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Recortes de Prensa    Jueves 26 Noviembre  2009

 



Falta EM, ABC, LVL y MD

SE SUCEDEN LAS REACCIONES
El "estatutazo" editorial abre una grieta en la judicatura
El Semanal Digital 26 Noviembre 2009

Como no podía ser de otra forma, la "rebelión" de doce diarios ha traspasado los límites de Cataluña. El debate se ha instalado en toda España, y también entre los jueces. ¿Es una presión?

El editorial conjunto que este jueves llevan en sus páginas doce diarios catalanes en defensa del Estatuto no sólo ha revolucionado la clase política, sino también al estamento judicial. Las asociaciones de jueces andan divididas: las conservadoras consideran la iniciativa como una clara medida de presión al Tribunal Constitucional, por mucho que sus promotores nieguen una y otra vez la mayor. En cambio, las progresistas no ven en La dignidad de Catalunya intención alguna de apretar las tuercas al alto tribunal

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) considera que el editorial constituye "una presión intolerable" que intenta "influir groseramente" en los magistrados de este órgano para "mover sus voluntades en una determinada dirección". Su portavoz, Antonio García, señaló que la iniciativa de la prensa catalana supone "una presión extraordinaria" a los miembros del TC que, a su entender, "no es pertinente, aceptable, democrática ni adecuada a las exigencias de un Estado de Derecho". La APM, de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, también considera la "esquizofrenia más absoluta" que se intente "empujar a la insumisión" al tribunal que tiene "atribuidos el control y la garantía de la defensa de los valores constitucionales".

El editorial también es considerado "sin duda alguna una presión" por el portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, quien en todo caso señaló que ésta es "lícita" porque "la prensa tiene libertad de opinión". No obstante, Gallardo expresó su "preocupación" por el hecho de que todos los medios de comunicación coincidan de forma unitaria en expresar una misma opinión, ya que, a su juicio, esto podría ser un síntoma de que "el poder político los controla".

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Angel Gimeno, rechazó que el editorial deba interpretarse como "una presión" al Constitucional y enmarcó esta iniciativa en "las discusiones políticas que se contradicen y que tendrán respuesta". El representante del colectivo de jueces progresista también indicó que las opiniones en torno al Estatuto se suceden porque el Constitucional "lleva tres años sin resolver" los recursos presentados contra este texto. "Los magistrados tienen sólidas convicciones y principios y tras tres años debatiendo sobre este asunto no se van a dejar influir", manifestó.

En una línea similar se expresó el portavoz de la asociación independiente Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, quien opinó que el artículo periodístico "se enmarca en la libertad de expresión de los medios de comunicación".

Razones para la intranquilidad por una sentencia decisiva
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 26 Noviembre 2009

En la política española hay asuntos recurrentes que de vez en cuando reaparecen para extinguirse rápidamente hasta la próxima calentura. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña pertenece a esta categoría; cada vez que hay atisbos de que el alto Tribunal está a punto de llegar a un acuerdo sobre el texto de la sentencia, se produce una altisonante tormenta en el vaso de agua de la oligarquía política catalana, que se extingue en cuanto se comprueba que tampoco en esta ocasión el amago de sentencia va en serio.

Como el tema es reiterativo, ya me aburre un poco repetir una y otra vez en estas páginas las mismas advertencias sobre lo que se puede y lo que no se puede esperar de la tan traída y llevada sentencia. Sin embargo, la opinión pública tiene derecho a estar informada de manera fundamentada sobre una cuestión de esta relevancia, por lo que merece la pena esforzarse en poner las cosas en claro de nuevo.

Nadie en el mundo jurídico espera seriamente que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia que declare inconstitucional y anule una parte sustancial del nuevo Estatuto catalán. No porque no haya sobrados argumentos jurídicos para ello, sino porque, políticamente, significaría ni más ni menos que la caída del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En consecuencia, la única sentencia que puede salir del alto Tribunal es una de carácter esencialmente interpretativo, que evite la anulación de artículos, salvo quizá en algunos casos extremos, y que a lo largo de páginas y páginas de farragosos argumentos matice cómo hay que interpretar el Estatut para que sea constitucional. Y, mientras los magistrados no alcancen un acuerdo sobre cuántos artículos cabe anular sin que caiga el Gobierno y sobre todos esos matices interpretativos que neutralicen las partes inconstitucionales del nuevo Estatuto catalán, no habrá sentencia. Por eso están tardando tanto en sacarla.

Dicho esto, hay que añadir algo más sobre las supuestas hecatombes que podrían seguir a cualquier sentencia del Tribunal Constitucional que no se limitase a bendecir íntegramente el Estatut, cosa de todo punto imposible y que tampoco cabe esperar en ningún caso. Yo no soy el primero en destacar que las amenazas de la oligarquía política catalana son muy parecidas a los pronósticos de graves catástrofes que formularon los nacionalistas vascos cuando se preparaba la ilegalización de Batasuna.

En una sociedad como la nuestra, exactamente igual que no pasó nada (nada malo, se entiende, porque consecuencia positivas sí las ha habido) por ilegalizar Batasuna, tampoco se conmoverán los cimientos de la convivencia por una sentencia constitucional que corrija el nuevo Estatuto catalán. Bien al contrario, lo que sí perturba el normal funcionamiento del Estado democrático de Derecho es la vigencia de un texto jurídico en buena parte inconstitucional.

Como ya he dicho antes, asunto distinto es lo que pueda pasar con la estabilidad del Gobierno, según cómo sea la sentencia. Pero ése es un problema exclusivo del insensato que prometió que aceptaría cualquier cosa que aprobase el Parlamento catalán, para luego tener que introducir en el texto remitido por aquél unos remiendos insuficientes para hacerlo compatible con la norma suprema, que es la Constitución, aunque algunos no acaben de asumirlo.

