AGLI

Recortes de Prensa    Lunes 23 Noviembre  2009

 

Estatut
Héroes y villanos
Emilio Campmany Libertad Digital 23 Noviembre 2009

El Gobierno esperaba poder lograr del Tribunal Constitucional una sentencia que, en lo sustancial, avalara la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña. Contaban con que la cosa se resolvería con un seis a seis que la presidenta, María Emilia Casas, podría resolver a favor del Estatuto deshaciendo el empate con su voto de calidad. Cuando se aceptó la recusación de Pablo Pérez Tremps, contaminado por haber ya opinado a solicitud de la Generalidad acerca de la conformidad del Estatuto con la Constitución, el voto de calidad de la presidenta devino inútil, ya que, al ser once los magistrados que podían votarla, no cabía que hubiera ningún empate que deshacer. Ganarían seis a cinco los que estaban en contra de la constitucionalidad del Estatuto.

Para evitar que ocurriera esto, María Emilia Casas metió los papeles en un cajón y se sentó a esperar. Para poder seguir esperando hubo que reformar la Ley del Tribunal y que Casas pudiera seguir siendo su presidenta pasados los tres años que fija la Constitución. Tuvo igualmente que resolverse que esta Ley no era inconstitucional, a pesar de serlo. Para poder hacerlo, hubo que crear una mayoría artificial recusando a dos magistrados conservadores con el pretexto de que ya se habían pronunciado sobre el asunto, ignorando que lo hicieron precisamente porque la propia presidenta les había pedido que lo hicieran.

Finalmente, ocurrió algo. Roberto García-Calvo, uno de los magistrados conservadores contrario a la constitucionalidad del Estatuto, murió. Se supuso que entonces la votación alcanzaría un nuevo empate, esta vez a cinco, y que María Emilia Casas podría deshacerlo con su voto de calidad. Elisa Pérez Vera, progresista, fue encargada de la redacción de la ponencia que salvaría al Estatuto. Pero saltó la sorpresa. La ponencia fue rechazada seis a cuatro porque un magistrado del bloque progresista, un héroe llamado Manuel Aragón Reyes, decidió votar en contra.

Tan asumido tienen políticos, magistrados y periodistas de izquierdas que lo que tienen que hacer los jueces es votar conforme a lo que les ordenan los partidos que los han colocado, que la crónica de El País de este domingo nos cuenta sin rubor que los demás magistrados "no dejan de atribuir a Manuel Aragón la responsabilidad de lo que ha pasado por ‘hacer la guerra por su cuenta’". "Hacer la guerra por su cuenta", es decir, votar lo que uno en conciencia cree ser conforme a Derecho, es precisamente lo que tiene que hacer todo juez. La responsabilidad del retraso padecido corresponde a María Emilia Casas, decidida a no sacar una sentencia hasta que la constitucionalidad del Estatuto no contara con votos suficientes en el pleno. Atribuirla al magistrado que vota obedeciendo a su conciencia y no al partido que lo avaló es la prueba palpable de la extrema degradación que ha alcanzado nuestra democracia.

Naturalmente, El País no es capaz de esperar siquiera un día para emprender una campaña de desprestigio del traidor. Su cronista nos cuenta que la "extraña" conducta del magistrado progresista se debe a que quiere ser presidente del alto tribunal el, me temo que todavía lejano, día que María Emilia Casas deje de serlo y que, como no cuenta con los votos de los de su cuerda, quiere ganarse el de los conservadores alineándose con ellos en lo del Estatuto de Cataluña. Si es cierto, repugna. Si no es más que una campaña de desprestigio, también. Lo peor es que una de las dos cosas tiene que ser verdad.

Estatuto, El País prefiere comodidad nacionalista a legalidad constitucional.
Antonio Javier Vicente GilPeriodista Digital 23 Noviembre 2009

Cuando El País se pone a hacer el caldo gordo a los nacionalistas, lo hace mejor que ellos mismos con su propio olla. Aunque yo no me lo creo, dicen los medios, y El País entre ellos, que el Constitucional va a emitir próximamente la sentencia sobre el estatuto de Cataluña y no les gusta lo que al parecer va a dictaminar, en vista de tal desconsideración para con los nacionalistas catalanes, el cañón gordo del panzer insignia de la división mediática Das Reich (el imperio) lo han enfilado a los miembros del tribunal y les dice lo que tienen que decir y si no dicen lo que deben decir les dice que van a cabrear a los nacionalistas catalanes y que eso está feo y es muy malo porque se van a sentir incómodos.

El editorial de hoy de El País es el que se encarga de leerle la cartilla al Constitucional, se titula “Dilema constitucional” y ya en el subtítulo plasma su aviesa tesis anticonstitucional al decir “El fallo sobre el Estatuto tendrá efectos políticos: puede agravar el 'problema catalán' o encauzarlo”. En ningún lugar del editorial habla de legalidad, de constitucionalidad, de aplicar la Constitución, le importa eso un carajo, parte de un pimiento y toda una higa, estos tíos defienden que si hay que saltarse la Constitución para que no se sientan incómodos los nacionalistas catalanes, pues hay que saltársela y punto.

Primero avanza el resultado que teme y segundo deslegitima al tribunal que osa contradecir lo que estos mandangas y los nacionalistas han establecido. Lo deslegitima alegando que es un órgano político y termina describiendo todos los males que pueden acaecer si la sentencia es contraria al estatuto:

“Con estos precedentes, es obvio que la sentencia del Estatuto, al parecer inminente, tendrá por fuerza efectos políticos. El primero será la radicalización de CiU, que, en pugna con ERC, esgrimirá el varapalo para completar su tránsito del moderantismo al soberanismo. Pero el más profundo será el apuntado ayer por el presidente de la Generalitat, José Montilla: una lectura restrictiva de la Constitución, ajena a su espíritu integrador, debilitaría a la legión de catalanes que quieren sentirse cómodos en una España que reconozca su pluralidad. Agravar el problema catalán o encauzarlo. Ése es el dilema que afronta el Constitucional.”

Estos tocaconstituciones de El País se creen que nos hemos caído todos de un guindo y estamos alelados, a los nacionalistas catalanes les des lo que les des, les aceptes lo que les aceptes, siempre se sentirán incómodos, querrán más y más y si llegase el caso de que se le concediese la independencia, ni siquiera así estarían cómodos, querrían más y más, querrían Valencia, querrían miles de millones de euros al año para pagarles su incomodidad y el problema catalán se agravaría.

Ya que siempre están cabreados con el resto de España, pues que al menos se cabreen por algo con sustancia constitucional. Yo al menos estoy harto de que me vengan desde hace decenios con la cantinela del “o me das eso o me cabreo y además me siento incómodo con España y me hago independentista irredento”, a las pruebas me remito, son insaciables y lo mejor es ponerles a dieta y que su incomodidad al menos sea nuestra comodidad.

A los de El País se les llena la boca de legalidad cuando ellos dicen que toca, y cuando toca que prime la comodidad sobre la legalidad, ya se encargan de argumentarlo porque hoy no toca legalidad.

Zapatero
La Ley de Economía Insoportable
José García Domínguez Libertad Digital 23 Noviembre 2009

Después del almibarado tránsito de Zapatero por el BOE, el derecho inalienable a la gramática tendría que incorporarse a la Declaración Universal de los Derechos Humanos por el procedimiento de urgencia. Amén de ser una reparación de justicia, constituiría el primer paso para la muy necesaria inclusión de la cursilería y el kitsch como delitos tipificados en el Código Penal. No obstante, mientras ese ansiado día llega, habremos de asistir a nuevos crímenes impunes contra la semántica; como ése de llamar "Ley de Economía Sostenible" al último contubernio de Salgado, Méndez y Cía. De hecho, cuando se sancione la norma, todos deberíamos guardar dos minutos de silencio, el primero por el sentido común, el otro por el sentido del ridículo. Y ello, aunque sólo fuera porque, en economía, lo único en verdad insostenible consiste en pretender que las leyes que rigen la producción y el intercambio de mercancías se plieguen a lo que mande el Gobierno de turno en un trozo de papel timbrado.

En fin, si en Lenin el socialismo consistía en la electrificación más los soviets, para Zapatero reside en despreciar el viejo concepto burgués de coste económico más unos cuantos caramelos de fresa retórica. Así, consecuente con la inconsistencia de su mentor, el primer plan quinquenal rosa se fundamentará en seguir apuntalando las energías de cuento de hadas en el imaginario progre vía primas, subsidios, presentes, dádivas, ofrendas y otros dones varios a los proveedores parasitarios de ese humo insostenible. Es decir, las manos muertas del siglo XIX transplantadas al XXI, pero, eso sí, sin el menor riesgo de que asome ningún Mendizábal en el horizonte.

