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Falta EM, ABC, LVL y MD
SE SUCEDEN LAS REACCIONES
El "estatutazo" editorial abre una grieta
en la judicatura
El Semanal Digital 26 Noviembre 2009
Como no podía ser de otra forma, la "rebelión" de doce diarios ha
traspasado los límites de Cataluña. El debate se ha instalado en
toda España, y también entre los jueces. ¿Es una presión?
El editorial conjunto que este jueves llevan en sus páginas doce
diarios catalanes en defensa del Estatuto no sólo ha revolucionado
la clase política, sino también al estamento judicial. Las
asociaciones de jueces andan divididas: las conservadoras consideran
la iniciativa como una clara medida de presión al Tribunal
Constitucional, por mucho que sus promotores nieguen una y otra vez
la mayor. En cambio, las progresistas no ven en La dignidad de
Catalunya intención alguna de apretar las tuercas al alto tribunal
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) considera que el
editorial constituye "una presión intolerable" que intenta "influir
groseramente" en los magistrados de este órgano para "mover sus
voluntades en una determinada dirección". Su portavoz, Antonio
García, señaló que la iniciativa de la prensa catalana supone "una
presión extraordinaria" a los miembros del TC que, a su entender,
"no es pertinente, aceptable, democrática ni adecuada a las
exigencias de un Estado de Derecho". La APM, de tendencia
conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, también considera
la "esquizofrenia más absoluta" que se intente "empujar a la
insumisión" al tribunal que tiene "atribuidos el control y la
garantía de la defensa de los valores constitucionales".
El editorial también es considerado "sin duda alguna una presión"
por el portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado
Gallardo, quien en todo caso señaló que ésta es "lícita" porque "la
prensa tiene libertad de opinión". No obstante, Gallardo expresó su
"preocupación" por el hecho de que todos los medios de comunicación
coincidan de forma unitaria en expresar una misma opinión, ya que, a
su juicio, esto podría ser un síntoma de que "el poder político los
controla".
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel
Angel Gimeno, rechazó que el editorial deba interpretarse como "una
presión" al Constitucional y enmarcó esta iniciativa en "las
discusiones políticas que se contradicen y que tendrán respuesta".
El representante del colectivo de jueces progresista también indicó
que las opiniones en torno al Estatuto se suceden porque el
Constitucional "lleva tres años sin resolver" los recursos
presentados contra este texto. "Los magistrados tienen sólidas
convicciones y principios y tras tres años debatiendo sobre este
asunto no se van a dejar influir", manifestó.
En una línea similar se expresó el portavoz de la asociación
independiente Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, quien opinó
que el artículo periodístico "se enmarca en la libertad de expresión
de los medios de comunicación".
Razones para la intranquilidad por una
sentencia decisiva
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 26 Noviembre 2009
En la política española hay asuntos recurrentes que de vez en cuando
reaparecen para extinguirse rápidamente hasta la próxima calentura.
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de
Autonomía de Cataluña pertenece a esta categoría; cada vez que hay
atisbos de que el alto Tribunal está a punto de llegar a un acuerdo
sobre el texto de la sentencia, se produce una altisonante tormenta
en el vaso de agua de la oligarquía política catalana, que se
extingue en cuanto se comprueba que tampoco en esta ocasión el amago
de sentencia va en serio.
Como el tema es reiterativo, ya me aburre un poco repetir una y otra
vez en estas páginas las mismas advertencias sobre lo que se puede y
lo que no se puede esperar de la tan traída y llevada sentencia. Sin
embargo, la opinión pública tiene derecho a estar informada de
manera fundamentada sobre una cuestión de esta relevancia, por lo
que merece la pena esforzarse en poner las cosas en claro de nuevo.
Nadie en el mundo jurídico espera seriamente que el Tribunal
Constitucional dicte una sentencia que declare inconstitucional y
anule una parte sustancial del nuevo Estatuto catalán. No porque no
haya sobrados argumentos jurídicos para ello, sino porque,
políticamente, significaría ni más ni menos que la caída del
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En consecuencia, la única sentencia que puede salir del alto
Tribunal es una de carácter esencialmente interpretativo, que evite
la anulación de artículos, salvo quizá en algunos casos extremos, y
que a lo largo de páginas y páginas de farragosos argumentos matice
cómo hay que interpretar el Estatut para que sea constitucional. Y,
mientras los magistrados no alcancen un acuerdo sobre cuántos
artículos cabe anular sin que caiga el Gobierno y sobre todos esos
matices interpretativos que neutralicen las partes
inconstitucionales del nuevo Estatuto catalán, no habrá sentencia.
Por eso están tardando tanto en sacarla.
Dicho esto, hay que añadir algo más sobre las supuestas hecatombes
que podrían seguir a cualquier sentencia del Tribunal Constitucional
que no se limitase a bendecir íntegramente el Estatut, cosa de todo
punto imposible y que tampoco cabe esperar en ningún caso. Yo no soy
el primero en destacar que las amenazas de la oligarquía política
catalana son muy parecidas a los pronósticos de graves catástrofes
que formularon los nacionalistas vascos cuando se preparaba la
ilegalización de Batasuna.
En una sociedad como la nuestra, exactamente igual que no pasó nada
(nada malo, se entiende, porque consecuencia positivas sí las ha
habido) por ilegalizar Batasuna, tampoco se conmoverán los cimientos
de la convivencia por una sentencia constitucional que corrija el
nuevo Estatuto catalán. Bien al contrario, lo que sí perturba el
normal funcionamiento del Estado democrático de Derecho es la
vigencia de un texto jurídico en buena parte inconstitucional.
Como ya he dicho antes, asunto distinto es lo que pueda pasar con la
estabilidad del Gobierno, según cómo sea la sentencia. Pero ése es
un problema exclusivo del insensato que prometió que aceptaría
cualquier cosa que aprobase el Parlamento catalán, para luego tener
que introducir en el texto remitido por aquél unos remiendos
insuficientes para hacerlo compatible con la norma suprema, que es
la Constitución, aunque algunos no acaben de asumirlo.
