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Recortes de Prensa    Miércoles 25 Noviembre  2009

 

Montilla
La institucionalización del golpe de Estado
Agapito Maestre Libertad Digital  25 Noviembre 2009

La irresponsabilidad del Tribunal Constitucional, junto a la irresponsabilidad del Gobierno de Zapatero legitimando la secesión de Cataluña de España a través del Estatuto de Cataluña, conduce a la democracia española a una situación política tan desquiciada y absurda como la que provocó el famoso golpe de Estado del 34 del Estat Català contra la República española. El afán golpista del nacionalismo se ha extendido a las huestes socialistas. Y populares. La locura empieza a ser imparable. La fotografía de los nueve miembros del llamado "Tribunal Constitucional de Cataluña" ante Montilla refleja, sin duda alguna, el "imaginario político de carácter golpista de las elites políticas de Cataluña". No falta nadie, incluso los del PP avalan tal tropelía contra las instituciones democráticas, es decir, contra la unidad de la nación española y contra la igualdad de derechos de todos los ciudadanos ante la ley.

Nadie se engañe quitándole importancia, o peor, tratando de ridiculizar el acto de constitución del nuevo órgano creado por la casta política para defender un Estatuto recurrido por varias instituciones ante el Tribunal Constitucional. El paso liderado por el socialista Montilla "transforma", en realidad, da un golpe de Estado sobre el antiguo Consejo Consultivo y "crea" una nueva legalidad al margen de los cauces de la Constitución española y saltándose el sentido común, o sea, político propio de los Estados de Derecho. La constitución del Consejo de Garantías Estatuarias de Cataluña es algo más que un ataque político a la democracia española. Es, en efecto, un desafío al Estado nacional a través de técnicas jurídicas utilizadas por las dictaduras comisariales.

La actuación de Montilla, presidente del mesogobierno catalán, podría interpretarse como el intento de un comisario regio que trata de "emanciparse" de la Jefatura del Estado, el monarca, pero pidiendo a la vez ser protegido por el manto real bajo previo pago de unas cuotas reguladas por el "poder" real y el comisario regio. Pero, independientemente del nombre que le demos a este engendro, hay algo evidente: la Generalidad desafía a un Estado sabiendo que la batalla la tiene ganada. La prueba es que las instituciones nacionales han guardado silencio. Callan cobardemente. Son colaboradoras del golpe institucional. Las declaraciones del presidente del Gobierno llamando a la calma, al sosiego de los ciudadanos, ante el desafío catalán son más propias de un colaboracionista con el golpe iconográfico de Montilla a la nación española que de un jefe de Gobierno serio y responsable.

Asistimos a un golpe del Estado institucional en toda regla, pero la opinión pública no reacciona y los medios de comunicación no se atreven a contar, de verdad, lo que está pasando. Son pocos los medios de comunicación capaces de narrar y circunstanciar con cierta seriedad el golpe a todas las instituciones a través de una tergiversación constante de la ley y del poder democrático. He ahí otros dos motivos para temer lo peor, o sea, la repetición ridícula de los sucesos del pasado. El golpe de Estado que dieron en el 34 los nacionalistas catalanes a la República será una caricatura comparado con la perversidad con que las actuales elites políticas catalanas preparan el primer golpe secesionista del siglo XXI. ¿Conseguirán evitar la sangre? Quizá; pero, cuidado, porque nunca es fácil prever cuánto durará la anestesia que le han aplicado a la sociedad española.

El Constitucional, en entredicho
Pablo Sebastián Estrella Digital  25 Noviembre 2009

El Tribunal Constitucional, preso de sus orígenes y compromisos políticos, está llegando al final de su escapada y no tiene más remedio que publicitar la sentencia sobre el Estatuto catalán, que tendrá consecuencias definitivas sobre España como nación, el Estado de Derecho y la solidaridad entre las distintas regiones de nuestro país, entre otras muchas cosas. Y nos tememos que tras las filtraciones intencionadas de ciertos aspectos de la sentencia se esté fraguando la maldad de un consenso interpretativo que dé a todos, o a casi todos, la razón, dañando gravemente los fundamentos del Estado y de la nación española, e incluso aparcando, para los próximos meses, todas las explicaciones de las ambigüedades que incluya la sentencia con el fin de no acelerar las tensiones políticas que giran en torno a esta ineludible cita con la ley y con la Constitución, lo que constituiría el colmo de la desvergüenza por parte de unos magistrados que están bajo toda clase de sospechas y que, en consecuencia y por los retrasos acumulados, no parecen estar a la altura del cargo y la responsabilidad que ostentan.

De momento, con el juego de la ambigüedad y de filtraciones intencionadas de aspectos de la sentencia -sobre la nación, el idioma, la bilateralidad, etc.- parecen haber silenciado al PP y a su líder, Mariano Rajoy, que tiene en este asunto la verdadera prueba de fuego de su liderazgo -muy por encima de los problemas internos del PP, e incluso de la crisis económica- y que se va a equivocar si, por conseguir unos miles de votos en Cataluña y un posible pacto con CiU, renuncia a defender a España como nación. Y no sólo por los efectos electorales que ello tendría para el PP, en beneficio del partido de Rosa Díez, que no perdería la oportunidad, sino porque toda dilación de Rajoy en esta cuestión esencial de la identidad y la cohesión nacional -que, por cierto, está íntimamente relacionada con la crisis económica- le será, y esta vez con razón, echada en cara por los dirigentes de su partido y medios conservadores del PP, que esperan una oportunidad para reabrir el debate de su liderazgo y su autoridad. O sea, que en esto del Estatuto catalán no cabe la menor ambigüedad.

Bastante callado está el PP -sobre todo el catalán de Sánchez Camacho- con las presiones y el espectáculo de hechos consumados, como el reciente de la Corte "presuntamente" constitucional catalana, como para que Rajoy y su partido consientan esta pública presión a los magistrados constitucionales por parte de los partidos políticos y las instituciones de Cataluña, mientras el caótico y demencial Gobierno de Zapatero -inventor del problema de este Estatuto y la financiación autonómica- se dedica a buscar compensaciones a los moriscos expulsados de España hace siglos, mientras sus compañeros del PSOE presionan al Constitucional para desguazar la España del siglo XXI, con la misma facilidad con la que se ha desmoronado la economía del país ante la sonrisa boba y sorprendida del señor del talante, que pronto se prestará a revisar la conquista del Al Andalus y a compensar a los moros que siglos atrás -como lo reivindica Ben Laden- fueron expulsados de casi todo el territorio español.

Hay mucho en juego y hay noticias alarmantes sobre el comportamiento de los magistrados del Constitucional, y no sólo por presiones políticas, sino también por sus propias ambiciones de presidencia y vicepresidencia en el que se espera como tribunal renovado en próximos meses, y aquí inmerso el nombre del magistrado Ramón Rodríguez Arribas, de quien se dice que se está prestando a indecentes consensos para promocionarse, lo que sería de la mayor gravedad. Aunque visto el espectáculo de bronca pública de la vicepresidenta De la Vega a la presidenta del Constitucional, Casas, nada se debe descartar, y aquí incluidas tanto las presiones del Gobierno catalán como las del Gobierno de Zapatero, que se juega mucho en esta sentencia como autor que es el presidente de este lamentable enredo, y a sabiendas de todas las consecuencias que una sentencia justa y a favor de España podría tener para la unidad del PSOE, ante el riesgo de ruptura con el PSC.

Los apuros del Constitucional
Fernando González Urbaneja Estrella Digital  25 Noviembre 2009

El Tribunal Constitucional está atrapado en sus propias contradicciones, de las que son responsables sus ilustres miembros, pero también quienes les nombraron y el entorno político general, que no deja de presionarlos. El Constitucional necesita prestigio como los peces agua y los pájaros el viento. Pero daña su reputación con deméritos propios y ajenos.

Desde hace tres años deshoja la patata caliente del Estatuto de Cataluña y su dudosa constitucionalidad. Todos han ido demasiado lejos en este asunto, quienes propusieron ese texto, quienes lo asumieron sin analizarlo ni medir las consecuencias, buscadas y no buscadas, y quienes lo han aprobado con oportunismo o con la tesis del mal menor.

Al final la carga recae sobre el Constitucional, que, de paso, ha sufrido desgarros internos que sitúan a los diez miembros con voto ante dilemas que les resultan insuperables. Hagan lo que hagan estará mal, para unos u otros, y tendrá consecuencias negativas para casi todos, sólo los enredadores y alborotadores se van a alegrar.

Pretender que el Constitucional no puede enmendar lo aprobado por los parlamentos y por un referéndum es no entender los papeles asignados por la Constitución. Pretender que el Constitucional está descalificado por sus sesgos partidistas es meterse en un avispero incierto y peligroso.

El retraso de años en esta sentencia (y en otras) gira en contra del Tribunal, contribuye a presuponer conductas equivocadas y provoca cartas como la del magistrado Aragón a El País del lunes, exigiendo un respeto que merece pero que quizá los magistrados no se han ganado. El profesor Aragón debe maldecir el día y la hora en la que el presidente Zapatero le convocó a este cargo.