Un demencial festín de Babette con cargo al contribuyente ante el que Zetapé reclama ahora la más estricta omertá al Partido Popular. Es sabido, la del PSOE siempre ha de constituir la única política económica posible, mantra frente al que sólo cabe la adhesión inquebrantable so pena de fulminante excomunión democrática. Incurrirá, pues, en delito de lesa patria quien recuerde que toda esa charlatanería ecológica y renovable es la responsable única de que el coste del kilovatio hora para las familias españolas haya crecido un 23 por ciento desde 2008. Peccata minuta si se tiene en cuenta que esa broma, la de la soportabilidad insoportable, no ha hecho nada más que empezar.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

R10 o el centro posmoderno
IGNACIO CAMACHO ABC 23 Noviembre 2009

N el sólido bipartidismo instalado en España por la Transición el papel de bisagra ha quedado reservado a los nacionalistas; sólo el CDS de Suárez logró en los años ochenta un efímero protagonismo tercerista mermado por la mayoría absoluta de González. Nuestra democracia bascula sobre un duelo goyesco de garrotazos ideológicos que Zapatero ha radicalizado con sus experimentos divisionistas y su empeño por acercarse al inquietante soberanismo catalán como socio preferente. Esta polarización ha comenzado a provocar un cierto cansancio que explica y favorece el surgimiento de la UPyD (pronúnciese «el partido de Rosa Díez») como vía alternativa para los desencantados que se resisten a desentenderse de la política. Un proyecto de inspiración izquierdista y federal que atrae a parte de la derecha por su compacto discurso de énfasis nacional y su arriscado combate contra la distorsión nacionalista: una peculiar reinvención, posmoderna y circunstancial, del añorado centrismo que todos dicen buscar y casi nadie alcanza a localizar en nuestro crispado mapa político.

Apoyado por intelectuales distinguidos, el partido de R10 ha comenzado a crecer en expectativas entre las clases urbanas disconformes con el permanente choque de trenes en que se ha convertido la escena pública. Tras su progresión del último año, la UPyD apunta a un éxito relativo en las municipales y autonómicas de 2011. Puede ser clave en Madrid o Valencia, y en el Sur se está llevando la clientela del autotriturado Partido Andalucista. Su crecimiento inicial se basó en votos de derecha radical desencantados con el liderazgo de Rajoy, pero los sondeos lo señalan ahora como receptáculo preferente del sufragio de izquierdas desencantado del zapaterismo. Sin proyección suficiente para gobernar, se puede permitir un programa de reformas radicales y un ataque bizarro a los vicios del pragmatismo que le generan la simpatía de los escépticos del sistema.

Su mayor problema reside en una estructura personalista que es al mismo tiempo su principal activo. Rosa Díez es su alfa y su omega; un liderazgo unívoco que en el congreso de este fin de semana ha provocado las primeras disidencias y choques con quienes creen en el ideal de un partido abierto y asambleario. Al final se impone de puertas adentro la lógica del sistema y el aparato. De momento es una contradicción soportable; otra cosa será cuando empiece a sumar concejales y diputados.

La eclosión de R10 es una amenaza indiscutible para los grandes, pero el miedo que genera se ha invertido a medida que las encuestas reflejan el descrédito del Gobierno. Ahora son los socialistas quienes más la temen, mientras Rajoy considera que sus fugas de voto ya han tocado techo. Sea como fuere, se trata de un fenómeno interesante, audaz y prometedor que está rompiendo la foto fija de una política anquilosada en el sectarismo.

La manipulación lingüística de Faro de Vigo (1)
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 23 Noviembre 2009

Es justo que llegue a la opinión pública la denuncia por grave manipulación informativa que ha cometido el periódico Faro de Vigo. Su portada del martes 17 se abría con el siguiente titular: «El Supremo rechaza que los padres puedan elegir la lengua en la que estudian sus hijos». En el desarrollo de la noticia, firmada por Paula Pérez, de Santiago, se entrecomillaban frases de la sentencia que se atribuían al Tribunal Supremo, como que considera absurdo permitir la libre elección del idioma, o que en el sistema educativo gallego no existe discriminación por razón de la lengua. Y se hacían comentarios como el siguiente: este fallo judicial echa por tierra la demanda de algunos padres que reivindican la libertad de elección del idioma en los centros. Al día siguiente, ante el revuelo formado, el Faro presumía de haber publicado en exclusiva la sentencia. ¡Qué descaro!

¿Qué hay de verdad en esa noticia?
Un ciudadano de Vigo había presentado un recurso de casación al TS por una sentencia anterior, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que había rechazado, el año 2007, su petición de que su hijo fuera educado en castellano. Y el fallo del Tribunal Supremo ha sido, simplemente, que no admite a trámite ese recurso por defectos técnicos y de forma. El TS no ha entrado en el fondo de la cuestión. Pero en su escrito, como es habitual, reproduce los argumentos del recurrente y la sentencia anterior recurrida. La manipulación de Faro de Vigo ha sido presentar como argumentos del Tribunal Supremo español lo que no es más que la reproducción de la sentencia del TSJ de Galicia de 2007 que, recordemos, era la época en la que el Bipartito nacional-socialista decretaba, contra la voluntad de la mayoría de los gallegos, que todos los alumnos tenían que recibir la enseñanza en gallego. Y todos sospechamos que en ciertas instancias los Jueces son, desgraciadamente, muy dependientes de los políticos que gobiernan, que son los que les eligen.

Faro de Vigo ya se había distinguido, hace meses, por manipular en el mismo sentido una sentencia del Parlamento Europeo sobre las lenguas minoritarias. Los lectores de ese medio, y todos los gallegos, reprobamos su actitud, que merma su prestigio y la confianza que nos merece, y atenta contra nuestra libertad.

María L. Puebla
(Porriño)

El sentido histórico de la involución
Pío Moa Libertad Digital 23 Noviembre 2009

En la situación electoral descrita ocurrió el “atentado de Atocha”, el 11 de marzo de 2004, justo tres días antes de las elecciones. Fue el mayor atentado de la historia de España y de Europa, con 191 muertos y 1.900 heridos y mutilados. Atribuido por todos a la ETA en un primer momento, pronto las sospechas recayeron sobre el terrorismo islámico, de lo cual sacó partido el PSOE para sugerir la culpabilidad de Aznar, por haberse alineado con Bush en Irak: el atentado sería una reacción musulmana implícitamente justificada. Asombrosamente, los socialistas lograron encauzar contra el PP la furia de millones de personas, desviándola de los autores de la matanza, lo que aseguró a Rodríguez una victoria que ya rondaba antes del atentado.

Lo que puede decirse hoy del atentado es que la instrucción judicial fue irregular, y no menos el juicio, que no aclaró el objetivo ni los autores intelectuales. En todo caso, el nuevo gobierno obró como si hubieran sido los islámicos, e inmediatamente retiró de Irak las tropas españolas que defendían a los irakíes de terroristas que causaban allí masacres como la de Madrid, lo que equivale a premiar la masacre.

Son ya demasiado inmediatos los sucesos posteriores para que entren en la historia más que de un modo muy provisional. La política del gobierno de Rodríguez puede describirse como la inversión total de la de Aznar e incluso de la transición. Excepto en economía, que se mantuvo con notable éxito, pero sin corregir distorsiones cada vez más acentuadas hasta desembocar en una crisis, ciertamente internacional pero que en España ha tomado caracteres particularmente agudos: el desempleo escaló cotas incluso superiores a las de los primeros años 80 hasta cuatro millones en 2009.

La política internacional cambió a favor de las dictaduras de izquierda, empezando por la de Castro, y de gobiernos populistas antidemocráticos latinoamericanos, de Rabat, de Irán, del terrorismo que amenaza a Israel, etc., bajo el título de “Alianza de civilizaciones”. En Europa, el PSOE apoyó el proyecto de Constitución europea de Giscard d´Estaing, político francés acusado de corrupción y extrañas connivencias con déspotas africanos, y que había mantenido el santuario etarra en Francia en plena democracia española. El proyecto anulaba el peso político de España conseguido por Aznar en Niza, y fracasó ante la opinión pública europea. Pero la burocracia de Bruselas lo sustituyó por un Tratado de Lisboa, muy parecido, obligando a Irlanda a repetir, bajo fuertes presiones, el referéndum que lo había rechazado. Aznar había vuelto a reclamar Gibraltar, pero Rodríguez concedió aún más ventajas a la colonia y redujo la protección de Ceuta y Melilla.

En el interior, la reforma educativa del PP fue sustituida por un recrudecimiento de la enseñanza populista anterior y la implantación de una instrucción ideológica de tipo socialista llamada “educación para la ciudadanía”. Se instrumentaron medidas de promoción de la homosexualidad, el aborto y concepciones tendentes a socavar aún más la familia (matrimonio homosexual, etc.), con resultado de un mayor impulso a todos los índices de mala salud social ya mencionados. El ataque a la Iglesia tampoco ha conocido tregua, y entre sus métodos están las facilidades a la inmigración musulmana, vista por el gobierno como un instrumento contra el cristianismo, y que llega a menudo con la convicción de que España puede o debe transformarse de nuevo en Al Ándalus.

