, según ha dicho, "nos ha tocado el peor Gobierno posible, pero también la peor oposición posible". La líder defendió la necesidad de este partido en el panorama político español para "romper el empate a cero entre el PP y del PSOE", que, a su juicio, "están sometidos a los nacionalistas en lugar de ser partidos nacionales".

Sobre la ley electoral, a su juicio, "injusta y contraria al derecho constitucional, de elegir y ser elegidos en igualdad de oportunidades", la diputada pidió a los afiliados la "fuerza" para poder hacer realidad este cambio normativo. Asimismo, aseguró que lo que más le "preocupa" es que el se "viole" el derecho de los ciudadanos a la hora de elegir a quienes quieren que les represente.

Críticas al Constitucional

Apeló también a la separación "real" de poderes en España para que sea un país "realmente democrático". En este sentido, manifestó su rechazo a que la propia composición del Tribual Constitucional, que "son elegidos por bandos ideológicos distintos y hablan en nombre de los progresistas y conservadores para vergüenza de los demócratas de este país".

Asimismo, criticó la puesta en marcha de estatutos autonómicos sin "ningún control previo" y antes de que el Alto tribunal se pronuncie sobre los mismos, al tiempo que defendió la unidad y la igualdad democrática y competencial de todas las regiones, al asegurar que "no hay ninguna historia por encima de los derechos del resto de los españoles".

También manifestó la necesidad de que se llegue a un pacto de Estado por la educación, a su juicio, "el instrumento más importante de este país y la mejor herencia a las futuras generaciones", para lo que pidió que el Estado recupere las competencias en materia educativa, que en la actualidad tienen cada una de las comunidades autónomas.

En un ambiente festivo y bajo los aplausos y la ovación de los asistentes, la dirigente de UPyD aprovechó la ocasión para defender la causa saharaui. Para ello enarboló la bandera del Sáhara y denunció que el Ejecutivo "se alíe" con Marruecos, en lugar de "defender una causa justa" como es a su juicio, la del pueblo saharaui. "Se están pisoteando sus derechos", lamentó.

En la misma línea, vertió sus críticas por la relación de "amistad", que, según alertó, tiene el Gobierno español "con la dictadura de Cuba" y anunció que su formación visitará la isla para entablar relaciones con la resistencia, con el objetivo de mostrar sus apoyo a los "demócratas cubanos".

NI ÉL NI CÉSAR VELASCO FORMAN PARTE DE ELLA
Abascal denuncia que el PP de Álava ha dejado fuera de su Ejecutiva "a los afines de San Gil"
Este sábado el Congreso del PP de Álava reeligió a Alfonso Alonso como su presidente. Se configuró además una nueva Ejecutiva en la que no están, entre otros, César Velasco ni Santiago Abascal. Según éste, "se va expulsando a las personas afines a María San Gil".
LIBERTAD DIGITAL 22 Noviembre 2009

La Ejecutiva del PP alavés elegida este sábado quedó constituida por 17 miembros encabezados por Alfonso Alonso. Con él, estarán Javier de Andrés, como secretario general, y Javier Maroto, como vicesecretario y portavoz. Asimismo, se eligieron tres vicesecretarías ocupadas por Ana Salazar (Organización), Ainhoa Domaica (Acción sectorial) y Laura Garrido (Coordinación Institucional). Dejan de formar parte de ella Santiago Abascal, presidente de DENAES, y César Velasco, impulsor, entre otras cosas, de la iniciativa para que los "exiliados" del País Vasco puedan votar en su tierra.

Según ha declarado Santiago Abascal a LD, con esta nueva Ejecutiva "se va expulsando a las personas afines a San Gil". En la Ejecutiva tampoco estarán otros miembros del PP del valle de Ayala. En opinión del presidente de DENAES, lo que ha ocurrido es que "hay líderes que necesitan ejecutivas cómodas" y a partir de ahora dispondrán de una con "personas con esas características" frente a otras que podían "disentir".