Miquel Roca aludía en su último artículo en La Vanguardia a la lealtad poniéndola entre interrogantes. Una reflexión pertinente: en este asunto sobran ligerezas y lealtades, traicionados y alguna cobardía.

El Constitucional está a la intemperie, desnudo y a la suerte de los vientos exteriores. Los jefes políticos deberían ocuparse de devolver al Tribunal a su sitio, sin ventajismo partidista. Pero no lo hacen porque pretenden manipular, sacar ventaja. Ése es el problema, tanto o más que la propia inepcia de los magistrados que no son capaces de salir del laberinto. Un camino sería que los de mandato vencido hace dos años dimitan de verdad, aunque sólo fuera para forzar una renovación que impide la baja política. Cualquier sentencia sobre el Estatuto será polémica, pero lo peor es esta impotencia de no pronunciarse que produce todos las males previsibles y ningún bien. Y de paso arruina la reputación del Tribunal y del propio orden institucional.

Género chico
M. MARTÍN FERRAND ABC  25 Noviembre 2009

EL Tribunal Constitucional, tan innecesario como pomposo, tiene algo de patio de vecindad. Muchas veces parece, dada la capacidad de filtración informativa que muestra la institución, que los magistrados que la integran se afanan en una representación de La Revoltosa mejor que en la delicada tarea de rebuscar por entre las entrañas de las leyes nuevas para buscar en ellas todo cuanto se distancie en demasía del espíritu y la letra de la Constitución del 78. Hubiera bastado para esa tarea una Sala especial en el Tribunal Supremo, pero la Transición fue rumbosa y no quisieron sus principales protagonistas, maestros del pacto y la componenda, que nos faltara de nada. Nos hubiéramos ahorrado conflictos y agravios comparativos y hubiéramos aliviado en algo la gigantesca e insoportable máquina del Estado.

Vamos sabiendo, con detalle, como si se tratara de buscar la complicidad de la calle, lo que hacen y no hacen los magistrados del Constitucional en su larguísimo debate sobre el Estatut que animó José Luis Rodríguez Zapatero como premio al tripartito que le asentó en La Moncloa, aprobó el Parlament, refrendaron las Cortes, entró en vigor hace tres años y tiene pendiente un recurso de inconstitucionalidad que con buen sentido jurídico, responsabilidad nacional y riesgo político en su futuro catalán, presentó el PP.

Mari Pepa, Felipe, Gorgonia, el señor Candelas y ninguno de los protagonistas de La Revoltosa usan toga para salir a escena. En eso se diferencian de María Emilia Casas, Pascual Sala, Eugeny Gay y demás ilustres vigilantes de la pureza constitucional. Por lo demás, para la zarzuela y para el Estatut no desmerece la música de Ruperto Chapí, tan bullanguera y ruidosa. Es tanto lo que ya sabemos de las deliberaciones del TC sobre este escabroso asunto que produce sonrojo la falta de discreción de los magistrados. De ahí, con parecido bochorno para una sensibilidad democrática, las coacciones y anticipadas respuestas con las que, de José Montilla abajo, vienen emitiendo los miembros del Govern y sus satélites partidarios. No es raro que en ese ambiente, al calor de un Estatut que está en vigor, en desprecio de una Constitución que debiera estarlo y al aire del desmadre nacional establecido, un juez de Vic le exija a un letrado de Murcia el pago de la traducción de un auto del Juzgado redactado en catalán. Esto es un Estado... bajo palabra de honor.

Gobierno de maniquíes
GABRIEL ALBIAC ABC  25 Noviembre 2009

TODOS reían mucho. Hacían bien. La vida es bella. La suya, sobre todo. Son guapos, ricos. Les pagamos, porque son guapos y ricos. A ver, si no, por qué otra cosa. Ríen. Con cargo a nuestros impuestos. Encima, les votamos. ¿Somos imbéciles todos? Puede que sí. Lo parecemos, en todo caso. Y seguimos votando. En silencio.

Un desfile de modelos. Eso es hoy la política. Tiene razón la agencia publicitaria a la cual desde la transición llamamos PSOE: quien sueñe hoy con otra política está muerto. O es un iluso. Política es este pase de modelos sobre alfombra roja. Nuevos ricos que exhiben galas glamourosas en tiempos de la pobreza más extrema. Políticos obscenamente satisfechos: pajines, blancos, salgados... Mimando dengues de los guapos oficiales, que les hacen de maestros de ceremonia. ¿Quién es aquí el actor, quién el guionista? ¿Los de la ceja alzada o bien la cejijunta De la Vega? ¿Los anabelenes de guardia o bien la parejita Zapatero? ¿Blanco o vaya usted a saber qué cantarina de la SGAE con cargo a Hacienda? No es ya siquiera ira moral lo que pone esa imagen del pasado fin de semana. Es vergüenza. Insoportable. Vómito. Vómito.

Y es cierto que la identidad entre política y escena define lo más propio de la política moderna. Desde final del siglo XVIII. Michelet hace arrancar la caída de Robespierre de una escenografía mal planificada: la del verano de 1794 que festejaba el nuevo culto religioso, que, al menos, lo era de la Razón. No se equivoca el autor de la monumental Historia de la revolucion francesa. Desde su nacimiento en 1789, la política moderna se ajusta, como a un guante, a la lógica del espectáculo, que es la ineludible lógica publicitaria del mercado. Pero, al menos, los escenarios efímeros de aquellos años los diseñaba Jacques-Louis David, que fue el mayor pintor francés de su siglo. Ahora, es cosa de escaparatistas y cantautores.

En 1967, Guy Debord dio análisis a eso a lo cual llamó «sociedad del espectáculo»; después procedió a destruirse, porque ningún camino quedaba abierto tras la glacial lucidez de aquel primer, profético, libro suyo. No conozco confirmación más cínica del análisis debordiano que el desfile de alta costura ministerial presidido por Zapatero y su señora para exhibir proclama de una bella «economía sostenible» de diseño, acerca de la cual no fue allí formulada una sola palabra: ¿para qué una palabra, si se tiene un torrente de imágenes monísimas? O, más que confirmación, caricatura. Pero tal vez ya sólo las caricaturas aportan votos en una sociedad perfectamente idiotizada, en la cual guapos maniquíes parasitarios y semianalfabetos juegan solemne papel de asesores áulicos.

No ha existido un mundo así en la historia moderna, en la historia. Si al más necio de los monarcas absolutos se le hubiera ocurrido hacer ostentación tan bestia de su corte y privilegios, lo de 1789 en Versalles hubiera sido un guateque. Lo de actores, actrices, ministros y ministras, presidentes y cónyuges, maniquíes y maniquíes, desfilando modelitos sobre pasarela roja justo cuando el desastre económico pone al borde del abismo a cada anónimo ciudadano, es lo más ofensivo que recuerdo en política. No quiero exagerar; he visto cosas más horribles: a ladrones y asesinos en los gobiernos Gal-Filesa de Felipe González. Lo que no he visto es un gobierno tan ofensivamente sin vergüenza. Cuesta creer que eso que he visto en las imágenes haya de verdad sucedido.
Al final, todos rieron. Se rieron. De nosotros. Tienen razón. Porque nosotros seguiremos votando. Seguiremos pagando. A pésimos actores. En cochambrosa escena. En corruptos gobiernos.

Doble ración de chantaje
EDURNE URIARTE ABC  25 Noviembre 2009

Doble ración de chantaje, es el resultado del segundo gran proyecto de José Luis Rodríguez de la pasada legislatura. Aquello de acabar con el conflicto nacionalista, que José María Aznar había empeorado, decía, con nuevas concesiones a los nacionalistas. Como iba a acabar con ETA, con la negociación. El ridículo del Estado es lo menos que se puede decir de los tratos con los terroristas. De la integración nacionalista, lo cierto es que las dimensiones del fracaso de Zapatero nos han sorprendido incluso a los que lo predijimos hasta la saciedad.

Me refiero a la doble ración. A que ahora el chantaje al resto de los españoles y al Estado ya no es sólo obra de los nacionalistas, sino que lo es también del PSC. A que tenemos doble ración de chantaje y doble ración de conflicto. Con el PSC liderando las amenazas al resto de España y las llamadas a la rebelión. Que es de la única forma de catalogar las declaraciones de José Montilla, el socialista convertido en el primer nacionalista de Cataluña. Como las del secuestrador que nos advierte de lo mal que se va a poner la convivencia si se le niegan sus exigencias. O el ladrón que amenaza con graves consecuencias si no se le entrega todo el botín.

Y este nuevo nacionalista al que yo difícilmente puedo diferenciar de un Arzalluz o de un Ibarretxe es hijo del propio Zapatero, de ese otro socialista que quiere solucionar el conflicto nacionalista con la entrega de más poder a los nacionalistas. Como para ser otra cosa en Cataluña, cuando tu propio líder, el de Montilla, basa su política en la felicidad de los nacionalistas.

La guinda del desastre del segundo gran proyecto de Zapatero es que ahora los socialistas quieran parapetar su fracaso detrás de lo que llaman Cataluña. Es que el Constitucional no puede llevar la contraria a Cataluña, dicen, como si Cataluña no fuera lo que el PSC ha decidido que sea.

