AGLI

Recortes de Prensa    Martes 24 Noviembre  2009

 

PSOE bueno, PP malo
EDITORIAL Libertad Digital 24 Noviembre 2009

Hace tiempo que en nuestro país la izquierda ha abandonado cualquier ideología –mala ideología, dicho sea de paso– para plegarse a las exigencias de la propaganda. El mensaje de fondo desapareció en beneficio del marketing. Así, tanto da decir que bajar impuestos es de izquierdas, como que subirlos en tiempo de crisis representa el culmen del progresismo. Lo importante, lo determinante es aparentar y adaptarse a los tiempos para tomar el poder y perpetuarse en él. La falta de ideales se compensa con la presencia de las ambiciones políticas: el deseo de erigirse sobre el resto de individuos y poder manejar, si se tercia, sus vidas y haciendas.

La ausencia de un completo programa económico con el que hacer frente a la crisis económica que padecemos ha sido una constante desde que Zapatero alcanzó La Moncloa. Ni intentó frenar a tiempo la burbuja inmobiliaria –sino que más bien se lucró con ella en términos electorales y fiscales– ni, una vez pinchada, supo combatirla de otra forma que no fuera negando la realidad. El PSOE fue capaz de llegar a la campaña electoral de 2008 prometiendo el pleno empleo cuando nos encontrábamos a las puertas de la mayor destrucción de empleo que ha conocido nuestro país: la realidad no importaba, el eslogan sí.

La estrategia no ha dejado de repetirse desde entonces. En el último año, se nos ha vendido con pompa un Plan E que para lo único que racionalmente podía servir era para despilfarrar unos recursos cada vez más escasos a la vista de la negativa evolución de nuestra economía.

La ausencia de resultados –es más, la catástrofe de los resultados– no ha provocado, sin embargo, una mínima rectificación entre las filas socialistas: su voracidad por mantenerse a cualquier precio en el poder, aun a costa de arruinar a nuestra economía, supera cualquiera sentido de responsabilidad y compasión social. De ahí que desde ayer estemos asistiendo a la preparación del próximo golpe de efecto del PSOE, el enésimo bálsamo de Fierabrás que sólo contribuirá a añadir más rigideces y más cargas fiscales a nuestras maltrechas empresas y familias: la Ley de Economía Sostenible.

Así, el sábado los socialistas lanzaron un video en el que reprodujeron su maniqueo mensaje de que el progresista es aquel que "transforma" la sociedad y el conservador quien reacciona ante el cambio. Siguiendo está simplona regla de tres, la Ley de Economía Sostenible, que sin duda pretende restringir la libertad de actuación de nuestros ciudadanos y someterlos al ordeno y mando verde de nuestros políticos, era un ejemplo de progresismo al que sólo los estamentos más involucionados podían oponerse.

Y, siguiendo esta línea, el domingo Zapatero prometió en el mitin de Madrid el advenimiento de una nueva época con la aprobación de semejante normativa. Mucha música y alfombras rojas para vender una nadería política que al igual que todas sus anteriores propuestas, como poco será irrelevante y más bien perjudicará nuestras expectativas de recuperación.

El discurso triunfalista no es nuevo. Ya se adoptó en las generales de 2004, cuando el entonces candidato Rodríguez, asesorado por el hoy ministro de Industria Miguel Sebastián, prometió poner fin al modelo de ladrillo en el que se basaba la economía española e impulsar la mejora de la productividad mediante la inversión en I+D. Durante la primera legislatura de los socialistas, sin embargo, la burbuja inmobiliaria alcanzó sus máximas proporciones (en 2006 España construyó más viviendas que Alemania, Francia y Reino Unido juntos) y la inversión en I+D siguió siendo prácticamente anecdótica. ¿Alguna mejora? No, sólo varios miles de millones de euros que se fueron por el desagüe de nuestra historia.

Hoy repetimos experiencia, pero con un agravante. El discurso propagandístico del PSOE se ha impregnado de los espíritus de su tiempo, esto es, del intervencionismo más radical del Estado en la economía aprovechando la crisis y las tergiversaciones ecologistas. Argumentos de peso suficientes para que, al contrario de lo que pronostica Zapatero, no comencemos a avistar la recuperación, sino para bloquear definitivamente su paso. Eso sí, entre luces, cámaras, discursos altisonantes y ese falaz discurso que reduce la realidad política y económica a un infantil lenguaje binario: PSOE bueno, PP malo.

La fábrica de soberanistas. Nada será igual.
Vicente A. C. M.  Periodista Digital 24 Noviembre 2009

El nacionalismo independentista catalán sigue en su campaña de presión y de amenazas al Tribunal Constitucional y a la sociedad española. Las últimas declaraciones del Presidente de la Generalitat el Sr. Montilla del PSC, y las del Sr. Ridao de ERC, son inaceptables y propias de alborotadores populistas. Un nacionalismo hipócrita que habla del “encaje” de Cataluña en España por el simple motivo de que el TC cumpla con su deber judicial y no se deje amedrentar por estas inaceptables presiones mediáticas y políticas.

Desde luego que si el TC elimina del preámbulo la definición de Cataluña como Nación, todo lo que se desarrolla en él bajo esa premisa, quedará automática y lógicamente eliminado. Así que tiene razón el Sr. Montilla al decir que “nada será igual”. Desde luego que no, porque habrá leyes desarrolladas al amparo de este Estatuto durante los años en que ha estado vigente, que deberán ser revisadas o directamente eliminadas por violar derechos fundamentales de los españoles, término que aplica a los nacidos en Cataluña, o resto de españoles que viven en esa Comunidad y que es parte integrante y, por ahora, inseparable de España.

En cuanto a las manifestaciones del Sr. Ridao de que habría “una fábrica de soberanistas” y propiciará una crisis del Estado de las Autonomías, pues igual es la solución a muchos de los actuales problemas de España. Durante estos más de 30 años de Constitución y de desarrollo del sistema de Autonomías, lo que se ha demostrado es que ese sistema es una fuente inacabable de conflictos y potenciadora de discriminaciones entre diferentes zonas del Estado. Un ejemplo claro de esta discriminación es precisamente Cataluña, con el totalitarismo implantado en su sociedad por la casta política de los nacionalistas y de un socialismo radicalizado y con deriva camaleónica con ese nacionalismo alque suplanta y supera en sus reivindicaciones.

Y ese defecto de un sistema de Autonomías tan oneroso para los ciudadanos y que ha generado una cultura de taifas más propia de una época de subdesarrollo, debe ser cuestionado y expuesto al dictamen de un referéndum a nivel nacional. No se puede seguir profundizando en un sistema que está llevando a España a ser un Nación deforme, con egoísmos insolidarios y con aspiraciones secesionistas envalentonadas ante la debilidad de un Gobierno inmovilizado por el chantaje descarado y aprovechado de quienes solo aspiran a desintegrarse de España aunque con ello la destruyan.

No somos una Nación de naciones, sino una sola Nación con diversidad cultural y donde la mayoría de los ciudadanos decidieron seguir un proyecto común de futuro. Una minoría secesionista tiene todo el derecho a exponer sus reivindicaciones, pero nunca tendrá la potestad de imponer su criterio al resto de los ciudadanos, y mucho menos, apoyados en un Estatuto de Autonomía que viola de modo flagrante los derechos fundamentales de esos ciudadanos. Podrán poner cuantas fábricas de soberanistas quieran y hacer producción en serie de multitudes de intransigentes como sus líderes. Podrán buscar el conflicto y el enfrentamiento. Podrán presionar en las calles y en los medios para amedrentar a la sociedad, pero cuanto más avancen por ese camino, mayor será su deslegitimización social y estarán más cerca de su desaparición.

La sociedad española tiene, por desgracia, demasiada experiencia en situaciones de enfrentamiento social, sobre todo la que nace de unos nacionalismos radicalizados. La responsabilidad de los líderes, empezando por el Presidente de la Generalidad, es la de promover la paz social y respetar la Ley y las decisiones de los jueces. No hacerlo es simplemente delictivo, e indigno de representantes democráticos y causa suficiente para que no puedan seguir ejerciendo su cargo.

Otro vulgar atentado contra la democracia en España
Francisco Rubiales Periodista Digital

El nuevo sistema de financiación autonómica, una ley de gran trascendencia para la sociedad y el Estado, acaba de ser aprobado (el jueves 12 de noviembre) en el Congreso español sin el "consenso amplio" debido, con los justos 176 votos necesarios, utilizando chapuzas y trucos, con votos "comprados", incluyendo el apoyo de dos diputados navarros --de Nafarroa Bai y de UPN-- a los que la LOFCA ni siquiera les afecta porque disponen de un sistema foral propio.