Hay que aceptar el fallo sobre el Estatut,
sin presiones de ningún tipo
EDITORIAL La Razon 26 Noviembre 2009
La publicación por parte de doce periódicos catalanes de un
editorial conjunto en contra de un recorte del Estatuto de Cataluña,
días antes del esperado fallo por parte del Tribunal Constitucional,
ha suscitado todo tipo de reacciones a lo largo del día.
La edición en papel de LA RAZÓN abordará mañana este asunto en sus
páginas, con un planteamiento editorial inequívoco: las
instituciones públicas deben acatar el fallo del Tribunal
Constitucional, sea el que sea, como no puede ser de otra forma en
un Estado de Derecho.
De esta forma, no caben presiones de ningún tipo, ni políticas ni
mediáticas, para orientar el fallo en una dirección concreta, por lo
que ni las manifestaciones públicas ni los editoriales consensuados
deben ser un instrumento válido. Lea el editorial completo, y toda
la información al respecto, en la edición de mañana de LA RAZÓN.
Está sobrando el artículo 8º de la
Constitución
Lorenzo Contreras Estrella Digital 26 Noviembre 2009
Una dudosa expectativa pretende hacer creer que el Estatuto de
Cataluña, recurrido pero en vigor, y cumpliendo años, puede perder
una considerable parte de su contenido soberanista cuando un día de
éstos, que nadie sabe cuándo será, el Tribunal Constitucional salga
de su inercia y emita el fallo sobre el famoso recurso interpuesto
por el Partido Popular y por el Defensor del Pueblo. Mientras tanto
sigue produciéndose en la práctica una situación de bilateralidad
entre España y Cataluña (cada día menos parte de España en el
terreno de los hechos). Acaba de nacer el Consejo de Garantías
Estatutarias de Cataluña, es decir, el Tribunal Constitucional
paralelo que esa Comunidad se regala a sí misma mediante un
referéndum autonómico en el que sólo votó afirmativamente alrededor
de un 20 por ciento de su censo electoral.
A la vista de esa iniciativa catalana, forzoso resulta volver la
mirada hacia aquella entrevista que el presidente ZP y el líder
nacionalista Mas celebraron en la Moncloa bajo el signo de una
capitulación del primero a la hora de avalar de antemano lo que el
Parlament y el poble catalá decidieran respecto a la "Carta" hoy
conocida como Estatut. Una palabra empeñada, un compromiso de muy
difícil enmienda, por no decir imposible; tanto que si el contenido
del Estatuto pierde su naturaleza actual en el TC (español)
proporciona al nacionalismo catalán una batería de argumentos para
organizar la gran desobediencia institucional, o sencillamente la
rebelión contra la legalidad superior que los españoles se dieron a
sí mismos en 1978.
A la luz de estas circunstancias es difícil que Zapatero,
juramentado con Artur Mas en el marco de la Moncloa, eluda perder
históricamente la cara, tanto si el Estatuto sale adelante tal como
está como si pierde conflictivamente en el TC la sustancia
fundamental de su contenido independentista. Frente a la Nación
española, la Nación catalana, y si vamos al articulado recurrido,
sobrarán referencias para mantener esta triste realidad.
Cualquier ciudadano que lo desee puede tomarse la molestia de leer o
releer el contenido del artículo octavo de la Constitución (la
española, claro), cuyo tenor literal es el siguiente: "Las Fuerzas
Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el
Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e
independencia de España, defender su integridad territorial y el
ordenamiento constitucional".
Cabe preguntarse qué sentido conserva este solemne precepto
constitucional frente a la bilateralidad que Cataluña acaba de
adjudicarse, con su Consejo de Garantías Estatutarias, en sus
relaciones con el allí llamado Estado, que nosotros preferimos
llamar España. Quienes reclaman una reforma de la llamada Carta
Magna, ya no tan magna, se dotan de plena razón y hasta merecen un
premio de sentido común y al respeto de la lógica.
A un general apellidado Mena, ex responsable militar de la España
meridional, se le ocurrió hace unos pocos años, con ocasión de una
fecha patriótica, recordar desde Sevilla el sentido y la vigencia
del citado artículo. No hace falta recordar, salvo que la memoria
mayoritaria haya naufragado en este país amnésico que habitamos o
poblamos, la destitución del general Mena tras su ejercicio
memorístico. Y como no es cosa de requerir de las Fuerzas Armadas la
observancia efectiva de la Constitución, salvo que nos enredemos en
un conflicto teóricamente superado tras una guerra civil, lo normal
es abogar por una reforma constitucional que nos ahorre a los
españoles, y a los catalanes que como españoles se consideren, el
bochorno de que la Constitución haya quedado mutilada en uno de sus
fundamentales preceptos, precisamente incluido nada menos que en el
título preliminar de la Carta Magna. Es decir, el apartado que
define solemnemente lo que España debe ser en su configuración
nacional. Ya los independentistas catalanes (no cabe llamarles de
otro modo) eligieron o han elegido que el concepto de Nación
(catalana por supuesto) figure en el preámbulo definitorio de su
Constitución paralela.
La carga mediática catalana
Vicente A. C. M. Periodista Digital 26 Noviembre 2009
Estamos de pleno ante la amenaza conjunta y sincronizada de los
medios de comunicación catalanes contra el Tribunal Constitucional y
su posible sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad del
Estatuto de Cataluña. Estamos ante una ofensiva generalizada de
todas las fuerzas políticas catalanas y con el apoyo del propio
Gobierno de España, que quiere también sumarse a este descarado
intento manipulador y coactivo de los jueces. En un manifiesto sin
precedentes en la democracia transformado en editorial, se exponen
bajo el título de “La dignidad de Catalunya” lo que no es sino una
apología de la secesión y de la insumisión.
Desde luego que la culpa de este fracaso de la democracia es
exclusivamente atribuible a los principales partidos políticos, PSOE
y PP. Su ambición y obsesión por abarcar todos los resortes del
poder, les ha llevado a que sea inexistente la separación de poderes
ejecutivo y judicial y a que Instituciones como el Tribunal Supremo
o el Tribunal Constitucional, sean un nido de serviles
representantes que acatan las directrices de los que les designaron
para los cargos. Y no solo eso, sino que además se aprovecha la
posición de fuerza para bloquear el normal desarrollo de las
funciones de esas Instituciones, llegándose al esperpento de
legislar ex profeso para mantener a una persona en su cargo, como
pasa con la actual Presidenta del TC, Dª María Emilia Casas.