Hay que aceptar el fallo sobre el Estatut, sin presiones de ningún tipo
EDITORIAL La Razon 26 Noviembre 2009

La publicación por parte de doce periódicos catalanes de un editorial conjunto en contra de un recorte del Estatuto de Cataluña, días antes del esperado fallo por parte del Tribunal Constitucional, ha suscitado todo tipo de reacciones a lo largo del día.

La edición en papel de LA RAZÓN abordará mañana este asunto en sus páginas, con un planteamiento editorial inequívoco: las instituciones públicas deben acatar el fallo del Tribunal Constitucional, sea el que sea, como no puede ser de otra forma en un Estado de Derecho.

De esta forma, no caben presiones de ningún tipo, ni políticas ni mediáticas, para orientar el fallo en una dirección concreta, por lo que ni las manifestaciones públicas ni los editoriales consensuados deben ser un instrumento válido. Lea el editorial completo, y toda la información al respecto, en la edición de mañana de LA RAZÓN.

Está sobrando el artículo 8º de la Constitución
Lorenzo Contreras Estrella Digital 26 Noviembre 2009

Una dudosa expectativa pretende hacer creer que el Estatuto de Cataluña, recurrido pero en vigor, y cumpliendo años, puede perder una considerable parte de su contenido soberanista cuando un día de éstos, que nadie sabe cuándo será, el Tribunal Constitucional salga de su inercia y emita el fallo sobre el famoso recurso interpuesto por el Partido Popular y por el Defensor del Pueblo. Mientras tanto sigue produciéndose en la práctica una situación de bilateralidad entre España y Cataluña (cada día menos parte de España en el terreno de los hechos). Acaba de nacer el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, es decir, el Tribunal Constitucional paralelo que esa Comunidad se regala a sí misma mediante un referéndum autonómico en el que sólo votó afirmativamente alrededor de un 20 por ciento de su censo electoral.

A la vista de esa iniciativa catalana, forzoso resulta volver la mirada hacia aquella entrevista que el presidente ZP y el líder nacionalista Mas celebraron en la Moncloa bajo el signo de una capitulación del primero a la hora de avalar de antemano lo que el Parlament y el poble catalá decidieran respecto a la "Carta" hoy conocida como Estatut. Una palabra empeñada, un compromiso de muy difícil enmienda, por no decir imposible; tanto que si el contenido del Estatuto pierde su naturaleza actual en el TC (español) proporciona al nacionalismo catalán una batería de argumentos para organizar la gran desobediencia institucional, o sencillamente la rebelión contra la legalidad superior que los españoles se dieron a sí mismos en 1978.

A la luz de estas circunstancias es difícil que Zapatero, juramentado con Artur Mas en el marco de la Moncloa, eluda perder históricamente la cara, tanto si el Estatuto sale adelante tal como está como si pierde conflictivamente en el TC la sustancia fundamental de su contenido independentista. Frente a la Nación española, la Nación catalana, y si vamos al articulado recurrido, sobrarán referencias para mantener esta triste realidad.

Cualquier ciudadano que lo desee puede tomarse la molestia de leer o releer el contenido del artículo octavo de la Constitución (la española, claro), cuyo tenor literal es el siguiente: "Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional".

Cabe preguntarse qué sentido conserva este solemne precepto constitucional frente a la bilateralidad que Cataluña acaba de adjudicarse, con su Consejo de Garantías Estatutarias, en sus relaciones con el allí llamado Estado, que nosotros preferimos llamar España. Quienes reclaman una reforma de la llamada Carta Magna, ya no tan magna, se dotan de plena razón y hasta merecen un premio de sentido común y al respeto de la lógica.

A un general apellidado Mena, ex responsable militar de la España meridional, se le ocurrió hace unos pocos años, con ocasión de una fecha patriótica, recordar desde Sevilla el sentido y la vigencia del citado artículo. No hace falta recordar, salvo que la memoria mayoritaria haya naufragado en este país amnésico que habitamos o poblamos, la destitución del general Mena tras su ejercicio memorístico. Y como no es cosa de requerir de las Fuerzas Armadas la observancia efectiva de la Constitución, salvo que nos enredemos en un conflicto teóricamente superado tras una guerra civil, lo normal es abogar por una reforma constitucional que nos ahorre a los españoles, y a los catalanes que como españoles se consideren, el bochorno de que la Constitución haya quedado mutilada en uno de sus fundamentales preceptos, precisamente incluido nada menos que en el título preliminar de la Carta Magna. Es decir, el apartado que define solemnemente lo que España debe ser en su configuración nacional. Ya los independentistas catalanes (no cabe llamarles de otro modo) eligieron o han elegido que el concepto de Nación (catalana por supuesto) figure en el preámbulo definitorio de su Constitución paralela.

La carga mediática catalana
Vicente A. C. M. Periodista Digital 26 Noviembre 2009

Estamos de pleno ante la amenaza conjunta y sincronizada de los medios de comunicación catalanes contra el Tribunal Constitucional y su posible sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña. Estamos ante una ofensiva generalizada de todas las fuerzas políticas catalanas y con el apoyo del propio Gobierno de España, que quiere también sumarse a este descarado intento manipulador y coactivo de los jueces. En un manifiesto sin precedentes en la democracia transformado en editorial, se exponen bajo el título de “La dignidad de Catalunya” lo que no es sino una apología de la secesión y de la insumisión.