Aunque el Partido Popular anuncia que piensa plantar cara en los tribunales al nuevo sistema de financiación autonómica, que el pasado jueves pasó el trámite de la votación en el Congreso de los Diputados y el presidente de Murcia, el popular Ramón Luis Valcárcel, presentará un recurso contra la reforma de la ley por considerar que "desprecia" e "ignora" a los murcianos, esos movimientos no limpian al partido gobernante ni al sistema en pleno de vergüenza y de responsabilidad antidemocrática.

Sacar adelante una ley de esa envergadura comprando voluntades y mediante chapuzas parlamentarias revela la baja ética democrática del PSOE y el estado de grave detorioro de la democracia en España.

Tanto el 12 de noviembre como el 15 de julio de 2009 pasarán a la historia como dos de los días más aciagos de la democracia española desde la muerte del dictador Franco porque el nuevo sistema de financiación autonómica diseñado por el gobierno de Zapatero quedó aprobado, primero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y después en las Cortes, todo un atentado contra la democracia de tal calado y alcance que compite con el nuevo Estatuto de Cataluña y con los GAL por el primer puesto en el ranking español de las salvajadas contra la limpieza democrática.

Es nuevo sistema es tan anticonstitucional como el GAL y el Estatuto catalán, pero supera a ambos en alcance antidemocrático y corrupto porque consagra, a escala nacional, la insolidaridad, la desigualdad y otras lacras políticas como la utilización del dinero público para comprar poder y corromper.

Después de lo ocurrido el 15 de julio, cuando el gobierno, pública e institucionalmente, destrozó principios tan vitales para la drmocracia y la convivencia como la justicia, la equidad y la solidaridad, es difícil encontrar en el mundo entero una democracia que pueda superar a la española en baja calidad.

La democracia española está tan degradada que ha violado todos los grandes principios que los filósofos y pensadores políticos identifican como básicos e imprescindibles del sistema:

--El sufragio universal libre está trucado en España por causa de las listas cerradas y bloqueadas, que impiden elegir al ciudadano y otorgan ese derecho, sagrado en democracia, a los partidos políticos y a sus élites. La manipulación de la información, el incomplimiento de las promesas electorales, las coaliciones antinatura posteriores al dufragio y el engaño desde el poder contribiuyen también a deteriorar los comicios.

--La separación e independencia de los poderes básicos del Estado es otro principio básico de la democracia violado en España. La Justicia está intervenida por los partidos políticos y por el poder Ejecutivo, mientras que el Congreso y el Senado son pantomima antidemocráticas porque los diputados y senadores no representan a los ciudadanos sino a sus partidos, que han impuesto una disciplina esclavizante que elimina la libertad y la conciencia en el voto y en las intervenciones.

--El imperio de la ley, igual para todos, es una farsa en un país cuyo ministro de defensa no se avergüenza de afirmar en público que la ley se aplica "según convenga a la jugada", en el que los grandes magistrados son nombrados por los partidfos políticos y en el que la experiencia demuestra que la ley se aplica con tigor al adversario, mientras que los poderosos y sus amigos gozan de una indecente y práctica impunidad.

--El ciudadano, que es soberano del sistema, con derecho a vigilar y a controlar a los poderes políticos, ha sido completamente marginado en España, desposeido de todo poder de control y expulsado de los procesos de toma de decisiones.

--La sociedad civil, que debe actuar en democracia libremente, como contrapeso del poder del Estado, está ocupada en España por los partidos políticos y por el poder Ejecutivo, que, con intervenciones directas o a través de subvenciones, alianzas y pactos inconfesables, se ha adueñado de los grandes santuarios de la sociedad civil, como son las universidades, los sindicatos, los medios de comunicación, las religiones, las fundaciones, instituciones y asociaciones, los colegios profesionales, las cajas de ahorros y decenas de entidades y empresas cuyo funcionamiento libre es imprescindible para que exista democracia.

--La prensa libre, cuya misión en democracia es controlar y ficalizar a los grandes poderes a través de la información veraz y la crítica, ha sido comprada y sometida por el poder político, que, utilizando ilícitamente el dinero público, ha convertido a muchos medios en sus propios altavoces y a muchos periodistas en sus "perros de presa".

--La defensa y salvaguarda de los derechos fundamentales desde el Estado es, por último, el otro gran principio democrático violado y pisoteado en una España donde la desigualdad se promueve desde el poder, donde la corrupción es tolerada y, a veces, amparada desde el poder político, donde el poder público se practican vicios tan degradantes y antidemocráticos como el amiguismo, el nepotismo, el enchufismo y otras lacras que se manifiestan en subvenciones trucadas, concursos públicos amañados, puestos de trabajo reservados para familiares y amigos del poder, privilegios casi ilimitados para la clase política, lujo, despilfarro y marginación y hasta persecución y acoso de los adversarios del poder dominante.

La llamada "democracia española" no existe en realidad porque ha sido sustituida con traición y nocturnidad por una sucia oligocracia de partidos, un sistema que, según los filósofos griegos, está mucho más alejado de la democracia que la misma tiranía.

Voto en Blanco
 
Crisis
Un libro para ZP
José García Domínguez Libertad Digital 24 Noviembre 2009

Prueba andante de que nada hay en este mundo más audaz que la ignorancia, Zapatero se lanzó a dar otra lección magistral de economía durante la performance del glamour sostenible. Así, según allí confesó, el presidente cree en el mercado, "pero no en una economía de casino como han defendido y llevado a la práctica los neoconservadores". No es la primera vez, por lo demás, que el peor alumno de Jordi Sevilla derrapa en esa dirección. Y, con toda certeza, tampoco ha de ser la última. Sobre todo, a tenor del eco entusiasta que semejante melonada logró despertar entre un público tan erudito como el orador.

Lo habría salvado, quizá, que se tratase de una distorsión intelectual deliberada; otra manipulación grosera llamada a saciar las bajas pasiones del segmento más lerdo del electorado, el de los acéfalos que exigen dicotomías elementales, primarias, de buenos y malos, rojos contra fachas, o progresistas frente a reaccionarios. Pero no. Zapatero, y de ahí lo grave, hablaba muy en serio cuando glosó ante su consternado auditorio los horrores de la doctrina económica neocon. Un asunto, huelga decirlo, del que sabe tanto como de física cuántica o de gramática inglesa. Qué desconcertante esa mezcla tan suya de temeraria incultura, alegre desparpajo y pétrea seguridad en sí mismo. Casi tan desconcertante, por cierto, como la inanidad de una derecha política que, a estas horas, aún no ha sido capaz de dar réplica a tamaño carrusel de disparates.

Y es que los neocon tienen tanto que ver, por ejemplo, con la desregulación de los mercados financieros como el culo con las témporas. Al contrario, frente a lo que barrunta Zetapé desde la más absoluta indigencia doctrinal, si algo distingue a ese grupo de antiguos marxistas transplantados a la derecha es la defensa –matizada– del Estado del bienestar. De ahí que el símbolo de la influencia de los neocon en el Partido Republicano fuera el homenaje de Ronald Reagan a Roosevelt, "un gran presidente americano", según sus históricas palabras. Búsquese un hueco en la agenda monclovita para leer a Irving Kristol, Daniel Bell o Norman Podhoretz, hombre. Descubrirá lo falaz de aquel eslogan que prometía "un libro ayuda a triunfar", pero, a cambio, dejará de hacer el ridículo al por mayor en algunos temas. Palabra.

José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Linchamiento del Tribunal Constitucional
José Antonio Gundín Semanal Digital 24 Noviembre 2009

A nadie debería escandalizar que Sus Señorías redondeen el sueldo haciendo bolos, opinando en tertulias o desasnando universitarios. José Bono ha dado a conocer las actividades extraparlamentarias de medio centenar de diputados y, francamente, no hay motivo para la abominación. Al contrario, el frenesí de algunos parlamentarios es todo un ejemplo de laboriosidad y dedicación. Habrá que esperar, no obstante, a conocer las actividades de los otros 300 diputados. No faltarán cotilleos divertidos.

Lo que realmente escandaliza y preocupa son las erupciones verbales de ciertos dirigentes políticos, sobre todo entre la izquierda y los nacionalistas, que revelan un serio deterioro de la calidad democrática. Así, el linchamiento al que Saura, Montilla, Mas, Herrera y ERC en pleno han sometido al Tribunal Constitucional durante los últimos días no lo podría mejorar Hugo Chávez si le dieran vela en el entierro. Para coaccionar a los magistrados que deben dictar sentencia sobre el Estatuto de Cataluña han echado mano de todo el repertorio del juego sucio: amenazas directas, insultos a la cara, chantajes con supuestas revueltas populares, ninguneos, desplantes... Puro matonismo político, en suma. Sólo les ha faltado la excomunión o la lapidación.