ETA es más débil sin cantera
Las Fuerzas de Seguridad del Estado desmantelan la estructura de SEGI con 34 arrestos
Editorial La Razón  25 Noviembre 2009

Los acontecimientos han sido contumaces y han demostrado que el Estado de Derecho no está dispuesto a bajar la guardia contra ETA y que, por el contrario, está decidido a desarrollar su estrategia de acoso y derribo de la banda hasta sus últimas consecuencias, que sólo pueden interpretarse como la derrota definitiva e incondicional de los terroristas. La operación de ayer contra la organización juvenil ilegalizada Segi evidenció que la política antiterrorista no se ladea ni un centímetro de esa senda y que no se producen tiempos muertos ni para tomar respiro. La Policía Nacional y la Guardia Civil desarrollaron una de las redadas más importantes de los últimos años por el volumen de las detenciones. En total 34 presuntos miembros de Segi fueron arrestados en el País Vasco y Navarra, donde se practicaron 92 registros en domicilios de los sospechosos, sociedades relacionadas con la denominada izquierda abertzale y locales juveniles. Allí se intervinieron desde 6.000 euros repartidos en varios sobres a boletines editados por ETA, pasando por material para fabricar cócteles molotov y, lo que es más inquietante, anotaciones con datos de placas de matrículas de automóviles. Las primeras estimaciones de la operación dirigida por el juez Grande-Marlaska son plenamente satisfactorias y dan por desmantelada la estructura dirigente de Segi, la organización más ortodoxa y de mayor fidelidad a ETA. En palabras del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se habrían cumplido tres objetivos prioritarios: impedir que los grupos de la banda que han sido ilegalizados se rehagan; evitar que ETA tenga una cantera, y luchar contra la violencia callejera que organizaba Segi. Todos ellos son logros de gran trascendencia, aunque nos parece especialmente relevante el dato de que ETA se haya quedado desde ayer sin 34 potenciales nuevos miembros. Ese mazazo a la capacidad de regeneración de la banda supone debilitar sus estructuras y trabar una maquinaria terrorista que ha sido insistentemente golpeada por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Que ETA tenga problemas con su cantera, que no pueda sustituir a los terroristas detenidos con la urgencia necesaria, merma extraordinariamente sus movimientos y sus posibilidades para hacer daño, lo que la aboca a un desmoronamiento inevitable.

Históricamente, épocas como la actual de arrinconamiento y fragilidad de la banda han sido el caldo de cultivo para que ETA promoviera el debate sobre el final dialogado del terrorismo como una trampa para recuperar el resuello y fortalecerse. Esos cantos de sirena están representados hoy por la denominada «oferta de Alsasua» de los batasunos, que reproducen la retórica y el planteamiento tradicionales de la banda. En ese contexto, el nacionalismo vasco ha alimentado la también vieja dicotomía del sector blando y el sector duro de la banda, de los etarras buenos y los etarras malos, que se enfrentan en un debate inacabado. Hemos defendido siempre que esa imagen interesada y virtual no sólo era falsa, sino que ha servido a una estrategia que persigue en último extremo un espacio de impunidad, legitimación y comprensión hacia ETA y la desorientación y la desunión de los demócratas. Desde ese punto de vista, operaciones como las de ayer contra Segi envía un mensaje nítido a la banda de que no habrá más procesos ni tomas de temperatura ni se morderán más anzuelos y que la única salida para los terroristas es la rendición. Esa política sólo puede merecer nuestro respaldo absoluto y el apoyo a las Fuerzas de Seguridad más allá de que asumamos que ETA tiene capacidad para causar aún mucho dolor.

Lo que no resolverá la sentencia del Tribunal
JOSEP M. VALLÈS El País  25 Noviembre 2009

A estas alturas y cualquiera que sea el contenido o la fecha en que se publique, es muy probable que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña deje muy abiertas y sin resolver cuestiones que se plantearon a la institución y otras adicionales que ha suscitado su misma actuación. Empezando por las últimas, no parece que el Tribunal vaya a ser capaz de disipar serias dudas sobre la idoneidad de sus miembros para enfrentarse a un asunto como el que han abordado. No se trata de la competencia técnica de cada uno de los magistrados que tendría que darse por supuesta.

Se trata de la capacidad del colectivo para comprender que la caducidad flagrante de algunos mandatos y la persistente dificultad para arribar a acuerdos ampliamente sustentados le recomendarían una prudente autocontención. Especialmente, en el momento de examinar un importante acuerdo político amparado por las correspondientes mayorías parlamentarias y por la preceptiva ratificación popular.

El hecho es que el recurso al Tribunal y su accidentado y dilatado tratamiento han abierto profundos interrogantes respecto del papel de la institución cuando acepta enfrentarse a un texto refrendado por la mayoría popular. Sea cual fuere la orientación de una eventual sentencia, seguirá sin respuesta convincente la pregunta sobre la procedencia de que sobre aquel refrendo ciudadano se imponga una decisión ulterior del Tribunal. Porque no dejará de ser también una decisión política aunque se formalice jurídicamente.

En lo sustantivo de la cuestión, será muy difícil que la sentencia disipe el denso clima de desencuentro entre una parte mayoritaria de la opinión pública catalana -no constituida sólo por independentistas- y una parte mayoritaria de la opinión pública -no sólo formada por conservadores- en el resto de España. El Estatuto de 2006 fue en su origen y en buena medida un intento para combatir aquel clima con una recuperación del espíritu que llevó al pacto constituyente de 1978. Ya sé que para algunos que se aferran de buena fe a un tipo determinado de positivismo constitucional no puede admitirse la existencia de tal pacto porque no reconocen a una de las partes. Evitar este reconocimiento me resulta tan ilusorio como evitar la referencia a España -y no sólo a su Estado- cuando se trata de identificar a un sujeto político de entidad política innegable.

El pacto de 1978 había visto desgastada su legitimidad ante la opinión pública catalana. En gran medida a causa de las interpretaciones restrictivas que sus disposiciones habían recibido por parte de las instancias estatales. El desgaste de la confianza en el acuerdo estatutario lo señalaban desde hacía tiempo importantes indicadores. De entrada, las mayorías electorales en Cataluña. Pero no solamente. Circuló en su momento la leyenda urbana de que el nuevo Estatuto era un objetivo impopular. Fue calificado a menudo como simple pretexto para satisfacer aspiraciones más o menos inconfesables de determinadas élites. Es-ta interesada leyenda urbana fue difundida generosamente pese a que los datos disponibles señalaban de manera persistente que más del 70% de la sociedad catalana reclamaba un mayor grado de autogobierno. Eran datos contrastados de forma reiterada por el Centro de Investigaciones Sociológicas y no sólo por instituciones catalanas.

Lo cierto es que, a lo largo de su gestación, el texto que dio lugar al nuevo Estatuto de 2006 fue objeto de sucesivas reducciones respecto de sus pretensiones originales. En el curso de una observancia escrupulosa del procedimiento constitucional, el proyecto experimentó sustanciosas modificaciones a la baja. A pesar de lo cual, el texto fue aceptado por muchos catalanes como el único posible en las circunstancias del momento.

Si la sentencia del Tribunal insiste ahora en reducir el alcance del acuerdo estatutario de 2006, nadie debería sorprenderse de que siga creciendo en nuestra escena política aquel oscuro clima de desafección al que se ha referido en más de una ocasión el siempre ponderado presidente Montilla. Esta desafección incorpora actitudes de alejamiento e indiferencia con efectos políticos innegables. Con respecto al sistema político catalán, pero también con respecto al sistema político español. Si las aspiraciones contenidas en el Estatuto sobrepasan cualquier interpretación posible de la Constitución, será más difícil para muchos seguir prestando su confianza al código de 1978.

Sin desembocar forzosamente en ruidosa hostilidad, es imposible ignorar que tal pérdida de confianza debilitaría el apoyo que cualquier sistema político necesita para conservar un grado suficiente de legitimidad. Es frecuente aludir a los déficits de legitimidad que padecen hoy nuestras democracias. Si bien es cierto que no le corresponde al Tribunal la responsabilidad exclusiva de compensarlos, tampoco puede permitirse contribuir a su agravamiento.

Se ha rumoreado también en algún momento que la moneda de cambio para frenar voluntades dispuestas a cercenar partes sensibles del Estatuto podría ser la amputación de lo que allí se establece con respecto a la administración de justicia. Si ahí estuviera efectivamente una moneda de cambio, sería más explicable por la presión de intereses corporativos que por el peso de argumentos sustantivos. Quienes han leído el texto comprueban su respeto a la unidad estatal del poder judicial y la clara exclusión de una "justicia autonómica".

El texto asegura la existencia de una magistratura cuya selección, designación, promoción, retribución, inspección y capacidad de control siguen en manos de órganos del Estado y no de la Comunidad Autónoma. En sólo 10 artículos dedicados a la justicia, son más de 20 las remisiones a la Ley Orgánica del Poder Judicial que el texto asume. Nada tiene que ver, por tanto, con una estructura jurisdiccional parecida a la que funciona en Alemania, Suiza o Canadá.