Quedó de relieve el designio global de la nueva política con la llamada popularmente memoria histórica, imponiendo el gobierno por ley –es decir, totalitariamente—su versión de la historia, según la cual el Frente Popular representaba la república y la democracia. Esa ley establecía indemnizaciones en dinero a las “víctimas” y a sus familiares, lo que sin duda estimulaba recuerdos de sucesos difíciles de documentar. Igualaba, en calidad de víctimas demócratas, a inocentes fusilados en la posguerra con los numerosos chekistas caídos en poder de los nacionales al verse abandonados por sus jefes, así como con los etarras detenidos o muertos bajo el franquismo. Y olvidaba a las muchas víctimas causadas por el terror entre las propias izquierdas. Pero la verdadera trascendencia política de esa ley consistía en anular de raíz el espíritu de la transición y de la reconciliación lograda bajo el franquismo. Como se recordará, la reforma “de la ley a la ley” suponía aceptar la legitimidad del franquismo, traspasada así a la democracia, un hecho paradójico solo en apariencia; y negaba la legitimidad del Frente Popular. La “memoria histórica” pretendía exactamente lo contrario, es decir, volvía al espíritu de la ruptura, con lo cual quedaban deslegitimadas la democracia y la monarquía salidas de la transición, que de este modo quedaban como una etapa provisional y de futuro incierto. Tal orientación satisfacía a la ETA, a los separatistas y a los comunistas, aunque muchos pedían más todavía

No menos caracterizaría al nuevo gobierno su actitud hacia la ETA: del acoso a que la había sometido Aznar volvió a las negociaciones, incrementadas como nunca y presentadas como “proceso de paz” y “diálogo”. Sus concreciones fueron, entre otras, la legalización de las terminales terroristas, a las que afluyó, además, una corriente de dinero público; la reducción a mínimos de la persecución policial y obstrucción a algunos jueces; la consideración de los etarras como víctimas del franquismo, o la proyección internacional otorgada a la ETA en el Parlamento europeo. Estas y otras acciones se completaron con el intento de silenciar, mediante amenazas, a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la cual sufrió campañas de descrédito desde los medios de comunicación próximos al gobierno.

Todo ello volvía a justificar el asesinato como forma incluso privilegiada de hacer política, mucho más que bajo Felipe González. Nunca se habían concedido a la ETA tales ventajas ni hecho promesas tan inauditas, condensadas en un nuevo estatuto de Cataluña, que ampliaba las competencias autonómicas hasta dejar en residual la presencia del estado español, según resumió alegremente el socialista catalán Pasqual Maragall. El estatuto no respondía a ninguna exigencia social, fue aprobado con un corto número de votos populares y era abiertamente anticonstitucional al instaurar una nación catalana (la nación es la base de la soberanía); pero respondía al interés del PSOE: su oferta a la ETA consistía igualmente en rebajar a niveles residuales la unidad nacional de España en el País Vasco y probablemente Navarra. Comenzaba así un proceso disgregador o balcanizante, y el PP denunció el estatuto ante el Tribunal Constitucional, presidido por una juez política próxima al PSOE y al separatismo vasco.

Tal “diálogo” solo puede llamarse, en términos realistas, colaboración con la ETA, y colaboración en un grado que jamás había alcanzado el clero separatista vasco, ni el PNV, ni ningún gobierno francés o argelino. Si fracasó, de momento, se ha debido a que los etarras no se conformaban con tan exorbitantes concesiones y rechazaban incluso el barniz de unidad de España que necesitaba el PSOE para mantenerse en el poder. Pero el proceso, junto con la “memoria histórica”, ha dejado en ruinas el estado de derecho y los avances de la transición. La Constitución ha sido anulada en gran medida por la vía de los hechos consumados y en alianza con el terrorismo y el separatismo. Y ha propiciado nuevos pasos en la “liquidación de Montesquieu” querida por el PSOE, así como ataques a la libertad de expresión para acallar a comunicadores opuestos a tales hechos, vigilancias ilegales, etc.

Estas políticas, que la ex diputada socialista Cristina Alberdi calificó en su día de “estafa” y “alta traición”, dan forma a una verdadera involución antidemocrática, bien visible a los treinta y cinco años de la muerte de Franco. La deriva chocará a un observador imparcial, pero no tanto si conoce el historial del PSOE, que Rodríguez ha reivindicado íntegramente, sin excluir a figuras como Largo Caballero o Negrín. Ese partido comparte con la ETA hasta un 90% de ideología: ambos se declaran socialistas, antiimperialistas, antifranquistas incondicionales (y retrospectivos en el caso del PSOE), progresistas... La ETA es visceralmente antiespañola, y la unidad e historia de España nunca han suscitado fervor en el internacionalista PSOE. Sobre esas bases comunes, el “diálogo” no resulta difícil, como tampoco con las “civilizaciones”. Pesa igualmente en todo ello la personalidad de Rodríguez, clásico profesional de la política con ideas muy sumarias y cierto iluminismo, convencido, además, de ser un salvador de la mujer. Una grave carencia de la izquierda española y el separatismo ha sido su precariedad intelectual. Como quedó indicado, no han producido un solo pensador de alguna enjundia, limitándose a convertir en tópicos fanatizantes sus teorías importadas.

La facilidad con que esta involución destrozó la política de Aznar y el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que corregía defectos graves de la transición, se debe al práctico desvanecimiento de la oposición. En una democracia, la inclinación de los gobiernos a abusar de su poder es frenada por la división de poderes, por la prensa libre y por los partidos de oposición. Hoy, la separación de poderes está muy deteriorada, la prensa crítica acosada y el PP de Rajoy no ejerce como oposición, sino que también ha seguido una política bastante contraria a la de Aznar y siempre detrás de la iniciativa del PSOE. No se opone a la ley de “memoria histórica”, sino que la cumple; tampoco a la degradación del poder judicial, cuyo control quizá espera heredar si llega al poder; sus críticas al “diálogo” con la ETA fueron insignificantes, y a su denuncia del Estatuto catalán le siguió la imitación de él en regiones como Valencia y Baleares, con gobierno PP, y el apoyo a los socialistas para crear un nuevo “hecho nacional” en Andalucía; ha contribuido a hostigar a medios de comunicación independientes, y se ha visto afectado seriamente por la corrupción. La resistencia al involucionismo ha provenido de algunos medios de comunicación, de parte del Episcopado y de asociaciones diversas, y se ha manifestado en varias de las manifestaciones más multitudinarias y pacíficas registradas en España. Hasta que el PP se puso a la cabeza de ellas y las condujo al marasmo.

Rajoy, que intelectualmente se parece mucho a Rodríguez, amplió la renuncia de la UCD a la batalla por las ideas, clave de las averías posteriores del sistema, pues la pretendida legitimidad del Frente Popular e ilegitimidad de Franco ha sido la justificación moral y política tanto del terrorismo como de los separatismos y de la involución. Los lemas orientadores del nuevo PP como “mirar al futuro” o “la economía lo es todo”, rebajan la calidad del debate político a niveles inferiores a los del mismo PSOE. De ahí la falta de frenos a la política rodriguista y un retroceso aún mayor de la democracia, causado en este caso por el nuevo PP.

Vistos los hechos con perspectiva histórica, ofrecen una reveladora continuidad. El PSOE, los separatistas y los terroristas actuaron como verdaderos torpedos contra la Restauración y la II República, y parecen dispuestos a repetir suerte en la actual democracia, con métodos en apariencia menos violentos (solo en apariencia, porque se han apoyado sobre la explotación política de los cientos de asesinatos etarras, y han logrado el control de la violencia del estado). Algo ha cambiado, no obstante: el anarquismo y el republicanismo de antaño se han casi evaporado, y los viejos ideales revolucionarios han acabado de derrumbarse junto con el Muro de Berlín. Si en los primeros cuarenta años del siglo XX el mayor reto para la sociedad española fue el revolucionario de izquierda, siempre acompañado de terrorismo, desde la transición el desafío principal pasó a ser el separatista, también acompañado y hasta sostenido por el terrorismo. Las fuerzas centrífugas existentes en toda sociedad han adquirido mayor fuerza que nunca, alentadas por unos partidos nacionales que han perdido la visión histórica al respecto.

La perspectiva actual para España, su unidad y su democracia, es harto oscura. Aunque seguramente no la más oscura que haya logrado superar en su historia.

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****A la chita callando, la banda de Rajoy está depurando el PP de cuantos podrían oponerse a su política de colaboración con los colaboradores del terrorismo y con los falsificadores de la historia. Lo que revela que los futuristas están organizados y tienen claras las ideas o ideúchas. Y los otros no tienen claridad ni organización, en un partido cuyo funcionamiento interno no es democrático.

****Cataluña, paraíso okupa. ¿Por qué ocurre esto? Porque los políticos, con excepciones, como es natural, son delincuentes. Y porque la gente no se dedica a okupar las casas de los politicastros. Los responsables tienen así doble ventaja.

****Zapo detesta a los empresarios, les hacen culpables de la crisis y en su “educación para la ciudadanía” los pone a caer de un burro. Y es natural: los empresarios crean empleo y él solo crea crea funcionariado inútil y parasitario, que le proporciona una gran bolsa de votos. Lógicamente, la actitud del empresariado le parece un insulto.

Zapatero: entre De Juana y Aminatu Haidar
Carlos Ruiz MiguelPeriodista Digital 23 Noviembre 2009

Rodríguez Zapatero, conocido por su astucia, no es más astuto que la razón. Y es que las mentiras del que presumía de pacifista y feminista han quedado crudamente de manifiesto por una mujer pacífica: Aminatu Haidar. El coro de Rodríguez Zapatero , bien intenta distraer a la opinión pública (Valenciano, López Aguilar), bien mira para otro lado (Pajín), bien se ensaña (Moratinos). Pero no se puede evitar lo inevitable: si Rodríguez no permite que Aminatu vuelva a su tierra y ésta muere, ésta se llevará consigo, sin pegar ni un grito ni un tiro al presidente que presumía de pacifista y feminista. Es la astucia de la razón

Hablaba Hegel de la "astucia de la razón": aunque algunos hombres intenten engañar a otros para torcer el curso de la historia, al final la razón, por vías inesperada pone las cosas en su sitio.