La necedad de la clase política catalana ha llegado al extremo de cifrar la salvación y la prosperidad de Cataluña en un Estatuto que sólo apoya el 30% de los catalanes, que provoca rechazo en el resto de los españoles, que nadie pidió y que Zapatero cometió el error de alentar por puros intereses electorales. Es posible que cada pueblo tenga los gobernantes que se merece, pero el destino no puede ser tan cruel con los catalanes. Sus dirigentes son hoy la sombra de aquellos que pilotaron la Transición, compiten a ver quién dice la machada más soberanista y la provocación mayor. Una patulea de irresponsables que causan hartazgo a los españoles que aún se paran a escucharlos.

Al Tribunal Constitucional se le puede y se le debe criticar, pero con argumentos, con datos en la mano y con la respetuosa distancia que uno quiera medir. Todo menos dinamitarlo, porque es el árbitro de las garantías constitucionales y sin árbitro no hay partido.

La manipulación lingüística de Faro de Vigo (y 2)
Juan Julio Alfaya Periodista Digital  24 Noviembre 2009

Nos parece importante, dada la repercusión que ha tenido una reciente sentencia del Supremo, aclarar los siguientes hechos:

El martes, 17 de noviembre, el Faro de Vigo publicó una noticia, según la cual, el Tribunal Supremo había rechazado que los padres pudieran escoger el idioma en que estudian sus hijos. La noticia, así presentada, fue publicada después por numerosos medios y celebrada por varios portavoces políticos. Sin embargo, no se correspondía con la realidad.

El caso tiene que ver con la demanda presentada por una familia de Vigo a la Xunta de Galicia para que su hijo pudiera cursar la enseñanza primaria en idioma español.

En 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia falló en contra de su reclamación, tras lo cual la familia presentó recurso ante el Supremo.

Pues bien, el Supremo ha rechazado el recurso por razones técnicas, pero no se ha pronunciado ni sobre el derecho de elegir idioma ni sobre ninguna otra de las cuestiones de fondo que planteaba el caso.

La noticia que se dio en la prensa incluía algunos párrafos entrecomillados que se atribuían al Supremo. Pero no son del Supremo. Todos esos párrafos corresponden a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

La confusión procede de que en su dictamen, el Supremo reproduce dos puntos de la sentencia del TSJG, del mismo modo que reproduce los argumentos que presentó la familia.

Por interés político, por incapacidad para leer una sentencia, o por ambas cosas, se han presentado las tesis del TSJG como tesis del Supremo. Se ha llegado a decir, incluso, que el Supremo había propinado un varapalo a las asociaciones y padres que reclaman el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular de la enseñanza. Repetimos: No es así.

Nos parece grave que la Xunta de Galicia, que ha tenido que recibir la sentencia, no haya aclarado su contenido tras ver la forma tergiversada en que se difundió en la prensa. Esa inacción hace pensar que la propia Xunta ha tenido que ver con la filtración y manipulación de la sentencia.

Hemos podido encontrar en internet las dos sentencias, la del Supremo y la del TSJG. Quien desee leerlas, dispone de enlaces a ambas en nuestra página web, www.viguesesporlalibertad.es .

Un saludo cordial,

Cristina Losada
Presidenta de Vigueses por la Libertad

Vigo, 22 de noviembre de 2009
www.viguesesporlalibertad.es

CON UN REPRESENTANTE DEL PP
Montilla espera la sentencia exhibiendo un constitucional propio
Mientras el TC sigue negociando la sentencia, el presidente catalán presidió la constitución del Consejo de Garantías Estatutarias, un nuevo órgano derivado del Estatuto. Montilla dijo que no renunciarán a "ninguno de los objetivos del Estatuto" para "prosperar nacionalmente".
agencias Libertad Digital 24 Noviembre 2009

El presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla, reiteró este lunes que no renunciará a "hacer prevaler el pacto político que representa el Estatuto" ofreciendo y exigiendo a la vez "sentido de Estado y lealtad institucional".

"No menospreciaremos ni renunciaremos a defender ni alcanzar ninguno de los objetivos del Estatuto que nos tiene que permitir prosperar nacionalmente", dijo en la toma de posesión de los nueve miembros del Consejo de Garantías Estatutarias, que sustituye al Consultivo y que velará por ajustar las leyes catalanas al Estatuto. Además, dictaminará antes de interponer ante el Tribunal Constitucional (TC) recursos de inconstitucionalidad, conflictos de competencias y recursos en defensa de la autonomía local.

Para Montilla, la creación del Consejo de Garantías es un acto de trascendencia institucional y política que demuestra la voluntad "insobornable" del Gobierno catalán de desplegar el Estatuto. "Es nuestra ley y nuestra voluntad. Se demuestra que, pese a los obstáculos y el pesimismo, el Estatuto está vivo, es plenamente constitucional, vigente, y que nuestro autogobierno avanza", dijo, y destacó que es el instrumento que debe permitir a Cataluña prosperar en base a sus aspiraciones.

Por ello, celebró el nacimiento del Consejo tras un legado de 28 años del Consultivo con dictámenes y recomendaciones que han fortalecido la legislación y el autogobierno catalán desde la independencia y la imparcialidad de su actuación, dijo. "Esto, en el contexto actual, toma más valor que nunca".

El nuevo consejo amplía la composición del Consultivo y tendrá nueve miembros; todos, juristas con más de 15 años de experiencia: seis propuestos por el Parlamento, y el resto, por el Gobierno. El órgano estuvo bloqueado durante meses, hasta que en julio de este año el tripartito y PP acordaron la elección de Julio Añoveros, decisión que no gustó a CiU, que intentó tener un mayor control dentro del organismo.

Los juristas nombrados por el Parlamento son Pere Jover y Antònia Agulló (a propuesta del PSC), Àlex Bas y Joan Egea (CiU), Jaume Vernet (ERC) y Julio Añoveros (PP). Los elegidos por el Gobierno son Enric Fossas, Marc Carrillo y Eliseo Aja.

En un acto en el Palacio de la Generalidad ante dirigentes de todos los partidos y diversos consejeros, los nueve miembros prometieron ante Montilla velar por la observancia y el cumplimiento de la Constitución y el Estatuto, y ejercer el cargo de acuerdo con su conciencia y honor.

Para el presidente de la Generalidad, el Consejo debe dar al Gobierno y a las instituciones argumentos y soluciones para reforzar la constitucionalidad del despliegue del Estatuto. "Es nuestra manera más sabia, inteligente y leal manera de defender también nuestra Constitución", subrayó.

El ex presidente del Consultivo y miembro del nuevo organismo, Pere Jover, consideró que hoy era un día importante para el autogobierno de Cataluña, y constató que, pese a que ha habido discrepancias, el Parlamento siguió el 95 por ciento de los dictámenes emitidos. Además, señaló que algunos de estos dictámenes fueron asumidos también por el TC.

José Domingo sugiere la posibilidad de suspender el régimen autonómico de Cataluña
Aboga por una decisión drástica si el Gobierno catalán desobedeciera una sentencia de inconstitucionalidad del Estatuto
www.lavozlibre.com 24 Noviembre 2009
martes, 24 de noviembre de 2009, 15:16

Barcelona.- José Domingo, diputado del Parlamento de Cataluña y antiguo miembro de Ciudadanos, ha publicado un artículo en su blog de ‘e-noticies’ en el que aboga por la suspensión de la autonomía de Cataluña en el caso de que el Gobierno Autonómico no aceptase la decisión del TC sobre el Estatuto. “La Constitución es la norma suprema de nuestro ordenamiento y ninguna otra puede contradecirla”, explica Domingo. “Por ello, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional reconoce explícitamente que también son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad los Estatutos de Autonomía y las demás leyes orgánicas”, añade el creador de Impulso Ciudadano.

“Vista la claridad de la norma, es altamente preocupante que destacados miembros del Gobierno catalán y máximos representantes de partidos políticos se atrevan a anunciar la desobediencia a la sentencia en el caso de que se declare la inconstitucionalidad del Estatuto”, denuncia José Domingo. “No sé hasta dónde llegará su osadía pero, desde luego, es extremadamente imprudente amenazar con la ruptura de la convivencia. Quienes así se manifiestan deben tener claras las consecuencias de las acciones rebeldes”, replica.

El actual diputado del Grupo Mixto explica que el artículo 155.1 de la Constitución declara que si una comunidad no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen o actúa de forma que atenta gravemente contra el interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones.

“No es la primera vez que este precepto se invoca para advertir sobre la posible suspensión del régimen autonómico de una comunidad autónoma”, explica José Domingo. “Todavía resuenan en nuestra memoria las palabras de Alfonso Guerra reclamando la aplicación del artículo 155 si Ibarretxe se atrevía a convocar un referendum ilegal en el País Vasco”. El creador de Impulso Ciudadano concluye su denuncia afirmando que “quienes apelan al sentido común suelen perderlo con excesiva frecuencia”.