El editorial que no es sino un patético panfleto, expone sin rubor
que existe un prejuicio por parte del Tribunal Constitucional contra
el Parlamento de Cataluña, las Cortes Generales y la voluntad
ciudadana. La primera de las mentiras que inundan ese escrito. El
Tribunal Constitucional es el órgano encargado por la Constitución
para resolver cuestiones que afecten a la misma. Por tanto no va
contra nada ni contra nadie, sino que se limita a defender la
igualdad de derechos de los españoles y que no se promulguen leyes
que atenten contra los mismos, provengan esas leyes de cualquier
Parlamento Autonómico o del Congreso de los Diputados.
En segundo lugar, lo que pomposamente llama "la voluntad de los
ciudadanos" es exclusivamente la manifestada en una consulta local
limitada a Cataluña, adjudicándose una soberanía que no le
corresponde, como ya dije ayer en mi escrito. El Estatuto de
Cataluña, tal cual está escrito, afecta a la totalidad de los
españoles ya que en su preámbulo y en los artículos que desarrolla
refleja un cambio sustancial de la relación de la Comunidad de
Cataluña auto proclamada Nación y la asunción de capacidades de
gestión exclusivas del Gobierno de España y no transferidas, como
por ejemplo decir que el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña es
la última Instancia judicial, en detrimento del Tribunal Supremo de
España.
Para nada tiene que ver el avance de la democracia en España con el
salvaje intento secesionista por fscículos que quiere llevar a cabo
la casta política catalana, al parecer con la pasividad y
complicidad del PSOE, IU y del Gobierno de España. Como siempre, las
izquierdas están dispuestas a ceder lo que sea, incluso la gestión
del Estado y la Soberanía de na parte de España, con tal de
mantenerse en el poder en lo que quede.
Lo que puede que tenga razón ese panfleto es que si el TC sentencia
contra los derechos fundamentales de los españoles, los políticos
catalanes, ni el PSOE deben olvidar que la sociedad española no es
una sociedad débil, ni postrada, ni dispuesta a asistir impasible al
menoscabo de sus derechos. La dignidad de cada español es la que
está puesta en peligro y no creo que los españoles estén dispuestos
a perder además de su economía, su propia dignidad.
ERC
Golpe de Estado
José García Domínguez Libertad Digital 26 Noviembre 2009
Con el firme propósito de demostrar que a energúmenos no les gana
nadie, los dirigentes de la Esquerra han optado por doblar la
apuesta retórica de sus iguales del PSC y satélites, en el cotidiano
pim, pam, pum contra el máximo órgano jurisdiccional de la
democracia española. Así, cierto Huguet, a la sazón consejero de
Universidades en el tripartito, acaba de deponer, solemne, que el
Tribunal Constitucional prepara "un golpe de Estado" aprovechando
que el Pisuerga pasa por Valladolid, esto es, con la coartada de
redactar la sentencia del Estatut. Otra barbaridad a ignorar, si no
fuese porque en esta ocasión la astracanada procede de alguien que,
guste o no, constituye una autoridad del propio Estado en Cataluña.
Por lo demás, el capitidisminuido de Huguet, al igual que el
decapitado Carod, encarna una muestra de la extraordinaria vis
cómica de los independentistas confesos. De hecho, si no es en esa
clave de lúdica charlotada, ¿cómo interpretar que ellos, los mismos
que rechazaron airados la Constitución, se proclamen ahora máximos
defensores de su letra y espíritu? ¿O cómo digerir que quienes
pidieron el voto negativo en el referéndum prediquen que el Estatut
constituye sagrado objeto de su devoción súbita? En fin, humoradas
aparte, la viril denuncia contra los golpistas del patriota Huguet
sitúa a nuestro héroe ante una disyuntiva civil desgarradora, propia
de un personaje de tragedia griega: tener que optar entre la patria
y patrimonio.
Y es que la Hacienda del Estado golpista español le abona cada año
al patriota Huguet un pellizco de 127.737 euros limpios de polvo y
paja, además, claro, de las reglamentarias dietas y los viajes
gratis total en trenes y aviones, amén del preceptivo vehículo
oficial, un flamante Audi A6, por más señas. Baladís estipendios
todos ellos. Prosaicas bagatelas a las que, sin duda, el patriota
Huget estará ansioso de renunciar con tal de entregarse en cuerpo y
alma a la lucha clandestina por las burladas libertades nacionales
de Cataluña . Seguro. Nadie lo dude. Es más, en Barcelona rumores
insistentes apuntan a que, a estas horas, ya habría solicitado el
reingreso urgente en su antiguo empleo de maestro de taller en la
escuela de oficios de su pueblo. Por algo lo advierte la letra de
Els Segadors: "Que tremoli l´enemic!".
José García Domínguez es uno de los autores del blog
Heterodoxias.net.
Socialnacionalismo amenazante
Manuel Molares do Val Periodista Digital 26 Noviembre 2009
La velada amenaza del socialismo y del nacionalismo catalanes de
romper España, a la que se han sumado hoy una docena de periódicos,
nace de una de esas ocurrencias que iluminan súbitamente a Rodríguez
Zapatero en los mítines cuando los aplausos le calientan la mollera.
Ocurrió al prometerle a Pasqual Maragall, el 13 de noviembre de
2003, que favorecería incondicionalmente en el Parlamento español
cualquier Estatuto catalán que él propusiera.
Maragall logró ser presidente de la Generalidad, y seis meses
después, tras el 11M, Rodríguez Z. resultaba elegido primer ministro
español.
Había que cumplir la promesa, y Maragall elaboró un estatuto
inconstitucional destinado a convertir Cataluña en centro de los
“Paisös Catalans”, nación con derechos imperiales sobre Valencia,
Baleares, parte de Aragón y Murcia, y con reivindicaciones sobre el
sureste de Francia.