Rodríguez Zapatero ha hecho de la "paz" y del "feminismo" sus banderas. Muchos lo creyeron.
Pero la astucia de la razón es así. Una mujer pacífica ha dejado en evidencia a Rodríguez.

I. ZAPATERO ES CÓMPLICE DE UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDA POR MOHAMED VI
Recordemos los hechos.
1º. Aminatu Haidar es originaria del Sahara Occidental.
2º. El Sahara Occidental es un territorio no autónomo, en su mayor parte ocupado por Marruecos y pendiente de descolonización.
3º. El Sahara Occidental, nunca ha sido parte de Marruecos y la legalidad internacional obliga a que se mantenga un status jurídico diferente del de la potencia que lo administre o lo ocupe.
4º. Aminatu Haidar quiso entrar en su tierra, el Sahara Occidental, tras recibir en los Estados Unidos un premio de reconomiento a su lucha pacífica por los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado.
5º. Marruecos le impidió entrar en su tierra y le quitó el pasaporte de la potencia ocupante, Marruecos, que se le concedió para permitirla salir al extranjero.
6º. Contra su voluntad fue embarcada en un avión con destino a España.
7º. Contra su voluntad el gobierno español le impide ir a su tierra, el Sahara Occidental.

Y recordemos el Derecho.
1º. España y Marruecos han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconoce, en su artículo 12 el derecho a entrar libremente en su propio país. Así, lo he dejado dicho en este blog y así lo han dicho después Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
2º. El Derecho Español, compatible con lo dispuesto en el Pacto Internacional antecitado, permite que un extranjero pueda salir de España aun sin su documentación, pues tal y como ha recordado Amnistía Internacional, así lo establece el artículo 19.3 del Reglamento de Extranjería.

II. EL PSOE QUIERE "ECHAR EL MUERTO" A MARRUECOS, SIN CULPAR A MORATINOS Y A RODRÍGUEZ
La situación es tan escandalosa que el PSOE ha tenido que recurrir al viejo truco del "poli bueno" y el "poli malo".
Primero fue la secretaria de relaciones internacionales del PSOE, Elena Valenciano que dijo el día 20 de noviembre que Marruecos incumplía la legalidad internacional al expulsar y no admitir a Aminatu Haidar en el territorio ocupado del Sahara Occidental. Pero lo hizo de un modo calculadamente informal para restar trascendencia al caso Haidar.

Valenciano podía haber optado por emitir un comunicado, pero eligió hacerlo con menos realce. Llamó a la agencia EFE y le hizo una declaración en la que pide a Marruecos que "acepte la vuelta" de Haidar a su casa.

Elena Valenciano, siempre hábil e inteligente, pedía a Marruecos que cumpliera la ley, pero a sabiendas de lo que hay, prefirió no calificar el comportamiento del gobierno español.

Menos prudente ha sido su compañero de partido, Juan Fernando López Aguilar, cabeza de lista del PSOE en las elecciones al Parlamento Europeo que un día después, como Valenciano, ha dicho que el comportamiento de Marruecos es una "injusticia". Sin embargo, ha ido más allá que ésta y también se ha atrevido a decir que el comportamiento del Gobierno español con Haidar ha sido "correcto".

Otros destacados miembros del PSOE, como la secretaria de organización, Leyre Pajín, no han dicho ni pío. Pajín viajaba a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf para apoyar la causa de la libertad del Sahara Occidental. Pajín es mujer y, me parece que siguiendo el guión debe ser también pacifista: ¿Es que no tiene nada que decir sobre Aminatu Haidar?

Pero es difícil negar dos hechos:
- Aminatu Haidar no quiso ir a España y el gobierno español la ha obligado a entrar aquí contra su voluntad
- Aminatu Haidar quiere irse de España al Sahara Occidental y el gobierno español se lo impide.

Ambos hechos, convierten a España en cómplice de Marruecos en la violación de los derechos de Aminatu Haidar. Luego no se puede condenar a Marruecos y no condenar la conducta del Gobierno Rodríguez y su ministro Moratinos.

Es más, para que no haya dudas, el Ministerio que dirige Moratinos, el día 20 de noviembre emitió un comunicado, absolutamente intolerable en el que intenta volver a jugar a la ambigüedad.
Y así, al mismo tiempo que decía que hay que respetar "el derecho a la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental"
dijo que:

El Gobierno no tiene competencia sobre la decisión de terceros Estados de rechazar la entrada en su territorio

Dicho de otro modo: Moratinos en esa frase dice que el Sahara Occidental es territorio del Estado marroquí.

Pero la ambigüedad se acabó. La huelga de hambre de Aminatu Haidar pone a cada uno en su sitio. No es tiempo de farsa, sino de tragedia.

III. ZAPATERO, DÉBIL ANTE EL HOMBRE VIOLENTO (DE JUANA) E INFLEXIBLE ANTE LA MUJER PACÍFICA (HAIDAR)
Hace poco más de tres años, en octubre de 2006, el sanguinario asesino José Ignacio De Juana Chaos, hizo una huelga de hambre. Zapatero cedió.
Ahora, en noviembre de 2009, una mujer pacífica, Aminatu Haidar, hace una huelga de hambre por la defensa de sus derechos humanos. Zapatero ni la ha llamado por teléfono.
La astucia de la razón.

DIRECTORA DEL INSTITUTO CERVANTES
Carmen Cafarell: "El español es uno de nuestros bienes económicos más preciados"
Carmen Caffarel es una de las mujeres más influyentes de España. Desde su despacho, en la sede del Instituto Cervantes, sigue la evolución del idioma español: una de nuestras mayores fuentes de riqueza y base de nuestra exportación cultural.
Prelum Libertad Digital 23 Noviembre 2009

Dicen que es una moda, pero lo cierto es que los ingleses llevan mucho tiempo dando un significado comercial a su idioma. El español, como el inglés, está siendo actualmente objeto de una renovación conceptual: el idioma como una fuente de riqueza de incalculable valor estratégico y comercial.

Pregunta (P): Según los expertos, el 16% del PIB se debe al uso del español, ¿cómo puede algo tan intangible tener una traslación práctica tan cuantificable?

Respuesta (R): El valor económico de una lengua puede entenderse como un concepto intangible, ciertamente, pero hoy por hoy los expertos en la materia han analizado ese aspecto tan concreto y tan trascendente para las economías nacionales.

El idioma debe entenderse como un bien económico que produce unos réditos cuantificables. En nuestro caso, el español es uno de nuestros bienes económicos más preciados, un activo que presenta una serie de peculiaridades.

En primer lugar, es la “materia prima” sobre la que se desarrolla una actividad comercial sostenida, con un impulso creciente. Me refiero a todo lo relacionado con la enseñanza del idioma, incluidas todas las actividades comerciales relacionadas con el turismo lingüístico.

En segundo lugar, el español es el “soporte básico”, esencial, de un sector económico sólido y en expansión como el que conforman las llamadas “industrias culturales” o “industrias de la lengua”, dedicadas, fundamentalmente, a la comercialización de los productos generados en lengua española, procedentes tanto del ámbito de nuestro país como del conjunto de la comunidad hispanohablante.

El valor económico del español puede cuantificarse, sin lugar a dudas, y el porcentaje del PIB lo atestigua. Así lo indican también los últimos datos aportados por el Ministerio de Cultura y por Turespaña. Los casi 13.400 millones de euros facturados por la industria audiovisual y los 9.400 millones de la industria editorial en español en 2006 hablan por sí solos.

En 2007, las industrias culturales generaron más de medio millón de empleos en España. Y los ingresos económicos generados por el turismo idiomático en nuestro país superaron los 462 millones de euros.

P: ¿Qué influencia ha tenido el Instituto Cervantes con sus políticas de difusión del idioma en esta situación desde su creación en los años noventa, cómo se percibe desde dentro la evolución cultural, económica y política del español?

R: El Instituto Cervantes lleva a cabo una intensa labor de promoción y difusión internacional de nuestra lengua y nuestra cultura. Es evidente que en todos los países, en todas las ciudades, donde se ha abierto una sede del Instituto, la demanda por nuestra lengua y el interés por conocer nuestra cultura ha ido creciendo en estas dos décadas.

Tanto es así que en el Cervantes recibimos numerosas peticiones por parte de los más diversos países para que abramos nuevas sedes o aulas. Afortunadamente, la demanda de cursos de español en todos nuestros centros sigue en ascenso año tras año. Sí, la función determinante del Cervantes en la proyección internacional de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestro país, es un hecho evidente y su protagonismo ha ido creciendo exponencialmente en estos últimos años.

Además, nuestra labor tiene una faceta muy satisfactoria. Quiero decir que el Cervantes siempre es bienvenido y sus actividades siempre cuentan con el reconocimiento de todas las partes, su papel como embajador de nuestra lengua y nuestra cultura en el mundo ha sido reconocido y alabado tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

P: ¿Es el español un valor seguro como oportunidad para hacer frente a la crisis?
R: En momentos de crisis económica, de todos es sabido que una de las mejores inversiones que puede hacerse es en formación profesional. Puede resultar sorprendente pero les voy a dar un dato que habla por sí mismo, recogido incluso por The Financial Times.

El centro del Instituto Cervantes en Londres ha experimentado una subida del 15% en las matrículas de cursos de español desde el pasado otoño: los nuevos alumnos son ejecutivos de la City londinense que disponen de más tiempo por razones directamente relacionadas con la crisis económica y optan por invertirlo en aprender nuestra lengua.