El PP denuncia que la Ley de Lenguas del PSOE regula «idiomas sin uso»
Imponer el catalán en Aragón costará 25 millones al año

La proposición de ley habla de «fomentar y garantizar el uso y la enseñanza» del catalán y el aragonés.
Madrid - Fernando Cancio La Razón 24 Noviembre 2009

«Es sorprendente que para Marcelino Iglesias no haya tarea más urgente en Aragón que imponer el uso del catalán en medio de una crisis y un paro galopantes». Quien habla es Eloy Suárez, portavoz popular en las Cortes de Aragón, en relación a la Ley de lenguas que promueve el Gobierno de Aragón y que pasa por reconocer como lenguas propias de la comunidad el catalán y el aragonés. Y es que, el PP ha estimado, a la baja, el coste que podría tener la aplicación de la proposición de ley de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón: al menos 25 millones al año.

La proposición, presentada por el grupo socialista el 2 de julio y publicada en el Boletín de las Cortes de Aragón el día 22, habla, por ejemplo, de que «las lenguas propias de Aragón gozarán de especial protección [...] garantizándose su enseñanza y el derecho de los hablantes a su uso en las relaciones con las administraciones públicas aragonesas». Una proposición que ha llevado a los ciudadanos aragoneses a la calle para protestar contra «las leyes estúpidas».

Para el PP, esas lenguas que el Gobierno de Iglesias considera propias no lo son tanto. Reconocen que «en la zona oriental hay variedades lingüísticas, pero que nada tienen que ver con el catalán normalizado» y critican que se quiera «imponer el de Barcelona para suprimir esas lenguas vernáculas». Y es que, en esa zona, conocida como la franja, hay quien aún habla «chapurreao», dialecto muy alejado del catalán. Pero también se refieren al aragonés, alegando que lo que realmente se habla, y poco, en lugares como Benasque, el valle de Ansó o el de Hecho, es la fabla. Su conclusión es que «quieren imponer una lengua ajena, el catalán, y un idioma de creación científica, el aragonés, sin uso».

Pero hay más. La proposición señala que «los poderes públicos fomentarán y garantizarán el uso, la enseñanza y conocimiento». En otro capítulo se habla de que, en las relaciones con las Administraciones Públicas, «los ciudadanos tienen derecho a usar las lenguas propias» y para cualquier tramitación se procederá «a la traducción a la lengua castellana», dándose respuesta «en castellano y en la lengua propia». Incluso regula su uso en las Cortes.

Por ello, el PP ha hecho sus cuentas sobre lo que costaría implantar la ley, que carece de memoria económica, con gastos como traductores o profesores. Según sus cálculos, habría que contratar a 782 personas –465 para aragonés y 317 de catalán. Con ello y con una retribución de 31.000 euros anuales –sueldo medio de un funcionario autonómico grupo A y nivel 22– el gasto anual laboral sería, al menos, de 24,2 millones, a lo que habría que sumar otros como la rotulación de muchas de las carreteras. En total, unos 25 millones al año.

Por ello, el PP ha presentado 60 enmiendas que «si prosperan cambiarían por completo la ley». Y creen que, aunque no habla de lenguas cooficiales, «serán cooficiales no declaradas». El PAR, por su parte, rechaza «frontalmente la imposición del catalán» y afirma que «es una locura decir que en Barbastro se habla catalán».

Colocan un coche bomba a las puertas de una comisaría en Belfast
Disidentes del IRA intentan una matanza de policías

El vehículo, cargado con 180 kilos de explosivos, sólo estalló parcialmente, por lo que no hubo heridos.
Londres - Celia Maza La Razón 24 Noviembre 2009

El proceso de paz de Irlanda del Norte ha vuelto a sufrir una fuerte cornada. Los grupos de disidentes contrarios al abandono de las armas por parte del IRA colocaron un coche bomba a las puertas de una comisaría en Belfast y dispararon a matar contra unos agentes en el condado de Fermanagh, la pasada noche del sábado. Ambos atentados fueron fallidos, pero la Policía matizó ayer que no había duda de que se buscaba una nueva masacre.

El vehículo, cargado con 180 kilos de explosivos, sólo estalló parcialmente, sin causar heridos, poco después de que dos hombres atravesaran una barrera de protección y se dieran a la fuga en medio de un tiroteo contra las Fuerzas de Seguridad. A las pocas horas de que el ataque volviera a poner en estado de alarma a la capital norirlandesa, un grupo de hombres armados empezó a abrir fuego contra un agente que patrullaba las calles de la localidad de Garrison. Tres individuos fueron detenidos de madrugada en relación con este suceso.

«Estos ataques no hacen otra cosa que unir a la gente demostrando a los disidentes que no tendrán éxito», aseguró el ministro para la Seguridad de la provincia británica, Paul Goggins.

Lo alarmante es que los hechos no pueden ser valorados como incidentes aislados. Los disidentes del IRA Auténtico y del de Continuidad, responsables el pasado mes de marzo del asesinato de dos soldados y un agente de Policía en la provincia británica, trabajan ahora más unidos que nunca. La Comisión Independiente de Control (IMC), que supervisa la actividad terrorista de la zona, advirtió a principios de este mes de que el riesgo de atentados se encuentra en su punto más alto en seis años. En su último informe, el organismo matizó que entre marzo y agosto se han registrado hasta once intentos de asesinatos a las Fuerzas de Seguridad.

Aunque éstas no son su único objetivo. Los miembros de la Judicatura en Irlanda del Norte se han visto obligados a reforzar en las últimas semanas las medidas de seguridad personales y las de sus familias ante la amenaza de los paramilitares. La Policía norirlandesa ofrece ahora protección 24 horas al día para docenas de magistrados, lo que significa una vuelta a la política de seguridad seguida durante la pasada campaña armada del IRA.

La Comisión Independiente de Control recalcó que la tensión aumentará si no se resuelve cuanto antes la devolución al Gobierno autónomo norirlandés de las competencias en materia de Justicia e Interior, actualmente administradas por Londres. Se trata de los últimos flecos pendientes del proceso de paz, pero el Sinn Fein, brazo político del extinguido IRA, y el mayoritario Partido Democrático Unionista (DUP) aún no han llegado a un acuerdo.

Un juez de Vic confirma que un letrado tiene que costear la traducción de un auto al castellano
J. GUIL | BARCELONA ABC 24 Noviembre 2009

Nueva polémica lingüística a propósito del catalán. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vic (Barcelona) ha rechazado el recurso que el abogado murciano José Luis Mazón presentó contra una providencia de este juez en la que se consideró que el letrado, en contra de lo que él reclamaba, debía costear la traducción al castellano de un auto y otros documentos redactados en catalán que había pedido.

En su última resolución, dictada el pasado día 16 y a la que tuvo acceso ABC, el juez señala que el recurrente «Parece equivocar el concepto de «traducción de oficio», con «traducción gratuita»». Así, «ante la posibilidad de que el desconocimiento del idioma catalán del abogado pueda suponer indefensión a su cliente», insta a que se proceda a la traducción del auto recurrido «de oficio», pero sin que ello signifique que dicha no haya de ser costeada por la parte proponente.

Con todo, el juez estima en parte el recurso: insta a que le remitan al abogado, que representa a un cliente catalán en un litigio sobre una expropiación, la providencia que había recurrido; «que no el auto, y menos resolutorio».

Accede a esta gracia, aduce, tras una «interpretación garantista» de la Ley de Política Lingüística catalana del año 1998.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

La reforma laboral y el Estatut
Pablo Sebastián Estrella Digital 24 Noviembre 2009

Mientras el Gobierno y la oposición celebran sus juegos político-florales en relación a la economía sostenible y las reformas estructurales para relanzar el crecimiento y recuperar el empleo, en el horizonte inmediato se perfilan los negros nubarrones de la que parece será la tormenta de fin de año sobre el Estatuto catalán si el Tribunal Constitucional se digna a desvelar de una vez por todas la esperada sentencia pertinente, que, por lo que se va conociendo, o se va filtrando intencionadamente y por entregas, no será satisfactoria para los padres del Estatuto, y para los partidos nacionalistas en particular.

En relación con el debate de las reformas estructurales y la famosa gaseosa de la economía sostenible, está cada vez más claro que la cuestión esencial es la reforma del mercado laboral, con nuevo o nuevos contratos laborales, que permitan la creación de empleos, así como la toma de medidas fiscales y costes sociales para empresas hoy en apuros, y finalmente la intervención pública y concertada para que fluya el crédito bancario con unos intereses razonables. Sin medidas urgentes y de choque en estos tres capítulos no se podrá relanzar, a corto plazo, la economía y la sangría de paro continuará. Pero el nudo gordiano del pacto sobre reformas estructurales permanece en el entorno de la reforma laboral, que el Gobierno empieza a aceptar a la vez que intentan contener a los sindicatos para evitar así la convocatoria de una huelga general que desmontaría el discurso social de Zapatero.