Tanto él como Velasco, ha indicado, seguirán en el partido como afiliados de base "con absoluta lealtad" después de permanecer, en su caso, trece años en la Ejecutiva del PP de Álava. Abascal ha insistido, además, en reafirmar su compromiso tanto con el PP como con "la defensa de España" y ha advertido que no serán ellos los que abandonen el partido.

La trama del 'chivatazo' a ETA
Carlos Fonseca. El Confidencial 22 Noviembre 2009

“Tiene que ser un madero. No me entra en la cabeza que me haya advertido por teléfono”. El inspector que desde un piso alquilado en Irún, una ‘base ‘en el argot policial, controlaba la baliza colocada en el coche de Joseba Elosua, propietario del bar El Faisán, no daba crédito a lo que escuchaba, y telefoneó de inmediato a su jefe, que coordinaba desde la comisaría de San Sebastián el dispositivo montado el día anterior para desmantelar una red de extorsión de ETA que operaba a ambos lados de la frontera. “Estamos escuchando cosas muy raras. Elosua dice que un policía le ha avisado de la operación”.

El Faisán era un establecimiento sobradamente conocido por los servicios de información, que lo consideraban una “oficina” del Aparato de Extorsión de la banda terrorista a través del cual se “gestionaba” el cobro del denominado “impuesto revolucionario”. El bar era también una especie de ventanilla a la que acudían intermediarios en busca de asesoramiento para que los amenazados hicieran efectivos los chantajes.

La red de El Faisán dependía directamente del citado Aparato de Extorsión, conocido en clave como Gezi, que, a su vez, estaba a las órdenes del Aparato Militar u Otsagi y del comité de dirección o Zuba. Gezi seleccionaba a los empresarios susceptibles de ser chantajeados y señalaba a los que se negaban a pagar para que los comandos atentaran contra ellos o sus empresas. Entre un paso y el otro se situaba el “trabajo” de la red de El Faisán.

Las primeras pistas
Los primeros datos sobre el papel que jugaba este discreto bar situado en el barrio irundarra de Behovia los había obtenido la Policía en 1993, durante el secuestro del empresario Julio Iglesias Zamora, que permaneció en poder de la banda desde el 6 de julio al 29 de octubre de ese año. Los servicios antiterroristas identificaron entonces a las personas que mediaron en el pago del rescate y que posteriormente intervinieron también en la liberación de Cosme Delclaux, secuestrado entre el 11 de noviembre de 1996 y el 1 de julio de 1997. Varias de esas personas frecuentaban El Faisán.

Los servicios de información vigilaron desde ese momento el establecimiento en el convencimiento de que podía darles pistas para estrangular la principal fuente de financiación de la banda, hasta que tuvieron la certeza de que la investigación había tocado techo y era el momento de “poner el cascabel al gato”. Identificados los miembros de la red en España y Francia, la operación se planificó para llevarla a cabo de manera simultánea a ambos lados de la frontera cuando se produjera el pago de una extorsión.

El juez Fernando Grande-Marlaska y la magistrada francesa Laurence Levert constituyeron un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre policías de ambos países, una iniciativa inédita hasta ese momento, para llevar a cabo la operación. Al frente del equipo policial español estaba el inspector jefe Carlos G., y Pascal Bonet del francés.

Las intervenciones telefónicas a que eran sometidos los sospechosos permitieron conocer que el 3 de mayo de 2006 iba a tener lugar el pago de la extorsión a un empresario en una sidrería de la localidad guipuzcoana de Oyarzun. Joseba Elosua y Ramón Sagarzazu, miembros de la red, iban a recibir el dinero del chantaje de mano de un intermediario que resultó ser Gorka Aguirre, responsable de las relaciones exteriores del PNV y “fontanero” del partido en sus relaciones con la izquierda abertzale. Al día siguiente, 4 de mayo, el miembro de la red en Francia, José María Cau, cruzaría la frontera para recoger el dinero en El Faisán.