P: ¿Cuánto debe el español al empuje de las empresas que hablan su idioma?
R: Bastante. Esa estimación es la misma que justifica la promoción de una imagen de marca, una imagen de país. El interés por aprender nuestra lengua fuera de nuestras fronteras viene suscitado a veces por la presencia y el éxito de los nuestros productos o nuestras empresas.

Hoy por hoy, algunas de nuestras empresas más punteras en los mercados internacionales (Repsol YPF, Telefónica, Inditex, el Grupo SolMeliá, Endesa, por poner algunos ejemplos) desempeñan un papel notable en la difusión de una imagen de España como país puntero en diversos ámbitos. Nuestras empresas son, junto a las iniciativas institucionales en el exterior, las principales embajadoras de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestros productos, de nuestros valores como país.

Para lograr una promoción eficaz de nuestro país en el exterior, de nuestros productos, de nuestra lengua y de nuestra cultura, todos -instituciones públicas y organismos o empresas privadas- debemos aunar esfuerzos y trabajar en una misma dirección.

P: El valor del español también puede medirse en función del ahorro que permite por facilitar la inserción social y laboral de los hispanohablantes.
R: Sí, es cierto. El español es uno de los vínculos que une a toda la comunidad hispana, y que facilita especialmente la inserción social, laboral y empresarial a uno y otro lado del Atlántico.

Es una herramienta profesional fundamental que integra de manera prodigiosa todo el tejido laboral y empresarial de habla hispana, tanto aquí en España -posibilitando una integración de los trabajadores o de los empresarios procedentes de los países hispanoamericanos-, como en Hispanoamérica, donde se da exactamente el mismo proceso.

P: ¿Cuál ha sido la trascendencia de las políticas que han colocado al español como lengua de estudio obligatorio en países como Brasil o el interés académico que ha levantado en EE. UU.?
R: En el caso de Brasil, la famosa Ley del Español, que regula la obligación de ofrecer la asignatura de español en todas las escuelas de enseñanza media del país, está transformando paulatinamente el panorama educativo brasileño y constituye un proyecto de futuro que, sin duda, ampliará los horizontes profesionales de las generaciones venideras.

Una de las consecuencias más directas para nosotros es la necesidad de profesores de español como lengua extranjera que se da en el país. El Ministerio de Educación brasileño hizo unos primeros cálculos que estimaban en 20.000 el número de profesores que serían necesarios para implantar la asignatura en todo el país.

Sabemos que las autoridades educativas brasileñas han ido aumentando el número de plazas para profesorado de español en el sistema educativo público, pero el ritmo de crecimiento de este colectivo no ha alcanzado aún las cotas esperadas y necesarias para poder hacer frente a los objetivos establecidos por la ley del español.

En Estados Unidos la importancia estratégica del español comienza a tener reflejo en los ámbitos educativos. El español está presente como asignatura en el currículo del 80% de las escuelas de enseñanza básica y en el 90% de las escuelas de secundaria con oferta de idiomas.

En el sector universitario, se decantan por el español dos tercios de los estudiantes que eligen un idioma extranjero. Ha desbancado al francés, al alemán y al italiano. Hoy se calcula que el número de estudiantes de español en Estados Unidos supera los 6 millones con unas expectativas de crecimiento de la demanda en torno al 60%.

P: ¿Cómo hacer para aumentar el turismo idiomático de español y lograr que sea tan potente como el desarrollado por el Reino Unido o Irlanda? ¿América Latina puede actuar como competencia española en el desarrollo del turismo idiomático?
R: Según los datos más recientes publicados por Turespaña, el turismo idiomático en España es un sector en pleno desarrollo, con unas expectativas de crecimiento muy notables. Es un sector concentrado geográficamente en Madrid, Castilla y León y el Levante fundamentalmente y, como tal, presenta aún un espectro territorial nuevo muy propicio para una expansión diversificada de la oferta.

La demanda, por su parte, se concentra en 3 grandes zonas: Europa mayoritariamente, América y Asia. La gran mayoría de los europeos prefieren estudiar en España a hacerlo en países de Hispanoamérica, mientras que los norteamericanos optan por México, Costa Rica, Argentina y Chile (nuestros principales competidores, en este orden) por cuestiones relacionadas con el coste y la proximidad geográfica.

España en el mercado asiático no tiene un posicionamiento diferenciado con respecto a los países hispanoamericanos, con lo cual la oportunidad de promoción de nuestra oferta lingüística podría empezar por enfocarse en este mercado potencial.

La mejora de la promoción de este sector debe orientarse hacia el desarrollo de una oferta de cursos de especialización que complemente la oferta ya existente y que posibilite fidelizar a los visitantes, todo ello acompañado de campañas promocionales eficaces que presenten una oferta especializada acorde a la demanda tan concreta que existe.

Está en nuestras manos el impulso definitivo al sector del turismo lingüístico y es una acción que debe coordinares por parte de todos los actores implicados, tanto administraciones públicas como empresas privadas.

P: ¿Por qué no se han desarrollado sistemas de enseñanza del idioma similares a los desarrollados en el inglés?
R: Imagino que la pregunta cuestiona por qué la industria de la enseñanza del español como lengua extranjera, y por extensión su explotación económica, está mucho menos desarrollada que la del inglés.

La enseñanza del inglés como lengua extranjera es una disciplina que inició sus primeros pasos como actividad profesional en la década de los sesenta, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Por su parte, la enseñanza del español como lengua extranjera inicia su andadura en nuestro país hace tan solo unos 25 años.

Ambas disciplinas han ido desarrollando diferentes enfoques didácticos con el paso de los años, pero es cierto que la enseñanza del inglés es una industria puntera que ha sabido aprovechar muy bien la demanda existente en el mundo entero.

Sin embargo, las diferencias existentes en los sistemas de enseñanza del inglés frente al español no son la clave para una promoción eficaz de una «industria del español», con una actividad comercial centrada en la enseñanza del idioma y el aprovechamiento del turismo idiomático.

Hoy por hoy, la enseñanza de español como lengua extranjera constituye una disciplina académica con un altísimo grado de cualificación, que cuenta con muchos y prestigiosos profesionales y con investigadores que han cosechado un reconocimiento internacional en el ámbito de la enseñanza de lenguas.

Los profesionales de numerosas universidades españolas e hispanoamericanas, así como la labor de los expertos del Instituto Cervantes en didáctica del español como lengua extranjera, aseguran un desarrollo cualificado de esta disciplina y una enseñanza de calidad que integra las últimas corrientes metodológicas y las directrices del Consejo de Europa al respecto.

P: La confluencia de la promoción de otras lenguas en España (catalán, vasco, gallego…) ¿puede suponer un obstáculo?
R: En absoluto. A mi juicio, no existe contradicción entre la promoción del español y la de las otras lenguas cooficiales de España. Por el contrario, contribuye al enriquecimiento mutuo. No por casualidad, ese es un empeño permanente del Instituto Cervantes en el exterior. Es más (y en ello está empeñado el Cervantes), creo que es básico que la difusión de la lengua española se acompañe de un decidido apoyo institucional a las lenguas que, en España, comparten oficialidad con él.

La difusión internacional del catalán, del gallego y del euskera y de las respectivas culturas en esas lenguas es y será siempre un síntoma rotundo de la vitalidad cultural y lingüística de nuestro país y de una diversidad que lo enriquece.

P: El Spanglish: ¿lastre o impulso?
R: Ni lastre ni impulso, para la lengua española el spanglish no supone ningún tipo de amenaza, ya que no puede considerarse seriamente ni una lengua, ni un dialecto, ni tan siquiera un código de comunicación concreto entre hablantes de un idioma.

Lo que hoy se conoce como spanglish es únicamente una prueba de más de la incursión de la lengua española en la realidad diaria de muchos anglohablantes y viceversa, una muestra de la convivencia del español con el inglés en contextos de habla.

En los usos cultos de la lengua, tanto el inglés como el español siguen siendo dos lenguas que conviven sin riesgos ni procesos de asimilación que no se hayan contemplado antes.

P: ¿Cuál es el papel reservado a TVE Internacional y al canal Cervantes TV en las políticas de expansión del idioma?
R: TVE Internacional ha sido y sigue siendo uno de los principales medios de transmisión de nuestra cultura y de nuestra lengua en el exterior, es una de las funciones atribuidas al ente público desde su fundación.

El Instituto Cervantes colabora mano a mano con la corporación RTVE y fruto del último acuerdo es el curso de español por Internet y televisión Hola, ¿qué tal?, un ambicioso proyecto que presentamos en el Instituto a finales del pasado año, y para el que tenemos previsto contar con más de un millón de alumnos.

Por su parte, Cervantes TV es otra de las apuestas más comprometidas del Instituto Cervantes en esta etapa; es un canal de televisión por Internet, dedicado exclusivamente a la difusión de contenidos culturales en español; como tal, puede consultarse desde cualquier lugar del mundo con conexión a la Red y se concibe como una vía de acceso, abierta a todos los usuarios, a contenidos culturales en español y su objetivo es ofrecer una cobertura global para las actividades culturales en lengua española en especial las que genera el Instituto Cervantes en cualquiera de sus centros.

P: Dicen los expertos que los avances próximos deben trasladarse a Internet. ¿Coincide con esta apreciación?
R: Internet es una de las plataformas de difusión del conocimiento con mayor alcance de todos los tiempos. Desde la revolución cultural que supuso la imprenta para el comienzo de la era moderna, ningún otro medio de comunicación y divulgación del conocimiento había transformado tan rápida y poderosamente nuestra realidad y la sociedad en que vivimos.