En realidad, la crisis del Estatuto catalán que se barrunta tiene mucho que ver con la crisis económica y laboral, por cuanto todo ello redunda en algo que el actual Gobierno viene despreciando hace mucho tiempo, como es la cohesión nacional y el prestigio de la nación española. Y si la sentencia del Constitucional entra por la vía de la lógica y del sentido común, quedará meridianamente claro que en España no hay más que una nación y un solo idioma oficial, entre otras muchas cosas, como no puede existir por nada del mundo una relación de privilegio o bilateral de Cataluña con el Estado, por la sencilla razón de que Cataluña forma parte de España.

De manera que mientras el Gobierno intenta ganar tiempo con los sindicatos y con su discurso de la sostenibilidad de la economía, que nadie sabe lo que es y que suena a cuentos de las mil y unas noches, como la famosa Alianza de las Civilizaciones de la que nunca más se supo, en el seno del PSOE ya están preparando la enfermería para atender los "daños colaterales" que se pueden derivar de la sentencia del Tribunal Constitucional, a propósito del Estatuto catalán, especialmente en lo que al PSC-PSOE se refiere, y también con relación a la estabilidad del Gobierno de la Generalitat.

Lo más llamativo de las vendas y los paños calientes que la Moncloa y el PSOE preparan para recibir la posible y profunda herida de la sentencia sobre el Estatuto está en que, si se confirma el rechazo a las pretensiones de los nacionalistas catalanes, Zapatero y el PSOE dirán -como no puede ser de otra manera- que se acata la sentencia, y al final parecerá que la derrota del inconstitucional Estatuto será una fracaso de los nacionalistas catalanes y de los catalanistas del PSC, cuando lo cierto será que la derrota lo sería, en primer lugar y sobre todo, de Zapatero, que alentó el disparate y de todo el PSOE que lo aprobó en el Congreso de los Diputados.

Pero por lo que se ve estamos en los tiempos del escapismo. Zapatero huye de la reforma laboral que pretende colar a los sindicatos a cucharadas como si de un niño chico se tratara, y por otro lado empieza a simular que él, su Gobierno y el PSOE no tienen nada que ver con el Estatuto y que todo eso es cosa del nacionalismo catalán y del PSC. Pero por más que disimulen los hechos y la realidad les llegarán a los ciudadanos con nitidez, al igual que llegaron las mentiras de la crisis económica, o sobre la fallida negociación con ETA. Y por mucho que todo esto pretenda ser enterrado con los fastos de la presidencia de la Unión Europea Zapatero, el Gobierno y el PSOE se van a equivocar porque la presidencia pasará en seis meses, y en el mes de julio regresará la cruda y dura realidad.

Otro desafío al Estado gracias al retraso del TC
EDITORIAL El Mundo 24 Noviembre 2009

SI UNA IMAGEN vale en ocasiones más que mil palabras, eso sucede con la fotografía que publicamos hoy en nuestra portada en la que se puede ver a los nueve magistrados ataviados con sus togas del nuevo Consell de Garanties Estatutàries de Cataluña escuchando al presidente de la Generalitat, José Montilla. La inconografía del acto no deja lugar a dudas acerca del propósito: un presidente catalán, un alto tribunal catalán y una bandera catalana. Es decir, todos los símbolos propios de una nación, tal y como el Estatuto recurrido ante el Tribunal Constitucional define a Cataluña. En pleno debate sobre la sentencia, y en vísperas según parece de un fallo definitivo, el Gobierno catalán vuelve a desafiar al Estado creando su propio tribunal constitucional, que eso y no otra cosa es este consejo. Su cometido es determinar autónomamente si las leyes catalanas se ajustan al Estatut y a la Constitución, además de arrogarse la última palabra en los recursos sobre los conflictos de competencias que puedan plantearse ante el Constitucional.

Como ya sucediera con la Ley de Educación, Cataluña vuelve a independizarse de las instituciones del Estado desarrollando el contenido de un Estatuto sin esperar, en un lógico ejercicio de prudencia, a que el Constitucional dicte sentencia. Podría suceder -debería suceder- que dentro de unos días, o de unos meses, el Alto Tribunal declarara contrario a la Constitución el órgano que ayer se constituyó en el propio Palau de la Generalitat con la pompa y el boato correspondientes.

Tampoco el discurso de Montilla dejó lugar a dudas acerca de las intenciones del Gobierno tripartito que preside: «No renunciaremos a defender ni a alcanzar ninguno de los objetivos del Estatut que nos tiene que permitir avanzar nacionalmente. Es nuestra ley y nuestra voluntad». Teniendo en cuenta el contexto en el que se producen estas declaraciones, resulta imposible no considerarlas una presión -intolerable por otra parte- sobre el Constitucional para evitar lo que en este momento, de acuerdo con las posiciones de la mayoría de los magistrados, parece previsible: la rebaja del contenido soberanista del texto, empezando por la supresión del término «nación» que figura en el preámbulo del Estatut.

Es evidente que Montilla, antaño representante del sector menos nacionalista del PSC, ha ido cayendo con la furia del converso en la deriva de sus socios, ERC e ICV, haciendo frente común con los nacionalistas de CiU, a quienes un posible recorte del Estatut les ha puesto los dientes largos para pescar en aguas soberanistas y volver al Gobierno catalán. Todo ello ante el silencio cómplice de Zapatero, que -urgido por la necesidad que tiene de los votos de los diputados del PSC en el Congreso- hace oídos sordos a las amenazas -algunas veladas y otras no tanto- de desobedecer una hipotética sentencia del TC desfavorable a las tesis del tripartito.

Ayer mismo arreciaron los anuncios de desastres si se produce esta circunstancia. Artur Mas pidió al Gobierno catalán «un plan de acción inmediato» para lograr un concierto económico como el vasco, Joan Ridao (ERC) adelantó que «nada será igual» si hay una sentencia adversa al Estatut y Joan Herrera (ICV) dijo que si el texto no pasa la prueba de constitucionalidad hay que reformar la Constitución. Reiteradamente, tanto CiU como ERC han restado legitimidad al TC, llegando a pedir incluso que se inhiba de emitir una sentencia. Sin embargo, tanto la creación del tribunal catalán como las amenazas contra el TC -incompatibles con el respeto debido al Estado de Derecho- son posibles gracias a la propia irresponsabilidad del Tribunal que lleva más de tres años debatiendo el fallo. El doble de lo que los nacionalistas tardaron en redactar el Estatut.

La quimera insostenible de ZP
Lorenzo Contreras Estrella Digital 24 Noviembre 2009

El reciente montaje escenográfico del PSOE en el Palacio de Congresos de Madrid, con el único objetivo aparente de anunciar las reformas previstas en la futura ley de economía sostenible, habría estado fuera de lugar sin la crisis política y personal que pesa sobre Zapatero y su "familia" partidista. Tal vez fueron dos los factores determinantes del espectáculo: el pirateo con secuestro del Alakrana y el creciente peso negativo que las encuestas de opinión, sobre todo la del CIS, hacen gravitar sobre el prestigio decreciente del zapaterismo y sus expectativas electorales futuras. Todo un mundo en el que entran las corrupciones de las que el PSOE también participa, la acción erosionante del paro y de la economía, cuya más reciente expresión ha sido la protesta multitudinaria del sector agrícola en el centro de Madrid, y el escándalo del Sitel como sistema de escuchas ilegales.

Zapatero necesitaba inventarse un homenaje personal disfrazado de reforma económica de alto voltaje solemnemente anunciada, rodeado todo de una especie de "¡viva tu madre, qué grande eres!", con el añadido del consolador "no estás solo", un mensaje, si cabe llamarlo así, de delatora elocuencia. En realidad, Zapatero está cada vez más solo, incluso entre los suyos, como acreditan determinadas ausencias observadas en el área de sus antiguos colaboradores económicos y, por supuesto, entre los antiguos ministros y altos cargos que han ido dejando de serlo.

La teatralización espectacular de la solidaridad expresada con la excusa de una especie de revolución económica cuya puesta en marcha no ha sido evaluada, que se sepa, en sus aspectos financieros, ha rozado tanto el triunfalismo como la ridiculez paleta. Por supuesto que Zapatero marcha a notable velocidad cuesta abajo y que esa realidad tiene difícil remedio a estas alturas del tiempo. El rizo cosmético de su presidencia europea semestral no tendrá otra traducción que las exhibiciones audiovisuales y fotográficas que nos esperan en el mundo mediático. Una estrategia efímera e insostenible en plena transformación del modelo dirigente de la UE, alimentada desde el Gobierno y su partido, con aplausos, músicas y colores, pero no con argumentos y realidades eficientes.