Si el Tribunal optara ahora por hincar el bisturí en aspectos laterales contemplados por el Estatuto al tratar de este asunto, tendríamos una nueva señal de que el inmovilismo corporativo sigue pesando sobre un servicio público de la justicia cuyos resultados -por decirlo benévolamente- dejan mucho que desear. Una situación que lastra también gravemente la credibilidad de la democracia española.

Son varias, pues, las cuestiones pendientes, todas ellas de calibre político más que notable. Puede afirmarse con fundamento que no cabe reclamar al Tribunal la solución de problemas de los que no puede ser considerado responsable. Pero es exigible que no sea un obstáculo para su resolución. O que no los agrave con sus actuaciones. Porque si lo hace, contribuirá a dificultar el inicio de un recorrido post-sentencia que sería deseable emprender por parte de quienes -en Cataluña y en el resto de España- quieren mantener todavía la expectativa de una relación menos incómoda y han resistido hasta ahora las tentaciones de una irreversible indiferencia o de una drástica ruptura.

Josep M. Vallès es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la UAB.

En vez de hacer camiono al andar, se hace una nueva constitución
Nota del Editor  25 Noviembre 2009

Hay que estar pirado para comprar el periódico El País y creer las falacias que largan sin vergüenza alguna.

Malditos corruptos
Francisco Rubiales Periodista Digital  25 Noviembre 2009

Ayer, paseando por el centro de Sevilla, me encontré con un conocido, que es alto cargo de la Junta, el cual me dijo: "utilizas demasiado el concepto 'corrupto' aplicado a los políticos. No todos robamos". Le respondí que no sólo son corruptos los que roban, sino que hay mil formas de corrupción que se utilizan profusamente en la política y en las administraciones públicas. Le emplacé para que leyera el artículo de hoy en "Voto en Blanco" y que, después de leerlo, me dijera si es cierto o no que buena parte del sector público español está infectado de corrupción hasta la médula.

A los políticos y miembros de las administraciones públicas que niegan ser corruptos habría que recordarles que corrupto no es sólo el que roba e incrementa su patrimonio, sino todo aquel que utiliza su cargo para beneficiarse o para beneficiar a sus familiares y amigos, incluso los que violan los derechos humanos o alteran las reglas de la democracia, aunque se lo permita una ley injusta. En España es tan deficiente la legislación que se puede cumplir la ley y, al mismo tiempo, comportarse como un corrupto podrido.

Corrupto es el que, amparrándose en su poder político, no paga los préstamos que les concedió una caja de ahorros, aunque el destinatario del dinero fuera su partido. Lo es también el que paga dos veces una factura con fondos públicos para beneficiar a un amigo o a una empresa. No es menos corrupto el que no se abstiene o inhibe cuando trata o juzga un asunto relacionado con un familiar o amigo. También es corrupto el que utiliza su cargo público para hacer favores a los familiares, amigos o compañeros de partido porque con esa actitud violan el sagrado principio de igualdad, garantizado por la Constitución. Corrupto es el que encarga informes que no son necesarios y los paga con dinero público, como lo es también el que utiliza la publicidad para lograr influencia en los medios, para incrementar su propio poder o para silenciar la voz libre de un periodista crítico o disidente. Corrupto es el que pide dinero para el partido y el que cobra comisiones a cambio de subvenciones, concesiones o contratos públicos. Lo es también el que se labra un futuro en el sector privado, a cambio de favores, para aterrizar cuando termine su etapa como político o funcionario. Es corrupto hasta la médula el que altera la igualdad de oportunidades en los concursos públicos, el que otorga subvenciones, becas y ayudas a sus amigos o conocidos y el que facilita información privilegiada, útil para acceder con ventaja a fondos, concursos o servicios administrativos. Es corrupto el poderoso que indulta a alguien sin merecerlo y el que aprovecha su alto cargo para incrementar su patrimonio, aunque sea indirectamente.

También es corrupto el que aplica la ley "según convenga a la jugada", como confesó un antiguo ministro de Justicia de Zapatero. Es un maldito corrupto el que miente desde lo público, el que incumple sus promesas electorales y el que engaña a los administrados. También es corrupto el que se atreve a nombrar jueces y magistrados, aunque una ley injusta y antidemocrática se lo permita. Corrupto es también el que utiliza los fondos reservados para incrementar su poder o para favorecer sus intereses. Uno de los peores corruptos es el que envía inspecciones de Hacienda a sus adversarios políticos o a disidentes, para intimidarlos. Es asquerosamente corrupto el que presiona a las empresas editoriales para que defiendan la verdad del poder o para que silencien a periodistas críticos. Corrupto de baja estofa es el que presiona a las empresas concesionarias para obtener favores suplementarios y el que obliga a las empresas a realizar tareas no previstas en un contrato público o en el pliego de un concurso. También lo es el que confecciona listas negras de empresas, margina, veta a empresas y empresarios en concursos y concesiones. No lo es menos el que redacta un pliego de condiciones "a medida" para que determinada empresa gane un concurso o sea seleccionada. Corrupto es el que otorga un trato preferente a los amigos del poder en el sistema sanitario o el que "perdona" una multa a un amigo o el que coloca un expediente en la cabeza de la fila, el que paga antes a determinados proveedores porque son amigos o el que utiliza el teléfono para colocar a hijos de amigos en empresas, aunque no sean públicas. Corrupto es el que te manda a la policía, aunque sólo sea para intimidarte, y el que te espía para adquirir ventajas. Corrupto sucio es también el que aprovecha su cargo para "ligar" y el que obliga a muchos y a muchas a "pasar por la piedra" a cambio de trabajo. Lo es también el que acosa, margina, humilla y hace sufrir, utilizando su poder.

Hay otras mil formas y maneras de ser corrupto, pero todas ellas tienen el mismo denominador común: un cóctel siniestro, sin ética y antidemocrático, compuesto de desprecio a la democracia como base, unas gotas de amiguismo, otras de nepotismo, otras de clientelismo y un chorreón de indignidad e indecencia, aderezado con un toque seco de egoísmo, otro de soberbia y un último de arrogancia.

La mayoría de los miembros de la política y de la Administración cometen el grave error de equiparar la corrupción pública con la privada, ignorando que, en democracia, la corrupción pública es mil veces peor que la privada porque afecta al dinero público y al poder delegado por la ciudadanía. Cuando un político, para otorgar una subvención o un contrato, exige comisión y un empresario se la paga, el delito del primero es cien veces peor y más sucio que el del segundo. Colocar al hijo de un amigo no es corrupción cuando lo hace un empresario, pero lo es cuando lo hace un funcionario o político. Claro que para entender esas diferencias y sutilezas hay que ser demócrata, un rango muy escaso en España.

Postdata:
Sr. alto cargo de la Junta de Andalucía: Estoy dispuesto a retractarme, a pedir perdón en público e, incluso, a dejar de escribir una línea más en Internet si después de leer este artículo sigue usted pensando, honradamente, que la mayor parte de los políticos y administradores públicos españoles están libres de corrupción.

Voto en Blanco

La señora Cataluña se enfada y se marcha. ¿A que no?
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital  25 Noviembre 2009

Los nacionalistas catalanes son, más que insaciables, inaguantables. Y están amenazando con que la señora Cataluña se enfadará mucho y reaccionará si el Tribunal Constitucional se atreve a tocarle el culo, digo el estatuto.

A las chulerías de Carod y de Montilla, que no valdrían más que para conserjes en una oficina municipal -y que me perdonen los conserjes-, les contesto lo siguiente:

¡¡QUE SE VAYAN DE UNA PUÑETERA VEZ Y QUE NOS DEJEN EN PAZ!!
[Carod y Maragall]
Que se queden con los aeropuertos, con el oasis, con el Barça, con el Archivo de Salamanca, con la tumba del golpista Companys, con el cava, con Montserrat, con las autopistas de peaje que construyó Pujol, con La Caixa, con sus embajaditas, con sus selecciones de bolos, con Gas Natural, con el Liceu, con Pascual Estevill, con los bienes religiosos de la Franja, con la infanta Cristina y Urdangarín...

¿CUÁNDO VAN A COGER LA PUERTA Y MARCHARSE?
Ya está bien de insultos, de mentiras, de chantajes, de engaños, de robos, de amenazas...

Y quienes se abstienen en las elecciones -la mitad del censo- que se joroben. Haber espabilado.

¿A QUE NO TIENEN AGALLAS PARA PROCLAMARSE INDEPENDIENTES?
Nos asustan los progres con que Expaña se romperá si el TC raspa un poco del nuevo estatuto catalán. No es que se hayan vuelto patriotas; es que sin los diputados socialistas catalanes, sin los de CiU, sin los de ERC y sin el de ICV, el PSOE perdería el Gobierno. Y para mantenerse cogidos a la teta, los progres están dispuestos a entregar todo el Estado y destrozar la Nación a una oligarquía. Para evitar el desastre, el magistrado socialista Pascual Sala -el mismo que redactó la sentencia que anuló la condena a los Albertos- ha parado una sentencia adversa. ¡La Constitución es un chicle!