El Cervantes es la institución cultural que más ha invertido en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación para el cumplimiento de sus fines y objetivos y su Centro Virtual Cervantes, portal pionero en 1998 en la difusión de contenidos culturales en Internet, es el mejor ejemplo de ello.
Hoy por hoy, el Instituto está realizando una apuesta en firme por el desarrollo intensivo y cualitativo de las nuevas tecnologías para multiplicar sus posibilidades de difusión y la eficacia de sus acciones culturales. Su plataforma multimedia y su canal cultural Cervantes TV son dos de los ejemplos más claros de esta apuesta.

Dilema constitucional
El fallo sobre el Estatuto tendrá efectos políticos: puede agravar el 'problema catalán' o encauzarlo
EDITORIAL El País 23 Noviembre 2009

El debate del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, ya en su recta final, se decanta cada vez más nítidamente hacia una sentencia adversa para esta norma. Así lo indica el consenso de los 10 magistrados para excluir del Preámbulo la tácita alusión a Cataluña como "nación" y podar del Título Preliminar las referencias a los "símbolos nacionales" y los "derechos históricos", así como la conformación de una cada vez más sólida mayoría que aprecia tachas de inconstitucionalidad en al menos 40 de los 126 artículos impugnados, hace ya tres años, por el PP. El curso que han tomado las deliberaciones permite presagiar que la vieja aspiración de que el alto tribunal dictase una sentencia salomónica, sin vencedores ni vencidos, ha quedado definitivamente arrumbada. Si los aspectos identitarios del texto -por emocionales, menos objetivables que los de orden com-petencial- no superan el cedazo constitucional, la letra pequeña de la sentencia pasará inadvertida para muchos. La mayoría de los catalanes acogerá el fallo como una derrota de Cataluña; y el PP, como una victoria en toda regla.

Sólo desde una falsa ingenuidad se puede pretender que el Constitucional es un órgano jurisdiccional inmune a la política. Primero, porque sus integrantes son designados por los dos grandes partidos, que articulan las mayorías parlamentarias precisas para los nombramientos preservando sus respectivas cuotas. Segundo, porque le corresponde arbitrar entre los poderes públicos, incluidos los principales grupos parlamentarios. Y tercero, porque la jurisdicción ordinaria se limita a aplicar las leyes, mientras que la misión del Constitucional, como sumo intérprete de la Ley Fundamental, es velar por que el legislador la respete en su letra y en su espíritu. Si política es su función, políticos son también los efectos de sus sentencias. Y mucho de lo que las rodea.

A la campaña del PP contra el Estatuto, cuñas radiofónicas y recogida de firmas incluidas, le siguió, una vez interpuesto el recurso, una guerra de recusaciones que dejó en la cuneta a un juez del bloque progresista en teoría proclive a la constitucionalidad del texto. Tampoco es ajeno a la política el hecho de que PSOE y PP no hayan sustituido a los cuatro magistrados cuyo mandato expiró en 2007, ni al fallecido Roberto García-Calvo.

Con estos precedentes, es obvio que la sentencia del Estatuto, al parecer inminente, tendrá por fuerza efectos políticos. El primero será la radicalización de CiU, que, en pugna con ERC, esgrimirá el varapalo para completar su tránsito del moderantismo al soberanismo. Pero el más profundo será el apuntado ayer por el presidente de la Generalitat, José Montilla: una lectura restrictiva de la Constitución, ajena a su espíritu integrador, debilitaría a la legión de catalanes que quieren sentirse cómodos en una España que reconozca su pluralidad. Agravar el problema catalán o encauzarlo. Ése es el dilema que afronta el Constitucional.

Editor ocupado
Nota del Editor 23
Noviembre 2009

Este editorial de El País (en realidad de lo que queda tanto de el país como de El País), es pura bazofia. Como ando muy ocupado, espero que otros editorialistas más capaces le den el varapalo que se merece. Gracias por su atención.

Cataluña no es una 'nación'
El Tribunal Constitucional ultima su decisión sobre el Estatuto de Zapatero-Montilla

www.lavozlibre.com 23 Noviembre 2009

Madrid.- El Tribunal Constitucional ultima su veredicto sobre la legalidad del Estatuto de Autonomía elaborado por el PSOE y CiU y refrendado sólo por un tercio de la población de Cataluña. La principal conclusión que se apunta en fuentes bien informadas es que el Constitucional establecerá que no hay más nación que España y que Cataluña es una parte integrante de ella. Por lo tanto, esa evidencia histórica, refrendada por los siglos y por las generaciones, quedará en una pirueta estatutaria que ha sido aprovechada, jaleada y subvencionada por la Generalitat y sus numerosas plataformas.

La decisión final que afronta la sentencia del Estatuto de Cataluña, entre fuertes divisiones internas, van acompañadas también por peticiones de dimisión. Mientras, en Cataluña cunde el nerviosismo por las consecuencias que una eventual sentencia contraria pueda tener sobre las elecciones autonómicas del otoño de 2010. La votación prospectiva del pleno del Constitucional del pasado día 12 dejó en evidencia que una mayoría de seis magistrados frente a cuatro se opone a que el Estatuto hable de "símbolos nacionales", en tanto que el término "nación" ha quedado en la práctica descartado en el último borrador de la ponencia. El pleno busca un denominador común en torno a asuntos 'identitarios'.

Después de las reuniones mantenidas por el Tribunal Constitucional en los últimos meses, la conclusión es que el enunciado del término "nación" se caerá del Preámbulo del Estatuto, excepto si hay un cambio de última hora. De hecho, ni siquiera se debate sobre él en las últimas prospecciones, que se centran en los aspectos más polémicos del Título Preliminar y singularmente, en torno a los derechos nacionales de Cataluña. Las votaciones prospectivas han dejado claro que el magistrado del bloque cercano al PSOE Manuel Aragón Reyes sigue sin aceptar los principales símbolos ‘localistas’ presentados en el Estatuto como ‘nacionales’ y que dejan la vía abierta a una confrontación con la definición de España como nación, lo que aboca a buscar nuevas fórmulas que permitan consensuar una mayoría que salve del Estatuto todo lo posible.

Esa hipotética mayoría sería la encargada de encontrar un mínimo común denominador, que pasaría por desprenderse definitivamente del término "nación" tal como consta en el preámbulo, y tendría que aquilatar las cuestiones más polémicas del título preliminar. Podría admitir la bilateralidad del artículo tres pero los mayores problemas para pasar el listón los tendrían los "derechos históricos" del artículo cinco o los símbolos "nacionales" del artículo ocho, en cuanto podrían interpretarse como un "derecho a la nacionalidad" de los catalanes. La obligatoriedad de conocer el catalán por todos los ciudadanos de Cataluña del artículo seis sigue estando muy discutida.

En compensación, el Estatuto mantendría una parte sustancial de las nuevas competencias. Alrededor de un tercio de los preceptos impugnados en el recurso de inconstitucionalidad del PP sufrirá tachas de inconstitucionalidad en algunos casos, y en su mayor parte habrán de ser interpretados en el sentido que declare la sentencia del Constitucional. Es decir, que alrededor de 40 artículos de los 126 preceptos impugnados por el PP podrían verse afectados. Los conservadores pretenden elevar esa cifra hasta la mitad de las impugnaciones, es decir, hasta unos 55 o 60 preceptos.

En cambio, el capítulo de la financiación es el que podría concitar mayores acuerdos, al margen de algunos aspectos que puedan puntualizarse en la sentencia, aunque en las últimas deliberaciones el tema de la financiación apenas se ha mencionado.

Lérida se suma a Barcelona y erradica el castellano de la Administración
La Diputación Provincial aprueba su primer Reglamento de Usos Lingüísticos
www.lavozlibre.com  23 Noviembre 2009

Lérida.- La Diputación Provincial de Lérida aprobó el viernes su primer Reglamento de Usos Lingüísticos, que impone la obligatoriedad de usar el catalán en todas las actuaciones internas y externas. Asimismo, determina que la lengua que se utilizará en el Valle de Arán será el aranés.

“Tenemos que garantizar los derechos a usar y atender en la lengua propia del país y es nuestra obligación buscar las medidas necesarias para potenciarla”, explicó Jaume Gilabert, presidente de la Diputación de Lérida, tras poner como ejemplo el reglamento lingüístico que actualmente está tramitando el Ayuntamiento de Barcelona. Asimismo, Gilabert ha negado cualquier discriminación alegando que los ciudadanos podrán dirigirse a la administración en castellano.

El único partido político que ha mostrado su oposición ha sido el PP. “Están haciendo una clara apuesta por el monolingüismo y quieren erradicar el castellano bajo el pretexto de potenciar el catalán”, denunció María José Horcajada, diputada 'popular'.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

La sentencia del TC; hecha antes de aprobarse el Estatuto de Cataluña
La dificultades del TC para emitir una sentencia no son jurídicas, sino políticas. Porque la jurisprudencia del Constitucional hace años que dictó sentencia.
Santiago Abascal Semanal Digital 23 Noviembre 2009

El sábado la Fundación DENAES celebró un gran acto sobre la inexistente sentencia del Tribunal Constitucional en relación al estatuto catalán con el título "España después de la Sentencia del TC". Juristas, catedráticos y políticos del PP y UPyD abordaron la grave situación abierta desde que el Estatuto de Cataluña fuera aprobado, acrecentada con la omisión del deber del TC–durante tres años- de dictar sentencia en un tiempo razonable. Muchas y muy buenas fueron las intervenciones de Pérez de Armiñán, Sosa Wagner, Vidal Quadras, Ignacio Astarloa, Muñoz Merino, Juan Pablo González y Tomás Ramón Fernández.