Desde luego que la culpa de este fracaso de la democracia es exclusivamente atribuible a los principales partidos políticos, PSOE y PP. Su ambición y obsesión por abarcar todos los resortes del poder, les ha llevado a que sea inexistente la separación de poderes ejecutivo y judicial y a que Instituciones como el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, sean un nido de serviles representantes que acatan las directrices de los que les designaron para los cargos. Y no solo eso, sino que además se aprovecha la posición de fuerza para bloquear el normal desarrollo de las funciones de esas Instituciones, llegándose al esperpento de legislar ex profeso para mantener a una persona en su cargo, como pasa con la actual Presidenta del TC, Dª María Emilia Casas.

El editorial que no es sino un patético panfleto, expone sin rubor que existe un prejuicio por parte del Tribunal Constitucional contra el Parlamento de Cataluña, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana. La primera de las mentiras que inundan ese escrito. El Tribunal Constitucional es el órgano encargado por la Constitución para resolver cuestiones que afecten a la misma. Por tanto no va contra nada ni contra nadie, sino que se limita a defender la igualdad de derechos de los españoles y que no se promulguen leyes que atenten contra los mismos, provengan esas leyes de cualquier Parlamento Autonómico o del Congreso de los Diputados.

En segundo lugar, lo que pomposamente llama "la voluntad de los ciudadanos" es exclusivamente la manifestada en una consulta local limitada a Cataluña, adjudicándose una soberanía que no le corresponde, como ya dije ayer en mi escrito. El Estatuto de Cataluña, tal cual está escrito, afecta a la totalidad de los españoles ya que en su preámbulo y en los artículos que desarrolla refleja un cambio sustancial de la relación de la Comunidad de Cataluña auto proclamada Nación y la asunción de capacidades de gestión exclusivas del Gobierno de España y no transferidas, como por ejemplo decir que el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña es la última Instancia judicial, en detrimento del Tribunal Supremo de España.

Para nada tiene que ver el avance de la democracia en España con el salvaje intento secesionista por fscículos que quiere llevar a cabo la casta política catalana, al parecer con la pasividad y complicidad del PSOE, IU y del Gobierno de España. Como siempre, las izquierdas están dispuestas a ceder lo que sea, incluso la gestión del Estado y la Soberanía de na parte de España, con tal de mantenerse en el poder en lo que quede.

Lo que puede que tenga razón ese panfleto es que si el TC sentencia contra los derechos fundamentales de los españoles, los políticos catalanes, ni el PSOE deben olvidar que la sociedad española no es una sociedad débil, ni postrada, ni dispuesta a asistir impasible al menoscabo de sus derechos. La dignidad de cada español es la que está puesta en peligro y no creo que los españoles estén dispuestos a perder además de su economía, su propia dignidad.

ERC
Golpe de Estado
José García Domínguez Libertad Digital 26 Noviembre 2009

Con el firme propósito de demostrar que a energúmenos no les gana nadie, los dirigentes de la Esquerra han optado por doblar la apuesta retórica de sus iguales del PSC y satélites, en el cotidiano pim, pam, pum contra el máximo órgano jurisdiccional de la democracia española. Así, cierto Huguet, a la sazón consejero de Universidades en el tripartito, acaba de deponer, solemne, que el Tribunal Constitucional prepara "un golpe de Estado" aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, esto es, con la coartada de redactar la sentencia del Estatut. Otra barbaridad a ignorar, si no fuese porque en esta ocasión la astracanada procede de alguien que, guste o no, constituye una autoridad del propio Estado en Cataluña.

Por lo demás, el capitidisminuido de Huguet, al igual que el decapitado Carod, encarna una muestra de la extraordinaria vis cómica de los independentistas confesos. De hecho, si no es en esa clave de lúdica charlotada, ¿cómo interpretar que ellos, los mismos que rechazaron airados la Constitución, se proclamen ahora máximos defensores de su letra y espíritu? ¿O cómo digerir que quienes pidieron el voto negativo en el referéndum prediquen que el Estatut constituye sagrado objeto de su devoción súbita? En fin, humoradas aparte, la viril denuncia contra los golpistas del patriota Huguet sitúa a nuestro héroe ante una disyuntiva civil desgarradora, propia de un personaje de tragedia griega: tener que optar entre la patria y patrimonio.

Y es que la Hacienda del Estado golpista español le abona cada año al patriota Huguet un pellizco de 127.737 euros limpios de polvo y paja, además, claro, de las reglamentarias dietas y los viajes gratis total en trenes y aviones, amén del preceptivo vehículo oficial, un flamante Audi A6, por más señas. Baladís estipendios todos ellos. Prosaicas bagatelas a las que, sin duda, el patriota Huget estará ansioso de renunciar con tal de entregarse en cuerpo y alma a la lucha clandestina por las burladas libertades nacionales de Cataluña . Seguro. Nadie lo dude. Es más, en Barcelona rumores insistentes apuntan a que, a estas horas, ya habría solicitado el reingreso urgente en su antiguo empleo de maestro de taller en la escuela de oficios de su pueblo. Por algo lo advierte la letra de Els Segadors: "Que tremoli l´enemic!".
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Socialnacionalismo amenazante
Manuel Molares do Val Periodista Digital 26 Noviembre 2009

La velada amenaza del socialismo y del nacionalismo catalanes de romper España, a la que se han sumado hoy una docena de periódicos, nace de una de esas ocurrencias que iluminan súbitamente a Rodríguez Zapatero en los mítines cuando los aplausos le calientan la mollera.

Ocurrió al prometerle a Pasqual Maragall, el 13 de noviembre de 2003, que favorecería incondicionalmente en el Parlamento español cualquier Estatuto catalán que él propusiera.

Maragall logró ser presidente de la Generalidad, y seis meses después, tras el 11M, Rodríguez Z. resultaba elegido primer ministro español.