El zapaterismo se ha visto obligado a poner sordina en ese abucheo de fondo que la sociedad le dedica. El episodio del Alakrana terminó con una ristra de mentiras sobre las particularidades del arreglo, y con el irritante ejemplo de insolidaridad suministrado por el mundo nacionalista vasco, que despreció la cobertura oficial para el regreso de los atuneros, nada digamos de las celebraciones sentimentales de las Seychelles. Todo ello después de que el PNV se desgañitara pidiendo auxilio oficial a través de recriminaciones constantes para que el dinero español lloviera a raudales entre las lastimeras invocaciones de las familias. Al final, una vez rescatados y en territorio nacional, los atuneros vascos fletaron su propio avión, es decir, lo fletaron los vasallos de Urkullu y compañía para organizar la propia arribada a Euskadi.

Se nota la profunda irritación de los nacionalistas peneuvistas bajo el peso del poder político perdido y, para colmo, por el no menos "irritante" nombramiento para la diócesis de San Sebastián de un prelado vasco que no responde en principio a la línea que ha mantenido el supernacionalista Juan María Uriarte, hasta ahora obispo de Donostia, ligado por algún lazo familiar a la antigua Batasuna. El nuevo obispo se llama José Ignacio Munilla, ha sido párroco de una iglesia de Zumárraga, a parte de obispo de Palencia, y siempre se desmarcó de la línea "pastoral" trazada por su todavía antecesor en ciernes. No parece sino que los tiempos, de vez en cuando, establecen variantes poco gratas para la "escuela" creada por el famoso Setién. Ya se habla de algún que otro "terremoto" en la Iglesia vasca. Seguramente en Bilbao le esperan también malos momentos al obispo Blázquez, hoy reforzado por un auxiliar poco nacionalista llamado Mario Iceta.

Evitar más tensión
EDITORIAL El Correo 24 Noviembre 2009

La injustificable dilación del Constitucional a la hora de pronunciarse sobre el nuevo Estatuto de Cataluña, aprobado en referéndum el 18 de junio de 2006, contribuye a erosionar la legitimidad del Alto Tribunal si su sentencia entra en colisión con aspectos fundamentales de la Ley Orgánica asumida por los catalanes como marco renovado de su convivencia interna y de la que desean mantener con el resto de los españoles. Las vicisitudes del Constitucional merman las condiciones que necesitaría para confrontar su parecer con el de la mayoría parlamentaria en la Cámara catalana y en las Cortes Generales, haciendo valer su razón última sobre la expresada por el Poder legislativo. Pero las indicaciones del president Montilla, llegando a considerar que una sentencia adversa cuestionaría el marco constitucional en su conjunto, y la llamada de Artur Mas para ir más allá del propio Estatut en el caso de que el veredicto del TC le parezca desfavorable a CiU implican que tanto el Gobierno de la Generalitat como el primer partido de la oposición en Cataluña amenazan con desbordar el cauce que rige el marco constitucional; marco en el que se inserta toda modificación de las bases estatutarias del autogobierno.

Tanto la descontrolada elaboración de la reforma del Estatut como la negociación con el Gobierno central que protagonizaron Zapatero y Mas evidenciaron las dificultades de encaje de algunos aspectos del nuevo texto respecto a la Constitución. Es cierto que la promulgación del Estatut propició la apertura de una nueva etapa autonómica, puesto que parte de su contenido acabó siendo contemplado en la modificación de otros estatutos. Pero que esto último atenuara las dudas e incomodidades que suscitaba el texto catalán no significa que todo su articulado fuese igualmente aceptable desde el punto de vista constitucional. Es comprensible que los partidos integrantes de la Generalitat, divididos ya ante el referéndum del Estatut, y CiU adviertan públicamente sobre las consecuencias de una sentencia que pudiera encrespar algunos ánimos y generar nuevos sentimientos de desafección constitucional. Pero forma parte de su responsabilidad evitar que la prevención ante una sentencia que pudiera creerse frustrante acabe provocando una tensión política incontrolable para los propios promotores del Estatut.

Amenazas, memoria y miserias
HERMANN TERTSCH ABC 24 Noviembre 2009

NOS vuelve a avisar el Califa de Iznájar, a la sazón presidente de la Generalitat de Cataluña. Digamos mejor que nos vuelve a amenazar a todos. Como el Tribunal Constitucional intente cumplir la Constitución se puede dañar gravemente la convivencia entre los españoles. Resulta que pese a la máquina de regañar que es la vicepresidenta, con todos sus recursos para amedrantar, pese a las advertencias que desde hace años caen sobre ese tribunal y sobre la opinión pública, en el mejor estilo del batasunismo disfrazado de socialismo nacionalista o viceversa, parece ser que hay indicios de que los magistrados no van a tragar. Y cunde la alarma entre la tropa y nos aseguran que «tumbar» un estatuto inconstitucional por decisión de quienes deben decidirlo sería un acto de agresión, se supone que contra ese 32 por ciento de catalanes que no se fueron a la playa y votaron en ese referéndum. ¿Se levantarán los segadores para cortarnos la yugular a los magistrados y a todos aquellos que creemos que es precisamente ese estatuto un atentado contra la convivencia y la solidaridad entre todos los españoles? No tengo ni idea con cuántos segadores cuenta el Califa Montilla para convertirse en un golpista como su admirado Companys y desafiar abiertamente al régimen constitucional de la democracia española. Claro es que era más fácil amenazar entonces con un sistema de checas en plena marcha y con un régimen de terror impuesto en Barcelona y otras ciudades catalanas que con esta tropa de estómagos agradecidos cuya lucha final de liberación es irse al velero o comer una vez en la vida en El Bulli.

Por decirlo de otra forma: «Menos lobos, Montilla». Si el Tribunal Constitucional logra dar un golpe liberador frente a todas las operaciones intimidatorias del Gobiernos central y del regional de Cataluña, quizás nos lleve a la ciudadanía a perdonar -que no olvidar- el ridículo hecho en los últimos tres años. Y se harán las correcciones necesarias en el estatuto catalán para que no haya malentendidos. Y los catalanes y el resto de los españoles seguiremos dedicados a lo que más nos importa ahora, que es salir del pozo negro del desempleo y de la fábrica de pobreza en que nos ha instalado el señor Zapatero con ayuda del califa asimilado. Que con el ambiente generado en Cataluña por Montilla y sus cómplices nacionalistas haya algunos que quieran tirarse al monte es probable. Que se tiren. Que en invierno hace mucho frío por ahí arriba y para las Navidades estarán todos en casa. Montilla no se moverá de su palacio, en el que jamás pensó nadie sentado que él podría entrar y del que por supuesto no quiere salir. Tan sólo los once salarios de su mujer y el colegio alemán de los niños -para salvarles de la estulticia de la inmersión catalanista que ha impuesto e impulsa- valen la pena de una considerable resistencia.
Pero saldrá algún día y como a su colega y paisano Chaves -ese que negoció directamente con su hija la subvención de diez millones de euros para la empresa en la que trabaja la niña- acabarán por ser sometidos a una auditoria algún día no muy lejano. Como ese elegante Millet, héroe del establishment del oasis catalán. Como a sus amigos de los informes inexistentes la Generalitat o los estudios grotescos con los que pagan y gastan el dinero extorsionado a un Gobierno débil, inepto y dependiente como es el de Zapatero. Lo dicho Montilla, no te tires el rollo que tus milicias no nos impresionan. Puedes ponerte en huelga de hambre como aquel inefable Xirinachs. Pero te veo más protestando a base de comer bien. Y ya que hablamos de miserias, sólo un par de frases para comentar la desaparición de la placa en la embajada de Washington en la que se recordaba que se inauguró bajo el mandato de Aznar. Tanto quitar placas de nuestra historia que algunos cometen excesos. Se califican a sí mismos. ¡Jamás este país estuvo sometido a tanta ruindad!

Quemar los 'vaixells'
RAUL DEL POZO El Mundo 24 Noviembre 2009

Catalanes y no catalanes se parecen en que para cada uno de ellos su país es su angustia. Los primeros llevan 100 años, o tal vez 300, amenazando con irse y nunca se van. Los otros viven con aflicción ese juego de amantes despechados, condenados a seguir juntos. Pero ¿por qué condenados? ¿Acaso el divorcio entre personas no puede ampliarse a los pueblos? Escribe Ciorán, refiriéndose a la España inacabada. «Es casi imposible hablar con un español de otra cosa que de su país, universo cerrado, provincia absoluta, fuera del mundo». Los catalanes han cogido el punto a los demás españoles, les toman el pelo. España conjugó todos los verbos con Cataluña: allanar, bombardear, conllevar y, por último, tragar. Estamos llegando al límite de la fatiga, al punto de no retorno.