Pero quiero destacar la intervención de este último, prestigioso Catedrático de Derecho Administrativo, que aportó un enfoque realmente nuevo. Mucho se ha debatido sobre el Estatuto, el TC y la sentencia que éste se resiste a parir. Muchas han sido las presiones sobre el TC de los de un lado; y la indulgencia pastueña sobre el mismo tribunal por parte de los del otro lado. Pero a nadie había escuchado poner el dedo en la llaga de la manera en que lo hizo Tomás Ramón Fernández.

"Está sentencia está hecha. El TC solo tiene que cortar y pegar sus sentencias anteriores", para tumbar un Estatuto que "es inconstitucional de la cruz a la raya". Tal es la tesis de T.R. Fernández. ¿La constitucionalidad de la pretensión lingüística del Estatuto? Cópiense las tres sentencias emitidas por el TC sobre la inmersión lingüística en Galicia, País Vasco y Cataluña. ¿ La cuestión competencial? Cópiese la vieja sentencia de la LOAPA. ¿La tabla de derechos? Cópiese la reciente sentencia sobre el estatuto valenciano. Y así podríamos seguir.

¿Y qué va a pasar si el TC tumba el Estatut dichoso? Se preguntó reiteradamente el catedrático? Nada. Se contestó a sí mismo con igual reiteración y énfasis Lo mismo que pasó con la ilegalización de Batasuna, que iba a arder el País Vasco, y no pasó nada.

Así que, al menos, podemos manifestar un acuerdo con Joan Saura, que ha pedido la dimisión del TC. Efectivamente, que dimitan, y que se guarden la sentencia, porque ya está hecha. Solo han de cortar, y pegar. Como los niños. Y el problema jurídico estará solventado.

Pendiente quedará el problema político que no podemos pretender que resuelvan los magistrados del TC, y que solo se encauzará con una drástica reforma constitucional. Pero eso para otro día.

Por ahora, concluyo lanzando un hurra por Manuel Aragón, magistrado de tendencia liberal progresista, detrás de cuyo patriotismo, parece ser, encontramos la razón de que no se haya perpetrado aun una sentencia nefasta. Claro, para un liberal progresista español, en el sentido de las Cortes de Cádiz, es difícil responsabilizarse de la voladura de la soberanía nacional.

Y ahora, el Estatut

JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 23 Noviembre 2009

LA política española, interior y exterior, se ha convertido en una carrera desesperada para arreglar hoy los disparates de ayer. Ayer me preguntaba de qué se quejaba Moratinos, si las humillaciones que estamos sufriendo en torno a Gibraltar fueron propiciadas por él al «aparcar los temas de soberanía» y dar voz, voto y veto a los gibraltareños en un pleito que tanto el Tratado de Utrecht como la ONU adjudican sólo a España e Inglaterra. Y hoy me pregunto qué va a pasar si, como se rumorea, el Tribunal Constitucional recorta buena parte del nuevo Estatut, empezando por el término «nación» para Cataluña

Pues no va a pasar nada. Mejor dicho, va a armarse una enorme algarabía, una especie de danza guerrera de los nacionalistas, con Montilla abandonando su habitual inanidad para advertir que «esto podría poner en peligro la propia Constitución». Cuando lo único que la pone en peligro es el nuevo Estatut. Pero, aparte de esto, ¿qué pueden hacer? ¿Romper sus relaciones con el Gobierno español, y quedarse sin el dinero que reciben de él? ¿Cerrar sus fronteras con España, y dejar de vender allí sus productos? ¿Apelar a Europa, a la ONU, que buenas están ellas para estos pleitos? Más, cuando Montilla tiene que andarse con cuidado, pues la mayoría del PSC está formado por socialistas que se sienten catalanes, pero se sienten también españoles, aparte del pequeño grupo que, como él, se han encumbrado plegándose a los dogmas nacionalistas. Junto a algo importante: esta nueva «ofensa» a Cataluña, les vendrá muy bien a todos ellos para que se olvide la corrupción en que están metidos. O sea, que mucho ruido y pocas nueces.

Aunque, por otra parte, ¿qué va a pasar con todas las disposiciones del Estatut que ya han entrado en vigor? ¿Va a retirarlas la Generalitat? ¡Ni se piense! ¿Va a hacerlas retirar a la fuerza el Gobierno central? Menos todavía. O sea que tendremos otra comunidad española actuando abiertamente contra la Constitución. ¿No ocurrió en el País Vasco durante el largo mandato del PNV, y sigue ocurriendo en muchos de aquellos ayuntamientos? Pues lo mismo, mientras los partidos catalanes se enzarzan en una pelea sobre quién es más antiespañol cara a las próximas elecciones autonómicas.

Este es el resultado de haber empezado diciendo «Os daré lo que me pidáis» y terminado con «Las decisiones del Tribunal Constitucional hay que acatarlas» de Zapatero, un hombre que desbarra en cuanto toca, sea ETA, sea la economía, sea la piratería. Sin embargo, media España sigue apoyándole, una muestra de que las vísceras siguen imponiéndose al cerebro entre nosotros. Y déjenme decirles otra cosa: a la hora de la verdad, es decir, a la de permitirle o no seguir gobernando, también le apoyarán esos nacionalistas que hoy le ponen verde. Y la apoyarán por saber que sacarán de él más que de ningún otro. Como ya vienen haciendo.

PP y mayoría absoluta
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 23 Noviembre 2009

Ados años de distancia todo parece indicar que el PSOE camina hacia la derrota electoral. Desde el punto de vista de las expectativas, los socialistas calculan que la recuperación económica se producirá a partir del año que viene y que en esa nueva situación podrá funcionar la personalidad taumatúrgica de Zapatero. Son hipótesis no imposibles a las que se aferra obviamente el optimismo colectivo del PSOE.

La realidad, sin embargo, es la que reflejan hoy por hoy las encuestas, esto es, un descenso constante del voto socialista a favor de las pequeñas formaciones y, en menor medida, del PP. A partir de estas certidumbres es hora de hablar ,ya, de las condiciones en las que podrá darse un gobierno popular en 2012. Mi tesis es que el PP debe hacer política en función de una mayoría absoluta.

A pesar de la mala fama que tienen las mayorías absolutas, sería obligada una victoria del PP que le permitiera gobernar solo. Por dos razones. En primer lugar, porque no podría contar con los apoyos parlamentarios suficientes. En segundo lugar, porque el gran «marrón» que va a recibir como herencia le obligarán a gobernar de un modo muy coherente. En efecto, deberá enfrentarse con un Estado en vías de confederación, la sustitución del modelo económico con el que España ha funcionado hasta la crisis, el fracaso del sistema educativo. la aceptación de la inmoralidad como sangre del sistema...

Después de las tensiones, que previsiblemente va a provocar la sentencia del TC sobre el Estatut , será muy difícil que CiU pueda y quiera ser el apoyo parlamentario o gubernamental del PP. La negación de los derechos históricos y la reivindicación de la lengua común impedirán una solución semejante. Y si no es CiU ¿qué otras formaciones podrían apoyar un gobierno del PP al que le faltaran media docena de diputados para la mayoría absoluta?

Cataluña: la crisis que viene
José Oneto Estrella Dikgital 23 Noviembre 2009

El Gobierno, el tripartito que gobierna desde la Generalitat, y Convergència i Unió han recibido con preocupación, y no contenido malestar, la información hecha pública por el periódico El País sobre el nuevo "bloqueo" en que se encuentra la sentencia del Tribunal Constitucional, después de tres años de que fuesen presentados los distintos recursos y la oposición de la mayoría de los magistrados a la aceptación del término "Nación" ni siquiera en el Preámbulo, que según unos impregna todo el contenido del Estatuto y, según otros, no tiene valor jurídico.

Después de tres años de debates e intentos de pactos, no sólo se ha alcanzado el necesario "consenso" entre magistrados "conservadores" y "progresistas", sino que ha cambiado, además de la composición del Tribunal (por la muerte de uno de los magistrados, Roberto García Calvo, y por la reacusación de otro, Pérez Tremp), la posición adoptada por el magistrado Manuel Aragón, propuesto por los socialistas, que se ha pasado al sector conservador en todo lo que se refiere a la constitucionalidad del término "Nación", a los derechos nacionales de Cataluña, a sus principales signos identitarios e, incluso, según otras fuentes, a la bilateralidad entre Cataluña y España, una de las cuestiones más discutidas por otras Autonomías.

Fuentes jurídicas que en su momento tuvieron responsabilidades en el Constitucional aseguran que, tal como está la relación de fuerzas, el Estatuto, que para muchos es una Constitución, puede verse afectado en una tercera parte en los más de 120 artículos impugnados por el Partido Popular, y eso sin contar con los recursos presentados por el Defensor del Pueblo y las Comunidades de Aragón, La Rioja, Murcia, Baleares y la Comunidad Valenciana...