¡¡LO REPITO: QUE SE VAYAN!!
CODA: Hasta septiembre, 114.002 empleados en Cataluña perdieron su puesto de trabajo por medio de un ERE, cifra que en Madrid llegó al 37.232.
Pues ahora esos parados que se pongan a aprender catalán y a bailar sardanas.

Preguntas sin respuestas
Vicente A. C. M. Periodista Digital  25 Noviembre 2009

Creo que la política española, si se puede llamar así a lo que practica esta casta dirigente de los partidos, debe empezar a sufrir un cambio radical antes de que se hunda definitivamente en el descrédito. Es vergonzoso ver cómo una tras otra las propuestas del PP en el Congreso de los Diputados, chocan contra los diques de contención que el PSOE levanta, unas veces con la ayuda de la izquierda más cerril, servil y rendida y otras con la ayuda de los nacionalismos que siempre intentan sacar ventaja y vender sus votos como auténticos mercenarios parlamentarios.

Es una vergüenza ver como el PNV y CiU decidieron ayer abstenerse en la votación de la propuesta del PP para el control judicial por Ley Orgánica del sistema ilegal de escuchas SITEL. Una abstención que se transformará en voto afirmativo cuando sean ellos los que presentan la propuesta. Votar junto al PP en algo no entra en sus planes y sigue existiendo un mezquino “cordón sanitario”. La verdad es que da verdaderas náuseas ver hasta qué punto de ruindad y necedad pueden llegar las posiciones, aunque con ello el resultado sea ayudar al Gobierno y al PSOE a mantener un sistema de control lesivo incluso para sus libertades como ciudadanos. ¿O acaso se creen que no son objetivo del ánimo inquisitorial del Sr. Rubalcaba?

Es una vergüenza ver la soledad del PP en las sesiones de “Control” al Gobierno. Un espectáculo donde se admiten las más estrafalarias explicaciones y las mentiras más descaradas, aunque se aporten pruebas incriminatorias que las evidencien. Nada importa a quienes solo desean mantener su posición de ventajista subvencionado. Nada importa si con ello se hacen cómplices de las mentiras y de los desmanes de un Gobierno desnudado en su incompetencia, en su pésima gestión y en la ridícula propaganda populista y de auto complacencia.

Es una vergüenza que se haya perdido hace tiempo el respeto a una Institución como el Congreso de los Diputados, sede de la Soberanía popular, donde Sus Señorías se dedican a insultarse a abroncarse y a rifirrafes más propios de navajeros y de pandilleros en reyertas callejeras. Lo único que lograrán es que los ciudadanos terminen por no tenerles ningún respeto, si es que aún les quedaba algo por lo que respetarles. Y si eso sucede, habrá terminado la confianza en el actual sistema parlamentario y la oportunidad de que la democracia terminara por asentarse en la cultura popular.

España está derivando a un Estado policial, totalitario y donde las mayorías parlamentarias se usan como arma para imponer una falsa legalidad. La mayor prueba es que el Ministro de Justicia, el Sr. Caamaño, ha justificado que ni siquiera el Tribunal Constitucional puede enmendar lo que haya aprobado el Parlamento de España. Una aberración de tal magnitud y de corte dictatorial, solo merece su cese inmediato. Sin embargo, esa mayoría volverá ser el muro que guarde a tan impresentable sujeto, del mismo modo que guarda a otros de sus compañeros de Gabinete. El Congreso se ha convertido en el bastión donde se resguardan auténticos rufianes que se protegen y se blindan incluso ante las críticas de aquellos que los eligieron para defender sus intereses, los de los ciudadanos y no los suyos personales.

El Congreso se parece cada vez más a aquél Reichstag del III Reich, donde se aprobaron las mayores atrocidades y se violaron todos los derechos ciudadanos.

PERO SÍ FELICITA EN CHINO, ÁRABE O RUSO
El Ayuntamiento de Barcelona excluye el castellano en el alumbrado navideño
El PP de Barcelona ha denunciado la enésima persecución al castellano que lleva acabo el Consistorio socialista dirigido por Jordi Hereu. Ahora, el Ayuntamiento ha excluido el castellano del alumbrado navideño aunque sí se puedan leer felicitaciones en catalán, ruso, chino, árabe o portugués.
LIBERTAD DIGITAL  25 Noviembre 2009

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, ha denunciado que el Ayuntamiento excluye el castellano en el alumbrado navideño ubicado en los principales ejes comerciales de Barcelona. En estas luces aparecen las palabras "Feliz Navidad" en catalán, ruso, chino, japonés, árabe o portugués pero no en español

En este sentido el popular Alberto Fernández ha pedido "explicaciones" al Consistorio para conocer los motivos por los que no figura el castellano en el alumbrado navideño ubicado en las calles comerciales de la ciudad como Gran Vía, Aragón, Portal del Ángel o Diagonal.

Asimismo ha pedido que "la normalidad que existe en la calle entorno al uso indistinto del catalán y castellano se traslade a la iluminación navideña de la ciudad". De este modo, ha reclamado al Consistorio, gobernado por el PSC, que "incluya en el alumbrado navideño el castellano como lengua oficial, al lado de otras como el inglés o francés que son idiomas de muchos turistas que visitan Barcelona".

El popular ha ironizado que "esta debe ser una de las primeras medidas tomadas por el gobierno municipal tras la aprobación del Reglamento Lingüístico del Ayuntamiento, documento que pretende excluir el castellano del ámbito público, con el pretexto de potenciar el catalán". Finalmente ha lamentado que "el consistorio es monolingüe, en catalán, para informar y ofrecer servicios a los ciudadanos y es bilingüe para cobrar impuestos y multas".


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Las siete plagas de Montilla
José García Domínguez Libertad Digital  25 Noviembre 2009

Hay como un déjà vu tedioso en ese ostentóreo alarde testicular de los machos alfa del catalanismo a cuenta de la sentencia del Estatut. Así, advierte el consorte de la de los quince momios que caerán sobre "Madrit" las siete plagas de Egipto si el Tribunal no se pliega a su muy soberano capricho. Amenazan los sirleros del Palau de la Música con la peste negra. Hierático, anuncia el Apocalipsis el cuate de Ternera en caso de que los magistrados diesen en imitar su mismo proceder, votando contra el cambalache. Gallea el antisistema de Dolce & Gabanna, exigiendo el "cese voluntario", valga el oxímoron, de los togados del Constitucional. Atiza, en fin, las brasas de la santa ira identitaria la prensa doméstica, llamando a la yihad con calçots a la brasa si se modifica una coma de aquel redactado que alumbró Alfonso Guerra en la Comisión Constitucional. Todo ful. Como siempre, por lo demás.

Y es que si el Alto Tribunal "tumba" el Estatut, según el agreste decir de Montilla, lo único que va a pasar es que no va a pasar nada. Igual que nada pasó tras ordenar la Justicia que se colocara en su sitio, es decir extramuros de la Ley, a Batasuna, pese a los siniestros augurios de los oráculos abertzales.

¿Acaso recuerda alguien, por lo demás, aquella terrible lluvia de fuego y azufre que demolería los cimientos de Estado si se impidiera cometer el Plan Ibarretxe? Por cierto, ¿qué se fizo el Rey don Juanjo? Los infantes de Euskal Herria, ¿qué se fizieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué de tanta invención como truxieron?

Lo dicho: nada de nada de nada. Repárese al respecto en la aritmética de la desolación oculta tras toda esa charlatanería histriónica de los catalanistas. Porque ni siquiera la mitad de los catalanes con derecho al voto acudimos a las urnas el día de autos. Ni la mitad. Y ello, por la prosaica razón de que el Estatut no le importa una higa a nadie. De ahí otra verdad incómoda, a saber, que el 64,5% del censo, es decir la más decisiva, aplastante y demoledora de las mayorías absolutas no accedió a ratificar ese papel que ahora presumen sagrado merced a su pretendida legitimación popular. Qué cruz: aburren a las ovejas.

José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.


Estatut
Carod nos castiga con su indiferencia
Pablo Molina Libertad Digital  25 Noviembre 2009

Según se va acercando el momento de que el Tribunal Constitucional haga público su dictamen sobre el nuevo estatuto de Cataluña, el nerviosismo crece en las filas nacionalistas por más que Zapatero garantice que todo se va a desarrollar "razonablemente". Las dotes adivinatorias de ZP en materia política son más bien limitadas, como acreditó cuando anunció el pleno empleo para esta legislatura o la incorporación de España a la Champions League de las economías europeas, así que no cabe depositar muchas esperanzas en que esta vez vaya a tener razón.

El problema es que lo único que los nacionalistas catalanes consideran razonable es que el TC renuncie a su papel de garante de la legalidad constitucional y se limite a elogiar el texto hasta su última coma. Pero si hay una ley en España que es no inconstitucional, sino abiertamente anticonstitucional, es precisamente el estatuto redactado a instancias de ZP en una noche de alcohol y nicotina con Mas en La Moncloa.

Nadie espera que el Tribunal Constitucional cumpla con su papel y deje el texto estatutario lleno de tachones rojos o lo devuelva a los toriles parlamentarios, pero si quiere mantener cierta imagen va a verse obligado a introducir algunas modificaciones, aunque sólo sean de estilo. Pues bien, tampoco esa ligera reforma estética es considerada razonable por el nacionalista Montilla y sus colegas de Gobierno en la comunidad autónoma, que amenazan con separarse de España si los jueces se atreven a opinar en contra, por ejemplo, de que Cataluña negocie con el Estado en igualdad jerárquica al margen del resto de comunidades.