Se activa la “Operación Urogallo”
Tras confirmarse la entrega del dinero el equipo policial que investigaba la trama etarra decidió llevar a cabo la operación el 4 de mayo. La “Operación Urogallo”, como se “bautizó” el operativo, preveía que cuando José María Cau hubiese recogido el dinero en El Faisán y se dispusiera a cruzar de nuevo a Francia sería sometido en la frontera a un control aparentemente rutinario, y de confirmarse que llevaba el dinero consigo se procedería a su detención y se activaría el plan en ambos países.

En nuestro país el dispositivo preveía la detención de Gorka Aguirre, lo que sin duda iba a provocar un terremoto en Sabin Etxea, la sede del PNV, no sólo porque se trataba de un dirigente, sino porque el mismo día en que estaba prevista Rodríguez Zapatero iba a recibir en La Moncloa al presidente del partido, Josu Jon Imaz, que iba a trasladarle el apoyo de los peneuvistas al proceso de paz abierto con ETA.

Carlos G. y su jefe, el comisario José C, jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), comunicaron el mismo 3 de mayo la decisión de poner en marcha la operación al máximo responsable policial de la lucha antiterrorista, el comisario general de Información Telesforo Rubio, que les ordenó que pusieran los hechos en conocimiento del juez Grande-Marlaska, con lo que la operación quedó judicializada desde ese momento.

Si Telesforo Rubio consultó la puesta en marcha de la operación con sus inmediatos superiores del Ministerio del Interior (el subdirector general Operativo, comisario Miguel Ángel Fernández-Chico, o del director general de la Policía, Víctor García Hidalgo) antes de judicializarla es una duda por resolver. Lo lógico es que lo hubiera hecho, pero a la vista de lo ocurrido después es muy probable que para cuando los altos cargos del departamento supieron que Gorka Aguirre iba a ser detenido al día siguiente el juez Marlaska ya hubiera emitido la orden detención y de entrada y registro en su domicilio. De otro modo podría haberse pospuesto el dispositivo para evitar que coincidiera con la reunión de Zapatero e Imaz en La Moncloa.

Un error imperdonable
La mañana del 4 de mayo, los policías encargados de llevar a cabo la operación (miembros del ECI y de la comisaría de San Sebastián) observaron con sorpresa como Joseba Elosua abandonaba precipitadamente El Faisán y, a bordo de su coche y acompañado de su yerno, Carmelo Luquin, se dirigía a Francia. Este hecho trastocaba el plan tal y como había sido concebido, ya que lo esperado es que fuese el etarra José María Cau quien viajase a España para hacerse cargo del dinero. La operación tenía que activarse por fuerza en Francia.

Los investigadores desconocían en ese momento que poco antes una persona había entrado por la puerta trasera del local, había abordado a Elosua y le había entregado un teléfono móvil para que otro desconocido le alertara de la operación policial en marcha. Un hecho que habría pasado completamente desapercibido si Elosua no hubiese incurrido en un error imperdonable: contar a su yerno lo que acababa de ocurrirle. Claro, que desconocía que su vehículo estaba “balizado” y la policía escuchaba la conversación.

“Estamos escuchando cosas muy raras. Elosua dice que un policía le ha avisado de la operación”. La sorpresa del policía que escuchaba la baliza siguió la cadena de mando hasta llegar a Carlos G., que ordenó a otro de sus hombres que se desplazara hasta la ‘base’ para asegurarse del contenido de la grabación, la transcribiera y se encargara de su custodia.