Había que cumplir la promesa, y Maragall elaboró un estatuto inconstitucional destinado a convertir Cataluña en centro de los “Paisös Catalans”, nación con derechos imperiales sobre Valencia, Baleares, parte de Aragón y Murcia, y con reivindicaciones sobre el sureste de Francia.

Un Kosovo, una nueva Nación con el neoindigenismo catalanista logrando el reconocimiento de gobiernos gamberros de la ONU, como los de Venezuela, Bolivia..., o Irán.

Cuando Maragall perdió su liderato tras detectársele complejo de Napoleón, tomó su relevo José Montilla, charnego andaluz, que para hacerse perdonar su origen siguió la senda imperialista maragalliana.

Las instituciones catalanas le habían enviado ya al Parlamento español su Estatuto de estado semi independiente, donde lo recortaron levemente. Aún así fue impugnado ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular y por el Defensor del Pueblo.

Ahora parece que esta Magistratura va a corregir parte del texto aprobado en las Cortes y en un referéndum catalán. Como respuesta, el socialnacionalismo catalanista amenaza a los españoles con insurrecciones políticas, incluso populares.

Las ideas atolondradas de Zapatero y el oportunismo de Montilla y los nacionalistas, pues, amagan con romper el país si el Tribunal Constitucional reduce sus concesiones al soberanismo.

Todo esto lo merecen los socialistas y los españoles por elegir dirigentes de sesera seca, recalentada y napoleónica

ANTONIO GARCÍA, DE LA APM, EN EN CASA DE HERRERO
"En el editorial hay una amenaza y el que no lo vea es que está ciego"
Antonio García, portavoz de la APM, asociación mayoritaria de los jueces, dijo en el programa En casa de Herrero de esRadio que el editorial concertado entre doce periódicos catalanes es "amenazante" contra la decisión del Constitucional sobre el Estatuto.
LIBERTAD DIGITAL 26 Noviembre 2009

Antonio García interpreta la iniciativa de la prensa catalana como una "presión al tribunal que tiene, constitucionalmente, la última palabra sobre las garantías constitucionales, una de las terminales más trascendentes del funcionamiento del Estado". García no dudó en calificar de "inapropiada" la actitud de estos periódicos.

Según el portavoz de la AMP, "una cosa es informar y opinar" y otra muy distinta el "discurso conminatorio y el tono velado amenazante contra la decisión del tribunal". "En definitiva están diciendo: o hacen lo que nosotros decimos o aténganse a las consecuencias. Si el TC entiende que el Estatuto no se compadece con el texto constitucional está menoscabando la dignidad del pueblo catalán. Esto es lo que dice el editorial. No es libertad de opinión, hay una amenaza velada y el que no lo vea a sí es que está ciego".

Recordó que el Tribunal Constitucional tiene encomendada la función del control constitucional de las leyes, también de los estatutos de autonomía porque están subordinados a la Constitución.

Echó en falta Antonio García una respuesta contundente y a la vez "prudente" de la presidenta del TC a las catarata de declaraciones intimidatorias y amenazantes de las autoridades catalanas. "Se tenía que haber producido una respuesta en términos institucionales de la presidenta, que tiene la obligación legal y ética de preservar la imagen del Constitucional", dijo, porque a su entender, este tipo de manifestaciones se están moviendo en "la línea roja" y poniendo "entre la espada y la pared el ejercicio del tribunal".

"Nadie ha asumido ese papel. El Constitucional parece entender que la prudencia les impedía que la presidenta hiciera ese planteamiento, pero estas posiciones le están conduciendo a una situación de claro descrédito", concluyó.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El Estatut y la locura política catalana
Francisco Rubiales Periodista Digital 26 Noviembre 2009

En las portadas de 12 periódicos catalanes se publica hoy un editorial titulado "La dignidad de Catalunya", en el que se insta al Tribunal Constitucional a respetar el Estatut, por ser --dicen-- una ley orgánica aprobada con el visto bueno del Parlament catalán y las Cortes Generales, además de haber sido respaldada en referéndum por los ciudadanos y de contar con la sanción del Rey.

Sin embargo, a pesar de su altisonancia y de su prosa, teóricamente legal, la prensa olvida que el papel del Tribunal Constitucional es precisamente ese, frenar, cuando es necesario, una legislación que, aunque haya cumplido los trámites legales, no es acorde con la Constitución ni con el alma del Estado.

La prensa también ignora, porque no le conviene reconocerlo, que ese estatuto catalán tiene pecados de origen inconfesables y vicios que lo convierten en una pesadilla para España y, lo que es más grave, para los propios catalanes, cuya sociedad es, en muchos aspectos, rehén de una casta política lamentable.

El editorial colectivo es el más fiel reflejo escrito de lo que muchos pensadores políticos y analistas llaman ya "la locura política catalana", un "mal" que tiene el Estatut por estandarte, nacido del nacionalismo más descerebrado, impulsado por una casta de políticos minada por la corrupción y poco respetuosa con el ordenamiento constitucional, atizado imprudentemente por José Luis Rodríguez Zapatero, el peor gobernante de la España moderna, y que, para colmo de males, tiene importantes carencias de origen, como su naturaleza insolidaria, su violación instrínseca del concepto de "igualdad" y el hecho incuestionable de haber sido sancionado en referendum solamente por uno de cada tres catalanes.

Hasta los estudiantes de derecho político saben que en cualquier democracia seria, las leyes fundamentales y aquellas que tienen gran influencia sobre la sociedad deben ser aprobadas con mayorías muy cualificadas, para que no queden dudas legales, algo que no ocurrió con el Estatuto catalán, el cual, a pesar de contar con el impulso masivo de los políticos, nunca llegó a interesar a los ciudadanos, que dieron la espalda a la nueva ley en un referendum que solamente logró el "si" de uno de cada tres catalanes con derecho a voto.