Carod ya ha dicho que pensará seriamente abandonarnos a nuestra suerte y entre la población de Albacete, Segovia y Murcia ya cunde el pavor ante la perspectiva de que el vicepresidente de la Generalidad, de acuerdo con su jefe, cumpla su amenaza y se autodetermine de forma irrevocable. En algunos pueblos de la meseta ya deben estar solicitando permiso al obispo para sacar al Santo Patrono en procesión y rogarle que Carod permanezca en España, pero más nervioso debe estar Zapatero, puesto que cuenta con los votos prestados por el PSC para estar en el poder y eso es, razonablemente, una amenaza mucho más seria para él que acabar con el régimen constitucional de una nación discutida y discutible.

El estrambote definitivo de todo este sainete sería ver a un cordobés proclamando el Estat Catalá desde los balcones de la Generalidad. No cumplirán su amenaza, pero si lo hicieran la imagen sería deliciosa. La Cataluña de Montilla, Carod, Tardá y el resto de la muchachada nacionalista disfrutaría así de un acto fundacional muy apropiado.

Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana.

El Estatut y las trampas políticas
Germán Yanke Estrella Digital  25 Noviembre 2009

En muchas reacciones a lo que se intuye como una sentencia del Constitucional poco o nada favorable al Estatuto de Cataluña parece que el principio de legalidad y la subordinación de las leyes a la Constitución, que es precisamente lo que se ha planteado al Tribunal, no tiene ninguna importancia. Absolutamente ninguna. Se lee o se escucha que una decisión adversa al Estatuto puede producir problemas de convivencia en Cataluña, generar actitudes contra una estable comodidad en la estructura del Estado, desvirtuar el papel de los representantes democráticos en aquella Comunidad y propiciar radicalismos emocionales o vulnerar la voluntad de los catalanes manifestada, aunque ya sabemos de qué modo, en el referéndum. El asunto, sin embargo, no es otro que el planteado en los recursos: ¿se ajusta el Estatuto, o parte de él, a la Constitución? Porque si no es ésa la pregunta estaríamos ante un supuesto tan esperpéntico como contrario al Estado de Derecho: podemos saltarnos la Constitución, vulnerarla aquí o allá, con el argumento de no molestar a unos o de no agitar el radicalismo de otros. No puede ser esa la posición de la Generalitat ni la de los principales partidos catalanes, tengan o no responsabilidades de gobierno. Y si lo es, no cabe sino rechazarla.

Es verdad que, sea cual sea la sentencia sobre la que se especula, el Tribunal Constitucional es el gran damnificado. En parte por su culpa, por su retraso, por el espectáculo de negociaciones y disensos en su interior, por lo que se sabe ya de una búsqueda, quizá imposible, de apaños "interpretativos". En parte también por el deterioro institucional que vive España y que se refleja, entre otras cosas, por un Tribunal que resulta imposible de renovar por la presión y la contrapresión políticas. La presidenta y parte de los vocales deberían estar ya en sus casas y otros magistrados desempeñando sus funciones. Un Constitucional como reflejo de la política, y de sus deficiencias, no goza ni de la autoridad ni del prestigio para tomar las decisiones trascendentales que le competen.

Sin embargo, los que tratan de meter en el saco de las decisiones desprestigiadas una posible sentencia contra algunos artículos del Estatuto, sean cuales sean éstos, deberían aceptar que la tramitación del mismo se llevó a cabo teniendo en cuenta que los excesos del texto podrían ser, al final, avalados por una decisión mediatizada políticamente, por los argumentos antes expuestos u otros similares, que, con la disculpa de un cierto carácter "interpretativo", es decir, con declaraciones formales o consejos de funcionamiento, diese por bueno el proceso de tensar la cuerda de la Constitución hasta lo literalmente imposible. Si el Constitucional es la suma de los desprestigios y de los fracasos político-jurídicos, los que pactaron y volvieron a pactar el Estatuto eran conscientes de que habían desbordado la "interpretación no restrictiva" de la Constitución y que sólo la política y la politización (también la del Tribunal) podía impedir su rechazo y la necesidad, en su caso, de modificar la Carta Magna para dar cumplimiento a sus pretensiones.

La situación actual no está, por tanto, forzada por una determinada interpretación de la Constitución, ya que nadie quiere incluso entrar seriamente en el debate de analizar los textos, sino por la política y las trampas de la política. Más política y más trampa, cuyas consecuencias se ven ahora, es la derogación del recurso previo de inconstitucionalidad que habría evitado en este caso problemas adicionales y que, en el fondo, era un modo de minusvalorar, contra la "voluntad política", el principio de legalidad.

Un paso clave para la derrota de ETA
EDITORIAL El Mundo  25 Noviembre 2009

LA DETENCIÓN en la madrugada del martes de más de una treintena de miembros de la organización juvenil terrorista Segi supone un avance decisivo en la lucha para acabar con ETA. Rubalcaba fue muy gráfico ayer al señalar que la operación supone el «descabezamiento» de la «cantera» de la banda.

El pasado verano, ETA había ordenado una intensificación del terrorismo callejero para presionar al nuevo Gobierno vasco y, en concreto, para desafiar algunas de sus decisiones, como la de retirar de las calles las fotografías de etarras y otros símbolos de la banda. En busca de ese objetivo, ETA había intentado recomponer Segi. El golpe de ayer a esta estructura revela la determinación política de impedir que las organizaciones que han sido ilegalizadas puedan volver a reconstituirse.

Pero esta gran redada tiene un valor especial. Los últimos informes confiscados a ETA revelaron que la banda había diseñado una nueva estrategia para refundar todo el aparato de captación y formación de nuevos terroristas. El plan consistía, en primer lugar, en reclutar a los futuros etarras fuera de la kale borroka, contrariamente a lo que era habitual hasta ahora. Es más, se apartaba a los nuevos cachorros de ETA de actos de terrorismo callejero para no arriesgarse a que fueran detenidos, lo que podría acabar abortando en último término su pase a los comandos.

Siguiendo ese guión, ETA pasaba a buscar a los futuros pistoleros en distintos ambientes del tejido social nacionalista, lo que, además, ponía más difícil a las Fuerzas de Seguridad su persecución. Y lo que es clave, se procuraba a estos jóvenes una mayor preparación ideológica para ahormarlos en la ortodoxia del sector duro y poder mantener así más fácilmente su fidelidad a la dirección. Pues bien, buena parte de los detenidos ayer formaban parte de la primera remesa de etarras surgida de este nuevo plan, y estaban llamados a ser el relevo generacional en ETA.

La gran cantidad de detenciones, el hecho de que éstas se hayan producido en todas y cada una de las provincias vascas y también en Navarra, y con un despliegue de 650 agentes revela a las claras la determinación del Estado por seguir ganándole el pulso a los terroristas.

Además, con esta operación, la Policía y la Guardia Civil asestan un golpe moral a los etarras, pues dejan muy mermado algo que les resulta vital: su capacidad para seguir captando terroristas. Es muy importante también la documentación recogida en el casi centenar de registros realizados en pisos y locales.

La redada llega, por otra parte, en un momento crucial para el futuro de ETA, con dos sectores enfrentados: el de los representantes de la línea dura, partidarios de seguir atentando hasta forzar al Estado a iniciar una nueva negociación; y el de quienes, con Otegi, pretenden dar los pasos necesarios para intentar regresar a las instituciones. Así las cosas, la izquierda abertzale que es partidaria de hacer sólo política ha desatado unas tensiones que amenazan con crear una escisión dentro de ETA. Desde el momento en el que los detenidos ahora forman parte del sector más radical, indirectamente se está facilitando el camino a quienes son partidarios de abandonar las armas. Por todo ello, operaciones como la de ayer permiten seguir confiando en la derrota del terrorismo.

EL TRIPARTITO SIGUE AMENAZANDO AL CONSTITUCIONAL
Inaceptable respuesta de Zapatero a las presiones
IMPRESIONES El Mundo  25 Noviembre 2009

MIENTRAS el tripartito catalán continuó ayer presionando al Constitucional para que no rebaje el contenido del Estatut -Carod dijo que en ese caso Cataluña debe replantearse seguir en España-, el presidente del Gobierno pidió «calma» y añadió que «las cosas discurrirán razonablemente bien». La respuesta de Zapatero a las amenazas de sus socios en el Gobierno catalán es insatisfactoria teniendo en cuenta la gravedad de lo que está en juego: los fundamentos del Estado de Derecho. Resulta inaceptable que el jefe del Ejecutivo no haya reconvenido ni a su compañero de partido Montilla -por decir que rechazará una sentencia que no se ajuste a sus deseos- ni a sus socios de ERC e ICV por intentar quitar legitimidad al Tribunal para emitir su fallo. No hay que confiar en una sentencia positiva para Cataluña, como dice Zapatero, sino en que ésta elimine lo que sea inconstitucional.