Mientras tanto, el dispositivo policial en Francia controlaba el encuentro de Elosua y Luquin con José María Cau en Bayona. La entrega de unos periódicos y unos sobres hizo pensar a los agentes que se trataba del dinero de la extorsión y pidieron a sus homólogos franceses que les acompañaban que procedieran a la detención de los etarras, ante la imposibilidad material de hacerlo ellos. Para su sorpresa, éstos se negaron a intervenir. En definitiva, la operación prevista contra la red de extorsión de ETA, concertada de mutuo acuerdo por los jueces Grande-Marlaska y Levert para pillar in fraganti a los terroristas se frustraba en España debido a un chivatazo y se frustraba también en Francia por la pasividad de la Policía francesa.

Comienza la investigación
Sin embargo, el ‘chivatazo’ no se pondría en conocimiento del juez Grande-Marlaska hasta la mañana del lunes 8 por el jefe de la UCI, José C. que, ante la sorpresa del magistrado, afirmó que los autores de la misma habían podido actuar en virtud de una obediencia debida, lo que inducía a sospechar que la misma había sido protagonizada por policías siguiendo instrucciones de algún responsable político.

Al día siguiente, martes 9, el entonces titular del juzgado central de Instrucción número 5, encargaba oficialmente a Carlos G. y a dos inspectores a sus órdenes la investigación del chivatazo y les ordenaba que no informaran a sus superiores del resultados de sus pesquisas, que se incorporarían a una pieza separada declarada secreta. La confianza del juez en el citado agente se sustentaba en un hecho objetivo, que estaba con él en su despacho cuando se produjo la filtración y juntos intentaron poner en marcha la operación en Francia sin conseguirlo.

Los investigadores elaboraron un primer informe en el que informaban al juez de las personas que conocían los datos que el interlocutor anónimo había trasladado a Elosua y concluían que sólo tres funcionarios estaban al tanto de determinadas informaciones restringidas. El primero estaba en la comisaría de Bayona cuando tuvieron lugar los hechos, otro más en la comisaría de San Sebastián, y el tercero estaba reunido con el delegado del Gobierno en San Sebastián. Obviamente, sus superiores también estaban al tanto de las mismas, lo que ampliaba las sospechas.

El equipo policial reconstruyó entonces los movimientos de Elosua para determinar la hora en que pudo producirse la filtración. Comprobaron que salió de su domicilio entre las 11,04 y las 11,06 horas, que llegó a El Faisán a las 11,08 horas y que la persona que lo abordó lo hizo entre 10 y 15 minutos después de llegar él, entre las 11,20 las 11,25 horas, según declaró el propio Elosua al ser detenido el 20 de junio. Además, la llamada del móvil que le alertó era saliente, porque la persona que entró en el bar llamó en su presencia, y que la conversación fue superior a los cinco minutos.

Tres sospechosos
Los datos recabados de las compañías telefónicas sobre las llamadas registradas en los repetidoras de la zona del bar El Faisán arrojaron un total de 1.932 comunicaciones entre las 11,10 y las 12 horas del 4 de mayo, aunque aplicando los criterios de llamadas salientes, registradas entre las 11,10 y las 11,40 horas y con una duración superior a los cuatro minutos aquéllas se reducían a 63. El siguiente paso de los investigadores fue identificar y tomar declaración a los titulares de los citados teléfonos, descartándose su implicación en los hechos salvo en un caso.

La llamada saliente había sido realizada desde el teléfono particular de un inspector destinado en Vitoria, José María B. al móvil oficial del jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies. Casualmente se trataba de la única que se había producido entre policías y coincidía plenamente con la que se estaba buscando: era saliente, se había producido a las 11,23 horas y tenía una duración superior a los ocho minutos.

Tras ésta llamada, las dos primeras que realizó inmediatamente después el jefe superior estaban dirigidas al director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, que no le respondió porque en ese momento asistía en la sede del Ministerio del Interior a la toma de posesión del nuevo director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida. Cuando concluyó García Hidalgo devolvió la llamada a su subordinado a las 11,53 horas.