Un Kosovo, una nueva Nación con el neoindigenismo catalanista
logrando el reconocimiento de gobiernos gamberros de la ONU, como
los de Venezuela, Bolivia..., o Irán.
Cuando Maragall perdió su liderato tras detectársele complejo de
Napoleón, tomó su relevo José Montilla, charnego andaluz, que para
hacerse perdonar su origen siguió la senda imperialista
maragalliana.
Las instituciones catalanas le habían enviado ya al Parlamento
español su Estatuto de estado semi independiente, donde lo
recortaron levemente. Aún así fue impugnado ante el Tribunal
Constitucional por el Partido Popular y por el Defensor del Pueblo.
Ahora parece que esta Magistratura va a corregir parte del texto
aprobado en las Cortes y en un referéndum catalán. Como respuesta,
el socialnacionalismo catalanista amenaza a los españoles con
insurrecciones políticas, incluso populares.
Las ideas atolondradas de Zapatero y el oportunismo de Montilla y
los nacionalistas, pues, amagan con romper el país si el Tribunal
Constitucional reduce sus concesiones al soberanismo.
Todo esto lo merecen los socialistas y los españoles por elegir
dirigentes de sesera seca, recalentada y napoleónica
ANTONIO GARCÍA, DE LA APM, EN EN CASA DE HERRERO
"En el editorial hay una amenaza y el que
no lo vea es que está ciego"
Antonio García, portavoz de la APM, asociación mayoritaria de los
jueces, dijo en el programa En casa de Herrero de esRadio que el
editorial concertado entre doce periódicos catalanes es "amenazante"
contra la decisión del Constitucional sobre el Estatuto.
LIBERTAD DIGITAL 26 Noviembre 2009
Antonio García interpreta la iniciativa de la prensa catalana como
una "presión al tribunal que tiene, constitucionalmente, la última
palabra sobre las garantías constitucionales, una de las terminales
más trascendentes del funcionamiento del Estado". García no dudó en
calificar de "inapropiada" la actitud de estos periódicos.
Según el portavoz de la AMP, "una cosa es informar y opinar" y otra
muy distinta el "discurso conminatorio y el tono velado amenazante
contra la decisión del tribunal". "En definitiva están diciendo: o
hacen lo que nosotros decimos o aténganse a las consecuencias. Si el
TC entiende que el Estatuto no se compadece con el texto
constitucional está menoscabando la dignidad del pueblo catalán.
Esto es lo que dice el editorial. No es libertad de opinión, hay una
amenaza velada y el que no lo vea a sí es que está ciego".
Recordó que el Tribunal Constitucional tiene encomendada la función
del control constitucional de las leyes, también de los estatutos de
autonomía porque están subordinados a la Constitución.
Echó en falta Antonio García una respuesta contundente y a la vez
"prudente" de la presidenta del TC a las catarata de declaraciones
intimidatorias y amenazantes de las autoridades catalanas. "Se tenía
que haber producido una respuesta en términos institucionales de la
presidenta, que tiene la obligación legal y ética de preservar la
imagen del Constitucional", dijo, porque a su entender, este tipo de
manifestaciones se están moviendo en "la línea roja" y poniendo
"entre la espada y la pared el ejercicio del tribunal".
"Nadie ha asumido ese papel. El Constitucional parece entender que
la prudencia les impedía que la presidenta hiciera ese
planteamiento, pero estas posiciones le están conduciendo a una
situación de claro descrédito", concluyó.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
El Estatut y la locura política catalana
Francisco Rubiales Periodista Digital 26 Noviembre 2009
En las portadas de 12 periódicos catalanes se publica hoy un
editorial titulado "La dignidad de Catalunya", en el que se insta al
Tribunal Constitucional a respetar el Estatut, por ser --dicen-- una
ley orgánica aprobada con el visto bueno del Parlament catalán y las
Cortes Generales, además de haber sido respaldada en referéndum por
los ciudadanos y de contar con la sanción del Rey.
Sin embargo, a pesar de su altisonancia y de su prosa, teóricamente
legal, la prensa olvida que el papel del Tribunal Constitucional es
precisamente ese, frenar, cuando es necesario, una legislación que,
aunque haya cumplido los trámites legales, no es acorde con la
Constitución ni con el alma del Estado.
La prensa también ignora, porque no le conviene reconocerlo, que ese
estatuto catalán tiene pecados de origen inconfesables y vicios que
lo convierten en una pesadilla para España y, lo que es más grave,
para los propios catalanes, cuya sociedad es, en muchos aspectos,
rehén de una casta política lamentable.
El editorial colectivo es el más fiel reflejo escrito de lo que
muchos pensadores políticos y analistas llaman ya "la locura
política catalana", un "mal" que tiene el Estatut por estandarte,
nacido del nacionalismo más descerebrado, impulsado por una casta de
políticos minada por la corrupción y poco respetuosa con el
ordenamiento constitucional, atizado imprudentemente por José Luis
Rodríguez Zapatero, el peor gobernante de la España moderna, y que,
para colmo de males, tiene importantes carencias de origen, como su
naturaleza insolidaria, su violación instrínseca del concepto de
"igualdad" y el hecho incuestionable de haber sido sancionado en
referendum solamente por uno de cada tres catalanes.
Hasta los estudiantes de derecho político saben que en cualquier
democracia seria, las leyes fundamentales y aquellas que tienen gran
influencia sobre la sociedad deben ser aprobadas con mayorías muy
cualificadas, para que no queden dudas legales, algo que no ocurrió
con el Estatuto catalán, el cual, a pesar de contar con el impulso
masivo de los políticos, nunca llegó a interesar a los ciudadanos,
que dieron la espalda a la nueva ley en un referendum que solamente
logró el "si" de uno de cada tres catalanes con derecho a voto.
Es más que evidente que el Estatuto de Autonomía catalán rompe la
Constitución y crea un marco nuevo, que ahora se ha convertido en
modelo para nuevos acuerdos constitucionales desastrosos con las
otras regiones de España. El Tribunal Constitucional, a pesar de su
polítización y de su triste sometimiento a los partidos políticos,
lo ve tan claramente contrario a la Constitución que lleva tres años
retrasando una sentencia que, si Dios existe y el mundo es mundo,
tiene que desmontar "la locura catalana" y descontaminar el Estado
español ahora, cuando todavía es posible.