Es más que evidente que el Estatuto de Autonomía catalán rompe la Constitución y crea un marco nuevo, que ahora se ha convertido en modelo para nuevos acuerdos constitucionales desastrosos con las otras regiones de España. El Tribunal Constitucional, a pesar de su polítización y de su triste sometimiento a los partidos políticos, lo ve tan claramente contrario a la Constitución que lleva tres años retrasando una sentencia que, si Dios existe y el mundo es mundo, tiene que desmontar "la locura catalana" y descontaminar el Estado español ahora, cuando todavía es posible.

La Historia será implacable con el Tribunal Constitucional y con José Luis Rodríguez Zapatero si la "locura política catalana" no es frenada a tiempo.

Muchos males ha causado Zapatero a España y el daño producido por ese mal gobernante lo padecerán el país y las futuras generaciones durante décadas, pero ninguno comparable al nuevo estatuto catalán, una pieza insolidaria, disgregadora, inconveniente, rupturista, arrogante y antiespañola, surgida no de las entrañas o deseos del pueblo sino de la obsesión de poder de la "casta política", que no sólo rompe la unidad sino que también dinamita la armonía de la sociedad española.

El "Estatuto catalán" ocupa el primer puesto en la larga lista de desatinos de Zapatero, conviviendo con la vergonzosa negociación con los terroristas de ETA, con la presentación y recomendación de Batasuna en el Parlamento europeo, con sus desaciertos como gobernante, con sus mentiras ostentosas, con su nefasta gestión de la crisis y con otros muchos errores que nos han llevado a perder la prosperidad, el empuje como pueblo, la decencia como sociedad y prestigio y peso internacional como nación.

La realidad del mal gobierno de Zapatero es tan visible y palpable que sólo dejan de percibirla los fanáticos de su partido y los cientos de miles de paniaguados que han recibido del gobierno español el sucio privilegio de vivir generosamente de los presupuestos, sin que su trabajo tenga utilidad alguna para España.

Voto en Blanco

Los nacionalistas catalanes son, más que insaciables, inaguantables
A la señora Cataluña hay que ponerla en la puerta
La izquierda parece dispuesta a entregar todo el Estado a una oligarquía
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 26 Noviembre 2009

La prensa catalana (ésa que subsiste gracias a las suscripciones que le paga la Generalitat) ha salido hoy en defensa del régimen. No publica editoriales conjuntos en contra de la corrupción ni contra las amenazas a periodistas, sino a favor de un sistema que aumentará esa corrupción. Cae en la caricatura de atribuirnos a quienes no decimos amén "sueños con cirugías de hierro" y reclama que nos traguemos su últimatum, digo estatut. Pase lo que pase, la Nación y el Estado españoles están rotos.

Repito mi post de ayer. Sólo añado que ZParo llegó con la finalidad de pacificar las relaciones con las comunidades autónomas agriadas por el neocentralismo (sic) de Aznar. Pues ya vemos la paz que reina entre los hombres y las tierras de España, como dijo Franquito. Tal vez para ser libres tengamos que hacer como el lobo atrapado en un cepo: amputarnos una mano.

Los nacionalistas catalanes son, más que insaciables, inaguantables. Y están amenazando con que la señora Cataluña se enfadará mucho y reaccionará si el Tribunal Constitucional se atreve a tocarle el culo, digo el estatuto.

A las chulerías de Carod y de Montilla, que no valdrían más que para conserjes en una oficina municipal -y que me perdonen los conserjes-, les contesto lo siguiente:

* ¡¡QUE SE VAYAN DE UNA PUÑETERA VEZ Y QUE NOS DEJEN EN PAZ!!
Que se queden con los aeropuertos, con el oasis, con el Barça, con el Archivo de Salamanca, con la tumba del golpista Companys, con el cava, con Montserrat, con las autopistas de peaje que construyó Pujol, con La Caixa, con sus embajaditas, con sus selecciones de bolos, con Gas Natural, con el Liceu, con Pascual Estevill, con los bienes religiosos de la Franja, con la infanta Cristina y Urdangarín...

* ¿CUÁNDO VAN A COGER LA PUERTA Y MARCHARSE?
Ya está bien de insultos, de mentiras, de chantajes, de engaños, de robos, de amenazas...

Y quienes se abstienen en las elecciones -la mitad del censo- que se joroben. Haber espabilado.

* ¿A QUE NO TIENEN AGALLAS PARA PROCLAMARSE INDEPENDIENTES?
Nos asustan los progres con que Expaña se romperá si el TC raspa un poco del nuevo estatuto catalán. No es que se hayan vuelto patriotas; es que sin los diputados socialistas catalanes, sin los de CiU, sin los de ERC y sin el de ICV, el PSOE perdería el Gobierno. Y para mantenerse cogidos a la teta, los progres están dispuestos a entregar todo el Estado y destrozar la Nación a una oligarquía. Para evitar el desastre, el magistrado socialista Pascual Sala -el mismo que redactó la sentencia que anuló la condena a los Albertos- ha parado una sentencia adversa. ¡La Constitución es un chicle!

* ¡¡LO REPITO: QUE SE VAYAN!!
CODA: Hasta septiembre, 114.002 empleados en Cataluña perdieron su puesto de trabajo por medio de un ERE, cifra que en Madrid llegó al 37.232. Pues ahora esos parados que se pongan a aprender catalán y a bailar sardanas.