Con esta secuencia, los investigadores indagaron también en las llamadas registradas entre los sospechosos la tarde-noche del día anterior al chivatazo, comprobando que cuando el operativo para el día siguiente ya estaba ultimado el director general de la Policía habló durante once minutos con el Comisario General de Información y acto seguido telefoneó al jefe superior del País Vasco, con quien habló durante 28 minutos. Éste, a su vez, comunicó con Víctor García Hidalgo en dos ocasiones y, finalmente, a las 00,06 horas, ya del día 4 de mayo, el jefe superior habló con el inspector de Vitoria.

Conclusiones por confirmar
Con esta secuencia los investigadores concluyeron que la filtración tenía como único objetivo evitar la detención de Gorka Aguirre para no hacerla coincidir con el encuentro entre Rodríguez Zapatero y Josu Jon Imaz, y que la única forma de hacerlo era reventando la operación en España. El inesperado desplazamiento de Elosua a Francia obligó también a frustrarla en el país vecino.

El equipo policial concluyó también que fue el inspector José María B. quien abordó a Elosua en El Faisán y le entregó el teléfono a través del cual Enrique Pamies, jefe superior de Policía del País Vasco, le alertó de la operación policial en marcha por orden o sugerencia de Víctor García Hidalgo, director general de la Policía. Éste fue cesado de su cargo el 8 de septiembre posterior. El inspector José María B. ha ascendido a comisario y actualmente está destinado en Bilbao. Enrique Pamies sigue al frente de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco. Telesforo Rubio, comisario general de Información fue destinado como agregado a la embajada española en Moscú, y Carlos G., el hombre que investigó la ‘filtración’ y acusó a altos cargos de Interior de estar al frente de la misma, desarrolla ahora su trabajo en la Unidad de Asuntos Internos, encargada precisamente de perseguir la corrupción dentro del Cuerpo.

Transcurridos tres años desde que se iniciara la investigación, que durante todo este tiempo se ha mantenido en secreto, el juez Baltasar Garzón, que se hizo cargo de la causa a su regreso de Estados Unidos tras un año de excedencia por estudios, debe decidir ahora si da carpetazo al tema y lo archiva, como le pide el fiscal o, por el contrario, decide proseguir la investigación como le reclaman las acusaciones particulares. Los pasos dados por el magistrado durante esta semana, con la desestimación de la práctica totalidad de las diligencias solicitadas por las acusaciones, apuntan más en la primera dirección.

La corrupción y la sentencia del TC tensan la política catalana
À. G. | BARCELONA ABC 22 Noviembre 2009

La certeza de que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto va a condicionar la política catalana de los próximos años y la marea preelectoral que ya todo lo inunda tensan la agenda en esta comunidad como si fuese un alambre. Mientras centenares de personas se manifestaban ayer en la plaza de Sant Jaume contra la corrupción, los partidos anticipan sus estrategias ante los meses de vértigo que se avecinan.

Así, ayer mismo ERC cebaba la caldera del frente anti TC anunciando que «nadie puede pedir que acatemos la sentencia y aún menos que creamos que es un órgano plenamente legítimo», en palabras del secretario general republicano, Joan Ridao. ERC se alineó con el partido de Joan Saura al reclamar también la dimisión en bloque del pleno del Constitucional.

De manera simultánea, ICV procedió ayer a oficializar el relevo de Joan Saura por Joan Herrera como cabeza de cartel para las elecciones autonómicas.

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Megalitos de Cataluña
M. MARTÍN FERRAND ABC 22 Noviembre 2009

LO peor del tripartito que gobierna en Cataluña reside en su condición megalítica. Está hecho con grandes piedras sin labrar y ello, que le aporta valor arqueológico, le priva de toda elegancia y sutileza. Es tosco y, en ocasiones, resulta impertinente. No por sus maneras centrífugas o su pretensión soberanista, algo respetable y democrático; sino por su conducta y sus formas de manifestar las confusas y contradictorias intenciones que le animan. Un catalán tonante es menos catalán que otro instalado en el seny, la forma distinguida y silenciosa de la indecisión, y el trío de sotas hoy triunfante en el Govern, sin llegar a la rauxa, es alborotador y díscolo. Quizás para que, a falta de ideas y escasez de hechos, se pueda advertir su presencia.