La Historia será implacable con el Tribunal Constitucional y con
José Luis Rodríguez Zapatero si la "locura política catalana" no es
frenada a tiempo.
Muchos males ha causado Zapatero a España y el daño producido por
ese mal gobernante lo padecerán el país y las futuras generaciones
durante décadas, pero ninguno comparable al nuevo estatuto catalán,
una pieza insolidaria, disgregadora, inconveniente, rupturista,
arrogante y antiespañola, surgida no de las entrañas o deseos del
pueblo sino de la obsesión de poder de la "casta política", que no
sólo rompe la unidad sino que también dinamita la armonía de la
sociedad española.
El "Estatuto catalán" ocupa el primer puesto en la larga lista de
desatinos de Zapatero, conviviendo con la vergonzosa negociación con
los terroristas de ETA, con la presentación y recomendación de
Batasuna en el Parlamento europeo, con sus desaciertos como
gobernante, con sus mentiras ostentosas, con su nefasta gestión de
la crisis y con otros muchos errores que nos han llevado a perder la
prosperidad, el empuje como pueblo, la decencia como sociedad y
prestigio y peso internacional como nación.
La realidad del mal gobierno de Zapatero es tan visible y palpable
que sólo dejan de percibirla los fanáticos de su partido y los
cientos de miles de paniaguados que han recibido del gobierno
español el sucio privilegio de vivir generosamente de los
presupuestos, sin que su trabajo tenga utilidad alguna para España.
Voto en Blanco
Los nacionalistas catalanes son, más que insaciables, inaguantables
A la señora Cataluña hay que ponerla en la
puerta
La izquierda parece dispuesta a entregar todo el Estado a una
oligarquía
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 26
Noviembre 2009
La prensa catalana (ésa que subsiste gracias a las suscripciones que
le paga la Generalitat) ha salido hoy en defensa del régimen. No
publica editoriales conjuntos en contra de la corrupción ni contra
las amenazas a periodistas, sino a favor de un sistema que aumentará
esa corrupción. Cae en la caricatura de atribuirnos a quienes no
decimos amén "sueños con cirugías de hierro" y reclama que nos
traguemos su últimatum, digo estatut. Pase lo que pase, la Nación y
el Estado españoles están rotos.
Repito mi post de ayer. Sólo añado que ZParo llegó con la finalidad
de pacificar las relaciones con las comunidades autónomas agriadas
por el neocentralismo (sic) de Aznar. Pues ya vemos la paz que reina
entre los hombres y las tierras de España, como dijo Franquito. Tal
vez para ser libres tengamos que hacer como el lobo atrapado en un
cepo: amputarnos una mano.
Los nacionalistas catalanes son, más que insaciables, inaguantables.
Y están amenazando con que la señora Cataluña se enfadará mucho y
reaccionará si el Tribunal Constitucional se atreve a tocarle el
culo, digo el estatuto.
A las chulerías de Carod y de Montilla, que no valdrían más que para
conserjes en una oficina municipal -y que me perdonen los
conserjes-, les contesto lo siguiente:
* ¡¡QUE SE VAYAN DE UNA PUÑETERA VEZ Y QUE NOS DEJEN EN PAZ!!
Que se queden con los aeropuertos, con el oasis, con el Barça, con
el Archivo de Salamanca, con la tumba del golpista Companys, con el
cava, con Montserrat, con las autopistas de peaje que construyó
Pujol, con La Caixa, con sus embajaditas, con sus selecciones de
bolos, con Gas Natural, con el Liceu, con Pascual Estevill, con los
bienes religiosos de la Franja, con la infanta Cristina y
Urdangarín...
* ¿CUÁNDO VAN A COGER LA PUERTA Y MARCHARSE?
Ya está bien de insultos, de mentiras, de chantajes, de engaños, de
robos, de amenazas...
Y quienes se abstienen en las elecciones -la mitad del censo- que se
joroben. Haber espabilado.
* ¿A QUE NO TIENEN AGALLAS PARA PROCLAMARSE INDEPENDIENTES?
Nos asustan los progres con que Expaña se romperá si el TC raspa un
poco del nuevo estatuto catalán. No es que se hayan vuelto
patriotas; es que sin los diputados socialistas catalanes, sin los
de CiU, sin los de ERC y sin el de ICV, el PSOE perdería el
Gobierno. Y para mantenerse cogidos a la teta, los progres están
dispuestos a entregar todo el Estado y destrozar la Nación a una
oligarquía. Para evitar el desastre, el magistrado socialista
Pascual Sala -el mismo que redactó la sentencia que anuló la condena
a los Albertos- ha parado una sentencia adversa. ¡La Constitución es
un chicle!
* ¡¡LO REPITO: QUE SE VAYAN!!
CODA: Hasta septiembre, 114.002 empleados en Cataluña perdieron su
puesto de trabajo por medio de un ERE, cifra que en Madrid llegó al
37.232. Pues ahora esos parados que se pongan a aprender catalán y a
bailar sardanas.
Doce periódicos pactan un editorial
Golpe mediático de la prensa catalana en
defensa del Estatut
"Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de
raíz la complejidad española"
Redacción Periodista Digital 26 Noviembre 2009
Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar
madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el
Estatut en un verdadero cerrojazo institucional
El nacionalismo catalán ha lanzado un órdago al Tribunal
Constitucional en forma de editorialazo La siempre servil prensa
catalana publica en su edición de hoy un editorial conjunto, bajo el
título de 'La dignidad de Catalunya', un cúmulo de falsedades con
pinceladas de victimismo apoyado por una prensa monolítica en manos
de una casta burocratizada.
Con grandes dosis de hipocresía, aseguran que "los acontecimientos
han empujado a actuar al TC como una cuarta cámara" cuando en
realidad el TC cumple la función institucional que precisamente le
han encomendado los millones de ciudadanos que votaron la
Constitución.