Doce periódicos pactan un editorial
Golpe mediático de la prensa catalana en defensa del Estatut
"Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española"
Redacción Periodista Digital 26 Noviembre 2009

Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional

El nacionalismo catalán ha lanzado un órdago al Tribunal Constitucional en forma de editorialazo La siempre servil prensa catalana publica en su edición de hoy un editorial conjunto, bajo el título de 'La dignidad de Catalunya', un cúmulo de falsedades con pinceladas de victimismo apoyado por una prensa monolítica en manos de una casta burocratizada.

Con grandes dosis de hipocresía, aseguran que "los acontecimientos han empujado a actuar al TC como una cuarta cámara" cuando en realidad el TC cumple la función institucional que precisamente le han encomendado los millones de ciudadanos que votaron la Constitución.

Luego, se desgarran las vestiduras porque "está en juego... el espíritu que hizo posible la pacífica transición", cuando lo cierto es que han sido los promotores del Estatut, dejando al margen -como recuerda el editorial de El Mundo titulado "Es imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio"- a la media España representada por el PP, los que quebraron ese consenso.

* Encima, advierten que "lo pactado obliga", soslayando el control de legalidad que es la última obligación de toda sociedad democrática.

Los oligarcas catalanes ponen el grito en el cielo por la "dignidad de Catalunya" cuando lo único que pretenden es controlar con mano de hierro a la sociedad catalana a través de un Estatuto diseñado para alejarla del resto de España aun a costa de truncar el orden constitucional y el modelo de convivencia democrática.

LA GENUFLEXIÓN DE LOS MEDIOS CATALANES
El editorial aparece hoy reproducido en las portadas de doce diarios catalanes --'La Vanguardia', 'El Periódico', 'Avui', 'El Punt', 'Segre', 'Diari de Tarragona', 'La Mañana', 'Diari de Girona', 'Regió 7', 'El Nou 9', 'Diari de Sabadell' y 'Diari de Terrassa'-- ante la sentencia que el TC "puede estar a punto de emitir" sobre el texto autonómico y muestra su inquietud ante la posibilidad de que ésta tenga un carácter fuertemente restrictivo.

ALTA EXPECTACIÓN
"La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Cataluña, con las Cortes Generales y con la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas", defiende el texto.

Se advierte de que la sentencia final sobre el Estatut pretenda ser un "cerrojazo institucional" e intente cercenar "de raíz" la complejidad española" y alerta de que "una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones "irreductibles".

* "Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia", indica el editorial.

Tras recordar que cuatro de los doce magistrados del TC han agotado su mandato y todavía no han sido sustituidos, otro ha sido recusado y el último falleció, los doce diarios catalanes argumentan como "puntos de fricción más evidentes" del debate la definición de Cataluña como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de "símbolos nacionales", el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Cataluña, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat.

AVANCE O RETROCESO
Señala además que el dilema real en este asunto "es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de ésta" y recuerda que no sólo están en juego "este o aquel artículo" sino "la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición". "Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador", indican.

En este punto, los doce diarios catalanes recuerdan que el TC, con su sentencia, no estará decidiendo únicamente "sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado" sino "sobre la dimensión real del marco de convivencia español".

* "Están en juego --inciden-- los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: 'Pacta sunt servanda'. Lo pactado obliga. Hay preocupación".

"CRECIENTE HARTAZGO"
El editorial subraya además el "creciente hartazgo" existente en la sociedad catalana "por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad".

El texto, que señala que el asunto que el TC tiene entre manos "no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo", recuerda al TC que "no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia".

El editorial incluye además una apelación a no confundir el actual clima crítico en Cataluña sobre los asuntos públicos con la indiferencia. "Que nadie yerre el diagnóstico, no estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad", dice. El texto concluye dejando abierta la posibilidad de nuevas iniciativas en defensa del texto autonómico. "Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable", señala.

Doce periódicos catalanes salen en defensa del Estatut
Publican un editorial conjunto en el que advierte de que «si es necesario la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable».
Barcelona - Efe La Razon 26 Noviembre 2009

Doce diarios catalanes publican mañana, jueves, un editorial conjunto en defensa del Estatut en el que subrayan la expectación por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y advierten: "Si es necesario la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable".

Los principales rotativos catalanes que se han sumado a esta iniciativa inédita son El Periódico, La Vanguardia, Avui, El Punt, Diari de Girona, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana, Regió 7, El 9 Nou, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa.

"La dignidad de Catalunya" es el título del editorial conjunto en el que se recuerda que el TC lleva tres años de "lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y erosionado su prestigio".

Recuerdan los rotativos catalanes que con la esperada sentencia sobre el Estatut será la primera vez, desde 1977, que el alto tribunal se pronuncie sobre "una ley fundamental refrendada por los electores".

El TC "ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una 'cuarta Cámara'", según este editorial en el que se recuerda que de los doce magistrados que componen el tribunal, "sólo 10 podrán emitir sentencia", ya que Pablo Pérez Tremps fue recusado y Roberto García-Calvo ha fallecido.

Además, subraya el artículo, de los diez jueces, "cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición".

Tras recordar los "puntos de fricción" del debate, como la definición de Cataluña como nación, el catalán y las relaciones entre el Estado y al Generalitat, advierte que "una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles".

"Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española", se asegura en el artículo editorial.

Los rotativos consideran que con la sentencia del TC está en juego "el espíritu de 1977" que hizo posible la transición española y expresan su temor de que se esté preparando "un verdadero cerrojazo institucional".

En este punto, recuerdan "uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga".

Advierten de la preocupación que hay en Cataluña sobre esta cuestión y afirman: "Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (...) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una sonada e imposible uniformidad".

En el editorial se subraya la aportación catalana a la economía española, "sin privilegio foral", y la importancia de su lengua, "sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial".

"No estamos -advierten los rotativos- ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad", y aseguran que, aunque no quieren presuponer un desenlace negativo, Cataluña seguirá reclamando el reconocimiento de su identidad, un mejor autogobierno y financiación y un salto cualitativo en las infraestructuras.