Montilla, al que oí en un mitin de campaña hacer el discurso más catalanista, por no decir independentista, que he escuchado, parece ahora dispuesto a romper amarras. Exige al Tribunal Constitucional que respete la legitimidad del Estatuto, que empuña como un cuchillo contra la Constitución. Saura pide que se disuelva el Constitucional. Joan Ridao, de Esquerra, ha amenazado diciendo que una sentencia adversa al Estatuto será «una fábrica de soberanistas». Ridao está en su papel, pero lo mismo Montilla que Saura demuestran ser políticamente ágrafos, ignoran que a los políticos también les gobierna la Ley. Lo decían los primeros demócratas, la Ley es el rey de todos, de los mortales y de los inmortales.

Estos políticos inciviles están quemando las naves, los vaixells, pero con el culo pegado al sillón. El primero que quemó las naves fue Alejandro, después le imitó Cortés. Alejandro, que sabía de memoria La Ilíada, dijo a sus soldados: «Mirad cómo arden los barcos, ésta es la razón de que debéis vencer, ya que de no hacerlo, no volveréis a vuestros hogares, el mar es el único camino de vuelta y sólo podréis regresar en los barcos de los enemigos».

Montilla y sus consellers intentan regresar con las naves del enemigo, pero sin arriesgar ni siquiera el sueldo. Su actitud me recuerda lo que leí en Historia de Cataluña de Ferran Valls i Taberner: «No perdáis el tiempo luchando contra el Estado, apoderaos de él».

En la historia de Cataluña hubo alzamientos, alborotos y revueltas. Intentaron la instauración de una república bajo la protección del rey de Francia. Quevedo, pluma del conde-duque, devorado por el odio a los catalanes, los retrata como desleales y ladrones, en su caos de privilegios. Aquéllos peleaban, éstos no pierden el tiempo luchando contra el Estado, están introducidos en él, conspiran desde dentro, amparados por la Constitución, que apuñalan con vileza.

Lo que pasa es que, con su juego de extorsiones y timos, están precipitando su historia y tal vez no era la independencia lo que querían.

Un reguero de víctimas
LUCIA MENDEZ El Mundo 24 Noviembre 2009

Cuatro años después de su aprobación por el Parlamento catalán, la reforma del Estatut no ha traído más que desgracias y un reguero de víctimas. A Pasqual Maragall le costó la carrera política y quién sabe si la salud. Al gran animador Carod-Rovira le birló seis de los ocho diputados de ERC en el Congreso. A Zapatero -en el pecado llevó la penitencia, puesto que fue él quien lo impulsó- le ha producido más dolores de cabeza que ninguna otra cosa desde que está en La Moncloa. Al PSOE le causó un drama interno de proporciones considerables. A Artur Mas le originó casi una úlcera de estómago, tras descubrir que Zapatero no podía cumplir la promesa que le hizo en la intimidad de La Moncloa de darle la Generalitat al partido más votado. A José Montilla el Estatut le ha quitado su atractiva condición de charnego, obligándole a defender un texto nacionalista en el que no creía. El caso de Montilla es paradigmático del ambiente febril, alocado y poco reflexivo que dio lugar a la aprobación del Estatut. El actual presidente de la Generalitat le dijo a mucha gente durante el debate en el Parlament que había que parar aquel disparate.

Hasta el padre de la patria, Jordi Pujol, es una víctima del Estatut, ya que ha tenido el hombre que salir de su retiro para reflexionar acerca del encaje de Cataluña en España. Y no acaba de tener claros los motivos por los que el mundo ha dejado de girar como solía. De hecho, él nunca pidió una reforma estatutaria durante su mandato al frente de la Generalitat, a pesar de lo mucho que mandaba, primero con González y después con Aznar.

El daño ya está hecho. El anticatalanismo creció en el resto de España y el antiespañolismo en Cataluña. Los interminables y escasamente ponderados debates acabaron por minar la paciencia de muchos españoles y muchos catalanes, que ni siquiera fueron a votar mayoritariamente en el referéndum. La clase política de Cataluña es, sin duda, la mayor víctima de sí misma. Desde que se aprobó el Estatut, no ha levantado cabeza y ha perdido parte de su autoestima, por muchas fanfarronadas que diga. Nadie sabría poner un nombre en la lista de beneficiarios de esta ruinosa operación política. Quizá Mas, que se ha ido consolidando como sucesor de Pujol en CiU, cosa que no se presentaba nada fácil.

La última víctima es el Tribunal Constitucional, que ha perdido credibilidad y autoridad. Al no atreverse a tomar una decisión en tiempo y forma, ha contribuido a pudrir el debate de tal manera que haga lo que haga ya no podrá salir indemne. Ahora parece que se acerca el final y muchos contienen el aliento, pronosticando grandes desgracias si el TC recorta el texto. Sin embargo, el final será una bendición, pase lo que pase. Y, además, que nadie se preocupe, que no pasará nada. La sentencia se acatará por todos, como no puede ser de otra manera.

La lengua de enseñanza en la legislación de Cataluña
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com 24 Noviembre 2009

El derecho a la enseñanza de y en la lengua materna está reconocido por multitud de órganos internacionales. Algunos de ellos comprometen al Estado Español.

Incluso el Parlamento Europeo, (10.11.2005), define la comunicación en lengua materna como una "competencia clave" que la escuela debe promover, incluso si esa lengua no es oficial. Podría ser que, incluso más allá del Constitucional, otros tribunales internacionales -de Europa, de los derechos humanos, contra el racismo- obligaran a modificar el articulado del Estatut.

Pero ciñéndonos al Constitucional (TC) y su doctrina, hay argumentos de sobra que prohíben que el catalán sea 'la' lengua exclusiva de la enseñanza.

En las sentencias del TC 83/1983, 88/1983, 82/1986 y 84/1986, se considera que el deber de conocimiento sólo puede predicarse del castellano y no de las demás lenguas oficiales, invocando los trabajos de elaboración de la Constitución. Aunque limita ese deber a "la presunción de conocimiento de la que se deriva la imposibilidad de alegar válidamente su desconocimiento", con él se obliga al Estado a la enseñanza de y en castellano en todo el territorio. La sentencia 84/1986 declara inconstitucional el deber de conocer el gallego, de la Ley de Normalización lingüística del Parlamento de Galicia.

Sentencia del TC 6/1982: "corresponde a la Alta Inspección Educativa en materia de enseñanza no universitaria velar por el respeto a los derechos lingüísticos -entre los cuales está, eventualmente, el derecho a conocer la lengua peculiar de la propia Comunidad Autónoma-, y en particular, el de recibir enseñanza en la lengua del Estado".

El propio Parlamento de Cataluña, en las alegaciones a la cuestión de constitucionalidad de la Ley de Normalización Lingüística (14.4.1994), opina que no se puede imponer el uso activo del catalán a los alumnos -excepto en la asignatura de catalán, por motivos pedagógicos-.

Ibídem (III,6), el Parlament interpreta la Sentencia 6/1982 del TC, en concreto el sintagma "derecho a recibir enseñanza" en castellano, en el sentido de que "puede admitirse desde el punto de vista constitucional que se imparta sólo una parte de la enseñanza en castellano". Luego no puede admitirse que no se imparta ninguna parte en castellano.

Ibídem (2.2), el Parlament expone que el uso del catalán en la enseñanza es constitucional porque no afecta a la integridad moral de los alumnos. Pero "cuestión diferente sería que se desprendiera una imposición del uso del catalán a los alumnos... que limitara el uso del castellano entre aquéllos". Eso sí sería inconstitucional.

Ibídem, para justificar la constitucionalidad del art. 20 de la Ley de Normalización, el Parlament muestra que "en ningún momento se califica al catalán como lengua exclusiva, obligatoria o única". Para el Parlament, la expresión "debe hacer -del catalán- vehículo de expresión normal" sólo significa "un simple mandato de fomento", por lo que "en ningún momento podría considerarse excluido el uso del castellano en los centros docentes".

La Generalitat, en las alegaciones ante la misma causa, (14.4.1994), argumenta que "la enseñanza básica -tiene un- carácter fundamental para llegar a conseguir una futura sociedad catalana efectivamente bilingüe", "la ley es garante de conocimiento y uso en plano de igualdad del catalán y el castellano", "-el sistema de conjunción lingüística- comporta la obligación... de recibir la enseñanza en catalán y en castellano". Declaraciones babélicas al cien por cien, que nada tienen que ver con la escuela catalana y el articulado del Estatut actual.