José Montilla, el president, ofrece el mejor perfil del trío. Es, al tiempo, el líder de un subpartido, el PSC, que, para ser algo, disimula la propia razón de su fortaleza, el PSOE. Debe resultar incómodo vivir en esa contradicción. Josep Lluís Carod-Rovira, vicepresidente y todavía representante de ERC, es una figura que, aunque resulte tangible y genere IRPF, parece más literaria que real. Es un Tartarín de Tarascón de un poco más al sur y sus despropósitos sirven de bálsamo hilarante en una España crispada y hosca. Joan Saura, el tercer hombre y consejero de Interior, es el cabeza de fila de una sopa de letras muy catalana, ICV-EUiA. Una izquierda pretendidamente radical, difícil de entender en sus orígenes y totalmente incomprensible por su fines.

A un año de las elecciones autonómica catalanas, Saura viajó a Madrid para, en la exasperante espera de la sentencia del TC sobre el Estatut que animó Zapatero, sugerirle al órgano vigilante de los valores constitucionales que dimita para facilitar su sustitución. De todas las formas de coacción desde el ejecutivo sobre un Tribunal, aunque no sea jurisdiccional, la de Saura es la más impropia y risible. Siempre hay algo de eso en este Buster Keaton que cuando habla no dice nada. No seré yo quien defienda la vocación por la componenda que evidencia el Tribunal que preside, pasada de fecha, María Emilia Casas; pero es tan impresentable el cacareo de Saura, ese hermoso ejemplo de megalito barcelonés, que merece una solicitud de respeto, al menos formal, para el Tribunal Constitucional que, por otra parte, no necesita ayudas para su desprestigio.

08 y 09.- Racismo nacionalista en la literatura galleguista de los siglos XIX y XX.- El siglo XX.- Conclusiones y bibliografía.
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 22 Noviembre 2009

Escrito por Miguel Salas desde Taiwán para la Revista Tonos Digital, de la Universidad de Murcia. 28 de Enero de 2009.

08.-Conclusiones
Como vemos, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX la creencia en la supremacía racial gallega es parte esencial de la obra de los principales autores galleguistas. Si hay quien pretende justificar tal actitud en los pensadores decimonónicos, se hace el silencio en lo que respecta al siglo XX. Es de esperar, pues los estudiosos se debaten entre dos opciones: decir en voz alta que en algunos textos obligatorios en la enseñanza secundaria y universitaria en Galicia defienden y fomentan creencias indudablemente racistas, o dejar pasar un hecho que la mayoría de los padres con hijos en edad escolar o universitaria desconocen y que, por lo tanto, no genera conflictos.

El principal problema de tales creencias supremacistas es que en el ideario nacionalista la superioridad de la raza no implica solamente una diferencia física, sino también moral: Risco une directamente el desarrollo social a la pureza de la sangre, a Castelao y a Vicetto les repugna el hecho de que unos despreciables mestizos vetaran a Galicia en las cortes y Pondal tacha de vagos, rudos y gente del infierno a los españoles.

La creencia en una supremacía racial no es, desde luego, un problema exclusivo del nacionalismo gallego, pero eso no merma ni justifica el hecho de que el canon galleguista sea inmensamente racista. Pasar de puntillas junto a un hecho de tal calibre equivale a permitir que los adolescentes gallegos lean a autores considerados altísimos intelectuales por la oficialidad y que en sus principales obras afirman que la raza aria gallega es superior a las contaminadas sangres mestizas del resto de la península.