Las radios se unen
Las emisoras de radio líderes con sede en Cataluña -RAC1, Catalunya Rdio y COM Rdio- se han adherido al editorial que publican 12 diarios editados en Cataluña en los que instan al Tribunal Constitucional (TC) a respetar el Estatut aprobado en referéndum y en defensa de la dignidad catalana, según informaron a Europa Press dichos medios.

Las cadenas han expresado la adhesión al texto pro Estatut a título personal de cada emisora a lo largo de los principales magazines estrella de la mañana, a cargo de los conductores de cada programa.

El editorial divide a los jueces: ¿Presión o libertad de expresión?
La APM considera el editorial «una presión intolerable» que intenta «influir groseramente» en el TC , mientras Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria enmarcan la iniciativa en "la libertad de expresión de los medios".
Madrid - Ep La Razon 26 Noviembre 2009

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) considera que el editorial conjunto publicado hoy en 12 periódicos catalanes que insta al Tribunal Constitucional (TC) a respetar el texto del Estatuto de Cataluña constituye "una presión intolerable" que intenta "influir groseramente" en los magistrados de este órgano para "mover sus voluntades en una determinada dirección".

El portavoz de este colectivo, Antonio García, señaló hoy a Europa Press que la iniciativa de la prensa catalana supone "una presión extraordinaria" a los miembros del TC que, a su entender, "no es pertinente, aceptable, democrática ni adecuada a las exigencias de un Estado de Derecho".

La APM, de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, también considera la "esquizofrenia más absoluta" que se intente "empujar a la insumisión" al tribunal que tiene "atribuidos el control y la garantía de la defensa de los valores constitucionales". "Le están pidiendo que sea constitucionalmente insumismo", dijo García.

El editorial, titulado 'La dignidad de Catalunya', también es considerado "sin duda alguna una presión" por el portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, quien en todo caso señaló a Europa Press que ésta es "lícita" porque "la prensa tiene libertad de opinión".

No obstante, Gallardo expresó su "preocupación" por el hecho de que todos los medios de comunicación coincidan de forma unitaria en expresar una misma opinión, ya que, a su juicio, esto podría ser un síntoma de que "el poder político los controla".

«Libertad de expresión»
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Angel Gimeno, rechazó que el editorial deba interpretarse como "una presión" al Constitucional y enmarcó esta iniciativa en "las discusiones políticas que se contradicen y que tendrán respuesta". "No creo que el TC se sienta presionado ni ofendido en ese sentido", señaló.

El representante del colectivo de jueces progresista también indicó que las opiniones en torno al Estatut se suceden porque el Constitucional "lleva tres años sin resolver" los recursos presentados contra este texto. "Los magistrados tienen sólidas convicciones y principios y tras tres años debatiendo sobre este asunto no se van a dejar influir", manifestó a Europa Press.

En una línea similar se expresó el portavoz de la asociación independiente Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, quien opinó que el artículo periodístico "se enmarca en la libertad de expresión de los medios de comunicación".

"Mientras no expresen más que opiniones, aunque sean concertadas, forman parte de la libertad de expresión", señaló Sexmero antes de indicar que únicamente se podría hablar de "presión" al tribunal si la iniciativa hubiera partido de "ámbitos políticos o responsables de una administración".

Español, descartado
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 26 Noviembre 2009

He recibido dos notificaciones de la Secretaría de Consumo de la Xunta, ambas escritas únicamente en gallego; ayer fui al ambulatorio del SERGAS, toda la cartelería está en gallego; mi hijo no puede llevar libros en español al instituto, y las asignaturas troncales se siguen dando en gallego, de hecho son prácticamente todas en gallego. El presidente de la Xunta, al igual que todos los diputados autonómicos, se expresa únicamente en gallego...

¿Y el idioma gallego está siendo "exterminado"? ¡Venga ya! Aquí el único idioma que está siendo marginado es el español. La manipulación de los impositores es manifiesta: todo aquel que se queje de la imposición del gallego es un antipatriota, no es gallego, es un retrógrado de derechas, un adlátere del sistema financiero, y barbaridades por el estilo.

Nunca me han gustado los patriotismos excesivos, ni de una parte ni de ninguna, son excluyentes por definición, y el hecho de que un idioma fuese reprimido en el pasado no legitima para oprimir otro idioma en el presente. Es una cuestión de libertad individual, yo quiero hablar en el idioma que me salga de las narices mientras sea oficial de la comunidad, y que mi hijo pueda optar a estudiar en ese idioma. Llamar idioma propio al gallego no significa que el español sea impropio, ni que haya que desterrarlo. La mayoría se ha pronunciado repetidas veces, pero los fanáticos no ven más allá de sus narices y negarán siempre lo evidente.

Las razones de los políticos para seguirles el juego a estos señores las desconozco, pero no se saldrán con la suya... Feijoo tampoco.

Manu de la Bastida
Vigo

La Voz de Galicia
http://www.lavozdegalicia.es/cartasdirector/2009/02/21/0112AF4FE67ED4A6BC8300D13A01B4156D0B.htm#comentario

Ya están en vigor normas tan polémicas como la ley de Educación o de Fosas
Cataluña ha desplegado 32 leyes del Estatut y prepara otras 20 al margen del fallo del TC
Barcelona - Marcos Pardeiro La Razon 26 Noviembre 2009

En Cataluña hay el convencimiento de que la mejor manera de defender el Estatut es desarrollarlo. La idea de esperar a ver la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para garantizar la seguridad jurídica de las normas no se contempla porque el Estatut, al fin y al cabo, es una ley en vigor desde agosto de 2006. En estos tres años y tres meses, el Parlamento de Cataluña ya ha aprobado un total de 32 leyes para desplegar el texto estatutario, mientras que la Generalitat está elaborando una veintena más de anteproyectos de ley para continuar con un desarrollo a velocidad de crucero.