Ibídem, el Gobierno catalán niega de hecho la práctica de la inmersión desde parvulario, ya que la Ley de NL tiene por objeto "garantizar que los niños que tienen el catalán como lengua materna puedan recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, de la misma manera que los niños que tienen el castellano como lengua materna puedan recibir las primeras enseñanzas en castellano". Primera enseñanza es "el segundo ciclo de la educación infantil -parvulario- y el ciclo inicial de la educación primaria". A partir del ciclo medio "será importante... que incrementen el uso de la otra lengua cooficial... -para- garantizar al final de la escolarización obligatoria el dominio de ambas lenguas" (5.2). Más que avalar la inmersión lingüística en catalán, el Gobierno catalán parecía argumentar contra la inmersión de hecho en castellano, heredada del pasado. Pero esta argumentación era, en pleno año 1994, totalmente retórica: la inmersión obligatoria en catalán ya se había implantado a todo lo ancho y largo de Cataluña.

Ibídem, el Gobierno catalán interpreta la sentencia del TC 6/1982 -derecho a recibir enseñanza en castellano- en el sentido que no obliga a que "toda" la enseñanza sea en castellano, porque entonces el TC hubiera dicho "recibir la enseñanza, ya que ello hubiera sido equivalente a toda la enseñanza"(5.2.1). Entonces, queda claro lo que significa "el catalán es la lengua vehicular" en el artículo 6.1 del Estatut.

Ibídem, para el Gobierno catalán, que el catalán sea lengua de uso normal en la enseñanza "no significa, como es obvio, que haya de utilizarse como lengua única: no se ha tratado de sustituir el uso de una lengua por otra, sino solo de afirmar la oportunidad del uso del catalán" (5.4). El "como es obvio" está en el original. En la práctica, las obviedades ya sabemos en qué han ido a parar. Por si alguien lo duda, en el párrafo anterior se pregunta: "¿El legislador catalán ha relegado el castellano como una lengua accesoria en el ámbito escolar? La respuesta es no, evidentemente no. Entenderlo de otro modo sería atribuir al Parlamento catalán una clara desconsideración hacia la lengua que es común de todos los españoles..." O sea que la práctica escolar actual y el artículo 6.1 del Estatut, que evidentemente sí han relegado el castellano como lengua accesoria -y yo aún diría que menos que accesoria- muestran una clara desconsideración hacia la lengua común de todos los españoles...

> Libro editado por la Generalitat en 1994

Detenidos los miembros de la nueva cúpula de Segi en una operación de Guardia Civil y Policía / Cientos de agentes participaron anoche en decenas de arrestos y registros en País Vasco y Navarra
La Policía aborta un plan de ETA para reorganizar y potenciar su rama juvenil
La operación ha sido posible gracias a un documento intervenido en abril en París a Ekaitz Sirvent.
Madrid - J. M. Zuloaga La Razón 24 Noviembre 2009

La Policía Nacional y la Guardia Civil iniciaron anoche una amplia operación en el País Vasco y Navarra con el fin de impedir la reorganización de las juventudes proetarras. hasta el momento el número de detenidos por su presunta relación con la organización juvenil 'abertzale' Segi asciende a 36, según fuentes de la lucha antiterrorista. En concreto 29 de ellos han sido detenidos por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y los otros siete por agentes de la Guardia Civil en un dispositivo que todavía permanece abierto por lo que podrían practicarse nuevos arrestos en las próximas horas. Los cabecillas de la banda, según informaron a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, habían diseñado un minucioso plan destinado a revitalizar el independentismo vasco de carácter violento a partir de las organizaciones juveniles de su entorno.

Audiencia Nacional
La operación está dirigida desde la Audiencia Nacional por el juez Fernando Grande Marlaska y es el fruto de una larga investigación desarrollada por ambos cuerpos policiales.

Las primeras pistas del plan que había diseñado ETA se obtuvieron tras el arresto, en la estación de Montparnasse de París, el pasado 1 de abril, del cabecilla Ekaitz Sirvent Auzmendi, gracias a la información aportada por la Policía nacional española.

Este individuo pasaba por ser el jefe de falsificaciones de la banda pero, tras el análisis de los documentos que llevaba encima (en dispositivos de almacenamiento pen drive) se supo que su importancia dentro de la organización criminal era muy grande.

Algunos expertos han comentado que Sirvent tenía el mismo nivel y «preparación» que José Luis Álvarez Santacristina, «Txelis», arrestado en marzo de 1992 en Bidart (Francia), y que junto Francisco Múgica, «Pakito», y José Arregui, «Fiti», formaban el colectivo «Artapalo». En aquella operación, realizada por la Guardia Civil de Inchaurrondo al mando del teniente coronel Galindo, se incautaron numerosos documentos elaborados por «Txelis», que demostraban que se había convertido en el auténtico «ideólogo» de la banda. Lo mismo ocurría con Ekaitz Sirvent, lo que demuestra la relevancia de las investigaciones de la Policía Nacional española.

Entre los documentos que se encontraron en poder de este individuo, había uno que llamó la atención de los investigadores ya que se refería a la organización de una «revolución juvenil» en el País Vasco y Navarra. Se trata, según las fuentes consultadas por este periódico, de un escrito extenso, prolijo y cargado de tesis marxistas ya superadas en la Europa occidental, que Sirvent pretendía aplicar para llevar a cabo dicha «revolución».
No se trataba de un mero estudio teórico sino que se establecían fases y fechas para conseguir articular una «dinamización» de todo el entramado proetarra a partir de las organizaciones juveniles.

Los investigadores no lo dudaron y pusieron manos a la obra para cortar de raíz los planes etarras y no tener que lamentar en el futuro el haber minusvalorado la importancia que tenía al documento que se acababa de incautar.

A título de ejemplo, entre los libros que Sirvent proponía como «material didáctico» estaban las obras de Mao Tse Tung, las de Marx y las de Engels; «Estado y revolución», de Lenin y, referido al País Vasco, las historias de ETA, el sindicato LAB, ANV, etcétera.

Sirvent admitía con preocupación que las sociedades vasca y navarra se habían distanciado de las organizaciones del entramado de ETA, sobre todo después de la ruptura del alto el fuego.

Esta situación la consideraba especialmente peligrosa porque podía conducir a un triunfo policial sobre la banda y su entorno. En definitiva, a una derrota del independentismo vasco de carácter violento y la pérdida definitiva de la posibilidad de constituir un «estado vasco socialista» (comunista).

Sirvent consideraba que se podía dar la vuelta a dicha situación precisamente a partir de la «revolución juvenil» que propugnaba y que, por supuesto, como siempre ha ocurrido con las organizaciones de este tipo en el País Vasco y Navarra, debían seguir las órdenes de ETA, con total dependencia a las estrategias que se marcaran en cada momento.

El terrorismo callejero (conocido como «kale borroka) es la base de la desestabilización que se encomienda a estas organizaciones pero también las labores de agitación y propaganda. Lo que pretendía el cabecilla arrestado en París era la «recuperación de la calle» y que el «movimiento juvenil» tendiera una red que llegara hasta el último pueblo. Donde ya exista una organización, hay que potenciarla; y dónde no exista, crearla, afirmaba.

En concreto, señalaba que «uno de los elementos más importantes de esta planificación estratégica que debemos mejorar y cambiar en los próximos años, es el de interiorizar, formalizar, estructuralizar, organizar y pensar conscientemente la planificación de la militancia (...) maximizar la propia maquinaria de estructura organizativa se debe convertir en uno de los objetivos prioritarios en los próximos años. Un objetivo planificable, cuantificable, valorable y conseguible». Y subrayaba: «hay que hacer apuestas de futuro y no hay mejor escuela militante que la organización juvenil».

Los expertos alertaban de que, si no se hubiera realizado la operación iniciada anoche, esa planificación podría haber sido la base de la reorganización de ETA.
Nueva ideología para las juventudes proetarras
Los expertos antiterroristas que han analizado el documento que se incautó a Ekaitz Sirvent consideran que, de cumplirse se contenido, la situación en el País Vasco y Navarra podría volver a los peores momentos de las décadas de los setenta y ochenta en lo que a radicalización de la juventud proetarra se refiere. Uno de los efectos que ha tenido la lucha policial contra la banda y su entramado ha sido el de «bajar el nivel» de los individuos que entraban a militar en las organizaciones del entorno radical. Los agentes que en los últimos años han detenido a miembros de Segi han observado que carecían de «razones» de peso o ideológicas para justificar sus acciones delictivas. Se movían más por el odio a España o una idea vaga de alcanzar «la independencia de Euskal Herria», que por motivos más desarrollados. En su documento, Sirvent analiza estas carencias y propone lo que el llama «socialismo», que no es otra cosa que el comunismo, como ideología para aglutinar a los individuos que militan o están dispuestos a militar en Segi. Sin olvidar la idea de la independencia, la consecución de una «república» en la que quedara abolido el capitalismo y la «sociedad patriarcal» se configuran como objetivos.
 

Recortes de Prensa   Página Inicial