Las reacciones a la filtración de la noticia sobre lo que supone que el Estatuto quede todavía mucho más "limpio que una patena", como se comprometió Alfonso Guerra cuando comenzaron los debates en la Comisión Constitucional a la propuesta que llegaba al Congreso de los Diputados procedente del Parlamento de Cataluña, que posteriormente fue aprobado por el Pleno del Congreso y ratificado en referéndum con una escasísima participación y por un escaso margen, no se han hecho esperar.

El presidente de la Generalitat, en un homenaje a Ernest Lluch y basándose en criterios de dos de los padres de la Constitución (Miquel Roca y Rodríguez de Miñón), ha advertido al Constitucional de la importante responsabilidad que tiene en su manos, en lo que es la sentencia más importante en estos treinta años de democracia.

"Tenemos una Constitución -les ha dicho Montilla a loa magistrados- que quiere proteger a los pueblos de España y no tiene que servir de pretexto para recortar el autogobierno acordado entre dos Cámaras legislativas y refrendado por el pueblo. Quiero recordar, por tanto, a aquellos que tienen la alta responsabilidad de velar por la constitucionalidad de nuestras leyes, que la interpretación de la Constitución no tiene que dañar en ningún caso el carácter abierto e inclusivo del texto constitucional."

La Constitución, que "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones", tiene que ser leída desde la mirada generosa de los que la votamos, al servicio de un pacto político y de un proyecto compartido... Lo que ayer fue escrito, acordado y votado para unir no puede servir hoy para dividir. Éste es el verdadero espíritu constitucional. Espero que nadie dañe de forma temeraria e imprudente este espíritu".

Más radical se mostró, sin embargo, su socio de gobierno el secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Ridao, que junto al otro socio que gobierna la Generalitat, Iniciativa-Verds, ha puesto en duda la legitimidad del Constitucional asegurando que está "instrumentalizado y politizado". Saura incluso ha pedido la dimisión en bloque de todos sus miembros.

Es decir, que la sentencia del Constitucional no sólo puede provocar una auténtica crisis política nacional, sino la posible ruptura del tripartito a menos de un año de las elecciones autonómicas catalanes.
 

El Supremo niega que exista discriminación lingüística en el sistema educativo gallego
Galicia Bilingüe manifiesta que la sentencia no supone traba alguna para los compromisos asumidos por Feijóo
www.lavozlibre.com 23 Noviembre 2009

Vigo.- El Tribunal Supremo emitió un fallo judicial por el cual dictamina que no existe “discriminación alguna” por razón de lengua en el sistema educativo gallego y que sólo se infringiría la Constitución si un sistema de enseñanza “hiciera inviable la obligación de conocer el castellano que el artículo 3 de la Constitución Española recoge”. Esta es la respuesta del Supremo al recurso de casación interpuesto por un padre vigués en el que éste reclamaba su “legítimo derecho” a que su hijo recibiera educación íntegramente en castellano. Por su parte, Galicia Bilingüe afirma que la sentencia del Supremo no impide que no sea posible reconocer el derecho a estudiar en castellano.

La sentencia emitida por el Supremo recuerda que además de la Constitución también deben respetarse los Estatutos de Autonomía y añade que actualmente es la Xunta la que tiene las competencias en educación. "La circunstancia de coexistir dos lenguas en la comunidad autónoma no sólo autoriza, sino que exige, como hemos visto, su conjunto tratamiento y exigencia de la gallega en los niveles de estudios no universitarios", explica el Supremo.

“La discriminación se produciría precisamente en el caso de que la Administración autorizase lo pretendido por el recurrente, en el sentido de permitir que, a criterio del peticionario, se pudiera cursar un determinado tipo de estudio con olvido o marginación de una de las lenguas concurrentes", afirma el magistrado Enrique Cáncer Lalanne, responsable del fallo judicial.

El padre considera que el Supremo ha aplicado incorrectamente el artículo 27.1 de la Constitución, el cual contempla la libertad de enseñanza, mientras que su abogado se queja de la indefensión de su cliente por “vulnerarse los más elementales preceptos consagrados en nuestra Carta Magna y en la Norma Internacional”. El propio abogado del demandante utiliza como argumento el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual dice que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Sin embargo, el Supremo responde que “tal precepto no autoriza el diseño del currículo educativo de los hijos a conveniencia de los padres”.

El abogado explica que la Consejería de Educación, entonces dirigida por la socialista Laura Sánchez Piñón, denegó la solicitud del padre “sin argumentar punto alguno” y que tampoco indicó en ningún momento en qué colegio podría cursar el hijo del afectado sus estudios únicamente en lengua española. “La legislación establece el uso del gallego como un derecho, no como una obligación”, concluye el abogado.

Galicia Bilingüe replica que la resolución del Tribunal Supremo “se limita a rechazar que la libre elección de lengua en la enseñanza figure como un derecho fundamental o que se derive directamente de la Constitución, pero no impide que se pueda reconocer legalmente”.

“La sentencia deja en manos de las comunidades autónomas el permitir a los progenitores o a los alumnos optar por gallego o castellano como idiomas vehiculares en los colegios”, explican fuentes de Galicia Bilingüe.

“Este fallo del Supremo se limita a ratificar la constitucionalidad tanto del modelo de libre elección de lengua que se viene aplicando en el País Vasco o Navarra, como la opción en la que es la Administración la que establece el reparto entre los idiomas como vehiculares”, añaden, tras lo cual manifiestan que aunque no figure en la Constitución sería posible reconocer el derecho a estudiar en castellano. “Esta sentencia no supone traba alguna para el cumplimiento de los compromisos asumidos por Núñez Feijóo”.

Galicia Bilingüe manifiesta que el mismo Tribunal Supremo ya dictaminó en diciembre del 2008 que la Generalitat de Cataluña debía incluir en los sobres de matrícula una casilla para garantizar el derecho de los padres catalanes a elegir la lengua en que sus hijos recibirían la primera enseñanza, si catalán o español.


El presidente catalán arremete contra el TC ante la sentencia del «Estatut»
José Montilla avisa de que un fallo negativo amenazaría a la propia Constitución española
À. G. | BARCELONA ABC 23 Noviembre 2009

Hay quien lo expresa con palabras gruesas, sin sutilezas. Hay quien, por contra, prefiere el meandro y la media voz. Los primeros y los segundos, con todo, vienen a decir lo mismo, y normalmente entre los últimos está el presidente de la Generalitat, José Montilla. Ayer, sin embargo, se posicionó de manera inequívoca en la trinchera que desde Cataluña se está cavando frente a lo que se intuye ya como una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) cercenadora sobre el «Estatut».

Con toda la solemnidad posible, con la «senyera» plantada a sus espaldas, el presidente apeló al «sentido de Estado» y a la «responsabilidad histórica» de los magistrados del TC de las consecuencias que una sentencia en negativo podría tener no sólo para Cataluña sino para el «verdadero espíritu constitucional». Más que en ninguna otra ocasión en los últimos meses, Montilla focalizó toda la presión sobre un tribunal que se espera que emita su fallo en breve.

«El verdadero espíritu»
El posicionamiento de Montilla, que sigue atrapado entre su lealtad al PSOE y su posición como presidente de una Generalitat que se sustenta con los votos de ICV y ERC, llegó el mismo día en el que se adelantaba que el fallo del TC se llevará por delante el concepto «nación» del preámbulo, por así decirlo, la principal línea roja del texto. Según informaba «El País», este concepto ya no está ni en discusión; ahora, el principal punto de fricción entre los miembros del TC está en el capítulo de símbolos y de «derechos históricos». En este contexto, Montilla aseguró que «lo que ayer fue escrito, acordado y votado para unir no puede servir hoy para dividir, éste es el verdadero espíritu constitucional». En esta línea, se mostró esperanzado en la idea de que «nadie dañe de forma temeraria e imprudente este espíritu».

El primer secretario del PSC, que participó en la ofrenda floral en la tumba de Ernest Lluch, en Maià de Montcal (Gerona), con motivo del noveno aniversario de su asesinato a manos de ETA, reclamó a quienes «tienen la alta responsabilidad de velar por la constitucionalidad de nuestras leyes» que «la interpretación de la Constitución no debe dañar en ningún caso el carácter abierto e inclusivo» del texto. «Quien pretenda reducir la presente situación en una nueva fase del denominado «problema catalán», se equivoca; este no es un problema exclusivamente nuestro, según cómo, ni principalmente nuestro, sino una cuestión que atañe, en primer lugar, a todas las instituciones del Estado y a todos los españoles, ya que de ella se derivará el futuro de este proyecto español común de convivencia en la diversidad».

«Filtraciones interesadas»
José Montilla mantuvo que «desde el máximo respeto por la institución y su mandato constitucional, no puedo dejar de lamentar y expresar la gravedad de la situación a que nos están vertiendo el retraso y las filtraciones interesadas sobre el Estatuto aprobado por el pueblo de Cataluña». Para José Montilla, «nadie puede ignorar la histórica responsabilidad que tiene el Tribunal frente a la Sentencia del Estatuto» ya que «no se puede ignorar una realidad irrefutable: por primera vez en 30 años deben pronunciarse sobre una ley refrendada por el pueblo (...) y que es la ley que configura nuestro autogobierno».

«Tanto la excepcionalidad de la ley, como la excepcionalidad de la actual situación del Tribunal obligan a que el respeto a su función y al acatamiento de sus decisiones vayan acompañadas de la máxima prudencia y sentido de Estado: es la hora de la responsabilidad histórica», concluyó el presidente de la Generalitat catalana.

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