Luego, se desgarran las vestiduras porque "está en juego... el
espíritu que hizo posible la pacífica transición", cuando lo cierto
es que han sido los promotores del Estatut, dejando al margen -como
recuerda el editorial de El Mundo titulado "Es imposible decir más
falsedades con peor intención en menos espacio"- a la media España
representada por el PP, los que quebraron ese consenso.
* Encima, advierten que "lo pactado obliga", soslayando el control
de legalidad que es la última obligación de toda sociedad
democrática.
Los oligarcas catalanes ponen el grito en el cielo por la "dignidad
de Catalunya" cuando lo único que pretenden es controlar con mano de
hierro a la sociedad catalana a través de un Estatuto diseñado para
alejarla del resto de España aun a costa de truncar el orden
constitucional y el modelo de convivencia democrática.
LA GENUFLEXIÓN DE LOS MEDIOS CATALANES
El editorial aparece hoy reproducido en las portadas de doce diarios
catalanes --'La Vanguardia', 'El Periódico', 'Avui', 'El Punt',
'Segre', 'Diari de Tarragona', 'La Mañana', 'Diari de Girona',
'Regió 7', 'El Nou 9', 'Diari de Sabadell' y 'Diari de Terrassa'--
ante la sentencia que el TC "puede estar a punto de emitir" sobre el
texto autonómico y muestra su inquietud ante la posibilidad de que
ésta tenga un carácter fuertemente restrictivo.
ALTA EXPECTACIÓN
"La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la
evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los
acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el
Parlament de Cataluña, con las Cortes Generales y con la voluntad
ciudadana libremente expresada en las urnas", defiende el texto.
Se advierte de que la sentencia final sobre el Estatut pretenda ser
un "cerrojazo institucional" e intente cercenar "de raíz" la
complejidad española" y alerta de que "una parte significativa del
tribunal parece estar optando por posiciones "irreductibles".
* "Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de
raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la
piedra de toque de la sentencia", indica el editorial.
Tras recordar que cuatro de los doce magistrados del TC han agotado
su mandato y todavía no han sido sustituidos, otro ha sido recusado
y el último falleció, los doce diarios catalanes argumentan como
"puntos de fricción más evidentes" del debate la definición de
Cataluña como nación en el preámbulo del Estatut, con la
consiguiente emanación de "símbolos nacionales", el derecho y el
deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder
Judicial en Cataluña, y las relaciones entre el Estado y la
Generalitat.
AVANCE O RETROCESO
Señala además que el dilema real en este asunto "es avance o
retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España
plural, o el bloqueo de ésta" y recuerda que no sólo están en juego
"este o aquel artículo" sino "la propia dinámica constitucional: el
espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición". "Hay
motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando
una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un
verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud
máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e
integrador", indican.
En este punto, los doce diarios catalanes recuerdan que el TC, con
su sentencia, no estará decidiendo únicamente "sobre el pleito
interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del
Estado" sino "sobre la dimensión real del marco de convivencia
español".
* "Están en juego --inciden-- los pactos profundos que han hecho
posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y
llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los
principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana:
'Pacta sunt servanda'. Lo pactado obliga. Hay preocupación".
"CRECIENTE HARTAZGO"
El editorial subraya además el "creciente hartazgo" existente en la
sociedad catalana "por tener que soportar la mirada airada de
quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones,
estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto
de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible
uniformidad".
El texto, que señala que el asunto que el TC tiene entre manos "no
es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo
europeo", recuerda al TC que "no existe la justicia absoluta sino
sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud
jurídica por excelencia es la prudencia".
El editorial incluye además una apelación a no confundir el actual
clima crítico en Cataluña sobre los asuntos públicos con la
indiferencia. "Que nadie yerre el diagnóstico, no estamos ante una
sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al
menoscabo de su dignidad", dice. El texto concluye dejando abierta
la posibilidad de nuevas iniciativas en defensa del texto
autonómico. "Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a
articular la legítima respuesta de una sociedad responsable",
señala.
Doce periódicos catalanes salen en defensa
del Estatut
Publican un editorial conjunto en el que advierte de que «si es
necesario la solidaridad catalana volverá a articular la legítima
respuesta de una sociedad responsable».
Barcelona - Efe La Razon 26 Noviembre 2009
Doce diarios catalanes publican mañana, jueves, un editorial
conjunto en defensa del Estatut en el que subrayan la expectación
por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y advierten: "Si
es necesario la solidaridad catalana volverá a articular la legítima
respuesta de una sociedad responsable".
Los principales rotativos catalanes que se han sumado a esta
iniciativa inédita son El Periódico, La Vanguardia, Avui, El Punt,
Diari de Girona, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana, Regió 7, El 9
Nou, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa.
"La dignidad de Catalunya" es el título del editorial conjunto en el
que se recuerda que el TC lleva tres años de "lenta deliberación y
de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y
erosionado su prestigio".
Recuerdan los rotativos catalanes que con la esperada sentencia
sobre el Estatut será la primera vez, desde 1977, que el alto
tribunal se pronuncie sobre "una ley fundamental refrendada por los
electores".
El TC "ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una
'cuarta Cámara'", según este editorial en el que se recuerda que de
los doce magistrados que componen el tribunal, "sólo 10 podrán
emitir sentencia", ya que Pablo Pérez Tremps fue recusado y Roberto
García-Calvo ha fallecido.
Además, subraya el artículo, de los diez jueces, "cuatro siguen en
el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia
del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición".
Tras recordar los "puntos de fricción" del debate, como la
definición de Cataluña como nación, el catalán y las relaciones
entre el Estado y al Generalitat, advierte que "una parte
significativa del tribunal parece estar optando por posiciones
irreductibles".
"Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de
raíz la complejidad española", se asegura en el artículo editorial.
Los rotativos consideran que con la sentencia del TC está en juego
"el espíritu de 1977" que hizo posible la transición española y
expresan su temor de que se esté preparando "un verdadero cerrojazo
institucional".
En este punto, recuerdan "uno de los principios vertebrales de
nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo
pactado obliga".
Advierten de la preocupación que hay en Cataluña sobre esta cuestión
y afirman: "Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la
mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana
(...) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar
una sonada e imposible uniformidad".