Otro nacionalismo era posible
JOSEBA ARREGI El Correo  25 Noviembre 2009

«Otro nacionalismo era posible si hubiera habido nacionalistas con la capacidad de seguir la estela de los de la generación del lehendakari Aguirre y sus compañeros, pero no se les vislumbra», sostiene el autor

En la interpretación del nacionalismo vasco tradicional dos metáforas o imágenes se han impuesto. Dos imágenes que ayudan a entender ese fenómeno social y político. O al menos ayudan a simplificarlo lo suficiente como para creer haberlo entendido. Aunque esas imágenes no pocas veces ocultan más de lo que revelan y dificultan una comprensión adecuada del fenómeno.

Me refiero a la imagen de las dos almas del PNV, a la imagen del péndulo patriótico. Imágenes que dan a entender que el nacionalismo tradicional se mueve siempre entre dos puntos conocidos, y sólo entre esos dos. Y si el PNV se mueve siempre entre dos puntos conocidos, lo que nos queda es el recurso de preguntarnos en qué punto se encuentra actualmente para dar cuenta cabal de su situación.

Un punto de referencia es el de la radicalidad del mensaje sabiniano: 'Euskadi es la patria de los vascos', dando al término patria todo el contenido político que obliga a culminar en un Estado nacional propio. Y el otro punto es el que acopla esa proclama radical a las posibilidades del momento, el que pasa la exigencia radical por el cedazo del pragmatismo, dando lugar a una política moderada. Unas veces el péndulo se encuentra en un extremo, otras en otro, otras en camino de uno a otro.

El poder de simplificación de la imagen es realmente muy grande, lo que la hace muy atractiva. Y sin embargo no resulta difícil pensar que la historia humana, cada momento histórico es, en realidad, algo demasiado complejo para poder ser reducido a dos opciones. Porque si se habla de dos almas en el PNV se podría decir que, además de los polos de la radicalidad y de la moderación, habría que tener en cuenta, en el caso del fundador, los polos de la teocracia estructural de su planteamiento y de la modernidad de los instrumentos pensados y puestos en práctica a su servicio.

El eslogan 'Yo para Euskadi, y Euskadi para Dios', por un lado, y la creación de un partido de masas y el uso de los medios de comunicación como modernidad instrumental, por otro: una dualidad de polos distinta a la tópica de las dos almas. Y la fijación de la meta política del PNV, en respuesta a la exigencia de Ramón de la Sota de contar con un programa político como cualquier otro partido, en la plena integración foral, en la recuperación de la situación previa a 1839, crea otro polo que posee entidad por sí mismo, y no como punto intermedio entre otros dos extremos.

La compleja realidad de cada momento ha puesto de manifiesto, a lo largo de la historia del PNV, que sus opciones eran también más complejas de lo que insinúan las imágenes tópicas. El mismo Sabino Arana diputado en la institución foral vizcaína actuó no tanto moderadamente, sino de acuerdo a la meta programática del partido. En su escrito 'Grave y trascendental', sea como consecuencia de las represiones sufridas por el PNV, sea por convencimiento propio, recomienda a su partido un programa de autonomía política en una España federal, y se guarda en su intimidad la fe nacionalista, dando así, aunque fuera inconscientemente, el paso clave hacia la modernidad, la separación de lo adecuado para la esfera pública de lo posible como convicción personal e íntima, religiosa o de otra índole.

Engracio de Aranzadi, 'Kizkitza', establece otra dualidad de gran interés: la que ve entre lo importante, la pervivencia de una identidad vasca diferenciada, y los instrumentos políticos adecuados para ello en cada momento, siempre secundarios. Pero fueron sobre todo los nacionalistas que vivieron la Segunda República, la Guerra Civil, el exilio y la dictadura franquista los que tuvieron que pensar y adaptar su nacionalismo a unas situaciones tremendamente complejas, a las que no podían responder con esquemas simplistas.

La generación de José Antonio Aguirre tuvo que repensar su nacionalismo en el contexto de una república que, aunque a regañadientes, abrió el camino al Estatuto de Autonomía y a la creación de dos potentes imágenes de referencia para el imaginario nacionalista, el lehendakari y el Gobierno vasco -ambos ligados al Estatuto-, la Guerra Civil y la dictadura, que con la negación de la democracia y la libertad en España implicaban falta de libertad y democracia para los vascos -una ecuación que será importante para Aguirre, la libertad y la democracia en España como garantes de libertad y democracia en Euskadi-, en el contexto de una Europa amenazada por el nazismo y el fascismo, y más tarde por el totalitarismo comunista; en el contexto, pues, de una democracia y de una libertad amenazadas, en el contexto de unas democracias que fueron capaces de enfrentarse a los totalitarismos en defensa de la democracia y la libertad.

a generación de Aguirre, Landáburu, Ajuriaguerra y otros fue una generación de nacionalistas que volvió a pensar el nacionalismo, siempre entendido bajo la meta política de la reintegración foral plena, reintegración que implica necesariamente alguna forma de integración en España, en el contexto de una democracia y de una libertad en riesgo, y que, por consiguiente, aprendieron que Estado de Derecho, democracia, libertad, derechos ciudadanos no eran juguetes que se pueden desechar, sino elementos que debían configurar su entendimiento del nacionalismo.

Hoy, cuando de boca de nacionalistas escuchamos que el concepto de ciudadanía es un concepto extraño a los vascos, porque surge en la Revolución Francesa, entra en España por la Constitución de Cádiz y es la fuente de los problemas vascos, cuando escuchamos a nacionalistas denostar la ciudadanía como concepto posmoderno, uno se pregunta cómo habrían reaccionado los líderes nacionalistas de la generación de Aguirre y Landáburu al escuchar que lo que ellos habían aprendido, participando en la lucha de Europa y del mundo libre contra la amenaza del totalitarismo de fuentes diversas, es declarado contrario a Euskadi.

Si Sabino Arana intuyó que Euskadi sólo tenía futuro huyendo del carlismo y de su planteamiento antisistema, de su incapacidad de integración en la modernidad -aunque el propio Sabino Arana conservase elementos estructurales de ese planteamiento-, si la generación de Aguirre vivía plenamente ese convencimiento de tener que huir del carlismo, pero al mismo tiempo tuvo que aprender que había que huir igualmente del totalitarismo nazifascista y del totalitarismo revolucionario comunista, tendrían enormes dificultades para entender a un nacionalismo que, hoy, vuelve a mirar, por un lado, con nostalgia las regulaciones políticas del Antiguo Régimen de las que vivía el carlismo, y por otro se ofrece de acompañante de los revolucionarios de siempre, que con buen instinto siempre han despreciado al nacionalismo tradicional.

Si algo ha caracterizado al nacionalismo a lo largo de su historia no es tanto su pendulear entre dos extremos opuestos y simples, sino su capacidad de adaptación a las nuevas situaciones, su capacidad de aprender en la complejidad de las situaciones históricas. Y si algo comienza a caracterizar a ese mismo nacionalismo en los últimos años, es su incapacidad de hacer frente a la complejidad de la situación histórica actual, su incapacidad de adaptar su pensamiento a una situación política bien distinta a aquélla en la que nació y a aquélla en la que le tocó vivir durante el período más largo de su historia.

Hoy el nacionalismo es incapaz de reflexionar seriamente sobre lo que es ser nacionalista en condiciones de libertad y de democracia en España, en condiciones de poder autonómico como nunca ha gozado Euskadi en su historia, en condiciones de creciente unión europea, en condiciones de movilidad, integración mundial y globalización. En lugar de ello, se dedica a promulgar eslóganes simples que apelan a identidades uniformes y homogéneas inexistentes e indeseables, propuestas que recuerdan demasiado al Antiguo Régimen, proyectos de exclusión de quienes, con la lealtad que en su día reclamaba Aguirre, han asumido la justeza de la reintegración foral plena, una reintegración que supera con el Estatuto actual cualquier otra situación de la historia de Euskadi, y lo que el mismo Aguirre pactó con Indalecio Prieto el año 1936.

Otro nacionalismo era posible si hubiera habido nacionalistas con la capacidad de seguir la estela de los nacionalistas de la generación del lehendakari Aguirre y sus compañeros, pero no se les vislumbra en el horizonte.

Jordi Pujol duda
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital  25 Noviembre 2009

No m'ho puc creure, Jordi Pujol dubta (Cielos, ¿lo habré escrito bien?). En la segunda parte de su “Discurso del método”, René Descartes establece cuatro reglas o preceptos para la buena dirección del espíritu. La primera regla es el llamado “precepto de la evidencia”, más conocido como “duda metódica”, que viene a decir lo siguiente: “No admitir nunca algo como verdadero, si no consta con evidencia que lo es, es decir, no asentir más que a aquello que no haya ocasión de dudar, evitando la precipitación y la prevención”.

Es posible que durante las últimas vacaciones de verano a Jordi Pujol le haya dado por leer a Descartes, por supuesto en francés, y se haya topado de bruces con la “duda metódica”. Sea como sea, el caso es que el ex presidente de la Generalidad ha comenzado a dudar. ¡Alabado sea Dios! ¿Y de qué duda Pujol? Don Jordi duda de que los progresos que puede representar el Estatut compensen el “gran desgaste” sufrido por Cataluña a lo largo de todo el proceso.