Sirva este artículo para señalar un hecho, a mis ojos, grave. Conceptos como el de supremacía racial han de ser desterrados de las aulas. No quiero afirmar con esto que los profesores de lengua y literatura gallega afirmen explícitamente la superioridad de la sangre gallega en sus clases. Sin embargo, los párrafos utilizados en este ensayo provienen de algunas obras principales de los principales autores galleguistas, y no de textos marginales de escritores de segunda fila. Su lectura se fomenta en clase y la positiva valoración que se hace de ellos no es solamente literaria, sino también política. Ante puntos delicados como el del racismo se prefiere el silencio, lo que no impide que los adolescentes lean, por recomendación escolar, textos en los que se hallan afirmaciones como las señaladas en este ensayo.

Como dice Jacques Soustelle, “el nacionalismo de algunos no basta para hacer una nación de todos” (Hobsbawm, 2000, p. 25). Desde las instituciones docentes en las que trabajamos podemos combatir, día a día, conceptos tan errados y sombríos como los que los popes del galleguismo sostienen sobre las razas.

Miguel Salas
Taiwán

09.-Bibliografía
AGUIRRE BAZTÁN A. y MORALES J.F. Identidad cultural y social. Barcelona: Bárdenas, 1999.
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MURGUÍA, M. La primera luz. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2000.
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OTERO PEDRAYO, R. Arredor de sí. Vigo: Galaxia, 1991.

PONDAL, E. Queixume dos pinos e outros poemas. Vigo: Biblioteca da Cultura Galega, 1995.
RENAN, E. ¿Qué es una nación? Cartas a Strauss. Madrid: Alianza, 1987.
RISCO, V. Leria. Vigo: Galaxia, 1961.
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SAVATER, F. El mito nacionalista. Madrid: Alianza, 1996.
SCHÖPFLIN, G. The functions of myth and taxonomy of myths. En: HOSKING G. and SCHÖPFLIN G. Myths and nationhood. New York: Routledge, 1997.
SMITH, A. The ethnic origins of nation. Oxford: Blackwell, 1999.

POLÍTICA | Sentencia contra la ley marco catalana
Montilla reclama al Constitucional una 'mirada generosa' al Estatut
Efe | Barcelona ELMUNDO.es 22 Noviembre 2009

El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha lamentado la "gravedad de la situación a la que nos están abocando el retraso [de la sentencia del Estatut] y las filtraciones interesadas" sobre la misma.

Montilla ha reclamado que la sentencia del Alto Tribunal "no dañe el carácter del Estatut" y ha reclamado que la norma marco catalana se lea "desde la mirada generosa de los que la votamos".

"Una visión restrictiva del carácter abierto e inclusivo de la Constitución española, una visión que barrase el paso a la concepción plural de España sería el peor servicio que se podría hacer a la propia Constitución", ha expresado el president durante el acto de homenaje en Maià de Montcal (Girona) al ex ministro socialista asesinado a manos de ETA Ernest Lluch.

El presidente de la Generalitat ha recordado que no hay que "ignorar la histórica responsabilidad" que tiene el Tribunal delante de la sentencia del Estatut. "No se puede ignorar una realidad irrefutable: por primera vez en 30 años tienen que pronunciarse sobre una ley refrendada por el pueblo de Catalunya y que configura nuestro autogobierno", ha manifestado.

Defendió que los catalanes dijeron claramente cual era el Estatut que querían, "un estatuto aprobado por el Parlamento, negociado con el Congreso y el Senado y acordado por las Cortes Generales, que en votarlo lo consideraban plenamente constitucional", recordó Montilla. "¿Estamos todos equivocados? Estoy seguro que no", sentenció.

En este sentido, ha expresado que lo que fue escrito, acordado y votado "para unir no puede servir hoy para dividir" y defendió que ese es el verdadero espíritu constitucional. "Espero que nadie estropee de forma temeraria e imprudente este espíritu", ha matizado.

Las declaraciones de Montilla llegan después de que él mismo tuviera que desautorizar al conseller de Interior i Relacions Isntitucionals, Joan Saura, después de que éste pidiera la dimisión "en bloque" del Alto Tribunal.

 

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