En el editorial se subraya la aportación catalana a la economía
española, "sin privilegio foral", y la importancia de su lengua,
"sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del
españolismo oficial".
"No estamos -advierten los rotativos- ante una sociedad débil,
postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su
dignidad", y aseguran que, aunque no quieren presuponer un desenlace
negativo, Cataluña seguirá reclamando el reconocimiento de su
identidad, un mejor autogobierno y financiación y un salto
cualitativo en las infraestructuras.
Las radios se unen
Las emisoras de radio líderes con sede en Cataluña -RAC1, Catalunya
Rdio y COM Rdio- se han adherido al editorial que publican 12
diarios editados en Cataluña en los que instan al Tribunal
Constitucional (TC) a respetar el Estatut aprobado en referéndum y
en defensa de la dignidad catalana, según informaron a Europa Press
dichos medios.
Las cadenas han expresado la adhesión al texto pro Estatut a título
personal de cada emisora a lo largo de los principales magazines
estrella de la mañana, a cargo de los conductores de cada programa.
El editorial divide a los jueces: ¿Presión
o libertad de expresión?
La APM considera el editorial «una presión intolerable» que intenta
«influir groseramente» en el TC , mientras Jueces para la Democracia
y Francisco de Vitoria enmarcan la iniciativa en "la libertad de
expresión de los medios".
Madrid - Ep La Razon 26 Noviembre 2009
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) considera que el
editorial conjunto publicado hoy en 12 periódicos catalanes que
insta al Tribunal Constitucional (TC) a respetar el texto del
Estatuto de Cataluña constituye "una presión intolerable" que
intenta "influir groseramente" en los magistrados de este órgano
para "mover sus voluntades en una determinada dirección".
El portavoz de este colectivo, Antonio García, señaló hoy a Europa
Press que la iniciativa de la prensa catalana supone "una presión
extraordinaria" a los miembros del TC que, a su entender, "no es
pertinente, aceptable, democrática ni adecuada a las exigencias de
un Estado de Derecho".
La APM, de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera
judicial, también considera la "esquizofrenia más absoluta" que se
intente "empujar a la insumisión" al tribunal que tiene "atribuidos
el control y la garantía de la defensa de los valores
constitucionales". "Le están pidiendo que sea constitucionalmente
insumismo", dijo García.
El editorial, titulado 'La dignidad de Catalunya', también es
considerado "sin duda alguna una presión" por el portavoz del Foro
Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, quien en todo caso
señaló a Europa Press que ésta es "lícita" porque "la prensa tiene
libertad de opinión".
No obstante, Gallardo expresó su "preocupación" por el hecho de que
todos los medios de comunicación coincidan de forma unitaria en
expresar una misma opinión, ya que, a su juicio, esto podría ser un
síntoma de que "el poder político los controla".
«Libertad de expresión»
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel
Angel Gimeno, rechazó que el editorial deba interpretarse como "una
presión" al Constitucional y enmarcó esta iniciativa en "las
discusiones políticas que se contradicen y que tendrán respuesta".
"No creo que el TC se sienta presionado ni ofendido en ese sentido",
señaló.
El representante del colectivo de jueces progresista también indicó
que las opiniones en torno al Estatut se suceden porque el
Constitucional "lleva tres años sin resolver" los recursos
presentados contra este texto. "Los magistrados tienen sólidas
convicciones y principios y tras tres años debatiendo sobre este
asunto no se van a dejar influir", manifestó a Europa Press.
En una línea similar se expresó el portavoz de la asociación
independiente Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, quien opinó
que el artículo periodístico "se enmarca en la libertad de expresión
de los medios de comunicación".
"Mientras no expresen más que opiniones, aunque sean concertadas,
forman parte de la libertad de expresión", señaló Sexmero antes de
indicar que únicamente se podría hablar de "presión" al tribunal si
la iniciativa hubiera partido de "ámbitos políticos o responsables
de una administración".
Español, descartado
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 26 Noviembre 2009
He recibido dos notificaciones de la Secretaría de Consumo de la
Xunta, ambas escritas únicamente en gallego; ayer fui al ambulatorio
del SERGAS, toda la cartelería está en gallego; mi hijo no puede
llevar libros en español al instituto, y las asignaturas troncales
se siguen dando en gallego, de hecho son prácticamente todas en
gallego. El presidente de la Xunta, al igual que todos los diputados
autonómicos, se expresa únicamente en gallego...
¿Y el idioma gallego está siendo "exterminado"? ¡Venga ya! Aquí el
único idioma que está siendo marginado es el español. La
manipulación de los impositores es manifiesta: todo aquel que se
queje de la imposición del gallego es un antipatriota, no es
gallego, es un retrógrado de derechas, un adlátere del sistema
financiero, y barbaridades por el estilo.
Nunca me han gustado los patriotismos excesivos, ni de una parte ni
de ninguna, son excluyentes por definición, y el hecho de que un
idioma fuese reprimido en el pasado no legitima para oprimir otro
idioma en el presente. Es una cuestión de libertad individual, yo
quiero hablar en el idioma que me salga de las narices mientras sea
oficial de la comunidad, y que mi hijo pueda optar a estudiar en ese
idioma. Llamar idioma propio al gallego no significa que el español
sea impropio, ni que haya que desterrarlo. La mayoría se ha
pronunciado repetidas veces, pero los fanáticos no ven más allá de
sus narices y negarán siempre lo evidente.
Las razones de los políticos para seguirles el juego a estos señores
las desconozco, pero no se saldrán con la suya... Feijoo tampoco.
Manu de la Bastida
Vigo
La Voz de Galicia
http://www.lavozdegalicia.es/cartasdirector/2009/02/21/0112AF4FE67ED4A6BC8300D13A01B4156D0B.htm#comentario
Ya están en vigor normas tan polémicas como la ley de Educación o de
Fosas
Cataluña ha desplegado 32 leyes del Estatut
y prepara otras 20 al margen del fallo del TC
Barcelona - Marcos Pardeiro La Razon 26 Noviembre 2009
En Cataluña hay el convencimiento de que la mejor manera de defender
el Estatut es desarrollarlo. La idea de esperar a ver la sentencia
del Tribunal Constitucional (TC) para garantizar la seguridad
jurídica de las normas no se contempla porque el Estatut, al fin y
al cabo, es una ley en vigor desde agosto de 2006. En estos tres
años y tres meses, el Parlamento de Cataluña ya ha aprobado un total
de 32 leyes para desplegar el texto estatutario, mientras que la
Generalitat está elaborando una veintena más de anteproyectos de ley
para continuar con un desarrollo a velocidad de crucero.