En un desayuno-coloquio con el escritor Javier Cercas, el ex presidente catalán ha reconocido que “el Estatut no ha ido bien” y ha augurado que, a falta de conocer el desenlace final de la sentencia del Tribunal Constitucional, “seguro que las cosas saldrán mal”. De la misma forma inexplicable y milagrosa en que D. Manuel Fraga Iribarne se nos convirtió de la noche a la mañana al galleguismo, después de perseguirlo con saña, resulta que ahora D. Jordi Pujol se nos ha vuelto pesimista con respecto al resultado de la puesta en práctica de sus propios postulados, llegando a decir cosas tan estremecedoras como ésta: “Suponiendo que, a pesar de que las cosas salgan mal, el Estatut haya podido representar algún progreso, que es probable que en algún punto concreto lo represente, aun así es dudoso que este progreso nos compense del desgaste tan grande que hemos tenido”.

“Nos ha ido mal desde el punto de vista de los resultados concretos”, ha dicho el ex presidente, pues Cataluña ha sufrido un “tremendo desgaste de fondo, no sólo de estado de ánimo” y ha visto erosionado su “prestigio”. Pujol, con su olfato de avezado político, detecta un “empeoramiento como nunca ha habido en las relaciones entre Cataluña y España” y ha recordado: “En la época de Franco la relación era mucho peor políticamente y desde el punto de vista de la administración, pero no desde el punto de vista de la opinión pública. El prestigio (de Cataluña) era importante, mucho mejor que ahora”.

Siga dudando, don Jordi, siga dudando, y sin duda (es decir, gracias a ella) llegará a las causas de ese “desprestigio” que usted tanto lamenta, aunque de momento no nos diga nada de su repercusión en la economía. Como dicen que dijo Felipe II al tener noticia de la derrota de la Armada Invencible en agosto de 1588: “No mandé mis naves a luchar contra los elementos”. Pues si bien es cierto que ahora gracias al nuevo modelo de financiación y el IVA Cataluña recauda más, también lo es que en lo que ustedes llaman “España” (como si Cataluña no lo fuera) venden cada vez menos. Eso no se lo dijo usted a Javier Cercas, pero lo sabe de sobra y se lo calla, pues en el fondo es lo que le duele. Le ruego me disculpe por ser tan mal pensado, pero uno es como es y luchar contra la genética es tiempo perdido.

Pues nada, don Jordi, ya sabe, rectificar es de sabios. Así que manos a la obra. Los nacionalistas gallegos y sus portamaletas, tan originales ellos, seguro que tomarán nota y lo imitarán al pie de la letra para bien de todos, pues como dice el refrán: “Nunca es tarde si la duda es buena”.

Juan Julio Alfaya

El Gobierno confía aún en que el TC no tumbe el término nación
En privado dice comprender la actitud de Montilla; en público, Zapatero pidió en Egipto «calma» a los políticos catalanes
G. SANZ/ I. ANGUERA | JEDDAH/BARCELONA ABC  25 Noviembre 2009

El Gobierno y el PSOE confían en que el Tribunal Constitucional no quite el término «nación» del Estatuto catalán, porque le crearía un problema político importante, aunque ya no lo descarta. Tras la publicación de informaciones en ese sentido, el Ejecutivo mantiene un discurso en público y otro en privado.

En público, ayer por la mañana desde El Cairo (Egipto), primera escala de su segundo viaje a Oriente Medio que anoche le trajo hasta Jeddah, la capital financiera de Arabia Saudí, Zapatero pidió «calma»; en privado, fuentes gubernamentales admiten que esa comunidad lleva tiempo en permanente estado de «excitación» política y a su presidente, José Montilla, no le queda más que ponerse al frente de la manifestación. «Está en su papel», dicen, porque no hay que olvidar que ese Estatuto fue aprobado en referéndum por los catalanes en junio de 2006. Así que, una cosa es lo que dijera Zapatero a Miquel Iceta (PSC) en la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE del lunes 16 de noviembre -la sentencia se acatará «por supuesto»-, y otra que no esté ya pensando en cómo salir políticamente de ésta.

Por lo pronto, ayer, en su primer pronunciamiento público tras las noticias que hablan de que una mayoría del TC no acepta que Cataluña sea una nación, el presidente del Gobierno optó por relativizar esas informaciones. Su experiencia de los últimos años, dijo, le lleva a «no fiarse de las filtraciones». Recordó, en este sentido, la tormenta política, a lo largo de 2005, que apuntaba a que no habría acuerdo en el Parlamento de Cataluña, y al final lo hubo y, este mismo año, que no habría acuerdo de financiación autonómica. Y también lo hubo. Dos instrumentos que «reconocen una gran autonomía» a ese territorio.

Carod, a lo suyo
Pero las peticiones de calma del jefe del Ejecutivo cayeron en saco roto, puesto que el vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, desempolvaba su discurso independentista: «Si hay una modificación de lo que dijo la soberanía popular, yo creo que sería un hecho de una gravedad extraordinaria porque nadie en democracia está capacitado ni tiene legitimidad para modificar una decisión que es el resultado de la soberanía popular», argumentó Carod desde Bruselas para concluir que, en ese caso «los catalanes tendrán que empezar a preguntarse en qué interesa España».

En un tono más oficial, aunque igualmente reivindicativo se expresó la consejera de Justicia, la socialista Montserrat Tura, al responder a la petición de calma de Zapatero. «Siempre nos hemos comportado serenamente y lo seguiremos haciendo, pero que nadie nos pida que no defendamos con la máxima firmeza el Estatuto», advirtió.

La ola de pesimismo alcanzó también al ex presidente Jordi Pujol, quien ayer lamentó que los avances que en materia de autogobierno pueda reportar el Estatuto catalán no compensan «el desgaste» que el debate sobre la norma está inflingiendo a Cataluña.

PIDEN QUE SE "RECONOZCAN"
Las consultas soberanistas de Cataluña llegan a la Unión Europea
La eurodiputada nacionalista galesa Jill Evans, del grupo de Los Verdes, ha pedido a los líderes de la Unión Europea que analicen las consultas sobre la autodeterminación de Cataluña que se celebrarán en diciembre, demandando su reconocimiento.
EFE Libertad Digital  25 Noviembre 2009

Evans recordó ante el pleno del Parlamento Europeo (PE) que "más de 150 municipios" catalanes votarán el mes que viene sobre una hipotética independencia de España y exigió a los jefes de Estado y de Gobierno, que se reunirán en Bruselas los días 10 y 11 de diciembre, que introduzcan el asunto en su agenda.

La eurodiputada aprovechó el debate con el que la Eurocámara ha preparado hoy esa cita para transmitir su mensaje a la Presidencia de turno sueca y al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, presente en el hemiciclo.

"Europa está cambiando y espero que el nuevo presidente lo reconozca y responda", dijo Evans en referencia a Herman Van Rompuy, elegido la pasada semana como presidente permanente de la UE y que será, a partir de enero, el encargado de dirigir las reuniones de los líderes comunitarios.

La eurodiputada, en una breve intervención, no especificó qué respuesta espera por parte de la UE, pero durante su trayectoria en la Eurocámara ha defendido habitualmente el derecho de autodeterminación dentro de los Estados miembros de la Unión.

Evans, que representa al partido nacionalista galés Plaid Cymru, está integrada en el grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo y pertenece a la Alianza Libre Europea, fuerza de la que forman parte formaciones como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Eusko Alkartasuna (EA) y la Chunta Aragonesista (CHA).

A principios de este mes, el eurodiputado de ERC Oriol Junqueras dio la posibilidad de presentar su proyecto en la Eurocámara a la Coordinadora para la Consulta sobre la Independencia de Cataluña, la plataforma que agrupa a los organizadores de los referendos no vinculantes que se celebrarán en varios municipios el 13 de diciembre.

La Coordinadora explicó entonces sus reivindicaciones en una carta al presidente de la Eurocámara, Jerzy Buzek, y pidió a la UE que vigile las consultas para garantizar que los ciudadanos "puedan ejercer sus derechos".

La Generalitat discrimina a las discográficas que usan el castellano
Impulso Ciudadano denuncia la normativa aprobada por el Instituto Catalán de las Industrias Culturales
www.lavozlibre.com  25 Noviembre 2009

Barcelona.- La asociación Impulso Ciudadano, presidida por José Domingo, ha denunciado que el Instituto Catalán de las Industrias Culturales discrimina a las empresas discográficas catalanas que utilizan el castellano. Los criterios recientemente aprobados por este organismo, que determinan los conceptos subvencionables, dan la consideración de “espacio extranjero” a la mayor parte de España.

“Resulta delirante y grotesco la construcción de un hipotético espacio sonoro catalán contrapuesto al español”, critica José Domingo, presidente del lobby no nacionalista y diputado del Grupo Mixto en el Parlamento de Cataluña.

Asimismo, el ex diputado de Ciudadanos denuncia que se valore más la puntuación de los autores no nacidos y no residentes en Cataluña por el hecho de que utilicen el catalán en sus creaciones.

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