El brío de la Generalitat contrasta con la parálisis del Gobierno, que tiene pendiente la adaptación de 28 leyes estatales –la del Consejo General del Poder Judicial, la del Banco de España y la del Tribunal de Cuentas, entre otras–. La doble velocidad en el despliegue del Estatut ha provocado numerosas quejas de la Generalitat por la pasividad del Gobierno, que, en este período únicamente ha reformado dos leyes para dar cumplimiento al texto catalán.

Poner la directa
El Ejecutivo autonómico ha querido pisar el acelerador conscientemente y el presidente de la Generalitat, José Montilla se ha comprometido en más de una ocasión a desarrollar el Estatut «en toda su amplitud y extrayendo el máximo rendimiento». Así, Cataluña ha aprobado normas como la Ley de Educación –impugnada ante el TC–, la Ley de Fosas y la Ley del Consejo de Garantías Estatutarias –un organismo que emite dictámenes vinculantes sobre las normas catalanas y que, por tanto, tiene funciones semejantes a las del Constitucional, puesto que establece doctrina jurídica–.

Pero el empuje de la Generalitat en el despliegue no puede ocultar la incertidumbre por la sentencia del Alto Tribunal. ERC lo tiene claro, su postura es el desafío. Recientemente advirtió de que no tiene por qué acatar el fallo del TC e incluso su secretario general, Joan Ridao, ha abogado por «desplegar de facto el Estatut y el autogobierno prescindiendo del criterio del Constitucional y del Gobierno». Así bajan las aguas en Cataluña.

Hasta el momento, el resultado más notable que desprende el nuevo Estatut es la reforma del sistema de financiación que, en 2010, aportará a Cataluña más de 2.500 millones de euros extra. En enero, cristalizará el traspaso de Cercanías y en marzo la de la Inspección del Trabajo.

Al PP le resulta imprudente la actitud del tripartito. Opina que valdría más la pena analizar la sentencia del TC antes de ponerse a legislar porque un fallo adverso puede propiciar un lío jurídico considerable, ya que el criterio del Alto Tribunal podría obligar a decenas de rectiticaciones en el ordenamiento.

La Generalitat desestima esta tesis, convencida de la constitucionalidad del Estatut. También el Gobierno ha defendido la legalidad del texto catalán, aunque, a la hora de la verdad, ha actuado con bastantes más miramientos que el Ejecutivo autonómico.

Patronal, profesionales y comercios catalanes se suman al editorial del Estatut
La patronal Pimec y la Confederación del Comercio de Cataluña han emitido hoy sendos comunicados donde apoyan el editorial conjunto de doce periódicos catalanes, titulado "La dignidad de Cataluña", en defensa del Estatuto de Cataluña. También siete colegios profesionales, que engloban desde médicos a abogados y arquitectos han defendido el texto.
Barcelona - Agencias La Razon 26 Noviembre 2009

"Ya hace dos años, Pimec defendió el Estatuto, entre otras razones porque contemplaba una mejora en la financiación de Cataluña, muy necesaria y, sin duda, totalmente justificada", señala la nota. Según Pimec, el trato que está recibiendo el Estatuto, y por tanto Cataluña, es indigno, no es de recibo y no hay nada que lo pueda justificar. Por ello, esta patronal considera que Cataluña contribuye con su esfuerzo y su solidaridad al resto de España, y aun así, "no deja de sufrir agravios comparativos y gestos de reprobación".

Por su parte, el presidente de la Confederación de Comercio de Cataluña (CCC), Pere Llorens, y el presidente del Consejo de Gremios de Comercio, Servicios y Turismo de Barcelona (CG), Gaietà Farràs, también apoyan la iniciativa de los 12 diarios catalanes. "El Estatuto garantiza un modelo comercial propio que es lo que ha posibilitado que tengamos una oferta comercial diversificada y muy competitiva en España y en Europa", ha afirmado Pere Llorens.

Asimismo, la CCC y el CG consideran que "una sentencia negativa del Tribunal Constitucional que recortara las competencias de la principal ley catalana provocaría aún más desafección entre la ciudadanía". Por ello, los representantes del comercio aseguran que continuarán defendiendo el reconocimiento de la identidad catalana, la mejora del autogobierno y la obtención de una financiación

La Confederación de Comercio de Cataluña es la organización más representativa del comercio catalán y reúne a unos 350 gremios y asociaciones, que al mismo tiempo representan a 90.000 comerciantes y tenderos de Cataluña. El Consejo de Gremios agrupa a 29 gremios, que representan a cerca de 25.000 comerciantes y empresarios de los sectores del comercio, servicios y turismo de las comarcas de Barcelona.

También siete colegios profesionales
A la amplia corriente de apoyo a la prensa regional también se han sumado siete colegios profesionales. El Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña, el Colegio y Asociación de Ingenieros Industriales de Cataluña, el de Arquitectos de Cataluña, el de Abogados de Barcelona, el de Farmacéuticos de Barcelona, el de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña
y el Consejo de Colegios de Diplomados en Enfermería de Cataluñaanunciaron su adhesión al editorial publicado hoy en doce diarios editados en Cataluña en defensa del Estatut.

En un comunicado conjunto, los siete colegios manifestaron su apoyo al texto y recordaron que ya fue ratificado por el Parlament, las Cortes y el pueblo catalán en referéndum. También tres emisoras de radio catalanas, Catalunya Ràdio, Rac1 y COM Ràdio, han expresado su adhesión al editorial.
 

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