El brío de la Generalitat contrasta con la parálisis del Gobierno,
que tiene pendiente la adaptación de 28 leyes estatales –la del
Consejo General del Poder Judicial, la del Banco de España y la del
Tribunal de Cuentas, entre otras–. La doble velocidad en el
despliegue del Estatut ha provocado numerosas quejas de la
Generalitat por la pasividad del Gobierno, que, en este período
únicamente ha reformado dos leyes para dar cumplimiento al texto
catalán.
Poner la directa
El Ejecutivo autonómico ha querido pisar el acelerador
conscientemente y el presidente de la Generalitat, José Montilla se
ha comprometido en más de una ocasión a desarrollar el Estatut «en
toda su amplitud y extrayendo el máximo rendimiento». Así, Cataluña
ha aprobado normas como la Ley de Educación –impugnada ante el TC–,
la Ley de Fosas y la Ley del Consejo de Garantías Estatutarias –un
organismo que emite dictámenes vinculantes sobre las normas
catalanas y que, por tanto, tiene funciones semejantes a las del
Constitucional, puesto que establece doctrina jurídica–.
Pero el empuje de la Generalitat en el despliegue no puede ocultar
la incertidumbre por la sentencia del Alto Tribunal. ERC lo tiene
claro, su postura es el desafío. Recientemente advirtió de que no
tiene por qué acatar el fallo del TC e incluso su secretario
general, Joan Ridao, ha abogado por «desplegar de facto el Estatut y
el autogobierno prescindiendo del criterio del Constitucional y del
Gobierno». Así bajan las aguas en Cataluña.
Hasta el momento, el resultado más notable que desprende el nuevo
Estatut es la reforma del sistema de financiación que, en 2010,
aportará a Cataluña más de 2.500 millones de euros extra. En enero,
cristalizará el traspaso de Cercanías y en marzo la de la Inspección
del Trabajo.
Al PP le resulta imprudente la actitud del tripartito. Opina que
valdría más la pena analizar la sentencia del TC antes de ponerse a
legislar porque un fallo adverso puede propiciar un lío jurídico
considerable, ya que el criterio del Alto Tribunal podría obligar a
decenas de rectiticaciones en el ordenamiento.
La Generalitat desestima esta tesis, convencida de la
constitucionalidad del Estatut. También el Gobierno ha defendido la
legalidad del texto catalán, aunque, a la hora de la verdad, ha
actuado con bastantes más miramientos que el Ejecutivo autonómico.
Patronal, profesionales y comercios
catalanes se suman al editorial del Estatut
La patronal Pimec y la Confederación del Comercio de Cataluña han
emitido hoy sendos comunicados donde apoyan el editorial conjunto de
doce periódicos catalanes, titulado "La dignidad de Cataluña", en
defensa del Estatuto de Cataluña. También siete colegios
profesionales, que engloban desde médicos a abogados y arquitectos
han defendido el texto.
Barcelona - Agencias La Razon 26 Noviembre 2009
"Ya hace dos años, Pimec defendió el Estatuto, entre otras razones
porque contemplaba una mejora en la financiación de Cataluña, muy
necesaria y, sin duda, totalmente justificada", señala la nota.
Según Pimec, el trato que está recibiendo el Estatuto, y por tanto
Cataluña, es indigno, no es de recibo y no hay nada que lo pueda
justificar. Por ello, esta patronal considera que Cataluña
contribuye con su esfuerzo y su solidaridad al resto de España, y
aun así, "no deja de sufrir agravios comparativos y gestos de
reprobación".
Por su parte, el presidente de la Confederación de Comercio de
Cataluña (CCC), Pere Llorens, y el presidente del Consejo de Gremios
de Comercio, Servicios y Turismo de Barcelona (CG), Gaietà Farràs,
también apoyan la iniciativa de los 12 diarios catalanes. "El
Estatuto garantiza un modelo comercial propio que es lo que ha
posibilitado que tengamos una oferta comercial diversificada y muy
competitiva en España y en Europa", ha afirmado Pere Llorens.
Asimismo, la CCC y el CG consideran que "una sentencia negativa del
Tribunal Constitucional que recortara las competencias de la
principal ley catalana provocaría aún más desafección entre la
ciudadanía". Por ello, los representantes del comercio aseguran que
continuarán defendiendo el reconocimiento de la identidad catalana,
la mejora del autogobierno y la obtención de una financiación
La Confederación de Comercio de Cataluña es la organización más
representativa del comercio catalán y reúne a unos 350 gremios y
asociaciones, que al mismo tiempo representan a 90.000 comerciantes
y tenderos de Cataluña. El Consejo de Gremios agrupa a 29 gremios,
que representan a cerca de 25.000 comerciantes y empresarios de los
sectores del comercio, servicios y turismo de las comarcas de
Barcelona.
También siete colegios profesionales
A la amplia corriente de apoyo a la prensa regional también se han
sumado siete colegios profesionales. El Consejo de Colegios de
Médicos de Cataluña, el Colegio y Asociación de Ingenieros
Industriales de Cataluña, el de Arquitectos de Cataluña, el de
Abogados de Barcelona, el de Farmacéuticos de Barcelona, el de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña
y el Consejo de Colegios de Diplomados en Enfermería de
Cataluñaanunciaron su adhesión al editorial publicado hoy en doce
diarios editados en Cataluña en defensa del Estatut.
En un comunicado conjunto, los siete colegios manifestaron su apoyo
al texto y recordaron que ya fue ratificado por el Parlament, las
Cortes y el pueblo catalán en referéndum. También tres emisoras de
radio catalanas, Catalunya Ràdio, Rac1 y COM Ràdio, han expresado su
adhesión al editorial.
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